Registro Oficial. 16 de ABRIL del 2003 Suplemento

Miércoles, 16 de abril de 2003

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

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   MES DE ABRIL DEL 2003
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Miércoles, 16 de abril del 2003 - R. O. No. 63

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SUPLEMENTO

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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

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DR. JORGE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR

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FUNCION\n JUDICIAL

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RESOLUCIONES:

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CORTE\n SUPREMA DE JUSTICIA
\n SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL:

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Recursos de casación\n en los juicios seguidos por las siguientes personas:

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283-2002 Héctor Gabriel Villegas Flores,\n Gerente General Compañía TUNLO S.A. contra Compañía\n Seguros Cóndor

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316-2002 Juan Manuel Pérez Tiuquinga, Presidente\n de la Asociación de Trabajadores Agrícolas "Tunshi\n San Isidro El Labrador" contra Jorge Guairacaja

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330-2002 Oswaldo Granizo Correa contra Maria Eugenia\n Medina Correa

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358-2002 Molino Electro Moderno S.A. contra Ministerio\n de Comercio Exterior e industrias

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362-2002 Capitán de Navío\n (sp) Danilo Giovanni Crespo Cordero contra Justo León\n Pérez y otros

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363-2002 Luis Achig Marín contra Ana Narváez\n Velasteguí

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373-2002 Pablo Padilla Muirragui, Gerente Compañía\n Ecuador Cargo Systems S.A. contra Corporación Femenina\n Ecuatoriana, CORFEC

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374-2002 Pástor Mogollón Tutivén\n y otra contra Abg. Eduardo Seminario Vinueza

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375-2002\n Bernabé\n Fulgencio Barre Cedeño contra Maria Eufemia Pizarra

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376-2002 Elmer Segundo Quintero Cabrera contra\n Diego Cedillo Auquilla, Director de Producción de la Universidad\n Politécnica Salesiana

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377-2002\n Tránsito\n Guamán Lozano contra Efraín Idrovo Suárez

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ACUERDO\n DE CARTAGENA

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PROCESOS:

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106-IP-2002 Interpretación prejudicial del\n artículo 22 de la Decisión 344 de la Comisión\n del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado\n de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,\n Sección Primera. Interpretación de oficio de los\n artículos 13 literal d) y 21 de la misma decisión.\n Actor: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY. Patente: "BATERIA\n CON CONTROLADOR INCORPORADO". Proceso interno No. 7198

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107-LP-2002 Interpretación prejudicial\n de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal\n a), 95 inciso segundo, y 100 de la Decisión 344 de la\n Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda\n Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo-Distrito No.\n 1 (Quito) de la República del Ecuador. Expediente Interno\n 5287-CSA. Actor: RECKITT & COLMAN (O VERSEAS) LIMITED. Marca:\n HIARTIK

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108-IP-2002 Interpretación prejudicial\n de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal\n a) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo\n de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de\n lo Contencioso Administrativo, Distrito No. 1, Quito, de la República\n del Ecuador. Interpretación de oficio del artículo\n 93 de la misma decisión. Actor; GLAXO GROUIP LIMITED.\n Marca: "SUMIGRAN". Proceso interno No. 7078-2000-LY\n \n

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No. 283-2002

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ACTOR: Héctor Gabriel Villegas\n Flores, Gerente General y representante legal de la Compañía\n TUNLO S.A.

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DEMANDA:\n Compañía SEGUROS CONDOR SA., en la persona del\n Gerente General y representante legal Octavio Sarmiento Martínez.

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

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Quito, 17 de septiembre de 2002; las\n 09h00.

