Registro Oficial. 21 de ABRIL del 2003

Lunes, 21 de abril de 2003

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

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   MES DE ABRIL DEL 2003
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Lunes, 21 de abril del 2003 - R. O. No. 65

\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n

DR. JORGE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR

\n\n

FUNCION\n EJECUTIVA

\n\n

ACUERDOS:

\n\n

MINISTERIO\n DE OBRAS PUBLICAS:

\n\n

Déjanse insubsistentes\n y desígnanse a varias personas como representantes principales\n y alterno del señor Ministro:

\n\n

034 Señor Juan Enrique Pérez\n Delgado ante Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar

\n\n

035 Ing. Renán Valdivieso\n Grijalva ante el Consejo Nacional de Recursos Hídricos

\n\n

036 lng. José Luis Carrera\n Falcón ante el Consejo Nacional de Recursos Hídricos

\n\n

037 Estuardo Aníbal Escobar\n Escobar ante el Consejo Nacional de Estadística y Censos

\n\n

038\n lng. Wilson\n Jácome Enríquez ante el Consejo Nacional de Estadística\n y Censos

\n\n

039\n Doctor Henry\n Guillermo Terán Bermeo ante la Comisión Especial\n de Límites Internos de la República "CELIR"

\n\n

040 Ing. Tito Torres Merizalde\n ante la Comisión Especial de Límites Internos de\n la República "CELIR"

\n\n

041 lng. Leopoldo Ocampo Andrade ante Autoridad\n Portuaria de Manta

\n\n

042 Ing. Manuel Patricio Pugarín\n Díaz ante Autoridad Portuaria de Manta

\n\n

043 lng. Francisco Santiago Hidalgo\n del Valle ante Autoridad Portuaria de Manta

\n\n

FUNCION\n JUDICIAL

\n\n

CORTE\n SUPREMA DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL:

\n\n

Recursos de casación\n en los juicios seguidos por las siguientes personas:

\n\n

349-2002 Realbebidas S.A. en contra\n del econo-mista Rolando Mancero Morales

\n\n

360-2002 Miguel Daniel Sánchez\n Ruiz en contra de Hilda Felicidad Macías García\n Vda. de Macías

\n\n

17-2003\n Luis Chancusig\n Defaz en contra de Manuel Coronel Zúrita y otra

\n\n

23-2003 Rosa Delia Espinoza Peña\n en contra de Félix Roberto Arévalo Villacís\n

\n\n

25-2003 Luis Heriberto Tituaña\n Montaño y otra en contra de Gonzalo Amandino Ramón\n Tituaña y otra

\n\n

27-2003 Ruth Carmen Díaz y otro\n en contra de Jorge Peralta Torres y otros

\n\n

28-2003\n María\n Fabiola Acosta Montúfar en contra de Ana Leticia Gamba\n Vaca

\n\n

34-2003 Pablo Nardi Puente en contra\n de Pinturas Ecuatorianas PINTEC S.A

\n\n

36-2003 Segundo Moreno Avilés\n en contra de María Esther Pachacama Caiza

\n\n

37-2003 Víctor Paredes Villafuerte\n en contra de Octavio Sarmiento Martínez

\n\n

39-2003 Cecilia Gavilánez Fiallo\n en contra de Elena Guevara Alvarez

\n\n

ACUERDO\n DE CARTAGENA

\n\n

RESOLUCION:

\n\n

701 Destitución de funcionario por\n causal de falta grave

\n\n

ORDENANZA\n MUNICIPAL:

\n\n

- Cantón Mocache: Que establece la tasa por el\n servicio de alumbrado público\n

\n \n
\n

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\n\n

Nº\n 034

\n\n

EL MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y
\n COMUNICACIONES

\n\n

Considerando:

\n\n

Que mediante Ley Nº 290 del 12 de abril de 1976, publicada\n en el Registro Oficial Nº 67 del 15 de los mismos mes y\n año, los directorios de autoridades portua-rias estarán\n integrados entre otras instituciones por un representante principal\n y un suplente, designado por el Ministro de Obras Públicas\n y Comunicaciones; y,

\n\n

En uso de las atribuciones legales que le asiste,

\n\n

Acuerda:

\n\n

ARTICULO UNICO.- Designar al señor Juan Enrique\n Pérez Delgado, como representante alterno del señor\n Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones ante Autoridad\n Portuaria de Puerto Bolívar.

\n\n

Comuníquese y publíquese.- Dado en la ciudad\n de Quito, a 10 de febrero de 2003.

\n\n

f.) Ing. Estuardo Peñaherrera Gallegos, Ministro de\n Obras Públicas y Comunicaciones.
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Nº 035

\n\n

EL MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

\n\n

Considerando:

\n\n

Que mediante Acuerdo Ministerial Nº 058 del 8 de septiembre\n de 2000, se designó al señor Ing. Renán\n Valdivieso Grijalva, como representante del señor Ministro\n de Obras Públicas y Comunicaciones, ante el Consejo Nacional\n de Recursos Hídricos (CNRH); y,

\n\n

En uso de las atribuciones legales que le asiste,

\n\n

Acuerda:

\n\n

ARTICULO UNO.- Dejar insubsistente la designación\n del señor Ing. Renán Valdivieso Grijalva, como\n representante del señor Ministro de Obras Públicas\n y Comunicaciones ante el Consejo Nacional de Recursos Hídricos\n (CNRH).

\n\n

ARTICULO DOS.- Dejar constancia de reconocimiento a\n la gestión ante dicho organismo.

\n\n

Comuníquese y publíquese.

\n\n

Dado en la ciudad de Quito, a 10 de febrero de 2003.

\n\n

f.) Ing. Estuardo Peñaherrera Gallegos, Ministro de\n Obras

\n\n

Públicas y Comunicaciones.

\n\n

 

\n\n

Nº 036

\n\n

EL MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

\n\n

Considerando:

\n\n

Que mediante Decreto Ejecutivo Nº 569, publicado en el\n Registro Oficial Nº 156 del 5 de septiembre de 2000 en su\n Art. 1, determina que el Consejo Nacional de Recursos Hídricos\n (CNRH) estará integrado por un representante del señor\n Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones; y,

\n\n

En uso de las atribuciones legales que le asiste,

\n\n

Acuerda:

\n\n

ARTICULO UNICO.- Designar al señor Ing. José\n Luis Carrera Falcón, como representante del señor\n Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones ante el Consejo\n Nacional de Recursos Hídricos (CNRH).

