Registro Oficial. 27 de MARZO del 2003

Jueves, 27 de marzo de 2003

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

\n \n \n \n
   MES DE MARZO DEL 2003
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Jueves, 27 de marzo del 2003 - R. O. No. 49

\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n

DR. JORGE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR

\n\n

FUNCION\n EJECUTIVA

\n\n

DECRETO:

\n\n

1141 Ratifícanse varios instrumentos\n internacionales aprobados por el H. Congreso Nacional

\n\n

RESOLUCIONES:

\n\n

AGENCIA\n DE GARANTIA DE
\n DEPOSITOS:

\n\n

AGD-011/2003 Determinase que la Gerencia Técnica\n comunicará a las instituciones del sistema financiero\n del contenido de la presente resolución

\n\n

JUNTA\n BANCARIA:

\n\n

JB-2003-534 Modificase el artículo 3 de la\n Sección I "Creación y recursos del Fondo de\n Liquidez"

\n\n

SERVICIO\n DE RENTAS INTERNAS:

\n\n

NAC-0179 Expídese el Instructivo\n para la emisión, utilización y archivo de las cartas\n de porte aéreo o guías aéreas y los conocimientos\n de embarque

\n\n

CONTRALORIA\n GENERAL:

\n\n

- Lista de personas naturales\n y jurídicas\n que han incumplido contratos con el Estado, que han sido declaradas\n como adjudicatarios fallidos y que han dejado de constar en el\n Registro de Contratistas Incumplidos y Adjudicatarios Fallidos\n

\n\n

FUNCION\n JUDICIAL

\n\n

CORTE\n SUPREMA DE JUSTICIA
\n SALA DE LO CONTENCIOSO
\n ADMINISTRATIVO:

\n\n

Recursos de casación\n en los juicios seguidos por las siguientes personas:

\n\n

382 Arquitecto Galo Calderón Coronel\n en contra del Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda

\n\n

393 Francisco Stalin Gómez Herrera\n en contra de la Universidad Central del Ecuador

\n\n

394\n Rita Argentina\n Zambrano Vera en contra de la Municipalidad del Cantón\n Rocafuerte

\n\n

395 Economista Jorge Humberto Rodríguez\n Abarca en contra del Gerente General de la Corporación\n Aduanera Ecuatoriana

\n\n

396 Gerente General de Pacific Cía.\n Ltda. En contra del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración\n y Pesca

\n\n

397 Iliana Vélez Chabla en contra del\n Ministro de Bienestar Social y otro

\n\n

398 Carmen Lucía Astudillo Ríos\n en contra del IESS

\n\n

399 Ingeniero John Gavilanes Orellana en contra\n de la Municipalidad de Balao

\n\n

400 Pedro Chinga García en contra del\n IESS

\n\n

402\n Economista\n Víctor Hugo Moya Buenaño en contra del IESS

\n\n

403\n Doctora\n Pilar Guerrero Escobar en contra del Comandante General de la\n Policía

\n\n

404 Gustavo Javier Moscoso Quishpe en contra\n del Ministro de Energía y Minas

\n\n

405 Herederos de Aquiles Paz Bonilla y otros\n en contra del Director General de Aviación Civil

\n\n

406\n Alejandro\n Junior Mera García en contra del IESS

\n\n

ACUERDO\n DE CARTAGENA

\n\n

PROCESOS:

\n\n

62-IP-2002 Interpretación prejudicial de la;\n disposiciones previstas en los artículos 83, literal b)\n y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo\n de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República\n de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección\n Primera, e interpretación de oficio del artículo\n 81 eiusdem. Parte actora: COLORQUIMICA, S.A. Marca: "COLQUIM\n COLOR QUIMICAS (mixta)". Expediente Interno No. 6906

\n\n

67-IP-2002 Interpretación prejudicial\n de las disposiciones previstas en los artículos 81, 82,\n literal a) y 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión\n del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado\n de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,\n Sección Primera. Parte actora: Sociedad KIMBERLY-CLARK\n CORPORATION. Marca: "GOODNITES" Expediente Interno:\n No. 6580

\n\n

93-IP-2002 Interpretación prejudicial\n de los artícu-los 81, 82, literal a) y 83 literal a) de\n la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena,\n solicitada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo,\n Distrito No. 2, Guayaquil, República del Ecuador. Interpretación\n de oficio de los literales d) y e) del artículo 83 y artículo\n 84 de la misma decisión. Actor: MARIN & ASOCIADOS\n C.A. MYACA. Marca: "ALPINETTE". Proceso Interno No.\n 361-96-M.C

\n\n

ORDENANZAS\n MUNICIPALES:

\n\n

- Cantón Atahualpa: Administrativa y de definición\n de la denominación de la Municipalidad de Atahualpa a\n Gobierno Municipal

\n\n

- Cantón Atahualpa: Que reglamenta el manejo, custodia,\n registro y control de los fondos de caja chica

\n\n

- Cantón Atahualpa: Que regula y controla la comercialización\n y consumo de bebidas alcohólicas y del funcionamiento\n de establecimientos nocturnos\n

\n \n
\n

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

Nº\n 1141

\n\n

Fabián Alarcón Rivera
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
\n REPUBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que el Honorable Congreso Nacional, mediante resolución\n de 27 de enero de 1998, y en ejercicio de las facultades que\n le confiere el artículo 86 de la Constitución de\n la República, ha aprobado los siguientes convenios internacionales:

\n\n

- Convención sobre jurisdicción, Ley Aplicable,\n Reconocimiento, Aplicación y Cooperación con respecto\n a la Responsabilidad Paterna y Medidas para la protección\n de Menores, suscrita en la Haya el 19 de octubre de 1996.

\n\n

- El protocolo adicional que modifica el artículo 3\n del Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña,\n suscrito el 8 de diciembre de 1989.

\n\n

- Las actas de la unión postal universal, adoptadas\n en Seúl, Corea, el 14 de septiembre de 1994,

\n\n

Decreta:

\n\n

ARTICULO PRIMERO: Ratifícanse los precitados instrumentos\n internacionales aprobados por el H: Congreso Nacional.

