Registro Oficial. 6 de MARZO del 2003

Jueves, 06 de marzo de 2003

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

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   MES DE MARZO DEL 2003
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Jueves, 6 de marzo del 2003 - R. O. No. 34

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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n

DR. JORGE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR

\n\n

FUNCION\n EJECUTIVA

\n\n

DECRETOS:

\n\n

102 Nómbrase al doctor Marcelo\n Hervas Silva como representante permanente del Ecuador ante la\n Organización de Estados Americanos

\n\n

104\n Nómbrase\n al señor ingeniero Enrique Becerra Navarro, como delegado\n del señor Presidente de la República, ante el Directorio\n de la Empresa Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil,\n ECAPAG

\n\n

106\n Nómbrase\n al señor Contralmirante Luis Flores Casañas, como\n delegado principal del señor Presidente de la República,\n ante el Consejo Temporal de Liquidación de Filanbanco\n S.A

\n\n

131\n Nómbrase\n al señor Segundo Vicente Cevallos Cantos, como representante\n del señor Presidente de la República, ante el Directorio\n de la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado de Manta

\n\n

ACUERDOS:

\n\n

MINISTERIO\n DE BIENESTAR SOCIAL:

\n\n

0043 Transfiérase a la Ilustre Municipalidad\n del Cantón General Antonio Elizalde (Bucay), provincia\n del Guayas, las potestades, atribuciones y recursos del Cuerpo\n de Bomberos de General Elizalde (Bucay)

\n\n

0063 Expídense las reformas al Reglamento\n Orgánico Funcional, expedido mediante acuerdo ministerial\n publicado en el Registro Oficial Nº 596 de 23 de diciembre\n de 1994

\n\n

0064\n Expídese\n la reforma al artículo único del Acuerdo Ministerial\n Nº 001 del 20 de enero de 2003

\n\n

0065 Deléganse atribuciones al señor\n Subsecretario de Desarrollo Humano

\n\n

FUNCION\n JUDICIAL

\n\n

CORTE\n SUPREMA DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA DE LO PENAL:

\n\n

Recursos de casación\n en los juicios penales seguidos por las siguientes personas:

\n\n

607-02 Contra Diego Francisco Cisneros Tamayo,\n por el delito tipificado y sancionado en el Art. 61 de la Ley\n de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas

\n\n

611-02 Contra Braulio Efraín Andrade Nicolalde,\n por lesiones

\n\n

612-02\n Contra José\n Luis Rivas Guanuchi por tenencia ilegal de armas y asociación\n ilícita

\n\n

613-02 Contra Rubén Tobías Barreiro\n Barreiro y otro por asesinato de Daniel Trinidad Alcívar\n Herrera

\n\n

614-02\n Contra Roque\n Raúl Solórzano Casanova, por asesinato

\n\n

615-02\n Contra José\n Arnulfo Chávez Solórzano, por violación\n de domicilio en perjuicio de Maria Exdrix Cevallos Vera

\n\n

616-02 Contra José Vicente Paillacho Pineda,\n por homicidio de Víctor Endara

\n\n

617-02 Contra Amador Modesto Sornoza Rivera,\n por el delito previsto y sancionado en el Art. 64 de la Ley de\n Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas

\n\n

618-02 Contra Teresa Cayancela Guamán,\n por estafa en perjuicio de Segundo Pablo Tamay Allaico

\n\n

619-02\n Contra Angel\n Wilfrido Yánez Toapanta y otros por tentativa de robo\n en perjuicio de Luz Flora Carcelén Condoy

\n\n

620-02 Contra Nelson Patricio Aldaz Rosero, por\n hurto en perjuicio de María Mery Chanto Espinoza

\n\n

ACUERDO\n DE CARTAGENA

\n\n

RESOLUCIONES:

\n\n

684 Precios de referencia del Sistema Andino\n de Franjas de Precios para la primera quincena de enero de 2003,\n correspondientes a la Circular Nº 187 del 16 de diciembre\n de 2002

\n\n

685 Solicitud del Gobierno de Venezuela para\n el diferimiento del Arancel Externo Común de productos\n del sector confección por razones de emergencia nacional

\n\n

686\n Solicitud\n de aplicación de medidas correc-tivas por parte del Gobierno\n de Ecuador a las importaciones de productos clasificados en las\n subpartidas arancelarias NANDINA 1507.90.00, 1512.19.00, 1516.20.00,\n 1517.10.00 y 1517.90.00 originarias de los Países Miembros\n de la Comunidad Andina, bajo lo dispuesto en el artículo\n 109 del Acuerdo de Cartagena

\n\n

TRIBUNAL\n CONSTITUCIONAL

\n\n

RESOLUCIONES:

\n\n

002-2002-CC Agréguese al expediente el escrito\n pre-sentado por el señor Presidente de la Corte de Justicia\n Militar y niégase por improcedente e impertinente el pedido\n de ampliación y aclaración formulada

\n\n

479-2002-RA Revócase en todas sus\n partes, la resolu-ción pronunciada por el Juez Vigésimo\n Primero de lo Civil de Pichincha y deséchase por improcedente\n la demanda presentada por el señor Segundo Timoteo Gavilánez\n Ojeda en contra del Ministerio de Bienestar Social

\n\n

488-2002-RA Confirmase la resolución\n subida en grado y niégase el amparo solicitado por el\n señor Segundo Benedicto Ulco Velasco

\n\n

ORDENANZAS\n MUNICIPALES:

\n\n

- Cantón Guachapala: Que reglamenta la integración\n y funcionamiento del Comité de Contrataciones para los\n proyectos PRAGUAS

\n\n

- Cantón El Triunfo: Que reglamenta la administración,\n regulación y establecimiento de tarifas de los cementerios\n municipales

\n\n

- Cantón\n Cuenca: Que regula el Consejo de Seguridad Ciudadana

\n\n

- Cantón Paján:\n Que reglamenta\n el manejo, custodia, registro y control de los fondos de caja\n chica

\n\n

- Cantón San Juan Bosco: Para el cobro de la tasa por\n recolección de basura y aseo público\n

\n \n
\n

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

No.\n 102

\n\n

Lucio Gutiérrez Borbúa
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
\n REPUBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que el Gobierno Nacional estima conveniente designar Embajador,\n representante permanente del Ecuador ante la Organización\n de Estados Americanos; y,

\n\n

El artículo 171, numeral 10) de la Constitución\n Política de la República y los artículos\n 2 y 56 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior,

\n\n

Decreta:

\n\n

ARTICULO PRIMERO.- Nombrar al doctor Marcelo Hervas\n Silva como representante permanente del Ecuador ante la Organización\n de Estados Americanos, con sede en Washington, Estados Unidos\n de América.

