Registro Oficial. 7 de MARZO del 2003

Viernes, 07 de marzo de 2003

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

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   MES DE MARZO DEL 2003
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Viernes, 7 de marzo del 2003 - R. O. No. 35

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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n

DR. JORGE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR

\n\n

FUNCION\n EJECUTIVA

\n\n

DECRETOS:

\n\n

158 Ratifícanse la "Convención\n para la Represión de Actos Ilícitos Contra la Seguridad\n de la Navegación Marítima" y el "Protocolo\n para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad\n de las Plataformas Fijas Emplazadas en la Plataforma Continental"

\n\n

159 Ratificase el "Convenio\n Marco para la Cooperación y Desarrollo Sostenible del\n Turismo entre el Gobierno de la República del Ecuador\n y el Gobierno de la República de Panamá

\n\n

160 Ratificase el "Protocolo\n Modificatorio del Acuerdo de Integración Subregional Andino\n (Acuerdo de Cartagena de 1997)"

\n\n

ACUERDOS:

\n\n

MINISTERIO\n DEL AMBIENTE:

\n\n

032 Prorrógase al Ministerio\n de Obras Públicas y Comunicaciones el cobro de varias\n tasas para la rehabilitación y mejoramiento de la carretera\n Puyo-Macas

\n\n

MINISTERIO\n DE ECONOMIA Y
\n FINANZAS:

\n\n

049 Constitúyese una Unidad\n de Coordinación, Ejecución e Instrumentación\n de los Objetivos de los Convenios de Préstamo

\n\n

TRIBUNAL\n CONSTITUCIONAL
\n TERCERA SALA

\n\n

RESOLUCIONES:

\n\n

026-2002-AA Inadmitir por improcedente\n la demanda de inconstitucionalidad planteada por el Secretario\n General del Comité de Empresa Nacional de Trabajadores\n de Petroindustrial Cetrapin

\n\n

051-2002-HD\n Confirmase en\n todas sus partes la reso-lución pronunciada por el Juez\n Segundo de lo Civil de Pichincha con asiento en Quito que inadmite\n la acción deducida

\n\n

135-2002-RA Revócase en todas sus\n partes la resolu-ción pronunciada por el Juez Vigésimo\n Primero de lo Penal del Guayas con asiento en La Libertad que\n admite el amparo propuesto por el señor Xavier Magnolo\n Yagual Yagual

\n\n

431-2002-RA Petición de ampliación\n y aclaración formulada por el señor Camilo Castro\n Jara, accionante de la causa que cumple lo dispuesto en el Art.\n 43 del Reglamento Orgánico Funcional del Tribunal Constitucional

\n\n

605-2002-RA Confirmase en todas sus partes\n la resolución pronunciada por el Juez Décimo de\n lo Civil de Pichincha que rechaza la acción de amparo\n constitucional interpuesta por Máximo René Ríos

\n\n

625-2002-RA Inadmitir la acción\n planteada por el abogado César Jaime Astudillo Romero,\n por improcedente

\n\n

627-2002-RA Confirmase la resolución\n del Juez de instancia y niégase el amparo solicitado por\n el arquitecto Fernando Laso Chiriboga

\n\n

639-2002-RA Deséchase la acción\n de amparo propuesta por el señor Carlos Aurelio Bermúdez\n García, por improcedente

\n\n

661-2002-RA\n Confirmase en\n todas sus partes la reso-lución pronunciada por la Primera\n Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito\n de Quito, que acepta la acción de amparo constitucional\n propuesta por la señorita Maria Clara Bertini Chiribog

\n\n

669-2002-RA Confirmase la resoluci6n pronunciada\n por el Juez Décimo Tercero de lo Civil de Pichincha con\n despacho en Quito, que niega el amparo solicitado por el señor\n Eduardo Patricio Pin

\n\n

671-2002-RA Confirmase la resolución\n de la Primera Sala de la Corte Superior de Justicia y acéptase\n el amparo solicitado por el doctor Danilo Edgar Orellana Vásquez

\n\n

687-2002-RA Confirmase la resolución\n pronunciada por el Juez Décimo Primero de lo Civil de\n Pichincha con asiento en Quito que desecha el amparo constitucional\n propuesto por Wilman Paúl Vásconez Flores

\n\n

697-2002-RA Confirmase la resolución\n pronunciada por el Tribunal Distrital Nº 2 de le Contencioso\n Administrativo de Guayaquil, que deniega el amparo constitucional\n presentado por el ingeniero Edgar Loaiza Sotomayor

\n\n

701-2002-RA\n Confirmase la\n resolución de la Juez, Décima Cuarta de lo Civil\n del Guayas niégase el amparo solicitado por el señor\n ingeniero Segundo García Apolo

\n\n

703-2002-RA Revócase la resolución\n del Juez de instancia y concédese el amparo solicitado\n por el señor Angel Galo Espín Gavilánez

\n\n

709-2002-RA Revócase la resolución\n adoptada por el Juez de instancia y concédese el amparo\n solicitado por la señora Teresa de Fátima Proaño\n Yela

\n\n

719-2002-RA Confirmase la resolución\n del Tribunal de instancia y niégase el amparo solicitad\n por Maria Lourdes Moreira Zambrano

\n\n

737-2002-RA Confirmase la resolución\n pronunciado por el Juez Primero de lo Civil del Carchi con despacho\n en Tulcán, que niega la acción de amparo constitucional\n propuesta por e licenciado Lenín Raphael Burbano López

\n\n

742-2002-RA Revócase la resolución\n del Juez Sexto de lo Civil de Pichincha y concédese el\n amparo solicitado por Sandra Catalina Cabezas Rea

\n\n

809-2002-RA Revócase la resolución\n de la Jueza Segunda de lo Civil de Ibarra y acéptase el\n amparo solicitado por Wilson Amador Villalba

\n\n

ORDENANZAS\n MUNICIPALES:

\n\n

- Cantón\n Piñas: Reformatoria a la Ordenanza que reglamenta\n la prestación del servicio de camal municipal y la determinación\n y recaudación de la tasa de rastro

\n\n

- Cantón Piñas:\n Que regula el\n funcionamiento y ocupación del mercado y ferias libres

\n\n

- Cantón Juan Bosco: De institucionalización\n del Patronato de Desarrollo Social

