Registro Oficial. 30 de ABRIL del 2003 Suplemento

Miércoles, 30 de abril de 2003

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

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   MES DE ABRIL DEL 2003
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Miércoles, 30 de abril del 2003 - R. O. No. 72

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SUPLEMENTO

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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

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DR. JORGE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR

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FUNCION\n JUDICIAL

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CORTE\n SUPREMA DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL:

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Recursos de casación\n en los juicios seguido por las siguientes personas:

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01-2003 Alberto Chagerbe Magallanes y otro contra\n FILANBANCO S.A

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02-2003\n Manuel Mendieta\n Sinche contra el Banco del Pichincha

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03-2003\n Diners Club\n del Ecuador contra Teresita Aldaz Nieto

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04-2003\n Marco Antonio\n Tierra Paguay contra herederos de Angel Punguil Pitaguiña

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05-2003\n Carlos Idrovo\n Herrera contra MagaIi Carvajal Guerrero

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07-2003\n Luis Barriga\n Iza contra Laura Balladares Pico

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08-2003 Marcelo Augusto Armijos Núñez\n contra Manuel Mesías Vistín y otros

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09-2003 Julio Manfred Calderón Cevallos\n contra doctor Angel Polivio Chico

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010-2003 Nelson Rodríguez Gómez contra\n Guido Rodríguez Carrillo

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011-2003\n Rita Pastora\n y otra contra Leonardo Gregorio y otros

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012-2003 Inés Maria Guallpa Cabrera contra\n Carmen Morquecho SaquiciIí

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013-2003 Fanny Vanegas Carpio contra Galo Jaramillo\n Groada

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ACUERDO\n DE CARTAGENA

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PROCESOS:

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78-IP-2002 Solicitud de Interpretación prejudicial\n de las disposiciones previstas en los artículos 81; 82,\n literales a), d) y e); 83, literales a), d) y e); 95 y 96 de\n la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena,\n formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Segunda\n Sala, Distrito de Quito, República del Ecuador, e interpretación\n de oficio del artículo 84 eiusdem. Parte actora: Mc DONALD'S\n CORPORATION. Marca: "FILET-O-FISH". Expediente interno\n N 2693-96-MP

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82-IP-2002 Interpretación prejudicial\n de las disposiciones previstas en los artículos 81; 82,\n literal h); 83, literal a) y 95 de la Decisión 344 de\n la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la\n Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso\n Administrativo de Quito, República del Ecuador. Parte\n actora: Sociedad CENTRAL IMPULSORA S.A. de C.V. Marca: "CHIP'S"\n Expediente interno Nº 3690 Al

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86-IP-2002 Interpretación prejudicial\n de las disposiciones previstas en los artículos 81, 82\n literal a) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión\n del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del\n Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito,\n República del Ecuador, e interpretación de oficio\n de los artículos 83, literales a) y d), 84 y 93 eiusdem.\n Parte actora: C.P.C INTERNATIONAL INC. Marca: "FRUTICO".\n Expediente Interno Nº2140-E.G

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90-IP-2002 Interpretación prejudicial\n de las disposiciones previstas en los artículos 83, literal\n a), y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del\n Acuerdo de Cartagena, soli-citada por el Consejo de Estado de\n la República de Colombia, Sala de lo Con-tencioso Administrativo,\n Sección Primera e interpretación de oficio del\n artículo 81 eiusdem. Parte actora: TUBERIAS Y PREFABRICADOS\n DE CONCRETO S.A. TUBESA S.A. Marca: "TUBERIAS Y PREFABRICADOS\n DE CONCRETO TUBESA S.A.". Expediente interno Nº 5839\n

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104-IP-2002 Interpretación prejudicial\n de los artículos 81 y 83, literal a) de la Decisión\n 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada\n por el Consejo de Estado de la República de Colombia,\n Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.\n Actor: STARBUCKS CORPO-RATION. Proceso interno Nº 7063.\n Marca: "STARBUCKS"

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FE DE\n ERRATAS:

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- A la publicación del\n Decreto 189, publicado en el Registro Oficial 55 de 4 de abril\n de 2003 \n

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Nº 01-2003

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ACTOR: Filanbanco SA.

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DEMANDADOS:\n Alberto Chagerben Magallanes y Miguel Enríquez López.

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

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Quito, a 13 de enero de 2003; las 09h20.

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VISTOS: Alberto Chagerben Magallanes y Miguel Enríquez\n López, interponen recurso de casación, con el que\n impugnan la sentencia emitida por los ministros de la Primen\n Sala de la Corte Superior de Guayaquil, dictada en el juicio\n ejecutivo que sigue en su contra Filanbanco S.A. Encontrándose\n la causa en estado de dictar sentencia, se considera: PRIMERO.-\n Esta Sala es competente para conocer y resolver la presente causa\n en virtud del mandato constitucional del Art. 200, vinculado\n con el Art. 1 de la Ley de Casación. SEGUNDO.- Los recurrentes\n demandados sostienen su recurso en la existencia de la causal\n primera del Art. 3 de la Ley de Casación por errónea\n interpretación de los Arts. 1539 y 1724 del Código\n Civil y Arts. 174, 175, 183, 118, 277, 278 y 284 del Código\n de Procedimiento Civil. TERCERO.- Las normas contenidas en los\n Arts. 1539 y 1724 disponen, la primera: "El pago de la obligación\n no puede exigirse antes de expirar el plazo, si no es: 1. Al\n deudor constituido en quiebra o que se halla en notoria insolvencia;\n y, 2. Al deudor cuyas cauciones, por hecho o culpa suya, se han\n extinguido o han disminuido considerablemente de valor. Pero,\n en este caso, el deudor podrá reclamar el beneficio del\n plazo, renovado o mejorado dichas cauciones." Y el segundo:\n "Es nulo todo acto o contrato a que falta alguno de los\n requisitos que la Ley prescribe para el valor del mismo acto\n o contrato, según su especie y la calidad o estado de\n las partes. La nulidad puede ser absoluta o relativa", y\n manifiestan que la "Primera Sala de la H. Corte Superior\n de Justicia de Guayaquil, hizo actuar para la composición\n del litigio la norma que era la idónea para resolverlo,\n pero dándole un sentido o alcance que dicha norma carece\n en realidad"; en la especie, al revisar la sentencia atacada\n por vía de casación, no se halla consideración\n imputable a tales normas y menos a su errónea interpretación,\n igualmente respecto de las normas procesales cuya errónea\n interpretación se aducen, y que hacen relación\n a la nulidad de los instrumentos públicos, a la prohibición\n de utilizar caracteres desconocidos, etc.; a la nulidad o falsedad\n manifiesta del instrumento que lo invalida sin necesidad de prueba;\n a la obligación de las partes a probar sus asertos; a\n la obligación de resolver en la sentencia únicamente\n los puntos sobre los que se trabe la litis y a los incidentes\n que se produzcan durante el litigio; y, a la obligación\n de los jueces para suplir las omisiones en puntos de derecho;\n disposiciones a las que tampoco se han referido en el fallo impugnado,\n el Tribunal de instancia; por lo cual no se encuentra justificada\n la causal y vicio sostenidos por el recurrente. De la lectura\n del fallo en referencia, se halla que el Tribunal ad quem ha\n aplicado la norma contentiva en el Art. 425 (r) inciso tercero\n del Código de Procedimiento Civil que dispone "Se\n considerarán también de plazo vencido las obligaciones\n cuyo vencimiento se hubiere anticipado como consecuencia de la\n aplicación de cláusula de aceleración y\n de pagos, que hubieren sido pactados"; pues, consta en la\n sentencia recurrida la aplicación de la cláusula\n quinta, literal g) en la causal se autoriza al acreedor a anticipar\n los pagos, y consecuentemente en aplicación de la norma\n contenida en el Art. 1588 del Código Civil que establece\n que todo contrato legalmente celebrado es ley para las partes.\n Sin necesidad de otras consideraciones, la Segunda Sala de lo\n Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia, ADMINISTRANDO\n JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,\n rechaza el recurso de casación interpuesto por Alberto\n Chagerben Magallanes y Miguel Enríquez López, por\n falta de justificación legal. Notifíquese, publíquese\n y devuélvase.

