Registro Oficial

Registro Oficial. 22 de ABRIL del 2003

Martes, 22 de abril de 2003

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

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   MES DE ABRIL DEL 2003
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Martes, 22 de abril del 2003 - R. O. No. 66

\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n

DR. JORGE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR

\n\n

FUNCION\n LEGISLATIVA

\n\n

LEY:

\n\n

2003-1 Ley interpretativa del artículo\n 1 de la Ley que crea una compensación para los educadores\n nocturnos que se separen voluntariamente de sus puestos, publicada\n en el Registro Oficial Nº 659 del 10 de septiembre de 2002

\n\n

FUNCION\n EJECUTIVA

\n\n

ACUERDO:

\n\n

MINISTERIO\n DE BIENESTAR SOCIAL:

\n\n

0143 Refórmase el Acuerdo Ministerial\n Nº 0065 del 18 de febrero de 2003

\n\n

RESOLUCIONES:

\n\n

MINISTERIO\n DEL AMBIENTE:

\n\n

009 Suspéndense las actividades\n de disposición de desechos de todo tipo, que se encuentra\n realizando el Municipio de Cayambe, en el botadero ubicado en\n el sector Lagunas de Oxidación de la parroquia Ayora,\n cantón Cayambe, provincia de Pichincha

\n\n

012 Deléganse atribuciones al Director\n del Distrito Regional Forestal de Cotopaxi-Tungurahua-Chimborazo\n y Bolívar

\n\n

INSTITUTO\n ECUATORIANO
\n DE NORMALIZACION:

\n\n

001 Apruébanse las tarifas de ensayos\n y servicios que presta el INEN

\n\n

FUNCION\n JUDICIAL

\n\n

CORTE\n SUPREMA DE JUSTICIA
\n PRIMERA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL:

\n\n

Recursos de casación\n en los juicios seguidos por las siguientes personas:

\n\n

46-2003 Gloria María de Jesús\n Paladines Macas en contra de Darwin Norberto Paladines Vélez

\n\n

47-2003 Yolanda Estrella Narea Alarcón\n en contra de Luis Oswaldo Narea Alarcón

\n\n

48-2003 Rosa Maria Ajila en contra de Manuel Eduardo\n Zambrano Gallardo

\n\n

51-2003 Guillermo Ramírez Villareal en\n contra del ingeniero Cecilio Jalil Morante

\n\n

52-2003 Ramón Sucre Méndez Paredes\n en contra de Leyda Janer Flores Angulo

\n\n

53-2003 José Felipe Guerrero Mora en contra\n de Angela Marcela Cabero Bohórquez

\n\n

55-2003 Mery Francés Aguirre en contra\n de Enrique Chiriboga Barba y otra

\n\n

60-2003 Jacinto Eleodoro Ayala Marmolejo en contra\n de los herederos, presuntos y desconocidos de Máxima del\n Carmen Marmolejo Campos

\n\n

63-2003\n Luis Freddy\n Bacillo Lara en contra de Vitaliano Altamirano Núñez

\n\n

64-2003\n Hugo Alcides\n Mancero Jurado y otra en contra de María Magdalena Colcha\n Paullán y otros

\n\n

71-2003 Otilia Yadira Murillo Vargas y otro en\n contra de Ramón Murillo Olvera

\n\n

ACUERDO\n DE CARTAGENA

\n\n

RESOLUCIONES:

\n\n

702 Precios de Referencia del Sistema\n Andino de Franjas de Precios para la segunda quincena de marzo\n de 2003, correspondientes a la Circular No 192 del 3 de marzo\n de 2003

\n\n

703 Por la cual se reconoce al Perú\n como país libre de las siguientes plagas cuarentenarias\n que afectan a los cítricos: Guignardia citricarpa Kiely\n ("Mancha negra de los cítricos"), Elsinoe australis\n Bitancourt & Jenkins ("Sarna del naranjo dulce")\n y Xanthomonas axonopodis pv. citri (Hasse) Dye ("Cancro\n de los cítricos")

\n\n

28-AI-200I\n Cesación\n del procedimiento sumario de archivo del expediente

\n\n

13-AI-2002 Requerimiento a los Países\n Miembros para que cumplan con la obligación de imponer\n las sanciones dispuestas mediante auto de 17 de julio de 2002

\n\n

ORDENANZA\n METROPOLITANA:

\n\n

0081 Cantón Quito: Que reforma\n a la ordenanza Nº 078 relacionada con las tasas por licencia\n única anual de funcionamiento de las actividades de turismo

\n\n

ORDENANZA\n MUNICIPAL:

\n\n

Cantón\n Logroño: De\n administración, operación y mantenimiento del servicio\n de alcantarillado sanitario y pluvial\n

\n \n
\n

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

REPUBLICA\n DEL ECUADOR

\n\n

CONGRESO NACIONAL

\n\n

Quito, 10 de abril de 2003
\n Oficio Nº 0381 -PCN

\n\n

Doctor
\n Jorge Morejón Martínez
\n Director del Registro Oficial
\n En su despacho.

\n\n

De mi consideración:

\n\n

Para la publicación en el Registro Oficial, de conformidad\n con lo dispuesto en los artículos 130, numeral 5, 141,\n numeral 7 de la Constitución Política de la República;\n y, el artículo 73 de la Ley Orgánica de la Función\n Legislativa, remito a usted copia certificada del texto discutido\n y aprobado por el Congreso Nacional del Ecuador de la LEY\n INTERPRETATIVA DEL ARTICULO 1 DE LA LEY QUE CREA UNA COMPENSACION\n PARA LOS EDUCADORES NOCTURNOS QUE SE SEPAREN VOLUNTARIAMENTE\n DE SUS PUESTOS, PUBLICADA EN EL REGISTRO OFICIAL No. 659 DEL\n 10 DE SEPTIEMBRE DE 2002.

\n\n

También adjunto la certificación suscrita por\n el señor Prosecretario del Congreso Nacional, sobre las\n fechas de los respectivos debates.

\n\n

Hago propicia la ocasión para expresarle mis sentimientos\n de consideración.

\n\n

Atentamente,

\n\n

f.) Guillermo Landázuri Carrillo, Presidente del Congreso\n Nacional.