\n\n

ARTICULO SEGUNDO.- Encárguese de la ejecución\n del presente decreto la Ministra de Relaciones Exteriores.

\n\n

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 4 de febrero de 2003.

\n\n

f.) Lucio Gutiérrez Borbúa, Presidente Constitucional\n de la República.

\n\n

f.) Nina Pacari Vega, Ministra de Relaciones Exteriores.

\n\n

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

\n\n

f.) Patricio Acosta Jara, Secretario General de la Administración\n Pública.

\n\n

 

\n\n

No.\n 104

\n\n

Lucio Gutiérrez Borbúa
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
\n REPUBLICA

\n\n

En ejercicio de la facultad que le confiere\n el artículo 6 del Decreto-Ley Nº 08, publicado en\n el Registro Oficial Nº 508 de 19de agosto de 1994,

\n\n

Decreta:

\n\n

ARTICULO UNICO.- Nómbrase al señor ingeniero\n Enrique Becerra Navarro, delegado del Presidente de la República,\n ante el Directorio de la Empresa Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado\n de Guayaquil, (ECAPAG), quien lo presidirá.

\n\n

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 4 de febrero de 2003.

\n\n

f.) Lucio Gutiérrez Borbúa, Presidente Constitucional\n de la República.

\n\n

Es fiel copia del original.

\n\n

Lo certifico.

\n\n

f.) Patricio Acosta Jara, Secretario General de la Administración\n Pública.

\n\n

 

\n\n

No. 106

\n\n

Lucio Gutiérrez Borbúa
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
\n REPUBLICA

\n\n

En ejercicio de la facultad que le confiere\n el artículo 12 de la Ley Nº 2002-60, publicada en\n el Suplemento del Registro Oficial Nº 503 de 28 de enero\n de 2002,

\n\n

Decreta:

\n\n

ARTICULO UNICO.- Nómbrase al señor Contralmirante\n Luis Flores Casañas, delegado principal del Presidente\n de la República ante el Consejo Temporal de Liquidación\n de FILANBANCO S.A., quien lo presidirá y, como suplente,\n al señor economista Gilberto Pazmiño, las dos personas\n actuarán en representación del ISSFA.

\n\n

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 5 de febrero de 2003.

\n\n

f.) Lucio Gutiérrez Borbúa, Presidente Constitucional\n de la República.

\n\n

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

\n\n

f.) Patricio Acosta Jara, Secretario General de la Administración\n Pública.
\n

\n\n

 

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\n\n

No. 131

\n\n

Lucio Gutiérrez Borbúa
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
\n REPUBLICA

\n\n

En ejercicio de la facultad que le confiere\n la letra a) del artículo 4 de la Ley de Creación\n de la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado de Manta,

\n\n

Decreta:

\n\n

ARTICULO UNICO.- Nómbrase al señor Segundo\n Vicente Cevallos Cantos, representante del Presidente de la República\n ante el Directorio de la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado\n de Manta.

\n\n

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 7 de febrero de 2003.\n -

\n\n

f.) Lucio Gutiérrez Borbúa, Presidente Constitucional\n de la República.

\n\n

Es fiel copia del original.

\n\n

Lo certifico.

\n\n

f.) Patricio Acosta Jara, Secretario General de la Administración\n Pública.

\n\n

 

\n\n

No. 0043

\n\n

MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL

\n\n

Considerando:

\n\n

Que el artículo 225 de la Constitución Política\n de la República del Ecuador, dispone al Gobierno Central,\n transferir progresivamente funciones, atribuciones, competencias,\n responsabilidades y recursos a las entidades seccionales autónomas;

\n\n

Que el inciso tercero del artículo 226 de la Constitución\n Política de la República establece que la descentralización\n será obligatoria cuando una entidad seccional la solicite\n y tenga capacidad operativa para asumirla;

\n\n

Que la Ley de Descentralización y Modernización\n del Estado, así como la Ley Especial de Descentralización,\n el Reglamento a la Ley de Descentralización del Estado\n (artículo 4) señala como autoridades competentes\n para suscribir convenios a las siguientes: Presidente de la República,\n el Ministro que transfiere las funciones y competencias, el Ministro\n de Economía y Finanzas y los representantes legales del\n Gobierno Seccional Autónomo solicitante;

\n\n

Que el fin último de estas transferencias es mejorar\n el servicio público y satisfacer de mejor manera las necesidades\n de la ciudadanía;

\n\n

Que el ilustre Municipio del Cantón General Antonio\n Elizalde (Bucay), provincia del Guayas, ha solicitado la descentralización\n mediante oficio No. 028-2003-LOP-ACB de fecha II de febrero de\n 2003;

\n\n

Que la I. Municipalidad está en capacidad de asumir\n los servicios que presta el Cuerpo de Bomberos de General Elizalde\n (Bucay), fortaleciéndolo como una instancia que goza de\n la autonomía necesaria para que pueda desarrollar eficientemente\n su función de servicio comunitario; y,

\n\n

En uso de las atribuciones legales otorgadas por el artículo\n 16 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo\n de la Función Ejecutiva,

\n\n

Acuerda:

\n\n

ARTICULO 1.- Transferir a la Ilustre Municipalidad\n del Cantón General Antonio Elizalde (Bucay), provincia\n del Guayas, las potestades, atribuciones y recursos del Cuerpo\n de Bomberos de General Elizalde (Bucay), que en relación\n con la materia y conforme a la Ley de Defensa Contra Incendios,\n ha venido ejerciendo el Ministerio de Bienestar Social.