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Fdo.) Dres. Bolívar Vergara Acosta (voto salvado),\n Olmedo Bermeo Idrovo y Bolívar Guerrero Armijos, Ministros\n Jueces y Secretario Relator que certifica.

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f.) Dr. Carlos Rodríguez García, Secretario\n Relator de la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte\n Suprema de Justicia.

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VOTO SALVADO DEL DR. BOLIVAR VERGARA ACOSTA.

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

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Quito, 13 de enero de 2003; las 09h20.

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VISTOS: Ha venido a conocimiento de esta Sala, una vez radicada\n la competencia por el resorteo de ley, efectuado el 24 de abril\n de 1995 (fojas 1 de este cuaderno), el recurso de casación\n interpuesto por los demandados vencidos: Alberto Chagerben Magallanes\n y Miguel Enríquez López (fs. 13 a 17 de segunda\n instancia, dentro del juicio ejecutivo iniciado es base a un\n contrato de préstamo o mutuo mediante diez pagarés\n a la orden de Filanbanco SA., que se asegura insoluto y de plazo\n vencido (fs. 1 a 18 de primera instancia), seguido por Ab. Ney\n Valero Brando en calidad de Gerente del Departamento Legal de\n Filanbanco S.A. Corresponde resolver, al hacerlo se considera:\n PRIMERO.- El artículo 2 de la Ley Reformatoria a la Ley\n de Casación, ha restringido el ámbito de procedencia\n del recurso de casación solamente contra las sentencias\n y autos que pongan fin a los procesos de conocimiento, dictados\n por las cortes superiores, por los tribunales distritales de\n lo Fiscal y de lo Contencioso Administrativo. Igualmente procede\n respecto de las providencias expedidas por dichas cortes o tribunales\n en la fase de ejecución de las sentencias dictadas en\n procesos de conocimiento, si tales providencias resuelven puntos\n esenciales no controvertidos en el juicio, ni decididos en el\n fallo, o contradicen lo ejecutoriado...". La expresión\n "proceso de conocimiento", no ha sido definida por\n el Legislador, ni tampoco lo ha hecho la jurisprudencia nacional,\n siendo necesario, para precisar su significado y alcance acudir\n a la ciencia jurídica, por tratarse de u tecnicismo procesal.\n En este sentido, Vicente y Caravante, en su obra "Tratado\n Histórico, Crítico y Filosófico de los Procedimientos\n Judiciales", Tomo III, página 257, dice: "Por\n oposición y a diferencia de los "procesos de conocimiento",\n el "proceso ejecutivo", no se dirige a declarar derechos\n dudosos o controvertidos, si no a llevar a efecto los que se\n hayan reconocidos por actos o en títulos de tal fuerza\n que constituyen una vehemente presunción de que el derecho\n del actor es legitimo y está suficientemente probado para\n que sea, desde luego atendido". Igualmente, Francisco Beceña,\n en su obra "Los Procedimientos Ejecutivos en el Derecho\n Procesal Español", páginas 82 y 83, señala\n las diferencias entre los procesos de conocimiento y los procesos\n de ejecución, expresando, en síntesis, que en el\n ejecutivo: "su especialidad consiste, hasta ahora, en que\n en limine litis se decreta lo que en el procedimiento ordinario\n es contenido en la decisión final. En los procedimientos\n ordinarios las decisiones ejecutivas son siempre tomadas después\n de agotado el período de declaración y sin posibilidad\n de volverse a reproducir". En síntesis el ejecutivo\n produce efectos irrevocables; éste permite que se pase\n al juicio ordinario para que se estudien las excepciones que\n no han sido materia de la sentencia en aquél" (Gaceta\n Judicial, Serie X, Nº 8, página 2835), cuanto más\n que se basa la acción deducida en un contrato de préstamo\n o mutuo mediante diez pagarés a la orden, documento mercantil,\n que a diferencia de otros títulos ejecutivos sin intervención\n previa de un órgano jurisdiccional, consagran o reconocen\n un derecho, a recibir dinero, en la obligación de dar.\n SEGUNDO.- La Ley de Casación, siendo procedimental es\n de derecho público estricto y de interpretación\n y aplicación exacta y restrictiva, delimitando la procedencia\n del recurso de casación a las sentencias dictadas en los\n "procedimientos de conocimiento", resultando arbitrario\n que los tribunales extiendan para comprender a las pronunciadas\n en los procesos de ejecución, dándoles un alcance\n que es legalmente prohibido. TERCERO.