\n\n

Comuníquese y publíquese.

\n\n

Dado en la ciudad de Quito, a 10 de febrero de 2003.

\n\n

f.) Ing. Estuardo Peñaherrera Gallegos, Ministro de\n Obras Públicas y Comunicaciones.
\n

\n\n

 

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Nº 037

\n\n

EL MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

\n\n

Considerando:

\n\n

Que mediante Acuerdo Ministerial Nº 072 del 22 de noviembre\n de 2000, se designó al señor Ing. Estuardo Aníbal\n Escobar Escobar, como representante principal del señor\n Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones ante el Consejo\n Nacional de Estadística y Censos; y,

\n\n

En uso de las atribuciones legales que le asiste,

\n\n

Acuerda:

\n\n

ARTICULO UNO.- Dejar insubsistente la designación\n del señor Ing. Estuardo Aníbal Escobar Escobar,\n como representante principal del señor Ministro de Obras\n Públicas y Comunicaciones ante el Consejo Nacional de\n Estadística y Censos.

\n\n

ARTICULO DOS.- Dejar constancia de reconocimiento a\n la gestión ante dicho organismo.

\n\n

Comuníquese y publíquese.

\n\n

Dado en la ciudad de Quito, a 11 de febrero de 2003.

\n\n

f.) Ing. Estuardo Peñaherrera Gallegos, Ministro de\n Obras Públicas y Comunicaciones.

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Nº 038

\n\n

EL MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

\n\n

Considerando:

\n\n

Que mediante Ley de Estadística y Censos 323 de 27\n de abril de 1976, Registro Oficial Nº 82 de mayo 1976, reformado\n DS 406-20 de 1976-09-6-DS-2693, Registro Oficial Nº 639\n de 31 de julio de 1978, se crea el Consejo Nacional de Estadística\n y Censos, siendo parte de este organismo un representante del\n Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones; y,

\n\n

En uso de las atribuciones legales que le asiste,

\n\n

Acuerda:

\n\n

ARTICULO UNICO.- Designar al señor lng. Wilson\n Jácome Enríquez, como representante principal del\n señor Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones\n ante el Consejo Nacional de Estadística y Censos.

\n\n

Comuníquese y publíquese.

\n\n

Dado en la ciudad de Quito, a 11 de febrero de 2003.

\n\n

f.) Ing. Estuardo Peñaherrera Gallegos, Ministro de\n Obras Públicas y Comunicaciones.
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Nº 039

\n\n

EL MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

\n\n

Considerando:

\n\n

Que mediante Decreto Supremo Nº 189, publicado Registro\n Oficial 291 del 9 de marzo de 1977, se crea la Comisión\n Especial de Límites Internos de la República "CELIR"\n y estará integrada por un representante del señor\n Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones; y

\n\n

En uso de las atribuciones legales que le asiste,

\n\n

Acuerda:

\n\n

ARTICULO UNICO.- Designar al señor doctor Henry\n Guillermo Terán Bermeo, como representante del señor\n Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones ante la \n Comisión Especial de Límites Internos de la República\n "CELIR".

\n\n

Comuníquese y publíquese.

\n\n

Dado en la ciudad de Quito, a 11 de febrero de 2003

\n\n

f.) lng. Estuardo Peñaherrera Gallegos Ministro de\n Obras Públicas y Comunicaciones.

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Nº 040

\n\n

EL MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

\n\n

Considerando:

\n\n

Que mediante Acuerdo Ministerial Nº 0002 del o de 1998,\n se designó al señor Ing. Tito Torre Merizalde como\n representante del señor Ministro de Obra Públicas\n y Comunicaciones, ante la Comisión Especial Internos de\n la República "CELIR", y.

\n\n

En uso de las atribuciones legales que le asiste.

\n\n

Acuerda:

\n\n

ARTICULO UNO.- Dejar insubsistente la designación\n del señor Ing. Tito Torres Merizalde, como represen señor\n Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones Comisión\n Especial de Límites Internos de la República "CELIR".

\n\n

ARTICULO DOS.- Dejar constancia de reconocimiento a\n la gestión ante dicho organismo.

\n\n

Comuníquese y publíquese.

\n\n

Dado en la ciudad de Quito, a 11 de febrero de 2003.

\n\n

f.) Ing. Estuardo Peñaherrera Gallegos, Ministro de\n Públicas y Comunicaciones.
\n

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Nº 041

\n\n

EL MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

\n\n

Considerando:

\n\n

Que mediante Ley Nº 290 del 12 de abril de 1976, publicada\n en el Registro Oficial Nº 67 del 15 de los mismos mes y\n año, los directorios de autoridades portuarias estarán\n integrados entre otras instituciones por un representante principal\n y un suplente, designado por el Ministro de Obras Públicas\n y Comunicaciones; y,

\n\n

En uso de las atribuciones legales que le asiste,

\n\n

Acuerda:

\n\n

ARTICULO UNICO.- Designar al señor Ing. Leopoldo\n Ocampo Andrade, como representante principal del señor\n Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones ante Autoridad\n Portuaria de Manta.

\n\n

Comuníquese y publíquese.

\n\n

Dado en la ciudad de Quito, a l3de febrero de 2003.

\n\n

f.) Ing. Estuardo Peñaherrera Gallegos, Ministro de\n Obras

\n\n

Públicas y Comunicaciones.

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Nº 042

\n\n

EL MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

\n\n

Considerando:

\n\n

Que mediante Ley Nº 290 del 12 de abril de 1976, publicada\n en el Registro Oficial Nº 67 del 15 de los mismos mes y\n año, los directorios de autoridades portuarias estarán\n integrados entre otras instituciones por un representante principal\n y un suplente, designado por el Ministro de Obras Públicas\n y Comunicaciones; y,

\n\n

En uso de las atribuciones legales que le asiste,

\n\n

Acuerda:

\n\n

ARTICULO UNICO.- Designar al señor Ing. Manuel\n Patricio Pugarín Díaz, como representante alterno\n del señor Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones\n ante Autoridad Portuaria de Manta.