\n\n

CONGRESO NACIONAL
\n Dirección General de Servicios Legislativos

\n\n

CERTIFICACION:

\n\n

Quien suscribe, Prosecretario del Congreso Nacional del Ecuador,\n certifica que el proyecto de LEY INTERPRETATIVA DEL ARTICULO\n 1 DE LA LEY QUE CREA UNA COMPENSACION PARA LOS EDUCADORES NOCTURNOS\n QUE SE SEPAREN VOLUNTARIAMENTE DE SUS PUESTOS, PUBLICADA EN EL\n REGISTRO OFICIAL No. 659 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2002, fue\n discutido y aprobado de la siguiente manera:

\n\n

PRIMER DEBATE: 20-03-2003.

\n\n

SEGUNDO DEBATE: 10-04-2003.

\n\n

Quito, 10 de abril de 2003.

\n\n

f.) Dr. Jhon Argudo Pesantez.

\n\n

 

\n\n

Nº 2003-1

\n\n

CONGRESO NACIONAL

\n\n

Considerando:

\n\n

Que el artículo 130 de la Constitución Política\n de la República en su numeral 5, establece que el Congreso\n Nacional tiene la facultad de expedir leyes interpretativas con\n carácter generalmente obligatorio;

\n\n

Que mediante Ley No. 2002-78, publicada en el Registro Oficial\n No. 659 del 10 de septiembre de 2002, se creó una compensación\n para los educadores nocturnos que se separen voluntariamente\n de sus puestos; estableciéndose que esta compensación\n se realice de acuerdo a lo estipulado en el artículo 52\n de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones\n y Prestación de Servicios Públicos, por parte de\n la Iniciativa Privada;

\n\n

Que la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones\n y Prestación de Servicios Públicos por parte de\n la Iniciativa Privada, habla de "salarios mínimos\n vitales" el sucres, unidad monetaria que ya no rige en el\n país;

\n\n

Que el Consejo Nacional de Remuneraciones del Sector Público\n -CONAREM- es la institución que establece los salarios\n básicos unificados del sector público; y,

\n\n

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales,\n expide la siguiente:

\n\n

LEY INTERPRETATIVA DEL ARTICULO\n 1 DE LA
\n LEY QUE CREA UNA COMPENSACION PARA LOS EDUCADORES NOCTURNOS QUE\n SE SEPAREN VOLUNTARIAMENTE DE SUS PUESTOS, PUBLICADA EN EL REGISTRO\n OFICIAL No. 659 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2002

\n\n

Art. 1.- La compensación para los educadores nocturnos,\n se calculará de conformidad a la Resolución No.\n 136 del Consejo Nacional de Remuneraciones del Sector Público\n CONAREM, publicada en el Registro Oficial No. 544 del 28 de marzo\n de 2002, que fija el sueldo básico del Magisterio del\n sector público en $ 40 USD para el sector urbano y $ 45\n USD para el sector rural.

\n\n

Art. 2.- Cualquiera que sea el resultado del cálculo,\n el monto de la indicada compensación, no podrá\n sobrepasar los 18.000 dólares de los Estados Unidos de\n Norte América.

\n\n

ARTICULO FINAL.- La ley interpretativa entrará en vigencia\n a partir de su publicación en el Registro Oficial.

\n\n

Dada, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano,\n en la sala de sesiones del Congreso Nacional del Ecuador, a los\n diez días del mes de abril del año dos mil tres.

\n\n

f.) Guillermo Landázuri Carrillo, Presidente.

\n\n

f.) Jhon Argudo Pesántez, Prosecretario General.

\n\n

Congreso Nacional.- Certifico: Que la copia que antecede es\n igual a su original que reposa en los archivos de la Secretaría\n General.- Día: 11-04-03. Hora: 10:30.- f.) Secretario\n General.
\n

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

Nº 0143

\n\n

MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL

\n\n

Considerando:

\n\n

Que corresponde al Ministerio de Bienestar Social coordinar,\n promover y ejecutar programas y proyectos encaminados a atender\n y satisfacer las necesidades básicas de los grupos poblacionales\n en situación de pobreza;

\n\n

Que es necesario contar con una estructura organizacional\n coherente con los fines institucionales del Ministerio de Bienestar\n Social, garantizando una oportuna y eficiente acción a\n favor de los grupos sociales vulnerables, objeto principal de\n su accionar; y,

\n\n

Que es necesario definir las responsabilidades dentro del\n Ministerio, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el\n artículo 179 numerales 1 y 6 de la Constitución\n Política de la República y artículos 17,\n 20 y 55 del Estatuto Jurídico Administrativo de la Función\n Ejecutiva,

\n\n

Acuerda:

\n\n

EXPEDIR LA SIGUIENTE REFORMA AL ACUERDO MINISTERIAL Nro. 0065\n DEL 18 DE FEBRERO DE 2003.

\n\n

Art. 1.- Refórmase el artículo 1, con el siguiente\n texto delegar al Subsecretario de Desarrollo Humano, las atribuciones\n previstas en los literales a, c, k y l del artículo que\n se reforma; exclusivamente en ausencia del señor Ministro\n de Bienestar Social, previa delegación expresa. Las demás\n atribuciones constantes en los demás literales del artículo\n que se reforma quedan vigentes.

\n\n

Art. 2.- Todas las normas contenidas en otros acuerdos, que\n se contrapongan al presente quedan sin efecto.

\n\n

Art. 3.- El presente acuerdo entrará en vigencia a\n partir de su publicación en el Registro Oficial, no obstante,\n será observado inmediatamente por todas las unidades directivas,\n técnicas, administrativas y operativas del Ministerio\n de Bienestar Social.

\n\n

Dado en Quito, 10 de abril de 2003.

\n\n

f.) Ing. Patricio Ortiz James, Ministro de Bienestar Social.\n Ministerio de Bienestar Social.

\n\n

Es fiel copia del original.- Lo certifico.- f.) Daniel Jacho\n Barrera, Jefe de Archivo.- 10 de abril de 2003.