\n\n

ARTICULO 2.- La transferencia se realiza en los términos\n del artículo 7 de la Ley de Modernización, Privatizaciones\n y Prestación de Servicios Públicos y el artículo\n 12 de la Ley de Descentralización del Estado, por lo que\n transfiere las atribuciones, funciones y recursos necesarios\n para el ejercicio de las actividades correspondientes.

\n\n

ARTICULO 3.- Confórmase una comisión\n integrada por el Ministerio de Bienestar Social, el Alcalde del\n I. Municipio del Cantón General Antonio Elizalde (Bucay)\n y el Primer Jefe del Cuerpo de Bomberos de General Elizalde (Bucay)\n o sus respectivos delegados, a fin de que establezcan los procedimientos\n y realicen las gestiones necesarias para hacer efectiva la transferencia\n dispuesta en este acuerdo.

\n\n

ARTICULO 4.- Este acuerdo entrará en vigencia\n a partir de la publicación en el Registro Oficial.

\n\n

Dado en Quito, a 12 de febrero de 2003.

\n\n

f.) Ing. Patricio Ortiz, Ministro de Bienestar Social.

\n\n

Ministerio de Bienestar Social.- Es fiel copia del original.-\n Lo certifico.- f.) Daniel Jacho Barrera, Jefe de Archivo.- 19\n de febrero de 2003.

\n\n

 

\n\n

Nº 0063

\n\n

MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL

\n\n

Considerando:

\n\n

Que corresponde al Ministerio de Bienestar Social coordinar,\n promover y ejecutar programas y proyectos encaminados a atender\n y satisfacer las necesidades básicas de los grupos poblacionales\n en situación de pobreza;

\n\n

Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 0044 de 22 de enero de\n 2003, el Presidente Constitucional de la República, expide\n las normas para el incentivo patriótico al ahorro, buscando\n de esta manera eficientar el presupuesto público, ajustándolo\n a las reales necesidades de las entidades públicas con\n relación a su misión institucional;

\n\n

Que mediante Acuerdo Ministerial Nro. 002 de 20 de enero de\n 2003, publicado en el Registro Oficial Nro. 15 de 5 de febrero\n de 2003, se expidieron reformas al Reglamento Orgánico\n Funcional del Ministerio de Bienestar Social;

\n\n

Que es necesario contar con una estructura organizacional\n coherente con los fines institucionales del MBS, garantizando\n una oportuna y eficiente acción a favor de los grupos\n sociales vulnerables, objeto principal de su accionar, así\n como con la política de austeridad del actual gobierno;

\n\n

Que mediante Acuerdo Ministerial Nro. 0729 de 5 de junio de\n 1997, se creó la Subsecretaría de Desarrollo Rural\n Integral del Litoral, con sede en la ciudad de Guayaquil y con\n jurisdicción en las provincias de El Oro, Guayas, Manabí\n y Los Ríos; y,

\n\n

En ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo\n 179 numeral 6 de la Constitución Política de la\n República y artículos 17 y 20 del Estatuto Jurídico\n Administrativo de la Función Ejecutiva,

\n\n

Acuerda:

\n\n

EXPEDIR LAS SIGUIENTES REFORMAS AL REGLAMENTO ORGANICO FUNCIONAL\n DEL MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL, EXPEDIDO MEDIANTE ACUERDO\n MINISTERIAL EN EL REGISTRO OFICIAL Nro. 596 DE 23 DE DICIEMBRE\n DE 1994.

\n\n

Art. 1.- Suprímase los literales b y g del artículo\n 3 y en su lugar agréguese un nuevo literal que diga: Subsecretaría\n del Desarrollo Humano Rural del Litoral.

\n\n

Art. 2.- Agréguese en el Art. 6 (Capítulo IV,\n Nivel Operativo) Apartado III, un nuevo literal con el siguiente\n texto:

\n\n

b.-) Subsecretaría de Desarrollo Humano Rural del Litoral.

\n\n

Art. 3.- Suprímase el nuevo literal agregado en el\n Art. 6, apartado tercero, dependencias regionales, respecto a\n la creación y conformación de la Subsecretaria\n Amazónica de Bienestar Social.

\n\n

Art. 4.- Suprímase el nuevo apanado y artículo\n innumerado después del artículo 10, referente a\n las funciones de la "Subsecretaria Administrativa Financiera".

\n\n

Art. 5.- Sustituir el texto del literal b del Art. II, por\n el siguiente:

\n\n

"Coordinar el trabajo de las direcciones y programas\n de Protección de Menores; Juventud; Gerontología;\n Procuraduría General del Anciano Discapacidades; Operación\n Rescate Infantil (ORI); Nuestros Niños, Alimentación;\n Comité Técnico de Empleo; Cooperativas; Programa\n de Protección Social (PPS); Defensa Contra Incendios;\n y, demás que en este ámbito se crearen".

\n\n

Art. 6.- Sustituir el texto del literal b del Art. 12 por\n el siguiente:

\n\n

"Coordinar el trabajo de los proyectos de Desarrollo\n Rural Integral (PRODEIN); Programas de Desarrollo Rural de la\n Sierra Centro y Costa Centro del país; Proyecto Cotacachi;\n Recursos Comunitarios; y demás que en este ámbito\n se crearen".

\n\n

Art. 7.- Agréguese un nuevo título y un artículo\n innumerado, después del Art. 13 que diga:

\n\n

DE LAS SUBSECRETARIAS REGIONALES DE DESARROLLO HUMANO RURAL.

\n\n

Art. Innumerado: Son funciones de las subsecretarias\n regionales de Desarrollo Humano Rural, las siguientes:

\n\n

a. Coordinar el diseño, ejecución y evaluación\n de las políticas y programas de desarrollo humano rural;

\n\n

b. Informar y someter a consideración del Ministro,\n las políticas y planes de ejecución de las actividades\n de cada una de las direcciones que se encuentran bajo su coordinación;

\n\n

c. Asesorar al Ministro en todas las áreas inherentes\n al desarrollo humano rural;

\n\n

d. Representar al Ministro en los actos y actividades que\n lo delegue;

\n\n

e. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones impartidas por\n el Ministro en áreas de su competencia; y,

\n\n

f. Las demás que le asigne el Ministro.