\n\n

Comuníquese y publíquese.

\n\n

Dado en la ciudad de Quito, a 13 de febrero de 2003.

\n\n

f.) Ing. Estuardo Peñaherrera Gallegos, Ministro de\n Obras Públicas y Comunicaciones.
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Nº 043

\n\n

EL MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

\n\n

Considerando:

\n\n

Que mediante Acuerdo Ministerial Nº 04.7 del 29 de mayo\n de 2000, se designé al señor Ing. Francisco Santiago\n Hidalgo del Valle, como representante principal del señor\n Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, ante Autoridad\n Portuaria de Manta; y,

\n\n

En uso de las atribuciones legales que le asiste,

\n\n

Acuerda:

\n\n

ARTICULO UNO.- Dejar insubsistente la designación\n del señor Ing. Francisco Santiago Hidalgo del Valle, como\n representante principal del señor Ministro de Obras Públicas\n y Comunicaciones ante Autoridad Portuaria de Manta.

\n\n

ARTICULO DOS.- Dejar constancia de reconocimiento a\n la gestión ante dicho organismo.

\n\n

Comuníquese y publíquese.

\n\n

Dado en la ciudad de Quito, a 13 de febrero de 2003.

\n\n

f.) Ing. Estuardo Peñaherrera Gallegos, Ministro de\n Obras Públicas y Comunicaciones.

\n\n

 

\n\n

 

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Nº 349-2002

\n\n

ACTORA: REALBEBIDAS SA.

\n\n

DEMANDADO:\n Ec. Rolando Mancero Morales, por los derechos que representa\n de INCA KOLA DEL ECUADOR S.A.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

\n\n

Quito, a 25 de noviembre de 2002; las\n 09h30.

\n\n

VISTOS: Póngase en conocimiento de las partes la recepción\n del proceso. En lo principal, el demandado Ec. Rolando Mancero\n Morales, por los derechos que representa de INCA KOLA DEL ECUADOR\n SA., ha interpuesto recurso de casación el 14 de mayo\n de 2002, fs. 11 del cuaderno de segundo nivel, objetando la sentencia\n dictada por la Quinta Sala de la Corte Suprema de Justicia de\n Guayaquil, el 8 de abril de 2002, notificada el 10 de abril del\n mismo año, fs. 3 y 4 del cuaderno del mismo nivel, y su\n negativa de aclaración y ampliación, fs. 9 del\n mismo nivel. El fallo dictado confirma el expedido por el señor\n Juez Vigésimo Octavo de lo Civil del Guayas, aceptando\n la demanda, dentro del juicio verbal sumario que, por incumplimiento\n de obligación, sigue en su contra REALBEBIDAS SA. El recurso\n ha sido concedido el 17 de mayo de 2002, y se radicó la\n competencia por sorteo del 1 de julio de 2002. Con estos antecedentes,\n en aplicación al mandato del Art. 7 de la Ley Reformatoria\n a la Ley de Casación, publicada en el RO. Nº 39 de\n 8 de abril de 1997, corresponde pronunciarse sobre la admisibilidad\n del recurso y examinado el escrito del Ec. Rolando Mancero Morales,\n por los derechos que representa a INCA KOLA DEL ECUADOR S.A.,\n en que interpone recurso de casación, se establece: que\n reúne los requisitos de procedencia, oportunidad y legitimación\n previstos en los Arts. 2, 4 y 5 reformados de la Ley de Casación,\n más no cumple con las exigencias de formalidades prescritas\n en el Art. 6 de la indicada ley, ya que el recurrente Ec. Ronald\n Mancero Morales, por los derechos que representa a INCA KOLA\n DEL ECUADOR SA., menciona la sentencia o auto recurridos con\n individualización del proceso en que se dicté y\n las partes procesales; mas no determina las normas de derecho\n que estima infringidas, por lo que no satisface las exigencias\n requeridas por la ley para su admisibilidad, al no precisar la\n forma en la cual se han violentado dichas normas; consecuentemente,\n este Tribunal no puede establecer si se ha infringido alguna\n norma. Además, no reúne el numeral 4 de la norma\n citada, al no observarse una exposición razonada de los\n fundamentos que sirve de sustentación para la procedencia\n del recurso interpuesto. Por lo expuesto se rechaza el recurso\n de casación por falta de requisitos. Notifíquese.

\n\n

Fdo.) Dres. Bolívar Vergara Acosta, Olmedo Bermeo Idrovo,\n Bolívar Guerrero Armijos, (Ministros Jueces) y Carlos\n Rodríguez García, Secretario Relator que certifica.

\n\n

La presente copia es igual a su original.

\n\n

f.) Dr. Carlos Rodríguez García, Secretario\n Relator de la Segunda Sala Civil y Mercantil de la Corte Suprema\n de Justicia.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

\n\n

Quito, a 8 de enero de 2003; las 10h10.

\n\n

VISTOS: En atención a la petición de revocatoria\n y ampliación, se considera: PRIMERO.- Ciertamente, que\n se trata de dos planteamientos incompatibles, puesto que la revocatoria,\n dejaría sin efecto implícitamente la ampliación.\n SEGUNDO.- La revocatoria ha lugar cuando aparece totalmente equívoca\n la providencia expedida, sea en cuanto a la tramitación\n como al pronunciamiento de fondo. En la especie, no se observa\n fundamento para acceder a dejarla sin efecto. TERCERO.- La solicitud\n de ampliación sólo tiene lugar cuando no se hubiere\n resuelto alguno de los puntos de derecho o hecho que se discuten;\n en el caso, la calificación de la admisibilidad del recurso,\n en este nivel jurisdiccional, se encuentra observada en los aspectos\n que señala el Art. 9 (r) de la Ley de Casación,\n con las demás normas que menciona. No puede el justiciable\n a pretexto de solicitar ampliación de una providencia,\n pedir una explicación más extensa o presentar nuevas\n argumentaciones sobre el cumplimiento de carga procesal. En todo\n caso, el requisito de indicar las normas de derecho que estima\n infringidas, conlleva la necesidad de determinar, señalar\n o delimitar en forma indubitable, ya que no caben ambigüedades\n o generalidades para poder realizar el control de legalidad de\n la sentencia objetada. Notifíquese.