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

No. 009

\n\n

EL MINISTRO DEL AMBIENTE

\n\n

Considerando:

\n\n

Que el Art. 88 de la Constitución Política de\n la República, establece que toda decisión estatal\n que afecte al medio ambiente, deberá contar con criterios\n de la comunidad;

\n\n

Que el Art. 20 de la Ley de Gestión Ambiental, establece\n que para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental\n se deberá contar con la licencia respectiva otorgada por\n el Ministerio del ramo;

\n\n

Que los Arts. 28 y 29 de la Ley de Gestión Ambiental,\n establece que toda persona natural o jurídica, tiene derecho\n a participar en la gestión ambiental y a ser informada\n en forma oportuna y suficientemente sobre cualquier actividad\n que pueda producir impactos ambientales;

\n\n

Que el Art. 40 de la Ley de Gestión Ambiental, establece\n que las autoridades competentes deberán adoptar las medidas\n necesarias para solucionar los problemas detectados;

\n\n

Que en atención a lo dispuesto en el Art. 46 de la\n Ley de Gestión Ambiental que establece que en los casos\n en que por acción u omisión se incumplan las normas\n de protección, la autoridad competente podrá adoptar\n sanciones administrativas y para exigir la regularización\n de las autorizaciones, permisos, etc.;

\n\n

Que con oficio No. 54406-D-MA del 29 de enero de 2003, suscrito\n por el Ministro del Ambiente dirigido al Alcalde del Municipio\n de Cayambe, comunica que los anexos de la solicitud de licencia\n ambiental, no corresponden al trámite, de acuerdo al Sistema\n Unico de Manejo Ambiental, Capítulo IV del Proceso de\n Evaluación de Impactos Ambientales, de acuerdo a los artículos\n 21, 22, 24 y 25, además que se adjuntaron los informes\n técnicos No. 002-DPC-MA-2003 y del CIGER que contienen\n pronunciamientos a ser considerados por el Municipio de Cayambe\n con respecto al sitio de disposición final de residuos\n sólidos de Ayora;

\n\n

Que el Ministerio del Ambiente ha participado en comisiones\n para sitios alternativos;

\n\n

Que con oficio No. 54909-SCA-MA del 20 de febrero de 2003,\n suscrito por la Subsecretaría de Calidad Ambiental dirigido\n al Alcalde del Municipio de Cayambe, se comunica que los informes\n técnicos enviados por el Ministerio del Ambiente, concluyen\n en que el sitio en el cual se encuentran operando el relleno\n emergente no reúne las mínimas condiciones necesarias\n para ese efecto;

\n\n

Que el Ilustre Municipio de Cayambe no cuenta con la licencia\n ambiental para la ejecución del Proyecto de relleno sanitario\n ubicado en la parroquia Ayora, tal como lo obligan las disposiciones\n legales contenidas en el Capítulo 11 de la Ley de Gestión\n Ambiental que básicamente implica el contar con la respectiva\n licencia ambiental, otorgada por el Ministerio del ramo, para\n toda obra, ya sea pública, privada o mixta que pueda causar\n daños ambientales;

\n\n

Que el Ilustre Municipio de Cayambe con oficio No. 110 GMC\n de fecha 21 de marzo de 2003, presenta el Estudio de Impacto\n Ambiental del Proyecto relleno sanitario emergente del cantón\n Cayambe, ubicado en el sector Lagunas de Oxidación de\n la parroquia Ayora;

\n\n

Que la disposición de desechos de Cayambe, se la está\n efectuando en el botadero ubicado en el sector Lagunas de Oxidación\n de la parroquia Ayora, cantón Cayambe, provincia de Imbabura,\n desconociendo las disposiciones contenidas en la Ley de Gestión\n Ambiental para el inicio de toda actividad que suponga riesgo\n ambiental, con lo que se ha provocado daño ambiental;\n y,

\n\n

En uso de sus atribuciones legales,

\n\n

Resuelve:

\n\n

Art. 1.- Suspender las actividades de disposición de\n desechos de todo tipo, que se encuentra realizando el Municipio\n de Cayambe, en el botadero ubicado en el sector Lagunas de Oxidación\n de la parroquia Ayora, cantón Cayambe, provincia de Pichincha\n por cuanto no se han cumplido con los requisitos previstos en\n la Ley de Gestión Ambiental, para el inicio de dicha actividad,\n y el sitio no reúne las mínimas condiciones para\n el efecto.

\n\n

Art. 2.- Conferir copia certificada de la presente resolución\n al Ministro de Salud Pública, para que en base a sus competencias\n legales, proceda con los mecanismos correspondientes para precautelar\n la salud y bienestar de la comunidad, para lo cual se contará\n con el apoyo y coordinación de esta Cartera de Estado,\n en su calidad de autoridad nacional ambiental.

\n\n

Art. 3.- Encárguese de la ejecución de la presente\n resolución a la Subsecretaría de Calidad Ambiental,\n resolución que entrará en vigencia a partir de\n la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial.

\n\n

Comuníquese y publíquese.

\n\n

Dado en Quito, a los treinta y un días del mes de marzo\n de 2003.

\n\n

f.) Lic. Edgar Isch, Ministro del Ambiente.

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

No. 012

\n\n

Edgar Isch López
\n MINISTRO DEL AMBIENTE

\n\n

Considerando:

\n\n

Que el Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través\n del Programa Nacional Forestal, celebró con varias comunidades\n campesinas de la provincias de Tungurahua, Chimborazo y Bolívar,\n contratos de forestación mediante el Sistema de Participación\n Social, por los cuales se acordó forestar con pino y eucalipto\n tierras de propiedad de dichas comunidades, contratos en los\n que estipuló que el Programa Nacional Forestal, hoy Ministerio\n del Ambiente, se obligó al financiamiento de las plantaciones,\n suministro y transportación de plántulas, elaboración\n de planes de manejo, dirección técnica y supervisión\n de la plantación;

\n\n

Que las comunidades u organizaciones campesinas, en virtud\n de los contratos de forestación se obligaron a entregar\n temporalmente en usufructo los lotes de terreno en los que se\n iban a realizar las plantaciones, labores de desbroce, señalamiento,\n preparación del terreno, plantación o mantenimiento\n del bosque, guardianía del área reforestada y en\n la cláusula décima primera de dichos contratos\n se estableció, que el producto total que se obtenga como\n fruto del remate, se distribuirá entre el Programa Nacional\n Forestal, hoy Ministerio del Ambiente, en los porcentajes previstos\n en el convenio;

