Registro Oficial. 20 de MARZO del 2003

Jueves, 20 de marzo de 2003

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

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   MES DE MARZO DEL 2003
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Jueves, 20 de marzo del 2003 - R. O. No. 44

\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n

DR. JORGE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR

\n\n

FUNCION\n EJECUTIVA

\n\n

DECRETOS:

\n\n

186 Nómbrase al señor\n licenciado Ricardo Morcillo Montaño, para desempeñar\n las funciones de Presidente Ejecutivo del Directorio de la Empresa\n Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado "San Mateo"\n de Esmeraldas

\n\n

191-A\n Dispónese\n que los precios de los medicamentos vigentes al 31 de diciembre\n de 2001 fijados por el Consejo Nacional de Fijación y\n Revisión de Precios de Medica-mentos de Uso Humano podrán\n incrementarse por producto y presentación en un monto\n que en ningún caso podrá ser superior al 9,36%\n sobre el precio aprobado por el indicado Consejo para el fabricante\n o importador a dicha fecha

\n\n

ACUERDO:

\n\n

MINISTERIO\n DE RELACIONES EXTERIORES:

\n\n

0092\n Publicase la\n declaración "El Llamado de Managua

\n\n

FUNCION\n JUDICIAL

\n\n

RESOLUCION:

\n\n

CONSEJO\n NACIONAL DE LA JUDICATURA:

\n\n

- Sustitúyese la Tabla\n de Aranceles

\n\n

CORTE\n SUPREMA DE JUSTICIA
\n PRIMERA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL:

\n\n

- Recursos de casación\n en los juicios seguidos por las siguientes personas:

\n\n

232-2002 Doctor René Santana\n Carbonell y otra en contra de Mary Rosaura Santana Carbonell\n y otro

\n\n

270-2002 Galo García Cárdenas en\n contra de Solbanco S.A

\n\n

274-2002\n María\n Clorinda Goyes Quinteros en con-tra de Orfa Salgado Guevara y\n otra

\n\n

275-2002\n Ingeniero\n Rafael Naciph Naula en contra de la Compañía Anónima\n Estudio Jurídico Ortega Moreira y Ortega Trujillo

\n\n

276-2002\n Wilson Eduardo\n García en contra de Lida Concepción Arias Armijo

\n\n

277-2002\n Comité\n Pro mejoras del barrio La Colina" en contra de Luis Francisco\n Cajas Tenelanda y otros

\n\n

278-2002\n José\n Francisco Lalvay Pauta en contra d José María Lalvay\n Pauta

\n\n

279-2002\n Gisela María\n Sojos Boeker y otras en con-tra del Banco Ecuatoriano de la Vivienda

\n\n

280-2002 Rosa Maria de los Angeles Ramírez\n en contra de Angel Roberto Camba Lainez y otros

\n\n

281-2002 Miguel Eugenio Cordero Cordero en contra\n de Francisco Vicente Palacios León y otra

\n\n

282-2002 Mario Totoy Alvaro y otra en contra de\n Alexandra de los Angeles Montalvo Bautista y otro

\n\n

ACUERDO\n DE CARTAGENA

\n\n

PROCESOS:

\n\n

80-IP-2002 Interpretación prejudicial\n de los artículos 82 literal h), 83 literales a) y e) y\n 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo\n de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de\n lo Contencioso Administrativo. Distrito de Quito. República\n del Ecuador. Actor: DICOMEX S.A. Marca: "GALLO + GRAFICA".\n Proceso interno Nº 3429-1021-96-A.I

\n\n

84-IP-2002 Interpretación prejudicial\n de los artículos 82 literal d), 146 y 147 de la Decisión\n 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada\n por el Consejo de Estado de la República de Colombia,\n Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.\n Interpretación de oficio del artículo 81 de la\n misma Decisión. Actor: BANCO TEQUENDAMA S.A. Marca: "CUENTA\n BINACIONAL". Expediente interno Nº 6910

\n\n

ORDENANZAS\n MUNICIPALES:

\n\n

- Cantón\n Gualaquiza: Que establece la tasa para la licencia anual\n de funcionamiento de los establecimientos turísticos

\n\n

- Cantón Pichincha: Para la aplicación y\n cobro del impuesto a las patentes comerciales e industriales\n \n

\n \n
\n

\n\n

 

\n\n

No. 186

\n\n

Lucio Gutiérrez Borbúa
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
\n REPUBLICA

\n\n

En ejercicio de la facultad que le confiere el artículo\n 2, letra a) del Decreto Ley No. 06, promulgado en el Registro\n Oficial No. 481 de 12 de julio de 1994, que dispone que el Presidente\n Ejecutivo del Directorio de la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado\n "San Mateo de Esmeraldas, será designado por el Presidente\n Constitucional de la República.

\n\n

Decreta:

\n\n

ARTICULO UNICO.- Nómbrase al señor licenciado\n Ricardo Morcillo Montaño para desempeñar\n las funciones de Presidente Ejecutivo del Directorio de la Empresa\n Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado "San Mateo de\n Esmeraldas.

\n\n

Dado en el Palacio Nacional en Quito a 27 de febrero de 2003.

\n\n

f.) Lucio Gutiérrez Borbúa, Presidente Constitucional\n de la República.

\n\n

Es fiel copia del original. Lo certifico.

\n\n

f.) Patricio Acosta Jara, Secretario General de la Administración\n Pública.

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

No. 191-A

\n\n

Lucio Gutiérrez Borbúa
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
\n REPUBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que en el Registro Oficial No. 59 de 17 de abril de 2000 se\n publicó la Ley No. 2000-12. Ley de Producción,\n Importación, Comercialización y Expendio de Medicamentos\n Genéricos de Uso Humano;

\n\n

Que el artículo 3 de la indicada ley, establece que\n los precios de los medicamentos de uso humano serán fijados\n y revisados por el Consejo Nacional de Fijación y Revisión\n de Precios de Medicamentos de Uso Humano, creado para el efecto;

\n\n

Que el artículo 4 de la referida ley establece los\n plazos de fijación de los precios de medicamentos y los\n márgenes de utilidad máximos por producto para\n medicamentos de marca y genéricos, para el fabricante\n o importador, y los márgenes de comercialización\n para los distribuidores y para los establecimientos de expendio\n al público;