\n\n

Fdo.) Dres. Bolívar Vergara Acosta, Olmedo Bermeo Hidrovo,\n Bolívar Guerrero Armijos; (Ministros Jueces) y Carlos\n Rodríguez García, Secretario Relator que certifica.

\n\n

RAZON: Las dos copias que anteceden son auténticas,\n ya que fueron tomadas del juicio original Nº 144-2002 (kr),\n que sigue: REALBEBIDAS S.A. contra Ec1 Rolando Mancero Morales,\n por los derechos que representa de INCA KOLA DEL ECUADOR S.A.\n Resolución Nº 349-2002.

\n\n

Quito, 7 de marzo de 2003.

\n\n

f.) Dr. Carlos Rodríguez García, Secretario\n Relator de la Segunda Sala Civil y Mercantil de la Corte Suprema\n de Justicia.

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

 

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Nº 360-2002

\n\n

ACTOR: Miguel Daniel Sánchez\n Ruiz.

\n\n

DEMANDADA:\n Hilda Felicidad Macias García Vda. de Macías.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

\n\n

Quito, a 28 de noviembre de 2002; las\n 10h40.

\n\n

VISTOS: Póngase en conocimiento de las partes la recepción\n del proceso. En lo principal, el actor Miguel Daniel Sánchez\n Ruiz, ha interpuesto recurso de casación el 31 de julio\n de 2002, fs. 15 y 16 del cuaderno de segundo nivel, objetando\n la sentencia dictada por la Tercera Sala de la Corte Superior\n dé Justicia de Manabí, el 24 de julio de 2002,\n que revoca el fallo dictado por el Juez Primero de lo Civil de\n Manabí, y rechaza la demanda dentro del juicio verbal\n sumario que, por amparo posesorio, sigue en contra de Hilda Felicidad\n Macías García Vda. de Macías. El recurso\n ha sido concedido el 22 de agosto de 2002, y se radicó\n la competencia por sorteo de 9 de septiembre de 2002. Con estos\n antecedentes, en aplicación al mandato del Art. 7 de la\n Ley Reformatoria a la Ley de Casación, publicada en el\n R.O. Nº 39 de 8 de abril de 1997, corresponde pronunciarse\n sobre la admisibilidad del recurso y examinado el escrito de\n Miguel Daniel Sánchez Ruiz, en que interpone recurso de\n casación, se establece: que reúne los requisitos\n de procedencia, oportunidad y legitimación previstos en\n los Arts. 2, 4 y 5 reformados de la Ley de Casación, mas,\n no cumple con las exigencias de formalidades prescritas en el\n Art. 6 de la Ley de Casación. Pues, el recurrente únicamente\n cumple con los numerales 1, 2 y 4, mas no con lo establecido\n en el numeral 3 del mismo cuerpo legal, esto es: no satisface\n las exigencias requeridas por la ley para su admisibilidad, al\n no precisar cuál de los tres vicios que traen las causales\n 1 y 3 del Art. 3 de la ley, que él invoca, sirven de fundamento\n para interponer su recurso; puesto que éstos, son vicios\n independientes, autónomos y excluyentes, entre sí;\n pues, por regla general la falta de aplicación de unas\n normas entraña la aplicación indebida de otras.\n Y cuando se argumenta errónea interpretación excluye\n la falta de aplicación y la aplicación indebida,\n pues en este caso el impugnante admite que la norma o normas\n aplicadas son las pertinentes, pero se aduce que el Tribunal\n les atribuyó un sentido y alcance del cual carecen. En\n síntesis, no es procedente invocar dos o más vicios\n a la vez, en que incurre la sentencia impugnada, lo cual es ilógico\n y contradictorio. En consecuencia, si el recurrente no determina\n con precisión el vicio en que ha incurrido el fallo impugnado,\n incumple con los requisitos seña lados en la ley, pues\n por ser un recurso que está dirigido a remover o quebrantar\n la presunción de legalidad que ampara a toda sentencia\n o auto, la Sala de Casación no puede ocuparse en decidir\n sobre la parte sustancial del escrito de casación, ya\n que el Tribunal de Casación, no puede casar de oficio,\n por no estar contemplada en la ley. Por lo expuesto se rechaza\n dicho recurso de casación, por falta de requisitos. Notifíquese.

\n\n

Fdo.) Dres. Bolívar Vergara Acosta, Olmedo Bermeo\n Hidrovo, Bolívar Guerrero Armijos, (Ministros Jueces)\n y Carlos Rodríguez García, Secretario Relator\n que certifica.

\n\n

RAZON: La una copia que antecede es auténtica, ya\n que fue tomada del juicio original No 234-2002 (Kr), que sigue:\n Miguel Daniel Sánchez Ruiz contra Hilda Felicidad Macías\n García Vda. de Macías. Resolución Nº\n 360-2002.

\n\n

Quito, 7 de marzo de 2003.

\n\n

f.) Dr. Carlos Rodríguez García, Secretario\n Relator de la Segunda Sala Civil y Mercantil de la Corte Suprema\n de Justicia

\n\n

 

\n\n

Nº 17-2003

\n\n

ACTOR: Luis Chancusig Defaz, por los\n derechos que representa de la Federación Clasista de Trabajadores\n Cristianos de Cotopaxi.

\n\n

DEMANDADOS:\n Manuel Coronel Zurita e Hilda Elisa Trávez Cerna.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

\n\n

Quito, a 22 de enero de 2003; las 10h10.

