Registro Oficial. 12 de MARZO del 2003

Miércoles, 12 de marzo de 2003

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

\n \n \n \n
   MES DE MARZO DEL 2003
\n \n \n \n
\n

\n
 
\n

 
\n

Miércoles, 12 de marzo del 2003 - R. O. No. 38

\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n

DR. JORGE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR

\n\n


\n
FUNCION\n EJECUTIVA

\n\n

ACUERDO:

\n\n

MINISTERIO\n DE OBRAS PUBLICAS:

\n\n

046\n Revócase\n y déjase sin efecto el Acuerdo Ministerial Nº 004\n de 13 de enero de 2003

\n\n

RESOLUCIONES:

\n\n

MINISTERIO\n DE OBRAS PUBLICAS:

\n\n

002\n Declárase\n la caducidad del convenio de delegación, celebrado el\n 13 de enero de 2003 entre la Escuela Superior Politécnica\n del Litoral -ESPOL- y varias compañías

\n\n

SUPERINTENDENCIA\n DE BANCOS Y SEGUROS:

\n\n

SBS-DN-2003-0125\n Amplíase\n la calificación otorgada al ingeniero agrónomo\n Gabriel Enrique Almeida Guerrero, para que pueda desempeñarse\n como perito avaluador de productos agrícolas en las instituciones\n del sistema financiero que se encuentran bajo control

\n\n

SBS-DN-2003-0126\n Amplíase\n la calificación otorgada al ingeniero agrónomo\n Pedro Paco Nieto Velásquez, para que pueda desempeñarse\n romo perito avaluador de productas agrícolas en las instituciones\n del sistema financiero que se encuentran bajo control

\n\n

SBS-DN-2003-0129 Calificase al doctor César\n Hornero Zurita Zurita, para que pueda desempeñar las funciones\n de auditor este-no en las cooperativas de ahorro y crédito\n que realizan intermediación financiera con el público,\n asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda,\n compañías de servicios financieros y compañías\n de servicios auxiliares del sistema financiero

\n\n

SBS-2003-0132\n Déjase\n sin efecto la Resolución No SB-2002-005 de 4 de enero\n de 2002; y, nómbrase liquidador de S.F.P. Financiera,\n Sociedad Financiera Principal S.A. en liquidación, al\n economista Patricio Wilson Cárdenas Villavicencio

\n\n

FUNCION\n JUDICIAL

\n\n

CORTE\n SUPREMA DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA DE LO PENAL:

\n\n

Recursos de casación\n en los juicios penales seguidos por las siguientes personas:

\n\n

643-02 Contra Oscar Rolando Mora Rugel\n por robo de vehículo en perjuicio de Juan Carlos Páez\n Naranjo

\n\n

644-02\n Contra José\n Rafael Perugachi Monroy por el delito previsto y sancionado en\n el Art. 64 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas

\n\n

645-02\n Contra Pedro\n Pablo Rivas Cedeño por asesinato de Angela Brava Cagua\n y otros

\n\n

647-02 Contra Santos Jesús Bereche Cárdenas\n por el delito de asociación ilícita

\n\n

648-02 Propuesto por Diego Manuel Moreno Albán\n en contra de Miguel Angel Ortiz Padilla y otra

\n\n

649-02\n Contra Alfredo\n Campo De la Torre por el delito previsto y sancionado en el Art.\n 64 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas

\n\n

654-02 Contra Jorge Enrique La Rosa Vélez\n por el delito que tipifica el Art. 550 del Código Penal

\n\n

656-02\n Propuesto\n por Amada Alicia Beltrán Vargas de Gallardo en contra\n del doctor Marco Carrillo Velarde y otra

\n\n

657-02 Contra Diego Vinicio Morales Muñoz\n por el delito de parricidio

\n\n

658-02 Contra Luis Alberto Merino Tigrero por\n homicidio de Miguel Alberto Suárez Torres

\n\n

ACUERDO\n DE CARTAGENA

\n\n

NORMAS\n ANDINAS:

\n\n

NA\n 0008 Norma\n Andina para el azúcar crudo. Requisitos

\n\n

NA\n 0009 Norma Andina para el azúcar\n blanco. Requisitos

\n\n

NA\n 0010 Norma Andina para el azúcar\n blanco especial. Requisitos

\n\n

NA\n 0011 Norma Andina para el azúcar\n refinado. Requisitos

\n\n

ORDENANZAS\n MUNICIPALES:

\n\n

- Gobierno Municipal de Shushufindi: Que reglamenta la administración\n y tarifas del servicio de alcantarillado sanitario

\n\n

- Cantón Santa Clara: Que reglamenta los procesos\n de contratación

\n\n

- Cantón Salinas: Que establece la tasa para la\n licencia anual de funcionamiento de los establecimientos turísticos\n

\n \n
\n

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

No.\n 046

\n\n

EL MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

\n\n

Considerando:

\n\n

Que mediante Acuerdo Ministerial No. 004 de 13 de enero de\n 2003, el lng. José Machiavello Almeida, entonces Ministro\n de Obras Públicas y Comunicaciones, delegó a la\n Escuela Superior Politécnica del Litoral -ESPOL-, la administración\n de las vías:

\n\n

· El Guabo - El Cambio - Santa Rosa - Arenillas -Huaquillas,\n en una extensión de 75,95 Km.

\n\n

· Machala - El Cambio - Pasaje - Santa Isabel - Girón\n -Victoria de Portete - Estación Cumbe - Cuenca (paso inferior\n al Valle), en una extensión de 152,85 Km.

\n\n

· Arenillas - Alamor - Sabanilla - Zapotillo, en una\n extensión de 146,75 Km.

\n\n

· La Avanzada - Y de Zaracay - Pifias, en una extensión\n de 30,88 Km.;

\n\n

Que para la aplicación de tal delegación, se\n ha celebrado el convenio de 13 de enero de 2003, en el que se\n estipulan las obligaciones que deben cumplir tanto el Ministerio\n de Obras Públicas, cuanto la Escuela Superior Politécnica\n del Litoral -ESPOL-;

\n\n

Que la Escuela Superior Politécnica del Litoral -ESPOL-,\n no ha observado ni cumplido fielmente las obligaciones acordadas\n en el convenio de delegación, en lo que dice relación\n con la conformación del consorcio, efectuada en contrato\n celebrado el 28 de enero de 2003, ante el Notario Trigésimo\n del cantón Guayaquil, entre dicha entidad de educación\n superior y las compañías Timberland S.A. y Nervada\n Construcciones Cía. Ltda., pues no ha requerido previamente\n a su celebración, la revisión y aprobación\n por parte de este Ministerio, inobservando así lo acordado\n en el último apartado de la cláusula quinta del\n convenio de delegación, por lo que se declaró la\n caducidad de dicho instrumento;

\n\n

Que la intención del convenio de delegación,\n se traduce en el hecho que, al ser la Escuela Superior Politécnica\n del Litoral -ESPOL-, eminentemente académica y científica,\n esté en capacidad de seleccionar un concesionario que\n opere un contrato de rehabilitación; mantenimiento y explotación\n de carreteras, contrato éste que debe enmarcarse en la\n legislación vigente; esto es, la Ley de Modernización\n del Estado y su reglamento, normativa que no ha sido observada\n por la ESPOL;

\n\n

Que ha sido política del Ministerio de Obras Públicas\n y Comunicaciones, llevar en forma directa la concesión\n de vías con arreglo a las normas de la Ley de Modernización\n del Estado y su reglamento; y,

\n\n

En uso de las atribuciones que le confiere la ley,

\n\n

Acuerda:

\n\n

Art. 1.- En virtud de las consideraciones que anteceden sobre\n cuya base se ha declarado la caducidad del convenio celebrado\n con la Escuela Superior Politécnica del Litoral -ESPOL-,\n se revoca y deja sin efecto el Acuerdo Ministerial No. 004 de\n 13 de enero de 2003 de delegación para la administración\n de las siguientes vías y se revierte a partir de la presente\n fecha a la responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas,\n su control y administración:

\n\n

· El Guabo - El Cambio - Santa Rosa - Arenillas -Huaquillas,\n en una extensión de 75,95 Km.

\n\n

·. Machala - El Cambio - Pasaje - Santa Isabel - Girón\n -Victoria de Portete - Estación Cumbe - Cuenca (paso inferior\n al Valle), en una extensión de 152,85 Km.

\n\n

· Arenillas - Alamor - Sabanilla - Zapotillo, en una\n extensión de 146,75 Km.

\n\n

· La Avanzada - Y de Zaracay - Pifias, en una extensión\n de 30,88 Km.

\n\n

Art. 2.- El presente acuerdo entrará a regir a partir\n de su expedición, sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial.

\n\n

Comuníquese y publíquese.- Dado en la ciudad\n de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los 27 días\n del mes de febrero de 2003.