\n\n

- Cantón Guayaquil: Que reforma al Reglamento Orgánico\n Funcional\n

\n \n
\n

\n\n

 

\n\n

Nº\n 158

\n\n

Lucio Gutiérrez Borbúa
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
\n REPUBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que el 10 de marzo de 1988 en la ciudad de Roma, Italia, el\n Ecuador suscribió la "Convención para la Represión\n de Actos Ilícitos Contra la Seguridad de la Navegación\n Marítima" y el "Protocolo para la Represión\n de Actos Ilícitos contra la Seguridad de las Plataformas\n Fijas Emplazadas en la Plataforma Continental";

\n\n

Que luego de examinar los referidos instrumentos internacionales\n los considera convenientes para los intereses del país;\n y,

\n\n

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral\n 12 del articulo 171 de la Constitución Política\n de la República,

\n\n

Decreta:

\n\n

ARTICULO PRIMERO.- Ratifícanse la "Convención\n para la Represión de Actos Ilícitos Contra la Seguridad\n de la Navegación Marítima" y el "Protocolo\n para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad\n de las Plataformas Fijas Emplazadas en la Plataforma Continental".

\n\n

ARTICULO SEGUNDO.- Deposítense los instrumentos\n de ratificación respectivos ante la Secretaría\n General de la Organización Marítima Internacional\n (OMI), con sede en la ciudad de Londres, Gran Bretaña.

\n\n

ARTICULO TERCERO.- Publíquense en el Registro\n Oficial los referidos instrumentos internacionales, cuyos textos\n los declaro Ley de la República, comprometiendo para su\n observancia el Honor Nacional.

\n\n

ARTICULO CUARTO.- Encárgase de la ejecución\n del presente decreto a la señora Ministra de Relaciones\n Exteriores.

\n\n

Dado en Quito, en el Palacio Nacional, a los veinte días\n del mes de febrero de 2003.

\n\n

f.) Lucio Gutiérrez Borbúa, Presidente Constitucional\n de la República.

\n\n

f.) Nina Pacari Vega, Ministra de Relaciones Exteriores. Es\n fiel copia del original.- Lo certifico.

\n\n

f.) Patricio Acosta Jara, Secretario General de la Administración\n Pública.

\n\n

 

\n\n

Nº 159

\n\n

Lucio Gutiérrez Borbúa
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
\n REPUBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que el 9 de septiembre de 2002 el Ecuador suscribió\n en la ciudad de Panamá el "Convenio Marco para la\n Cooperación y Desarrollo Sostenible del Turismo entre\n el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno\n de la República de Panamá";

\n\n

Que dicho instrumento internacional es conveniente para los\n intereses del país; y,

\n\n

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral\n 12 del artículo 171 de la Constitución Política\n del Estado,

\n\n

Decreta:

\n\n

ARTICULO PRIMERO.- Ratificase el "Convenio Marco\n para la Cooperación y Desarrollo Sostenible del Turismo\n entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno\n de la República de Panamá".

\n\n

ARTICULO SEGUNDO.- Procédase a publicar en el\n Registro Oficial el citado convenio marco, cuyo texto lo declaro\n Ley de la República, comprometiendo para su observancia\n el Honor Nacional.

\n\n

ARTICULO TERCERO.- Encárgase de la ejecución\n del presente decreto a la señora Ministra de Relaciones\n Exteriores.

\n\n

Dado en Quito, en el Palacio Nacional, a los veinte días\n del mes de febrero de 2003.

\n\n

f.) Lucio Gutiérrez Borbúa, Presidente Constitucional\n de la República.

\n\n

f.) Nina Pacari Vega, Ministra de Relaciones Exteriores. Es\n fiel copia del original.- Lo certifico.

\n\n

f.) Patricio Acosta Jara, Secretario General de Administración\n Pública.
\n

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

Nº 160

\n\n

Lucio Gutiérrez Borbúa
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
\n REPUBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que el 25 de junio 1997 la República del Ecuador suscribió\n el "Protocolo - Modificatorio del Acuerdo de Integración\n Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena de 1997)";

\n\n

Que el Tribunal Constitucional, mediante Resolución\n Nº 232-2001 -TP de 6 de noviembre de 2001, dictaminó\n por pedido del primer mandatario, formulado según lo dispone\n el artículo 277 de la Ley Suprema, la conformidad constitucional\n de dicho instrumento internacional, cumpliéndose así\n con las normas constitucionales prescritas por los artículos\n 162 y 276, numeral 5 de la Constitución Política\n de la República del Ecuador;

\n\n

Que el Honorable Congreso Nacional, mediante Resolución\n número R-23-139 de 18 de diciembre de 2001, en aplicación\n de los artículos 161 y 130, numeral 7 de la Ley Suprema\n de la República aprobó el protocolo ante citado;\n

\n\n

Que dicho instrumento internacional es conveniente para los\n intereses del país; y,

\n\n

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral\n 12 del artículo 171 de la Constitución Política\n del Estado,

\n\n

Decreta:

\n\n

ARTICULO PRIMERO.- Ratificase el "Protocolo Modificatorio\n del Acuerdo de Integración Subregional Andino (Acuerdo\n de Cartagena de 1997)", cuyo texto lo declara Ley de la\n República y compromete para su observancia el Honor Nacional.

\n\n

ARTICULO SEGUNDO.- Procédase a depositar el\n instrumento de ratificación ante el Secretario General\n de la Comunidad Andina.

\n\n

ARTICULO TERCERO.- Procédase a publicar en el\n Registro Oficial el citado protocolo.

\n\n

ARTICULO CUARTO.- Encárgase de la ejecución\n del presente decreto a la señora Ministra de Relaciones\n Exteriores.

\n\n

Dado en Quito, en el Palacio Nacional, a los veinte días\n del mes de febrero de 2003.

\n\n

f.) Lucio Gutiérrez Borbúa, Presidente Constitucional\n de la República.

\n\n

f.) Nina Pacari Vega, Ministra de Relaciones Exteriores. Es\n fiel copia del original.- Lo certifico.