\n\n

ARTICULO SEGUNDO: Procédanse, a efectuar los respectivos\n depósitos de los instrumentos de ratificación.

\n\n

ARTICULO TERCERO: Publíquese en el Registro Oficial\n cada uno de los mencionados convenios.

\n\n

ARTICULO CUARTO: Encárguese de la ejecución\n del presente decreto, el señor Ministro de Relaciones\n Exteriores.

\n\n

Dado en Quito, en el Palacio Nacional, a los 18 días\n del mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho.

\n\n

f.) Fabián Alarcón Rivera, Presidente Constitucional\n de la República.

\n\n

f.) José Ayala Lasso, Ministro de Relaciones Exteriores.\n Es fiel copia del original.- Lo certifico.

\n\n

f.) Patricio Acosta Jara, Secretario General de la Administración\n Pública.

\n\n

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

Nro. AGD-011/2003

\n\n

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA DE
\n GARANTIA DE DEPOSITOS - AGD

\n\n

Considerando:

\n\n

Que el artículo 21 de la Ley de Reordenamiento en Materia\n Económica en el Area Tributario Financiera, reformado,\n establece que el Directorio de la AGD deberá hacer público\n el valor correspondiente a la garantía de los depósitos\n que se realicen en el sistema financiero, para cada año;

\n\n

Que mediante documento Nro. AGD-GT-2003-04, la Gerencia Técnica\n de la Agencia de Garantía de Depósitos ha preparado\n el informe que establece el monto que corresponde al valor garantizado\n de los depósitos para el año 2003, de conformidad\n con la fórmula de cálculo establecida en la ley;\n y,

\n\n

En ejercicio de sus atribuciones, expide la siguiente:

\n\n

RESOLUCION Nro. 11/2003: El Directorio, en base al informe\n Nro. AGD-GT-2003-04, por unanimidad resuelve determinar que en\n ejecución de lo dispuesto en el artículo 21 de\n la Ley de Reordenamiento en Materia Económica en el Area\n Tributario Financiera, reformada, el valor garantizado de los\n depósitos para el año 2003 es de siete mil ochocientos\n setenta y dos dólares de los Estados Unidos de América\n (US 7.872,00). La Gerencia Técnica de la Agencia de Garantía\n de Depósitos comunicará directa e inmediatamente\n a las instituciones del sistema financiero del contenido de la\n presente resolución; sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial, de conformidad con la ley.

\n\n

 

\n\n

Comuníquese y publíquese.- Dado en San Francisco\n de Quito, Distrito Metropolitano, a 11 de marzo de 2003.

\n\n

f.) Vicente C. Páez, Ministro de Economía y\n Finanzas, encargado, Presidente del Directorio de la Agencia\n de Garantía de Depósitos.

\n\n

Certifico que es fiel copia del original que reposa en archivos\n institucionales.

\n\n

f.) Dr. Carlos Arsenio Larco y., Secretario General, AGD.\n

\n\n

 

\n\n

No JB-2003-534

\n\n

LA JUNTA BANCARIA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que en el Subtítulo VI "Riesgos de Mercado del\n Título VII "De los activos y de los límites\n de crédito", de la Codificación de Resoluciones\n de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria,\n consta e Capítulo III "Fondo de Liquidez";

\n\n

Que mediante comunicación de 5 de marzo de 2003 el\n Presidente de la Junta Directiva del Fondo de Liquidez solicitó\n a la Junta Bancaria autorice la prórroga del plazo del\n contrato de fideicomiso mercantil de inversión "Fondo\n de Liquidez", toda vez que dicho fondo constituye un importante\n instrumento para atender los requerimientos de liquidez del sistema\n financiero y su estabilidad; y,

\n\n

En ejercicio de la atribución legal que le otorga la\n letra b) del artículo 175 de la Codificación de\n la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero,

\n\n

Resuelve:

\n\n

ARTICULO 1.- En el artículo 3 de la Sección\n 1 "Creación y recursos del Fondo de Liquidez",\n del Capítulo III "Fondo de Liquidez", del Subtítulo\n VI "Riesgos de mercado", del Título VII "De\n los activos y de los límites de crédito" de\n la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia\n de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, sustituir la frase\n 12 de septiembre de 2002..." por "... 12 de marzo de
\n 2003...".

\n\n

ARTICULO 2.- La presente resolución entrará\n en vigencia a partir de su publicación en el Registro\n Oficial.

\n\n

COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE EN EL REGISTRO OFICIAL.- Dada en\n la Superintendencia de Bancos y Seguros, en Quito, Distrito Metropolitano,\n a los doce días del mes de marzo de dos mil tres.

\n\n

f.) Oscar Andrade Veloz, Presidente de la Junta Bancaria.

\n\n

LO CERTIFICO.- Quito, Distrito Metropolitano, a los doce días\n del mes de marzo de dos mil tres.

\n\n

f.) Teresa Rada Torres, Secretaria de la Junta Bancaria, Ad-hoc.

\n\n

SUPERINTEDENCIA DE BANCOS.- Es fiel copia, lo certifico.-\n f.) Lcdo. Pablo Cobo Luna, Secretario General.

\n\n

13 de marzo de 2003.