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VISTOS: Del fallo de mayoría pronunciado por la Segunda\n Sala de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil con el voto\n salvado del doctor Holger Bonilla Andrade, resoluciónque\n revoca la sentencia y declara sin lugar la demanda propuesta\n por Héctor Gabriel Villegas Flores, Gerente general y\n representante legal de la Compañía TUNLO SA., contra\n la Compañía SEGUROS CONDOR SA., en la persona del\n Gerente General y representante legal señor Octavio Sarmiento\n Martínez, demandando el pago del siniestro ocurrido el\n 15 de febrero de 1999, cubierta por la póliza No. 10752,\n por la suma de trescientos sesenta y siete mil ciento ochenta\n dólares americanos (US $ 367.150,oo), en tanto que, el\n voto salvado del doctor Holger Bonilla Andrade confirma la sentencia\n venida en grado, esto es, que el Juez Undécimo de lo Civil\n de Guayaquil, declara con lugar la demanda y ordena que la Compañía\n SEGUROS CONDOR S.A., pague a TUNLO SA., la suma de trescientos\n sesenta y siete mil ciento ochenta dólares americanos,\n más los respectivos intereses legales desde la fecha del\n siniestro. Como el juicio se encuentra en estado de resolución,\n para hacerlo, se considera: PRIMERO.- La Sala es competente para\n conocer el recurso de casación en virtud de lo dispuesto\n en el Art. 200 de la Constitución Política de la\n República, que está en relación con el Art.\n 1 de la Ley de Casación, toda vez que el juicio fue sorteado\n el 10 de diciembre de 2001, correspondiendo su conocimiento a\n esta Sala que calificó la admisibilidad del recurso mediante\n auto de 15 de enero de 2002, por cumplir los requisitos de procedencia,\n oportunidad, legitimación y formalidades como lo dispone\n el Art. 6 de la Ley de Casación. SEGUNDO.- El recurrente\n manifiesta que se han infringido las siguientes normas de derecho:\n De la Constitución Política del Ecuador: numerales\n 26 y 27 del; Art. 23, numerales 13 y 17 del Art. 24 y el Art.\n 199 del Código de Procedimiento Civil: Arts. 2, 118, 119,\n 121, párrafo 2do. del Art. 301 y Arts. 879 y 894; del\n Decreto Supremo No. 1147 reformatorio al Código de Comercio,\n Arts. 20, 21, 22 y 24; y, del Código Civil: Arts. 12 y\n 18 No. 5. Determina el recurso en las causales primera, segunda,\n tercera, cuarta y quinta del Art. 3 de la Ley de Casación.\n Detalla las causales del Art. 3 de la Ley de Casación\n en que funda su recurso: 1.- Falta de aplicación de normas\n de derecho en la sentencia que han sido determinantes en su parte\n dispositiva, incluyendo los precedentes jurisprudenciales. 2.-\n Falta de aplicación de normas procesales que han viciado\n el proceso de nulidad insanable que han influido en la decisión.\n 3.- Falta de aplicación de los preceptos jurídicos\n aplicables a la valoración de la prueba, que ha conducido\n a la no aplicación de normas de derecho en la sentencia.\n 4.-Resolución en la sentencia o auto de lo que no fuera\n materia del litigio y omisión de resolver en ella todos\n los puntos de la litis. 5.- Cuando la sentencia en su parte dispositiva\n adopte decisiones contradictorias o incompatibles. Apoya el recurso\n en la revelación de evidentes irregularidades en la tramitación\n de este proceso, que han violado el procedimiento y han obstruido\n su derecho al debido proceso, causando nulidades insubsanables.\n Que la Sala ha confundido conceptos básicos del seguro\n como es que la negligencia de por si no causa la caducidad del\n derecho del asegurado y el significado del interés asegurable\n desconociendo la sentencia los principios sobre la caducidad\n y el seguro. Que la falta de aplicación de normas de derecho\n tales como las del Art. 22 de la Ley del Contrato de Seguro y\n la errónea valoración de las pruebas aportadas,\n así como el evidente desconocimiento de las normas jurisprudenciales\n y doctrinarias en materia del seguro, constituyen el pilar de\n la fundamentación de este recurso. Alega el recurrente,\n falta de competencia de la Segunda Sala de la Corte Superior\n de Justicia de Guayaquil en el fallo, por adolecer de vicios,\n equivocaciones e ilegalidades. Pide que se declare la ilegalidad\n de lo actuado por la Segunda Sala, por los actos irregulares\n e in jurídicos. La nulidad la fundamenta en la causal\n 2ª del Art. 3 de la Ley de Casación. Que la forma\n en que se manejaba el juicio y para evitar que se sigan cometiendo\n irregularidades pidió la recusación de los ministros\n jueces de la Segunda Sala al amparo de lo dispuesto en el Art.\n 810 numeral 4to del Código de Procedimiento Civil. Que\n presentada la recusación puse en conocimiento del Presidente\n de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil, le dio publicidad\n poniéndola en conocimiento de los señores ministros\n de la Segunda Sala el 29 de octubre de 2001. Que la sentencia\n fue expedida el 26 de octubre de 2001 quedando en duda la fecha\n en la cual se dictó para evitar desesperadamente la recusación.\n Que los ministros pese a tener conocimiento de la recusación\n no se excusaron en la forma determinada en el Art. 894 del Código\n de Procedimiento Civil. Piden que se anule el fallo expedido\n por la Segunda Sala de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil\n y se remita el proceso al Juez u órgano judicial que le\n correspondería conocer el caso de recusación. Que\n la causal 1ª del Art. 3 de la Ley de Casación no\n fue aplicada por la Segunda Sala de la Corte Superior de Justicia\n de Guayaquil, que ha sido determinante en la parte dispositiva\n de la sentencia, Art. 22 del Decreto Supremo No. 1147, reformatorio\n al Código de Comercio. Que la notificación extemporánea\n de la ocurrencia del siniestro por parte del asegurado es un\n hecho o circunstancia excluyente de la responsabilidad de la\n aseguradora y es a quien le correspondía probar lo extemporáneo\n de la notificación y no al asegurado. Que destaca que\n no es verdad que sea imposible que la demandada pueda probar\n cuando tuvo conocimiento TUNLO SA., de la ocurrencia del siniestro,\n porque el proceso de conocimiento es subjetivo, que puede saberse\n por analogía o deducción. Que la Segunda, Sala\n ha faltado en la aplicación del Art. 94 del Decreto Supremo\n No. 1147, ya que la demandada no ha deducido expresamente en\n la contestación a la demanda la excepción de "caducidad\n del seguro" y por ser ésta una forma específica\n de extinguir la obligación de pago, no cabe que la Sala\n admita la excepción de oficio. Que la Sala de la Corte\n Superior de Justicia de Guayaquil en su considerando 4to. dice\n que la aseguradora probó a cabalidad "que el siniestro\n no se produjo por caso fortuito"; manifiesta, que es falso\n que haya existido negligencia en el mantenimiento del riesgo\n asegurado. Que la culpa del caso fortuito en materia de seguros\n debe traducirse en una culpa grave muy específica por\n parte del asegurado, ya que la buena fe se presume. Que no es\n suficiente la existencia de negligencia por parte del asegurado,\n que debe existir una voluntariedad de sometimiento a un riesgo\n innecesario y un desafío a la efectivización. Que\n finalmente en el considerando 4to. hay falta de aplicación\n del Art. 24, numeral trece de la Constitución, cuando\n dice: "que las resoluciones de los poderes públicos\n que afecten a las personas deben ser motivadas". Que la\n Sala da razón a la aseguradora, expresando: "por\n consiguiente, el mal mantenimiento de INPESCA no es eximente\n de responsabilidad de la compañía aseguradora.