\n\n

Que en el Registro Oficial No. 84 de 24 de mayo de 2000 se\n publicó el Reglamento de Aplicación a la Ley de\n Producción, Importación, Comercialización\n y Expendio de Medicamentos Genéricos de Uso Humano, contenido\n en el Decreto Ejecutivo No. 392;

\n\n

Que es deber del Ministerio de Salud Pública, según\n lo previsto en el artículo 163 del Código de la\n Salud, propiciar una política de abaratamiento de precios\n de las medicinas y especialidades farmacéuticas para uso\n humano;

\n\n

Que en virtud de los decretos ejecutivos Nos. 2241, 2807 y\n lO, publicados en el Registro Oficial No. 494 de 15 de enero\n de 2002, Registro Oficial No. 616 de 11 de julio de 2002, y Suplemento\n al Registro Oficial No. 3 de 20 de enero de 2003 respectivamente,\n los precios de los medicamentos de uso humano han permanecido\n regulados temporalmente hasta el 28 de febrero de 2003 de tal\n manera que el precio de los mismos se ha mantenido a los niveles\n que tenían al 31 de diciembre de 2001;

\n\n

Que al 28 de febrero de 2003 finaliza el periodo de regulación\n temporal de los precios de medicamentos de uso humano vigente\n a partir del 1o de enero de 2002 por lo que se hace necesario\n dictar una normativa que facilite el cumplimiento de las labores\n del Consejo Nacional de Fijación y Revisión de\n Precios de Medicamentos de Uso Humano; y,

\n\n

En ejercicio de la atribución que le confiere el numeral\n 9 del articulo 171 de la Constitución Política\n de la República,

\n\n

 

\n\n

Decreta:

\n\n

Art. 1.- Los precios de los medicamentos vigentes al 31 de\n diciembre de 2001 fijados por el Consejo Nacional de Fijación\n y Revisión de Precios de Medicamentos de Uso Humano podrán\n incrementarse por producto y presentación en un monto\n que en ningún caso podrá ser superior al 9,36%\n sobre el precio aprobado por el indicado Consejo para el fabricante\n o importador a dicha fecha. En todo caso, ningún laboratorio\n farmacéutico podrá incrementar los precios de sus\n medicamentos en un porcentaje superior al 5% de promedio ponderado\n por ventas de todos sus productos cuyos precios estuvieron regulados\n temporalmente, ni los nuevos precios podrán superar el\n margen de utilidad máximo previsto en el artículo\n 4 de la Ley No. 2000-12 por producto y presentación.

\n\n

Los incrementos se aplicarán exclusivamente sobre los\n precios aprobados por el Consejo Nacional de Fijación\n y Revisión de Precios de Medicamentos de Uso Humano al\n 31 de diciembre de 2001 para el fabricante o importador.

\n\n

Unicamente podrán incrementar los precios, dentro de\n los límites indicados en el inciso primero, los laboratorios\n farmacéuticos que no hubieren elevado los precios de sus\n productos desde el 10 de enero de 2002 hasta el 28 de febrero\n de 2003. Los laboratorios farmacéuticos que hubieren incrementado\n los precios de sus medicamentos durante el período indicado\n por sobre los límites establecidos en el inciso primero\n de este artículo 1, deberán ajustar sus precios\n a tales límites.

\n\n

Art. 2.- Para los efectos previstos en el artículo\n 1 de este decreto, los laboratorios farmacéuticos interesados\n podrán presentar las respectivas solicitudes para la revisión\n de precios por todos los productos indicados en el artículo\n anterior, previo el pago de la tasa correspondiente por cada\n producto cuyo precio se solicite su revisión, adjuntando\n exclusivamente lo siguiente:

\n\n

a) Una declaración juramentada en la que la persona\n natural solicitante o el representante legal de una persona jurídica\n solicitante declare que los nuevos precios de los medicamentos\n constantes en el listado que se indica en el literal siguiente\n se encuentran dentro de los límites indicados en el inciso\n primero del artículo 1 de este decreto;

\n\n

b) Un listado, suscrito por el solicitante, en el que identifique\n por cada producto y presentación: El último precio\n aprobado por el Consejo Nacional de Fijación y Revisión\n de Precios de Medicamentos de Uso Humano, fecha de tal aprobación,\n monto de incremento solicitado, porcentaje con relación\n al último precio aprobado, volumen de ventas, número\n de registro sanitario vigente, y fecha de vencimiento. Esta infor-mación\n se presentará también en medio magnético;\n y.

\n\n

c) Copia del recibo de pago de las asas correspondientes.\n

\n\n

Cumplidos los requisitos previstos en este decreto, el Consejo\n Nacional de Fijación y Revisión de Precios de Medicamentos\n de Uso Humano aprobará dentro del plazo legal, las solicitudes\n que hubieren presentado los laboratorios farmacéuticos.

\n\n

Art. 3.- Los medicamentos de uso humano cuyos precios hubieren\n sido fijados por el Consejo Nacional de Fijación y Revisión\n de Precios de Medicamentos de Uso Humano entre el lO de enero\n de 2002 hasta el 28 de febrero de 2003 mantendrán los\n precios aprobados, por lo que no se admitirá ninguna alza\n de precios por sobre el valor fijado por el Consejo con anterioridad\n a la expedición del presente decreto.

\n\n

Art. 4.- El presente decreto ejecutivo entrará en vigencia\n a partir de su expedición, sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial.

\n\n

De la ejecución del presente decreto, se encarga a\n los señores ministros de Salud Pública y de Comercio\n Exterior. Industrialización, Pesca y Competitividad.

\n\n

Dado, en el Palacio Nacional, en Quito, a 5 de marzo de 2003.

\n\n

f.) Lucio Gutiérrez Borbúa. Presidente Constitucional\n de la República.

\n\n

f.) Xavier Abad Vicuña, Ministro de Comercio Exterior.\n Industrialización, Pesca y Competitividad, Ene.

\n\n

f.) Francisco Andino. Ministro de Salud Pública. Es\n fiel copia del original.- Lo certifico.

\n\n

f.) Patricio Acosta Jara, Secretario General de la Administración\n Pública.

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

No. 0092

\n\n

EL MINISTRO DE RELACIONES
\n EXTERIORES

\n\n

Considerando:

\n\n

Que en la ciudad de Managua, Nicaragua el 28 de agosto de\n 2002, se suscribió la "Declaración El Llamado\n de Managua"; y.