\n\n

Art. 8.- DISPOSICION GENERAL.- En todos aquellos textos\n en que se hace referencia a la Subsecretaria dé "Desarrollo\n Rural Integral del Litoral" entiéndase como Subsecretaria\n de Desarrollo Humano Rural del Litoral.

\n\n

Art. 9.- DEROGATORIAS.

\n\n

v Derógase las reformas al Reglamento Orgánico\n Funcional, expedidas mediante Acuerdo Ministerial Nro. 002 del\n 20 de enero de 2003, en todo aquello que se oponga al contenido\n del presente acuerdo.

\n\n

v Derógase el Art. 3 del Acuerdo Ministerial 0729 de\n 5 de junio de 1997.

\n\n

v Derógase el Acuerdo Ministerial Nro. 001-N de 15\n de febrero de 2000 y todas las contenidas en acuerdos ministeriales,\n reglamentos, resoluciones, instructivos y demás normas\n de igual valor o subordinadas jerárquicamente que se opongan\n a lo dispuesto en este acuerdo ministerial.

\n\n

Art. 10.- VIGENCIA.- El presente acuerdo entrará\n en vigencia a partir de su publicación en el Registro\n Oficial; no obstante, será observado inmediatamente por\n todas las unidades directivas, técnicas, administrativas\n y operativas del Ministerio de Bienestar Social.

\n\n

Dado en Quito, a 18 de febrero de 2003.

\n\n

f.) lng. Patricio Ortiz James, Ministro de Bienestar Social.

\n\n

Ministerio de Bienestar Social.- Es fiel copia del original.-\n Lo certifico.- f.) Daniel Jacho Barrera, Jefe de Archivo.- 19\n de febrero de 2003.
\n

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

Nº 0064

\n\n

MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL

\n\n

Considerando:

\n\n

Que corresponde al Ministerio de Bienestar Social coordinar,\n promover y ejecutar programas y proyectos encaminados a atender\n y satisfacer las necesidades básicas de los grupos poblacionales\n en situación de pobreza;

\n\n

Que mediante Decreto Ejecutivo Nº 0044 de 22 de enero\n de 2003, el Presidente Constitucional de la República,\n expide las normas para el incentivo patriótico al ahorro,\n buscando de esta manera eficientar el presupuesto público,\n ajustándolo a las reales necesidades de las entidades\n públicas con relación a su misión institucional;

\n\n

Que es necesario contar con una estructura organizacional\n coherente con los fines institucionales del MBS, garantizando\n una oportuna y eficiente acción a favor de los grupos\n sociales vulnerables, objeto principal de su accionar; y,

\n\n

En ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo\n 179 numeral 6 de la Constitución Política de la\n República y artículos 17 y 20 del Estatuto Jurídico\n Administrativo de la Función Ejecutiva,

\n\n

 

\n\n

Acuerda:

\n\n

EXPEDIR LA SIGUIENTE REFORMA AL ARTICULO UNICO DEL ACUERDO\n MINISTERIAL Nro. 001 DEL 20 DE ENERO DEL 2003, CON EL SIGUIENTE\n TEXTO:

\n\n

Art. 1.- Refórmase el artículo único\n con el siguiente texto: Créase la Subsecretaria de Desarrollo\n Humano y la Subsecretaría de Desarrollo Humano Rural;\n y. Subsecretaria de Desarrollo Humano Rural del Litoral cuyas\n funciones y atribuciones se establecerá en el Reglamento\n Orgánico Funcional de esta Cartera de Estado.

\n\n

Art. 2.- Todas las normas contenidas en otros acuerdos, que\n se contrapongan al presente quedan sin efecto.

\n\n

Art. 3.- El presente acuerdo entrará en vigencia a\n partir de su publicación en el Registro Oficial; no obstante,\n será observado inmediatamente por todas las unidades directivas,\n técnicas, administrativas y operativas del Ministerio\n de Bienestar Social.

\n\n

Dado en Quito, a 18 febrero de 2003

\n\n

f.) Ing. Patricio Ortiz James, Ministro de Bienestar Social.

\n\n

Ministerio de Bienestar Social.

\n\n

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

\n\n

f.) Daniel Jacho Barrera, Jefe de Archivo.

\n\n

19 de febrero de 2003.

\n\n

 

\n\n

Nº 0065

\n\n

MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL

\n\n

Considerando:

\n\n

Que el artículo 124 de la Constitución Política\n de la República, establece que la Administración\n Pública se organizará y desarrollará de\n manera descentralizada y desconcentrada;

\n\n

Que es necesario desconcentrar las atribuciones conferidas\n al Ministerio de Bienestar Social, a objeto de. atender oportunamente\n los requerimientos de los usuarios y beneficiarios de los servicios\n y acciones sociales que promueve y ejecuta el Ministerio de Bienestar\n Social; y,

\n\n

En ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo\n 179, numerales 1 y 6 de la Constitución Política\n de la República y artículos 17, 20 y 55 del Estatuto\n Jurídico Administrativo de la Presidencia de la República,\n

\n\n

Acuerda:

\n\n

Art. 1.- Delegar al Subsecretario de Desarrollo Humano las\n siguientes atribuciones:

\n\n

a. Suscribir a nombre del Ministro los actos, convenios o\n contratos en materias relacionadas con las actividades a su cargo;

\n\n

b. Impulsar la desconcentración y descentralización\n de las competencias y recursos que maneja el Ministerio;

\n\n

c. Nombrar y remover al personal del Ministerio;

\n\n

d. Despachar los asuntos de carácter general que por\n su naturaleza no correspondan a las otras subsecretarías;

\n\n

e. Presidir el Comité de Contrataciones del Ministerio\n de Bienestar Social, así como los comités especiales\n de contratación, conformados por mandato del Ministro;