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

No. NAC-0179

\n\n

Econ. Elsa de Mena
\n DIRECTORA GENERAL DEL SERVICIO DE
\n RENTAS INTERNAS

\n\n

Considerando:

\n\n

Que de conformidad con el Art., 8 de la Ley de Creación\n del Servicio de Rentas Internas, publicada en el Registro Oficial\n No. 206 de 2 de diciembre de 1997, el Director General expedirá\n mediante resoluciones, circulares o disposiciones de carácter\n general y obligatorio, necesarias para la aplicación de\n las normas legales y reglamentarias;

\n\n

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 3055, publicado en el Registro\n Oficial No. 679 de 8 de octubre de 2002 se expidió el\n Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención, en que\n se establecieron las normas que regulan la expedición,\n manejo y archivo de los documentos válidos para el sustento\n de las transferencias de bienes y prestación de servicios;

\n\n

Que el Ecuador es signatario de la Convención de Varsovia\n para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte\n aéreo internacional, así como de sus protocolos\n adicionales;

\n\n

Que el Ecuador ha suscrito la Convención Internacional\n de Bruselas para la unificación de ciertas reglas en materia\n de conocimiento de embarques y sus posteriores reformas;

\n\n

Que el Art. 163 de la Constitución de la República\n dispone que las normas contenidas en los tratados y convenios\n internacionales, una vez promulgados en el Registro Oficial,\n formarán parte del ordenamiento jurídico de la\n República y prevalecerán sobre leyes y otras normas\n de menor jerarquía;

\n\n

Que es obligación del Servicio de Rentas Internas facilitar\n el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los sujetos\n pasivos, tanto en la actividad económica interna como\n en las relaciones comerciales internacionales, respetando para\n ello la jerarquía de las normas que conforman el ordenamiento\n jurídico ecuatoriano; y,

\n\n

En uso de sus atribuciones legales,

\n\n

 

\n\n

Resuelve:

\n\n

Expedir el siguiente Instructivo para la emisión, utilización\n y archivo de las cartas de porte aéreo o guías\n aéreas y los conocimientos de embarque.

\n\n

A) Guías aéreas o cartas de porte aéreo

\n\n

Art. 1.- Todas las guías aéreas o cartas de\n porte aéreo, deberán estar registradas en la International\n Air Transport Association-IATA, previa su emisión directa\n por parte de la aerolínea o por parte de una agencia de\n carga autorizada. Una vez emitidas igualmente éstas deberán\n ser reportadas a la IATA a través de los mecanismos que\n la entidad establezca.

\n\n

Art. 2.- La guía aérea se considerará\n comprobante de venta válido únicamente para el\n sustento del flete y de los cargos incurridos en el transporte\n (Due Carrier), siempre que se adjunte el respectivo listado de\n exportadores (Export List).

\n\n

Para que la guía aérea sustente costos y gastos,\n así como crédito tributario de IVA cuando corresponda,\n deberá incluir al menos la siguiente información:

\n\n

a) La identificación completa de la aerolínea,\n con su RUC, razón social y el código de la JATA\n correspondiente;

\n\n

b) En el campo de agente emisor, deberán constar la\n razón social, RUC, dirección de la agencia de carga\n o de la aerolínea, según corresponda;

\n\n

c) Fecha de emisión;

\n\n

d) El valor del flete indicando si éste es prepagado\n (Prepaid) o por cobrar (Collect);

\n\n

e) El valor de los recargos de la aerolínea (Due Carrier)\n indicando si es prepagado (Prepaid) o por cobrar (Collect);

\n\n

f.) Impuestos y tarifa cuando corresponda;

\n\n

g) Como dato informativo, el valor totalizado, incluidos los\n impuestos, de los cargos de la agencia de carga (Due Agent),\n cuando corresponda, indicando si es prepagado (Prepaid) o por\n cobrar (Collect); y,

\n\n

h) Los demás datos requeridos por la JATA.

\n\n

Art. 3.- La guía aérea deberá\n estar acompañada obligatoriamente del listado de exportadores\n (Export List) el cual será emitido por la agencia de carga\n o la aerolínea según corresponda, e incluirá\n la siguiente información:

\n\n

a) Nombre o razón social del exportador;

\n\n

b) RUC o CI del exportador;

\n\n

c) Dirección del exportador;

\n\n

d) Número de la factura de exportación, cuando\n corresponda;

\n\n

e) Fecha de emisión;

\n\n

f.) Concepto;

\n\n

g) Valor total de la factura;

\n\n

h) Número de la declaración aduanera única\n (DAU), cuando corresponda; e,

\n\n

i) Para los casos de: transpone de animales vivos no exportados,\n restos humanos, reexportación de mercerías, efectos\n personales de viajero, exceso de equipaje, equipaje no acompañado,\n y carga de la propia aerolínea, se incluirá la\n descripción detallada de los bienes; así también\n en el transporte de valijas y correo diplomático, y courier\n en los que será obligatoria una descripción general.

\n\n

Art. 4.- Adicionalmente a la guía aérea,\n la agencia de carga deberá emitir una factura, autorizada\n de acuerdo al Reglamento de comprobantes de venta y de retención,\n a su cliente en el país o en el exterior por todos los\n cargos que ésta cobre ("Due Agent"), independientemente\n de su tarifa de IVA, y si ésta fue prepagada (Prepaid)\n o por cobrar (Collect).

\n\n

Esta factura deberá hacer referencia al número\n de guía aérea y a la fecha de su emisión.

\n\n

Art. 5.- La agencia de carga a su vez, emitirá\n una factura a la aerolínea por la comisión que\n cobre. Este comprobante de venta deberá hacer referencia\n al número de guía aérea y a la fecha de\n su emisión. Las aerolíneas deberán emitir\n los comprobantes de retención por los pagos o acreditaciones\n en cuenta, de acuerdo a las normas vigentes.

\n\n

B) Conocimientos de embarque

\n\n

Art. 6.- Los conocimientos de embarque se consideran comprobantes\n de venta válidos y deberán emitirse individualmente\n por cada exportador; y servirán como sustento del flete\n y los recargos correspondientes a la compañía de\n transporte marítimo (Due Carrier) siempre que incluyan\n la siguiente información:

\n\n

a) La identificación completa de la compañía\n de transporte marítimo internacional;

\n\n

b) En el campo "Shipper", deberá constar\n la identificación del exportador con su RUC, razón\n social y dirección;

\n\n

c) En el campo "Forwarding Agent" deberá\n constar la razón social, RUC y dirección de la\n agencia de carga que actúa a nombre del exportador;

\n\n

d) La descripción detallada de los bienes transportados;

\n\n

e) Número de factura de exportación, cuando\n corresponda;

\n\n

f.) Fecha de emisión;

\n\n

g) El valor del flete indicando si es prepagado (Prepaid)\n o por cobrar (Collect);

\n\n

h) El valor de los recargos de la compañía de\n transporte indicando si es prepagado (Prepaid) o por cobrar (Collect);\n e,

\n\n

i) Impuestos y tarifa cuando corresponda.