\n\n

f.) Patricio Acosta Jara, Secretario General de la Administración\n Pública.
\n

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

No 032

\n\n

Lcdo. Edgar Isch
\n MINISTRO DEL AMBIENTE

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, el señor Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones,\n mediante oficio Nº 2003-I49-DCR del 28 de enero de 2002,\n solícita la exoneración del pago de los valores\n correspondientes al certificado de intersección, aprobación\n de los estudios de impacto ambiental y de la licencia ambiental\n para la rehabilitación y mejoramiento de la carretera\n Puyo-Macas;

\n\n

Que, el artículo 36 de la Ley de Gestión Ambiental,\n dispone que el Ministerio del Ambiente para la ejecución\n de programas de control y preservación ambiental se financie\n entre otros con los ingresos que provengan de tasas;

\n\n

Que, el artículo 37 de la invocada ley obliga al Ministerio\n del Ambiente a ejercer la jurisdicción coactiva para recaudar\n las multas y tasas de las que es beneficiario;

\n\n

Que, el señor Ministro de Obras Públicas indica\n que no está en capacidad de pagar la tasas correspondientes\n al certificado de intersección, aprobación de los\n estudios de impacto ambiental y de la licencia ambiental para\n la rehabilitación y mejoramiento de la carretera Puyo-Macas,\n por cuanto el Congreso Nacional aún no aprueba el Presupuesto\n General del Estado, por lo que solicita que el valor de dicha\n licencia, sea cobrado una vez que sea aprobado el señalado\n presupuesto; y,

\n\n

En uso de sus facultades legales,

\n\n

 

\n\n

Acuerda:

\n\n

Art. 1.- Prorrogar al Ministerio de Obras Públicas\n y Comunicaciones el cobro de las tasas correspondientes al certificado\n de intersección, aprobación de los estudios de\n impacto ambiental y de la licencia ambiental para la rehabilitación\n y mejoramiento de la carretera Puyo-Macas hasta que el Congreso\n Nacional apruebe el Presupuesto General del Estado.

\n\n

Art. 2.- De la ejecución de este acuerdo encárguese\n la señora Subsecretaria de Calidad Ambiental.

\n\n

Comuníquese y publíquese.

\n\n

Quito, a 12 de febrero de 2003.

\n\n

f.) Edgar Isch, Ministro del Ambiente.
\n

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

No. 049

\n\n

EL MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS

\n\n

Considerando:

\n\n

Que de acuerdo con lo que dispone el inciso segundo del artículo\n 47 de la Ley Orgánica de Administración Financiera\n y Control, en materia de endeudamiento público, corresponde\n al Presidente de la República, por medio del Ministro\n de Economía y Finanzas, atender el fiel cumplimiento y\n control de las obligaciones concernientes a la deuda pública\n del Gobierno Nacional;

\n\n

Que el Estado Ecuatoriano, a través del Ministerio\n de Economía y Finanzas, en calidad de ente ejecutor con\n fechas 17, 29 de agosto y 9 de septiembre de 2000, suscribió\n los convenios de préstamo BIRF 7024.EC para el Proyecto\n de Ajustes Estructurales, BID 1259-OC-S para el Programa Sectorial\n de Inversión y CAF para el Fortalecimiento Económico\n y Financiero del país;

\n\n

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 3410 de 2 de diciembre\n de 2002, publicado en el Registro Oficial No. 5 de 22 de enero\n de 2003 en su Art. 1 manifiesta que corresponde al Ministerio\n de Economía y Finanzas, la formulación, coordinación\n y ejecución de la política general de endeudamiento\n externo, guardando la debida coordinación con los demás\n aspectos de la política fiscal, económica y de\n desarrollo del país; y.

\n\n

En ejercicio de las facultades que le confieren los artículos\n 179, numeral 6 de la Carta Política del Estado y 47 inciso\n segundo de la Ley Orgánica de Administración Financiera\n y Control,

\n\n

Acuerda:

\n\n

Art. 1.- Constituir en el Ministerio de Economía y\n Finanzas, una Unidad de Coordinación, Ejecución\n e Instrumentación de los objetivos de los convenios de\n préstamo suscritos el 17, 29 de agosto y 9 de septiembre\n de 2000, BIRF-7024 para el Proyecto de Ajustes Estructurales\n BID 1259-OC-S para el Programa Sectorial de Inversión\n y CAF para el Fortalecimiento Económico y Financiero del\n país bajo la relación directa y dependencia del\n Despacho Ministerial.

\n\n

Art. 2.- Esta unidad estará integrada por:

\n\n

1. Subsecretario General de Coordinación, quien actuará\n como Coordinador de la unidad.

\n\n

2. Subsecretario de Programación Inversión Pública.

\n\n

3. Subsecretario Administrativo.

\n\n

Art. 3.- A la unidad referida en los artículos precedentes\n corresponderá coordinar, ejecutar e instrumentar los objetivos\n de los convenios de préstamo suscrito el 17, 29 de agosto\n y 9 de septiembre de 2000, BIRF 7024-EC para el Proyecto de Ajustes\n Estructurales, BID 1 259-OC-S para el Programa Sectorial de Inversión\n y CAE para el Fortalecimiento Económico y Financiero del\n país, y en especial al cumplimiento de las obligaciones\n y desembolsos que se deriven de los mismos.

\n\n

Art. 4.- El Coordinador de la unidad constituida mediante\n la expedición del presente acuerdo ministerial, representará\n al Ministerio de Economía y Finanzas ante los organismos\n internacionales prestamistas y estará autorizado para\n el cobro de los desembolsos que se deriven de los convenios de\n préstamo antes referidos.

\n\n

Art. 5.- Disponer que para dar cumplimiento a lo establecido\n en la norma anterior, se proceda a registrar la firma del Coordinador\n de la unidad ante los organismos crediticios, para el cobro de\n los desembolsos que provengan de dichos convenios.

\n\n

Art. 6.- A fin de coadyuvar a la consecución de los\n fines que motivan la creación de la unidad referida en\n el presente acuerdo, el Ministerio de Economía y Finanzas,\n a través de la Subsecretaria Administrativa, brindará\n las facilidades necesarias para su funcionamiento, para lo cual\n asignará el personal y los recursos que ello demande.

\n\n

Art. 7.- Derógase los acuerdos ministeriales Nos. 034\n de 17 de enero de 2001 y 030 de 14 de febrero de 2002, publicados\n en los registros oficiales Nos. 256 de 31 de enero de 2001 y\n 520 de 22 de febrero de 2002 respectivamente.