\n\n

Que es necesaria que dicha declaración sea promulgada\n en el Registro Oficial, para conocimiento y difusión entre\n todos los ecuatorianos.

\n\n

Acuerda:

\n\n

Artículo Unico.- Publíquese en el Registro Oficial\n la "Declaración El Llamado de Managua", suscrita\n el 28 de agosto de 2002 en la ciudad de Managua. Nicaragua.

\n\n

Con anexo.- Comuníquese.- En Quito, 5 de marzo de 2003.

\n\n

f.) Nina Pacari Vega. Ministra de Relaciones Exteriores.

\n\n

DECLARACION "EL LLAMADO DE MANAGUA"

\n\n

Los viceministros de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Costa\n Rica y El Salvador y los representantes de Colombia, Ecuador,\n Guatemala, Honduras y Perú, reunidos los días 27\n y 28 de agosto de 2002, invitados por el Gobierno de la República\n de Nicaragua a la Conferencia "Avances del Desminado\n en las Américas", para conocer y compartir las\n experiencias, logros y obstáculos de los programas de\n desminado así como el cumplimiento de los acuerdos adoptados\n en la Tercera Reunión de Estados Parte de la Convención\n sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción\n y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción\n (Convención de Ottawa), celebrada en Managua, Nicaragua\n del 18 al 21 de septiembre del año 2001,

\n\n

En tal sentido, los países presentes en esta conferencia\n y que somos afectados por los problemas de las minas y uxos,\n consideramos que a pesar de los notables avances en los procesos\n de desminado que se llevan a cabo en Las Américas, las\n minas antipersonal continúan siendo una seria amenaza\n para la paz, la seguridad de las personas y un evidente obstáculo\n para el desarrollo socio-económico de grandes zonas productivas\n de nuestros respectivos países.

\n\n

Sabemos por experiencia propia, que las tareas del desminado\n y los otros componentes son una labor económicamente costosa,\n pero esencialmente humanitaria y por consiguiente necesaria para\n garantizar y preservar la integridad física de las personas\n que viven en zonas de riesgo, lo que nos demanda la necesidad\n de la erradicación total del inminente peligro que representan\n las minas antipersonal y uxos, secuela de los dolorosos conflictos\n bélicos que ha vivido nuestra América

\n\n

En el desarrollo de esta labor y los éxitos alcanzados,\n reconocemos el invaluable apoyo brindado por la comunidad de\n donantes, indispensable para que en un futuro no muy lejano podamos\n proclamar al hemisferio occidental "Zona Libre de Minas\n Antipersonal".

\n\n

En este esfuerzo, reconocemos también, la importante\n y valiosa contribución que ha venido brindando la Secretaria\n General de la Organización de los Estados Americanos (OEA)\n a través del Programa de Asistencia a la Acción\n Integral contra las Minas Antipersonal de la Organización\n de los Estados Americanos (AICMA-OEA) y de la Unidad para la\n Promoción de la Democracia, en las tareas del desminado\n en el hemisferio americano.

\n\n

Es por ello, que en el espíritu de la Convención\n sobre la Prohibición del Empleo. Almacenamiento, Producción\n y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción\n que en su preámbulo dice:

\n\n

"Decididos a poner fin al sufrimiento y las muertes causadas\n por las minas antipersonal. que matan o mutilan a cientos de\n personas cada semana, en su mayor parte civiles inocentes e indefensos,\n especialmente niños, obstruyendo el desarrollo económico\n y la reconstrucción, inhiben la repatriación de\n refugiados y de personas desplazadas internamente, además\n de ocasionar otras severas consecuencias muchos años después\n de su emplazamiento,

\n\n

Creyendo necesario hacer sus mejores esfuerzos para contribuir\n de manera eficiente y coordinada a enfrentar el desafío\n de la remoción de minas antipersonal colocas en todo el\n mundo, y a garantizar su destrucción,

\n\n

Deseando realizar sus mejores esfuerzos en la prestación\n de asistencia para el cuidado y rehabilitación de las\n victimas, incluidas su reintegración social y económica".\n

\n\n

Tomando en cuenta también, lo establecido en los incisos\n 1, 3, 4, 7 y 8 del artículo Nº 6 (Cooperación\n y Asistencia Internacional) de la citada Convención de\n Ottawa, los países y organismos internacionales participantes\n en la Conferencia sobre los Avances del Desminado en Las Américas.

\n\n

 

\n\n

Hemos acordado suscribir la declaración "El\n llamado de Managua", para:

\n\n

1. Reafirmar el compromiso que nuestros gobiernos tienen con\n el desminado humanitario, así como la decidida voluntad\n de cumplir con las obligaciones que se derivan de la Convención\n de Ottawa.

\n\n

2. Reafirmar también la voluntad de nuestros gobiernos\n para continuar aportando al proceso de cumplimiento de la Convención\n de Ottawa y en este sentido felicitar al Gobierno de Nicaragua\n por el trabajo que ha realizado en calidad de Presidencia de\n la Tercera Reunión de Estados Parte, para reenfocar los\n esfuerzos hacia los objetivos humanitarios fundamentales de la\n convención y el tema de la asistencia y cooperación\n internacional.

\n\n

3. Hacemos un llamado urgente a los países amigos que\n conforman la comunidad de donantes para el desminado humanitario,\n especialmente a aquellos Estados Parte de la Convención\n de Ottawa, a no abandonar o suspender la asignación de\n recursos a los países de Las Américas que aún\n no han concluido sus programas de desminado o de acción\n integral contra las minas. Asimismo, instamos a la cooperación\n internacional a mantener e incrementar su asistencia técnica\n y financiera a todos los países que han sido consecuentes\n con los compromisos asumidos al suscribir, ratificar e implementar\n el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Convención\n de Ottawa.

\n\n

4. Manifestamos nuestro beneplácito. por la iniciativa\n del Gobierno de la República de Nicaragua para convocar\n a través de la Organización de los Estados Americanos\n (OEA), a una reunión de donantes a realizarse el próximo\n mes de octubre en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos\n de América, para examinar el tema de la cooperación\n a la luz de los avances logrados y los requerimientos técnicos\n y financieros de los países americanos y reiterar nuestra\n posición para que la asistencia y cooperación en\n materia de actividades relacionadas con la acción antiminas\n esté dirigida principalmente a quienes hayan renunciado\n al empleo de esas armas mediante su adhesión a la Convención\n de Ottawa y la aplicación y cumplimiento de lo dispuesto\n en la misma, tal y como quedó establecido en la Declaración\n de la Tercera Reunión de Estados Parte.