\n Que la propia Sala conoce que el siniestro se verificó\n en una bodega perteneciente a un tercero, consecuentemente\n no es posible considerar que el daño dependió\n exclusivamente de la voluntad de Tunlo SA., que el riesgo\n se verificó al dañarse el pescado en una\n bodega perteneciente a un tercero, especialmente si dicho lugar\n se encuentra incluido en la cobertura. Que la causal segunda\n del Art. 3 de la Ley de Casación la desarrolló\n al inicio de la fundamentación. Que la causal 3ª\n del Art. 3 de falta de aplicación de los preceptos jurídicos\n aplicables a la valoración de la prueba, la Sala omite\n la aplicación de los Arts. 118, 119, 121 y 319 del Código\n de Procedimiento Civil. Que el Art. 118 expresa que cada parte\n está obligada a probar los hechos que alega y que la Compañía\n de Seguros Cóndor S.A., alegó la supuesta extemporaneidad\n en la notificación de la ocurrencia del siniestro por\n parte de TUNLO SA., como causal excluyente de su responsabilidad,\n sin haber probado la alegación. Que no hay una sola prueba\n en autos ni pedida ni practicada que intente demostrar la extemporaneidad\n de la notificación del siniestro. Que la causal 4ta. del\n Art. 3 de la Ley de Casación en que incurre la Sala, se\n trae un asunto totalmente ajeno e impertinente al asunto que\n se litiga. Que la Aseguradora ha dilatado en forma negligente\n la atención del reclamo de su representada pues que conforme\n a la confesión judicial dé Augusto Salame Arzubiaga,\n la Compañía de Seguros se demoró en conocer\n y resolver el reclamo de la Actora por más de cinco meses,\n cambiando de ajustador, requiriendo nueva documentación:\n infringiendo la buena fe, que es indispensable en todo contrato\n de seguro. Que el asegurado es TUNLO SA. Y no INPESCA y que por\n lo tanto cualquier negligencia de este último no puede\n ser imputable al asegurado. Que en el evento no consentido de\n que la contaminación hubiese sido producida por un mal\n mantenimiento de la bodega de INPESCA, este hecho es ajeno e\n imprevisto a la voluntad de la Compañía TUNLO S.A.\n Que las bodegas no eran de propiedad de TUNLO S.A., eran de propiedad\n de INPESCA quien las arrendaba a su representada, y que SEGUROS\n CONDOR SA., para emitir la póliza realizó una inspección\n a la bodega INPESCA en donde fue colocada el atún materia\n del siniestro. La causal 5ta. del Art. 3 se refiere a que la\n sentencia en su parte dispositiva adopta disposiciones contradictorias\n o incompatibles. Que la Sala en el considerando 4to. hace un\n razonamiento referente a que el accidente se produjo en las bodegas\n de otra compañía y no en las de TUNLO S.A. que\n esto no es valedero, porque la póliza No. 10752, endoso\n número 55993 establece las ubicaciones aseguradas extendiéndola\n de manera genérica a todo local que utilice el asegurado;\n además en el endoso No. 59584 de la póliza No.\n 10752 se establece la inclusión de Pesquera Fernández\n en Posorja, determinando cuáles son las obligaciones que\n tiene la aseguradora a las cuales no dio cumplimiento; por consiguiente,\n el mal mantenimiento de INPESCA no es un eximente de responsabilidad\n de la Compañía aseguradora. Que por tanto la Segunda\n Sala ha incurrido en la 5ta causal del Art. 3 de la Ley de Casación.".\n TERCERO.-Héctor Gabriel Villegas Flores en su calidad\n de Gerente General y representante legal de la Compañía\n TUNILO S.A., manifiesta en su demanda que el 3 de julio de 1997,\n su representada suscribió con SEGUROS CONDOR S.A., la\n póliza de seguro contra incendio No. 10752, que incluye\n un anexo de todo riesgo a favor de TUNLO SA., y que fue debidamente\n renovada mediante endoso No. 55993 suscrito el 16 de julio de\n 1998, y vigente hasta las 12h00 del 30 de junio de 1999, anexa\n la póliza en el anexo 1 de fs. 23. Que el día 15\n de febrero de 1999 explosioné la línea de amoniaco\n de la planta INPESCA, en el cantón Posorja de la provincia\n del Guayas, encontrándose dentro de la cámara de\n refrigeración un total de ciento ochenta y cuatro cubas\n con doscientos dos mil ciento veinte kilos de atún yellowfin,\n más veinte libras, propiedad de la Compañía\n TUNLO SA., atún que arribé a la planta en el buque\n pesquero Ana María, momentos antes de la explosión.\n Que como resultado de la explosión de la línea\n de amoniaco, los doscientos dos mil ciento veinte kilos de atún\n yellowfin fueron contaminados, ocasionando que su natural finalidad,\n consumo humano, se vuelva imposible de atender. Que el 9 de marzo\n de 1999 su representada notificó a la Compañía\n de SEGUROS CONDOR SA., la ocurrencia del siniestro por encontrarse\n vigente la póliza, requiriendo el pago del daño.\n Que el 12 de marzo, la aseguradora designé a la Compañía\n AJUSCO ECUADOR SA. como ajustadora responsable de la liquidación\n del siniestro ocurrido el 15 de febrero de 1999. Que el 8 de\n abril de 1999, su representada, por medio de la agencia colocadora\n de seguros, la Compañía INTERSEA CIA. LTDA. Solicité\n por escrito a la CIA. SEGUROS CONDOR S.A., se le indique toda\n la documentación necesaria para continuar con el trámite\n del reclamo. Que el 22 de abril de 1999 pidió a la misma\n agencia colocadora la documentación para continuar el\n reclamo. Que el 29 de abril de 1999 cincuenta y un días\n después de ser notificado el siniestro, la CIA. SEGUROS\n CONDOR SA., continúa demorando el trámite del reclamo,\n cambiando de empresa ajustadora, hecho que comunicó en\n la misma fecha indicando que la nueva ajustadora designada fue\n GP AJUSTADORES ASOCIADOS S.A. Que el 12 de mayo de 1999, la CIA.\n SEGUROS CONDOR SA. atendiendo la peticiones de su representada,\n pidió por primera vez, transcurridos sesenta y cuatro\n días de la ocurrencia del siniestro, la documentación\n requerida por la aseguradora; y que, el 16 de julio de 1999 su\n representada por medio de su ajustador GP AJUSTADORES ASOCIADOS\n S.A., la totalidad de la documentación requerida. Que\n el 2 de agosto de 1999, cuarenta y cinco días después\n de haber sido entregada la documentación a la CIA. SEGUROS\n CONDOR SA., negó el pago del siniestro sin fundamento\n alguno. Que el 15 de marzo de 2000 sus abogados presentaron un\n reclamo escrito a la CIA. SEGUROS CONDOR S.A., fundamentando\n jurídicamente los motivos por los cuales la postura de\n la empresa aseguradora era equivocada e ilegítima. Que\n el 18 de mayo de 2000, la CIA. SEGUROS CONDOR SA., en un párrafo\n escueto contestó la fundamentación jurídica\n expresando que no se han aportado nuevos elementos que modifiquen\n los planeamientos expuestos en su oportunidad.". Fundamenta\n su acción en lo dispuesto en los Arts. 1 y 3 de la Ley\n de Contrato de Seguros, en lo dispuesto en el Art. 42 de\n la Ley General de Seguros y el Art. 1532 del Código\n Civil. CUARTO.- "Toda compañía de seguros\n tiene la obligación de pagar el seguro contratado\n o la parte correspondiente a la pérdida debidamente\n comprobada, según sea el caso, dentro de los sesenta\n días siguientes a aquel en que el asegurado o\n el beneficiario le presenten por escrito la correspondiente\n reclamación aparejada de los documentos que, según\n la póliza, sean indispensables, a menos que la \n compañía formulare objeciones a tal reclamo,\n las mismas que deberán ser llevadas inmediatamente\n a conocimiento del Superintendente de Bancos-", inciso\n primero del Art. 100 del Capítulo XVI Disposiciones\n Generales, de la Ley General de Compañías\n de Seguros.".La disposición es totalmente clara,\n no requiere de esfuerzo alguno, para comprender que la\n obligación de la compañía aseguradora\n es pagar el seguro contratado dentro de los sesenta \n días siguientes a la fecha en la cual el asegurado\n o beneficiario presenten la correspondiente reclamación.