\n\n

Art. 8.- El presente acuerdo entrará en vigencia a\n partir de su suscripción, 19 de febrero de 2003.

\n\n

f.). Econ. Mauricio Pozo Crespo, Ministro de Economía\n y Finanzas.

\n\n

Es copia, certifico.

\n\n

f.) Julio César Moscoso S., Secretario General del\n Ministerio de Economía y Finanzas.

\n\n

 

\n\n

No. 026-2002-AA

\n\n

Magistrado ponente: Dr. René\n de la Torre Alcívar.

\n\n

CASO No. 026-2002-AA

\n\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
\n TERCERA SALA

\n\n

Quito, 6 de febrero de 2003.- Las 12h50.

\n\n

Antecedentes:

\n\n

El señor Faustín Elías Valencia Valencia,\n Secretario General del Comité de Empresa Nacional de los\n Trabajadores de PETROINDUSTRIAL Cetrapin, deduce demanda de inconstitucionalidad\n de conformidad con el artículo 276, numeral 2 de la Constitución,\n artículo 23 inciso primero y literal e) de la Ley de Control\n Constitucional y el artículo 14 del Reglamento de Trámite\n de Expedientes del Tribunal Constitucional e indica que la Autoridad\n demandada es el Director Regional del Trabajo de Quito, manifestando:

\n\n

Que, el acto administrativo que impugna es la absolución\n de la consulta constante en el oficio No. C-079-DRTQ-2002, sin\n fecha, expedida por el doctor Gonzalo Irigoyen V., Director Regional\n del Trabajo de Quito.

\n\n

Que, la Empresa PETROINDUSTRIAL en el mes de diciembre del\n 2001, al realizarles el pago de la décima tercera remuneración\n ha descontado a los trabajadores una determinada cantidad para\n el pago del impuesto a la renta, en franca violación a\n lo dispuesto en el artículo 112 del Código de Trabajo\n que en la parte pertinente dice: "...Tampoco se tomará\n en cuenta para el cálculo de impuesto a la renta del trabajo".\n Ante esta situación, el Comité de Empresa Nacional\n de los Trabajadores a los que representa, ha acudido ante el\n Vicepresidente de PETROINDUSTRIAL solicitándole la devolución\n del descuento realizado, quien al contestarles con oficio No.\n 535-PIN-ADM-PER-2002, entre otras cosas ha señalado que\n PETROINDUSTRIAL, como patrono y agente de retención tiene\n la obligación de efectuar liquidaciones anuales de todos\n los ingresos que perciben sus trabajadores, a efecto de determinar\n los impuestos que cada funcionario debe pagar al SRI y que derivada\n de esta determinación se han efectuado retenciones en\n el pago de la décima tercera remuneración con el\n fin de completar el valor real del impuesto causado hasta el\n 31 de diciembre del año 2001 y que no fuera retenido en\n todos y cada uno de los pagos que PETROINDUSTRIAL efectuó\n durante dicho ejercicio fiscal a sus trabajadores y que, consecuentemente,\n el pedido formulado no es procedente atenderlo.

\n\n

Que, el Vicepresidente de PETROINDUSTRIAL respaldó\n su decisión en los artículos 18 y 9 de la Ley de\n Régimen Tributario Interno y 99 del Reglamento de Aplicación\n de la Ley de Régimen Tributario Interno.

\n\n

Que, en virtud de la referida contestación, el Comité\n de Empresa, ha recurrido ante el Director Regional del Trabajo\n de Quito, al amparo del artículo 549, numeral 1, del Código\n del Trabajo, solicitando que absuelva la consulta: Si es procedente\n o no que la Empresa PETROINDUSTRIAL haya procedido a realizar\n el descuento en determinadas cantidades a los trabajadores para\n el pago del impuesto a la renta de la décima tercera remuneración\n del año 2001.

\n\n

Que, el Director Regional del Trabajo de Quito, con oficio\n No. C-079-DRTQ-2002, sin fecha, absuelve la consulta de la siguiente\n manera: El artículo 20 de la Ley 99-24, publicada en el\n Registro Oficial No. 181 del 30 de abril de 1999, excluye de\n las excepciones para el pago del impuesto a la renta a la décima\n tercera remuneración, en consecuencia su consideración\n para el pago de este impuesto por parte de PETROINDUSTRIAL es\n procedente.

\n\n

Que, el texto de la absolución es contrario al mandato\n constitucional contenido en la norma del artículo 35,\n numeral 3 de la Constitución Política de la República,\n ya que sin motivación como ordena el artículo 24,\n numeral 13 de la Constitución, absolvió la consulta\n en flagrante transgresión de la referida norma constitucional,\n inclusive lo prescrito en el articulo 5 del Código del\n Trabajo que le obliga y ordena al Director Regional del Trabajo\n a prestar a los trabajadores oportuna y debida protección\n para la garantía y eficacia de los derechos, derecho que\n se encuentra tipificado en el artículo 112 del Código\n del Trabajo, por tanto tutelado por la intangibilidad constitucional\n imperativamente dispuesta en el numeral 3 del artículo\n 35 del Estatuto Supremo.

\n\n

Que, en la última Codificación del Código\n del Trabajo, publicada en el Registro Oficial No. 162 del 29\n de septiembre de 1 997, en el artículo 112, se determina\n la exclusión de la décima tercera remuneración\n para el pago del impuesto a la renta.

\n\n

Que, el derecho a la décima tercera remuneración\n se encuentra protegido de manera expresa por el contenido de\n los numerales 1, 3 y 4 del artículo 35 de la Constitución,\n en particular por el contenido del numeral 3 que ordena: El Estado\n garantiza la intangibilidad de los derechos reconocidos a los\n trabajadores, y adoptará las medidas para su ampliación\n y mejoramiento. -

\n\n

Que, el artículo 18 de la Constitución dice:\n Las leyes no podrán restringir el ejercicio de los derechos\n y garantías constitucionales, demostrando en esta forma,\n que ninguna ley orgánica ni ordinaria puede estar en contradicción\n del mandato constitucional, siendo de obligación entre\n otras autoridades, de la administrativa aplicar las normas de\n la Constitución que sean pertinentes aunque la parte interesada\n no la invoque expresamente según el artículo 273.