\n\n

f.) Ing. Estuardo Peñaherrera Gallegos, Ministro de\n Obras Públicas y Comunicaciones.

\n\n

 

\n\n

No. 002

\n\n

EL MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

\n\n

Considerando:

\n\n

Que con base en el Acuerdo Ministerial No. 004 de 13 de enero\n de 2003, se celebró en la misma fecha el convenio que\n contiene delegación administrativa a favor de la Escuela\n Superior Politécnica del Litoral -ESPOL-, para que con\n sujeción a la ley, efectúe todas las operaciones\n de administración, mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación\n de las siguientes vías:

\n\n

· El Guabo - El Cambio - Santa Rosa - Arenillas -Huaquillas,\n en una extensión de 75,95 Km.

\n\n

· Machala - El Cambio - Pasaje - Santa Isabel - Girón\n -Victoria de Portete - Estación Cumbe - Cuenca (paso inferior\n al Valle), en una extensión de 152,85 Km.

\n\n

· Arenillas - Alamor -. Sabanilla - Zapotillo, en una\n extensión de 146,75 Km.

\n\n

· La Avanzada - Y de Zaracay - Pifias, en una extensión\n de 30,88 Km.;

\n\n

Que la Escuela Superior Politécnica del Litoral -ESPOL-,\n ex post ha remitido para aprobación de este Ministerio,\n el convenio de consorcio, celebrado el 28 de enero de 2003, ante\n el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, entre\n ese organismo de educación superior y las compañías\n Timberland S.A. y Nervada Construcciones Cía. Ltda.;

\n\n

Que analizado el convenio de consorcio, se establece el incumplimiento\n de la Escuela Superior Politécnica del Litoral -ESPOL-\n de lo estipulado imperativamente en la cláusula quinta\n del convenio de delegación administrativa, celebrado el\n 13 de enero de 2003, por cuanto no ha solicitado la revisión\n y aprobación previas a su celebración, por parte\n del MOP,

\n\n

Que la intención del convenio de delegación,\n no puede otra que, al ser la Escuela Superior Politécnica\n del Litoral al -ESPOL-, eminentemente académica y científica,\n esté en capacidad de seleccionar un concesionario que\n opere un contrato de rehabilitación, mantenimiento y explotación\n de carreteras, contrato éste que debe enmarcarse en la\n legislación vigente; esto es, la Ley de Modernización\n del Estado y su reglamento. No obstante, sin mediar un proceso\n de selección, ésta ha formado consorcio con las\n compañías Timberland S.A. y Nervada Construcciones\n Cía. Ltda., sin que tal consorcio conforme a convención\n expresa, hubiere sido previamente autorizada por el Ministerio;

\n\n

Que la cláusula décimo tercera, reconoce la\n facultad del Ministerio de Obras Públicas, de declarar\n la caducidad del convenio celebrado el 13 de enero de 2003, si\n la Escuela Superior Politécnica del Litoral -ESPOL-, no\n cumpliere fielmente las obligaciones que adquiere por el\n convenio, como en efecto ha ocurrido según se reseña\n en el párrafo precedente; y,

\n\n

En uso de las atribuciones que le confiere la ley,

\n\n

Resuelve:

\n\n

Art. 1.- Ante el manifiesto incumplimiento de la Escuela Superior\n Politécnica del Litoral -ESPOL-, de las obligaciones acordadas\n en el instrumento, declarar la caducidad del convenio de delegación,\n celebrado el 13 de enero de 2003.

\n\n

Art. 2.- En tal virtud el Ministerio de Obras Públicas\n revierte a su control y administración las vías\n mencionadas en la parte considerativa de esta resolución.

\n\n

Art. 3.- La presente resolución entrará en vigencia\n a partir de su expedición, sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial.

\n\n

Art. 4.- Notifíquese con esta resolución al\n Rector de la Escuela Superior Politécnica del Litoral\n -ESPOL-.

\n\n

Comuníquese y publíquese.

\n\n

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano,\n a los 27 días del mes de febrero de 2003.

\n\n

f.) lng. Estuardo Peñaherrera Gallegos, Ministro de\n Obras Públicas y Comunicaciones.

