Registro Oficial. 22 de ABRIL del 2003 Suplemento

Martes, 22 de abril de 2003

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

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   MES DE ABRIL DEL 2003
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Martes, 22 de abril del 2003 - R. O. No. 66

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SUPLEMENTO

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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

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DR. JORGE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR

\n\n

TRIBUNAL\n CONSTITUCIONAL

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RESOLUCIONES:

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025-2002-TC Deséchase por improcedente\n la de manda de inconstitucionalidad planteada por la señora\n Maria Concepción Dávila Marín

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032-2002-TC Deséchase la demanda\n de inconstitucionalidad planteada por Amanda Selenita Valle Urresta

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046-2002-KB Confirmase la resolución\n subida en grado y niégase el hábeas data propuesto\n por el señor Luis Alfonso Corren Proaño y otra

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585-2002-RA Confirmase la resolución\n venida en grado y recházase la acción de amparo\n propuesta por el abogado Juan Carlos Cedeño Rosero

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630-2002-RA Confirmase la resolución\n del Juez de instancia y niégase el amparo solicitado por\n Fausto Fernando Solano de la Sala Brown

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0001-2003-KB Confirmase la resolución\n venida en grado y niégase el recurso de hábeas\n data propuesto por el arquitecto Andrés Peñaherrera\n M\n

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Nro. 025-2002-TC

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"EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

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En el caso signado con el Nro. 025-2002-TC.

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ANTECEDENTES:

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La señora Maria Concepción Dávila Marín,\n con el informe favorable del Defensor del Pueblo, que corre a\n fojas 27-30 del proceso, presenta demanda de inconstitucionalidad\n contra la Resolución Nro. 0.1. 010 de la Comisión\n Interventora del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de\n conformidad con el número 1 del artículo 276 de\n la Constitución, solicitando la respectiva declaratoria,\n de todas las actuaciones de la Comisión Interventora y\n de los directivos del IESS que se fundamenten en esta resolución.\n

\n\n

Señala la accionante que es afiliada al IESS por más\n de diez años, cumpliendo sus obligaciones, y que padece\n una enfermedad crónica producto de una disfunción\n renal, habiéndosele realizado un transplante de riñón\n por lo que en la actualidad sufre de nefritis crónica,\n recibiendo su tratamiento desde hace tres años en el IESS.\n Se le indicó en esa institución que si dejaba de\n cancelar los aportes por más de seis meses perdía\n su afiliación voluntaria, ocurriendo que algunos aportes\n no los pudo cumplir en la fecha exacta de vencimiento, esto es,\n los 15 de cada mes. A consecuencia de ello, se le comunicó\n que no tenía derecho a la atención médica\n por haber cancelado extemporáneamente los últimos\n tres meses, medida que se fundamenta en la resolución\n impugnada, la que desconocía por no haber sido notificada\n a los afiliados en ninguna fecha, a pesar de lo cual ha seguido\n cancelando sus aportes hasta la actualidad. Que se ha emitido\n la glosa Nro. 211000555 por responsabilidad patronal por $ 6.596,04,\n basada en la impugnada resolución. Que, la letra a del\n artículo 3 de la resolución impugnada dispone que\n la responsabilidad patronal se configura cuando los tres meses\n de aportación inmediatamente anteriores al inicio de la\n atención médica hubieren sido cancelados extemporáneamente,\n acarreando un 100% de recargo sobre el valor planillado -sin\n que esos intereses sean fijados por el Banco Central-, lo que\n vulnera el artículo 56 de la Constitución, pues\n se cobra una multa, se suspende la atención médica,\n cobra dicha atención y recarga el 100%, añadiendo\n que ella no tiene la calidad de patrono al ser afiliada voluntaria.\n Estima vulnerada la facultad legislativa de fijar tasas, impuestos\n y otros ingresos fiscales, las facultades del Banco Central y\n los principios constitucionales en materia fiscal, financiera,\n tributaria y monetaria, que se consagran en los artículos\n 130, 261 a 265 y 256 y 257 del Código Político,\n además de vulnerar los números 2 y 16 del artículo\n 24 del texto constitucional que prohíbe juzgar más\n de una vez por la misma causa y que establece que en caso de\n conflicto entre dos leyes que contengan sanciones se aplicará\n la menos rigurosa.

\n\n

La Comisión de Recepción y Calificación,\n mediante providencia de 15 de julio de 2002, las 15h30, dispuso\n que el accionante precise con claridad y exactitud tanto el o\n los actos que se impugnan, así como las autoridades que\n los expidieron. En tal virtud, la peticionaria solicita se declare\n la inconstitucionalidad de la Resolución Nro. CI. 010\n de la Comisión Interventora del IESS, publicada en el\n Registro Oficial Nro. 94 de 23 de diciembre de 1998, así\n como sus efectos anteriores y posteriores, y de todas las actuaciones\n de la Comisión Interventora y de los directivos del IESS\n con respecto a esta resolución desde su expedición.\n Mediante providencia de 30 de julio de 2002, las 12h30, la Comisión\n de Recepción y Calificación admite a trámite\n la demanda.

\n\n

La Segunda Sala del Tribunal Constitucional al avocar conocimiento\n de la causa, en calidad de comisión, dispone que se corra\n traslado con la demanda a los señores Director General\n del IESS, miembros de la Comisión Interventora y Procurador\n General del Estado.

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Los miembros de la Comisión Interventora del IESS\n señalan que en la petición no se ha indicado si\n la demanda es total o parcial y por el fondo o por la forma,\n pues la resolución impugnada consta de veintidós\n artículos, siete disposiciones generales, dos disposiciones\n finales y tres transitorias, la mayoría de las cuales\n se refieren a materias ajenas a los hechos que se relatan en\n la demanda. Que del contenido de la demanda se desprende que\n la accionante pretende que no se le imponga la glosa, cuestionando\n la inconstitucionalidad de forma somera al estimar que se le\n ha aplicado la resolución inadecuadamente. Que la Comisión\n interventora ha dictado la resolución impugnada al amparo\n de la segunda disposición transitoria de la Constitución,\n en concordancia con los artículos 3, 11, 72 y 152 de la\n Ley de Seguro Social Obligatorio. Agregan que el IESS no fija\n impuestos, sino valores por la prestación de servicios,\n los que no son tributos, ni existen las violaciones constitucionales\n que, de modo indeterminado, niega la accionante.