\n\n

Art. 7.- El número del conocimiento de embarque\n deberá constar obligatoriamente en la declaración\n aduanera única (DAU), y su información completa\n será enviada a la Corporación Aduanera Ecuatoriana.

\n\n

Art. 8.- Adicionalmente al conocimiento de embarque,\n la agencia naviera deberá emitir una factura autorizada,\n de acuerdo al Reglamento de comprobantes de venta y de retención,\n a su cliente en el país o en el exterior por todos los\n recargos o servicios adicionales que ésta preste, independientemente\n de su tarifa de IVA, y si está prepagado (Prepaid) o por\n cobrar (Collect).

\n\n

Esta factura deberá hacer referencia al número\n de conocimiento de embarque y a la fecha de su emisión.

\n\n

Art. 9.- La agencia naviera a su vez emitirá\n una factura a la compañía de transporte por la\n comisión, esta factura deberá hacer referencia\n al número de conocimiento de embarque y a la fecha de\n su emisión.

\n\n

C) Normas generales

\n\n

Art. 10.- En cuanto a la anulación de guías\n aéreas y conocimientos de embarque emitidos en el Ecuador,\n y archivo de estos documentos se estará a lo dispuesto\n en el Reglamento de comprobantes de venta y retención.

\n\n

Art. 11.- El Servicio de Rentas Internas en uso de\n sus facultades conferidas por la ley, requerirá a la Corporación\n Aduanera Ecuatoriana, así como a cualquier persona, sociedad\n o institución la información que considere necesaria\n para el control y cumplimiento de esta resolución.

\n\n

La presente resolución es de carácter general\n y obligatorio, y entrará en vigencia a partir de su publicación\n en el Registro Oficial.

\n\n

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a 14 de marzo de 2003.\n

\n\n

Comuníquese y publíquese.- f.) Econ. Elsa de\n Mena.
\n Directora General del Servicio de Rentas Internas.

\n\n

Lo certifico.

\n\n

f.) Dra. Alba Molina P., Secretaria General, Servicio de Rentas\n Internas.

\n\n

 

\n\n

CONTRALORIA GENERAL

\n\n

Oficio No. 09300 SGEN.D

\n\n

SECCION: Secretaría General.

\n\n

ASUNTO: Nómina contratistas incumplidos.

\n\n

Quito, a 14 de marzo de 2003.

\n\n

Señor doctor
\n Jorge Anuro Morejón Martínez
\n Director del Registro Oficial
\n Tribunal Constitucional
\n Ciudad

\n\n

 

\n\n

Señor Director:

\n\n

 

\n\n

De conformidad con lo prescrito en el artículo 138\n del Reglamento General a la Ley de Contratación Pública,\n agradeceré a usted disponer se publique en un ejemplar\n del Registro Oficial la lista de personas naturales y jurídicas\n que han incumplido contratos con el Estado, que han sido declaradas\n como adjudicatarios fallidos y que han dejado de constar en el\n Registro de Contratistas Incumplidos y Adjudicatarios Fallidos.

\n\n

 

\n\n

INHABILITADOS

\n\n

PERSONAS NATURALES
\n ENTIDAD
\n Raúl Clemente Ruano Delgado 170593127-5
\n Municipio de Casacales
\n Arq. Cristóbal Orlando Alvear Pineda 170384119-5
\n Consejo Provincial de Napo
\n Juan Moisés Cerda Shinguango 150043491-3
\n Consejo Provincial de Napo
\n Milton Ricardo Toaquiza Alomoto 150046206-2
\n Consejo Provincial de Napo
\n Héctor Marcelo Grefa Rivadeneyra 150030661-6
\n Consejo Provincial de Napo
\n Ing. Rafael Guillermo Silva Gallardo 150002568-7
\n Consejo Provincial de Napo
\n Ing. William Alfredo Sánchez Izurieta Empresa Nacional\n de Ferrocarriles del Estado ENFE

\n\n

INHABILITADOS

\n\n

PERSONAS NATURALES
\n ENTIDAD
\n Manuel Humberto Galván Calva 110081217-9 Subcomisión\n Ecuatoriana para el Aprovechamiento de las Cuenca Hidrográficas\n binacionales Puyando y Catamayo-Chira Programa Regional para\n el Desarrollo del Sur, PREDESUR

\n\n

Homer Humberto Galván Calderón
\n 110107108-0 Subcomisión Ecuatoriana para el Aprovechamiento\n de las Cuencas Hidrográficas y Binacionales Puyando Y\n Catamayo-Chira Programa Regional para el desarrollo del Sur,\n PREDESUR

\n\n

Angel Rodrigo Galván Calderón 110201118-4 Subcomisión\n Ecuatoriana para el Aprovechamiento de las Cuencas Hidrográficas\n y Binacionales Puyando Y Catamayo-Chira Programa Regional para\n el desarrollo del Sur, PREDESUR

\n\n

Jorge Eduardo Eljuri Antón 010029842-1 Junta de \n Defensa Nacional

\n\n

Ing. Nexar Jesús Moreno Intriago 130294198-2 Consejo\n Provincial de Sucumbíos

\n\n

Dr. Homero Salomón Merino Báez Instituto Nacional\n Autó-nomo de Investigaciones Agropecuarias, INIAP

\n\n

Eduardo Aguirre Auad 170127430-8 Ministerio de Obras Públicas\n y Comunicaciones
\n
\n Luis Moreno Cordero 170249398-4 Ministerio de Obras Públicas\n y Comunicaciones

\n\n

Alfredo Adolfo Vásconez Torres
\n 170035109-9
\n Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

\n\n

Victoria Agusta Verduga de Argüello
\n 070026162-1
\n Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