\n\n

5. Hacer un ferviente llamado a todos los gobiernos del mundo\n a que se unan a nosotros para enfrentar los grandes desafíos\n que nos plantea la necesidad de brindar una atención integral\n a las victimas sobrevivientes de accidentes por minas, a fin\n de proporcionar la asistencia técnica y financiera a los\n programas destinados a este propósito.

\n\n

6. Respaldar firmemente el propósito y la necesidad\n que tenemos los países de América de convertir\n el "Hemisferio Occidental en una Zona Libre de Minas Terrestres\n Antipersonal", propósito expresado en la Declaración\n de la Tercera Reunión de Estados Parte, a fin de que el\n logro de esta meta, sea un ejemplo para el mundo, de la eficacia\n de la Convención de Ottawa y una inspiración para\n otras regiones del mundo afectadas por las minas.

\n\n

7. Hacer un llamado a la universalización de la Convención\n de Ottawa, especialmente a los países de nuestra región\n que aún no son Estados Parte de la convención,\n para que se adhieran lo más pronto posible a ella.

\n\n

8. Solicitar al Secretario General de la Organización\n de los Estados Americanos (OEA), continuar prestando su apoyo\n a todos los países que forman parte del Programa de. Asistencia\n a la Acción Integral contra las Minas Antipersonal AICMA-\n OEA, especialmente aquellos países que afrontan conflictos\n armados internos.

\n\n

9. Agradecer a la comunidad de donantes la solidaridad y el\n valioso apoyo brindado a los países de América\n en su esfuerzo por erradicar el flagelo de las minas antipersonal\n y uxos.

\n\n

10. Solicitar a la República de Nicaragua, en su calidad\n de Presidente de la Tercera Conferencia de los Estados Parte\n de la Convención de Ottawa, presentar "El llamado\n de Managua" a la Cuarta Conferencia, para que los Estados\n Parte lo acojan y respalden.

\n\n

11. Felicitar y agradecer al Gobierno de la República\n de Nicaragua y al Programa de Asistencia a la Acción Integral\n contra las Minas Antipersonal de la Organización de los\n Estados Americanos (AICMA-OEA) por la organización y las\n atenciones recibidas durante la Conferencia sobre los Avances\n del Desminado en las Américas.

\n\n

Suscrita en la ciudad de Managua, Nicaragua, a los 28 días\n del mes de agosto del año 2002.

\n\n

f.) Salvador Stadhagen Icaza, Viceministro de Relaciones Exteriores\n de la República de Nicaragua.

\n\n

f.) Elayne White, Viceministro de Relaciones Exteriores y\n Culto de la República de Costa Rica

\n\n

f.) Héctor Miguel Dada Sánchez, Viceministro\n de Relaciones Exteriores, Integración y Promoción\n Económica de la República de El Salvador.

\n\n

f.) Julio Enrique Ortiz Cuenca, Embajador de la República\n de Colombia en Nicaragua.

\n\n

f.) Helena Yánez, Dirección General de Soberanía\n y Límites del Ministerio de Relaciones Exteriores de la\n República del Ecuador.

\n\n

f.) Rafael A. Salazar Galvez, Embajador de la República\n de Guatemala en Nicaragua.

\n\n

f.) Jackeline Abudoj, encargada de Negocios de la República\n de Honduras en Nicaragua.

\n\n

f.) Harry Beleván McBride, Subsecretario para Asuntos\n Multilaterales y Especiales del Ministerio de Relaciones Exteriores\n de la República del Perú.

\n\n

Certifico que es fiel copia del documento original que se\n encuentra en los archivos de la Dirección General de Tratados\n del Ministerio de Relaciones Exteriores.- IV) Rodrigo Yépes\n Enríquez. Director General de Tratados.- Quito, 7 de marzo\n de 2003.

\n\n

 

\n\n

EL CONSEJO NACIONAL DE LA
\n JUDICATURA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que mediante resolución de fecha 17 de julio de 2001,\n publicada en el RO. No. 383 de 3 de agosto de 2001, autorizó\n la tabla de aranceles del Registro de la Propiedad a nivel nacional,\n la misma que se ha venido observando hasta la presente fecha\n con las reformas aprobadas el 11 de diciembre de año 2001,\n las mismas que fueron publicadas en el RO. No. 478 del 20 de\n diciembre del mismo año y con las reformas de fecha 7\n de mayo de 2002 publicadas en el R.O. No. 578 del 17 de mayo\n de 2002;

\n\n

Que el Consejo Nacional de la Judicatura tiene la facultad\n de fijar y actualizar en cualquier momento los aranceles registrales;

\n\n

Que habiendo transcurrido más de un año de la\n vigencia de los referidos aranceles y habiéndose transformado\n las condiciones socioeconómicas en la realidad ecuatoriana,\n se hace necesaria una actualización de valores arancelarios;\n y,

\n\n

En uso de la facultad que le concede el literal g) del artículo\n II de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Judicatura,

\n\n

Resuelve:

\n\n

SUSTITUYASE LA TABLA DE ARANCELES DE REGISTRO DE PROPIEDAD\n POR LA SIGUIENTE:

\n\n

Art. 1.- Para el pago de los derechos de registro por la calificación\n e inscripción de actos que contengan la constitución,\n modificación, transferencia de dominio adjudicaciones\n y extinción de derechos reales o personales sobre muebles\n e inmuebles, así como la imposición de gravámenes\n o limitaciones de dominio, y cualquier otro acto similar, se\n considerará las siguientes categorías sobre las\n cuales percibirán los derechos:

\n\n

a)

\n\n

 

\n\n

Categoría Valor inicial Valor final Derecho total\n de inscripción
\n
1 $ 01 $ 1.60 $ 1.40
\n 2 $ 1.61 $ 3 $ 1.80
\n 3 $ 3.01 $ 4 $ 2.25
\n 4 $ 4.01 $ 6 $ 2.80