\n\n

Que, el derecho a la décima tercera remuneración,\n en particular respecto a la exclusión para el cálculo\n de impuesto a la renta, se encuentra defendido por el Estado\n dada su intangibilidad, cuya definición no es otra que\n no debe o puede tocarse, disminuido o alterado sino que el Estado\n debe tomar medidas para su ampliación o mejoramiento,\n pero la absolución del Director Regional del Trabajo de\n Quito, única autoridad competente para absolver esa clase\n de consultas, les causa grave daño a sus economías\n y por lo mismo, se violenté también lo que dispone\n el artículo 23 numeral 20 de la Constitución Política\n de la República que dice: Derecho a una calidad de vida\n que asegure la salud, alimentación y nutrición,\n agua potable, saneamiento ambiental, educación, trabajo,\n empleo, recreación, vivienda, vestido y otros servicios\n necesarios e, irrumpe, también el primer inciso del articulo\n 35 de la Carta Magna.

\n\n

Que, a más de lo indicado, se suma el hecho que no\n existe derogación expresa del artículo 112 del\n Código del Trabajo, de manera que se encuentra plenamente\n vigente.

\n\n

Que, el acto administrativo que impugna no solo ha violado\n las normas constitucionales indicadas, sino también los\n convenios internacionales 95 y 100 de la OIT., artículo\n 1 "8 numerales 1 y 2, y 10 numerales 1 y 2, y artículo\n 1, literal a), respectivamente", convenios que se encuentran\n garantizados por la Constitución Política en sus\n artículos 17, 18 y 19, los cuales tienen fuerza jurídica\n jerárquica sobre la ley al tenor del articulo 163 de la\n ley de leyes.

\n\n

Que, por inconstitucional impugna expresamente el acto administrativo\n constante en el oficio No. C-079-DRTQ-2002 sin fecha expedido\n por el doctor Gonzalo Irigoyen, Director Regional del Trabajo\n de Quito, a fin de que, una vez revocado, se disponga que la\n Empresa PETROINDUSTRIAL devuelva los descuentos del impuesto\n a la renta que ha hecho de la décima tercera remuneración\n correspondiente al año 2001.

\n\n

Que, el doctor Gonzalo Irigoyen Vargas, Director Regional\n del Trabajo y Mediación Laboral de Quito, al contestar\n la demanda de inconstitucionalidad presentada por el señor\n Faustín Elías Valencia Valencia, representante\n de Cetrapin, niega los fundamentos de hecho y de derecho de la\n acción propuesta; sostiene que existe improcedencia de\n la acción ya que no se entiende en que forma o manera\n existe inconstitucionalidad del oficio No. C-079-DRTQ-2002, sin\n fecha; más aún, el derecho del Estado de recabar\n impuestos, recae en el ámbito de lo tributario y es una\n facultad administrativa de esta Cartera de Estado y, específicamente,\n de esta Autoridad el absolver, en derecho, las consultas que\n tanto empleadores como trabajadores le planteen, facultad que,\n además, se encuentra contenida en el articulo 549, numeral\n 1 del Código del Trabajo; que el artículo 20 de\n la Ley 99-24, publicada en el Registro Oficial No. 181 del 30\n de abril de 1999, excluye de las exenciones para el pago del\n impuesto a la renta a la décimo tercera remuneración;\n que la absolución, en definitiva, es su criterio sustentado\n en la norma indicada, a pedido de los hoy actores.

\n\n

Que, no hay idoneidad en la vía escogida por los actores,\n pues si su deseo era dejar sin efecto la vigencia de la absolución\n de la Consulta No. C-079-DRTQ-2002 del año 2002, lo propio\n era seguir la vía Contenciosa-Administrativa o a lo sumo\n la Fiscal y no la de inconstitucionalidad y, bajo el amparo de\n un recurso subjetivo o de plena jurisdicción, requerir\n la anulación del acto o su derogación por decisión\n judicial.

\n\n

Que, así mismo, la Ley Tributaria establece la idoneidad\n en cuanto a la vía judicial que debió seguirse,\n esto es, el pago indebido ante uno de los tribunales distritales\n de lo Fiscal.

\n\n

Que, insiste en la legalidad del acto cuya inconstitucionalidad\n se demanda y pide desde ya sea rechazada.

\n\n

Con estos antecedentes, la Tercera Sala del Tribunal Constitucional,\n realiza las siguientes,

\n\n

 

\n\n

Consideraciones:

\n\n

PRIMERA.- La Sala es competente para conocer y resolver\n la presente causa de conformidad con lo dispuesto en el numeral\n 2 del artículo 276 de la Constitución Política\n de la República;

\n\n

SEGUNDA.- No se ha omitido solemnidad sustancial alguna\n que pueda incidir en la resolución del presente caso,\n por lo que se declara su validez;

\n\n

TERCERA.- El actor, Faustín Elías Valencia,\n ha dado cumplimiento a la disposición que contiene el\n numeral 5 del articulo 277 de la Carta Fundamental del Estado,\n pues cuenta con el informe previo emitido por el Defensor del\n Pueblo, sobre la procedencia de la demanda de inconstitucionalidad\n planteada fundamentándose en el numeral 2 del artículo\n 276 ibídem;

\n\n

CUARTA.- Para los efectos de la demanda de inconstitucionalidad,\n al tenor del artículo 24 de la Ley de Control Constitucional,\n se entiende por acto administrativo las declaraciones que crean,\n modifican o extinguen situaciones jurídicas individuales,\n así como los de mero trámite que influya en una\n decisión final;

\n\n

QUINTA.- El señor Secretario General del Comité\n de la Empresa Nacional Cetrapin de los Trabajadores de la Empresa\n PETROI7NDUSTRIAL consulta al Director Regional del Trabajo "si\n es procedente o no que la Empresa PETROI7NDUSTRIAL haya procedido\n a realizar el descuento de la décima tercera remuneración\n del año 2001, para el pago del impuesto a la renta, sin\n embargo de la inconcusa exclusión que le impone el artículo\n 112 del Código del Trabajo y el artículo 35 numeral\n 3 de la Constitución Política de la República,\n el cual por ser un derecho intangible no puede ser tocado";\n