\n\n

El Procurador General del Estado señaló\n casillero constitucional para recibir notificaciones.

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Considerando:

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Que, el Pleno del Tribunal Constitucional es competente para\n conocer y resolver el presente caso, de conformidad con los artículos\n 276, número 1 de la Constitución; 62 de la Ley\n del Control Constitucional; y, 1 y siguientes del Reglamento\n de Trámite de Expedientes en el Tribunal Constitucional;

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Que, la peticionaria se encuentra legitimada para interponer\n esta acción constitucional, de conformidad con los artículos\n 277, número 5 de la Constitución y 18, letra e\n de la Ley del Control Constitucional;

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Que, no se ha omitido solemnidad sustancial alguna que pueda\n incidir en la resolución de la causa, por lo que se declara\n su validez;

\n\n

Que, en primer término, este Tribunal hace presente\n que el efecto de una eventual declaratoria de inconstitucionalidad,\n de conformidad con el artículo 278 de la Constitución,\n consiste en dejar sin efecto el acto impugnado, declaratoria\n que no tiene efecto retroactivo, por lo que se toma improcedente\n el pedido de que se declaren inconstitucionales los efectos anteriores\n de la resolución impugnada;

\n\n

Que, del mismo modo, es improcedente declarar la inconstitucionalidad\n de "todas las actuaciones de la comisión interventora\n del INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL y de los directivos\n del INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL con respecto de\n esta resolución desde su expedición", no sólo\n por lo señalado en el considerando precedente, sino porque\n esta Magistratura sólo actúa previo requerimiento,\n de conformidad con el artículo 277 de la Constitución,\n no pudiendo analizar actos normativos o administrativos cuya\n inconstitucionalidad no se encuentra previamente demandada;

\n\n

Que, lo señalado en el párrafo anterior no quiere\n decir que este Tribunal se someta necesariamente a las alegaciones\n realizadas tanto por el accionante en su demanda y por las formuladas\n por la autoridad en su contestación, correspondiéndole\n a esta Magistratura y, de modo general, a los jueces constitucionales\n realizar el análisis de constitucionalidad del acto impugnado,\n en aplicación de los principios iura novit curia y de\n aplicación directa de la Constitución (artículo\n 273), pudiendo fundamentar su fallo en disposiciones constitucionales\n no señaladas por las partes o en estimaciones no fundamentadas\n en Derecho por ellos, mas la resolución que se expida\n debe referirse, exclusivamente, a los actos impugnados expresamente\n por el accionante, y no a otros que no son materia de la litis,\n en virtud del limite de la decisión del Juez señalado\n por el precepto dispositivo en eat judex ultra petita partium;

\n\n

Que, si bien en la especie, no se determina con precisión\n si la demanda es contra la totalidad del cuerpo normativo impugnado,\n o parte de éste, y si la impugnación es por vicios\n de fondo, de forma o ambos, este Tribunal debe hacer presentes\n las siguientes consideraciones, teniendo presente que la petición\n por la que se inició esta acción de inconstitucionalidad\n fue admitida a trámite por la Comisión de Recepción\n y Calificación de esta Magistratura;

\n\n

Que, la inconstitucionalidad de fondo se determina por la\n contravención de preceptos constitucionales por parte\n de normas de rango jerárquico inferior al Código\n Político, que es condición de validez y unidad\n del ordenamiento jurídico positivo, en razón de\n su contenido, mientras que los vicios de forma se determinan\n cuando la norma subordinada a la Constitución no ha seguido\n los procedimientos previstos en el texto constitucional para\n su formación;

\n\n

Que, la Constitución no señala el procedimiento\n de formación de todas las normas inferiores, sólo\n lo hace respecto de: leyes orgánicas y ordinarias (artículos\n 144 al 160), de la reforma constitucional (artículos 281\n a 283), de las normas interpretativas de la Constitución\n (artículo 284) y el trámite interno de aprobación\n de instrumentos internacionales (artículos 161 a 163),\n mas no señala los requisitos formales para dictar ordenanzas,\n reglamentos, estatutos o resoluciones, entre Otros, por lo que\n mal puede este Tribunal estimar que en la demanda incoada se\n impugne la resolución Nro. CI. 010 por vicios de forma,\n lo que sería del todo improcedente, lo que, además,\n no ocurre en este proceso desde que en el texto de la demanda\n no se realizan referencias a asuntos formales para impugnar el\n acto motivo de esta acción constitucional;

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Que, si el análisis de constitucionalidad se constriñe\n al fondo del asunto, se debe determinar si la impugnación\n se refiere a todo el cuerpo normativo o a parte de éste;

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Que, al respecto, la petición de la accionante contiene\n la pretensión de que se declare la inconstitucionalidad\n de la Resolución Nro. CI. 010 de la Comisión Interventora\n del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, publicada en el\n Registro Oficial Nro. 94 de 23 de diciembre de 19- 18 (fojas\n 26 y 34 del proceso) y, aunque en el libelo se haga referencias\n a ciertas disposiciones del cuerpo normativo, ello no puede llevar\n a interpretar que, a través de la demanda presentada,\n se pretende la inconstitucionalidad parcial del acto;

\n\n

Que, por lo señalado en el considerando precedente,\n este Tribunal debe realizar el análisis de constitucionalidad\n de la totalidad del cuerpo normativo impugnado, pudiendo concluir\n esta Magistratura, en el ejercicio de la facultad prevista en\n el número 1 del artículo 276 de la Constitución,\n que el acto es o bien total o parcialmente inconstitucional o\n que la demanda es improcedente por lo que debería desecharla;

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Que, la Resolución Nro. 010 de la Comisión Interventora\n del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, publicada en el\n Registro Oficial Nro. 94 De 23 de diciembre de 1998, contiene\n el Reglamento General de Responsabilidad Patronal, que desarrolla\n los artículos 66, 193, 194 y 195 de la entonces vigente\n Ley del Seguro General Obligatorio, dictada en el ejercicio de\n las atribuciones previstas en la segunda disposición transitoria\n de la Constitución y en la letra a del artículo\n II de la Ley del Seguro General Obligatorio que regía\n a la fecha de expedirse, tal como aparece de los considerandos\n del acto normativo impugnado;