\n\n

f. Otorgar personería jurídica a las personas\n de derecho privado sin fines de lucro sujetas a las disposiciones\n del Título XXIX, Libro 1 del Código Civil y a las\n organizaciones, cooperativas y organismos de integración\n cooperativista;

\n\n

g. Aprobar las reformas de estatutos de las personas indicadas\n en el literal precedente;

\n\n

h. Autorizar el funcionamiento de centros infantiles de cuidado\n diario;

\n\n

i. Disponer la intervención y liquidación de\n cooperativas;

\n\n

j. Aprobar las actas de sorteos y minutas de adjudicación\n de lotes;

\n\n

k. Aprobar los presupuestos del Cuerpo de Bomberos a nivel\n nacional;

\n\n

l. Conceder al personal del Ministerio de Bienestar Social\n del país sin excepción, comisiones de servicios\n y licencias que se justifiquen plenamente, dentro y fuera del\n país de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias\n en vigencia;

\n\n

m. Suscribir los contratos de servicios ocasionales del personal\n del Ministerio de Bienestar Social;

\n\n

n. Conocer los asuntos cuya resolución corresponden\n con atribución propia o por regulación a los órganos\n dependientes de esta Subsecretaría, cuando lo estime pertinente,\n con motivo de oportunidad técnica, económica social,\n jurídica o territorial cumpliendo lo dispuesto en el Art.\n 59 del Estatuto del Régimen Administrativo de la Función\n Ejecutiva; y,

\n\n

o. Analizar y aprobar los planes operativos e informes técnicos\n de las dependencias administrativas bajo su competencia.

\n\n

Art. 2.- Delegar al Subsecretario de De5arrollo Humano Rural\n las siguientes atribuciones:

\n\n

a. Suscribir a nombre del Ministro los actos, convenios o\n contratos en materia relacionada con las actividades a su cargo;

\n\n

b. Analizar y aprobar los planes operativos e informes técnicos\n de las dependencias administrativas bajo su competencia; y,

\n\n

c. Conceder al personal de desarrollo humano rural del país\n sin excepción, comisiones de servicios y licencias que\n se justifiquen plenamente, dentro y fuera del país, de\n conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias en\n vigencia.

\n\n

Art. 3.- Los subsecretarios del Ministerio de Bienestar Social\n en ejercicio de las atribuciones delegadas serán responsables\n de observar las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias\n del ordenamiento jurídico del país.

\n\n

Art. 4.- Derógase todas las disposiciones contenidas\n en acuerdos ministeriales, reglamentos, resoluciones, instructivos\n y demás normas de igual valor o subordinadas jerárquicamente\n que se opongan a lo dispuesto en el presente acuerdo ministerial.

\n\n

Art. 5.- El presente acuerdo entrará en vigencia a\n partir de su publicación en el Registro Oficial; no obstante\n será observado inmediatamente por todas las unidades,\n directivas, técnicas, administrativas y operativas del\n Ministerio de Bienestar Social.

\n\n

Dado en Quito, a 18 de febrero de 2003.

\n\n

f.) Ing. Patricio Ortiz James, Ministro de Bienestar Social.

\n\n

Ministerio de Bienestar Social.

\n\n

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

\n\n

f.) Daniel Jacho Barrera, Jefe de Archivo.

\n\n

19 de febrero de 2003.

\n\n

 

\n\n

No. 607-02

\n\n

Juicio penal No. 369-99 seguido en\n contra de Diego Francisco Cisneros Tamayo por el delito tipificado\n y sancionado en el Art. 61 de la Ley de Sustancias Estupefacientes\n y Psicotrópicas.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA DE LO PENAL

\n\n

Quito, noviembre 6 de 2002; las 09h00.