\n\n

SEXTA.- El Director Regional del Trabajo de Quito,\n al absolver la consulta formulada por el Secretario General de\n CETRAPIN se remitió al artículo 20 de la Ley 99-24,\n publicada en el Registro Oficial No. 181 del 30 de abril de 1999\n que eliminé, de entre las excenciones, para la liquidación\n y determinación del impuesto a la renta, entre otras,\n a la décimo tercera remuneración;

\n\n

SEPTIMA.- La absolución de la consulta por parte\n del Director Regional del Trabajo de Quito que se indica en líneas\n anteriores no constituye acto administrativo que crea, modifica\n o extingue situaciones jurídicas individuales, ni es de\n mero trámite que pueda influir en una decisión\n es, solamente un acto con el que la Autoridad da cumplimiento\n a una de las atribuciones consignadas en el artículo 549\n del Código del Trabajo como es la expresada en el numeral\n 1, mediante la cual le corresponde absolver las consultas que\n le formulen las autoridades y funcionarios del .trabajo y de\n las empresas y trabajadores en lo relacionado a leyes y reglamentos\n del trabajo;

\n\n

OCTAVA.- Si la pretensión del representante\n de la Empresa PETROINDUSTRIAL es que, se devuelvan los descuentos\n que para el pago de impuesto a la renta hizo de la décimo\n tercera remuneración, el Código Tributario le concede\n el camino o el procedimiento a seguir para tal propósito,\n más no la revocatoria de la absolución de una consulta\n originada en la Dirección Regional del Trabajo, mediante\n la acción de inconstitucionalidad;

\n\n

NOVENA.- El comportamiento del Director Regional del\n Trabajo de Quito no conduce de manera alguna a la declaratoria\n de inconstitucionalidad que solícita el señor Faustín\n Ellas Valencia Valencia, Secretario General del Comité\n de Empresa Nacional de los Trabajadores de PETROINDUSTRIAL Cetrapin;\n y,

\n\n

Por todo lo expuesto, en ejercicio de sus atribuciones, la\n Tercera Sala del Tribunal Constitucional,

\n\n

Resuelve:

\n\n

1.- lnadmitir, por improcedente, la demanda de inconstitucionalidad\n planteada por el Secretario General del Comité de Empresa\n Nacional de Trabajadores de PETROINDUSTRIAL Cetrapin en contra\n del Director Regional del Trabajo de Quito, por improcedente;

\n\n

2.- Dejar a salvo los derechos de la parte actora para proponer\n las acciones que estime pertinentes en defensa de los intereses\n a los que representa; y,

\n\n

3.- Notificar la presente resolución.- Publíquese.

\n\n

f.) Dr. Hernán Rivadeneira Játiva, Vocal y Presidente,\n Tercera Sala.

\n\n

f.) Dr. René de la Torre Alcívar, Vocal, Tercera\n Sala.

\n\n

f.) Dr. Oswaldo Cevallos Bueno, Vocal, Tercera Sala.

\n\n

Razón: Siento por tal que la resolución\n que antecede fue aprobada el día de hoy seis de febrero\n de dos mil tres.- Lo certifico.

\n\n

f.) Dra. Carmen Estrella Cahueñas, Secretaria de Sala\n (E).

\n\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Tercera Sala.- Es fiel copia del\n original.- Quito, a 7 de febrero de 2003.- f.) Secretario de\n la Sala.

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

No. 051-2002-HD

\n\n

Magistrado ponente: Dr. René\n de la Torre Alcívar.

\n\n

CASO No. 051-2002-HD

\n\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
\n TERCERA SALA

\n\n

Quito, 6 de febrero de 2003.- Las 12h00.

\n\n

Antecedentes:

\n\n

Martha Luzmila Ruiz Torres, por sus propios derechos, comparece\n ante el Juez de lo Civil de Pichincha y deduce acción\n de hábeas data, manifestando:

\n\n

Que, es socia de la Cooperativa de Huertos Familiares I7NERHI\n desde su fundación y ha aportado su dinero desde hace\n más de treinta años, sin que hasta el momento se\n hayan adjudicado los lotes de terreno que le corresponden en\n el sector La Armenia, parroquia de Conocoto.

\n\n

Que, supuestamente ha sido excluida como socia de la Cooperativa,\n con intervención de dos instancias: El Consejo de Administración\n y la Asamblea General, de cuyas actas no tiene ningún\n conocimiento, así como de otras informaciones económicas\n ni estatutarias.

\n\n

Que, de conformidad con el artículo 94 de la Constitución\n Política de la República, en concordancia con el\n artículo 34 y siguientes de la Ley de Control Constitucional,\n por tratarse de información referente a sus bienes, solícita\n acceder a la documentación que se halla en la Cooperativa\n de Huertos Familiares INERHI, para lo cual se requerirá\n que los actuales personeros de la Cooperativa le proporcionen\n en forma clara, verídica y completa los siguientes documentos:

\n\n

a).- Los estatutos de la Cooperativa de Huertos Familiares\n INERHI y sus reformas; b).- El acta de sorteo de los lotes a\n los socios debidamente legalizada; c).- Los oficios de los municipios\n que autorizan la urbanización del predio situado en La\n Armenia con todos los cambios que en el tiempo se hayan producido;\n d).- Las actas de las sesiones de los consejos de Administración,\n Vigilancia y Asamblea General desde el mes de enero de 2001 hasta\n la fecha; c).- El detalle de todos los pagos y aportes efectuados\n por la compareciente como socia de la Cooperativa, determinando\n cuánto corresponde a compra de lotes y cuánto corresponde\n a los aportes propiamente dichos; f).- Los planos de la urbanización,\n incluyendo los anteriores a la resolución de la Asamblea\n General de dividir los lotes en sublotes más pequeños\n y los actuales; g).- Los lotes que han sido escriturados con\n determinación del nombre del socio y valor, así\n como copias de las respectivas escrituras de adjudicación;\n h).- Los balances de comprobación, situación general\n y anexos, de resultados y anexos, distribución de excedentes\n correspondientes a los ejercicios económicos de los años\n 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001; j).- El estudio del alcantarillado\n aprobado, incluyendo los planos con los sellos originales; y,\n k).- La carpeta que contiene los traspasos de derechos y acciones\n de lotes.

\n\n

Que, se reserva el derecho de solicitar la actualización\n de los datos o su rectificación, si fueren erróneos\n o afectaren ilegítimamente sus derechos.