\n\n

Categoría Valor inicial Valor final Derecho total\n de inscripción

\n\n

5 $ 6.01 $ 10 $ 3.75
\n 6 $ 10.01 $ 14 $ 4.50
\n 7 $ 14.01 $ 20 $ 5.25
\n 8 $ 20.01 $ 30 $ 6.50
\n 9 $ 30.01 $ 40 $ 8.20
\n 10 $ 40.01 $ 80 $ 11.25
\n 11 $ 80.01 $ 120 $ 12.50
\n 12 $ 120.01 $ 200 $ 17.25
\n 13 $ 200.01 $ 280 $ 22.30
\n 14 $ 280.01 $ 400 $ 26.00
\n 15 $ 400.01 $ 600 $ 33.70
\n 16 $ 600.01 $ 800 $ 37.00
\n 17 $ 800.01 $ 1.200 $ 44.25
\n 18 $ 1.200.01 $ 1.600 $ 58.90
\n 19 $ 1.600.01 $ 2.000 $ 74.55
\n 20 $ 2.000.01 $ 2.400 $ 80.00
\n 21 $ 2.400.01 $ 2.800 $ 85.00
\n 22 $ 2.800.01 $ 3.200 $ 90.00
\n 23 $ 3.200.01 $ 3.600 $ 95.00
\n 24 $ 3.600.01 $ 10.00 $ 100.00
\n 25 $ 10.000 en adelante, se cobrará US$ 100 más\n el 0.5% por el exceso de este valor.

\n\n

b) Por el registro de la declaratoria de propiedad horizontal\n y todos los documentos que ésta comprenda la cantidad\n de 20 dólares:

\n\n

c) Por la inscripción o cancelación de patrimonio\n familiar, testamentos, adjudicaciones del INDA la cantidad de\n 8 dólares:

\n\n

d) Por el registro de las hipotecas constituidas a favor del\n Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Banco Ecuatoriano\n de la Vivienda, percibirán el (5.0%) cincuenta por ciento,\n de los valores fijados en la tabla en el literal a) de este artículo\n para la respectiva categoría:

\n\n

e) Por el registro de contratos de venta e hipoteca celebrado\n con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Banco Ecuatoriano\n de la Vivienda, se aplicará un (50%) cincuenta por ciento,\n de los valores establecidos en las tablas del registro de los\n documentos mencionados en el literal a) de este artículo\n para la respectiva categoría:

\n\n

f) Por la inscripción de concesiones mineras de exploración,\n la cantidad de 30 dólares; y, por las concesiones mineras\n de explotación, la cantidad de 60 dólares: y.

\n\n

g) Por la domiciliación, disolución y liquidación\n de compartías, reforma y codificación de estatutos,\n cambio de domicilio, capitulaciones matrimoniales, poderes otorgados\n en el Ecuador o extranjeros, cancelación de permisos de\n operación la cantidad de 10 dólares.

\n\n

A estos derechos el Registrador de la Propiedad podrá\n incorporar hasta el ciento por ciento por concepto de gastos\n generales: en ningún caso la planilla podrá exceder\n los quinientos dólares.

\n\n

Las aclaraciones de homónimos de imputados o acusados\n en procesos penales serán gratuitos, así como la\n inscripción de prohibiciones de enajenar y embargos ordenados\n en procesos penales de acción pública y en causas\n de alimentos.

\n\n

Art. 2.- Para el pago de derechos de registro, calificación\n e inscripción de los siguientes actos, incluyendo los\n rubros de gastos generales se establece los siguientes valores:

\n\n

a) Por la inscripción de posesiones efectivas, la cantidad\n de 4 dólares;

\n\n

b) Por la inscripción de embargos, demandas, sentencias,\n interdicciones, prohibiciones judiciales de enajenar y sus cancelaciones,\n la cantidad de 8 dólares por cada uno;

\n\n

c) Por certificaciones de constar en el índice de propiedades,\n la cantidad de 4 dólares;

\n\n

d) Por las certificaciones de propiedad, gravámenes\n y limitaciones de dominio, la cantidad de 7 dólares;

\n\n

e) Por la inscripción de cancelación de gravámenes\n y derechos personales, la cantidad de 5 dólares;

\n\n

f) Por las certificaciones de matrículas inmobiliarias,\n la cantidad de 3 dólares; y,

\n\n

g) En los casos no especificados en la enunciación\n anterior la cantidad de 3 dólares.

\n\n

Art. 3.- Cuando se trate de contratos celebrados entre entidades\n del sector público y personas de derecho privado regirá\n la categoría que le corresponda, de acuerdo con la tabla\n del artículo 1.

\n\n

Art. 4.- En los actos y contratos de cuantía indeterminada,\n tales como: hipotecas abiertas, fideicomisos, fusiones, rectificaciones,\n entre otras, se considerará para el cálculo de\n derechos del registrador el avalúo comercial municipal\n de cada inmueble.

\n\n

Art. 5.- Los derechos de los registradores, fijados en el\n artículo 1 de esta resolución serán calculados\n por cada acto o contrato según la escala y cuantía\n correspondiente aunque estén comprendidos en un solo instrumento.\n Los registradores incluirán en sus planillas el desglose\n pormenorizado y total de sus derechos que serán pagados\n por el usuario.

\n\n

Art. 6.- En los casos en que un Juez dentro del recurso establecido\n en el Art. 1 de la Ley de Registro, ordene la inscripción\n de un acto o contrato que previamente el registrador se negó\n a efectuar, esta inscripción no causará nuevos\n derechos

\n\n

Art. 7.- Los contratos celebrados por las instituciones del\n sector público pagarán los aranceles establecidos\n en el Art. 1 de esta resolución.

\n\n

Art. 8.- Los registradores exhibirán permanentemente,\n en lugares visibles al público, en sus oficinas y despachos,\n el texto íntegro de esta resolución.

\n\n

Art. 9.- Los registradores están obligados a mantener\n un sistema informático moderno y eficiente, como respaldo\n a sus archivos en libros.

\n\n

Art. 10.- La aplicación de estas tarifas o derechos\n es obligatoria para todos los registradores de la propiedad del\n país, excepto el registro del cantón Guayaquil\n que cuenta con aranceles especiales. Su inobservancia podrá\n dar lugar a la destitución del cargo, por parte del Consejo\n Nacional de la Judicatura.

\n\n

Art. 11.- Cualquier otra inobservancia o contravención\n a las disposiciones de esta resolución será considerada\n como falta grave y sancionada de conformidad con la ley y reglamentos\n respectivos.

\n\n

Derógase la resolución de 17 de julio de 2001,\n publicada en el Registro Oficial No. 383 de 3 de agosto de 2001\n y las reformas, publicadas en los registros oficiales No. 478\n de 20 de diciembre de 2001 y No. 578 de 17 de mayo de 2002 y\n cualquier otra disposición que contravenga esta resolución\n la misma que entrará en vigencia a partir de su publicación\n en el Registro Oficial.