\n\n

Rodrigo Antonio Almeida Hernández Corporación\n de Desarrollo Regional Sierra Centro, CORSICEN

\n\n

Ing. Raúl Enrique Guzmán Muguersa
\n Programa Caminos Vecinales-BID-MOP
\n Tatiana Carrera Tobar Programa Caminos Vecinales-BID-MOP

\n\n

Walter Echanique Programa Caminos Vecinales-BID-MOP
\n

\n\n

PERSONAS NATURALES
\n ENTIDAD
\n
Ing. Jorge Patricio Salinas López
\n 170408470-4 Corporación Regional de Desarrollo Sierra\n Norte, CORSINOR

\n\n

PERSONAS JURIDICAS
\n
\n
Compañía de Seguros Colonial S.A.
\n 18 DE FEBRERO DE 2003 Consejo Provincial de Napo

\n\n

Compañía Telecomunicaciones NEXSATEL S.A. Empresa\n Nacional de Ferrocarriles del Estado, ENFE

\n\n

Memorias Compañía de Seguros MEMOSER Ministerio\n de Economía y Finanzas

\n\n

Cámara Provincial de Turismo de Esmeraldas-CAPTE
\n Dirección General de Aviación Civil, DAC

\n\n

Telecuador Cía. Ltda.
\n Exp. 1060-52
\n Junta de Defensa Nacional
\n Finirtel S.A.A
\n 98579-99 Programa Caminos Vecinales-BI-MOP

\n\n

 

\n\n

INHABILITADOS

\n\n

PERSONAS NATURALES
\n ENTIDAD
\n Eugenio A. Almagro Carpio 170390875-4 Cuerpo de Ingenieros del\n Ejército

\n\n

Ing. Jorge Lauro Freire Lascano 090225438-2 Consejo Provincial\n de Pichincha

\n\n

Ing. Jaime Camacho Solís 090548260-9 Ministerio de\n Educación y Cultura, Unidad Coordina-
\n dora de Programas del Sector Educativo-UCP-MEC

\n\n

PERSONAS JURIDICAS
\n
\n
EAC Empresa Telecomunica-
\n ciones Seguridad Electrónica y Soluciones Informáticas
\n Cuerpo de Ingenieros del Ejército

\n\n

Instituto Latinoamericano de la Naciones Unidas para la Prevención\n del Delito y Tratamiento del Delincuente- ILANUD
\n Projusticia

\n\n

SERVILIMAO, Cía. Ltda.
\n Exp. 37108-92
\n Petrocomercial
\n Compañía de Seguros Colonial S.A.
\n 12 de marzo de 2003 Consejo Provincial de Napo

\n\n

Atentamente,
\n Dios, Patria y Libertad
\n Por el Contralor General del Estado

\n\n

 

\n\n

f.) Dr. César Mejía Freire, Secretario General\n de la Contraloría, (E).

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

No. 382

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

\n\n

Quito, a 25 de octubre de 2002; las\n 10h00.