\n\n

Que, en la audiencia pública celebrada ante el Juez\n Segundo de lo Civil de Pichincha, las partes representadas por\n sus abogados, han realizado exposiciones tendientes a defender\n los intereses de cada una de ellas.

\n\n

Que, el Juez Segundo de lo Civil de Pichincha, mediante resolución\n pronunciada el 30 de septiembre de 2002, inadmite la acción\n deducida y, posteriormente, concede el recurso de apelación\n planteado por parte de la demandada.

\n\n

Con estos antecedentes, la Tercera Sala del Tribunal Constitucional,\n realiza las siguientes,

\n\n

Consideraciones:

\n\n

PRIMERA.- La Sala es competente para conocer y resolver\n la presente causa de conformidad con lo dispuesto en el numeral\n 3 del artículo 276 de la Constitución Política\n de la República;

\n\n

SEGUNDA.- No se ha omitido solemnidad sustancial alguna\n que pueda incidir en la resolución del presente caso,\n por lo que se declara su validez;

\n\n

TERCERA.- Examinado el expediente se establece que\n quien presenta el recurso de apelación de la resolución\n pronunciada en el primer nivel es la actora Martha Ruiz Torres\n y no como equivocadamente consigna el Juez a-quo en la providencia\n de fojas 22 indicando que concede el recurso "de apelación\n Interpuesto por parte de la demandada , no obstante lo cual,\n por economía procesal la Sala al determinar que indicado\n recurso ha sido planteado dentro del tiempo hábil, se\n decida por continuar en el conocimiento y resolución de\n esta causa;

\n\n

CUARTA.- Toda persona, al tenor de los incisos primero\n y segundo del articulo 94 de la Constitución Política\n de la República, tiene derecho a acceder a los documentos,\n bancos de datos e informes que sobre sí misma, o sobre\n sus bienes, consten en entidades públicas o privadas,\n así como a conocer el uso que se haga de ellos y su propósito;\n y, tiene la facultad de solicitar ante el funcionario respectivo\n la actualización de datos o su rectificación, eliminación\n o anulación si fueren erróneos o afectaren ilegítimamente\n sus derechos;

\n\n

QUINTA.- En la especie, la actora se acoge a la garantía\n del hábeas data reservándose el derecho de solicitar\n la actualización de los datos o su rectificación\n si fueren erróneos o afectaren ilegítimamente sus\n derechos, pero del contenido del libelo de demanda se llega a\n establecer que pretende tener acceso a documentos que corresponden\n a otras personas o que se encuentran en otras dependencias, desnaturalizando\n en esta forma la garantía constitucional que faculta el\n acceso a los documentos que sobre su persona o sobre sus bienes\n consten en las entidades públicas o privadas y no a tener\n acceso a documentos de otras personas, tanto más que para\n obtener los mismos tiene facultades para concurrir ante la justicia\n ordinaria; y,

\n\n

Por todo lo expuesto, en ejercicio de sus atribuciones, la\n Tercera Sala del Tribunal Constitucional,

\n\n

Resuelve:

\n\n

1.- Confirmar, en todas sus partes, la resolución pronunciada\n el 30 de septiembre del 2002 por el Juez Segundo de lo Civil\n de Pichincha con asiento en Quito que inadmite la acción\n deducida;

\n\n

2.- Dejar salvo los derechos de la actora para que proponga\n las acciones que estime pertinentes;

\n\n

3.- Devolver el expediente al Juzgado de origen para los fines\n de ley; y,

\n\n

4.- Notificar la presente resolución.- Publíquese.

\n\n

f.) Dr. Hernán Rivadeneira Játiva, Vocal y Presidente,\n Tercera Sala.

\n\n

f.) Dr. René de la Torre Alcívar, Vocal, Tercera\n Sala.

\n\n

f.) Dr. Oswaldo Cevallos Bueno, Vocal, Tercera Sala.

\n\n

Razón: Siento por tal que la resolución\n que antecede fue aprobada el día de hoy seis de febrero\n de dos mil tres.- Lo certifico.

\n\n

f.) Dra. Carmen Estrella Cahueñas, Secretaria de Sala\n (E).

\n\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- Tercera Sala.- Es fiel copia del\n original.- Quito, a 7 de febrero de 2003.- f.) Secretario de\n la Sala.

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

No. 135-2002-RA

\n\n

Magistrado ponente: Dr. René\n de la Torre Alcívar.

\n\n

CASO No. 135-2002-RA

\n\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
\n TERCERA SALA

\n\n

Quito, 3 de febrero de 2003.- Las 15h30.\n

\n\n

Antecedentes:

\n\n

El señor Xavier Magnolo Yagual, comparece ante el Juez\n Vigésimo Primero de lo Penal del Guayas y propone acción\n de amparo constitucional en contra del Delegado Provincial Subrogante\n del INDA-Guayas y del Director Distrital Occidental del Instituto\n Nacional de Desarrollo Agrario, manifestando:

\n\n

Que, Pedro Angel Sánchez Orrala ha comparecido ante\n el Director Distrital Centro Occidental del Instituto Nacional\n de Desarrollo Agrario de Guayaquil, como Procurador Común\n de un grupo de campesinos que dice representar y solicita se\n garantice la tenencia de un lote de terreno situado en la Comuna\n "El Azúcar", cantón Santa Elena, provincia\n del Guayas y el desalojo de quienes llama invasores.

\n\n

Que, el Director Distrital del INDA de la ciudad de Guayaquil\n ha resuelto a favor de Sánchez Orrala y garantiza la integridad\n de un lote de terreno de ochenta hectáreas aproximadamente,\n situado en la Comuna "El Azúcar" cantón\n Santa Elena.

\n\n

Que, posteriormente, el Director del Instituto Nacional de\n Desarrollo Agrario Occidental del INDA, cumpliendo con lo dispuesto\n por el artículo 4 de la Ley de Organización y Régimen\n de las Comunas, de acuerdo con lo estatuido en el artículo\n 10 del Estatuto Jurídico de las Comunidades Campesinas,\n se inhibe de continuar conociendo el expediente No. 532-2000,\n revocando las medidas cautelares.