\n La Compañía INTERSEA Cía. Ltda., en comunicación\n de 5 de mano de 1999, dirigida al Lic. Pedro Heredia, de SEGUROS\n CONDOR S.A., les da aviso del siniestro presentado en las bodegas\n de la Pesquera Fernández de Posorja, en la que se vio\n afectado el pescado congelado: La comunicación está\n firmada por Lorena Triviño, que consta notarizada a fs.\n 22 de los autos. La Compañía de SEGUROS CONDOR\n S.A., a través del Departamento de Indemnizaciones se\n dirige a la Sra. Lorena Triviño haciéndole conocer\n que han designado como ajustadores en el presente caso a MUSCO\n para que a su nombre y representación procedan al estudio\n y ajuste del siniestro. La comunicación está firmada\n por July Arcentales del Departamento de Indemnizaciones de CONDOR\n SA., fs. 21, de mano 12 de 1999, con copia debidamente notarizada.\n La póliza No. 10752 que consta de fs. 23 a fs. 35, es\n de renovación, fumada el 16 de julio de 1998, póliza\n que reemplaza a la firmada el 3 de julio de 1997, que consta\n deis. 35 a fs. 68. La póliza renovada tiene como aseguradora\n a TUNLO SA. hasta por valor de dieciséis millones seiscientos\n ochenta y cinco mil quinientos dólares americanos, constando\n que los objetos del seguro son: edificios, obras civiles, muebles,\n maquinarias, herramientas, enseres y equipos de oficina, stocks\n de harina de pescado, dinero, bienes de terceros y lucro cesante.\n Consta en las cláusulas, a fs. 25 en el que consta el\n detalle de las causales que pudieren producirse por auto explosión,\n hasta 200.000 dólares, eléctrica hasta doscientos\n mil dólares, combustión espontánea, remoción\n de escombros, refrigeración, traslado temporal, honorarios,\n intereses, etc. En las cláusulas adicionales en el numeral\n 1 se deja aclarado que las aseguradas son TUNLO SA. y cualquier\n otra persona relacionada, creada o por creársela. Es decir,\n dentro de la póliza están precisados todos los\n elementos del contrato, inclusive con mayor precisión\n como la cláusula de auto explosión de fs. 27, eléctrica,\n etc., de remoción de escombros, combustión espontánea,\n de refrigeración, de honorarios, interés de contratistas,\n materiales importados y de reposición o reemplazo. En\n los documentos que Pedro Linares, envía a GP Ajustadores,\n fs. 16, anexo 8, constan entre otros: Un resumen general de descarga\n de pescado; un contrato-oferta que realizó TUNLO a Lifinsa\n por pescado a entregar, informe de la ESPOL y del laboratorio\n de la planta INPESCA sobre el pescado contaminado y la harina;\n memo interno de TUNLO de lo ocurrido en la planta de INPESCA;\n siete órdenes de giro a Lifinsa como anticipos de pesca,\n carta de protesto sobre el siniestro ocurrido; memos internos\n sobre la conversión de pescado contaminado; informe de\n descarga de pescado; parte de ingreso de materia prima; reporte\n de producción de harina emitido por INPESCA; valoración\n de la pérdida; factura de compra de pescado; carta de\n INPESCA e informe del Departamento de Control de Calidad de TUINLO\n S.A., que se encuentra en el segundo cuerpo de fs. 120 a fs.\n 174. QUINTO.- La documentación presentada a través\n de INTERSEA CIA. LTDA. a los nuevos ajustadores de CONDOR S.A.,\n "GP Ajustadores" es completa y debió ser suficiente\n para que la aseguradora cumpla el contrato de seguros, pues TUNLO\n SA. en comunicación dirigida por la Ing. Elsy Morillo\n y Lic. Héctor Villegas en sus calidades de Gerente Adminis-trativa\n y Gerente General, respectivamente, fs. 171 debidamente notarizada,\n hace conocer a SEGUROS CONDOR S.A., la cuantificación\n de la pérdida de 202.120 T.M. de Yellowfin + 2OKGS. Por\n su parte GP Ajustadores Asociados S.A. Mc Larens Toplis en comunicación\n de 23 de junio de 1999 a SEGUROS CONDOR hace conocer el primer\n informe de seguimiento sobre el siniestro, inspecciones, fecha\n del evento, monto reclamado y otros. GP Ajustadores Asociados\n en el informe preliminar constante de fs. 183 a fs. 200, concluye\n el mismo indicando que el evento reportado ocurre durante la\n vigencia de la póliza, en un objeto incluido mediante\n endoso. Indica que el asegurado no dio cumplimiento al plano\n establecido para reportar el siniestro, como tampoco cumplió\n con las garantías de cobertura establecidas en el endoso\n No. 59584. Que el asegurado habría dispuesto de 400 sacos\n de harina de pescado sin aprobación ni consentimiento\n del asegurador, liberando de responsabilidad a éste. Consideran\n que no existe responsabilidad para el asegurador, porque- no\n se ha demostrado el perjuicio económico al asegurado,\n porque no se cumplieron con los requerimientos establecidos en\n la póliza tanto en el plazo para reportar siniestros como\n de garantías, como de mantener el salvamento a buen recaudo.\n Que llegan a la conclusión que el presente caso es un\n problema de índole comercial entre INPESCA y TUNLO S.A.,\n ajeno al contrato de seguro. SEXTO.- El contrato de seguro es\n un contrato solemne, de carácter bilateral que es por\n lo mismo oneroso y que se fundamenta en la seguridad que tiene\n el asegurado en el asegurador, por tanto es la buena fe y ahí\n es donde radica la confianza en el contrato de seguro. El asegurado\n confié en el asegurador y éste desde su comienzo\n dio cabida a la reclamación designando un ajustador de\n siniestros en la forma preceptuada en la resolución del\n Intendente Nacional de Seguros, publicada en el Registro Oficial\n No. 354 de 5 de enero de 2000. Hubo por tanto atención\n del asegurador a la reclamación del asegurado en la forma\n como lo dispone el Art. 38 de la resolución. Sin embargo\n el asegurador, por sí y ante sí, en forma injustificada\n rechaza el reclamo que hace TUNLO S.A., lo cual constituye un\n acto que viene a constituir una parcialización a favor\n de la aseguradora, pues, se viola en forma expresa la Ley de\n Compañías de Seguros, que en el Art. 100 dispone\n que toda compañía de seguros tiene la obligación\n de pagar el seguro contratado o la parte correspondiente a la\n pérdida debidamente comprobada, según sea el caso\n dentro de los sesenta días siguientes a aquel en que el\n asegurado o el beneficiario le presenten por escrito la correspondiente\n reclamación aparejada de los documentos que, según\n la póliza, sean indispensables, a menos que la compañía\n formulare objeciones a tal reclamo, las mismas que deberán\n ser llevadas a conocimiento del Superintendente de Bancos. La\n reclamación fue presentada a la ajustadora, la aseguradora\n no cumplió el pago, ni hizo objeciones, por el contrario\n cambió de ajustador, pero todo ello no lo exime de cumplir\n su obligación. Por las consideraciones anotadas, la Segunda\n Sala de lo Civil y Mercantil, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE\n DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, casa la sentencia\n de mayoría pronunciada por la Segunda Sala de la Corte\n Superior de Justicia de Guayaquil, con el voto salvado del Dr.\n Holger E. Bonilla Andrade, y en su lugar declara procedente la\n demanda disponiendo que la Compañía SEGUROS CONDOR\n S.A., pague a favor de la Compañía TUNLO S.A.,\n la suma de trescientos sesenta y siete mil ciento ochenta dólares\n americanos (USS 367.180,oo) más los intereses que se liquidarán\n a partir de los noventa días posteriores a la fecha del\n reclamo presentado a la compañía aseguradora, en\n la forma preceptuada en el inciso final del Art. 100 de la Ley\n General de Compañías de Seguros. Sin costas. Publíquese\n y notifíquese. Fdo.) Dres. Bolívar Guerrero Armijos,\n Olmedo Bermeo Idrovo y Bolívar Vergara Acosta (voto salvado).

