Registro Oficial

Registro Oficial. 19 de MARZO del 2003

Miércoles, 19 de marzo de 2003

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

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   MES DE MARZO DEL 2003
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Miércoles, 19 de marzo del 2003 - R. O. No. 43

\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n

DR. JORGE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR

\n\n

FUNCION\n EJECUTIVA

\n\n

DECRETO:

\n\n

172-A Ratificase el "Convenio Internacional\n para la Represión de la Financiación del Terrorismo"

\n\n

ACUERDOS:

\n\n

CONTRALORIA\n GENERAL:

\n\n

006\n CG Expídese\n el Reglamentó especial para el manejo de recursos materiales\n y financieros y la prestación de servicios destinados\n a solucionar los problemas causados por desastres naturales o\n antrópicos, que impusieren el estado de emergencia legalmente\n declarado

\n\n

PROCURADURIA\n GENERAL DEL ESTADO:

\n\n

04 Expídese el Reglamento de Contrataciones

\n\n

FUNCION\n JUDICIAL

\n\n

CORTE\n SUPREMA DE JUSTICIA
\n PRIMERA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL:

\n\n

229-2002 Recurso de casación en el juicio\n seguido por el Comité "Delfina Torres Vda. de Concha"\n en contra de PETROECUADOR y otros

\n\n

ACUERDO\n DE CARTAGENA

\n\n

PROCESOS:

\n\n

61-IP-2002 Interpretación prejudicial de los\n artículos 81; 82 literales a) y h); 83 literal a,, 95\n inciso segundo; y, 96 de la Decisión 344 de la Comisión\n del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Segunda Sala del Tribunal\n de lo Contencioso Administrativo Nº l de la República\n del Ecuador. Actor: UNILEVER PLC. Marca: LIMPLUS. Proceso Interno\n Nº 1455-94-MP

\n\n

48-IP-2002 Interpretación prejudicial\n de las dispo-siciones previstas en los artículos 81; 82,\n literales a y h; 83, literales a, d y e; 85 y 95 de la Decisión\n 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada\n por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de\n Quito, República del Ecuador; e interpretación\n de oficio del artículo 84 eiusdem. Parte actora: Peña\n Flor Sociedad Anónima. Marca: "RON VIEJO TRAPICHE".\n Expediente interno: Nº 2335-2000-CS

\n\n

ORDENANZA\n MUNICIPAL:

\n\n

- Cantón Olmedo: Para la aplicación y\n cobro de la contribución especial (le mejoras por adoquinamiento\n de las vías urbanas\n

\n \n
\n

\n\n

 

\n\n

Nº\n 172-A

\n\n

Lucio Gutiérrez Borbúa
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
\n REPUBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que el 10 de enero de 2000, en la ciudad de Nueva York, el\n Ecuador suscribió el "Convenio Internacional para\n la Represión de la Financiación del Terrorismo";

\n\n

Que el Tribunal Constitucional mediante Resolución\n número 03-2002-CI de 15 de octubre de 2002, dictaminó\n la conformidad con la Constitución de la República\n del "Convenio Internacional para la Represión de\n la Financiación del Terrorismo";

\n\n

Que el Honorable Congreso Nacional mediante Resolución\n número R-24-03 1 de II de febrero de 2003 aprobó\n el "Convenio Internacional para la Represión de la\n Financiación del Terrorismo";

\n\n

Que luego de examinar el referido convenio lo considera conveniente\n para los intereses del país; y,

\n\n

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral\n 12 del artículo 171 de la Constitución Política\n de la República,

\n\n

Decreta:

\n\n

ARTICULO PRIMERO.- Ratificase el "Convenio Internacional\n para la Represión de la Financiación del Terrorismo",\n suscrito el 10 de enero de 2000, cuyo texto lo declara Ley de\n la República, comprometiendo para su observancia el honor\n nacional.

\n\n

ARTICULO SEGUNDO.- Procédase a efectuar el depósito\n del respectivo instrumento de ratificación ante el Secretario\n General de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva\n York de acuerdo a lo que estipula el artículo 26 del citado\n convenio.

\n\n

ARTICULO TERCERO.- Publíquese el mencionado\n instrumento internacional en el Registro Oficial.

\n\n

ARTICULO CUARTO.- Encárgase de la ejecución\n del presente decreto al Ministro de Relaciones Exteriores.

\n\n

Dado en Quito, en el Palacio Nacional, a los 25 días\n del mes febrero del año dos mil tres.

\n\n

f.) Lucio Gutiérrez Borbúa. Presidente Constitucional\n de la República.

\n\n

f.) Francisco Proaño Arandi, Ministro de Relaciones\n Exteriores, encargado.

\n\n

Es fiel copia del original.

\n\n

Lo certifico.

\n\n

f.) Patricio Acosta Jara. Secretario General de la Administración\n Pública.
\n

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

Nº\n 006 CG

\n\n

EL CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO, SUBROGANTE

\n\n

Considerando:

\n\n

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 3156, publicado en el Registro\n Oficial No. 681 de 11 de octubre de 2002, se derogó el\n Reglamento especial para el manejo de recursos humanos y financieros\n y la prestación de servicios destinados a solucionar los\n problemas provocados por desastres naturales o por el hombre,\n que impusieren el estado de emergencia legalmente declarado,\n por parte de la Dirección de Defensa Civil y el uso del\n Fondo de Contingencias, expedido por la Contraloría General\n mediante Acuerdo 00048 publicado en el Registro Oficial 674 del\n 28 de abril de 1987;

\n\n

Que los artículos 73 y 111 del Reglamento General a\n la Ley de Seguridad Nacional, publicado en el Registro Oficial\n No. 642 del 14 de marzo de 1991, determinan que el Director Nacional\n de Movilización y las autoridades de los organismos del\n Sistema de Defensa Civil que reciban recursos de cualquier índole\n para la ejecución de planes de movilización, rehabilitación\n de zonas afectadas, justificarán los gastos realizados\n ante la Contraloría General;

\n\n

Que es necesario reglamentar, acorde con las nuevas normas\n jurídicas de la Constitución y de la Ley Orgánica\n de la Contraloría General del Estado, el manejo de los\n recursos materiales y financieros; y la prestación de\n servicios destinados a solucionar los problemas surgidos en el\n país, en caso de emergencias legalmente declaradas;

\n\n

Que los recursos destinados a solucionar los problemas de\n las emergencias se los debe manejar de conformidad con las disposiciones\n legales vigentes; y,

\n\n

En uso de las atribuciones que le confieren los artículos\n 211 de la Constitución Política de la República\n y 31, numeral 22 de la Ley Orgánica de la Contraloría\n General del Estado,

\n\n

Acuerda:

\n\n

Expedir el siguiente Reglamento especial para el manejo de\n recursos materiales y financieros y la prestación de servicios\n destinados a solucionar los problemas causados por desastres\n naturales o antrópicos, que impusieren el estado de emergencia\n legalmente declarado.