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Que, la segunda disposición transitoria de la Constitución\n dispuso que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social inicie\n un proceso de transformación y modernización, en\n los objetivos que ahí se señalan, como aplicar\n la descentralización y desconcentración, optimizar\n la recaudación y cobro de cartera vencida, superar los\n problemas de organización, gestión, financiamiento\n y cobertura y cumplir los principios de la seguridad social,\n para lo cual se previó la conformación de una comisión\n interventora, que asumía las atribuciones del Consejo\n Superior, además de encargarle la elaboración de\n un proyecto de reforma a las leyes relativas a la seguridad social\n y de un plan de reforma integral del instituto;

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Que, dentro de las atribuciones del Consejo Superior del Instituto\n Ecuatoriano de Seguridad Social, qué asumió la\n Comisión Interventora de dicho instituto, en el entonces\n vigente artículo II, letra a de la Ley del Seguro Social\n Obligatorio, constaba la de: "Expedir y reformar el estatuto\n reglamentos, ordenanzas de carácter general y resoluciones\n relativas al funcionamiento del IESS";

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Que, por lo expuesto en el considerando precedente, la Comisión\n Interventora del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se\n encontraba constitucional y legalmente facultada para dictar\n el reglamento contenido en la impugnada Resolución Nro.\n CI. 010;

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Que, el artículo 1 de la resolución impugnada\n determina lo que se entiende por responsabilidad patronal conceptuándola\n como "la sanción económica que un empleador\n público o privado en mora al momento de producirse el\n siniestro debe pagar al IESS para cubrir el valor actuarial de\n las prestaciones o mejoras a que podrían tener derecho\n un afiliado o sus derechohabientes, por inobservancia de las\n disposiciones de la Ley del Seguro Social Obligatorio, el Estatuto\n del IESS, el Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo\n y este Reglamento", mora que se produce por "el incumplimiento\n en el pago de aportes, descuentos, intereses y multas, dentro\n de los quince días siguientes al mes que correspondan\n los aportes", de conformidad con el artículo 2 del\n reglamento sub júdice;

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Que, la seguridad social es deber del Estado y derecho irrenunciable\n de todos sus habitantes y el seguro general obligatorio es derecho\n irrenunciable e imprescriptible de los trabajadores y sus familias,\n el que cubre las contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos\n del trabajo, cesantía, vejez, invalidez, discapacidad\n y muerte, prestaciones que son responsabilidad del Instituto\n Ecuatoriano de Seguridad Social, el mismo que se financia, de\n modo general, con el aporte de sus afiliados y la contribución\n del Estado, como se señala en los artículos.55,\n 57, inciso primero, 58, inciso primero, y 59, inciso primero\n de la Constitución;

\n\n

Que, si bien la Constitución no señala tópicos\n como el relativo a la responsabilidad y mora patronales, el desarrollo\n del sistema de seguridad social se deja a la ley, atento lo prescrito\n en el artículo 55 de la Constitución, y, en materia\n de responsabilidad patronal, la vigente Ley de Seguridad Social,\n en su artículo 94, señal.: "Si por culpa de\n un patrono el IESS no pudiere conceder a un trabajador o a sus\n deudos las prestaciones en dinero que fueran reclamadas y a las\n que habrían podido tener derecho, o si resultaren disminuidas\n dichas prestaciones por falta de cumplimiento de las obligaciones\n del empleador, éste será responsable de los perjuicios\n causados al asegurado o a sus deudos responsabilidad que el Instituto\n hará efectiva mediante la coactiva", agregando que\n "El IESS concederá tales prestaciones, en la parte\n debida a la omisión o culpa del empleador, solamente cuando\n se haga efectiva la responsabilidad de éste, a menos que\n el patrono rinda garantía satisfactoria para el pago de\n lo que debiere por aquel concepto", a lo que responden los\n artículos 1 y 2 de la resolución materia de esta\n acción constitucional, los que no devienen en inconstitucionales;

\n\n

Que, los artículos 3, 4, 9, 10, 14, 17 y 18 de la impugnada\n Resolución Nro. 010 determinan las condiciones para que\n exista responsabilidad patronal en los seguros de enfermedad,\n maternidad, invalidez, vejez y muerte cooperativa mortuoria,\n cesantía, y en accidentes de trabajo enfermedad profesional,\n en todos, fundamentalmente por pago extemporáneo o no\n pago de los aportes por determinado tiempo;

\n\n

Que, por último, se hace presente que, de conformidad\n cor; el inciso primero del artículo 96 de la Lev de Seguridad\n Social: "El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social queda\n obligado a conceder las prestaciones por enfermedad, maternidad,\n auxilio de funerales y el fondo mortuorio a todos sus asegurados\n que hayan cumplido las condiciones establecidas en esta Ley y\n los reglamentos, aún cuando sus patronos estén\n en mora. Todo, sin perjuicio de la responsabilidad patronal a\n que haya lugar", por lo que la mora patronal no obsta que\n el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social cumpla con su deber\n constitucional de otorgar las prestaciones debidas a sus afiliados,\n sin perjuicio de la responsabilidad que derive de la misma;

\n\n

Que, al no impedir la resolución impugnada que el Instituto\n Ecuatoriano de Seguridad Social conceda las prestaciones que\n se determinan en la Constitución y la ley, por mora patronal,\n limitándose a señalar cuando se configura la responsabilidad\n patronal, dichos artículos no devienen en inconstitucionales;

\n\n

Que, respecto de la cuantía de la sanción por\n responsabilidad patronal, los artículos 6, II, 12, 15,\n 19, 20 y 21 de la resolución impugnada se limitan a establecer\n su cálculo con base en las prestaciones efectivamente\n otorgadas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, más\n el recargo señalado en cada caso, lo que no implica violación\n al principio constitucional de la legalidad en materia de tipificación\n de infracciones y establecimiento de sanciones, consagrado en\n los artículos 24, número 1, y 141, número\n 2 del Código Político, pues éstas se encuentran\n previamente determinadas por la Ley de Seguridad Social, respecto\n de lo cual existe prohibición expresa de exoneración,\n de conformidad con el artículo 100 de la reseñada\n ley, existiendo en los artículos 7, 8, 13, 16 y 22 de\n la resolución sub júdice el procedimiento para\n el establecimiento, cálculo y cobro de la responsabilidad\n patronal;