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Certifico.- f.) El Secretario.

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VOTO SALVADO DEL SEÑOR DOCTOR BOLIVAR VERGARA ACOSTA.

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

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Quito, 17 de septiembre de 2002; las 09h00.

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VISTOS: Ha venido a conocimiento este juicio verbal sumario\n por reclamaciones comerciales, atinente al contrato de seguro.\n La accionante, COMPAÑIA TUNLO S.A., demanda a la Compañía\n de SEGUROS CONDOR SA., el pago del siniestro sufrido el 15 de\n febrero de 1999, a las 10h30, consistente en la exposición\n de la línea de amoniaco en la planta INPESCA, en Posorja,\n contaminándose dentro de la cámara de refrigeración\n 184 cubas con 2002. 120 Kg. de atan yellowfin y 201 libras, cubiertas\n por la póliza de seguros No. 19752 emitida el 3 de julio\n de 1997, renovada por endoso No. 55993 suscrito el 16 de julio\n de 1998, vigente hasta el 30 de junio de 1999, a las 12h00, que,\n le fuera negado el 2 de agosto de 1999, reiterado el 18 de mayo\n de 2000. Presenta como fundamento jurídico los Arts. 1\n y 3 de la Ley de Contrato de Seguros, el Art. 42 de la Ley General\n de Seguros y Art. 1532 del Código Civil (fs. 49 a 54 de\n primer grado). La asegurada contesta la demanda y formula las\n excepciones: a) Incumplimiento del aviso de la ocurrencia del\n siniestro, dentro de los tres días siguientes a la fecha\n en que tuvo conocimiento del mismo, en base a lo ordenado en\n los Arts. 20, 21 y 24 del D.S. No. 1147 (R.O. No. 123.7.12.63),\n en concordancia con el Art. 19 de las condiciones generales de\n la póliza, careciendo de derecho material; b) No fue fortuito\n el siniestro, que se produjo por la falta de mantenimiento, originando\n el daño al sistema de refrigeración, debido al\n desgaste de la tapa-válvula, lo que libera de responsabilidad\n a la aseguradora, además que ni se ha demostrado el perjuicio\n económico al asegurado; c) No se cumplió en el\n plazo de sesenta días con implementar según el\n endoso No. 59584 de la póliza de seguro de incendio No.\n 10752, el sistema de detección automático de incendio\n en el área de almacenamiento de harina de pescado, ni\n el dique de contención, ni revisión de fugas de\n amoniaco; d) Violación de la cláusula 22 letra\n d) de las condiciones generales de la póliza, al haber\n dispuesto arbitrariamente del salvamento por la incineración\n parcial y la conversión de la materia prima en harina\n de pescado; e) No haberse entregado el contrato de arrendamiento\n de la bodega entre TUNLO S.A. e INPESCA, en vista del endoso\n emitido; O En exceso Dixi Let, no se puede determinar interés\n económico, ya que no se ha probado que tal materia sea\n del asegurado ni que el daño sea en la cantidad afumada;\n g) No se ha exhibido a la aseguradora la materia prima contaminada;\n h) La harina de pescado exhibida y encontrada, era menor por\n ausencia de conservación; i) Falsedad de la afirmación\n No. 9 de la demanda, "ya que la información entregada\n fue diminuta"; y, j) Finalmente, negativa de los fundamentos\n de hecho y de derecho (fs. 66 a 68 vta, de primer grado). El\n Juzgado Undécimo de lo Civil de Guayaquil emite fallo,\n fundado en que "si en conciencia de la aseguradora, hubiese\n pensado que el reclamo de [nulo SA. era extemporáneo,\n lo debió haber negado de plano tan pronto como recibió\n la notificación e] 9 de marzo de 1999 y no esperar a que\n se agote su tramitación cuatro meses después...,\n corresponde a Tunlo S.A. probar la ocurrencia del siniestro y\n la cuantía de la indemnización y a la Compañía\n de SEGUROS CONDOR SA., los hechos o circunstancias excluyentes\n de su responsabilidad.., y al disponer del alegato salvamento,\n la COMPAÑIA TUNLO S.A. había dado cumplimiento\n a su obligación legal de minimizar la pérdida para\n el asegurado forzado por la excesiva demora por parte de la aseguradora\n de tramitar la liquidación del siniestro y que por tratarse\n de bienes altamente perecibles como lo es el pescado, debió\n haber ejercido mucha diligencia; en resumen, declara con lugar\n la demanda y ordena que pague la aseguradora trescientos sesenta\n y siete mil ciento ochenta dólares, más los respectivos\n - intereses legales desde la fecha del siniestro, calculados\n en liquidación y como costas (fs. 295 a 296 vta, de primer\n grado). La Segunda Sala de la Corte Superior de Guayaquil, al\n conocer la apelación de la compañía accionada,\n por resolución de mayoría de 26 de octubre de 2001,\n a las 11h31) expedida luego de una serie de incidentes, se notifica\n el 30 de octubre de 2001, a las 11h10 (fs. 387 de segundo grado),\n declara sin lugar la demanda, con fundamento en que "de\n la demanda se desprende claramente que malo SA. tuvo conocimiento\n de la ocurrencia del siniestro el día lunes 1 5 de febrero\n de 1999 ya que no dice en su libelo otra cosa que: "El día\n lunes 15 de febrero de 1999, siendo las 10h30 explosionó\n la línea de amoniaco... Si la demandada no divide los\n momentos entre ocurrencia y conocimiento, máxime siendo\n un accidente de gran magnitud, es que supone que ha conocido\n el acontecimiento al momento de la ocurrencia...; en todo caso\n quien tenía que probar que conoció el siniestro\n con posterioridad a la fecha de la ocurrencia del mismo es la\n compañía asegurada. El Juez a quo al revertir el\n onus probandi viola las reglas de apreciación de la prueba\n Mientras, el voto salvado, continua la sentencia del Juez a\n quo, sosteniendo: que "la prueba respecto de esta reticencia\n o falsedad, recae siempre en la persona de la aseguradora",\n de conformidad con lo expuesto en el Art. 22 del 1).S No. 1147\n (RO. No. 123: 07.12.63) (fs. 358 a 364 de segundo grado). Héctor\n Gabriel Villegas Flores, representante legal de TUNLO SA., interpone\n recurso de casación el 7 de noviembre de 2001, a las 14h30\n (fs. 393 a 423 de segundo grado), luego de desistir de la solicitud\n de aclaración, el mismo que le fuera concedido (fs. 428\n de segundo grado), y, calificada la admisibilidad el 15 de enero\n de 2002 (fs. 19 de este cuaderno). No ha contestado el traslado\n oportunamente la Compañía de SEGUROS CONDOR SA.