- El artículo 7 regla\n 20º del Código Civil, al hablar sobre los efectos\n de la ley en el tiempo, el problema de la retroactividad, dice:\n "Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad\n de los juicios, prevalecen sobre las anteriores desde el momento\n en que deben comenzar a regir. Pero los términos que hubieren\n comenzado a corren y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren\n comenzadas, se regirán por la ley que estuvo entonces\n vigente.". En tal virtud, no se puede confundir la concesión\n del recurso de casación por el Tribunal de alzada, como\n la situación de excepción dispuesta por el Legislador\n en la citada norma sustantiva, basta tener presente: 3.1. Los\n artículos 307 y 309 del Código de Procedimiento\n Civil, respectivamente, definen a los términos y regulan\n la forma de contar el lapso fijado. 3.2. Aunque nuestra legislación\n expresamente no da una definición de las palabras "actuaciones\n y diligencias judiciales", surgen algunos elementos de sus\n pertinentes conceptos, cuando en algunos cuerpos legales son\n utilizados por nuestro Legislador, así en los artículos:\n 117, 122 y 183 (r) de la Ley Orgánica de la Función\n Judicial y el artículo 26 del Reglamento sobre Procesos\n y Actuaciones Judiciales. En conclusión, las actuaciones\n o diligencias judiciales son las actividades propias del Juez,\n actuario, litigantes y más auxiliares que individual o\n colectivamente intervienen en un proceso, en aplicación\n de la ley, como por ejemplo: certificaciones, citaciones, notificaciones,\n actas, escritos, informes, copias, constancia de actos procesales,\n etc. La Enciclopedia Jurídica OMEBA, al respecto dice:\n "Para algunos autores las actuaciones son actos de formación,\n integrados por la transcripción de un documento o de un\n hecho del que se quiere dejarle debida constancia (actos de documentación),\n y por la unión a los actos o expedientes de un documento\n previamente escrito (actas de incorporación)", Tomo\n 1, página 446. Además, conceptúa a las diligencias\n judiciales en: "Las actuaciones que realizan dentro de un\n determinado proceso judicial, el Juez, sus auxiliares o comisionados\n legales y las partes interesadas o sus representantes" (Tomo\n VIII, página 847). En conclusión, las diligencias\n y actuaciones judiciales no pueden confundirse con una etapa\n procesal, ni acto procesal, ni mucho menos con el proceso, son\n apenas una serie de actividades de los sujetos que intervienen\n en el juicio, una parte documental y fehaciente de los actos\n procesales practicados principalmente. 3.3. Nuestra Corte Suprema\n ha reconocido con relación a la retroactividad de las\n leyes procesales, al doctor Juan Isaac Lovato, que acerca de\n la vigésima regla comenta: "El procedimiento, por\n regla general, se ha de sujetar a la ley vigente al tiempo de\n aplicarse, salvo la excepción establecida por nuestro\n código, y que se justifica por el hecho de que un término,\n una actuación, una diligencia constituyen una unidad,\n una individualidad que no puede ni debe dividirse para que a\n una de sus partes, se aplique la ley anterior, y a otra la ley\n posterior", (Tomo 1, Segunda Edición, página\n 150). En la especie, el recurso fue concedido por el inferior\n la primera Sala de la Corte Superior de Guayaquil, es decir,\n en imperio de la Ley de Casación (R.O. Nº 192: 18.5.93);\n pero, no es menos cierto, que la reformatoria (R.O. Nº 39:\n 8.4.97), modificó el requisito de procedencia, que es\n eminentemente procedimental o de ritualidad y sustanciación,\n y que tampoco cumpla los casos de excepción sobre términos\n y actos procesales, que dan efecto ulterior a la ley derogada,\n originando inexorablemente, por ser de orden público,\n la aplicación efectiva de la ley vigente. Por lo expuesto,\n se rechaza el recurso de casación, por falta de procedencia,\n ordenando devolver el proceso al inferior. Sin costas, ni multas,\n ni daños y perjuicios. Notifíquese.

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Fdo.) Dres. Bolívar Vergara Acosta (voto salvado),\n Olmedo Bermeo Idrovo, Bolívar Guerrero Armijos, Ministros\n Jueces y Carlos Rodríguez García, Secretario Relator\n que certifica.

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Razón: Las cinco copias que anteceden son auténticas,\n ya que fueron tomadas del juicio original Nº 386-95 BS que\n sigue Filanbanco S.A. contra Alberto Chagerben Magallanes y Miguel\n Enríquez López. Resolución Nº 01-2003.-\n Quito, 31 de enero de 2002.

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f.) Dr. Carlos Rodríguez García, Secretario\n Relator de la Segunda Sala Civil y Mercantil de la Corte Suprema\n de Justicia.

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No. 02-2003

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ACTOR: Manuel\n Mendieta Sinche.

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DEMANDADO:\n Banco del Pichincha, sucursal mayor de Guayaquil.

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

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Quito, a 13 de enero de 2003; las 09h30.