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Que, en definitiva, la responsabilidad patronal por mora en\n el cumplimiento de obligaciones con el Instituto Ecuatoriano\n de Seguridad Social no perjudica al afiliado sino que afecta,\n exclusivamente, al patrono que ha caído en mora;

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Que, respecto de las alegaciones de inconstitucionalidad realizadas\n por la accionante, este Tribunal hace presente las siguientes\n consideraciones:

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Que, la peticionaria señala que, mediante la resolución\n impugnada se vulnera la facultad del Congreso Nacional prevista\n en el número 6 del artículo 130 de la Constitución;

\n\n

 

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Que, la Carta política refiere tres categorías\n tributarias a saber: impuestos, tasas y contribuciones especiales,\n ello se desprende de la normativa constante en el artículo\n 257 de la Constitución, al hacer referencia a la reserva\n normativa en materia tributaria, que señala que las contribuciones\n especiales se crean y regulan de acuerdo con la ley, en concordancia\n con los artículos 130, número 6, y 141, número\n 3 del Código Político;

\n\n

Que, todo tributo se caracteriza por ser una prestación\n de carácter económico impuesta por el Estado en\n ejercicio de su potestad de creación, la cual proviene\n de su soberanía y que en un Estado de Derecho se ejerce\n de conformidad con los limites constitucionales y legales, lo\n que no ocurre en la especie, en la que, mediante la resolución\n sub júdice, se determina la cuantía de sanción\n por responsabilidad patronal y no de un tributo;

\n\n

Que, respecto de la alegada vulneración del artículo\n 24, número 16 de la Constitución, que consagra\n el principio de que nadie puede ser juzgado dos veces por la\n misma causa, este Tribunal hace presente que en la resolución\n impugnada sólo se reglamenta la responsabilidad patronal,\n en los términos de la ley, sin que exista vulneración\n de este principio del debido proceso, pues, respecto de un mismo\n hecho, el ordenamiento jurídico puede establecer una o\n más consecuencias jurídicas, lo que no implica\n violación del non bis in ídem;

\n\n

Que, del mismo modo, en la resolución impugnada no\n se establece fijación de intereses, ni se reemplazan las\n atribuciones constitucionales del Banco Central del Ecuador;\n y,

\n\n

Que, por último, se hace presente que, mediante la\n acción de inconstitucionalidad prevista en el número\n 1 del artículo 276 de la Constitución, esta Magistratura\n ejerce control concentrado, represivo y abstracto de constitucionalidad\n de actos normativos, por lo que, si la peticionaria estima que\n con la aplicación de la Resolución Nro. CI. 010\n de la Comisión Interventora se le está generando\n perjuicio, esta acción constitucional no es la vía\n procedente para hacer valer sus derechos, para tal fin otras\n vías k quedan plenamente liberadas; y,

\n\n

Por lo expuesto y en ejercicio de sus atribuciones,

\n\n

Resuelve:

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1. Desechar por improcedente la demanda de inconstitucionalidad\n planteada por la señora María Concepción\n Dávila Marín, contra la Resolución Nro.\n CI. 010 de la Comisión Interventora del Instituto Ecuatoriano\n de Seguridad Social, publicada en el Registro Oficial Nro. 94\n de 23 de diciembre de 1998;

\n\n

2. Dejar a salvo los derechos de la peticionaria, para hacer\n efectivos sus derechos por la vía competente; y,

\n\n

3. Publicar la presente resolución en el Registro Oficial.-Notifíquese".

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f.) Dr. Oswaldo Cevallos Bueno, Presidente.

\n\n

Razón: Siento por tal, que la resolución\n que antecede fue aprobada con nueve votos a favor (unanimidad)\n correspondientes a los doctores Milton Burbano, Miguel Camba,\n René de la Torre, Enrique Herrería, Jaime Nogales,\n Luis Rojas, Mauro Terán, Simón Zavala y Oswaldo\n Cevallos, en sesión de martes ocho de abril de dos mil\n tres.-Lo certifico.

\n\n

f.) Dr. Víctor Hugo López, Secretario General.

\n\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- Es fiel copia del original.- Quito,\n a 15 de abril de 2003.- f.) El Secretario General.

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Nro. 032-2002-TC

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"EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n\n

En el caso signado con el Nro. 032-2002-TC.

\n\n

ANTECEDENTES: Amanda Selenita Valle Urresta, comparece\n ante el Tribunal Constitucional y fundamentado en los artículos\n 276, numeral 1 de la Constitución Política y 18\n de la Ley del Control Constitucional, con el informe favorable\n del Defensor del Pueblo, deduce acción de inconstitucionalidad\n respecto de las siguientes normas:

\n\n

1. El numeral 1.2 de la disposición general séptima\n de la Ley de Transformación Económica, publicada\n en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 34 de 13 de marzo\n de 2000, referente a la fórmula de reajuste para los contratos\n pactados en divisas, en la parte que dispone "la fórmula\n polinómica será la misma del contrato y su índice\n subcero será el correspondiente a treinta días\n posteriores a la fecha de vigencia de esta ley".

\n\n

2. El literal d) de la primera disposición transitoria\n del Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de la Ley de\n Contratación Pública, publicado en el Registro\n Oficial Nro. 622 de 19 de julio de 2002.

\n\n

3. La séptima disposición transitoria del mismo\n Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de la Ley de Contratación\n Pública.

\n\n

Señala la actora que las normas mencionadas son inconstitucionales\n por las siguientes razones:

\n\n

Entre las normas ya derogadas de la Ley de Contratación\n Pública, el artículo 90 establecía el mecanismo\n de reajuste de precios en caso de producirse variaciones en los\n costos de los componentes de los precios unitarios estipulados\n en los contratos de ejecución de obras que celebren el\n Estado o las entidades del sector público, en tanto que\n el artículo 95 disponía que cuando las obras se\n ejecuten en el país y parte o el total de ellas se pague\n en moneda extranjera no habrá reajuste de precios en la\n parte que se pague en divisas. Con el proceso de dolarización\n implementado en el país y la expedición de la Ley\n de Transformación Económica se deroga esta última\n norma y se consagra el reajuste para aquellos contratos celebrados\n en dólares; la disposición general séptima\n en su numeral 1 .2 establece el reajuste de precios en dólares,\n mas esa norma contiene una incongruencia pues en los contratos\n pactados en divisas antes de la vigencia de estas normas, no\n se incluía una fórmula polinómica de reajuste,\n por lo que su aplicación se toma imposible, lesionándose\n por tanto los derechos constitucionales de igualdad, propiedad\n y seguridad jurídica de los contratantes. Añade,\n al respecto, que debió haberse incluido una disposición\n que establezca que en aquellos contratos pactados en divisas\n con anterioridad a la expedición de dicha ley, se suscribirá\n un adendum o alcance que determine la fórmula polinómica\n con que se calcule el reajuste, dentro de los parámetros\n señalados por la misma Ley de Contratación Pública.\n Concluye que el Tribunal no sólo debe actuar como legislador\n negativo, dejando sin efecto el acto impugnado, sino en el aspecto\n constitucional positivo, disponiendo la adopción de las\n medidas necesarias para preservar el respeto a las normas constitucionales.