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

No. SBS-DN-2003-0125

\n\n

Sonia Soria Samaniego
\n DIRECTORA DE NORMATIVIDAD

\n\n

Considerando:

\n\n

Que según lo dispuesto en el artículo 3 de la\n Sección 1 "Definiciones, requisitos, incompatibilidades\n y registro", del Capítulo II "Normas para la\n calificación y registro de peritos avaluadores",\n del Subtítulo IV "De las garantías adecuadas",\n del Título VII "De los activos y limites de crédito"\n de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia\n de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, corresponde a la\n Superintendencia de Bancos y Seguros calificar la idoneidad y\n experiencia del perito avaluador;

\n\n

Que mediante Resolución No. SBS-DN-2003-060 de 23 de\n enero de 2003. el ingeniero agrónomo Gabriel Enrique Almeida\n Guerrero, fue calificado para ejercer el cargo de perito avaluador\n de productos agrícolas en las asociaciones mutualistas\n de ahorro x. crédito para la vivienda, que se encuentran\n bajo el control de la Superintendencia de Bancos y Seguros;

\n\n

Que mediante oficio de 5 de febrero de 2003 el ingeniero agrónomo\n Gabriel Enrique Almeida Guerrero, ha solicitado ampliación\n para ejercer el cargo de perito avaluador de pro-ductos agrícolas\n en las instituciones del sistema financiero; y.

\n\n

En ejercicio de las facultades conferidas en la letra a) del\n artículo 17 de la Resolución ADM-2002-5984 de 6\n de agosto de 2002, y ratificada con la Resolución No ADM-2003-6\n 192 de 3 de febrero de 2003.

\n\n

Resuelve:

\n\n

ARTICULO UNICO.- Ampliar la calificación otorgada mediante\n Resolución No. SBS-DN-2003-060 de 23 de enero de 2003,\n al ingeniero agrónomo Gabriel Enrique Almeida Guerrero,\n portador de la cédula de ciudadanía No. 120130371-4\n para que pueda desempeñarse como perito avaluador de\n productos agrícolas en las instituciones del sistema financiero\n que se encuentran bajo el control de la Superintendencia de Bancos\n y Seguros.

\n\n

Comuníquese y publíquese en el Registro Oficial.-\n Dada en la Superintendencia de Bancos y Seguros, en Quito, Distrito\n Metropolitano, el diecinueve de febrero de dos mil tres.

\n\n

f.) Sonia Soria Samaniego, Directora de Normatividad.

\n\n

Lo certifico.- Quito, Distrito Metropolitano, el diecinueve\n de febrero de dos mil tres.- f.) Lic. Pablo Cobo Luna, Secretario\n General.

\n\n

Superintendencia de Bancos.- Es fiel copia, lo certifico.-\n f.) Lcdo. Pablo Cobo Luna, Secretario General.- 26 de febrero\n de 2003.

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

No. SBS-DN-2003-0126

\n\n

Sonia Soria Samaniego
\n DIRECTORA DE NORMATIVIDAD

\n\n

Considerando:

\n\n

Que según lo dispuesto en el artículo 3 de la\n Sección 1 "Definiciones, requisitos, incompatibilidades\n y registro", del Capítulo II "Normas para la\n calificación y registro de peritos avaluadores",\n del Subtítulo IV "De las garantías adecuadas",\n del Título VII "De los activos y limites de crédito"\n de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia\n de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, corresponde a la\n Superintendencia de Bancos y Seguros calificar la idoneidad y\n experiencia del perito avaluador;

\n\n

Que mediante Resolución No. SBS-DN-2003-058 de 23 de\n enero de 2003, el ingeniero agrónomo Pedro Paco Nieto\n Velásquez fue calificado para ejercer el cargo de perito\n avaluador de productos agrícolas en el Banco Nacional\n de Fomento, que se encuentran bajo el control de la Superintendencia\n de Bancos y Seguros;
\n

\n\n

Que mediante oficio de 5 de febrero de 2003, el ingeniero\n agrónomo Pedro Paco Nieto Velásquez, ha solicitado\n amplia-ción para ejercer el cargo de perito avaluador\n de productos agrícolas en las instituciones del sistema\n financiero; y,

\n\n

En ejercicio de las facultades conferidas en la letra a) del\n artículo 17 de la Resolución ADM-2002-5984 de 6\n de agosto de 2002, y ratificada con la Resolución No.\n ADM-2003-6 192 de 3 de febrero de 2003,

\n\n

 

\n\n

Resuelve:

\n\n

ARTICULO UNICO.- Ampliar la calificación otorgada mediante\n Resolución No. SB5-DN-2003-058 de 23 de enero de 2003,\n al ingeniero agrónomo Pedro Paco Nieto Velásquez,\n portador de la cédula de ciudadanía No. 1703284743,\n para que pueda desempeñarse como perito avaluador de productos\n agrícolas en las instituciones del sistema financiero\n que se encuentran bajo el control de la Superintendencia de Bancos\n y Seguros.