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VISTOS: Del fallo pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte\n Superior de Justicia de Guayaquil, que confirma la sentencia\n del inferior, el Juez Décimo Tercero de lo Civil del Guayas,\n sede Milagro y con la reforma que no procede el pago de intereses,\n y debe pronunciarse la Sala sobre el recurso de casación\n admitido a trámite (fs. 2 de este cuaderno); en el juicio\n verbal sumario seguido por Manuel Mendieta Sinche contra el Banco\n del Pichincha, sucursal mayor de Guayaquil, por el pago de un\n cheque que fuera alterado y que fue pagado, pese a que fue fácilmente\n detectable por parte del empleado bancario, según la demanda\n (fs. 12 y 13 de primer grado), que objete la institución\n financiera demandada (fs. 5 a 8 de segundo grado). Como el juicio\n se encuentra en estado de resolución, para hacerlo se\n considera: PRIMERO.- La Sala es competente para conocer el recurso\n de casación en virtud de lo dispuesto en el Art. 200 de\n la Constitución Política de la República,\n que está en relación con el Art. 1 de la Ley de\n Casación, toda vez que el juicio fue sorteado nuevamente,\n el 21 de febrero de 2000. SEGUNDO.- La recurrente, Patricia Solano\n Hidalgo, por los derechos que representa como Gerente General\n del Banco del Pichincha C.A., manifiesta que se han infringido\n las siguientes normas de derecho: el Art. 60 de la Ley de Cheques,\n por cuanto determina que el pago de cheques falsificados corresponde\n al girador, pues el cheque girado por Celso Mendieta Sinche en\n forma negligente dejó espacios para las alteraciones producidas.\n Que existe falta de aplicación del Art. 34 numeral 2do.\n del Código Adjetivo Civil, que dispone que no pueden comparecer\n a juicio como actores ni demandados las personas jurídicas\n a no ser por medio de ese representante legal, disposición\n que junto al precepto del Art. 72 numeral 3ro. fue violada por\n el actor Manuel Mendieta Sinche, al demandar al Banco del Pichincha\n en la persona de su apoderado general, Eduardo Simón Pereira\n y no a su representante legal. Que el Art. 360 del Código\n de Procedimiento Civil prescribe que la nulidad debe ser declarada,\n pues impidió al demandado deducir excepciones y hacer\n velar sus derechos. Que la citación no se la hizo al demandado.\n Que las causales en que funda el recurso son las establecidas\n en los numerales 1 y 2 del Art. 3 de la Ley de Casación.\n TERCERO.- La citación de la demanda se la hizo en la persona\n de Eduardo Simón Pereira Cabral, mediante boletas, los\n días 10, 11 y 14 de septiembre de 1998 en la calle Pichincha\n 309 y 9 de Octubre, en Guayaquil, sin que comparezca ajuicio,\n como también a la audiencia de conciliación, (fs.\n 20 de primer grado), pese a tener poder general del Banco del\n Pichincha, para luego comparecer Patricia Solano Hidalgo, Gerente\n del Departamento Legal del Banco del Pichincha. Manifiesta la\n Ab. Patricia Solano, que su no comparecencia a la audiencia de\n conciliación es por motivos ajenos a su voluntad, debiendo\n considerarse su no comparecencia como negativa pura y simple\n a las pretensiones del actor. La imputación de falta de\n aplicación de las normas procesales, los Arts. 34 No.\n 2, 353 y 360 del Código de Procedimiento Civil, que configuran\n para el recurrente la causal 2da. Del Art. 3 de la Ley de Casación\n no tiene fundamento, en vista que no surge nulidad insanable\n ni provocado indefensión, ni ha influido en la decisión\n de la causa, puesto que la sanción de invalidez procesal\n en este caso, es reparación a la violación del\n derecho de defensa, que ciertamente no ha sido obstaculizado\n ni impedido en cuanto a la persona jurídica girada, como\n bien observa el Juez a quo en la consideración segunda\n de su resolución. CUARTO.- El Art. 60 de la Ley de Cheques\n dispone en su inciso primero: "que la pérdida causada\n por el pago de un cheque falsificado no comprendido en la numeración\n del girador, corresponde al girado". El Art. 53 al tratar\n las disposiciones generales y el alcance de los términos\n "girado" o "banco", corresponde a toda persona\n o institución para recibir depósitos monetarios.\n El cheque No. 733411 girado contra la cuenta comente 412002164,\n cuyo titular es Manuel Mendieta Sinche, lo fue el 17 de marzo\n de 1998, conforme consta del informe pericial y sus anexos de\n fs. 106 a 115, el perito documentólogo. Dr. Oswaldo Calderón\n Vásquez, quien en su conclusión dice: "si\n fue falsificado parcialmente". El autor de dicha falsificación\n utilizó el raspado, la interpretación de letras\n y números, la enmienda o retoque fraudulento para pretender\n imitar las letras C y E imitando a las otras C y E constantes\n en otras palabras manuscritas en el mismo cheque para la palabra\n TRES, convertirla en TRECE; e intercalando el uno entre el signo\n de sucres y la cantidad de tres millones novecientos cuarenta\n mil, para transformar la cantidad escrita en números en\n Trece millones novecientos cuarenta mil". Es visible las\n fotocopias de fs. 106 y 107, debidamente ampliadas en las que\n aparece la suma escrita en letras en las que se altera la "S"\n por "C" y la "E"; y, en la suma escrita en\n números en vez del signo de sucres, se antepone el número\n uno para sumar a la cantidad de trece millones novecientos cuarenta\n mil. Quien pagó dicho valor en base a un cheque alterado\n es directamente responsable de dicho pago y esto naturalmente\n le corresponde al girado es decir, al Banco del Pichincha. No\n consta el cheque, menos aún el reverso del mismo para\n constatar quién lo endosó; e hizo efectivo su pago,\n situación que debió ser de interés del propio\n banco. Por las consideraciones anotadas, la Segunda Sala de lo\n Civil y Mercantil, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA\n Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, rechaza el recurso de casación\n interpuesto, confirmando el fallo del Tribunal ad-quem. Sin costas,\n publíquese y notifíquese.

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Fdo.) Dres. Bolívar Vergara Acosta, Olmedo Bermeo Idrovo,\n Bolívar Guerrero Armijos, Ministros Jueces y Carlos Rodríguez\n García, Secretario Relator que certifica.

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RAZON: Las dos copias que anteceden son auténticas\n ya que fueron tomadas del juicio original No. 39-2000 (k.r),\n que sigue: Manuel Mendieta Sinche contra Banco del Pichincha,\n sucursal mayor de Guayaquil. Resolución No. 02-2003. Quito,\n 31 de enero de 2003.

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f.) Dr. Carlos Rodríguez García, Secretario\n Relator de la Segunda Sala Civil y Mercantil de la Corte Suprema\n de Justicia.
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No. 03-2003

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ACTOR: Diners Club del Ecuador.

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DEMANDADO:\n Teresita Aldaz Nieto.

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

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Quito, a 13 de enero de 2003; las 09h40.