\n\n

Posteriormente, el Presidente de la República emite\n el Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de la Ley de\n Contratación Pública, publicado en el Registro\n Oficial Nro. 662 de 19 de julio de 2002, en el literal d) de\n la primera disposición transitoria que establece: "En\n los contratos suscritos con anterioridad al 13 de marzo del 2000\n y pactados en divisas, no procederá el reajuste de precios".\n Adicionalmente, en la disposición transitoria séptima\n se incluye otra norma que dispone: "En los contratos vigentes\n definidos en el artículo 85 de la Ley de Contratación\n Pública, es decir, aquellos cuya forma de pago corresponda\n al sistema de precios unitarios, suscritos antes y/o con posterioridad\n a la vigencia de la Ley para la Transformación Económica\n del Ecuador, publicada en el Suplemento del Registro Oficial\n Nro. 34 de marzo 13 del 2000, cuyo proceso precontractual se\n hubiere iniciado antes de la vigencia de dicha ley y cuyos precios\n unitarios hayan sido ofertado en dólares de los EEUU previo\n informe favorable de la Procuraduría General del Estado\n y de la Contraloría General del Estado y siempre que se\n demuestre la modificación del equilibrio económico\n del contrato, se buscarán acuerdos transaccionales para\n compensar únicamente la variación de los precios\n de: combustible, asfalto y mano de obra, que hubieren sufrido\n variación en sus costos, superior al 10% de los precios\n ofertados. Para el efecto, se considerará como referente\n el valor constante en los análisis de precios unitarios\n del contratista en su oferta y se establecerá la diferencia\n con los precios de venta al público de PETROCOMERCIAL,\n tanto en combustibles como para asfalto; y, del CONADES, para\n la mano de obra, que estuvieren vigentes a la fecha de pago de\n la planilla, a favor o en contra del contratista. Los contratos\n a que se refiere esta disposición, no estarán sujetos\n a reajuste de precios".

\n\n

Estas normas contrarían lo dispuesto por la Ley de\n Contratación Pública, incurriendo en la prohibición\n señalada en el artículo 272 de la Constitución\n Política, pues un reglamento es norma de aplicación\n de la ley y no puede modificarla, contravenirla restringirla\n o contrariarla en alguna forma. Por otra parte se pretende dar\n a la ley el carácter de retroactividad, pues, con fecha\n 19 de julio de 2002 pretende normar situaciones que se han producido\n antes de 13 de marzo de 2000. Finalmente, la prohibición\n de reajuste para aquellos contratos pactados antes de la Ley\n de Transformación Económica, que se encuentran\n ejecutando actualmente, implica consagrar una diferenciación\n inadmisible y un eminente menoscabo del principio de igualdad,\n y ocasiona daño ilegitimo al derecho de propiedad y libre\n contratación del contratista privado.

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CONTESTACION A LA DEMANDA:

\n\n

El Presidente del Congreso Nacional, contesta la demanda,\n manifestando, que da respuesta únicamente a la impugnación\n de la disposición legal y no de las disposiciones reglamentarias,\n por no ser provenientes de la Función Legislativa, sin\n que tal abstención se considere allanamiento a la pretensión\n de la actora. En lo fundamental, señala que la Ley para\n la Transformación Económica se dictó bajo\n la égida del artículo 272 de la Constitución,\n cuya esencia fue el cambio del esquema monetario del país,\n contexto en el cual debe analizarse la norma impugnada que nada\n atenta a la disposición constitucional invocada, por el\n contrario, procura proteger a las partes contractuales en las\n diferentes fases de ejecución de los contratos, precisamente\n por el cambio de esquema monetario a la dolarización

\n\n

El Presidente de la República da contestación\n a la demanda de inconstitucionalidad señalando que para\n que exista un trato discriminatorio es necesario comparar las\n situaciones reguladas y las normas vigentes que las regulan diferenciadamente.\n En el caso no existen dos o más normas vigentes que regulen\n dos situaciones iguales de modo diferente, se trata de una norma\n que estuvo vigente con relación a la imposibilidad de\n reajustar precios de los contratos en dólares, y otra\n que, a partir de la dolarización faculta el reajuste de\n precios de los contratos en dólares disposición\n que se plantea como respuesta al cambio de régimen monetario,\n es decir, como consecuencia de un cambio de situaciones que se\n regularían a partir de la dolarización. Por otra\n parte, señala, que la ley rige para lo venidero, no tiene\n efecto retroactivo y en conflicto con una ley anterior con otra\n posterior, se observarán las siguientes reglas "18ª\n en todo contrato se entenderán incorporadas las leyes\n vigentes al tiempo de su celebración", por tanto\n la disposición general séptima de la Ley de Transformación\n Económica rige para los contratos que se suscribieron\n con posterioridad a la promulgación de la citada disposición.\n Este principio de irretroactividad y seguridad jurídica\n se reproduce en el literal d) de la disposición transitoria\n primera del Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de\n la Ley de Contratación Pública, por lo cual no\n es contraria a la Ley de Contratación Pública,\n lo contrario sería vulnerar el principio contemplado en\n el segundo inciso del Art. 272 de la Constitución.