\n\n

VISTOS: La Sexta Sala de la Corte Superior de Quito, dicta\n el 13 de julio de 1999, sentencia condenatoria en contra del\n encausado Diego Francisco Cisneros Tamayo como autor del delito\n tipificado y sancionado en el Art. 61 de la Ley de Sustancias\n Estupefacientes y Psicotrópicas; y de conformidad con\n el Art. 46, en concordancia con los Arts. 29, numerales 5, 6\n y 7 y 72 inciso 3, todos del Código Penal, le impone la\n pena reducida de dos años de reclusión menor ordinaria\n y una multa de cien salarios mínimos vitales, sentencia\n de la Cual interpone recurso de casación. Concedido el\n mismo ha llegado a conocimiento de la Sala, que para resolver\n considera: PRIMERO.- El encausado fundamenta su recurso en: a)\n Que la sentencia referida es nula por haberse suscrito por parte\n de los tres ministros sin la excusa obligatoria del Ministro\n doctor Euclides Ramón, como lo ha hecho en todos los demás\n juicios penales, en que siendo parte procesal obligatoria el\n Ministro Fiscal Provincial doctor José Ramón Marín,\n su hijo, cuyo dictamen fiscal absolutorio consta en el presente\n juicio, por lo que la resolución es nula de acuerdo con\n el Art. 360, número octavo del Código de Procedimiento\n Penal, como lo dispone el Art. 1067 del Código de Procedimiento\n Civil; b) El criterio de que, no habiéndose presentado\n prueba de descargo en el plenario, tiene valor probatorio la\n prueba sumarial que dio sustento al auto de apertura de plenario,\n es una transgresión al Art. 253 del Código de Procedimiento\n Penal, que prescribe que para dictar auto de apertura del plenario,\n se requieren presunciones o indicios de responsabilidad del sindicado,\n en cambio que, según el Art. 326 para dictar sentencia\n condenatoria, se requiere prueba de tal responsabilidad prueba\n plena que no existe en este juicio; c) Que la sentencia se fundamenta\n en que el encausado no ha demostrado la identificación\n de Miguel Angel Hoyos, que si lo ha hecho mediante las respectivas\n pruebas, pero que lo desconoce la Corte Superior en su sentencia;\n d) Que la sentencia hace una falsa aplicación del Art.\n 127 del Código de Procedimiento Penal que en forma expresa\n declara que el testimonio indagatorio es medio de defensa y de\n prueba en favor del sindicado, pues la Sexta Sala toma únicamente\n lo desfavorable de su testimonio, prescindiendo de lo favorable\n al sostener que no lo ha probado; e) Que la sentencia aplica\n falsamente los artículos 65 y 66 del Código de\n Procedimiento Penal, que norman sobre las presunciones, que no\n pueden fundarse en otras presunciones, y que los indicios deben\n ser varios, directos, unívocos y concordantes, que conduzcan\n a la conclusión de su responsabilidad penal, que deviene\n únicamente del hecho de haber enviado (el encausado) el\n paquete a la Compañía Challenge con su empleado\n Robles; sino, además, y principalmente, de que hubiese\n (el encausado) conocido que su contenido era clorhidrato de cocaína;\n O Que la Corte infringe el Art. 333, número 9, inciso\n segundo, del Código de Procedimiento Penal, cuando omite\n el análisis de prueba importantes presentadas por el encausado;\n y, g) Que tampoco señala la Corte su prueba de descargo;\n esto es, la declaración de su Secretaria, sobre la presencia\n de Hoyos en el Ecuador y sus llamadas telefónicas,\n la del chofer Canencia y la de Robles sobre que el \n paquete estuvo algunos días en su oficina, y otras\n pruebas como informes, etc. Que el Art. 32 del Código\n Penal establece que para responder por el delito tiene que\n haberlo cometido con conciencia y voluntad y que el Art. 36 del\n mismo cuerpo legal contempla el error de hecho mediante el engaño\n de una persona a otra, y que ha probado que fue engañado\n por Miguel Angel Hoyos al remitirle un paquete con contenido\n ilícito.- SEGUNDO.- La Sexta Sala de la Corte Superior\n de Justicia sustenta su sentencia en que el encausado ha adecuado\n su conducta a lo dispuesto en el Art. 61 de la Ley de Sustancias\n Estupefacientes y Psicotrópicas. pues de autos consta\n que los recados de escritorio que contenían clorhidrato\n de cocaína salieron del domicilio del sindicado Cisneros\n por orden suya con una destinación precisa Bucarest -\n Rumania; siendo cierto que él no fabricó los recados,\n pero éstos estaban sin embargo en su poder y que el acto\n de enviar a una destinación fija, tratando de mediar así\n entre el productor y el consumidor, es el delito de intermediación\n descrito en el Art. 61 de la Ley de Sustancias Estupefacientes\n y Psicotrópicas que el hecho del tráfico no se\n dio al haberse interrumpido por cuanto fue detectada la presencia\n de la droga en el aeropuerto, dándose así la tentativa\n de intermediación.- El Ministro Fiscal subrogante opina\n que la Sexta Sala de la Corte Superior realizó un análisis\n minucioso de las pruebas practicadas y de los actos - de investigación\n preprocesales, haciendo uso de la sana crítica, conforme\n los artículos 64, 65 y 66 del Código de Procedimiento\n Penal; y que de acuerdo a este análisis el juzgador, soberano\n en su apreciación de la prueba llegó a la conclusión\n de que se había probado la existencia del delito y la\n responsabilidad del recurrente, el cual no ha demostrado que\n el Juez a quo haya violado en dicha sentencia las disposiciones\n legales citadas en el escrito de fundamentación.-TERCERO.-\n El recurso de casación tiene por objeto enmendar errores\n de derecho que haya cometido el juzgador en su sentencia, por\n haber transgredido su texto, falsa aplicación de la ley\n o equivocada interpretación de la misma sin permitir al\n Tribunal de Casación reexaminar la prueba que sirvió\n al inferior para dictar sentencia y, por ende, este recurso no\n permite la revisión total del proceso.- CUARTO.- No está\n en la naturaleza de este recurso, ni está en el ámbito\n de las potestades de esta Sala analizar sobre la nulidad alegada\n por el encausado pues, la casación específicamente\n examina el quebrantamiento de la ley sustantiva o procesal u\n otras en la sentencia, por tanto se la desestima.- QUINTO.- a)\n La valoración de la prueba es potestad privativa del juzgador.\n En el presente caso el juzgador ha partido del hecho probado\n de que los recados de escritorio que contenían clorhidrato\n de cocaína salieron del domicilio del sindicado Cisneros,\n con una destinación precisa, cometiendo el acto de tentativa\n de intermediación descrita en el Art. 61 de la Ley de\n Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, que evidentemente\n es el aplicable al caso, de acuerdo a la valoración de\n la prueba practicada por el juzgador y que le conduce a dictar\n sentencia condenatoria por considerar con certeza y convicción\n al encausado como responsable del referido delito, en aplicación\n del inciso segundo del Art. 326 del Código de Procedimiento\n Penal; b) A criterio del juzgador, no existe la posibilidad de,\n aplicar el Art. 36 del Código Penal, por no estar plenamente\n identificado el mencionado señor Miguel Angel Hoyos; al\n respecto conforme se ha señalado, al Tribunal de Casación\n no corresponde reexaminar la prueba ni tampoco efectuar "las\n comprobaciones contenidas en la motivación de la sentencia"\n según asienta Sieglred Loweinstein al referirse a\n este recurso: c) Es facultad del juzgador apreciar el\n valor probatorio del testimonio indagatorio; y, en el\n caso, así lo ha hecho, partiendo de que al estar\n probada la existencia del delito y de que el encausado reconoce\n su participación en el hecho concreto de que los recados\n de escritorio que contenían clorhidrato de cocaína\n estaban en su poder y que intentó enviarlos con destino\n a Bucarest Rumania, lo que fue interrumpido por haberse detectado\n la presencia de la droga en el aeropuerto; d) Que para el juzgador\n es evidente la tentativa de intermediación realizada por\n el encausado, que es corroborada según su análisis\n con las respectivas pruebas, evidencia e indicios que constan\n de autos, no siendo de la esencia del recurso de casación\n el entrar a analizar y estudiar nuevamente tales pruebas, sino\n únicamente, observar si en la sentencia se ha violado\n la ley, que en este punto concreto tal situación no se\n ha dado; pues el juzgador se ha sujetado a los preceptos sustantivos\n penales; e) Conforme lo sostiene el juzgador, el encausado actúo\n con conciencia y voluntad, tal como lo prescribe el Art. 32 del\n Código Penal, para que un acto pueda ser previsto como\n infracción, y en uso de su facultad establece la correspondiente\n responsabilidad, no existiendo al respecto ninguna violación\n de la ley; y, O Finalmente el juzgador en su sentencia no tiene\n dudas al señalar la existencia de la infracción\n y establecer el grado de responsabilidad del encausado, por lo\n que no existe violación ni de la Constitución Política\n de la República ni de las leyes, pues con certeza ha analizado\n y señalado tales hechos.- Por todo lo expuesto, no se\n encuentra que en la sentencia impugnada se hayan quebrantado\n expresamente los textos de las normas aplicables o haberse aplicado\n indebidamente las mismas o existiendo una equivocada interpretación\n de tales preceptos, por lo que la parte dispositiva de la sentencia\n guarda armonía y correspondencia con su parte motiva,\n y los preceptos aplicados son los que corresponden a los hechos\n que se tiene como probados. Por tanto, esta Segunda Sala de Conjueces\n de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, "ADMINISTRANDO\n JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY",\n de conformidad con el Art. 382 del Código de Procedimiento\n Penal, declara improcedente el recurso deducido por el encausado\n y dispone devolver el proceso al Tribunal de origen para los\n efectos legales correspondientes. Notifíquese.