\n\n

Comuníquese y publíquese en el Registro Oficial.-\n Dada en la Superintendencia de Bancos y Seguros, en Quito, Distrito\n Metropolitano, el diecinueve de febrero de dos mitres.

\n\n

f.) Sonia Soria Samaniego, Directora de Normatividad.

\n\n

Lo certifico.- Quito, Distrito Metropolitano, el diecinueve\n de febrero de dos mil tres.- f.) Lic. Pablo Cobo Luna, Secretario\n General.

\n\n

Superintendencia de Bancos.- Es fiel copia, lo certifico.-\n f.) Lcdo. Pablo Cobo Luna, Secretario General.- 28 de febrero\n de 2003.

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

No. SBS-DN-2003-0129

\n\n

Sonia Soria Samaniego
\n DIRECTORA DE NORMATIVIDAD

\n\n

Considerando:

\n\n

Que de conformidad con lo preceptuado en el artículo\n 84 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero,\n corresponde a la Superintendencia de Bancos y Seguros, calificar\n la idoneidad y experiencia del auditor externo;

\n\n

Que el artículo 3 de la Sección II "Calificación,\n requisitos, incompatibilidades y registro de auditores externos",\n del Capítulo 1 "Normas para la contratación\n y funcionamiento de las auditoras externas que ejercen su actividad\n en las entidades sujetas al control de la Superintendencia de\n Bancos y Seguros", del Subtítulo III "Auditorias",\n del Título VIII "De la contabilidad, información\n y publicidad" de la Codificación de Resoluciones\n de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria,\n establece los requisitos para la calificación de los auditores\n externos;

\n\n

Que el doctor César Homero Zurita Zurita, ha presentado\n la solicitud y documentación respectivas para su calificación\n de auditor externo, las que reúnen los requisitos exigidos\n en las normas reglamentarias pertinentes;

\n\n

Que a la fecha de expedición de esta resolución\n el doctor César Homero Zurita Zurita, no registra hechos\n negativos relacionados con central de riesgos, cuentas corrientes\n cerradas y cheques protestados; y,

\n\n

En ejercicio de las facultades conferidas con Resolución\n ADM-2002-5984 de 6 de agosto de 2002, y ratificada mediante Resolución\n No. ADM-2003-6192 de 3 de febrero del 2003,

\n\n

Resuelve:

\n\n

ARTICULO 1.- Calificar al doctor César Homero Zurita\n Zurita, portador de la cédula de ciudadanía No.\n 1702438209, para que pueda desempeñar las funciones de\n auditor externo en las cooperativas de ahorro y crédito\n que realizan intermediación financiera con el público,\n asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda,\n compañías de servicios financieros y compañías\n de servicios auxiliares del sistema financiero, que se encuentran\n bajo el control de la Superintendencia de Bancos y Seguros.

\n\n

ARTICULO 2.- Disponer que se incluya la presente resolución\n en el registro de auditores externos, se le asigne el número\n de registro No. AE-2003-37 y se comunique del particular a la\n Superintendencia de Compañías.

\n\n

Comuníquese y publíquese en el Registro Oficial.-\n Dada en la Superintendencia de Bancos y Seguros, en Quito, Distrito\n Metropolitano, el veinticuatro de febrero de dos mil tres.

\n\n

f.) Sonia Soria Samaniego, Directora de Normatividad.

\n\n

Lo certifico.- Quito, Distrito Metropolitano, el veinticuatro\n de febrero de dos mil tres,- f.) Lic. Pablo Cobo Luna, Secretario\n General.

\n\n

Superintendencia de Bancos.- Es fiel copia, lo certifico.-\n f.) Lcdo. Pablo Cobo Luna, Secretario General.- 26 de febrero\n de 2003.