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Publíquese también en la Gaceta Judicial.

\n\n

Dado en la ciudad de Malacatos, Distrito Judicial de Loja,\n a los veinte y cinco días del mes de febrero de dos mil\n tres.

\n\n

Fdo.) Dres. Armando Bermeo Castillo, Presidente del Consejo\n Nacional de la Judicatura; Francisco Cuesta Safadi, Vocal; Enrique\n Tamariz Baquerizo, Vocal; Ricardo Vaca Andrade, Vocal; José\n Robayo Campaña, Vocal; César Muñoz Llerena,\n Vocal; Tomás Rodrigo Torres, Vocal; Walter Rodas Jaramillo,\n Vocal, Olmedo Castro Espinosa, Director Ejecutivo.

\n\n

CERTIFICACION.- Certifico que la resolución\n que antecede, fue discutida y aprobada en el Pleno del Consejo\n Nacional de la Judicatura, en sesiones de 18 y 25 de febrero\n de año 2003.

\n\n

f.) Dr. Olmedo Castro Espinosa, Director Ejecutivo.

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Nº 232-2002

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Dentro del juicio ordinario por reivindicación\n Nº 16-2002, que sigue el doctor René Santana Carbonell\n por sus propios derechos y como procurador común de la\n licenciada Esperanza Maribel García León en contra\n de Mary Rosaura Santana Carbonell, por sus propios derechos y\n como procuradora común de Freddy Santana Carbonell se\n ha dictado lo siguiente:

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n PRIMERA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

\n\n

Quito, octubre 30 de 2002; las 09h30.