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f.) Dr. Fabián Guido Flores, Conjuez Permanente.

\n\n

f.) Dr. Manuel Castro Murillo, Conjuez Permanente.

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f.) Dr. Wilson Vallejo Ruiz, Conjuez Permanente.

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Certifico.- f.) Dr. Honorato Jara Vicuña, Secretario\n Relator.

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Certifico que la copia es fiel a su original.- Quito, 18 de\n diciembre de 2002.- f.) Secretario Relator.

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No. 611-02

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Juicio Penal No. 31-02 seguido en contra\n de Braulio Efraín Andrade Nicolalde por lesiones.

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA DE LO PENAL

\n\n

Quito, 20 de noviembre de 2002; las\n 10h00.

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VISTOS: El Tribunal Penal de Ibarra, pronuncia sentencia condenatoria\n contra el encausado Braulio Efraín Andrade Nicolalde,\n a quien encuentra responsable del delito de -lesiones que tipifica\n y sanciona el Art. 465 del Código Penal, y le impone la\n pena de quince días de prisión correccional, más\n pago de daños y perjuicios ocasionados, y al pago de costas\n procesales.- En su oportunidad el recurrente interpone recurso\n de casación, y en razón del pertinente sorteo corresponde\n a esta Sala su conocimiento; y siendo su estado el de resolver,\n se hacen las siguientes consideraciones: PRIMERO.- El recurrente\n en el escrito de fundamentación se limita a hacer referencia\n a las pruebas actuadas y valoradas por el Tribunal Penal de 1983;\n enuncia los Arts. 61, 62, 63, 64, 74 y 157 del Código\n de Procedimiento Penal, preceptos adjetivos que, según\n su punto de vista han sido quebrantados, sin determinar en qué\n consiste tal violación. Termina su exposición solicitando\n se dicte sentencia absolutoria a su favor.- SEGUNDO.- El señor\n Ministro Fiscal General subrogante considera que debe rechazarse\n este recurso por improcedente, por cuanto "no aprecia que\n el Tribunal en su sentencia haya violado la ley en las formas\n determinadas por el Art. 349 del Código de Procedimiento\n Penal, por el contrario ha aplicado en debida forma las normas\n del Código Penal y de Procedimiento Penal".- TERCERO.-\n En el ámbito penal procede recurso de casación\n cuando en la sentencia definitiva se ha infringido, bien por\n contravenir expresamente su texto, bien por haberse hecho una\n falsa aplicación de las norma, bien, en fin por haberla\n interpretado erróneamente.-No está en la esfera\n de las facultades de la Sala de Casación la revisión\n total del proceso, ni efectuar nueva valoración de la\n prueba.- CUARTO.- La sola negación de participación\n en el cometimiento del delito, la alegación de nulidades\n adjetivas, la disconformidad con la apreciación de la\n prueba por el Tribunal juzgador, no constituyen demostración\n de violación de la ley en la sentencia impugnada.- Más\n allá de lo dicho analizada la sentencia, se encuentra\n que la parte motiva guarda armonía y correspondencia con\n la parte dispositiva y con los preceptos sustantivos aplicados.-\n En estas consideraciones la Corte Suprema de Justicia, Segunda\n Sala de lo Penal, "ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA\n REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY", declara la improcedencia\n del recurso. Notifíquese y devuélvase el proceso\n al Tribunal de origen.

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f.) Dr. Arturo J. Donoso Castellón, Magistrado - Presidente.

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f.) Dr. Milton Moreno Aguirre, Magistrado.

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f.) Dr. Jorge Andrade Lara, Conjuez Permanente.

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Certifico.

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f.) Dr. Honorato Jara Vicuña, Secretario Relator.

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Certifico que es fiel copia de su original.

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Quito, 18 de diciembre de 2002.

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f.) Dr. Honorato Jara Vicuña, Secretario Relator, Segunda\n Sala de lo Penal, Corte Suprema de Justicia.
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No. 612-02

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Juicio penal No. 157-01 seguido en contra\n de José Luis Rivas Guanuchi, por tenencia ilegal de armas\n y asociación ilícita.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA DE LO PENAL

\n\n

Quito, 20 de noviembre de 2002; las\n 10h00.