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, el Tribunal Constitucional es competente para conocer\n y resolver el presente caso, de conformidad a lo que dispone\n el numeral 1 del artículo 276 de la Constitución\n Política de la República;

\n\n

Que, no se ha omitido solemnidad sustancial que influya en\n la causa, por lo que se declara su validez;

\n\n

Que, la norma legal que se impugna, dice: "Se establece\n el reajuste de precios en dólares. Para este efecto la\n fórmula polinómica será la misma del contrato\n y su índice subcero será el correspondiente a treinta\n días posteriores a la fecha de vigencia de esta Ley".\n Es criterio de la actora que la inconstitucionalidad de esta\n norma radica en que lo dispuesto por la misma, hace imposible\n su aplicación, consagrando de hecho diferencias inadmisibles\n entre quienes hubieren suscrito contratos antes de la expedición\n de dicha ley y quienes lo hubieren hecho después de la\n expedición de la misma, de este modo se viola el principio\n de igualdad previsto en el numeral 3 del artículo 23 de\n la Constitución Política. Esto supone además\n a su criterio, que los contratos que se suscribieron con posterioridad\n a la promulgación de la Ley de Transformación Económica\n estarían sujetos a un eventual reajuste de precios, mientras\n que los contratos en dólares suscritos con anterioridad\n a la promulgación de dicha norma, río podrían\n sujetarse al reajuste de precios, todo lo cual, acarrearía\n una diferenciación injustificada tratándose de\n dos situaciones iguales;

\n\n

Que, para erecto de este análisis se debe tener en\n cuenta las razones de orden técnico jurídico, como\n las motivaciones de carácter histórico y económico\n que impulsaron la expedición de la Ley para la Transformación\n Económica del Ecuador, la cual tuvo como antecedente esencial\n la implementación del nuevo sistema monetario, el mismo\n que debía manejarse dentro del texto constitucional especialmente\n bajo los parámetros del artículo 242. La disposición\n general séptima de la Ley de Transformación Económica\n en referencia a los contratos previstos en la Ley de Contratación\n Pública y la Ley de Consultoría, procura a diferencia\n de lo expresado por la actora, proteger a las partes en las diferentes\n fases de ejecución de los contratos;

\n\n

Que, de ahí que, no es exacto que existan dos o más\n normas vigentes que regulen situaciones iguales de modo diferente,\n como se afirma, sino todo lo contrario, se trata de una norma\n que al momento de su vigencia impedía de reajustar los\n precios de los contratos en dólares; y otra, que faculta\n a partir de la dolarización el reajuste de precios de\n los contratos en dólares, esta reforma se llevó\n a cabo, como respuesta a la exigencia propia del cambio al nuevo\n régimen monetario, por lo que no existe violación\n al derecho de igualdad previsto en el numeral 3 del artículo\n 23 de la Constitución Política;

\n\n

Que, por otro lado, en virtud del principio de irretroactividad\n de la ley, el artículo 7 del Código Civil establece\n que la ley no dispone sino para lo venidero, no tiene efecto\n retroactivo; y en conflicto de una ley posterior con otra anterior,\n se observarán las siguientes reglas "18ª En\n todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes\n al tiempo de su celebración", exceptuando aquellas\n que conciernen al modo de reclamar en juicio los derechos que\n resultaren del contrato, o las que señalen penas para\n el caso de infracción a lo estipulado en los contratos,\n pues las infracciones serían castigadas conforme a la\n ley, bajo la cual se hubiere atentado. Por lo tanto, la disposición\n general séptima impugnada, rige para lo venidero, esto\n es, para los contratos que se suscribieron con posterioridad\n a la promulgación de la referida norma; y, los contratos\n suscritos con anterioridad están sujetos a lo establecido\n en la Ley de Contratación Pública, vigente a la\n época de suscripción, misma que no permite, el\n reajuste de precios de los contratos en dólares;

\n\n

Que, son por tanto, los principios de irretroactividad y de\n seguridad jurídica materializados en el artículo\n 7 del Código Civil que se reproducen en el literal d)\n de la disposición transitoria primera del Reglamento Sustitutivo\n del Reglamento General de la Ley de Contratación Pública\n y séptima disposición transitoria del mismo Reglamento,\n de modo que no contrarían a la Ley de Contratación\n Pública y consecuentemente no se vulnera la disposición\n constante en el artículo 272 de la Constitución\n Política, atinente al principio constitucional de jerarquía\n de la Carta Fundamental;

\n\n

Que, por otro lado, deviene en improcedente el requerimiento\n de la actora en el sentido .de que se adopten las medidas necesarias\n conforme lo establece el numeral 2 del artículo 276 de\n la Constitución Política, toda vez, que la demanda\n se fundamenta en el numeral 1 del artículo 276 de la Carta\n Política, es decir, facultad distinta a la prevista en\n el numeral 2; y, finalmente el pedido de que el Tribunal Constitucional\n en su faceta de legislador positivo disponga a la administración\n del Estado que en el caso de los contratos pactados en divisas\n y que actualmente se encuentran en ejecución, se suscriba\n un adéndum o alcance a tales contratos, en el que se establezca\n la fórmula polinómica con la que se calcularía\n el reajuste de los mismos; tal solicitud, deviene de igual modo\n en improcedente, pues al actuar en ese sentido se quebrantaría\n el principio de legalidad previsto en el artículo 119\n de la Constitución Política, pues los organismos\n del Estado no pueden ejercer otras atribuciones que no sean las\n consignadas en la Constitución y en la Ley; y,

\n\n

Con estos antecedentes y en ejercicio de sus atribuciones,

\n\n

 

\n\n

Resuelve:

\n\n

1. Desechar la demanda de inconstitucionalidad planteada;\n y,

\n\n

2. Publicar la presente resolución en el Registro Oficial.\n Notifíquese".

\n\n

f.) Dr. Oswaldo Cevallos Bueno, Presidente.

\n\n

Razón: Siento por tal, que la resolución\n que antecede fue aprobada con ocho votos a favor correspondientes\n a los doctores Milton Burbano, Miguel Camba, René de la\n Torre, Enrique Herrería, Jaime Nogales. Luis Rojas, Mauro\n Terán y Oswaldo Cevallos y un voto salvado del doctor\n Simón Zavala, en sesión de martes ocho de abril\n del dos mil tres.-Lo certifico.