\n\n

CAPITULO I

\n\n

DISPOSICIONES GENERALES

\n\n

Art. 1.- DE LA ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA.- La Dirección\n Nacional de Defensa Civil administrará, de acuerdo con\n la ley, los fondos del presupuesto asignado. Adicionalmente se\n cumplirán las siguientes normas:

\n\n

a) El presupuesto ordinario corresponderá a la organización\n y funcionamiento de sus unidades no directamente vinculadas con\n las emergencias; y.

\n\n

b) El Fondo de Contingencias para Defensa Civil se alimentará\n con los ingresos previstos en la ley y financiará los\n gastos relacionados con la prevención, atención\n y rehabilitación de las emergencias.

\n\n

Art. 2.- DEL FONDO DE CONTINGENCIAS.- La Dirección\n Nacional de Defensa Civil de conformidad con lo dispuesto en\n el Art. 111 "Fondo de Contingencias" de la Ley de Seguridad\n Nacional, dispondrá del "Fondo de Contingencias para\n Defensa Civil" con cuyos recursos afrontará los gastos\n de previsión y contingencias.

\n\n

Art. 3.- DE LA UTILIZACION.- El Fondo de Contingencias\n será utilizado para la realización de obras de\n previsión de desastres y para cubrir demandas surgidas\n por emergencias, conforme lo dispuesto en los artículos\n 104 "Informe de Gastos"; 106 "Catástrofes\n Sectoriales o Locales"; 111 "Fondo de Contingencias";\n y, 112 "Distribución del Fondo de Contingencias"\n de la Ley de Seguridad Nacional.

\n\n

Art. 4.- DEL FINANCIAMIENTO.- El presupuesto destinado\n para el Fondo de Contingencias se financiará con-los recursos\n que constan en el Presupuesto General del Estado, las asignaciones\n especiales que se realicen en los casos determinados en el Art.\n 103 de la Ley de Seguridad Nacional "Presupuesto de Emergencia",\n las donaciones y ayudas que provengan de dentro o fuera del país,\n y los demás recursos que se destinen para la atención\n de los desastres, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo\n 112 "Distribución del Fondo de Contingencias"\n de la Ley de Seguridad Nacional.

\n\n

CAPITULO II

\n\n

DE LA ADMINISTRACION DEL FONDO

\n\n

Art. 5.- DE LA RECAUDACION Y DEPOSITO.- Los recursos\n que financien el presupuesto del Fondo de Contingencias se depositarán\n en el Banco Central del Ecuador en una cuenta especial denominada\n "Fondo de Contingencias para Defensa Civil".

\n\n

Las juntas provinciales de seguridad ciudadana y defensa civil\n serán autorizadas, por el Director Nacional de Defensa\n Civil para abrir cuentas bancarias en uno de los bancos del Sistema\n Financiero Nacional, debidamente calificados por el Ministerio\n de Economía y Finanzas.

\n\n

Las cuentas bancarias mencionadas en el inciso anterior se\n alimentarán con los recursos que provincial o regionalmente\n se acrediten, con los valores transferidos por la Dirección\n Nacional de Defensa Civil y con aquellos transferidos por otras\n dependencias o fondos oficiales y privados asignados con los\n propósitos previstos en este reglamento.

\n\n

Art. 6.- DE LA RESPONSABILIDAD.- De acuerdo con lo\n establecido en el Art. 104 "Informe de Gastos" de la\n Ley de Seguridad Nacional y el Art. 112 "Responsable del\n manejo del Fondo de Contingencias para Defensa Civil" del\n Reglamento General de la Ley de Seguridad Nacional, será\n responsabilidad del Director Nacional de Defensa Civil el manejo\n del Fondo de Contingencias para Defensa Civil.

\n\n

El monto de los egresos y los funcionarios autorizados para\n ordenar los gastos y efectuar los pagos se determinará\n en la reglamentación interna correspondiente que será\n expedida por el Secretario General del Consejo de Seguridad Nacional.\n

\n\n

Art. 7.- DE LA RENTABILIDAD.- Los directores nacionales\n de Defensa Civil y Movilización, en aplicación\n del numeral 6 del artículo 161 "Objetivos del Sistema\n de Tesorería" y 186 "Colocación Temporal\n de Recursos Financieros" de la Ley Orgánica de Administración\n Financiera y Control vigente, están facultados para disponer\n la utilización rentable de recursos y la compra de títulos\n valores de recuperación inmediata y a la vista, siempre\n que dichas inversiones financieras no afecten la urgencia de\n disponibilidad de fondos para la Defensa Civil y la Movilización\n Nacional, de conformidad a las disposiciones legales y normativas\n pertinentes.

\n\n

Art. 8.- DE LA ADMINISTRACION DE RECURSOS.- La atención\n de las necesidades de emergencia, en la capital de la República\n y en provincias, se realizará mediante el Sistema de fondos\n de reposición (fondos rotativos de emergencia), cuya cuantía\n la fijará el Director Nacional de Defensa Civil para cada\n caso y la incrementará o reducirá de acuerdo con\n las circunstancias.

\n\n

Los fondos de reposición (fondos rotativos de emergencia)\n se repondrán según las necesidades, y en general,\n con anterioridad a la fecha en que los gastos rebasen el 60%\n del valor del fondo, y, se transferirán en el lapso máximo\n de 72 horas.

\n\n

Art. 9.- DE LA ADMINISTRACION DE PERSONAL.- La administración\n de personal de la Defensa Civil se regulará por el Reglamento\n Interno de Administración de Personal de la Secretaría\n General del Consejo de Seguridad Nacional y organismos dependientes.\n

\n\n

El Director Nacional de Defensa Civil seleccionará\n el personal para trabajos temporales o permanentes sometiéndose\n a las normas que consten en el "Reglamento de Régimen\n de Personal Civil de la Secretaría General del Consejo\n de Seguridad Nacional"; para ocupar personal voluntario\n se estará a lo dispuesto en el artículo 115 "Compensaciones\n Económicas" de la Ley de Seguridad Nacional y los\n pagos se aplicarán a las respectivas partidas presupuestarias.\n

\n\n

Art. 10.- DE LA NORMATIVIDAD.- En todo lo no previsto\n por este reglamento se observarán los Principios y Normas\n Técnicas de Contabilidad expedidos por el Ministerio de\n Economía y Finan/as, las Normas de Control Interno, las\n Normas Ecuatorianas de Auditoria expedidas por la Contraloría\n General del Estado y las demás que correspondan ser aplicadas\n en la gestión y control de los recursos públicos.