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VISTOS: Ha venido a conocimiento de esta Segunda Sala de lo\n Civil y Mercantil, el recurso de casación interpuesto\n por la demandada Teresita Aldaz Nieto, de la sentencia expedida\n por la Primera Sala de la Corte Superior de Justicia de Riobamba,\n fs. 8 del cuaderno de segundo nivel, que confirma la del inferior\n fs. 23, en el juicio verbal sumario que por dinero sigue Diners\n Club del Ecuador en contra de Teresita Aldaz Nieto. La causa\n se ha tramitado de conformidad con lo que establece la pertinente\n Ley de Casación, y aceptado a trámite el recurso\n interpuesto, conforme consta del auto dictado el 18 de febrero\n de 2002; las 10h00 corresponde resolver sobre lo principal, y\n siendo el estado de la causa el de resolver, para hacerlo se\n considera: PRIMERO.- Se halla asegurada la competencia de esta\n Sala al tenor del mandato constitucional del Art. 200 en relación\n con el Art. 1 de la Ley de Casación y en virtud del sorteo\n de ley, de 30 de agosto de 1999. SEGUNDO.- El recurso de casación\n es una institución creada para rever la cosa juzgada en\n las resoluciones dictadas por los tribunales de apelación\n en que éstos hayan pronunciado su resolución apartándose\n de las disposiciones tanto sustantivas como adjetivas, que rigen\n nuestro sistema legal. Se constituye en isa recurso eminentemente\n formalista, es decir, que quien impugna acogiéndose a\n esta institución, debe cumplir estrictamente lo dispuesto\n por la correspondiente Ley de Casación. TERCERO.- Este\n Tribunal de Casación tiene la facultad para examinar los\n aspectos o circunstancias de admisibilidad del recurso de casación\n que ha sido concedido por el inferior ya que dado el carácter\n técnico y formalista del recurso, exige que concurran\n en su interposición una serie de requisitos de rigor para\n su procedibilidad, de tal manera que la falta de cualquiera de\n ellos impone su inadmisión por parte del juzgador. CUARTO.-\n En la especie, la recurrente manifiesta que las normas de derecho\n infringidas y las solemnidades del procedimiento que se han omitido\n son: Los -Arts. 119, 273, 277, 278, 279 y 280 del Código\n de Procedimiento Civil y los Arts. 1, 3,4, 5, y 6 de la Ley de\n la Constitución Funcionamiento y la Operación de\n las Compañías Emisoras o Administradoras de Tarjetas\n de Crédito y los departamentos de tarjetas de crédito\n de las instituciones financieras (Legislación de Tarjetas\n de Crédito) precisamente, porque no obra de autos en el\n proceso la notificación del estado de cuenta y los vaucher\n o notas de consumo. Se adjuntó únicamente la solicitud\n de ingreso, la consulta del estado de cuenta y una copia certificada\n del estado de cuenta. Fundamente su recurso en la tercera causal\n del Art. 3 de la Ley de Casación porque existe una errónea\n interpretación de los preceptos jurídicos aplicables\n a la valoración de la prueba, conduciendo así a\n la no aplicación de las normas de derecho antes relacionadas\n en la sentencia impugnada. Al respecto, se manifiesta que la\n sentencia dictada por la Primera Sala de la Corte Superior de\n Justicia de Chimborazo se ajuste a derecho, ya que la parte actora\n presentó como pruebas de su parte, el documento de fs.\n 5 a 8 por el que legitima su intervención en el juicio,\n en calidad de representante legal de la actora; la consulta del\n estado de la cuenta de fs. 4, por la que se viene en conocimiento\n el monto de la deuda de la accionada y tal ordenamiento adjuntando\n al proceso es suficiente, para la reclamación del crédito,\n por cuanto refleja los créditos otorgados de manera directa\n por la compañía demandante, además de que\n la accionada no ha presentado prueba alguna para justificar el\n contenido de sus excepciones. Además es valedera la conclusión\n que hace el Tribunal inferior. El uso de las tarjetas de crédito,\n profundamente difundido en la actualidad, tiene como base primordial\n el contrato suscrito entre el dueño del sistema de tarjetas\n de crédito y el usuario, que como en el presente caso,\n se compromete a cancelar los valores de consumo hechos por medio\n de su tarjeta, para lo cual como es obvio, recibe, un estado\n de cuente mensual y teniendo un tiempo límite para efectuar\n el pago. Por lo expuesto, la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil,\n ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD\n DE LA LEY, rechaza el recurso de casación interpuesto\n por la demandada, por falta de base legal, al no precisar configurada\n la causal invocada. Notifíquese, con costas, publíquese\n y devuélvase.

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Fdo.) Dres. Bolívar Vergara Acosta, Olmedo Bermeo Idrovo,\n Bolívar Guerrero Armijos, Ministros Jueces y Carlos Rodríguez\n García; Secretario Relator que certifica.

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RAZON: Las dos copias que anteceden son auténticas,\n ya que fueren tomadas del juicio original No. 276-2001 BS que\n sigue Diners Club del Ecuador, contra Teresita Aldaz Nieto. Resolución\n No. 03-2003. Quito, 31 de enero de 2002.

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f.) Dr. Carlos Rodríguez García, Secretario\n Relator de la Segunda Sala Civil y Mercantil de la Corte Suprema\n de Justicia.

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No. 04-2003

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ACTOR: Marco Antonio Tierra Paguay.

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DEMANDADO:\n Herederos de Angel Punguil Pitaguiña.

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

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Quito, a 13 de enero de 2003; las 09h50.