\n\n

f.) Dr. Víctor Hugo López, Secretario General.\n

\n\n

VOTO SALVADO DEL DOCTOR SIMON
\n ZAVALA

\n\n

Con los antecedentes constantes en el voto de mayoría,\n me separo del mismo por las siguientes consideraciones:

\n\n

Que, la disposición general séptima de la Ley\n para la Transformación Económica del Ecuador, determina\n la forma en que se readecuarán los precios de los contratos\n definidos en el artículo 1 de la Ley de Contratación\n Pública y artículo 1 de la Ley de Consultoría,\n que, a la fecha de vigencia de la referida ley, se encuentren\n vigentes, adjudicados y no firmados o en proceso de evaluación,\n a cuyo efecto señala que aquella parte no ejecutada\n se actualizará y pagará aplicando la fórmula\n polinómica respectiva con los índices establecidos\n por el INEC treinta días posteriores a la fecha de vigencia\n de la menciona ley, debiendo dolarizar el valor resultante al\n tipo de cambio establecido en el artículo 1 de la Ley\n de Régimen Monetario y Banco del Estado. Establece además\n el reajuste de precios en dólares, para lo cual determina\n que se aplicará la fórmula polinómica determinada\n en el contrato y el índice subcero correspondiente a treinta\n días posteriores a la fecha de vigencia de esa ley. Es\n esta determinación la que considera la actora se aparta\n del texto constitucional, por contrariar el derecho a la igualdad,\n la propiedad y la seguridad jurídica, pues, señala\n que al no ser aplicable por cuanto los contratos vigentes con\n anterioridad a la Ley para la Transformación Económica\n del Ecuador no contenían fórmula polinómica;

\n\n

Que, la disposición cuya declaratoria de inconstitucionalidad\n se demanda, en efecto, se refiere a los contratos suscritos con\n anterioridad a la vigencia de la Ley para la Transformación\n Económica del Ecuador, pues forma parte de la séptima\n disposición general que estableció la readecuación\n de precios de aquellos contratos, por lo que tal disposición\n ratifica el reajuste de precios en dólares, por lo que\n señalar que la referida disposición rige solamente\n para los contratos que se celebren con posterioridad a la vigencia\n de la ley, es considerarla fuera del contexto legal. Ahora bien,\n los contratos celebrados en dólares con anterioridad a\n la denominada Ley Trole no estaban sujetos a reajustes por lo\n que no contenían fórmula polinómica para\n el efecto; y, si la disposición impugnada remite a la\n fórmula contenida en los contratos para el reajuste de\n precios, evidentemente inexistente, mal puede aplicarse tal disposición,\n de ahí que los contratos que se encuentran en esta situación\n no podrán reajustarse por falta de fórmula aplicable,\n consecuentemente, se da lugar a un trato diferente, con lo cual\n se vulnera el derecho a la igualdad ante la ley consagrado por\n el artículo 23, numeral 3 de la Constitución Política;

\n\n

Que, como organismo de control de la constitucionalidad, este\n Tribunal está facultado para determinar cuándo\n las normas legales se hallan en contradicción con las\n constitucionales, declarándolas consecuentemente, inconstitucionales,\n cuyo efecto es la salida del mundo jurídico de aquellas\n normas, es decir, dejan de tener vigencia. Por cuanto la disposición\n impugnada plantea una inconstitucionalidad en la forma en que\n se halla prevista, se exhorta al Congreso Nacional a fin de que\n proceda a adoptar los correctivos necesarios para enmarcar esta\n disposición en la normativa constitucional; y,

\n\n

Que, la Ley para la Transformación Económica\n del Ecuador estableció el reajuste de precios en los contratos\n suscritos en dólares con anterioridad a la vigencia de\n la misma, es decir, el 13 de marzo de 2000. El Reglamento Sustitutivo\n del Reglamento General de la Ley de Contratación Pública,\n vigente a partir del 19 de julio de 2002, en el literal d) de\n la primera disposición transitoria, establece que en los\n contratos suscritos con anterioridad al 13 de marzo de 2000,\n pactados en divisas, no procederá el reajuste de precios,\n igual disposición consta en la séptima disposición\n transitoria, relativa a contratos cuya forma de pago corresponde\n al sistema de precios unitarios. Estas disposiciones contenidas\n en un reglamento, contrarían lo establecido en la ley,\n respecto al reajuste de precios de contratos en dólares\n celebrados con anterioridad a la misma, hecho que a la vez contraviene\n el principio constitucional de jerarquía constitucional\n y legal previsto en el artículo 272 de la Carta Política,\n pues es, desde todo punto de vista, inconcebible que un reglamento,\n instrumento de menor jerarquía que una ley, mediante sus\n disposiciones pretenda reformarla, por otra parte el reglamento,\n al disponer normas que regulan situaciones pasadas, imprime carácter\n retroactivo a sus disposiciones, violando así el principio\n de seguridad jurídica protegido por la Constitución\n Política en su artículo 23, numeral 26.

\n\n

Con las consideraciones que anteceden, se debe:

\n\n

1. Aceptar la demanda propuesta; en consecuencia, declarar\n la inconstitucionalidad de las siguientes disposiciones:

\n\n

a) La frase "la fórmula polinómica será\n la misma del contrato y su índice subcero será\n el correspondiente a treinta días posteriores a la fecha\n de vigencia de esta ley, constante en el punto 1.2 de la séptima\n disposición general de la Ley para la Transformación\n Económica del Ecuador;

\n\n

b) El literal d) de la primera disposición transitoria\n del Reglamento Sustitutivo al Reglamento de la Ley de Contratación\n Pública; y,

\n\n

c) El último inciso de la séptima disposición\n transitoria del Reglamento Sustitutivo al Reglamento de la Ley\n de Contratación Pública que dispone "Los contratos\n a que se refiere esta disposición no estarán sujetos\n a reajuste de precios".

\n\n

2. Publicar la presente resolución en el Registro Oficial.-\n Notifíquese".

\n\n

f.) Dr. Simón Zavala Guzmán, Vocal.

\n\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- Es fiel copia del original.- Quito,\n a 15 de abril de 2003.- f.) El Secretario General.