\n\n

 

\n\n

CAPITULO III

\n\n

DE LOS EGRESOS EN GENERAL

\n\n

Art. 11.- DE LAS MODALIDADES DE PAGO.- En los casos\n de emergencia, y dentro de las normas previstas en el Art. 187\n "Obligaciones de Pago" de la Ley Orgánica de\n la Administración Financiera y Control, en la capital\n de la República el Director Nacional de Defensa Civil,\n en las provincias el Gobernador por delegación y en su\n calidad de Presidente de la Junta de Seguridad Ciudadana y Defensa\n Civil, dispondrán que los pagos se efectúen en\n efectivo con la documentación justificativa y de respaldo\n correspondiente.

\n\n

En los casos en los que las exigencias de la emergencia no\n lo impidan se aplicará la norma general de cubrir los\n pagos con cheque nominativo, a la orden del acreedor.

\n\n

Art. 12.- DE LOS GASTOS EN OBRAS CON CARGO A LOS FONDOS\n DE CONTINGENCIAS.- La Dirección Nacional de Defensa Civil\n realizará y autorizará a las juntas provinciales\n de seguridad ciudadana y defensa civil, la realización\n de gastos con cargo a los fondos de contingencias, para financiar\n todos o parte de los costos de las obras civiles de emergencia,\n arreglo urgente de vías y puentes y otros trabajos de\n igual índole.

\n\n

Art. 13.- DEL CONTROL DE GASTOS E INVERSIONES.- Según\n lo dispuesto en el Art. 104 "Informe de Gastos" de\n la Ley de Seguridad Nacional, la Dirección Nacional de\n Defensa Civil ejercerá el control permanente de los gastos\n e inversiones que efectúen las juntas provinciales de\n seguridad ciudadana y defensa civil con los fondos de contingencia,\n y será su obligación mantener la documentación\n y la información financiera para el control de la Contraloría\n General del Estado.

\n\n

Art. 14.- DEL INFORME DE PAGOS Y GASTOS.- Para cumplir\n con el artículo 104 "Informe de Gastos" de la\n Ley de Seguridad Nacional, el Director Nacional de Defensa Civil\n rendirá informe detallado de los ingresos y gastos, efectuados\n con cargo al "Fondo de Contingencias de Defensa Civil"\n al Secretario General del Consejo de Seguridad Nacional y, por\n su intermedio al Ministro de Economía y Finanzas de acuerdo\n con la ley.

\n\n

Art. 15.- INFORMACION CONTABLE.- Para el cumplimiento,\n del artículo anterior, el Jefe Financiero presentará,\n al Director Nacional de Defensa Civil, el detalle pormenorizado\n de los pagos y gastos ocasionados con cargo al "Fondo de\n Contingencias para Defensa Civil".

\n\n

Las juntas provinciales de seguridad ciudadana y defensa civil,\n cuando no se trate de fondos de reposición (fondos rotativos\n de emergencia), tienen la obligación de remitir, a la\n Jefatura Financiera de la Secretaría del Consejo de Seguridad\n Nacional, informe mensual del movimiento de ingresos y egresos,\n incluyendo copias del libro de caja bancos y de los correspondientes\n estados bancarios.

\n\n

Los comprobantes originales justificativos y los estados bancarios\n permanecerán en las juntas para efectos de contabilidad\n y control, quedando éstas obligadas a la reposición\n de fondos rotativos a base de las transferencias que realice\n la Dirección Nacional de Defensa Civil.

\n\n

Las juntas provinciales de seguridad ciudadana y defensa civil\n tienen la obligación de registrar el movimiento de las\n existencias y los bienes de larga duración de las instituciones,\n y de enviar información semestral a la Dirección\n Nacional de Defensa Civil. Igual obligación rige en relación\n con los pasivos de corto plazo de la entidad y respecto de los\n activos corrientes pendientes de cobro a que hubiere lugar.

\n\n

 

\n\n

Art. 16.- DE LA DOCUMENTACION SUSTENTATORIA.- Todo\n pago o gasto estará sustentado en documentos que justifiquen\n la operación.

\n\n

El Director Nacional de Defensa Civil o el Gobernador, según\n los casos y de acuerdo con los problemas que se deriven de las\n emergencias, podrán resolver que se efectúen los\n pagos con anterioridad a la obtención de los documentos\n justificativos.

\n\n

En todo caso, tales documentos se obtendrán y elaborarán\n necesariamente para respaldar y evidenciar los ingresos y egresos.

\n\n

Art. 17.- DE LAS NORMAS CONTABLES.- La Subsecretaria\n de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Economía\n y Finanzas, establecerá el tratamiento contable respectivo,\n para que el Fondo de Contingencias pueda ser considerado ente\n contable y funcione de acuerdo con los principios, Normas Técnicas\n y Manual General de Contabilidad Gubernamental vigentes.

\n\n

Art. 18.- DEL PAGO DE SERVICIOS Y COMPRA DE BIENES.-\n El pago de servicios de transporte, de viáticos, fletes\n y otros, se ajustará a las exigencias de la emergencia;\n las comisiones de servicio podrán efectuarse en días\n feriados, en los medios de transporte que sean necesarios, según\n las condiciones imperantes.

\n\n

Las adquisiciones de bienes de larga duración, de acuerdo\n con la cuantía, se ajustarán a las normas de excepción\n que trate la Ley de Contratación Pública.

\n\n

Por decisión de la autoridad de Defensa Civil Provincial\n o Nacional correspondiente, podrá eximirse cuando la exigencia\n de la emergencia así lo imponga, de la obligación\n de obtener cotizaciones y sus respectivas facturas pro forma,

\n\n

El Director Nacional de Defensa Civil podrá disponer\n de gastos de alojamiento y alimentación de particulares,\n nacionales o extranjeros que participen directamente en los -trabajos\n de la emergencia.