\n\n

Que las comunidades que han intervenido en dichos programas\n de forestación, han solicitado a esta Cartera de Estado,\n que en lugar de los porcentajes que les corresponde recibir en\n dinero del valor total que se obtenga como producto del remate,\n se les entregue el equivalente a dichos porcentajes en madera\n en pie, solicitud que este Ministerio, la considera justa y procedente,\n en virtud de lo cual es necesario que el Director del Distrito\n Regional Forestal de Cotopaxi-Tungurahua-Chimborazo y Bolívar\n proceda a elaborar los respectivos adéndums a los correspondientes\n contratos de forestación;

\n\n

Que así mismo es necesario que se elaboren las respectivas\n resoluciones, que permitan el remate en pública subasta\n de los porcentajes restantes de cada predio que correspondan\n a este Ministerio y,

\n\n

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 35 de la\n Ley de Modernización del Estado, 56 del Estatuto del Régimen\n Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva\n y 124 del Reglamento General de Bienes del Sector Público,

\n\n

Resuelve:

\n\n

Art. 1.- Delegar al Director del Distrito Regional\n Forestal de Cotopaxi-Tungurahua-Chimborazo y Bolívar,\n las siguientes atribuciones:

\n\n

· Proceder en conjunto con el Líder de Equipo\n Regional de Asesoría Jurídica del Distrito bajo\n su responsabilidad y en representación de esta Cartera\n de Estado a elaborar y suscribir los correspondientes adéndums\n a los contratos de forestación celebrados entre el Programa\n Nacional Forestal, hoy Ministerio del Ambiente, con los propietarios\n de las tierras en que se ejecutó programas de forestación\n y que lo hayan solicitado, a fin de modificar las condiciones\n de distribución de beneficios y entregar el porcentaje\n correspondiente de madera en pie.

\n\n

· Para que dé cumplimiento bajo su responsabilidad,\n a lo establecido en el Art. 12 del Reglamento de Bienes del Sector\n Público, mediante la resolución correspondiente\n disponga el remate de los porcentajes de plantación .de\n bosque de propiedad del Ministerio en cada predio.

\n\n

· Proceder cuando corresponda y bajo su responsabilidad\n al levantamiento total o parcial de hipotecas que pesan sobre\n los predios.

\n\n

Art. 2.- La Junta de Remates para estos efectos estará\n conformada por el Director del Distrito Regional Forestal de\n Cotopaxi-Tungurahua-Chimborazo y Bolívar, como delegado\n del Ministro del Ambiente, el Líder de Equipo Regional\n de Asesoría Jurídica del Distrito como delegado\n del Director de Asesoría Jurídica, quien actuará\n como Secretario de la misma y el Líder Organizacional\n como delegado del Director Técnico del Area Financiera.\n

\n\n

Art. 3.- De la ejecución de la presente resolución,\n que entrará en vigencia a partir de su suscripción,\n sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial,\n encárguese al Director Regional Forestal de Cotopaxi-Tungurahua-Chimborazo\n y Bolívar.

\n\n

Comuníquese y cúmplase.

\n\n

Dado en Quito, a los 3 días del mes de abril de 2003.

\n\n

f.) Edgar Isch López, Ministro del Ambiente.

\n\n

 

\n\n

No 001

\n\n

EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO ECUATORIANO\n DE NORMALIZACION

\n\n

Considerando:

\n\n

Que es necesario actualizar las tarifas de los servicios que\n presta el INEN, acorde con la inflación, aumento de sueldos\n y salarios e incremento del costo de materiales; y,

\n\n

En uso de las atribuciones que le confiere el literal "O"\n del artículo 9 del Reglamento Orgánico Funcional\n vigente,

\n\n

Resuelve:

\n\n

Primero.- Aprobar las tarifas de ensayos y servicios\n que presta el INEN de acuerdo al siguiente listado:

\n\n

INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION TARIFAS DE ENSAYOS\n Y SERVICIOS DEL INEN

\n\n

 

\n\n

No. DESCRIPCION TARIFA
\n 2003
\n
1.00 COSTO DE TECNICO POR HORA EN ASESORAMIENTO A LABORATORIOS\n

\n\n

17.50
\n * Laboratorios de calibración y ensayo 17025
\n * Trabajos de revisión bibliográfica
\n Notas: A los valores anteriores se deben añadir:
\n a) Los costos de viáticos y pasajes de los asesores
\n
\n 1.02 SEMINARIOS EN EMPREA INDUSTRIALES COSTO POR HORA

\n\n

75.00

\n\n

Notas: A los valores anteriores se deben añadir

\n\n

No. DESCRIPCION TARIFA
\n 2003
\n
22.35 Magnesio 25.00
\n 22.36 pH a 20º 7.50
\n 22.37 Plomo 35.00
\n 22.38 Sólidos totales 17.50
\n 22.39 Silfato 25.00
\n 22.40 Zinc 25.00
\n 22.41 Coliformes 12.50
\n 22.42 e. Coli 12.50
\n 22.43 Pseudomona Aeruginosa 17.50
\n 22.44 Magneso 25.00
\n 22.45 Mercurio 30.00
\n 23.00 Aval de certificados de conformidad de productos sujetos\n a control de países que tienen convenio de reconocimiento\n mutuo

\n\n

 

\n\n

20.00

\n\n

24.00
\n CERTIFICACION DE SISTEMAS DE LA CALIDAD (DECRETO No. 578)

\n 24.01 PREAUDITORIA DE CERTIFI-CACION día auditor (opcional)\n
\n 250.00
\n 24.02 AUDITORIA DE CERTIFICACION día auditor
\n 300.00
\n 24.03 AUDITORIA DE PRIMER SEGUIMIENTO ANUAL día auditor\n
\n 300.00
\n 24.04 AUDITORIA DE SEGUNDO SEGUIMIENTO ANUAL día auditor\n
\n 300.00
\n 24.05 AUDITORIA DE RENOVACION día auditor
\n 300.00
\n 24.00 NOTA: Se añadirán los costos de viáticos\n y pasajes de los auditores

\n\n

Segundo.- Los precios de las tarifas se incrementarán\n según la variación de los costos de transporte\n y viáticos.

\n\n

El Director General en los casos de excepción debidamente\n justificados modificará los valores de las tarifas establecidas\n en esta resolución.