\n\n

 

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Nro. 046-2002-HD

\n\n

"EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n\n

En el caso signado con el Nro. 046-2002-HD

\n\n

ANTECEDENTES: En el caso Nro. 046-2002-1-ID los señores\n Luis Alfonso Correa Proaño y María Verónica\n Burbano Valverde presentan ante el Juez Sexto de lo Civil de\n Pichincha recurso de hábeas data en contra de la Empresa\n CONCLINA C. A. y Hospital Metropolitano, en los siguientes términos:\n Que el 20 de junio de 2001, por disposición de la Embajada\n Americana comparecieron con su hija María Francesca Correa\n Burbano a la Cruz Roja Ecuatoriana para que se realice el examen\n de ADN debido a que era su intención que uno de ellos\n obtenga la nacionalidad americana y así sus hijos puedan\n optar por la misma. Que Luis Carlos Correa I3urbano resultó\n ser hijo legítimo de sus padres lo que no sucedió\n con María Francesca Correa Burbano. Que ante ese resultado\n acudieron a su abogado y solicitaron como diligencia preparatoria\n en el Juzgado Cuarto de lo Civil de Pichincha que se exhiba y/o\n confiera toda la documentación referente a los nacimientos\n de todos los infantes nacidos en el Hospital Metropolitano de\n Quito los días 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de mayo de 1987, los\n nombres de las madres de los infantes, su historia clínica\n y tratamiento recibido con el objeto de conocer su identidad,\n proporcionándose por parte del hospital sólo los\n datos relativos a María Francesca Correa Burbano. Que\n siguieron el juicio por daño moral en el Juzgado Quinto\n de lo Civil de Pichincha. Que todos los esfuerzos, gestiones\n legales mediante actos preparatorios y juicios han sido vanos\n pues el Hospital Metropolitano se negó a proporcionar\n la información requerida demostrando una vez más\n su negligencia, pretendiendo burlar la justicia, cayendo en desacato\n e infringiendo lo que taxativamente dispone el artículo\n 234 del Código Penal. Por lo expuesto y con fundamento\n en los artículos 34, 35 y 39 de la Ley del Control Constitucional\n solicitan que declarado con lugar el recurso bajo juramento la\n empresa CONCLINA S.A. (Hospital Metropolitano de Quito) dentro\n del plazo de 8 días exhiba y/o confiera toda la documentación\n que ya se solicitó por intermedio de la diligencia preparatoria\n en el Juzgado Cuarto de lo Civil de Pichincha.- El\n 8 de octubre de 2002, a las 16h09, se realizó la\n audiencia pública en el Juzgado Sexto de lo Civil\n de Pichincha a la que compareció el abogado defensor\n del representante de la empresa CONCLINA S.A. (Hospital\n Metropolitano) quien manifestó que el recurso ha\n sido incorrectamente planteado ya que no se ha cumplido\n con el requisito del artículo 94 de la Constitución\n Política de la República y del artículo\n 34 de la Ley del Control Constitucional y que existe jurisprudencia\n en el Tribunal Constitucional al respecto. Que el Código\n de Etica Médica se refiere al sigilo profesional,\n el interés público, la seguridad de los enfermos,\n la honra de las familias, la responsabilidad del profesional\n y la dignidad de la ciencia médica que exige\n el secreto (artículo 75). Que el artículo \n 6 del Código de Menores obliga a que todas las\n medidas que conciernan a menores de edad que sean tomadas\n por autoridades administrativas, jurisdiccionales de las\n instituciones públicas, privadas o el legislativo\n atenderán primordialmente el interés superior\n del menor y el respeto a sus derechos, lo que obliga\n al Juez constitucional y legalmente a tutelar el interés\n superior de todos los menores nacidos en el Hospital\n Metropolitano de Quito los días 4, 5, 6, 7, 8 y \n 9 de mayo de 1987 y que en el caso de ser aceptadas\n las pretensiones de los accionantes la resolución obligaría\n a cometer una infracción penal pesquisable de oficio\n como lo señala el artículo 284 del Código\n Penal. Que en lo referente a la información propia\n de los peticionarios y de la niña Maria Francisca\n - Francesca Correa Burbano se procedió en presencia\n del Juez a entregar los documentos que sobre la menor\n y su madre reposan en el Hospital Metropolitano de Quito.\n Por todo lo expuesto solicitó se rechace el recurso\n de hábeas data planteada por los accionantes por\n inconstitucional, ilegal e improcedente. El abogado defensor\n de los recurrentes, ofreciendo poder o ratificación,\n se reafirmó en los fundamentos de hecho y de derecho\n de la demanda. El 23 de octubre de 2002, a las 08h30,\n el Juez Sexto de lo Civil de Pichincha resolvió negar\n la acción de hábeas data interpuesta.

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, el Tribunal es competente para conocer y resolver el\n presente caso conforme establece el artículo 276, numeral\n 3 de la Constitución Política de la República\n y el artículo 62 de la Ley del Control Constitucional;

\n\n

Que, habiéndose observado las normas constitucionales\n y legales previstas para la sustanciación del hábeas\n data el proceso es válido y así se lo declara;

\n\n

Que, el artículo 94 de la Constitución consagra\n el derecho de toda persona para acceder a los documentos, banco\n de datos e informes que sobre si misma consten en entidades públicas\n o privadas así como a conocer el uso que se haga de ellos\n y su propósito, requerimiento que la persona puede hacerlo\n al funcionario respectivo de la institución pública\n o privada que sea depositario de la información;

\n\n

Que, los señores Luis Alfonso Correa Proaño\n y María Verónica Burbano Valverde interponen hábeas\n data para que se "exhiban y/o confieran toda la documentación\n referente a los nacimientos de todos los infantes nacidos en\n el Hospital Metropolitano de Quito, los días 4, 5, 6,\n 7, 8 y 9 de mayo de 1987, así como los nombres de las\n madres de dichos infantes, con su Historia Clínica y tratamiento\n que recibieron, con el objeto de conocer su identidad";

\n\n

Que, del texto transcrito se evidencia que los peticionarios\n pretenden obtener el conocimiento de datos no referidos a sí\n mismos, pretensión que se contrapone a la naturaleza básica\n del hábeas data regulada por el artículo 94 de\n la Constitución y por, él artículo 34 y\n siguientes de la Ley del Control Constitucional. Al efecto, es\n menester puntualizar que para que opere el hábeas data\n la información requerida debe pertenecer específicamente\n y con precisión a quien lo solicita toda vez que es una\n garantía constitucional con objetivos muy precisos que\n permite el acceso a la información, se verifica la exactitud\n de la información del que la posee, se verifica el uso\n que el poseedor está

 

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