\n\n

Art. 19.- DEL PAGO DE REFRIGERIOS.- La Dirección\n Nacional de Defensa Civil y las juntas provinciales de seguridad\n ciudadana y defensa civil quedan autorizadas para brindar refrigerios\n o su equivalente en dinero, al personal de funcionarios de la\n institución, de otras entidades oficiales y privadas o\n personal voluntario, cuando por razones de trabajo requeridas\n por el sistema permanezcan en las oficinas centrales de la Dirección\n o de la junta hasta horas avanzadas después del mediodía\n o en la noche, siempre que exista disponibilidad en el Fondo\n de Contingencias. El Director Nacional de Defensa Civil determinará\n el monto de dicho refrigerio.

\n\n

Art. 20.- DE LA CONTRATACION.- La Dirección\n Nacional de Defensa Civil y las juntas provinciales de seguridad\n ciudadana y defensa civil, según el caso, pueden celebrar\n contratos de obras civiles de emergencia, alquiler de maquinaria,\n medios de transporte, filmación de películas, edición\n de publicaciones y otros, sobre la acción de Defensa Civil,\n acogiéndose a las normas contempladas en el artículo\n 6 "Excepciones" de la Ley de Contratación Pública\n vigente.

\n\n

CAPITULO IV

\n\n

DE LA ADMINISTRACION DE BIENES Y OTRAS NORMAS

\n\n

Art. 21.- DE LA RECEPCION DE BIENES DONADOS.- La Dirección\n Nacional de Defensa Civil o las juntas provinciales de seguridad\n ciudadana y defensa civil, según el caso, designarán\n a servidores públicos, o a personal contratado que pertenezcan\n a la entidad, para que reciban los bienes donados.

\n\n

Dichos bienes tendrán como respaldo las correspondientes\n actas de entrega recepción debidamente legalizada.

\n\n

El Director Nacional de Defensa Civil decidirá los\n casos en los que, por la menor cuantía de los bienes donados\n o recibidos, no se justifique la elaboración del acta\n de entrega recepción sino la expedición de un recibo,\n debidamente legalizado.

\n\n

Art. 22.- DE LA RECEPCION EN ADUANAS.- Ha pedido del\n Director Nacional de Defensa Civil o las juntas provinciales\n de seguridad ciudadana y defensa civil, en la recepción\n de mercancías y bienes que vengan del extranjero, se prescindirá\n de todo trámite aduanero y no se cobrarán tributos,\n de acuerdo a lo previsto en el artículo 120 "Casos\n de Ausencia de Trámites Aduaneros" de la Ley de Seguridad\n Nacional.

\n\n

Art. 23.- DE LA CUSTODIA Y MANTENIMENTO.- La Dirección\n Nacional de Defensa Civil o las juntas provinciales de seguridad\n ciudadana y defensa civil, según los casos, designarán\n al funcionario responsable de la recepción, custodia y\n mantenimiento, así como del transporte y entrega a los\n beneficiarios de los bienes destinados a solucionar la emergencia.

\n\n

También designarán al funcionario que mantenga\n el registro contable debidamente documentado del movimiento de\n los bienes, para lo cual si la emergencia lo impone bastará\n con que se mantenga un control documentado de ingresos y egresos\n de los bienes destinados a solucionar la emergencia.

\n\n

Art. 24.- DE LOS RECIBOS.- La entrega de los bienes\n y, excepcionalmente dineros, previa autorización del Director\n Nacional de Defensa Civil, se hará con el respectivo recibo\n que identifique la cédula de ciudadanía y, si ésta\n no existiere, la firma o la huella digital del beneficiario y\n su domicilio.

\n\n

Art. 25.- DE LA PROHIBICION DE RECIBIR DINERO.- La\n situación de emergencias no justifica por ningún\n concepto, que el servidor público o personal contratado\n que pertenezca a la entidad, reciba dinero o bienes de particulares\n por sus servicios, o por la entrega de bienes y recursos a él\n confiados para atender la emergencia.

\n\n

Art. 26.- DEL USO DE VEHICULOS OFICIALES.- Los vehículos\n oficiales podrán utilizarse en días feriados para\n atender las necesidades que demande la emergencia; para lo cual\n se tramitarán las autorizaciones de acuerdo a las normas\n y disposiciones legales vigentes y específicas para el\n uso de vehículos en el sector público.

\n\n

Art. 27.- DEL BUEN USO DE LOS BIENES.- La Dirección\n Nacional de Defensa Civil o las juntas provinciales de seguridad\n ciudadana y defensa civil, según los casos, establecerán\n los medios que permitan vigilar el buen uso de los bienes, de\n acuerdo con el destino asignado, así como procurarán\n su correcto mantenimiento y controlarán la prohibición\n de su enajenación o comercialización.

\n\n

Art. 28.- DE LAS REALES NECESIDADES.- Para la entrega\n de los bienes y alimentos, así como para la asignación\n de servicios se tendrá en cuenta las reales necesidades\n de la emergencia, y se procederá con sujeción a\n los programas o planes de asistencia para solventar la o las\n emergencias.

\n\n

 

\n\n

DISPOSICION TRANSITORIA

\n\n

Las obligaciones por concepto de refrigerios o prestación\n de servicios, que se hayan contraído con posterioridad\n a la derogatoria del Acuerdo No. 00048 que contenía el\n Reglamento Especial para el Manejo de Recursos Materiales y Financieros\n y la Prestación de Servicios destinados a solucionar los\n problemas provocados por desastres naturales, serán considerados\n como pasivos pendientes de pago, y se tramitarán, para\n su pago, conforme los procedimientos.

\n\n

Art. 29.- DISPOSICION FINAL.- El presente reglamento\n entrará a regir a partir de su publicación en el\n Registro Oficial.

\n\n

COMUNIQUESE.

\n\n

Dado en el Despacho del Contralor General del Estado subrogante,\n en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano,\n a 28 de febrero de 2003.

\n\n

f.) Dr. Genaro Peña Ugalde, Contralor General del Estado,\n subrogante.

\n\n

Dictó y firmó el acuerdo que antecede el señor\n doctor don Genaro Peña Ugalde, Contralor General del Estado\n subrogante, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito\n Metropolitano, a los veinte y ocho días del mes de febrero\n del año dos mil tres.- Certifico.

\n\n

f.) Dr. César Mejía Freire, Secretario General\n de la Contraloría (E).