\n Se ha agotado la sustanciación, procede resolver, al hacerlo,\n se considera: PRIMERO.- La invocación de la causal 2da.\n Del Art. 3 de la Ley de Casación, imputando la falta\n de aplicación de normas procesales, que ha viciado el\n proceso de nulidad insanable que ha influido en la decisión\n de la causa, sin que haya quedado convalidada legalmente, obliga\n fa que sea resuelta primeramente. El casacionista al respecto\n manifiesta: "preocupado como me encuentra por la forma como\n se permitía que se maneje el juicio por parte de quienes\n estaban encargados de controlar el normal desarrollo del proceso,\n considere que la única forma de evitar que se sigan cometiendo\n irregularidades, era recusando a los señores Ministros\n Jueces de la Segunda Sala. Acto legal que ejercí al amparo\n de lo dispuesto en el art. 810 No 4 del Código de Procedimiento\n Civil, pues existían graves presunciones en las actividades\n que asumían, que me permitían pensar que había\n quienes podrían tener interés en la causa. Presentada\n la Recusación ante la Presidencia de la Corte Superior\n de Justicia de Guayaquil, en forma inmediata le da publicidad\n poniéndola en conocimiento de los señores Ministros\n de la Segunda Sala el 29 de octubre de 2001, mediante sendos\n escritos, a los cuales adjunté copia autentica de la demanda\n de recusación referida. Después de lo comentado\n y todo lo que ha sucedido en la tramitación de esta causa,\n no puede sino quedar la seria duda de si en realidad la sentencia\n fue expedida el 26 de octubre del 2002 o por el contrario la\n imposición de la fecha se debió a la necesidad\n de evitar desesperadamente la recusación.., pese a tener\n conocimiento de la Recusación ésta no se excusé\n tal como lo manda el art. 894 del Código de Procedimiento\n Civil, y por el contrario, permiten de una forma asombrosa que\n la parte demandada conozca el texto de la sentencia sin que haya\n sido notificada, solapando un acto ilegal e inconstitucional,\n pues al permitir que se favorezca a la parte demandada atentaron\n grave e irreversiblemente contra la igualdad ante la Ley, principio\n constitucional de igualable valía, así como contra\n el principio de independencia de la función jurisdiccional.\n Los demandados, comparecieron con una Notaría del Cantón\n Guayaquil, a la Secretaría de la Segunda Sala, (afirmación\n realizada por ellos), revisaron el proceso, analizaron la sentencia,\n que no había sido notificada y luego mediante un escrito\n en el que acompañan el acta levantada por la Notaría,\n pidieron que se notifique la sentencia, atentando grave e irreversiblemente\n los Arts. 23 No. 26 y 27,24 No. 13 y 17 y 199 de la Constitución\n de la República". Concretando su objeción:\n en que se anule el fallo y se efectúe el reenvío.\n Ante los cargos formulados, se consigna: 1.1. Los Arts. 51, 52,\n 53 y 54 inc. 3ro. de la Ley Orgánica de la Función\n Judicial, regulan la mecánica seguida para lograr la resolución\n en las cortes o salas de éstas. La resolución nace\n luego de hecha-la relación de la causa. El Art. 195 de\n la Constitución faculta a los tribunales a poder deliberar\n reservadamente, esto es: que no aparece impedimento para hacerlo\n en público a excepción de la materia criminal para\n el Tribunal Penal, que es reservada al tenor del Art. 305 del\n Código de Procedimiento Penal. La resolución se\n logra por mayoría absoluta de votos de los integrantes\n de la Sala, en el momento que han votado todos los integrantes,\n cuando se alcanza tal mayoría existe la decisión;\n en consecuencia, "firmarán las resoluciones -esto\n es posteriormente- todos los Ministros y Conjueces que hubieren\n votado, aun cuando alguno o algunos hayan sido de opinión\n contraria a la mayoría, bajo pena de destitución\n si de hecho se resistiese alguno a firmar, en cuyo caso, con\n la anotación de esta circunstancia en el proceso, la resolución\n seguirá su curso legal" (cita textual del Art. 52\n de la Ley Orgánica de la Función Judicial). Esta\n situación descrita se repite en el trámite que\n sigue el Tribunal Penal para expedir sentencia, en atención\n a los Arts. 306, 316 y 317 del Código de Procedimiento\n Penal. En resumen, no es cuando se firma la sentencia o auto\n resolutivo, que se ha resuelto la causa, sino al lograr la mayoría\n absoluta en la votación, que concuerda como la expresión\n "y la firma de los jueces que los pronunciaron" del\n Art. 291 del Código de Procedimiento Civil; tanto más,\n que el nuevo paso legal después de firmada por todos los\n votantes o con la razón actuarial de la negativa del Magistrado\n que voté a suscribirla, es la publicación, que\n trae el Art. 281 del mismo cuerpo legal. La rutina judicial,\n que indebidamente ha establecido que no se efectúe la\n deliberación del Tribunal reunido y que se vote individualmente\n en distinto momento, mediante borradores, ha creado prácticamente\n una especie de errada interpretación, que da a entender:\n que la resolución de las salas y tribunales se produce\n al firmar todos los magistrados el limpio del borrador suscrito\n por la mayoría como el voto salvado emitido. Esta errada\n interpretación y actuación ha facilitado una serie\n de inmoralidades en la intervención de jueces, funcionarios\n y empleados judiciales que custodian dichos votos emitidos por\n medio de borradores o a través de proyectos de resolución,\n lograda muchas veces por la instigación de los justiciables,\n tal como sucede en la adulteración, maliciosa o negligente,\n de la fecha en que fue firmada o suscrita por los jueces o magistrados\n la decisión. En resumen, existe sentencia o auto resolutivo\n desde que se obtiene la adhesión de mayoría absoluta\n de los jueces intervinientes, de lo que da fe el actuario al\n recibirlos, y, al ser firmada, puede hacerse pública,\n sin que pueda por tanto ser alterada y una vez conocida, siguiéndose\n con el paso legal de la notificación a las partes procesales\n y a los funcionarios que deban conocerla, deber que tienen los\n secretarios relatores en atención al Art. 100, No. 5 de\n la Ley Orgánica de la Función Judicial y el Art.