\n\n

VISTOS.- El doctor René Santana Carbonell, procurador\n común, deduce recurso de casación contra la sentencia\n dictada por la Primera Sala de la Corte Superior de Machala en\n el juicio ordinario de reivindicación que sigue él\n y la licenciada Esperanza Maribel García en contra de\n Mary Rosaura y Freddy Santana Carbonell. Aduce que en la sentencia\n se han transgredido los artículos: 953. 957 y 959 del\n Código Civil y el artículo 26 del Código\n de Procedimiento Civil.- Funda su recurso en las causales primera\n y segunda del artículo 3 de la Ley de Casación.-\n Por concedido el recurso sube a la Corte Suprema de Justicia\n y se radica la competencia, por el sorteo de ley, en esta Primera\n Sala de lo Civil y Mercantil, la que en providencia de 5 de febrero\n de 2002 lo acepta a trámite. Concluida la sustanciación,\n atento el estado de la causa, para resolver se considera: PRIMERO.-\n Se examina primeramente el cargo formulado por la causal segunda\n del artículo 3 de la Ley de Casación, causal que\n es del siguiente tenor: "Aplicación indebida, falta\n de aplicación o errónea interpretación de\n normas procesales cuando hayan viciado el proceso de nulidad\n insanable o provocado indefensión, siempre que hubieren\n influido en la decisión de la causa y que la respectiva\n nulidad no hubiere quedado convalidada legalmente". El vicio\n contemplado en la causal transcrita tiene lugar cuando la sentencia\n ha sido dictada sobre un proceso viciado de nulidad insanable.\n Esta Sala en numerosas resoluciones ha dejado en claro que conforme\n el artículo 353 del Código de Procedimiento Civil,\n la nulidad de un juicio ordinario se produce exclusivamente cuando\n se ha omitido alguna de las solemnidades sustanciales comunes\n a todos los juicios e instancias enumeradas en e artículo\n 355 de dicho código, o se ha violado el trámite\n correspondiente a la naturaleza del asunto o al de la causa que\n se está juzgando prevista en el artículo 1067 del\n mismo código, en todo caso siempre que la irregularidad\n procesa hubiese influido o pudiere influir en la decisión\n de la causa Examinado el proceso, no se advierte omisión\n de solemnidad sustancial alguna ni violación de trámite\n Además el recurrente no ha fundamentado en forma algún:\n su cargo de que el proceso adolece del vicio de nulidad contemplado\n en la causal segunda del artículo 3 de la Ley de Casación.\n Por todo lo dicho se desestima tal cargo SEGUNDO.- Otro de los\n cargos formulados por e recurrente es el de que en la sentencia\n se han quebrantad los artículos 153, 957 y 959 del Código\n Civil. En la fundamentación de dicho cargo alega concretamente\n que 1; sentencia recurrida yerra al declarar que en el juicio\n no se ha logrado singularizar debidamente el inmueble reivindicar.\n Al respecto, se anota: En el considerando cuarto de la sentencia\n impugnada se determina como motivo central para declarar que\n no procede la acción reivindicatoria propuesta por los\n actores, porque la cabida del inmueble a reivindicar identificado\n en el informa pericial señala una cierta cabida que no\n coincide con 1 señalada en la sentencia de prescripción\n extraordinaria adquisitiva de dominio exhibida como título\n de propiedad de los actores. Esta Sala reitera lo resuelto en\n otros llama dictados en juicios de reivindicación, en\n el siguiente sentido: "Uno de los requisitos para que prospere\n la acción reivindicatoria es la de que haya identidad\n material entre inmueble descrito en la demanda y el que se halla\n e posesión el demandado, a su vez, este inmueble debe\n esta comprendido en el título de dominio en que se funda\n la acción. Para establecer esta identidad del predio reivindicarse,\n la superficie no es un elemento relevante hay coincidencia entre\n otros parámetros como los d ubicación geográfica\n y los linderos. Es común, en nuestro país, que\n un terreno se venda como cuerpo cierto, con un superficie aproximada,\n es decir, prescindiendo de la cavidad real por el costo para\n realizar su medición exacta: además con frecuencia\n aparecen, posteriormente a la celebración del contrato,\n errores en cuanto a la dimensión. Tomar la superficie\n como elemento determinante para la identidad de un predio es\n un rigorismo exagerado ajeno a nuestra realidad lo importante\n es que existan elementos razonables que lleven a la convicción\n del juzgador que el predio poseído por el demandado es\n el mismo cuya reivindicación se pretende". Así\n resolvió esta Sala en la Resolución Nº 58\n de 2(1(11. publicada en el RO. 306 del 16 de abril de 2001. En\n esta virtud, en el fallo recurrido se ha interpretado erróneamente\n el alcance de la expresión "cosa singular" utilizada\n en el artículo 953 del Código Civil para precisar\n tino de los presupuestos de la acción reivindicatoria\n procede. por tanto, casarse la sentencia dictada por la Primera\n Sala de la Corte Superior de Machala e incumple a este tribunal\n de Casación dictar, en su reemplazo, el fallo que corresponde\n con arreglo a lo dispuesto por el artículo 14 de la lev\n de Casación, TERCERO.- El doctor René Bismarck\n Santana Carbonell y la licenciada Esperanza Marihel García\n león en su libelo de demanda (fojas 5 del cuaderno de\n primer nivel), expresan: "que son dueños y propietarios\n de un predio urbano compuesto de construcción solar, ubicado\n en el cantón Pasaje provincia de El Oro comprendido dentro\n de los linderos que especifiquen. Que, en la actualidad el predio\n viene siendo ocupado se encuentra en posesión de Mary\n Rosaura Santana Carbonell y Freddy Fernando Santana Carbonell\n quienes se niegan a desocuparlo; por lo cual, demandan a dichos\n posesionarios para que, en sentencia, sean condenados a la restitución\n desocupación y entrega del inmueble mencionado - Fundamentan\n su acción en los artículos 953 y siguientes del\n Código Civil, referentes a la reivindicación.-\n Los demandados Mary Rosaura Santana Carbonell y Freddy Fernando\n Santana Carbonell, en su contestación a la demanda, (fojas\n 8 del cuaderno de primer nivel) oponen las siguientes excepciones:\n 1. Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho\n en la demanda - 2. Ilegitimidad de personería tanto del\n actor como de los demandados," a que no ostentamos la calidad\n de poseedores que note atribuye la demanda".- 3. Litis pendencia\n porque entre este proceso y el juicio ordinario entre su madre\n Maria Carbonell viuda de Santana y el doctor René Santana\n Carbonell, que se tramita en el Juzgado Séptimo de lo\n Civil del cantón Pasaje", coinciden tanto la identidad\n objetiva como la subjetiva, que gira en torno a los mismos hechos\n de éste litigio actuando entre los demandantes los ahora\n demandados".- 4. Improcedencia de la acción x de\n la demanda, "por razón de no reunir la exigencia\n de fondo y de forma tal demanda del actor".- 5. Falsedad\n de los hechos expuestos en la demanda, "en razón\n de atribuirnos los exponentes la calidad de poseedores de dicho\n bien que no la tenemos.".- 6. Nulidad procesal, "por\n falta de citación de esta demanda a todos y cada uno de\n los herederos que sería la presunta poseedora de dicho\n bien, que reclama su reivindicación los actores, pues\n los exponentes no representamos a todos los herederos de nuestra\n recordada madre".- 7. Total falta de derecho del actor "al\n haber deducido la presente acción de demanda en las formas\n disminuya que ha incoado en contra de los exponentes.-\n Como alcance a su escrito de contestación a. \n la demanda (fojas 11 del cuaderno de primer nivel) alegan\n que el título de dominio en que basan la presente\n acción los accionantes contienen vicios de nulidad,\n por contener no solo declaraciones falsas, sino violación\n de la ley, en razón de que dicho inmueble, materia\n de la presentes litis, pertenece a la sucesión\n intestada de los cónyuges José Luis Santana\n y Rosaura García, en cuya herencia tanto de nuestro\n fallecido padre Luis Santana García y también nuestro\n fallecido tío Wilfrido Eduardo Santana García,\n como hijo de esos causantes, son sus únicos herederos\n y por derecho de representación tanto los exponentes como\n nuestros hermanos Patricio. Jorge. Luis Alberto, Marcos Antonio.\n Fabiola y doctor René Santana Carbonell somos hasta la\n actualidad los exclusivos derechos habientes de dichos causantes\n y en los términos de los artículos 1015, 1019,\n 1043, 1045, 1046 y 1360 del Código Civil, en armonía\n con los artículos 650 y 666 del Código de Procedimiento\n Civil así como 171 ibídem, al encontrase indiviso\n también y sin haber todavía adjudicación\n alguna, entre los herederos en mención, torna improcedente\n la bendita acción ordinaria y demanda acción reivindicatoria\n propuesta por dichos actores en las presentes circunstancias\n jurídicas que dejamos anotadas".