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

No. 04

\n\n

Dr. José Adolfo Morales Quirós
\n PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO SUBROGANTE

\n\n

Considerando:

\n\n

Que es preciso actualizar el Reglamento de Contrataciones\n de la Procuraduría General del Estado, expedido mediante\n Resolución No. 148 de 5 de abril de 2001, a fin de adecuarlo\n a las necesidades institucionales y armonizarlo con la Ley de\n Contratación Pública Codificada y su reglamento\n general sustitutivo; y.

\n\n

De conformidad con lo previsto en los artículos 8,\n 9 y 59 de la Ley Orgánica de Administración Financiera\n y Control,

\n\n

Acuerda:

\n\n

EXPEDIR EL SIGUIENTE REGLAMENTO DE CONTRATACIONES.

\n\n

CAPITULO I

\n\n

DISPOSICIONES GENERALES

\n\n

Art. 1.- El presente reglamento regula la competencia y el\n procedimiento al que se someten la adquisición de bienes,\n la ejecución de obras y la prestación de servicios\n que requiera la institución de conformidad con la cuantía\n del presupuesto referencial según la Ley de Contratación\n Pública, su reglamento general sustitutivo y el Reglamento\n General de tienes del Sector Público.

\n\n

Art. 2.- VI Procurador General del Estado, en base al Plan\n Anual de Adquisiciones y Prestación de Servicios, autorizará\n el trámite que corresponda para la adquisición\n de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios,\n previa la certificación de fondos de la Dirección\n Financiera.

\n\n

La adquisición y el arrendamiento de bienes inmuebles\n se efectuarán de conformidad con lo dispuesto en los capítulos\n I y II del título IV de la Ley de Contratación\n Pública codificada y su reglamento.

\n\n

Art. 3.- La supervisión de la ejecución de los\n contratos será de responsabilidad de la Dirección\n de Control de Contratos.

\n\n

Art. 4.- Los miembros de la Comisión Asesora y del\n Comité de Contrataciones percibirán por concepto\n de dietas por sesión, lo establecido en el Art. 46 de\n la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa.

\n\n

Art. 5.- La asistencia a las sesiones es obligatoria e indelegable.\n El voto será afirmativo o negativo.

\n\n

Art. 6.- El Presidente de la Comisión Asesora y el\n Presidente del Comité de Contrataciones en su caso convocará\n a los miembros, por lo menos con un día hábil de\n anticipación para tratar los asuntos que consten en el\n orden del día. A la convocatoria se acompañarán\n los documentos relacionados con los asuntos a tratarse.

\n\n

Art. 7.- Los procesos precontractuales están a cargo\n de las siguientes unidades administrativas: -

\n\n

a) Dirección Administrativa y de Recursos Humanos,\n para las contrataciones cuya cuantía esté comprendida\n entre cero y el valor que resulte de multiplicar el coeficiente\n 0,000005 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del\n correspondiente ejercicio económico;

\n\n

b) Comisión Asesora de Contrataciones, para las contrataciones\n cuyo monto supere el valor que resulte de multiplicar el coeficiente\n 0,000005 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del\n correspondiente ejercicio económico y no exceda del valor\n que resulte de multiplicar el coeficiente 0,00002.

\n\n

Además, intervendrá en las contrataciones exoneradas\n de los procedimientos precontractuales comunes; y,

\n\n

c) Comité de Contrataciones, para las contrataciones\n cuyo monto supere el valor que resulte de multiplicar el coeficiente\n 0,00002 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente\n ejercicio económico.

\n\n

Art. 8.- En materia de garantías se estará a\n lo previsto en la Ley de Contratación Pública codificada\n y su reglamento y a las normas que al respecto expida la Contraloría\n General del Estado.

\n\n

 

\n\n

CAPITULO II

\n\n

DE LA COMISION ASESORA

\n\n

Art. 9.- Son miembros de la Comisión Asesora: el Director\n de Contratación Pública, quien la preside, el Director\n Financiero y el Director Administrativo y de Recursos Humanos.

\n\n

El Jefe Administrativo es el Secretario de la comisión;\n en su ausencia, el servidor que ésta designe. Le corresponde\n llevar y custodiar el expediente de cada proceso de contratación,\n elaborar las actas y, en general, conservar los archivos de la\n comisión.

\n\n

 

\n\n

Art. 10.- La Dirección Administrativa y de Recursos\n Humanos elaborará los documentos precontractuales que\n serán aprobados por la comisión; cumplido lo anterior\n el Presidente invitará directamente a personas naturales\n o jurídicas inscritas en el Registro de Proveedores Calificados.\n

\n\n

Receptadas y abiertas las ofertas, se designará una\n Comisión de Apoyo para su análisis, integrada por\n servidores de la institución, la que elaborará\n el informe y los cuadros comparativos de las propuestas, en base\n de lo cual la Comisión Asesora recomendará al Procurador\n General del Estado la oferta más conveniente para la adjudicación.\n

\n\n

Si no se han presentado ofertas o si las presentadas no se\n sujetan a los documentos precontractuales o no convinieren a\n los intereses institucionales, la Comisión Asesora resolverá\n archivarlo, reabrirlo o iniciar un nuevo proceso.

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Art. 11.- Realizada la adjudicación por el Procurador\n General del Estado, el Director Administrativo y de Recursos\n Humanos solicitará al adjudicatario la presentación\n de las correspondientes garantías; cumplido este requisito\n remitirá el expediente a la Dirección de Control\n de Contratos para la elaboración del proyecto de contrato.\n Suscrito el contrato por el Procurador General del Estado, el\n expediente se enviará a la Dirección Financiera\n para el pago.

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CAPITULO III

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DEL COMITE DE CONTRATACIONES

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Art. 12.- El Comité de Contrataciones está integrado\n por el Subprocurador General del Estado, quien lo presidirá,\n el Director de Contratación Pública y tres técnicos.

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Actuará como Secretario el servidor de la Procuraduría\n General del Estado que designe el comité.

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Art. 13.- El Procurador General del Estado designará\n a dos servidores de la institución, expertos en el objeto\n de la contratación, como miembros técnicos del\n comité; si no se contare con dichos servidores, serán\n designados de fuera de la institución sea mediante contrato\n o si fueren servidores públicos, por comisión de\n servicios.

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El otro técnico será designado por el colegio\n profesional a cuya actividad corresponda la mayor participación\n en el proyecto, de acuerdo con el valor estimado de la contratación.