\n\n

Tercero.- Comuníquese al Director de Area Técnica\n Desarrollo Organizacional y a los directores de Area, incluyéndose\n a los delegados de las regionales de Guayas, Azuay y Chimborazo,\n para su aplicación inmediata.

\n\n

Cuarto.- Esta resolución entra en vigencia desde\n esta fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro\n Oficial.

\n\n

Quinto.- Deróganse las siguientes resoluciones:\n Nos. 002 de 2002-02-O 1; 003 de 2003-02-04; 005 de 2002-02-27;\n 006 de 2002-03-15 y 007 de 2002-03-26.

\n\n

 

\n\n

Comuníquese.

\n\n

 

\n\n

Dado en Quito, Distrito Metropolitano al 2003-04-01 las 10h30.

\n\n

f.) Felipe Urresta, Ing. Civil, M. Sc. Director General.
\n

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

No. 46-2003

\n\n

Dentro del juicio verbal sumario No.\n 162-2002 que, por amparo posesorio, sigue Gloria María\n de Jesús Paladines Macas en contra de Darwin Norberto\n Paladines Vélez, se ha dictado lo que sigue:

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n PRIMERA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

\n\n

Quito, 17 de febrero de 2003; las 09h40.

\n\n

VISTOS: Darwin Norberto Paladines Vélez interpone recurso\n de hecho, por habérsele negado el de casación que\n interpusiera de la sentencia dictada por la Segunda Sala de la\n Corte Superior de Justicia de Machala, dentro del juicio verbal\n sumario que, por amparo posesorio, sigue en su contra Gloria\n Maria de Jesús Paladines Macas. Concedido el recurso y\n elevado el expediente a la Corte Suprema de Justicia, por el\n sorteo de ley correspondió su conocimiento a esta Primera\n Sala de lo Civil y Mercantil, que lo admitió a trámite.\n Concluido éste, para resolver se considera: PRIMERO.-\n El recurrente funda el recurso en las causales primera y tercera\n previstas en el artículo 3 de la Ley de Casación\n y afirma que en la Sentencia impugnada se han infringido los\n artículos 107 y 696 y siguientes (?) del Código\n de Procedimiento Civil, en concordancia con los artículos\n 982, 988 y 989 del Código Civil. SEGUNDO.- Se examinará\n en primer lugar la acusación de que la sentencia incurre\n en el vicio establecido en la causal tercera del artículo\n 3 de la Ley de Casación, es decir, la "aplicación\n indebida, falta de aplicación o errónea interpretación\n de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración\n de la prueba, siempre que hayan conducido a una equivocada aplicación\n o a la no aplicación de normas de derecho en la sentencia\n o auto". Como lo señala en forma terminante está\n norma legal, quien alega esta causal como fundamento del recurso\n debe determinar con exactitud cuáles son los preceptos\n jurídicos aplicables a la valoración de la prueba,\n o que no han sido aplicados, o que han sido aplicados indebidamente,\n o que se han interpretado en forma errónea, especificando\n cuál de estos tres posibles vicios es el supuestamente\n cometido; y debe determinar asimismo cuáles son las pruebas\n concretas que han sido valoradas indebidamente en virtud de la\n infracción legal acusada, de manera tal que hayan conducido\n a una equivocada aplicación o no aplicación en\n la sentencia de normas sustanciales de derecho. Pero el recurrente\n no hace nada de esto: se queja en forma general de que las abundantes\n pruebas que ha actuado no han sido consideradas, que se ha obrado\n con total desconocimiento o dedicatoria en contra de ley expresa,\n que ha desmentido con pruebas la dolosa pretensión de\n la actora, etcétera, etcétera, pero ninguna de\n tales acusaciones ha sido precisada como corresponde. En definitiva\n se muestra inconforme con la forma en que el Tribunal ad quem\n ha valorado las pruebas y pretende que la Sala de Casación\n haga una nueva valoración de ellas, actividad vedada dentro\n del trámite de un recurso de casación, pues, como\n es suficientemente claro, la valoración de la prueba es\n una potestad del Tribunal de instancia. Solamente en el caso\n de que las conclusiones a las que arriba dicho Tribunal fueran\n absurdas o arbitrarias, podría la Sala de Casación\n proceder a corregir dicho error, pues se estarían infringiendo\n las reglas de la sana crítica, que es la metodología\n que deben emplear los jueces en la valoración de la prueba,\n por así disponerlo el artículo 119 del Código\n de Procedimiento Civil. Tampoco señala, para justificar\n su alegación de que se ha infringido el artículo\n 696 del Código de Procedimiento Civil, cuáles serían\n las pruebas impertinentes, en relación a las cuestiones\n que se debaten en una acción posesoria, que se habrían\n actuado en el proceso, ni de qué manera se han incumplido\n las disposiciones de los artículos 988 y 989 del Código\n Civil, que habrían conducido a la infracción del\n artículo 982 del mismo código. Por estas razones\n esta acusación debe desecharse. TERCERO.