\n\n

VISTOS Manuel Coronel Zurita e Hilda Elisa Trávez Cerna\n interponen recurso de casación, impugnando la sentencia\n dictada por los ministros de la Primera Sala de la Corte Superior\n de Latacunga (fs. 36 a 38 de segunda instancia), en el juicio\n ordinario de reivindicación, que sigue Luis Chancusig\n Defaz, por los derechos que representa de la Federación\n Clasista de Trabajadores Cristianos de Cotopaxi. Siendo el estado\n de la causa el de resolver, se considera: PRIMERO.- Esta Sala\n es competente para conocer y resolver la presente causa en virtud\n del mandato constitucional constante en el Art. 200, en relación\n con el Art. 1 de la Ley de Casación, y del sorteo de ley.\n SEGUNDO.- El ámbito de competencia dentro del cual puede\n actuar el Tribunal de Casación está delimitado\n por el propio recurrente, con la determinación exacta,\n completa y concreta de una o más causales de las contenidas\n en el Art. 3 de la Ley de Casación; sin que el Tribunal\n tenga facultades para rebasar el ámbito señalado\n en el recurso, pues no existe la casación de oficio. TERCERO.-\n El recurso se contrae a señalar que la sentencia subida\n en grado adolece del vicio de falta de aplicación de los\n Arts. 734, 2434 reglas 1ra., 2da. y 3ra; 2435 del Código\n Civil con sustento en la causal primera. Corresponde examinar\n la sentencia a fin de determinar la existencia de los vicios\n imputados. En el juicio reivindicatorio son menester tres elementos:\n 1.- El dominio o propiedad del actor; 2.- No estar en actual\n posesión; y, 3.- La singularización e identificación\n del predio reivindicado. Consta en la sentencia haberse probado\n el dominio del actor, mediante instrumento público incorporado\n a los autos; así también la actual posesión\n del demandado y la identificación del predio a través\n de la contestación a la demanda, quedando cumplidos los\n requisitos de reivindicación. El Art. 734 del Código\n Civil hace relación a la posesión, el Art. 2434\n del Código Civil a la posibilidad de adquirir los bienes\n mediante la prescripción; y, el Art. 2435 del Código\n Civil establece el tiempo necesario para la prescripción.\n Estas normas imputa el recurrente haber faltado en su aplicación,\n mas se observa: que el Tribunal ad quem en la sentencia impugnada\n manifiesta no encontrar prueba suficiente para que proceda la\n prescripción extraordinaria de dominio alegada como reconvención,\n por lo que el vicio de falta de aplicación de las normas\n anotadas anteriormente, no se halla justificado. CUARTO.- El\n casacionista alega también no ser poseedor de mala fe,\n como lo señala la sentencia impugna, no obstante, en el\n considerando noveno se señala que el demandado intentó\n acciones de prescripción extraordinaria adquisitiva de\n dominio, que le han sido adversas. Finalmente que de la prueba\n testimonial, prevalido de su condición de dirigente, se\n posesionó, del predio materia de la litis para su provecho\n personal, apareciendo mala fe, por lo cual no hay lugar al pago\n de las mejoras reclamadas. Sin necesidad de otras consideraciones,\n la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de\n Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y\n POR AUTORIDAD DE
\n LA LEY, rechaza el recurso de casación interpuesto por\n Manuel Coronel Zurita e Hilda Trávez Cerna, por falta\n de justificativo legal. Notifíquese, publíquese\n y devuélvase.

\n\n

Fdo.) Dres. Bolívar Vergara Acosta, Olmedo Bermeo Hidrovo,\n Bolívar Guerrero Armijos. (Ministros Jueces) y Carlos\n Rodríguez García, Secretario Relator que certifica.

\n\n

La presente copia es igual a su original.

\n\n

f.) Dr. Carlos Rodríguez García, Secretario\n Relator de la Segunda Sala Civil y Mercantil de la Corte Suprema\n de Justicia.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

\n\n

Quito, a 25 de febrero de 2003; las 17h00.

\n\n

VISTOS: Los demandados Manuel Coronel Zurita e Hilda Trávez\n Cerna, a fs. 11 de las actuaciones de este nivel, solicitan ampliación\n de la sentencia dictada. Para resolver, se considera: PRIMERO.-\n Por un lapsus-calami, consta en el fallo, consignada la parte\n demandada en singular, aunque menciona e identifica a las dos\n personas que tienen esa calidad, cuando lo apropiado y que se\n quiso señalar, es en plural, como obra también\n en el auto de calificación de fs. 3 de este cuaderno,\n cuando se cita a Manuel Coronel Zurita e Hilda Trávez\n Cerna, como proponentes del recurso de casación, tanto\n más que comparecen sosteniendo los mismos alegatos; igual\n como en la sección resolutiva de la sentencia, donde se\n señala que se rechaza la casación para los dos\n proponentes. Por lo expuesto, niégase lo solicitado, puesto\n que esta Sala en la resolución de 22 de enero de 2003,\n deja resuelta la - situación jurídica de los dos\n casacionistas. Notifíquese.

\n\n

Fdo.) Dres. Bolívar Vergara Acosta, Olmedo Bermeo Hidrovo,\n Bolívar Guerrero Armijos, (Ministros Jueces) y Carlos\n Rodríguez García, Secretario Relator que certifica.

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RAZON: Las tres copias que anteceden son auténticas,\n ya que fueron tomadas del juicio original Nº 314-2001 (kr),\n que sigue: Luis Chancusig Defaz, por los derechos que representa\n de la Federación Clasista de Trabajadores Cristianos de\n Cotopaxi contra Manuel Coronel Zurita e Hilda Elisa Trávez\n Cerna. Resolución Nº 17-2003.

\n\n

Quito, 7 de marzo de 2003.

\n\n

f.) Dr. Carlos Rodríguez García, Secretario\n Relator de la Segunda Sala Civil y Mercantil de la Corte Suprema\n de Justicia.

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Nº 23-2003

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ACTORA: Rosa Delia Espinoza Peña.

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DEMANDADO:\n Félix Roberto Arévalo Villacís.

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

\n\n

Quito, a 28 de enero de 2003; las 15h10.