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Art. 14.- En la licitación y concurso público\n de ofertas, aprobados los documentos precontractuales por el\n comité, éste procederá de conformidad con\n la Ley de Contratación Pública y su reglamento\n general sustitutivo, a la convocatoria, apertura de ofertas,\n designación de la Comisión Técnica, conocimiento\n del informe y cuadros comparativos presentados por ésta,\n traslado de éstos a los oferentes, adjudicación\n del contrato y solicitud de informes.

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Art. 15.- Derógase la Resolución No. 148 de\n 5 de abril de 2001.

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Art. 16.- Este acuerdo rige a partir de la presente fecha,\n sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

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Dado en el despacho del Procurador General del Estado, subrogante,\n el seis de febrero de dos mil tres.

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f.) Dr. José Adolfo Morales Quirós, Procurador\n General del Estado, subrogante.

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No 229-2002

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En el juicio ordinario (Recurso de Casación)\n Nº 31-2002 que por indemnización de daños\n y perjuicios, sigue José Luis Guebara Batioja, por sus\n propios derechos y como representante legal del Comité\n "Delfina Torres Vda. De Concha" en contra de: el Presidente\n Ejecutivo y representante legal de PETROECUADOR, Ing. Luis Alberto\n Román; el Gerente General y representante legal de PETROCOMERCIAL,\n Econ. Marco Rivadeneira Salazar; el Gerente General y representante\n legal dé PETROINDUSTRIAL, Ing. Carlos Arias; y, el Gerente\n General y representante legal de PETROPRODUCCION, Ing. Luis Albán,\n en forma solidaria por sus propios derechos y por los que representan,\n se ha dictado lo siguiente:

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n PRIMERA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

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Quito, 29 de octubre de 2002; las 08h40.