\n 77 del Código de Procedimiento Civil. 1.2. La acusación\n de falta de aplicación del Art. 894 del Código\n de Procedimiento Civil, lleva a establecer: que los jueces están\n obligados a presentar la excusa cuando, se encuentran incursos\n en cualquiera de las diez causales de recusación, que\n prescribe el Art. 871 del mismo cuerpo legal, que lo hace al\n momento que entra en conocimiento de los autos o posteriormente\n en la relación de la causa. Mientras, que, el Art. 879\n del Código de Procedimiento Civil que también acusa\n infringido, se refiere al efecto de la recusación en la\n competencia del Juez o Magistrado que conoce el proceso, que\n no es otra cosa que la demanda de recusación propuesta\n en cualquier estado del proceso principal por alguna de las partes,\n cumpliendo los requisitos generales y especiales para su presentación,\n que traen los Arts. 71, 72, 875, 884 y 886 del antes mencionado\n ordenamiento. En conclusión, el efecto de suspensión\n de la competencia del Juez recusado está regulado en el\n Art. 21 No. 1ro. del Código de Procedimiento Civil, al\n decir: "desde que se cite al Juez recusado el decreto en\n que se le pide informe, hasta que se ejecutoría la providencia\n que deniega la recusación", y, el efecto de la pérdida\n de la competencia, se configura según el Art. 22, No.\n 2 ibídem, cuando ha sido admitida la excusa o la recusación,\n esto es desde que le fuera aceptada la primera o la o dictada\n la sentencia declarándolo separado por haberse dado con\n lugar la demanda de recusación. 1.3. En la especie, habiendo\n presentado en copia simple, Héctor Gabriel Villegas Flores,\n representante de Tunlo SA., la demanda de recusación a\n los magistrados titulares de la Sala inferior, los señores\n doctores: José Vicente Ordeñana Trujillo, Holger\n Bonilla Andrade y Jaime Nogales Izurieta, el 29 de octubre de\n 2001, a las 10h20, para ante los ministros de la H. Corte Superior\n de Justicia de Guayaquil, fundándose en el hecho que "evidencian\n a todas luces que existe un interés personal en el juicio\n verbal sumario No. 270-01". (fs. 369 a 371 de segundo grado),\n sosteniendo también que le dio publicidad el 29 de octubre\n de 2001, a las 11h58, anexando dicha documentación, aunque\n consta del proceso que la sentencia había sido firmada\n y agregada a los autos el 26 de octubre de 2001, a las 11h30,\n añade que pese a tener conocimiento de la Recusación\n ésta no se excusa como lo manda el art. 984 -del Código\n de Procedimiento Civil.., y por el contrario permite de una forma\n asombrosa que la parte demandada conozca el texto de la sentencia\n sin que haya sido notificada". En conclusión, no\n existe la violación de los Arts. 894, 879 y 871 del Código\n de Procedimiento Civil, no solo por que el libelo recusatorio\n fue remitido a un Tribunal incompetente, además de que\n no reunía los requisitos de admisibilidad y la causal\n alegada no presentaba suficiente fundamentación, cuanto\n que el fallo había sido publicado, sin que surja impedimento\n para que puedan acceder las partes al original del mismo. Igualmente,\n son impertinentes las acusaciones de violaciones a los derechos\n civiles y más disposiciones del debido proceso que cita.\n Finalmente, no deja de extrañar la actuación notarial\n consistente en la copia certificada de la escritura pública\n del acta de percepción y constatación física\n del proceso No. 270-2001, que se tramita en la Segunda Sala de\n la H. Corte Superior de Justicia de Guayaquil, extendida por\n la Notaría Novena de esa cuidad, Ab. Gloria Lecaro de\n Crespo (fs. 376 de segundo grado), aplicando a su entender la\n facultad que le otorga el Art. 18 No. 7 (r) de la Ley Notarial,\n olvidando que para las actuaciones procesales tiene expresa y\n excluyente atribución la Secretaria del Juzgado, Sala\n o Tribunal, puesto que la fe pública con que están\n investidos los notarios solamente se huta para solemnizar "los\n actos, contratos y documentos determinados en las leyes",\n como indica el Art. 6 de la Ley Notarial, más en ningún\n caso investigar actuaciones procesales, olvidando las disposiciones\n generales de los Arts. 2 y 3 ibídem, ya que la expresión:\n "y de otros actos en que se hayan intervenido -a rogación\n de parte y que no requieren de las solemnidades de la escritura\n pública", debe: entenderse la palabra "actos"\n como declaración de voluntad. Bien, se merece por tanto,\n que el Consejo Nacional de la Judicatura, ante quien la parte\n actora ha denunciado irregularidades, establezca el resultado\n de la investigación que estaba obligado a disponer y en\n base de la misma, pronunciarse. SEGUNDO.- El cargo con respaldo\n a la causal ira. del Art. 3 de la ley, por falta de aplicación\n de normas de derecho determinantes en la parte dispositiva del\n fallo, el recurso la concreta en los aspectos siguientes: a)\n No se ha aplicado el Art. 22 del D.S. No. 1147, ".en todo\n caso quien tenía que probar que conoció el siniestro\n con posterioridad a la fecha de la ocurrencia del mismo es la\n compañía aseguradora, si la Sala hubiese aplicado\n en el fallo el ante dicho artículo, había coincidido\n con el Juez a quo en el sentido que la aseguradora no ha probado\n la extemporaneidad en la notificación del siniestro por\n consiguiente no cabe invocar esta circunstancia como causal excluyente\n de la responsabilidad de la aseguradora... la consecuencia de\n no haber aplicado la expresa disposición legal del referido\n artículo 22 es la inversión de la carga de la prueba\n en contra de mi representada."; b) Con relación al\n Art. 24 del mencionado decreto supremo, afirma: "ya que\n la demandada no ha