\n\n

VISTOS (29-02): El Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda\n interpone recurso de casación contra la sentencia dictada\n por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso\n Administrativo dentro del juicio seguido por el Arq. Galo Calderón\n Coronel en contra de la entidad representada por el recurrente;\n sentencia en la cual se acepta la demanda. Funda su recurso en\n las causales primera y segunda del Art. 3 de la Ley de Casación\n del siguiente modo: a) Falta de aplicación de los artículos\n 215 y 216 de la Constitución Política del Estado;\n 11 y 12 de la Ley Orgánica del Ministerio Público;\n y 2 literal a), 3 y 6 del literal b) de la Ley Orgánica\n de la Procuraduría General del Estado; b) Falta de aplicación\n de los artículos: 364, 365 y 366 del Código de\n Procedimiento Civil; e) Falta de aplicación del Art. 90,\n literal b) de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa;\n d) Falta de aplicación del inciso segundo del Art. 13\n de la Ley Orgánica del Ministerio Público; e) Aplicación\n indebida de los artículos 125 y 126 de la Ley de Servicio\n Civil y Carrera Administrativa; y, O Falta de aplicación\n del Art. 12 de la Ley para la Promoción de la Inversión\n y Participación Ciudadana. Habiéndose establecido\n la competencia de la Sala para conocer y resolver el recurso\n interpuesto con oportunidad de la calificación del mismo,\n presupuesto procesal que no ha variado, y una vez agotado el\n trámite establecido por la ley, es procedente que se dicte\n sentencia, a efecto de lo cual se hacen las siguientes consideraciones:\n PRIMERO. - El Procurador General es el representante legal del\n Estado y entre sus deberes tiene la obligación de representar\n al Estado y a los organismos y entidades del sector público\n que carezcan de personería jurídica, en defensa\n del patrimonio nacional y del interés público.\n En el caso, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda carece\n de personería jurídica por lo que en el proceso\n se ha ordenado citar con la demanda al Procurador General del\n Estado (fs. 7), la que fuera contestada por éste (fs.\n 11 a 13), por lo que no se puede aceptar la alegación\n de falta de aplicación de los artículos 11 y 12\n de la Ley Orgánica del Ministerio Público; y 2\n letra a), 3 y 6 letra b) de la Ley Orgánica de la Procuraduría\n General del Estado. El recurrente sostiene además, que\n en la sentencia impugnada se ha infringido una de las solemnidades\n comunes a todos los juicios e instancias, cual es la necesidad\n de la "legitimidad de personería", alegación\n que como ya se manifestó en líneas anteriores es\n impertinente al caso, toda vez que en la especie si se contó\n con el Procurador General del Estado, por lo que no era obligación\n del Tribunal "a quo" declarar la nulidad del proceso,\n no existiendo en el caso falta de aplicación de los artículos\n 354, 365 y 366 del Código de Procedimiento Civil. SEGUNDO.-\n El Art. 28 de la Ley de Modernización del Estado complementado\n con lo dispuesto en el Art. 12 de la Ley para la Promoción\n de la Inversión y Participación Ciudadana dispone\n que: "Derecho de petición. - Todo reclamo, solicitud\n o pedido a una autoridad pública deberá ser resuelto\n en un término no mayor a quince días, contados\n a partir de la fecha de su presentación, salvo que una\n norma legal expresamente señale otro distinto. En ningún\n órgano administrativo se suspenderá la tramitación\n ni se negará la expedición de una decisión\n sobre las peticiones o reclamaciones presentadas por los administrados.\n En todos los casos vencido el respectivo término se entenderá\n por el silencio administrativo: que la solicitud o pedido ha\n sido aprobada o que la reclamación ha sido resuelta en\n favor del reclamante. - Para este efecto, el funcionario competente\n de la institución del Estado tendrá la obligación\n de entregar, a pedido del interesado, bajo pena de destitución,\n una certificación que indique el vencimiento del término\n antes mencionado, que servirá como instrumento, público\n para demostrar que el reclamo, solicitud o pedido ha sido resuelto\n favorablemente por silencio administrativo, a fin de permitir\n al titular el ejercicio de los derechos que correspondan".\n TERCERO.- Conforme se ha pronunciado la Sala y constituye ya\n precedente jurisprudencial obligatorio, el derecho que nace como\n consecuencia del silencio administrativo es un derecho autónomo,\n que de ninguna manera puede ser afectado por un pronunciamiento\n posterior de la autoridad, que por su falta de contestación\n dio lugar al efecto del silencio, y que como tal derecho autónomo,\n da origen a una acción procesal independiente, la cual\n bien puede ser exigida en sede administrativa en sede jurisdiccional;\n advirtiéndose que en ésta la acción será\n simplemente de ejecución y no de conocimiento, por lo\n que naturalmente no daría lugar a un recurso de casación.\n Esta doctrina se halla complementada con la que así mismo\n constituye precedente jurisprudencia1 obligatorio, según\n la cual, no se puede obtener derecho alguno por el silencio administrativo\n si la solicitud se dirige contra autoridad incompetente para\n aceptar o negar lo solicitado, o si lo solicitado de haber sido\n aprobado de manera expresa habría sido afectada por nulidad\n absoluta. Finalmente la materia ha sido modificada por la norma\n introducida como inciso siguiente al primero del Art. 28, según\n el cual la acción de ejecución debe estar respaldada\n en un instrumento público, constituido por la certificación\n otorgada por el funcionario competente de la institución\n del Estado, el cual está obligado, ha pedido del interesado\n y bajo pena de destitución, a indicar el vencimiento del\n término desde el cual se ha producido el efecto del silencio\n administrativo, con lo que se demuestra que el reclamo solicitud\n o pedido ha sido resuelto favorablemente con todos los efectos\n señalados anteriormente. CUARTO.-Ahora bien, respecto\n a la necesidad de obtener la certificación de haber operado\n el silencio administrativo de parte del funcionario competente\n de la institución en la que ocurrió, conviene referirnos\n al juicio No. 93/02 seguido por Gloria Yolanda Juárez\n en contra del Prefecto Provincial del Azuay, en el cual la Sala\n manifestó: "En el caso de que el interesado hubiere\n presentado la correspondiente solicitud a fin de obtener la certificación\n de la fecha de vencimiento para que opere el silencio administrativo\n y no hubiera logrado obtener en sede administrativa tal certificación,\n su obligación será requerir judicialmente esa certificación\n y de no atendérsele luego de haberse reiterado la orden\n judicial bajo las prevenciones legales, de la destitución\n del funcionario y de que se dará pleno valor a lo afirmado\n por el reclamante, podrá entonces, con tal diligencia\n previa, que supliría por el ministerio de la ley al instrumento\n público de la certificación, presentar ante el\n respectivo Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo,\n la acción de ejecución en la cual, sin discutir\n el derecho a obtener lo solicitado, simplemente se ordenará\n su ejecución en sentencia. Pero si el interesado no hubiere\n procedido de tal forma y en consecuencia no presentare el instrumento\n público al que se refiere el inciso agregado al Art. 28\n de la lev de Modernización del Estado o en su caso la\n diligencia previa antes referida, es evidente que la acción\n deducida será de conocimiento, en la que necesariamente\n se discutirá el derecho del actor a obtener lo pretendido\n mediante la respectiva solicitud, pudiendo dentro del término\n de prueba realizar las diligencias pertinentes, dentro de las\n cuales tiene trascendental importancia la copia de la solicitud\n presentada con la razón de la fecha de recepción,\n a fin de demostrar la presentación ante la autoridad competente\n de su solicitud y la falta de respuesta oportuna, prueba ésta\n que será en tal caso decisoria en su favor, pero siempre\n que se demostrare la violación del derecho del recurrente\n al no haber aceptado el pedido. En este último evento,\n el juicio de conocimiento podrá ser objeto del recurso\n de casación.". QUINTO.- En el caso, el acto administrativo\n impugnado es el oficio No. 00431 de 13 de julio de 2000 suscrito\n por el Director de Asesoría de Ministerio de Desarrollo\n Urbano y Vivienda en el que niega la solicitud del actor de que\n se le paguen los valores que se le adeudan. De autos aparece\n el oficio del actor dirigido al Ministro de Desarrollo Urbano\n y Vivienda, solicitándole que se proceda a cancelar la\n diferencia correspondiente de su remuneración desde enero\n hasta agosto dé 1999 de conformidad con el Art. 13 de\n la Ley de Escalafón y Sueldos de los Arquitectos del Ecuador,\n solicitud presentada el 7 de junio de 2000 y que fuera contestada\n el 13 de julio del mismo año, es decir cuando transcurrió\n en exceso el término de quince días de que habla\n el Art. 28 de la Ley de Modernización del Estado, por\n lo que es evidente que ha operado el silencio administrativo\n a favor del actor. En el caso, siendo evidente el reconocimiento\n del derecho del Arq. Galo Calderón Coronel por parte del\n Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, al haber operado a\n su favor el silencio administrativo, éste bien podía,\n como lo hizo, iniciar un proceso de conocimiento ante el Tribunal\n Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo. SEXTO.- Como\n ya se manifestó en el considerando anterior, si el interesado\n no hubiere presentado el instrumento público al que se\n refiere el inciso agregado al Art. 28 de la Ley de Modernización\n del Estado (Art. 12 de la Ley para la Promoción de la\n Inversión y de la Participación Ciudadana), es\n evidente que la acción deducida es de conocimiento, por\n lo que no se puede aceptar la pretensión del recurrente\n de que existe falta de aplicación del Art. 12 de la Ley\n para la Promoción de la Inversión y de la Participación\n Ciudadana, por no haberse solicitado tal certificación.\n Ahora bien, del proceso aparecen el original y la copia certificada\n de la solicitud presentada por el interesado (fs. 5 y 17); y\n el original de la contestación extemporánea del\n Director de Asesoría Jurídica del Ministerio de\n Desarrollo Urbano y Vivienda (fs. 3 y 4), de lo que aparece claramente\n que sí operó a favor del Arq. Galo Calderón\n Coronel el silencio administrativo positivo. No se consideran\n las demás alegaciones del recurrente por considerárselas\n impertinentes al caso, por lo que ADMINISRANDO JUSTICIA EN NOMBRE\n DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se rechaza el recurso\n de casación interpuesto Sin costas. Notifíquese,\n devuélvase y publíquese.