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VISTOS: Ha venido a conocimiento de este Sala, el recurso\n de casación interpuesto por el abogado Héctor F.\n Colombatti Brito, Procurador Judicial de los señores Julio\n César y Luis Antonio Pillana Punguil, impugnando la sentencia\n dictada por la Primera Sala de la Corte Superior de Babahoyo\n (fa. 56 a 57 vta., primera instancia), que revoca la sentencia\n del Juez de primer nivel y en su lugar declara con lugar la demanda,\n dentro del juicio ordinario que, por legalización de escritura\n pública sigue Marco Antonio Tierra Paguay contra los herederos\n de Angel Punguil Pitaguiña. Corresponde determinar la\n admisibilidad del recurso de casación deducido, al hacerlo\n se considera: PRIMERO.- En aplicación al mandato del Art.\n 7 de la Ley Reformatoria a la Ley de Casación, publicada\n en el R.O. No. 39 de 8 de abril de 1997; corresponde examinar\n si en el recurso de casación interpuesto concurren las\n siguientes circunstancias: a) Si la resolución objeto\n del recurso es de aquellas contra las cuales procede el recurso\n de casación, de conformidad con el Art. 2 de ley de la\n materia; b) Si se ha interpuesto dentro del tiempo señalado\n en el Art. 5 (r); y, c) Si el escrito mediante el cual se deduce\n el recurso de casación reúne los requisitos señalados\n de conformidad con lo dispuesto en el Art. 6 de la citada ley.\n SEGUNDO.- En la especie, revisado el recurso textualmente dice:\n "2.- Las normas de derecho infringidas y las solemnidades\n del procedimiento omitidos son Art.- 6º 20 numeral 4.- Art.-\n 29 numeral 9.- 11. Art.-36, 44, 46 y 48 de la Ley Notarial.-\n Arts. 173 numeral 5o.- 174, 183, 189, 190, 191 del C.P. Civil.\n -Art.- 9 y 1725 del C. Civil.- Art. 71 numeral 2.- 7º.-\n Art.- 73 del C. Civil. 3.-Las causales que determino a mi recurso\n son las 1ra., 3ra. y 4ta. del Art.- 3 de la Ley de Casación\n en actual vigencia.", de esta transcripción, se concluye\n que el recurrente, no ha especificado cuál de las tres\n circunstancias contenidas en las causales Ira., 3ra. y 4ta. del\n Art. 3 de la Ley de Casación, se ha producido, ya que\n las mismas contienen situaciones y presupuestos diferentes, contradictorios\n y hasta excluyentes, además no expone los fundamentos\n en que apoya el recurso, que consiste en exponer los argumentos,\n los razonamientos, los motivos que evidencien o demuestren que\n se tiene la verdad. El recurso de casación debe contener\n de manera obligatoria los requisitos formales que son esenciales\n para la procedencia del recurso de casación al igual que\n los requisitos sustanciales señalados en el Art. 3, por\n lo que la inobservancia de estos requisitos vuelve inadmisible\n el recurso de casación. Cabe anotar que el recurso de\n casación, es un recurso extraordinario que se formula\n contra una sentencia, y en nada se parece a una apelación\n o a un alegato de instancia, como sucede en el presente escrito,\n que el recurrente lo confunde con el extinto recurso de tercera\n instancia. Por lo expuesto la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil,\n rechaza el recurso de casación interpuesto por falta de\n formalidades. Notifíquese, devuélvase y publíquese.

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Fdo.) Dres. Bolívar Vergara Acosta, Olmedo Bermeo Idrovo\n y Bolívar Guerrero Armijos, Ministros Jueces y Carlos\n Rodríguez García, Secretario Relator que certifica.\n

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RAZON: Siento por tal que la una copia que antecede es auténtica,\n ya que fue tomada del juicio original. No. 260-2002WG que sigue\n Marco Antonio Tierra Paguay contra herederos de Angel Punguil\n Pitaguiña. Resolución No. 004-2003.Quito, 31 de\n enero de 2003.

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f.) Dr. Carlos Rodríguez García, Secretario\n Relator, Segunda Sala Civil.

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No. 05-2003

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ACTOR: Carlos Idrovo Herrera.

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DEMANDADA:\n Magali Carvajal Guerrero.

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

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Quito, a 13 de enero de 2003; las 10h00.

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VISTOS: Procede emitir el pronunciamiento acerca de la admisibilidad\n o el rechazo del recurso de casación interpuesto por la\n demandada Magali Jackeline Carvajal Guerrero (fs. 12 a 12 vta,\n del segundo cuaderno), concedido por el Tribunal de alzada, Cuarta\n Sala de la Corte Superior de Guayaquil, el 23 de julio de 2002;\n (fa. 13 del segundo cuaderno), que impugna la sentencia, que\n revoca la del inferior y acepte la demanda, cuya aclaración\n y ampliación fuera negada el 10 de julio de 2002 (fa.\n 11 del segundo cuaderno), dentro del juicio verbal sumario de\n divorcio que sigue Carlos Idrovo Herrera contra Magali Carvajal\n Guerrero y para hacerlo se considera: PRIMERO.-El Art. 6 de la\n Ley de Casación dispone "Art. 6.-Requisitos formales.-\n En el escrito de interposición del recurso de casación,\n deberá constar en forma obligatoria lo siguiente. 1. Indicación\n de la sentencia o auto recurridos con individualización\n del proceso en que se dictó y las partes procesales; 2.-\n Las normas de derecho que se estimen infringidas a las solemnidades\n del procedimiento que se hayan omitido; 3. La determinación\n de las causales en que se funda, y, 4. Los fundamentos en que\n se apoya el recurso.". SEGUNDO.- La revisión del\n escrito de interposición del recurso de casación,\n permite observar, que la recurrente no ha cumplido con lo exigido\n en los numerales 3 y 4 del artículo citado. Así,\n de su lectura se impute que la recurrente se limite a citar como\n fundamento de su petición: Por lo expuesto, fundamento\n el recurso interpuesto en lo prescrito en la causal de la regla\n 30 del Art. 30 de la Ley sobre la materia. "Aplicación\n indebida, falte de aplicación o errónea interpretación\n de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración\n de la prueba...", pues, el recurrente al fundamentar su\n recurso invoca los tres vicios que trae la causal invocada, ya\n que no puede haber al mismo tiempo, aplicación indebida,\n falta de aplicación o errónea interpretación\n de una misma norma de derecho, lo cual resulta ilógico\n y contradictorio, por ser vicios únicos y excluyentes,\n cada uno de ellos. Incumple también con el numeral 4 del\n Art. 6 de la ley de la materia, puesto que no determina los fundamentos\n en que apoya su recurso. El recurso de casación es un\n recurso extraordinario y autónomo que exige el cumplimiento\n de formalidades, sin las cuales la interposición del mismo\n no es procedente.
\n En consecuencia, se rechaza el recurso de casación interpuesto,\n por falte de formalidades. Notifíquese publíquese\n y devuélvase.

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Fdo.) Dres. Bolívar Vergara Acosta, Olmedo Bermeo Idrovo\n y Bolívar Guerrero Armijos, Ministros Jueces y Carlos\n Rodríguez García, Secretario Relator que certifica.\n

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RAZON: Siento por tal que la una copia que antecede es auténtica,\n ya que fue tomada del juicio original No. 255-2002WC que sigue\n Carlos Idrovo Herrera contra Magali Carvajal Guerrero. Resolución\n No. 005-2003. Quito. 31 de enero del 2003.