\n\n

 

\n\n

No. SBS-2003-0132

\n\n

Oscar Andrade Veloz
\n SUPERINTENDENTE DE BANCOS Y SEGUROS, SUBROGANTE

\n\n

Considerando:

\n\n

Que mediante Resolución No. SB-JB-96-0087 de 9 de agosto\n de 1996 se dispuso la liquidación de los negocios, propiedades\n y activos de S.F.P. Financiera, Sociedad Financiera Principal\n SA., con domicilio en la ciudad de Quito, cantón Quito,\n provincia de Pichincha, una sucursal en la ciudad de Guayaquil\n y una en la ciudad de Ambato;

\n\n

Que con Resolución No. SB-2002-005 de 4 de enero de\n 2002, se nombró al licenciado Juan Landázuri Chávez,\n como liquidador temporal de S.F.P. Financiera, Sociedad Financiera\n Principal SA. en liquidación;

\n\n

Que la letra q) del artículo 180 de la Ley General\n de Instituciones del Sistema Financiero, en concordancia con\n el artículo 1, inciso segundo, de la Sección III\n "De la designación, remuneración, sanciones\n x remoción", del Capítulo 1, del Subtítulo\n 1, del Título Xl de la Codificación de Resoluciones\n de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria,\n reformado por el artículo 1 de la Resolución No.\n JB-2002-470 de 6 de agosto de 2002 dispone que el Superintendente\n de Bancos y Seguros designara al liquidador definitivo, a cuyo\n efecto podrá considerar los nombres propuestos por la\n Junta de Acreedores de la institución en liquidación;

\n\n

Que el Presidente de la Junta de Acreedores mediante oficio\n No. SFPL-Q-2003-03 1 de 11 de febrero de 2003 remitió\n la terna para el nombramiento de liquidador;

\n\n

Que mediante memorando No. DEL-2003-060 de 19 de febrero de\n 2003, la Dirección de Entidades en Liquidación\n informa que el señor economista Patricio Wilson Cárdenas\n Villavicencio, cumple con los requisitos determinados en la normatividad,\n para ser designado liquidador de S.F.P. Financiera, Sociedad\n Financiera Principal SA. en liquidación; y,

\n\n

En ejercicio de sus atribuciones legales,

\n\n

Resuelve:

\n\n

ARTICULO 1.- Dejar sin efecto a partir de la inscripción\n de la presente resolución en el Registro Mercantil, el\n nombramiento conferido mediante Resolución No. SB-2002-005\n de 4 de enero de 2002, al licenciado Juan Landázuri Chávez,\n como liquidador temporal de S.F.P. Financiera, Sociedad Financiera\n Principal SA. en liquidación.

\n\n

ARTICULO 2.- Nombrar liquidador de S.F.P. Financiera, Sociedad\n Financiera Principal SA. en liquidación al economista\n Patricio Wilson Cárdenas Villavicencio, quien tendrá\n para los fines del proceso liquidatorio, todas las facultades\n que establecen las leyes para los liquidadores, en especial\n aquellas que tienden a proteger los intereses de trabajadores,\n inversionistas y acreedores en general de acuerdo con las normas\n legales que le corresponde aplicar.

\n\n

ARTICULO 3.- Disponer que en el plazo de diez días,\n contados a partir de la inscripción de la presente resolución\n en el Registro Mercantil, los liquidadores saliente y entrante\n levanten el inventario de los bienes de propiedad de la entidad\n y suscriban el acta de entrega recepción correspondiente.

\n\n

ARTICULO 4.- Disponer que el señor Registrador Mercantil\n del cantón Quito, inscriba esta resolución en los\n registros a su cargo y siente las notas de referencia previstas\n en el inciso primero del artículo 51 de la Ley de Registro.\n

\n\n

Comuníquese y publíquese en el Registro Oficial.-\n Dada en la Superintendencia de Bancos y Seguros, en Quito, Distrito\n Metropolitano, el veinticuatro de febrero de dos mil tres.

\n\n

f.) Oscar Andrade Veloz, Superintendente de Bancos y Seguros,\n subrogante.

\n\n

Lo certifico.- Quito, Distrito Metropolitano, el veinticuatro\n de febrero de dos mil tres.- f.) Lic. Pablo Cobo Luna, Secretario\n General.

\n\n

Superintendencia de Bancos.- Es fiel copia, lo certifico.-\n f.) Lcdo. Pablo Cobo Luna, Secretario General.- 26 de febrero\n de 2003.

\n\n

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

Nº 643-02

\n\n

Juicio penal Nº 553-00 seguido\n en contra de Oscar Rolando Mora Rugel por robo de vehículo\n en perjuicio de Juan Carlos Páez Naranjo.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA DE LO PENAL

\n\n

Quito, 20 de noviembre de 2002; las\n 11h00.