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VISTOS: José Luis Guebara Batioja, por sus propios\n derechos y como representante legal del Comité "Delfina\n Torres Vda. de Concha" interpone recurso de casación\n de la sentencia dictada el 22 de octubre de 2001 por la Sala\n Unica de la H. Corte Superior de Justicia de Esmeraldas, dentro\n del juicio ordinario que, por indemnización de daños\n y perjuicios, propuso contra: el Presidente Ejecutivo y representante\n legal de PETROECUADOR, Ing. Luis Alberto Román, el Gerente\n General y representante legal de PETROCOMERCIAL, Econ. Marco\n Rivadeneira Salazar; el Gerente General y representante legal\n de PETROINDUSTRIAL, Ing. Carlos Arias; y, el Gerente General\n y representante legal de PETROPRODUCCION, Ing. Luis Albán\n en forma solidaria por sus propios derechos y por los que representan.\n Dicho recurso fue negado por lo que se interpuso recurso de hecho,\n que permitió suba el proceso a conocimiento de la Corte\n Suprema de Justicia, habiéndose radicado la competencia,\n por el sorteo de ley, en esta Primera Sala de lo Civil y Mercantil,\n la que aceptó el recurso de hecho y admitió a trámite\n e recurso de casación; hallándose concluida la\n etapa de sustanciación de este proceso, para resolver\n se considera: PRIMERO: José Luis Guebara Batioja interpone\n el recurso por sus propios derechos y por los que representa\n del Comité "Delfina Torres Vda. de Concha".\n Pero el recurrente no fue actor por sus propios derechos ya que\n la demanda la interpuso Segundo Patricio Reyes Cuadros, por sus\n propios derechos y por los que representaba del comité\n antes mencionado, que tiene personalidad jurídica diferente\n de la de sus miembros, de tal manera que sus actos no son actos\n de sus integrantes, por lo que José Luis Guebara Batioja\n carece de legitimación activa para interponer el recurso\n extraordinario, al tenor de lo que dispone el artículo\n 4 de la Ley de Casación, por lo que se desestima el presentado\n por el nombrado José Luis Guebara Batioja por sus propios\n y personales derechos, siendo procedente resolver el recurso\n que ha presentado a nombré del Comité "Delfina\n Torres Vda. de Concha". SEGUNDO: El recurrente, en su escrito\n de interposición y fundamentación del recurso de\n casación (fojas 268 a. 272 vuelta del cuaderno de segundo\n nivel) expresa que se han infringido las normas contenidas en\n los artículos 23 Nº 15 de la Constitución\n Política de la República; 71 Nº 4, 83, 273,\n 277, 278, 279, 280, 284 y 355 Nº 3 del Código de\n Procedimiento Civil; 583, 584, 586, 589 del Código Civil;\n y, 12 de la anterior Ley de la Procuraduría General del\n Estado; y fundamenta su impugnación en las cinco causales\n del artículo 3 de la ley de la materia. Estos son los\n limites dentro de los cuales se desenvolverá la actividad\n jurisdiccional de este Tribunal de Casación. TERCERO:\n El recurrente acusa al fallo "de errónea interpretación\n y por lo tanto aplicación indebida del artículo\n 23 de la Constitución Política de la República,\n numeral 15 que prohíbe dirigir quejas y peticiones a las\n autoridades «en nombre del pueblo», lo cual no ha\n ocurrido en el presente caso.". Para fundamentar este cargo.\n dice además que la demanda la ha propuesto, por sus propios\n derechos y como Presidente y representante legal del Comité\n "Delfina Torres Vda. de Vargas", y que en ninguna parte\n de ella consta que la haya iniciado a nombre del pueblo, como\n así lo ha concluido la sentencia de última instancia,\n que este error en la interpretación que ha conducido a\n la aplicación indebida del artículo 23 Nº\n 15 de la Constitución, ha llevado al Tribunal ad quem\n a aceptar la excepción de ilegitimidad de personería\n deducida por los demandados, aplicando indebidamente el artículo\n 335 Nº 3 del Código de Procedimiento Civil; que el\n Tribunal ad quem "no tuvo tiempo de leer" los estatutos\n del comité que el actor representa, en cuyo artículo\n 23, letra a), se otorga a su Presidente la representación\n legal, judicial y extrajudicial de dicho comité, el cual\n tiene personería jurídica aprobada por el Ministerio\n de Bienestar Social; agrega el recurrente que esa errónea\n interpretación e indebida aplicación de la norma\n constitucional ha conducido a la falta de aplicación de\n los artículos 583, 584, 586 y 589 del Código Civil,\n pues "no se toma en cuenta que nuestro Comité es\n una persona jurídica, al tenor de esas disposiciones,\n con la capacidad de ejercer derechos y contraer obligaciones\n civiles, y de ser presentada judicial y extrajudicialmente. Esto\n somos nosotros. Una persona jurídica, una corporación\n de derecho privado, no «pueblo», en el sentido empleado\n en la sentencia. No se toma en cuenta que el comité se\n ha establecido con la aprobación del Ministerio de Bienestar\n Social... No se toma en cuenta que el Art. 589 del Código\n Civil, permite que el comité como corporación que\n es, sea representado por el Acuerdo de la corporación,\n constante en el estatuto aprobado por esta.". Igualmente\n en la fundamentación señala: "También\n al apuro, sin hacer señalamiento de las disposiciones\n legales expresas, en la brevísima sentencia, se dice que,\n «además en esta causa, debía haberse contado\n con el señor Procurador General, siendo esta omisión\n una solemnidad procesal que afecta la validez procesal».\n No se sabe a qué «Procurador General» se refiere,\n pues en este juicio ha comparecido una y otra vez el «Procurador\n General de PETROECUADOR» según escritos que firma\n su titular, Dr. Luis Berrazueta Subía. Se revisarán\n los autos. Pero se dirá que esa mención corresponde\n al Procurador General del Estado, se hace necesario examinar\n las disposiciones legales pertinentes para establecer si procede\n o no tal afirmación. Realmente el Art. 83 del Código\n de Procedimiento Civil no puede aplicarse al caso, pues dice\n que «toda demanda contra el Estado, se dictará en\n forma legal al Procurador General del Estado, quien podrá\n contestarla directamente o dar instrucciones para la defensa\n al respectivo Ministro o Agente Fiscal del lugar en donde se\n hubiera propuesto la demanda.». En la especie, la demanda\n fue propuesta directamente por sus derechos y los que representan,\n en contra del Presidente Ejecutivo y representante legal de PETROECUADOR;\n y en contra de los Gerentes Generales y por tanto representantes\n legales de PETROCOMERCIAL, PETROINDUSTRIAL y PETROPRODUCCION.\n Es decir, fueron citados los representantes de esas instituciones\n del Estado. Entendemos que el Procurador General del Estado debe\n ser citado solamente cuando una ley especial así lo determina\n y no necesariamente en todos los casos en que se demanda a instituciones\n del sector público. Por ello, el Art. 12 de la Ley Orgánica\n de la Procuraduría General del Estado, promulgada con\n anterioridad a la presentación de la demanda (R.O. Nº\n 335, martes 9 de junio de 1998) dice que «el ejercicio\n del patrocinio de las entidades con personería jurídica,\n incumbe a sus representantes legales, directores, síndicos,\n asesores jurídicos o procuradores judiciales...».\n Esto, señores Ministros, en el caso de que en este juicio\n no se hubiere citado al Procurador General del Estado, Pero como\n la sentencia fue dictada con irresponsabilidad, los señores\n Ministros no tomaron en cuenta que aquel funcionario fue legalmente\n citado en su despacho, por deprecatorio enviado a la ciudad de\n Quito. En providencia de 12 de agosto de 1998, 9H10m., el Juez\n Tercero de lo Civil, ordena que también se cuente con\n «el señor Procurador General del Estado, a quien\n también se lo citará por medio de deprecatorio\n librado a uno de los Jueces de lo Civil del Cantón Quito».\n Esta es la verdad procesal, y no lo que afirma el Tribunal, de\n que no se ha contado con el Procurador General del Estado...".\n CUARTO: El Tribunal de última instancia dice en su sentencia\n (fojas 266 a 267): Respecto de la ilegitimidad de personería\n alegada por los demandados al actor de este juicio, se hace imprescindible\n analizar el alcance jurídico y legal que tiene el estatuto\n del Comité, para iniciar la acción a nombre del\n conglomerado que dice ha sido perjudicado por las Instituciones\n representadas por los demandados, efectivamente que la acción\n propuesta, se opone a los principios constitucionales contenidos\n en el Art. 23 Numeral 15 de la Constitución Política\n de la República, que prohíbe comparecer a nombre\n del pueblo dirigiendo quejas y demandas, lo cual efectivamente\n constituye una solemnidad sustancial que afecta a la validez\n procesal, contenida en el Art. 355 Nral. 3 del Código\n Adjetivo Civil; además en esta causa, debía haberse\n contado con el Sr. Procurador General, siendo esta omisión\n una solemnidad sustancial que afecta la validez procesal... Por\n todo lo expuesto y sin que sea necesario analizar las otras excepciones\n alegadas por la parte demandada, la Sala aceptado la excepción\n de ilegitimidad de personería formulada por los demandados\n y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 355, regla 3ra.