\n\n

VISTOS: El demandado Félix Roberto Arévalo Villacís\n interpone recurso de casación (fs. 6 a 14 de segundo grado),\n objetando la legalidad de la sentencia dictada por la Primera\n Sala de la Corte Superior de Justicia de Machala, que con costas,\n confirma la dictada por el Juzgado Sexto de lo Civil de El Oro,\n sede Pasaje, que fuera recurrida por apelación (fs. 5\n y vta, de segundo grado), dentro del juicio verbal sumario que\n por terminación de contrato de arrendamiento le propusiera\n Rosa Delia Espinoza Peña, referente a un inmueble ubicado\n en esa ciudad, en las calles Juan Montalvo entre Av. Rocafuerte\n y San Martín (fs. 8 de primer grado). El recurrente sostiene\n haberse producido la violación por falta de aplicación\n de los Arts. 9, 30 y 47 de la Ley de Inquilinato, la aplicación\n indebida de los Arts. 119, 859 y 1067 del Código de Procedimiento\n Civil, falta de aplicación de las disposiciones contenidas\n en los Arts. 71, 72 y 123 del Código de Procedimiento\n Civil, y la errónea interpretación del Art. 370\n del último cuerpo legal citado, fundamentando el recurso\n en las causales 1era. y 3era. del Art. 3 de la Ley de Casación.\n Admitido a trámite el recurso, éste ha sido contestado\n en tiempo oportuno por la actora, procede resolver, al hacerlo,\n se considera: PRIMERO.- El casacionista sostiene la violación\n del trámite en este tipo de juicio según el texto\n del recurso de casación, al haberse hecho una aplicación\n indebida de los Arts. 859 y 1067 del Código de Procedimiento\n Civil, ha producido la nulidad procesal. Al respecto, se observa:\n 1.1. En los juicios de trámite verbal sumario, todo incidente\n deberá resolverse en sentencia, al tenor del Art. 859\n del nombrado ordenamiento. 1.2. La revocatoria del oficio que\n ha hecho el Juez de primera instancia, respecto a la providencia\n de 20 de noviembre de 2001 (fs. 12 vta, de primer grado), no\n puede entenderse como incidente, dado que se refiere a un error\n en la sustanciación, con apoyo en el Art. 294 del Código\n de Procedimiento Civil y solo persigue precautelar la validez\n procesal; tanto más, que, no ha sido alegada la causal\n 2da del Art. 3 de la Ley de Casación, para emitir pronunciamiento\n de nulidad procesal. SEGUNDO.- El recurrente acusa que en la\n sentencia de última instancia la falta de aplicación\n de los Arts. 71, 72 y 370 del Código de Procedimiento\n Civil, al no haber aparejado a la demanda todos los documentos\n habilitantes, y porque en ningún momento se ha legitimado\n la calidad en que comparece la actora, ya que ésta no\n es la propietaria del inmueble dado en arriendo. Estas alegaciones\n carecen de sustento legal, dado que se ha justificado el contrato\n celebrado entre los litigantes, que se haya registrado en original\n (fs. 1 y vta, de primer grado), que permite también establecer\n la calidad de arrendadora de la actora, no apareciendo configurada\n la ilegitimidad ad causam; cuanto más, que la Ley de Inquilinato\n no determina que deberá ser el propietario quien proponga\n la demanda de terminación del contrato de arrendamiento;\n unido a que la acción intentada, tiene como antecedente\n el desahucio que en tiempo oportuno efectuó tal locadora\n al arrendatario, sin que haya meditado la desocupación\n del inquilino. TERCERO.- Las disposiciones legales relativas\n a la valoración de la prueba, contenidas en los Arts.\n 119 y 123 del Código de Procedimiento Civil, que se acusa\n han sido aplicadas indebidamente, tampoco tiene razón,\n puesto que revisado el fallo cuestionado, se encuentra: que en\n la etapa probatoria tanto la actora como el demandado, se han\n limitado a reproducir lo que de autos les fuere favorable, permitiendo\n concluir: que el demandado ha sido legalmente notificado con\n la terminación del contrato de arrendamiento mediante\n el desahucio efectuado (fs. 1 a 6 de primer grado), sin que por\n el contrario el demandado haya probado las afirmaciones contenidas\n al contestar la demanda, mucho menos las excepciones propuestas.\n Por lo expuesto, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA\n Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se rechaza el recurso de casación\n interpuesto. Sin costas. Publíquese. Notifíquese.\n Cúmplase con el Art. 19 de la Ley de Casación.

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Fdo.) Dres. Bolívar Vergara Acosta, Olmedo Bermeo Hidrovo,\n Bolívar Guerrero Armijos, (Ministros Jueces) y Carlos\n Rodríguez García, Secretario Relator que certifica.

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RAZON: Las dos copias que anteceden son auténticas,\n ya que fueron tomadas del juicio original Nº 99-2002 (kr),\n que sigue: Rosa Delia Espinoza Peña contra Félix\n Roberto Arévalo Villacís. Resolución Nº\n 23-2003.- Quito, 7 de marzo de 2003.

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f.) Dr. Carlos Rodríguez García, Secretario\n Relator de la Segunda Sala Civil y Mercantil de la Corte Suprema\n de Justicia.

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Nº 25-2003

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ACTORES: Luis Heriberto Tituaña\n Montaño y Norma Esperanza Ordóñez de Tituaña.

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DEMANDADOS:\n Gonzalo Amandino Ramón Tituaña y Delia Macrina\n Jaramillo.

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

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Quito. a 3 de febrero de 2003; las 09h00.