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f.) Dr. Carlos Rodríguez García, Secretario\n Relator, Segunda Sala Civil.

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No. 07-2003

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ACTOR: Luis Barriga Iza

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DEMANDADA:\n Laura Balladares Pico

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

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Quito, a 14 de enero de 2003; las 11h00.

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VISTOS: Ha venido a conocimiento de este Segunda Sala de lo\n Civil y Mercantil, el recurso de casación interpuesto\n por el actor Luis Barriga Iza; de la sentencia expedida por la\n Primera Sala de la Corte Superior de Justicia de Ambato, fa.\n 4 a 5 y su negativa de ampliación fs. 7 vuelta, que revoca\n la del inferior, fa. 39 vuelta a 40. rechazando la demanda, en\n el juicio verbal sumario, que por divorcio le sigue a Laura Balladares\n Pico. La causa se ha tramitado en conformidad con lo que establece\n la pertinente Ley de Casación, y aceptado a trámite\n el recurso interpuesto, conforme consta del auto dictado el 22\n de mayo de 2000. corresponde resolver, para hacerlo se considera:\n PRIMERO.- Se halla asegurada la competencia de esta Sala al tenor\n del mandato constitucional del Art. 200, en relación con\n el Art. 1 de la Ley de Casación. SEGUNDO.- -El recurso\n de casación es una institución creada para rever\n la cosa juzgada, en las resoluciones dictadas por los tribunales\n de apelación en que éstos hayan pronunciado su\n resolución apartándose de las disposiciones tanto\n sustantivas como adjetivas, que rigen nuestro sistema legal.\n Se constituye en un recurso eminentemente formalista, es decir,\n que quien impugne acogiéndose a esta institución,\n debe cumplir estrictamente lo dispuesto por la correspondiente\n Ley de Casación. TERCERO.- Este Tribunal de casación\n tiene para examinar los aspectos o circunstancias de admisibilidad\n del recurso de casación que -ha sido concedido por el\n inferior ya que, dado el carácter técnico y formalista\n del recurso exige que concurran en su interposición una\n serie de requisitos de rigor para su procedibilidad de tal manera\n que la falta de cualquiera de ellos impone su inadmisión\n por parte del juzgador. CUARTO.- En la especie el recurrente\n manifiesta que las normas de derecho infringidas son: Art. 109.\n numeral 1 1ro. del Código Civil, Art. 18 numeral 6to.\n del Código Civil, fundamentando el recurso en lo dispuesto\n en el Art. 3 numeral 1ro. de la Ley de Casación, por errónea\n interpretación de normas de derecho. Al respecto se analiza\n que la parte actora ha logrado justificar lo manifestado en su\n demanda, actuando prueba suficiente de conformidad con el 117\n y siguientes del Código de Procedimiento Civil, por tanto\n el Juez ad-quem falló en aplicación de dichas disposiciones,\n pues se encuentra probada la separación voluntaria e ininterrumpida\n por más de diez ellos, con total ruptura de relaciones\n conyugales, conforme consta de las declaraciones realizadas por\n los testigos, declaraciones claras, concordantes y precisas respecto\n de los hechos preguntados en las que afirman que el actor abandonó\n el hogar que tenia formado con la demandada, conforme consta\n de los documentos aparejados en el proceso, es decir; el pasaporte\n fs. 3, en el que consta como fecha de ingreso a la ciudad de\n Sydney en Australia el 13 de junio de 1985; pasaporte de fa.\n 4, que certifico haber ingresado al Ecuador el 25 de enero de\n 1995, además conste una certificación conferida\n por el Director de Migración, que confirma que desde junio\n de 1985 no registra ingreso por Quito por parte del actor, justificando\n de esta manera la separación y abandono voluntario de\n los cónyuges por más de diez ellos. Con las pruebas\n que el actor hace referencia, demuestra hasta la saciedad la\n causal que ha invocado al presentar su demanda de divorcio, en\n tanto que la parte demandada solamente presentó las declaraciones\n de los testigos por lo que éstas declaraciones no hacen\n prueba. Adicionalmente, invocando el Art. 81(r) del Código\n Civil, el matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre\n y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse\n mutuamente, en el presente caso el actor estuvo en Australia\n diez años y su cónyuge se encuentra viviendo en\n el Ecuador, por lo que se ha justificado la total ruptura de\n relaciones conyugales y no existe la relación matrimonial\n exigida por la ley. Habiendo por consiguiente, probado las alegaciones\n del recurrente esta Segunda Sala de lo Civil y Mercantil, ADMINISTRANDO\n JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,\n casa la sentencia pronunciada por la Primera Sala de la Corte\n Superior de Justicia de Ambato y declara disuelto el vínculo\n matrimonial existente entre Julio Barriga Iza y Laura Balladares\n Pico. Notifíquese, publíquese, devuélvase.\n

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Fdo.) Dres. Bolívar Vergara Acosta, Olmedo Bermeo Idrovo,\n Bolívar Guerrero Armijos, Ministros Jueces y Carlos Rodríguez\n García, Secretario Relator que certifico.

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RAZON: Las dos copias que anteceden son auténticas,\n ya que fueron tomadas del juicio original No. 8 1-2000 BS que\n sigue Luis Barriga Iza contra Laura Balladares Pico. Resolución\n No. 07-2003. Quito, 31 de enero de 2002.

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f.) Dr. Carlos Rodríguez García, Secretario\n Relator de la Segunda Sala Civil y Mercantil de la Corte Suprema\n de Justicia.

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No. 08-2003

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ACTOR: Marcelo Augusto Armijos Núñez.

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DEMANDADOS:\n Manuel Mesías Vistín Miranda, María Antonieta\n Guamán Yépez y Carlos Alberto Vistín Guamán.

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

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Quito, a 14 de enero de 2003; las 11h10.