\n del Código de Procedimiento Civil, se rechaza la demanda\n y la apelación de la parte actora...". Dos son, pues,\n las razones jurídicas aducidas en el fallo de última\n instancia para desestimar la acción, las cuales han sido\n impugnadas por el recurrente: a) Que el actor ha deducido su\n acción "a nombre del pueblo", incurriendo en\n ilegitimidad de personería; y, b) Que se ha omitido una\n solemnidad sustancial que ha viciado el proceso de nulidad insanable,\n que ha influido en la decisión de la causa y que no ha\n quedado convalidada legalmente, al no haberse contado con el\n "Señor Procurador General", debiendo interpretarse\n el fallo recurrido en el sentido de que se trata del Procurador\n General del Estado, ya que las empresas demandadas se rigen por\n la "Ley Especial de la Empresa Estatal Petróleos\n del Ecuador (PETROECUADOR) y sus Empresas Filiales, (Registro\n Oficial 283 de 26 de septiembre de 1989), en la cual no se establece\n siquiera el cargo de Procurador General y menos que la representación\n judicial de dicha empresa o sus filiales la ejerza dicho funcionario.\n QUINTO: Se analizará la afirmación de que se ha\n deducido la acción "a nombre del pueblo": El\n artículo 23 Nº 15 de la Constitución Política\n de la República dice: "Sin perjuicio de los derechos\n establecidos en esta Constitución y en los instrumentos\n internacionales vigentes, el Estado reconocerá y garantizará\n a las personas los siguientes:... 15. El derecho a dirigir quejas\n y peticiones a las autoridades, pero en ningún caso en\n nombre del pueblo; y a recibir la atención o las respuestas\n pertinentes, en el plazo adecuado.". En la especie, la demanda\n (fojas 80 a 83 del cuaderno de primera instancia) ha sido deducida\n por Segundo Patricio Reyes Cuadros, por sus propios derechos\n y como Presidente del Comité Pro-Mejoras "Delfina\n Torres Vda. de Concha", que es una corporación de\n derecho privado con personería jurídica aprobada\n mediante Acuerdo Nº 874 dictado por el Ministerio de Bienestar\n Social el 5 de junio de 1996, cuya copia certificada obra a fojas\n 128 vuelta de los cuadernos de primera instancia, en contra de\n PETROECUADOR, PETROCOMERCIAL, PETROINDUSTRIAL y PETROPRODUCCION,\n así como en contra de sus representantes legales, en forma\n solidaria por sus propios derechos y por los que representan;\n la pretensión aparece formulada de la siguiente manera:\n "COSA, CANTIDAD O HECHO QUE SE EXIGE.- Sobre la base de\n los fundamentos de hecho y de derecho mencionados, demandamos:\n DAÑOS Y PERJUICIOS.- Por lo expuesto demandamos a los\n funcionarios nominados en el Nº 2, bajo el título\n de DEMANDADOS, por sus propios derechos y los que representan,\n y a todos solidariamente entre si, para que sean condenados mediante\n sentencia al pago de daños y perjuicios ocasionados en\n el Comité Pro Mejoras «Delfina Torres Vda. de Concha»,\n Propicia Nº 1, incluidos los daños morales, sobrepasando\n su monto la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES DE DOLARES\n AMERICANOS o su equivalente en sucres a la fecha del pago."\n (fojas 82 vuelta). La demanda es muy clara, sin dar lugar\n a confusión. El juzgador de último nivel \n confunde entre la postulación y el contenido concreto\n de la pretensión, o sea entre quien deduce la pretensión,\n que es el Comité Pro-Mejoras "Delfina Torres Vda.\n de Concha" y el destinatario del contenido material de la\n misma, es decir, el pago de los daños y perjuicios que\n afirma ha sufrido la corporación actora, mediante la realización\n de las siguientes obras públicas: red de alcantarillado\n sanitario, planta de tratamiento de alcantarillado sanitario,\n planta de tratamiento de aguas lluvias, enrocado base en riveras\n de los ríos, muro de contención de hormigón\n armado, dispensario médico, equipamiento dispensario médico,\n aceras y bordillos y escalinatas, canchas de uso múltiple\n con graderío, adoquinado vehicular de calles, alumbrado\n de parque forestal y público, adecentamiento del parque\n forestal, pasos peatonales y desnivel, colegio secundario moderno\n y equipamiento, es decir, exige a las empresas demandadas y a\n sus representantes legales, solidariamente, la ejecución\n de una serie de obras públicas. El juzgador de instancia,\n al resolver sobre el fondo del asunto, estaba en el deber de\n analizar si hay o no legitimación en la causa, esto es,\n desde la parte activa si la corporación actora tiene o\n no el derecho a deducir la pretensión, y desde la parte\n pasiva si puede formular el reclamo contra las empresas demandadas.\n En virtud del derecho constitucional a la jurisdicción,\n conocido también como derecho a la acción, consagrado\n en el artículo 23 Nº 27 de la Constitución\n Política de la República, el actor puede formular\n toda clase de pretensiones, fundada o infundadamente, para sí\n o para terceros determinados o indeterminados, y el demandado\n puede oponerse a tales pretensiones, esto es justamente el ejercicio\n del derecho a la jurisdicción, y el debate procesal se\n centrará en analizar a cuál de las partes procesales\n le asiste la razón y el derecho; pero el deducir una demanda\n no significa que se esté presentando quejas y peticiones\n a las autoridades a nombre del pueblo; el artículo 23\n Nº 15 de la Constitución Política de la República\n dice: "Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta\n Constitución y en los instrumentos internacionales vigentes,\n el Estado reconocerá y garantizará a las personas\n los siguientes:... 15.- El derecho a dirigir quejas y peticiones\n a las autoridades, pero en ningún caso en nombre del pueblo;\n y recibir la atención o las respuestas pertinentes, en\n el plazo adecuado"; ahora bien, el derecho de petición\n es fundamentalmente de naturaleza político-administrativa,\n sirve de vía para formular reclamaciones a la administración\n pública seccional o nacional por la falta de atención\n de aquellas necesidades que deben ser atendidas por las mismas,\n así como a denunciar abusos e incorrecciones y a formular\n propuestas y sugerencias para la mejor marcha de la cosa pública,\n tiene dos vertientes: las quejas, que consisten en reclamos por\n ilegalidades desatenciones y atropellos, y las . peticiones,\n que comprenden las sugerencias de los particulares para el mejor\n funcionamiento de un servicio público y la solicitud de\n decisiones discrecionales y graciables de la Administración\n Pública; la limitación constitucional al derecho\n de petición se refiere a la hipótesis de que se\n presenten quejas o peticiones atribuyéndose la falsa calidad\n de representantes directos del pueblo, suplantando a quienes,\n de conformidad con nuestro sistema de democracia representativa,\n han recibido en las urnas el mandato de la ciudadanía.\n Con frecuencia se sostiene que el derecho a la acción\n se fundamenta en el derecho de petición, pero del examen\n atento de la Constitución Política de la República,\n se concluye que no es así; en efecto, el derecho a acción,\n o derecho a la jurisdicción como con más propied3\n 1 se le denomina a partir de los trabajos de Couture, se encuentra\n reconocido en el artículo 23 Nº .7 de la Institución\n Política de la República, y siendo parte del\n derecho al debido proceso y a una justicia sin dilaciones, aparece\n como la garantía 17 del artículo 24 ibídem\n que dice: Toda persona tendrá derecho a acceder a los\n órganos judiciales y a obtener de ellos la tutela efectiva,\n imparcial y expedita de sus derechos e intereses, sin que en\n caso alguno quede en indefensión. El incumplimiento de\n las resoluciones judiciales será sancionado por la ley.".\n En ningún caso cuando se presenta una demanda se está\n violando la norma constitucional consagrada en el Nº 15\n del artículo 23; además, teniendo en cuenta que\n en la actualidad existen muchas acciones populares, en las que\n no es necesario acreditar el interés personal y directo\n para accionar, y que igualmente se van abriendo paso las llamadas\n "acciones de clase" que pueden proponerse por cualquier\n persona o grupo humano para actuar en defensa o resguardo del\n derecho de un conjunto claramente identificable de individuos\n con una misma comunidad de intereses, a fin de dar viabilidad\n a la plena aplicación del inciso final del artículo\n 91 de la Constitución Política de la República,\n que dice: "Sin perjuicio de los derechos de

 

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