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VISTOS: Los demandados Gonzalo Amandino Ramón Tituaña\n y Delia Macrina Jaramillo han interpuesto recurso de casación\n (fs. 38 y 39 de segundo grado), impugnando la sentencia dictada\n por la Segunda Sala de la Corte Superior de Loja (fs.3 1 a 33\n y vta, del cuaderno de segunda instancia), dentro del juicio\n ordinario de nulidad de venta que en su contra siguen Luis Heriberto\n Tituaña Montaño y Norma Esperanza Ordóñez\n de Tituaña. Encontrándose la causa en estado de\n resolver, para hacerlo, se considera: PRIMERO.- Esta Sala es\n competente para conocer y resolver la presente causa, en virtud\n de la disposición contenida en el Art. 200 de la Constitución\n Política de la República, en relación con\n el Art. 1 de la Ley de Casación, por la razón de\n sorteo de ley realizado el 11 de enero de 1999. SEGUNDO.- A fs.\n 2 del cuaderno de casación consta el auto de calificación\n de fecha 28 de septiembre de 1998, las 09h20, con el cual se\n admite a trámite el recurso interpuesto por Gonzalo Ramón\n Tituaña y Delia Macrina Jaramillo por reunir los requisitos\n de procedencia, oportunidad, legitimación y formalidades\n previstos en el Art. 6 de la Ley de Casación, es decir,\n procede por cuanto es una causa de conocimiento en conformidad\n con el Art. 2 de la ley de la materia; de oportunidad por cuanto\n ha sido interpuesto dentro del plazo previsto en el Art. 3 de\n la misma ley: de legitimación por cuanto ha sido interpuesto\n por quien al recibir sentencia contraria a sus intereses estima\n haber recibido agravio; de formalidades, en tanto y en cuanto\n en su escrito de interposición ha señalado la sentencia\n de la cual recurre, las normas de derecho que se han infringido,\n la determinación de las causales y los fundamentos del\n recurso; mas, al examinar el recurso interpuesto a fin de dictar\n sentencia, se encuentra que si bien expresa sustentar esta acción\n en las causales primera, tercera cuarta del Art. 3 de la ley\n mencionada; sosteniendo la violación de los Arts. 1501\n Inciso primero, 1502, 1759, 1725 y 173 del Código Civil;\n no obstante, la Sala se encuentra impedida de emitir sentencia\n de mérito, por cuanto los recurrentes no señalan\n en forma expresa, completa y exacta con cuál de los vicios\n que contiene la causal mencionada se ha violado la ley sustantiva,\n pues, las causales primera y tercera del Art. 3 de la ley de\n la materia contienen tres vicios que son contradictorios y excluyentes\n entre sí, pues no puede alegarse a la vez aplicación\n indebida y falta de aplicación o errónea interpretación\n de una misma norma legal; tampoco puede la Sala a su arbitrio\n establecer cuál de las normas invocadas ha sido indebidamente\n aplicada, cuál erróneamente interpretada o ha faltado\n su aplicación. La causal cuarta opera cuando en la resolución\n atacada se hubieren resuelto lo que no es materia del juicio\n o se haya omitido resolver todos los puntos de la litis; situación,\n que no ha sido justificada por los recurrentes. TERCERO.- La\n casación es un recurso extraordinario en que el recurrente\n es quien establece los limites dentro de los cuales el Tribunal\n debe conocer la impugnación a la sentencia dictada por\n el juzgador de instancia; y, siendo como es el recurso de casación\n de carácter dispositivo, este Tribunal no puede de oficio\n corregir los errores en los que hayan incurrido los recurrentes.\n Por lo expuesto, la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la\n Corte Suprema de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE\n LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, rechaza el recurso de\n casación interpuesto .por Gonzalo Amandino Ramón\n Tituaña y Delia Macrina Jaramillo, por no cumplir con\n las formalidades requeridas. Notifíquese, publíquese\n y devuélvase.

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Fdo.) Dres. Bolívar Vergara Acosta, Olmedo Bermeo Hidrovo,\n Bolívar Guerrero Armijos, Ministros Jueces y Carlos Rodríguez\n García, Secretario Relator que certifica.

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RAZON: Siento por tal que las dos copias que anteceden son\n auténticas, ya que fueron tomadas del juicio original\n Nº 1 15-98WG que siguen: Luis Heriberto Tituaña Montaño\n y Norma Esperanza Ordóñez de Tituaña contra\n Gonzalo Amandino Ramón Tituaña y Delia Macrina\n Jaramillo.

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Resolución Nº 25-2003.- Quito, 7 de marzo de 2003.

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f.) Dr. Carlos Rodríguez García, Secretario\n Relator de la Segunda Sala Civil y Mercantil de la Corte Suprema\n de Justicia.

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Nº 27-2003

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ACTORES: Ruth del Carmen Díaz\n y Manuel Nicandro Fajardo.

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DEMANDADOS:\n Jorge y Pedro Peralta Torres y María Josefina Venegas\n Ludeña.

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

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Quito, a 5 de febrero de 2003; las 09h00.

\n\n

VISTOS: Los actores Ruth del Carmen Díaz y Manuel Nicandro\n Fajardo han interpuesto recurso de casación (fojas II\n y vuelta de segundo grado), objetando la legalidad de la sentencia\n dictada por la Sala Unica de la Corte Superior de Zamora (fojas\n 10 y vuelta del segundo cuaderno), confirmatoria de la pronunciada\n por el Juez de lo Civil de cantón Nangaritza, que desecha\n la demanda, dentro del juicio ordinario de demarcación\n de linderos que han propuesto en contra de Jorge y Pedro Peralta\n Torres y Maria Josefina Venegas Ludeña, por constatarse\n "la existencia no de una línea demarcatoria sino\n de linderos técnicamente constituidos" (fojas 84\n a 86 de primer grado). Los casacionistas imputan como infringidas\n en la sentencia las disposiciones constantes en los artículos\n 898, 900, 901 del Código Civil, y de los artículos\n 273, 278 y 677 del Código de Procedimiento Civil, fundamentando\n el recurso en las causales primera y tercera del artículo\n 3 de la Ley de Casación. Corresponde resolver, para hacerlo,\n se considera: PRIMERO.- La acción de demarcación\n de linderos, que en razón de haberse demandado el restablecimiento\n por trastornos sufridos, dado que no hubo ningún arreglo,\n se ha procedido a sustanciar la causa en vía ordinaria,\n habiendo asumido la carga probatoria tanto la parte actora y\n como la demandada por plantear reconvención, en las afirmaciones\n sobre hechos que realizar, respectivamente. SEGUNDO.-La causal\n tercera invocada, no puede ser conocida, ya que las normas procesales\n referidas, los artículos 273 y 278 del Código de\n Procedimiento Civil, contiene el primero, la definición\n legal de sentencia, mientras, que, el segundo, consigna la obligación:\n que en las sentencias y autos se decida con claridad los puntos\n materia de la litis, los que deberán fundarse en hechos\n probados, la ley y a falta de ésta en principios de justicia\n universal; en consecuencia, las normas indicadas por los casacionistas,\n no aluden a tal causal, al no señalar en ninguna forma\n preceptos jurídicos de valoración probatoria, quedando\n precisada la calificación de admisibilidad proveída\n en el auto de 19 de enero de 2000 (fojas 3 de este cuaderno).\n TERCERO.- Los artículos 898, 900 y 901 del Código\n Civil establecen el derecho de quien es dueño de un bien\n raíz a que se fijen los límites, al fin de separarlo\n de otros predios, como el derecho que le asiste para cerrarlo\n o cercarlo en todas sus secciones, de la calidad y dimensiones\n que quiera, referido al lindero y no a la dimensión del\n predio. En la especie, con la diligencia de deslinde, así\n como con los informes periciales, se aprecia con toda claridad\n que los linderos no han sido alterados o modificados, tanto más\n que en dicha diligencia -deslinde-, se ha podido constatar la\n existencia de una cerca con postes de madera y alambre de púas\n desprendido, lo que ha permitido concluir al inferior, que los\n linderos existen, los que no han sido alterados, y que el propietario\n de tal fundo ha ejercido el derecho de cercar con palos y alambre\n de púas; en tal virtud, no se ha configurado la causal\n primera del artículo 3 de la Ley de Casación, que\n se ha imputado. Por lo expuesto, la Segunda Sala de lo Civil\n y Mercantil, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA\n Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, rechaza el recurso de casación.\n Con costas. Publíquese. Notifíquese. Cúmplase\n con el artículo 19 de la Ley de Casación.