\n\n

Dres. Luis Heredia Moreno, José Julio Benítez\n A. y Marcelo Icaza Ponce, Ministros Jueces y Conjuez Permanente\n respectivamente de la Sala de lo Contencioso Administrativo de\n la Excma. Corte Suprema de Justicia.

\n\n

Es fiel copia.

\n\n

f.) Dr. Fausto Murillo Fierro, Sala de lo Fiscal, Secretario\n encargado.

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AUTO

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

\n\n

Quito, a 2 de diciembre de 2002; las 09h15.

\n\n

VISTOS (29-2002): Nelson Murgueytio Peñaherrera, en\n su calidad de Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, solicita\n aclaración de la sentencia dictada por esta Sala dentro\n de la presente causa, pedido que fuera trasladado a la contraparte,\n quien pide que se rechace la petición. Al efecto, la Sala\n considera que la aclaración tiene como propósito\n determinar el efectivo alcance de los términos expresados\n en el fallo, cuando éste fuere oscuro o pudiere confundir\n su intencionalidad. En la especie, ninguno de estos presupuestos\n se cumple, consecuentemente la solicitud formulada por Nelson\n Murgueytio Peñaherrera, por los derechos que representa,\n se la rechaza por improcedente. Notifíquese.

\n\n

Fdo.) Dres. Luis Heredia Moreno, José Julio Benítez\n A. y Marcelo Icaza Ponce, Ministros Jueces y Conjuez Permanente\n de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema\n de Justicia.

\n\n

RAZON: Las cinco copias que anteceden son iguales a su original.-\n Quito, a 17 de noviembre de 2002.

\n\n

f.) Dr. Fausto Murillo Fierro, Secretario encargado de la\n Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de\n Justicia.

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

No. 393

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

\n\n

Quito, a 5 de noviembre de 2002; las\n 10h00.