\n\n

VISTOS: De la sentencia dictada por el Tribunal Cuarto de\n lo Penal de Pichincha en la que impone al procesado Oscar Rolando\n Mora Rugel la pena de seis años de reclusión menor,\n como autor del delito tipificado en el Art. 550 y sancionado\n en el Art. 552 número 2do. del Código Penal, interpone\n recurso de casación el sentenciado, concedido el mismo\n ha correspondido su conocimiento a la Sala, que para resolver\n considera: PRIMERO.- El impugnante en escrito de fs. 3 a 4 del\n cuaderno de la Sala, manifiesta que el Tribunal Penal le ha condenado\n sin tomar en cuenta su declaración indagatoria, únicamente\n i n base del informe policial que no tiene ninguna validez por\n contravenir a lo dispuesto en el Art. 24 número 5 de la\n Constitución Política por cuanto en la investigación\n policial, en la que se recibe su declaración, no consta\n la presencia de su abogado; también argumenta que se han\n violado los Arts. 64, 65, 66, 67, 68, 88, 127, 157, 215 y 326\n del Código de Procedimiento Penal y además los\n Arts. 4 y 29 del Código Penal, al no haberle reducido\n la pena por considerar que existe una agravante, que según\n expone no la hay, pide su absolución. SEGUNDO.- La señora\n Ministra Fiscal General, contestando el traslado corrido con\n la fundamentación del recurso, en escrito de fs. 6 a 7,\n manifiesta que en el testimonio investigativo del recurrente,\n en presencia del Fiscal de turno, lo hace sin la presencia del\n abogado defensor, con transgresión de lo que dispone el\n numeral Sto. del Art. 24 de la Constitución Política,\n "en cuyo caso esta diligencia carece de eficacia probatoria,\n tanto más que en el testimonio indagatorio, como lo afirma\n el propio juzgador no admite haber cometido la infracción.\n En consecuencia, la declaración preprocesal no es un elemento\n probatorio suficiente que por si solo determine la responsabilidad,\n y al haber el Tribunal apreciado de diferente manera se infiere\n que violó la Ley en la sentencia al no valorar debidamente\n ese testimonio conforme el Art. 64 del Código de Procedimiento\n Penal", pide enmendar este error de derecho. TERCERO.- La\n Sala observa que la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal\n Cuarto de lo Penal de Pichincha se sustenta no únicamente\n en la declaración preprocesal del encausado Oscar Rolando\n Mora Rugel, rendida en la policía judicial, sino en otras\n pruebas como el propio informe policial que no consigna únicamente\n tal declaración, sino también el reconocimiento\n que hace el ofendido Juan Carlos Páez Naranjo, sobre la\n intervención del procesado en el hecho, el reconocimiento\n de las evidencias físicas, entre las cuales consta el\n Jeep Chevrolet Vitara sustraído por los imputados dentro\n del cual se les encontró y se les detuvo, la matrícula\n del mismo vehículo, la denuncia del robo presentado por\n el señor Juan Carlos Páez Naranjo a nombre de Importaciones\n y Exportaciones PIM, propietario del mismo, a quien se le entregó\n el automotor, un revólver sin marca ni serie; el reconocimiento\n judicial del automotor hecho juntamente con los peritos Diego\n Chávez y Ligia Guerrero, en conclusión, se encontró\n el automotor robado en posesión del procesado Mora Rugel\n y cuatro personas más, en cuyo poder estuvo el revólver\n con el que amedrentaron al señor Páez Naranjo para\n sustraerse el vehículo, todo lo que, apreciado de acuerdo\n con las reglas de la sana crítica, constituye prueba plena\n tanto del delito de robo, como de la responsabilidad del nombrado\n Mora Rugel. Se advierte que el Tribunal Penal dictó sentencia\n condenatoria contra el procesado teniendo en cuenta el conjunto\n de todas las pruebas que analiza en la sentencia y no únicamente\n en base de su declaración preprocesal, la misma que carece\n de eficacia jurídica, conforme lo dispone la Constitución\n Política en su Art. 24 número 5 en relación\n con el Art. 80 del Código de Procedimiento Penal del año\n 2000. De igual manera, es acertada la consideración del\n Tribunal Penal de que el hecho se cometió con astucia\n haciendo creer al conductor del vehículo sustraído\n de que lo iban a cuidar, para luego intimidarle con arma de fuego\n y cometer la sustracción, circunstancia que es agravante\n de acuerdo con el número primero del Art. 30 del Código\n Penal e impide la reducción de la pena conforme el Art.\n 72 ibídem. Con estos antecedentes, desestimando el dictamen\n de la señora Ministra Fiscal General, ADMINISTRANDO JUSTICIA\n EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se declara\n improcedente el recurso de casación interpuesto por Oscar\n Rolando Mora Rugel. Devuélvase la causa al Tribunal Penal.\n Notifíquese.