\n\n

Que,- el 20 de abril de 2001, el Director Distrital Occidental\n del INDA ha reconocido la validez del titulo de dominio presentado\n por Manuel Game Loaiza y garantiza la integridad del lote en\n una superficie de 50 hectáreas, dejando sin efecto la\n providencia dictada por el Director Distrital.

\n\n

Que, no obstante lo anterior, el Delegado Provincial Subrogante\n del INDA-Guayas, mediante providencia de 4 de octubre de 2001,\n garantiza la integridad del lote de terreno de 110.24 hectáreas,\n a favor de Pedro Angel Sánchez Orrala, prohibiendo el\n ingreso de cualquier persona ajena al mismo de cuyas consecuencias,\n con el auxilio de la fuerza pública se ha procedido a\n desalojar a quienes se encontraban en posesión del mencionado\n predio.

\n\n

Que, mediante oficio No. 0696-MAO del 10 de octubre de 2001\n el Ministro de Agricultura y Ganadería se dirige al Director\n Ejecutivo del INDA y le dice que se disponga la inhibición\n de conocer los conflictos relacionados con las comunas del país\n y como consecuencia de este oficio, el Director Distrital Occidental\n del INDA, mediante oficio DDO-No. 2569 del 26 de octubre de 2001\n se dirige al Director Agropecuario del Ministerio de Agricultura\n y Ganadería y le remite el expediente administrativo No.\n 532-2000 relacionado con el lote de terreno de 110.24 hectáreas\n situado en el sector "El Azúcar", diciéndole\n que conforme el artículo 10 del Estatuto Jurídico\n de las Comunidades Campesinas, le compete al Ministerio de Agricultura\n y Ganadería conocer el trámite que consta en el\n expediente indicado.

\n\n

Que, posteriormente el Director Distrital Occidental del INDA,\n con oficios Nos. 2570 y 2572, ambos del 26 de octubre de 2001\n se dirige al Intendente General de Policía del Guayas\n y al Jefe de Area Peninsular Guayas No. 2 de la Policía\n Nacional de La Libertad, en su orden, y les dice que el componente\n para conocer el expediente administrativo No. 532-2000 es el\n Director Agropecuario del Ministerio de Agricultura y Ganadería\n y hasta que el Ministerio indicado resuelva lo pertinente, se\n deben abstener a dar cumplimiento a las órdenes dictadas\n dentro del expediente administrativo No. 532-2000 y entre ellas\n la contenida en el oficio No. 2435 del 8 de octubre de 2001.\n

\n\n

Que, solícita se deje sin efecto suspendiéndola\n en forma definitiva las medidas dispuestas en la providencia\n del 4 de octubre de 2001 expedida por el Director Provincial\n Subrogante del Instituto Nacional de Desarrollo Agrario INDA,\n la que no fue revocada por este funcionario ni por el Director\n Distrital Occidental del INDA, quien se limitó a enviar\n todo lo actuado, habiéndose violentado el numeral 16 del\n artículo 25 y los numerales 1, 15 y 17 d 1 artículo\n 24 de la Constitución Política de la República.\n

\n\n

Que, no han concurrido a la audiencia pública los demandados,\n habiéndole hecho solamente el actor, quien, por medio\n de su abogado defensor se ha ratificado en los fundamentos de\n hecho y de derecho de la acción propuesta y ha acusado\n la rebeldía de la parte accionada.

\n\n

Que, el Juez Vigésimo Primero de lo Penal del Guayas\n con asiento en La Libertad, mediante resolución de 28\n de diciembre de 2001, admite el amparo propuesto; y, posteriormente\n concede el recurso de apelación planteado por el abogado\n Alonso Verdezoto Gaibor, en su calidad de Delegado Provincial\n del INDA-Guayas.

\n\n

Con estos antecedentes, la Tercera Sala del Tribunal Constitucional,\n realiza las siguientes,

\n\n

Consideraciones:

\n\n

PRIMERA.- La Sala es competente para conocer y resolver\n la presente causa de conformidad con lo dispuesto en el numeral\n 3 del artículo 276 de la Constitución Política\n de la República;

\n\n

SEGUNDA.- No se ha omitido solemnidad sustancial alguna\n que pueda incidir en la resolución del presente caso,\n por lo que se declara su validez;

\n\n

TERCERA.- El demandado Alonso Verdesoto Gaibor, en\n su calidad de Delegado Provincial del INDA-Guayas, en los escritos\n que obran a fojas 50, 50 vta., 51, 68, 68 vta., 78, 78 vta.,\n alega la falta de competencia del Juez Vigésimo Primero\n de lo Penal de La Libertad para conocer este caso, en razón\n del territorio. En consecuencia, le corresponde a la Sala analizar\n si el indicado Juez se encontraba revestido de competencia para\n conocer, sustanciar y resolver el amparo constitucional planteada\n por el señor Xavier Magnolo Yagual Yagual en contra del\n Delegado Provincial Subrogante del INDA-Guayas y del Director\n Distrital Occidental del Instituto Nacional de Desarrollo Agrario;

\n\n

CUARTA.- Son competentes para conocer y resolver el\n amparo constitucional, según el artículo 47 de\n la Ley de Control Constitucional, los jueces de lo civil o los\n tribunales de instancia de la sección territorial en que\n se consume o pueda producir sus efectos el acto ilegitimo violatorio\n de los derechos constitucionales. Se puede, también, proponer\n la acción de amparo constitucional ante el Juez o Tribunal\n Penal, en días feriados o fuera del horario de atención\n de juzgados y tribunales, o en circunstancias excepcionales que\n deberán ser invocadas por el solicitante y calificados\n por el Juez o Tribunal;

\n\n

QUINTA.- El acto que se impugna fs. 7 y 7 vta., de\n los autos, se expidió en la ciudad de Guayaquil de manera\n que el Juez o Tribunal competente seria el que tiene asiento\n en la ciudad de Guayaquil, lugar en el que se consumó\n el acto;

\n\n

SEXTA.- El acto que es materia de este expediente puede\n producir sus efectos en el cantón Sana Elena, provincia\n del Guayas, sitio en el que se halla ubicado el terreno, en cuya\n cabecera cantonal funciona el Juzgado de lo Civil el que, por\n mandato del artículo 47 de la Ley de Control Constitucional,\n también seria el órgano competente para conocer\n y resolver las reclamaciones referentes

 

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