\n\n

VISTOS (37-02): El Ing. Víctor Hugo Olalla Proaño\n en su calidad de Rector y como tal representante legal de la\n Universidad Central del Ecuador interpone recurso de casación\n contra la sentencia dictada por la Segunda Sala del Tribunal\n Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo dentro del juicio\n seguido por Francisco Stalin Gómez Herrera; fallo de mayoría\n que acepta la demanda. Sostiene que las normas de derecho que\n estima infringidas son los artículos: 75 y 192 de la Constitución\n Política de la República del Ecuador; 126 de la\n Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa; 5 y 34 de la\n Ley de Universidades y Escuelas Politécnicas vigente a\n la fecha de presentación de la demanda; y, 1 del estatuto\n universitario. Funda su recurso en las causales primera, tercera,\n cuarta y quinta del Art. 3 de la Ley de Casación. Habiéndose\n establecido la competencia de la Sala para conocer y resolver\n el recurso interpuesto con oportunidad de la calificación\n del mismo, presupuesto procesal que no ha variado, y una vez\n agotado el trámite establecido por la ley, es procedente\n que se dicte sentencia a efecto de lo cual se hacen las siguientes\n consideraciones: PRIMERO.- El Art. 126 de la Ley de Servicio\n Civil y Carrera Administrativa textualmente dispone en su inciso\n segundo que: "Igualmente prescribirán en el plazo\n de sesenta días la acción de la autoridad para\n imponer las sanciones disciplinarias que contempla esta Ley y\n las sanciones impuestas en cada caso. El plazo previsto en el\n inciso primero de este artículo se contará desde\n la fecha en que se hubiere notificado al servidor público\n la resolución que considere le perjudica. El previsto\n en el inciso segundo correrá desde la fecha en que la\n autoridad tuvo conocimiento de la infracción o desde que\n se decreté la sanción". Conviene señalar\n que el Art. 126 de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa\n de manera expresa señala que el plazo de sesenta días\n "correrá desde que la autoridad nominadora tuvo conocimiento\n de la infracción", cuyo sentido natural y obvio es\n desde que tuvo noticia o conocimiento del hecho irregular que\n merece la sanción, sin consideración alguna del\n trámite posterior que deba darse para establecer la autoría\n y. el grado de responsabilidad del autor, previo el ejercicio\n del derecho de defensa de éste. Ninguna otra interpretación\n es aceptable y evidentemente así lo establece la unánime\n jurisprudencia tanto del Tribunal de lo Contencioso Administrativo\n cuando tenía jurisdicción nacional, como de esta\n Sala, asunto éste que por reiterado debe ser tomado en\n cuenta por quienes integran la Administración Pública,\n para dentro del plazo que concede la ley, ejercer su facultad\n sancionadora, so pena de ser ellos los únicos responsables\n de que hechos reprobables queden sin sanción cuando dejan\n transcurrir el pertinente término sin ejercer ese derecho.\n Ahora bien, de autos aparece que el Decano de la Facultad de\n Ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador\n conoció la denuncia presentada en contra de Francisco\n Stalin Gómez Herrera el 27 de octubre de 1997, por parte\n del Dr. Byron Carrión, profesor de la facultad, quien\n luego de dirigir varias tesis de grado se dio cuenta de que existía\n plagio en una de ellas, resultando directamente implicado el\n actor de este juicio; luego de sustanciado el procedimiento administrativo,\n se impone la sanción de destitución del cargo de\n Profesor de la Facultad en la categoría de Auxiliar a\n tiempo completo al actor el 7 de enero de 1998, es decir cuando\n transcurrieron en exceso el plazo de sesenta días que\n tenía la autoridad para imponerle la sanción. Sorprende\n sobre manera la lentitud con la que ha procedido la administración\n en este caso, puesto que una vez notificada la destitución,\n el actor decide apelar ante la Comisión Académica\n del H. Consejo Universitario de la Universidad Central, la cual\n al cabo de diez meses, esto es el 23 de noviembre de 1998, resuelve\n ratificar la sanción impuesta. Posteriormente interpone\n recurso de tercera instancia ante el Consejo Universitario, el\n cual fue resuelto el 12 de enero de 1999 ratificando su destitución.\n De lo antes señalado aparece con absoluta evidencia la\n lentitud con la que se ha procedido dentro de la Universidad\n Central, por lo que al no actuar con celeridad, la administración\n permitió que caduque su facultad sancionadora en un acto\n totalmente reprochable del actor. SEGUNDO.- Es verdad que por\n disposición constitucional las universidades gozan de\n autonomía (Art. 75 de la Constitución Política\n del Estado), concordante con lo anterior el Art. 5 de la Ley\n de Universidades y Escuelas Politécnicas reconoce y garantiza\n la autonomía universitaria y el Art. 1 de los estatutos\n de la Universidad Central del Ecuador ratifican que la institución\n es una persona jurídica autónoma de derecho público,\n pero no por ello se va a malinterpretar esta autonomía.\n En consecuencia, es menester analizar el alcance de esta autonomía,\n y para ello se debe razonar en el sentido de que el Estado Ecuatoriano\n como tal es el soberano, y mediante su ordenamiento jurídico\n en la más alta cúpula está la Constitución\n Política y luego en segundo orden las leyes vigentes,\n las cuales en una u otra forma conceden diversas autonomías\n entre ellas a las universidades y escuelas politécnicas,\n pero sin lugar a duda tales facultades no les constituyen en\n organismos soberanos, u sea que pueden imponer sus voluntades\n al margen de la normatividad vigente en Ecuador. Entonces es\n indispensable señalar los límites de la autonomía,\n la cual consiste en la facultad de decidir en última instancia\n y sin apelación sobre los asuntos que le conciernen. Mas,\n tal facultad de decisión siempre estará sometida\n al marco legal vigente, y a que no existe en el estado de derecho\n institución alguna, por alta que ésta fuera que\n pueda adoptar decisiones válidas al margen de lo que ordena\n la lev. Si bien es cierto que el H. Consejo Universitario de\n la Universidad Central es la máxima autoridad de este\n organismo autónomo, mas por ello de ninguna manera está\n autorizado pata adoptar resoluciones al margen de lo que dispone\n la ley, a la cual, en ejercicio del principio de legalidad, se\n halla sometido. En consecuencia jamás puede adoptar decisiones\n válidas que vulneren los derechos establecidos por la\n Constitución y las leyes y menos pretender absurdamente\n que tales decisiones modifiquen o reformen las disposiciones\n constitucionales legales y reglamentarias de vigencia obligatoria.\n Ahora bien, de acuerdo con las disposiciones constitucionales\n legales y reglamentarias, ningún servidor público,\n por autónoma que fuera la institución a la que\n presta sus servicios, puede ser separado de estas funciones sino\n en los casos expresamente determinados por las leves y cumpliendo\n los requisitos previos para tal separación establecidos\n en la norma jurídica vigente. TERCERO.- No existiendo\n normativa alguna en la Ley de Universidades y Escuelas Politécnicas\n sobre la competencia en el tiempo de la autoridad administrativa\n para ejercer la acción sancionadora, el juez tiene que\n acudir a otra normatividad que cobra ese vacío de la lev\n porque de lo contrario, la falta de determinación del\n tiempo en el cual puede ejercer su facultad sancionadora el administrador,\n afecta evidente directamente a la seguridad jurídica,\n que es una de las garantías consagradas por la Constitución\n Política del Estado en el numeral 26 del Art. 23 de esa\n suprema lev por ello para el caso se consideró la normatividad\n establecida por el Art. 126 de la Lev de Servicio Civil y Carrera\n Administrativa, toda vez que a más de esa norma no existe\n ninguna otra que señale el plazo dentro del cual puede\n ejercer su competencia en ejercicio de la facultad sancionadora\n la autoridad nominadora. Por lo que no se puede aceptar la pretensión\n que en la sentencia impugnada se han adoptado decisiones incompatibles\n o contradictorias. CUARTO.- EI ius punendi del Estado es uno\n solo pero se manifiesta de dos maneras: la potestad administrativa\n sancionadora y la potestad penal de la jurisdicción. Esta\n dualidad de sistemas represivos está recogida en un mismo\n precepto constitucional el numeral primero del Art. 24 de la\n Constitución Política del Estado que dices Nadie\n podrá se, juzgado por un acto tu omisión que al\n momento de cometerse no esté legalmente tipificado como\n infracción penal, administrativa o de otra naturaleza,\n ni se le aplicará una sanción no prevista en la\n Constitución o la ley". En el caso, si bien ha caducado\n la facultad sancionadora de la administración, en tratándose\n de plagio, podrían existir serias presunciones de responsabilidad\n pena

 

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