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Fdo.) Dres. Bolívar Vergara Acosta, Olmedo Bermeo Idrovo\n y Bolívar Guerrero Armijos, Ministros Jueces.
\n Certifico. El Secretario.

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Certifico: Que la una copia que antecede, es tomada de su\n original, constante en el juicio ordinario Nº 132-99 F.\n 1. (Resolución Nº 27-2003), que por demarcación\n de linderos sigue Ruth del Carmen Díaz y Manuel Nicandro\n Fajardo contra Jorge y Pedro Peralta Torres y María Josefina\n Venegas Ludeña.- Quito, 7 de marzo de 2003.

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f.) Dr. Carlos Rodríguez García, Secretario\n Relator, Segunda Sala Civil.
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Nº 28-2003

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ACTORA: María Fabiola Acosta\n Montúfar.

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DEMANDADA:\n Ana Leticia Gamba Vaca.

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

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Quito, febrero 5 de 2002; las 09h30.\n

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VISTOS: La Cuarta Sala de la Corte Superior de Justicia de\n Quito, al pronunciar la resolución de segunda instancia,\n confirma el fallo de la Jueza Primera de Inquilinato declarando\n terminado el contrato de arrendamiento y disponiendo que la demandada\n Ana Leticia Gamba Vaca desocupe inmediatamente el departamento\n arrendado y pague las pensiones vencidas insolutas y que se vencieren\n a partir del mes de abril de 2001, hasta la restitución\n del local, debiendo liquidarse pericialmente conforme a los recibos\n <le fojas 22, 23, 24 y 29, así como también\n debe pagar la demandada los servicios de luz eléctrica,\n agua potable y teléfono. Todo dentro del juicio de inquilinato\n seguido por María Fabiola Acosta Montúfar contra\n Ana Leticia Gamba Vaca. Como el juicio se encuentra en estado\n de resolución, para hacerlo, se considera: PRIMERO.- La\n Sala es competente para conocer el recurso de casación,\n en virtud de lo dispuesto en el artículo 200 de la Constitución\n Política de la República, que está en relación\n con el artículo l de la Ley de Casación, toda vez\n que el juicio fue sorteado el 17 de junio de 2002; y mediante\n auto de agosto 27 de 2002, la Segunda Sala al calificar la admisibilidad\n del recurso por cumplir las formalidades de procedencia, oportunidad\n y legitimación que prescribe el artículo 6 de la\n ley, admite a trámite. SEGUNDO.- Al fundamentar el recurso\n la recurrente dice: que desde el 23 de mayo de 2000 recibió\n un departamento ubicado en la ciudadela "La Victoria, calle\n Ramón Borja Nº 265 y Víctor Mideros de la\n ciudad de Quito. Que dicho departamento se lo entregó\n en buenas condiciones con los servicios de agua potable, luz\n y línea telefónica con un canon mensual de dos\n millones de sucres y que por el proceso de dolarización\n se convirtieron en ochenta dólares; mas, la cantidad de\n seis millones de sucres en calidad de garantía. Que el\n 27 de marzo de 2001 la arrendadora procede unilateralmente a\n dar por terminado el contrato de arrendamiento y que de la garantía\n iba a retener el 50%, ante lo cual expresó su rechazo.\n Que procedió a entregarle el canon correspondiente al\n mes de abril de 2001, ante lo cual la arrendadora manifestó\n que ya no era necesario. Que en la audiencia de conciliación\n presentó sus excepciones acerca de los hechos y los fundamentos\n de derecho y lógica jurídica. Que la sentencia\n es insuficiente porque la Corte Superior omite aspectos fundamentales,\n nada dice de los servicios básicos, cuando la ley sanciona\n la suspensión de los servicios. Que nada se dice sobre\n la inscripción del predio en el Registro de Arrendamientos\n para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 12\n de la Ley de Inquilinato. Que se ha desconocido el artículo\n 1897 del Código Civil que dice sobre la perturbación\n de la cosa arrendada, teniendo el perjudicado el derecho al reclamo\n de indemnización de daños y perjuicios. Que se\n han dejado de aplicar los artículos 6, 9, 12 y 19 de la\n Ley de Inquilinato y el artículo 1897 del Código\n Civil. Se funda el recurso en las causales primera y tercera\n del artículo 3 de la Ley de Casación, imputando\n el vicio de falta de aplicación. TERCERO.- Consta a fojas\n 1, 2, 3 y 4 de los autos, la solicitud de inscripción\n del predio, el contrato de arrendamiento y el inventario de los\n bienes entregados por la arrendadora a la arrendataria. Sin embargo\n la causal en que se fundamenta la acción es por falta\n de pago de los cánones arrendaticios desde el 23 de abril\n de 2001 hasta la presente fecha, esto es hasta el 16 de agosto\n de 2001. La demandada justificó los pagos desde julio,\n agosto, septiembre y octubre de 2001, también el pago\n desde el 23 de marzo

 

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