- La otra acusación\n que puntualiza el recurrente se refiere a la presunta infracción\n del artículo 107 del Código de Procedimiento Civil,\n cuyo texto dice: "La falta de contestación a la demanda,\n o de pronunciamiento expreso sobre las pretensiones del actor,\n será apreciada por el Juez como indicio en contra del\n demandado, y se considerará como negativa simple de los\n fundamentos de la demanda, salvo disposición contraria".\n Afirma que existe errónea interpretación de las\n normas de derecho "porque se considera improcedente el hecho\n de que la falta de contestación a la demanda en la respectiva\n audiencia, y no se considera como negativa pura y simple".\n Lo que al respecto se expresa en la sentencia, en el segundo\n considerando, es lo siguiente: "...el demandado no concurrió\n a la audiencia de conciliación, por lo que no opuso excepciones\n a la demanda cuyo silencio el juez lo ha interpretado como negativa\n simple y llana del conformidad con el Art. 107 del Código\n de Procedimiento Civil, pero ocurre que en esta clase juicios\n de conservación y recuperación de la posesión\n y al tenor del Art. 700 del mismo cuerpo legal no se podrán\n alegar sino las siguientes excepciones: haber tenido la posesión\n de la cosa en el año inmediato anterior; haberla obtenido\n de un modo judicial; haber precedido otro despojo causado por\n el mismo actor, antes de un año contado hacia atrás\n desde que se propuso la demanda; haber prescrito la acción\n posesoria, y ser falso el atentado contra la posesión.\n En el presente caso, el demandado no ha deducido ninguna de estas\n excepciones, excepto quizá la última, que tampoco\n se planteé de modo completo y concreto, pues, se insiste,\n guardó silencio al momento de concurrir a la audiencia\n de conciliación". Es indudable que con este razonamiento\n no se está interpretando erróneamente las normas\n de derecho. Por el contrario, la Segunda Sala de la Corte Superior\n de Justicia de Machala ha relacionado correctamente el artículo\n 107 con el artículo 700, ambos del Código de Procedimiento\n Civil. En efecto, el primero de dichos artículos contiene\n una fórmula general para el caso frecuente de que el demandado\n no conteste a la demanda y señala que su silencio, que\n es un indicio en su contra, debe interpretarse como negativa\n simple de los fundamentos de la demanda, lo cual implica que\n el demandado no está obligado a producir pruebas y que\n deja toda la carga de la prueba en manos del actor, conforme\n al artículo 117 del mismo código. Pero estas disposiciones;\n para el caso especialísimo de los juicios de conservación\n y recuperación de la posesión, deben relacionarse\n con lo qué establece el ya citado artículo 700:\n en estos juicios solo se pueden proponer determinadas excepciones\n enumeradas taxativamente. Ahora bien estas excepciones, salvo\n la última, contienen afirmaciones (haber tenido la posesión\n de la cosa en el año inmediato anterior; haberla obtenido\n de un modo judicial; haber precedido otro despojo causado por\n el mismo actor, haber prescrito la acción posesoria) que\n de ninguna manera pueden ser asimiladas a una negativa simple\n de los fundamentos de la demanda; sólo la última\n de las excepciones aceptables legalmente en estos juicios constituye\n una negativa: ser falso el atentado contra la posesión.\n Hay que entender que si la litis se trabé en tales términos,\n cualquier otra alegación del demandado resulta impertinente.\n CUARTO.- En virtud de la regla del artículo 117 del Código\n Procesal, a la actora le tocaba probar los dos hechos en los\n que se fundamenta la acción posesoria que plantea: haber\n sido poseedora al menos durante un año del inmueble en\n cuestión y haber sido privada de dicha posesión\n por el demandado. En la sentencia recurrida, el Tribunal de instancia\n considera que la actora si ha probado las afirmaciones contenidas\n en su acción, convicción a la que ha llegado en\n pleno ejercicio de sus atribuciones y que la Sala de Casación\n no puede revisar, pues ni se revela como una conclusión\n absurda o arbitraria, ni, como se señala anteriormente,\n el recurrente ha precisado qué preceptos jurídicos\n aplicables a la valoración de la prueba han sido vulnerado\n ni en qué habría consistido tal infracción.-\n Por tales consideraciones, esta Primera Sala de lo Civil y Mercantil\n de la Corte Suprema de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE\n DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, no casa la sentencia\n dictada por la Segunda Sala de la Corte Superior de Justicia\n de Machala, dentro del juicio verbal sumario que, por amparo\n posesorio, sigue Gloria Maria de Jesús Paladines Macas\n en contra de Darwin Norberto Paladines Vélez. Entréguese\n el valor de la caución a la parte perjudicada por la demora.\n Notifíquese, publíquese y devuélvase.