deducido expresamente en la contestación\n a la demanda durante la Audiencia de Conciliación la excepción\n de "caducidad del seguro" y consecuentemente por ser\n ésta una forma específica de extinguir la obligación\n de pago de la aseguradora no cabe que la Sala admita la excepción\n de oficio", "es decir, la aseguradora debió\n haber alegado desde el inicio la caducidad del derecho de mi\n representada a cobrar el seguro y de la especie consta que no\n la alegó, ni la declaró"; c) Y, en torno a\n la negligencia de la asegurada que establece el fallo, objeta\n diciendo: "Mi representada niega que hubiese existido negligencia\n de parte de ella en el mantenimiento del riesgo asegurado. La\n aseguradora tampoco ha probado la supuesta falta de diligencia,\n pero en el evento no consentido que hubiese existido\n negligencia o falta de caso fortuito en materia de seguros. \n La falta de caso fortuito en materia de seguros debe traducirse\n en una culpa grave muy específica por parte del asegurado\n en este caso mi representada ya que la buena fe, como es de conocimiento\n se presume", y d) que no ha aplicado en su fallo los Arts.\n 4 y 5 del D.S. No. 1147, reformatorio al Código de Comercio,\n que dan definiciones legales de "riesgo asegurable"\n y "siniestro" la propia Sala reconoce que el siniestro\n se verificó en una bodega perteneciente a un tercero,\n consecuentemente no es posible siquiera considerar que el daño\n dependió exclusivamente de la voluntad de Tunlo S.A. sino\n todo lo contrario, el riesgo asegurable se verificó al\n dañarse el pescado en una bodega perteneciente a un tercero,\n especialmente se dicho lugar se encuentra incluido en la cobertura"\n Al respecto , se hacen las observaciones siguientes: 2.1 El\n Art. 22 del D.S. No. 1147 ya indicado, es una norma dentro de\n un cuerpo legal de carácter sustantivo, que también\n establece un sistema de valoración probatoria del\n caso fortuito en la ocurrencia del siniestro, en los \n contratos de seguros. Este Ministerio ha emitido anteriormente\n el criterio que ha seguido la Sala: "Nuestra legislación\n comercial prescribe en el siguientes art. 11- "El\n dolo, la culpa grave y los actos meramente potestativos\n del asegurado con inasegurables". En otras palabras,\n únicamente la actuación dolosa o culposa\n grave del asegurado, pueden extinguir las obligaciones\n del asegurador por cuanto no son objetivos susceptibles\n del contrato de seguro, tanto más que se corrobora\n con el mandato del legislador previsto en el inc. 2do. Del\n Art. 24, al sancionar al asegurador con la pérdida\n de la indemnización del siniestro, por actuar con\n mala fe para reclamar o comprobarlo y ocasiona la nulidad\n relativa del contrato de seguros, la reticencia o falsedad\n en la infracción del estado de riesgo que es \n una actuación maliciosa del solicitante quien también\n puede ser asegurado. Además no basta a la aseguradora\n justificar la falta o incumplimiento de la obligación,\n sino que debe conjuntamente demostrar que esta obedece\n a su malicia o a su culpa grave, en aplicación\n a la regla del Art. 1502 del Código Civil, que\n dice: "El dolo no se presume sino en los casos \n especiales previstos por la Ley. En los demás\n debe probarse". Por tanto siguiendo este principio\n al presumirse que el siniestro ha ocurrido por caso\n fortuito toca a la aseguradora probar que tiene otra\n causa, es decir: "los hechos o circunstancias excluyentes\n de su responsabilidad" al tenor del Art. puesto que \n la carga de Art. 22 de la Ley de Seguros o Decreto\n Supremo No. 1147 (R.O. No. 123: 07.12.63), puesto, que la\n carga de la prueba del asegurado se limita a demostrar\n la producción del siniestro y la cuantía\n de la indemnización de los daños dentro\n del monto asegurado "(Juicio No. 562: 24.04.2002). 2.2.\n La demanda ha sostenido el incumplimiento de las obligaciones\n por la asegurada, en caso de siniestro: el darle el aviso\n del mismo dentro de los tres días siguientes\n a la fecha en que tuvo conocimiento, infringiendo el \n Art. 20 del aludido decreto supremo, como el Art. 19 de \n las condiciones generales de la póliza quedando\n privado del decreto a la indemnización en caso\n de incumplimiento. Esta situación jurídica\n planteada amerita comentar las reglas de interpretación\n que debe seguirse en los contratos de seguros y la carga probatoria\n de la extemporaneidad. Por tanto reiteremos nuestro anterior\n criterio: "Nuestra legislación se seguros establece\n limitaciones al principio de la autonomía de la voluntad;\n puesto que celebrado legalmente contrato de seguros quedan obligados\n los contratantes, "no solo a lo precisamente de la naturaleza\n de la obligación o que por la ley, o la costumbre pertenecen\n a ella", al tenor del Art. 1589 del Código Civil,\n en concordancia con la Ley General de Seguros y su reglamento\n y el D.S. No. 1147 reformatorio del Código de Comercio\n (R.O. No. 123: 07.12.63). En resumen el contrato de seguros,\n generalmente de adhesión, se perfecciona y se prueba con\n la póliza y los anexos que comprenden las condiciones\n generales, aprobadas por la Superintendencia de Bancos, y las\n condiciones particulares, que estipulan el asegurador y el solicitante,\n entendiéndose incorporados a su texto, también\n las disposiciones legales y las costumbres mercantiles, que tienen\n que ver tonel carácter o esencia lógica de las\n obligaciones pactadas, de conformidad con los Art. 1, 2, 6, 7\n y 10 del Decreto Supremo y el Art. 44 del reglamento general\n (R.O. No. 342. 18.06.98) y el Art. 4 del Código de comercio,\n debiendo "precisamente en tal forma que no quede duda respecto\n a los riesgos cubiertos y a los excluidos. La interpretación\n de los contratos tienen sus propias reglas, que en materia civil\n los traen los artículos 1603 a 1609 del Código\n Civil, muy diferente a la interpretación de la Ley, cuyas\n reglas entrega el Art. 18 del mismo ordenamiento. La referencia\n qu

 

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