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VISTOS: Del fallo pronunciado por la Primera Sala de la Corte\n Superior de Justicia de Babahoyo, que confirma la sentencia pronunciada\n por el Juez Noveno de lo Civil de Ventanas, provincia de Los\n Ríos, que declara con lugar la demanda y ordena la restitución\n del predio materia del juicio en un término de quince\n días, una vez ejecutoriado; además declara sin\n lugar la reconvención, en el juicio ordinario reivindicatorio\n seguido por Marcelo Augusto Arijos Núñez, contra\n Manuel Mesías Vistín Miranda, Maria Antonieta Guamán\n Yépez y Carlos Alberto Vistín Guamán. Como\n el juicio se encuentra en estado de resolución, para hacerlo,\n se considera: PRIMERO.- La Sala es competente para conocer el\n recurso de casación en virtud de lo dispuesto en el Art.\n 200 de la Constitución Política de la República,\n que está en relación con el Art. 1 de la Ley de\n Casación, toda vez que el juicio fue sorteado el 1 de\n julio de 2002, correspondiendo su conocimiento a esta Sala. SEGUNDO.-\n El recurrente, procurador común, manifiesta que se ha\n violado e inflingido en el trámite el Art. 953 del Código\n Civil, que trata de la acción reivindicatoria. Funda el\n recurso en la causal 1ra. del Art. 3 de la Ley de Casación,\n esto es por falta de aplicación de normas de derecho,\n indica que la Sala de la Corte Superior no consideró ni\n aplicó la norma legal antes mencionada, que regula la\n acción reivindicatoria propuesta por los actores Marcelo\n y Gualberto Armijos Núñez. Añade, que la\n Primera Sala debió iniciar su análisis determinando\n si la demanda reunía los requisitos y condiciones exigidos\n como son: Que se trata de una cosa singular, independiente de\n la, posesión, para poderla distinguir de otras de la misma\n especie; ser propietario el accionante, de ella y que el demandado\n la tenga en posesión como señor y dueño.\n Que la primera condición básica no se cumplió\n ya que el juzgador debió determinar si el predio materia\n de la litis encajaba en la demanda con sus linderos y dimensiones,\n observando que los actores demandan la devolución de un\n lote de trece cuadras ubicadas en la jurisdicción de la\n parroquia Quinsaloma del cantón Ventanas. Señala\n también que examinados los instrumentos de la diligencia\n de inspección se determinó que los linderos de\n este predio eran absolutamente diferentes a los enunciados en\n la demanda, puesto que, por el Norte, es el carretero Quinsaloma\n - El Guineo; por el Sur, terrenos de Estelinda Galeas, por el\n Este, terrenos de Lorenzo Ortega, Manuel Vistín, Genero\n Ortega. Lorenzo Ortega y Humberto Ortega; por el Oeste, terrenos\n de José Pazmiño, Gilbert Estrada y Etelvina Galeas;\n que el Juez de primera instancia notó la inconsistencia\n de linderos, observando que existen diligencias e instrumentos\n que no concuerdan entre si, concretamente la sentencia de posesión\n efectiva, que no coincide con los señalados por el certificado\n del Registrador de la Propiedad del cantón Ventanas, en\n especial, el lindero norte. Finalmente alega, que la aplicación\n de la norma del Art. 953 del Código Civil hizo que la\n condición de individualización no sea exacta, ajustándose\n a los fallos dictados por la Tercera y Primera salas de la Corte\n Suprema, que rechazan la demanda por falta de individualización\n del inmueble. TERCERO.- En la demanda los accionantes determinan\n a fa. 24 de los autos, que el terreno con una cabida de trece\n cuadras está ubicado en el recinto "El Paraíso"\n de la parroquia Quinsaloma del cantón Ventanas, provincia\n de Los Ríos, adquirido por herencia de quien fue su padre\n Augusto Froilán Armijos Infante, que falleció el\n 15 de enero de 1993, terreno que está circunscrito por\n los siguientes linderos y dimensiones: por el Norte, el carretero\n público que conduce de El Guineo al recinto El Paraíso\n con 118 metros; por el Sur, terrenos de los herederos de Augusto\n Albán, hoy de Estelinda María Galeas con 85 metros;\n por un costado, con terrenos de Giler Estrada con 910 metros;\n y, por el otro costado, con terrenos de José Pazmiño,\n con 890 metros con un área de trece cuadradas. Los demandados,\n Manuel Mecías Vistín Miranda, María Antonieta\n Guamán Yépez y Carlos Alberto Vistín Guamán,\n al contestar su demanda en el numeral dos, reconvienen o contra\n demandan a Marcelo Armijos Núñez, determinando\n en forma similar los mismos linderos y dimensiones; y, en el\n escrito de fa. 36 Milton Vistín Guamán al contestar\n la demanda en el numeral cuarto determina los mismos linderos\n señalados por los actores. La inspección judicial\n constante a fs. 59, con la participación del Juzgado y\n la intervención del perito zootecnista Miguel Angel Romero,\n establecen los mismos linderos señalados por actores y\n demandados; e inclusive, en el croquis e informe de linderación,\n a fs. 60, constan indicados los linderos con sus respectivas\n dimensiones, ubicación del predio, área parroquia,\n cantón, provincia y la escala horizontal y vertical, situación\n que el perito lo manifiesta en su informe de fa. 61 y 62. Es\n decir lo alegado por los recurrentes no se justifica. CUARTO.-\n La acción reivindicatoria o acción de dominio es\n aquella que tiene el dueño de una cosa singular, de la\n que no está en posesión, para que el poseedor sea\n condenado a restituírsela como claramente lo señala\n el Art. 953 del Código Civil. La acción reivindicatoria\n se dirige contra el actual poseedor. La promesa de venta que\n celebraron mediante escritura pública los hermanos Marcelo\n Augusto y Gualberto Arijos Núñez el 2 de febrero\n del año 2000 con los cónyuges Manuel Mecías\n Vistín Miranda y María -Antonieta Guamán\n Yépez y en la cláusula primera señalan los\n linderos del predio; y en la cláusula cuarta el precio\n y la forma de pago, determinando que el precio pactado es de\n ciento cuarenta millones de sucres, escritura pública\n otorgada ante el Ab. Gabriel Alberto Ayala Montoya. Notario Segundo\n del cantón Ventanas, así como también los\n contratos privados de venta de café, cacao y frutales\n entre Augusto Arijos Infante y Manuel Mesías Vistín\n Miranda el 1 de enero de 1989, así como también\n en 1983, a fa. 44 y 45 demuestran que en esas fechas mantenían\n el dominio sobre dicho predio hasta que se produce la muerte\n del propietario Augusto Arijos Infante. Las copias del pr

 

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