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Fdo.) Dres. Santiago Andrade Ubidia, Galo Galarza Paz y Ernesto\n Albán Gómez, Ministros Jueces.

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Dra. Isabel Garrido Cisneros, Secretaria Relatora.

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RAZON: Es fiel copia de su original.- Certifico.- Quito, 17\n de febrero de 2003.

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f.) Dra. Isabel Garrido Cisneros, Secretaria Relatora, Primera\n Sala de lo Civil y Mercantil, Corte Suprema.

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No. 47-2003

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Dentro del juicio ordinario por prescripción\n extraordinaria adquisitiva de dominio No. 238-2002, que sigue\n Yolanda Estrella Narea Alarcón en contra de Oswaldo Narea\n Alarcón, se ha dictado lo siguiente:

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n PRIMERA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

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Quito, 17 de febrero de 2003; las 09h58.

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VISTOS: Luis Oswaldo Narea Alarcón deduce recurso de\n casación contra la sentencia dictada por la Tercera Sala\n de la Corte Superior de Portoviejo, en el juicio que le sigue\n Yolanda Estrella Narea Alarcón en contra del recurrente.\n Aduce que en la sentencia se han infringido: el artículo\n 107 del Código de Procedimiento Civil y los artículos\n 16, 24, 734, 747, 748, 751, 2423, 2424 y 2430 del Código\n Civil, infracciones que las ubica en la causal primera del artículo\n 3 de la Ley de Casación. Por concedido el recurso, sube\n a la Corte Suprema de Justicia y, por el sorteo de ley, se radica\n la competencia en esta Primera Sala de lo Civil y Mercantil,\n la que en providencia de 22 de octubre de 2002 lo admite a trámite.\n Concluida la sustanciación, atento el estado de la causa,\n para resolver se considera: PRIMERO.- El recurrente acusa a la\n sentencia de quebrantar el artículo 107 del Código\n de Procedimiento Civil, con el argumento de que no ha sido tomado\n en cuenta en la sentencia lo dispuesto en este artículo\n de que la falta de contestación a la demanda se considerará\n como negativa simple de los fundamentos de la misma. Al respecto\n es necesario recordar que una sentencia adolece de alguno de\n los vicios establecidos en la causal primera del artículo\n 3 de la Ley de Casación cuando quebranta o infringe una\n norma de derecho sustancial o material, siempre que ese quebranto\n haya sido determinante de su parte dispositiva. En consecuencia,\n para que sea procedente el recurso de casación, su fundamentación\n debe cumplir esencialmente estos requisitos: 1.- Citar la norma\n o normas sustanciales o materiales que, a juicio del recurrente,\n han sido transgredidas en la sentencia; y, 2.-Demostrar, con\n lógica jurídica, cómo la infracción\n de esa norma ha sido determinante en la parte resolutiva.- En\n la acusación antedicha, el recurrente incumple ambos requisitos;\n puesto que no cita norma sustancial alguna (cita una norma procesal,\n el artículo 107 del Código de Procedimiento Civil),\n y no da la menor explicación para justificar en qué\n forma ha sido determinante en la parte resolutiva o decisoria\n de la sentencia el quebranto del artículo citado. Por\n estas razones tal acusación deviene improcedente. SEGUNDO.-\n El recurrente acusa a la sentencia de que así mismo adolece\n del vicio previsto en la causal primera del artículo 3\n de la Ley de Casación, porque a su entender, se han quebrantado\n los artículos 16, 24, 734, 747, 748. 751, 2423, 2424 y\n 2430 del Código Civil. En la fundamentación de\n esta acusación afirma que con las pruebas incorporadas\n al proceso sobre los hechos debatidos se ha demostrado lo siguiente:\n 1.- Que el recurrente es el titular del derecho de dominio cuya\n prescripción pretende Yolanda Estrella Narea Alarcón;\n derecho de dominio que lo adquirió por compraventa otorgada\n por su madre Matilde Aurora Valencia Bello, mediante título\n adquisitivo legalmente inscrito en el Registro de la Propiedad\n de Portoviejo; 2.- Que originalmente la poseedora del inmueble\n fue su madre anteriormente mencionada, y luego el recurrente\n al adquirir el dominio del predio por el modo llamado tradición.\n Agrega, que en virtud de lo dispuesto por el artículo\n 2424 del Código Civil, en relación con el artículo\n 751 del mismo código, la posesión de su madre se\n suma a la de él; 3.- Que la actora, Yolanda Estrella Narea\n Alarcón, fue solamente una tenedora del inmueble en calidad\n de arrendataria, y además porque los actos de mera facultad\n y la mera tolerancia no dan fundamento a prescripción\n alguna conforme dispone el artículo 2423 del Código\n Civil; y, 4.-Que contra título inscrito, como el que ostenta\n el demandado no ha lugar la prescripción declarada en\n sentencia a favor de la actora. Sobre esta acusación se\n hacen los siguientes análisis. TERCERO.- Como esta Sala\n ha expresado en numerosas resoluciones, la causal primera del\n artículo 3 de la Ley de Casación es la llamada\n por la doctrina de violación directa, porque en la sentencia\n se llega a la violación de la norma sustancial o material\n derechamente, sin pasar antes por la violación de la norma\n procesal que regula la valoración de la prueba concerniente\n a los hechos debatidos. Más aún, quien interpone\n el recurso de casación por la causal primera del artículo\n 3 de la ley de la maten está reconociendo como acertadas\n o verdaderas las conclusiones que sobre los hechos ha arribado\n el Tribunal ad quem. Para mayor claridad del tema, se transcribe\n lo que afirma el tratadista colombiano Humberto Murcia BaIlén,\n cuando dice: "Como ya lo anticipamos, la violación\n directa de la norma sustancial se da cuando ésta se infringe\n derecha o rectamente, vale decir, sin consideración\n a la prueba de los hechos. Emana, por tanto, de los errores\n sobre la existencia, validez y alcance del precepto legal que\n trasciende a la parte resolutiva de fallo; de ahí que\n la doctrina hable en tales supuestos de error jures in judicando,\n o error puramente jurídico, por oposición, al error\n facti in judicando, que es el que nace de la falsa apreciación\n de los hechos... Si, como lo hemos dicho y repetido, es de la\n esencia del quebranto directo de la ley sustancial el que éste\n se produzca por un yerro juris in judicando, o sea que a la inaplicación,\n a la aplicación indebida o a la interpretación\n equivocada llega el Juez en su sentencia, pero prescindiendo\n de las conclusiones que saque sobre la cuestión fáctica,\n impónese aceptar, para rendirle tributo a la lógica,\n que en los ataques a una sentencia en casación, fundados\n en violación directa de normas jurídicas sustanciales,\n resultan claramente improcedentes las censuras sobre el análisis\n probatorio... Corolario obligado de lo anterior es el de\n que, en la demostración de un cargo por violación\n directa, el recurrente no puede separarse de las conclusiones\n a que en la tarea del examen de los hechos haya llegado el Tribunal.\n En tal evento, la actividad dialéctica del impugnador\n tiene que realizarse necesaria y exclusivamente en torno a los\n textos legales sustanciales que considere no aplicados, o aplicados\n indebidamente, o erróneamente interpretados; pero, en\n todo caso, con absoluta prescindencia de cualquier consideración\n que implique discrepancia con el juicio que el sentenciador haya\n hecho en relación con las pruebas" (Recurso de\n Casación Civil. Tercera Edición. Editorial Librería\n El Foro de la Justicia. 