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VISTOS: De la sentencia dictada por el Tercer Tribunal Penal\n del Azuay en la que impone al procesado José Luis Rivas\n Guanuchi la pena de dos años de prisión correccional,\n interpone recurso de casación la señora Agente\n Fiscal, concedido el mismo, ha correspondido el conocimiento\n a la Sala, que para resolver considera: PRIMERO.- El señor\n Ministro Fiscal General subrogante en escrito constante a fs.\n 11 a 12 del cuadernillo del recurso, lo sostiene expresando que\n en el auto de apertura del plenario dictado por la Corte Superior\n del Azuay, reformando el dictado por el Juez Cuarto de lo Penal\n de Cuenca, llamó a juicio al procesado José Luis\n Rivas Guanuchi por los delitos incriminados en los Arts. 31 de\n la Ley sobre Armas, 369 y 370 del Código Penal, este último\n que es el delito de asociación ilícita, que el\n Tribunal Penal al dictar sentencia condenatoria, no se pronuncia\n sobre el delito de asociación ilícita como era\n su obligación de acuerdo con el Art. 337 del Código\n de Procedimiento Penal, que es la ley violada por el juzgador,\n que además ha transgredido el Art. 127 ibídem en\n relación con el Art. 369 del Código Penal, por\n lo que pide que declare procedente el recurso del Ministerio\n Público y se dicte sentencia enmendado tales violaciones\n legales.- SEGUNDO.- Siendo el delito de -tenencia ilícita\n de armas un delito especial tipificado y sancionado en la Ley\n de Fabricación, Importación y Exportación,\n Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos\n y Accesorios, publicada en el Registro Oficial No. 311 de 7 de\n noviembre de 1980, que pretende mantener el control y vigilancia\n de todo lo relacionado con armas, municiones, explosivos y accesorios\n por parte del Ministerio de Defensa Nacional a través\n del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, es diferente con\n el delito de asociación ilícita tipificado en el\n Art. 369 del Código Penal, inserto en el Título\n V que trata de los delitos contra la seguridad pública,\n el primero se perpetra por la adquisición, tenencia o\n comercialización de armas y explosivos, sin la autorización\n del Ministerio de Defensa Nacional, el segundo se consuma por\n la sola organización de la asociación ilícita,\n cuya finalidad es atentar contra las personas y las propiedades,\n con cierta organización y permanencia en el tiempo, para\n cometer indeterminados delitos, de lo que se infiere que no puede\n juzgarse en la misma causa penal, si cada uno tiene su tipicidad\n y autonomía, no son concurrentes, sino autónomos\n merecen juzgamiento penal independiente por cada uno de ellos.\n El Tribunal Penal del Azuay no hace pronunciamiento alguno respecto\n de este pedido del Ministerio Público de que se juzguen\n los dos delitos en mención, se limita a juzgar únicamente\n el delito de tenencia ilícita de armas, con transgresión\n del Art. 337 del Código Procesal Penal, que ordena al\n juzgador pronunciar sentencia sobre los delitos contenidos en\n el auto de apertura del plenario, pero no siendo delito concurrente\n el de asociación ilícita con el de tenencia ilícita\n de armas debe sustanciarse en otro proceso penal. En consecuencia,\n ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y - POR AUTORIDAD\n DE LA LEY, aceptándose el recurso de casación interpuesto\n por el Ministerio Público, se dispone que una vez ejecutoriada\n esta sentencia, el señor Secretario del Tribunal Tercero\n de lo Penal de Azuay remita copias certificadas de las piezas\n procesales pertinentes, principalmente del informe policial,\n a uno de los fiscales de la provincia del Azuay para que se inicie\n instrucción fiscal con respecto al delito de asociación\n ilícita, en el mismo que están involucrados los\n procesados en esta causa penal. Notifíquese.

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f.) Dr. Arturo J. Donoso Castellón, Magistrado - Presidente.

\n\n

f.) Dr. Milton Moreno Aguirre, Magistrado.

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f.) Dr. Jorge Andrade Lara, Conjuez Permanente.

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Certifico.- f.) Dr. Honorato Jara Vicuña, Secretario\n Relator. Certifico que es fiel copia de su original. -

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Quito, 18 de diciembre de 2002. f.) Secretario Relator.

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No. 613-02

\n\n

Juicio penal No. 464-00 seguido en contra\n de Rubén Tobías Barreiro Barreiro y Joselito Rubén\n Barreiro Bravo por asesinato de Daniel Trinidad Alcívar\n Herrera.

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA DE LO PENAL

\n\n

Quito, noviembre20 de 2002; las 10h00.

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VISTOS: Los sentenciados Rubén Tobías Barreiro\n Barreiro y Joselito Rubén Barreiro Bravo interponen recurso\n de casación de la sentencia dictada en su contra por el\n Cuarto Tribunal Penal de Manabí, que les impone la pena\n de catorce años de reclusión, mayor extraordinaria\n a cada uno; como autores del delito de asesinato en la persona\n de Daniel Trinidad Alcívar Herrera, en aplicación\n del Art. 450 números 1 y 4 del Código Penal, concedido\n el recurso y tramitado en la Segunda Sala de lo Penal de la Corte\n Suprema de Justicia, para resolver se -considera: PRIMERO.- Los\n recurrentes fundamentan su recurso de casación expresando\n que Rubén Tobías Barreiro no dispara al occiso\n Alcívar, que se encontró a unos cuatrocientos metros\n de distancia del lugar del hecho, que no es autor intelectual\n ni material, por lo que pide se le exculpe de responsabilidad,\n que Joselito Barreiro habría cometido homicidio simple,\n no asesinato, pide que se le aplique la pena asignada al homicidio\n simple tomando en cuenta las circunstancias atenuantes.- SEGUNDO.-\n El señor Ministro Fiscal General subrogante, en escrito\n de fs. 23 y 24 expresa que a su juicio, no se ha producido violación\n de la ley en la sentencia, en ninguno de los casos establecidos\n en el Art. 349 del Código de Procedimiento Penal, que\n el juzgador al valorar la prueba, lo hace en su conjunto, aplicando\n las reglas de la sana crítica, llegando a la convicción\n de que la infracción ha sido cometida y probada, que se\n - ha determinado la responsabilidad de los encausados como autores\n del ilícito, por lo que se les ha sancionado con la pena\n respectiva, pide que se rechace el recurso.- TERCERO.-

 

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