- En la misma contestación\n a la demanda, los demandados reconvienen a los actores para que\n les paguen la suma de cuarenta millones por concepto de daños\n y perjuicios que nos ocasionan por hacernos litigar.- A esta\n reconvención, los actores oponen estas excepciones: 1.\n Negativa pura y simple de la temeraria reconvención. 2.\n Injuricidad de la reconvención por no existir ningún\n derecho de los reconvinientes.- 3. Improcedencia de la reconvención\n en todas sus partes tanto en el tondo cuanto en la forma, ya\n que no existe ningún derecho que tengan los reconvinientes.-\n Trabada así la litis y substanciada la causa, el Juez\n Sexto de lo Civil de El Oro, en sentencia de primera instancia,\n (fojas 140 a 143 del cuaderno de primer nivel) resuelve: "se\n rechaza la demanda presentada por el doctor René Bismarck\n Santana Carbonell, y Lcda. Esperanza Maribel García León\n y sin lugar a reconvención deducida por los demandados\n Mary Rosaura y Freddy Fernando Santana Carbonell, por falta de\n prueba".-Apelada la sentencia por el doctor René\n Santana Carbonell. la Primera Sala de la Corte Superior de Machala,\n en sentencia de segunda instancia "desecha la apelación\n interpuesta y confirma en todas sus partes la sentencia recurrida".-\n Una vez que este Tribunal de Casación declaró procedente\n el recurso y en mérito del artículo 14 de la Ley\n de Casación debe asumir momentáneamente las atribuciones\n de Tribunal de tercera instancia, para resolver sobre los asuntos\n de la Iitis contestación, se discurre lo siguiente: CUARTO.-\n Los demandados, en su excepción 6, alegan la nulidad procesal\n por falta de citación a todos y cada uno de los herederos\n de Mary Carbonell viuda de Santana. Esta alegación no\n tiene sustento legal porque la demanda está dirigida específicamente\n contra Mar> Rosaura y Freddy Fernando Santana Carbonell, quienes\n en su calidad de demandados han sido citados legalmente. No siendo\n demandados aquellos herederos mal podía habérseles\n citado. Consiguientemente no existe la omisión sustancial\n 4", del artículo 355 del Código de Procedimiento\n Civil.-Asimismo los demandados, en su excepción 2, alegan\n ilegitimidad de personería tanto de los actores como de\n los demandados. En esta excepción confunden la ilegitimidad\n de personería con legitimación pasiva en la causa,\n que son conceptos jurídicos distintos. La ilegitimidad\n de personería procede cuando comparece a juicio una persona\n en los siguientes casos: 1) Por sí solo quien no es capaz\n de hacerlo (la capacidad de una persona consiste en poder obligarse\n por si misma, y sin el ministerio o autorización de otra,\n Art. 1488 inciso final del Código Civil). 2) El que afirma\n ser representante legal y no lo es (son representantes legales\n de una persona, el padre. o la madre bajo cuya potestad vive,\n su tutor o curador, y lo son de las personas jurídicas,\n las designadas en el Art. 598 del Código Civil. 3) El\n que afirma ser procurador y no tiene poder (son procuradores\n judiciales los mandatarios que tienen poder para comparecer en\n juicio. Art. 40 del Código de Procedimiento Civil). 4)\n El procurador cuyo poder es insuficiente. 5) el que interviene\n a nombre de otro sin poder pero con oferta de ratificación\n (Gestor) y no se ratifica su intervención, artículo\n 47 del Código de Procedimiento Civil. En cambio, la falta\n de legitimación en causa, que es un presupuesto sustancial,\n no conlleva la nulidad procesal sino que constituye un impedimento\n para que el Juez o Tribunal puedan dictar sentencia de mérito\n o de fondo y se vea abocado a dictar sentencia inhibitoria. No\n es admisible, entonces, que el proceso sea nulo por omisión\n de la regla 31 del artículo 355 del Código de Procedimiento\n Civil. QUINTO.- La excepción de litis pendencia requiere\n que en los dos procesos haya identidad subjetiva, por la intervención\n de las mismas partes o de sus sucesores en el derecho, así\n como también identidad objetiva, consistente en que se\n demande la misma cosa, cantidad o hecho, fundándose en\n la misma causa, razón o derecho. La litis pendencia tiene,\n pues, las mismas características de la cosa juzgada prevista\n en el artículo 301 del Código de Procedimiento\n Civil; con la diferencia, por cierto esencial, que en la cosa\n juzgada existe ya sentencia ejecutoriada, mientras que en la\n litis pendencia en el anterior juicio no se ha pronunciado aún\n sentencia.- La carga de la prueba de que existe litis pendencia\n pesaba sobre los demandados; quienes ningún medio de prueba\n han aportado al respecto, por tanto, esta excepción se\n la desestima. SEXTO.- Los actores proponen la presente acción\n reivindicatoria aduciendo que ellos son los propietarios del\n inmueble en que están en posesión los demandados,\n quienes se niegan a entregarlos. Su derecho de propiedad lo sustentan\n en la sentencia de prescripción adquisitiva extraordinaria\n adquisitiva de dominio, cuya copia certificada aparejan a la\n demanda.- De conformidad con el artículo 957 del Código\n Civil, en correspondencia con el artículo 953 del mismo\n código, un requisito o presupuesto esencial para que prospere\n la acción reivindicatoria es que el actor sea el titular\n del derecho de dominio del bien a reivindicar, De acuerdo con\n el artículo 622 del Código Civil, uno de los modos\n adquisitivos de dominio es la prescripción. La prescripción\n adquisitiva de dominio de un bien raíz necesariamente\n debe estar dirigida contra legítimo contradictor, que\n es aquel que consta como propietario del bien a reivindicar inscrito\n en el Registro de la Propiedad del cantón en que está\n ubicado el inmueble. La acción de declaración de\n prescripción adquisitiva de dominio no se puede dirigir\n contra cualquier persona, porque de admitirse tal posibilidad\n se podría dar el supuesto de vulnerarse el derecho de\n propiedad privada de un tercero, garantizado por la Constitución,\n con el fácil arbitrio de escoger como demandado a quien\n no tiene legitimación pasiva para contradecir. Esta Sala\n al respecto ha resuelto en el siguiente sentido: "Es verdad\n que el artículo 2434 del Código Civil en su numeral\n primero declara que cabe prescripción extraordinaria contra\n título inscrito, pero esta norma no puede llevarnos \n al error de considerar que se puede proponer la controversia\n contra cualquier persona (peor todavía que se \n la pueda plantear contra persona indeterminada) sino que\n necesariamente se lo deberá dirigir contra quien\n consta en el Registro de la Propiedad como titular del\n dominio sobre el bien que se pretende ha prescrito, \n ya que la acción va dirigida tanto a alcanzar \n la declaratoria de que se ha operado este modo de adquirir\n la propiedad a favor del actor, cuanto a dejar sin \n la inscripción que aparece reconociendo el derecho\n de propiedad a favor del demandado porque operado la prescripción.\n <que ha producido la extinción correlativa y simultánea>\n del derecho del anterior dueño, como bien lo señala\n el fallo impugnado. De lo anterior se concluye que en los juicios\n de declaratoria de prescripción extraordinaria adquisitiva\n de dominio se ha de dirigir la demanda contra la persona que\n a la época en que al proponerla, aparece como titular\n del dominio en el Registro de la Propiedad. ya que se va a contradecir\n su relación jurídica sustancial porque si se propone\n contra otra persona no habrá legitimación pasiva\n en el demandado, no habrá la legitimatio ad causam ya\n que no será la persona <a quien, conforme a la ley\n corresponde contradecir la pretensión del demandante frente\n a la cual permite la ley se declare la relación jurídica\n sustancial objeto de la demanda>" (Gaceta Judicial. Serie\n XVI Nº 14. Pág. 3879). SEPTIMO.- De la copia certificada\n aportada por el actor a este proceso (fojas 3 y 4 del cuaderno\n de primer nivel) aparece que el doctor René Bismarck Santana\n Carbonell ha propuesto demanda, ante el Juez Sexto de lo Civil\n de El Oro, en contra de Wilfrido Santana García, para\n que en sentencia se declare que es propietario del inmueble urbano\n ubicado en el cantón Pasaje, por prescripción adquisitiva\n extraordinaria de dominio. El demandado se ha allanado a la demanda.\n En mérito de este a

 

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