1983. págs. 318, 319 y 321). En\n razón de lo dicho, esta Sala se limita a realizar una\n confrontación entre las conclusiones sobre los hechos\n de la sentencia dictada por la Tercera Sala de la Corte Superior\n de Portoviejo y las normas materiales o sustanciales que el recurrente\n aduce han sido quebrantadas en la sentencia. En la sentencia\n dictada por dicho órgano jurisdiccional, se expresa de\n manera clara que de las pruebas aportadas por la actora al proceso,\n que son las declaraciones testimoniales de Ramón Acun\n Zamora, Antonio Daniel Lindao Pachay y Elizabeth Zamora Saltos;\n los documentos emitidos por instituciones educativas, por la\n Empresa Estatal de Telecomunicaciones, y por la Empresa de Agua\n Potable y Alcantarillado de Manta, y la inspección judicial\n practicada en segunda instancia, el Tribunal ad quem ha llegado\n al convencimiento que la actora ha tenido el inmueble con ánimo\n de señora y dueña, es decir ha sido poseedora,\n por el tiempo de más de quince años. Es obvio que\n habiendo la Tercera Sala de la Corte Superior de Portoviejo extraído\n la conclusión de que la actora era poseedora del inmueble\n y desestimado la alegación del demandado de que era una\n simple tenedora, no podía aplicar los artículos\n 748 y 2423 que se refieren a la mera tenencia. Posesión,\n dice el artículo 734 del Código Civil, "es\n la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor\n o dueño, sin que el dueño o el que se le da por\n tal tenga la cosa por si misma, o bien por otra persona en su\n lugar y a su nombre". El artículo transcrito recoge\n la teoría de Savigny, según la cual la posesión\n supone la existencia de dos elementos esenciales: el corpus y\n el animus. El corpus es el elemento físico de la posesión.\n Supone el contacto material o manual; pero en la práctica,\n ese contacto no es indispensable, porque una persona puede ser\n poseedora de muchos bienes y sólo tiene posibilidades\n de mantener contacto directo e inmediato con poco de ellos; de\n ahí, que lo que verdaderamente convierte en poseedora\n a una persona es la posibilidad material de hacer de la cosa\n lo que se quiera, impidiendo toda ingerencia extraña.\n El animus significa que para que una persona sea reputada poseedora,\n es necesario que tenga una cosa con ánimo de dueña.-\n La tenencia o mera tenencia, en cambio, es aquella en que una\n persona tiene en su poder una cosa pero reconociendo en otra\n el derecho de posesión. Es decir, mientras el poseedor\n tiene el corpus y el animus, el tenedor tiene solo el corpus.\n En razón de que el animus es un elemento subjetivo la\n intención de poseer una cosa como propietario no tiene\n relevancia jurídica sino se traduce en hechos. Es pues\n la conducta del tenedor- o poseedor lo que revelará cual\n de estos dos títulos ostenta, y así, el elemento\n subjetivo se transforma en objetivo. El poseedor para probar\n el animus, basta que demuestre que se comporta exteriormente\n respecto del bien como lo hace normalmente el propietario, que\n ostenta cierto señorío de hecho sobre el bien.\n Por otro lado, si la sentencia declara que la actora es la poseedora\n del inmueble, por lógica está desestimando que\n el demandado sea el poseedor y, por lo mismo, no podía\n haber aplicado el artículo 751 del Código Civil,\n que se refiere a la acumulación de posesiones, que dispone:\n "la posesión del sucesor comienza en él, ora\n suceda en título universal o singular; a menos que quiera\n añadir la de su antecesor a la suya; pero en tal caso,\n se la apropia con sus calidades y vicios. Podrá agregarse,\n en los mismo términos, a la posesión propia la\n de una serie no interrumpida de antecesores...". CUARTO.-\n Según el artículo 2422 del Código Civil,\n se gana por prescripción el dominio de los bienes corporales\n raíces o muebles, que están en el comercio humano\n y se han poseído con los requisitos legales.- La posesión\n de un bien, por lo común, lo ostenta el propietario o\n titular del derecho de dominio de ese bien; pero hay casos en\n que el propietario no está en posesión de aquel\n sino otra persona. Para recuperar esa posesión, la ley\n le concede al propietario la acción reivindicatoria prevista\n en el artículo 953 del Código Civil, que es de\n este tenor: "la reivindicación o acción de\n dominio es la que tiene el dueño de una cosa singular,\n de que no está en posesión, para que el\n poseedor de ella sea condenado a restituírsela. Sucede\n muchas veces que el propietario no ejercita la acción\n reivindicatoria, la posesión de la otra persona dura quince\n años o más, entonces el poseedor pasa a ser propietario\n del bien por el modo de adquirir llamado prescripción\n extraordinaria. En el presente juicio no se a controvertido que\n Oswaldo Narea Alarcón sea el titular del derecho del dominio\n del inmueble objeto del juicio, por lo cual se le considera legítimo\n contradictor; pero esa calidad de propietario la ha perdido,\n porque según la conclusión a que llega la sentencia\n recurrida, la actora ha sido poseedora del inmueble por el lapso\n de más de quince años señalado por el artículo\n 2435 del Código Civil y consiguientemente, se ha operado\n a su favor la prescripción adquisitiva de dominio del\n inmueble y, correlativamente se ha extinguido el derecho de propiedad\n que tenía el demandado. QUINTO.- El Código Civil\n contempla dos clases de prescripciones adquisitiva de dominio:\n la ordinaria y la extraordinaria, cada una con características\n propias y distintas. Contra un título inscrito no tendrá\n lugar la prescripción ordinaria, conforme dispone el artículo\n 2430 del Código Civil; pero en cambio cabe la prescripción\n extraordinaria contra título inscrito, conforme dispone\n la regla 1ª del artículo 2434 del Código\n Civil.- En la sentencia recurrida se declara la prescripción\n extraordinaria, por lo tanto, mal podía haber aplicado\n el artículo 2430 del código anteriormente citado.-\n El artículo 16 del Código Civil se refiere a la\n forma de los instrumentos públicos y el artículo\n 24 a la filiación y la correspondiente maternidad o paternidad,\n asuntos que no han sido debatidos en este juicio y que, por ende\n no podían ser aplicadas aquellas normas en la sentencia.\n SEXTO.- Por cierto, el litigante agraviado puede impugnar la\n sentencia por yerros en la valoración probatoria, pero\n acogiéndose a la causal tercera del artículo 3\n de la Ley de Casación. Esta causal no ha sido invocada\n por el recurrente en la fundamentación de su recurso,\n la misma que se concreta exclusivamente a acusar a la sentencia\n de los vicios señalados en la causal primera. En esta\n virtud esta Sala no puede emitir pronunciamiento alguno sobre\n yerros en la valoración probatoria, en razón que\n de acuerdo con el principio dispositivo que gobierna el recurso\n de casación, es el propio recurrente quien a través\n de la fundamentación del recurso de casación establece\n los limites dentro de los cuales debe desenvolverse el Tribunal\n de Casación al momento de emitir el fallo correspondiente,\n limites que de ninguna manera pueden ser rebasados por la Sala\n Especializada de Casación. Por las consideraciones expuestas,\n la Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de\n Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y\n POR AUTORIDAD DE LA LEY, no casa la sentencia dictada por la\n Corte Superior de Portoviejo, en el juicio de prescripción\n extraordinaria adquisitiva de dominio propuesto por Yolanda Narea\n Alarcón en contra de Oswaldo Narea Alarcón. Sin\n costas. Notifíquese y devuélvase.

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Fdo.) Dres. Santiago Andrade Ubidia, Galo Galarza Paz y Ernesto\n Albán Gómez, Ministros Jueces.

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Esta copia es igual a su original.- Certifico.- Quito, 17\n de febrero de 2003.

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f.) Dra. Isabel Garrido Cisneros, Secretaria Relatora.

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