\n\n

f.) Dr. Arturo J. Donoso Castellón, Magistrado - Presidente.

\n\n

f.) Dr. Milton Moreno Aguirre, Magistrado.

\n\n

f.) Dr. Jorge Andrade Lara, Conjuez Permanente.

\n\n

Certifico.- f.) Dr. Honorato Jara Vicuña, Secretario\n Relator.

\n\n

Certifico que es fiel copia de su original.- Quito, 18 de\n diciembre de 2002.- f.) Secretario Relator.

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

Nº 644-02

\n\n

Juicio penal Nº 22-01 seguido en\n contra de José Rafael Perugachi Monroy por el delito previsto\n y sancionado en el Art. 64 de la Ley de Sustancias Estupefacientes\n y Psicotrópicas.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA DE LO PENAL

\n\n

Quito, noviembre 20 de 2002; las 16h00.

\n\n

VISTOS: De la sentencia dictada por la Primera Sala de la\n Corte Superior de Justicia de Quito, en la que impone al procesado\n José Rafael Perugachi Monroy la pena de doce años\n de reclusión mayor extraordinaria y multa de cien salarios\n mínimos vitales generales del trabajador, revocando la\n sentencia absolutoria dictada por el Tribunal Segundo de lo Penal\n de Pichincha, interpone recurso de casación el condenado,\n sustanciado el mismo en la Sala, para resolver se considera:\n PRIMERO.- El impugnante en escrito de fs. 3 a 4, fundamenta su\n recurso de casación en los Arts. 65, 67, 127, 157 y 326\n del Código de Procedimiento Penal de 1983, y Art. 24 número\n 7 de la Constitución Política, en general impugna\n la prueba, asevera que no se ha tomado su testimonio indagatorio\n como medio de prueba y defensa en su favor, que por otra parte,\n aunque haya declarado que ha estado detenido por robo, no aparece\n que haya sido sentenciado, pide que se le absuelva. SEGUNDO.-\n La señora Ministra Fiscal General en su dictamen constante\n a fs. 7, reflexiona que está justificada la existencia\n de la infracción y en cuanto a la responsabilidad del\n procesado, el Art. 42 del Código Penal, consigna la autoría\n por el mero hecho de la posesión o tenencia de sustancias\n estupefacientes o psicotrópicas, que en la especie, se\n encontraron en poder de Perugachi tales sustancias, que la sentencia\n ha tomado en cuenta la evidencia física, el informe policial,\n que es prueba de cargo en contra del procesado, pide que se declare\n improcedente el recurso. TERCERO.- Estudiada la sentencia por\n parte de la Sala se encuentra que guarda perfecta coherencia\n en la parte expositiva, en el análisis de la prueba relacionada\n con la existencia de la infracción, como en lo referente\n a la responsabilidad de Perugachi, con la aplicación de\n la ley, que en este caso es el Art. 64 de la Ley de Sustancias\n Estupefacientes y Psicotrópicas, sin haber transgredido\n el Art. 127 del Código de Procedimiento Penal de 1983,\n que consagra el principio de la indivisibilidad de testimonio\n indagatorio, que debe ser tomado en su integridad y además\n como medio de defensa y de prueba del sindicado, ya porque la\n sentencia no se ha dictado únicamente en base del mismo,\n sino de otra prueba de valor indiscutible como es la tenencia\n de la droga en poder del procesado, que al ser perseguido por\n la policía, la arrojó por debajo de la puerta de\n un almacén, sin que sea aceptable su versión, de\n que algún policía llevaba las fundas conteniendo\n la droga, ya por las contradicciones que se notan en sus declaraciones\n preprocesal e indagatoria, como bien lo manifiesta la Corte Superior.\n En lo referente a la tipificación del hecho realizada\n por el Agente Fiscal, como intermediación, no es aceptable,\n debido a que para exista esta figura se requiere de prueba clara\n de quien remite la droga y cual es su destinatario, no la simple\n aseveración de la policía, de que la droga la llevaba\n para .entregar a su mujer, sin especificar su origen o quién\n la remitía, puesto que intermediación es la actividad\n de quien sirve para llegar del productor o remitente al consumidor.\n Finalmente no ha justificado el encausado dos o más circunstancias\n atenuantes, ni siquiera la conducta observada en el establecimiento\n de rehabilitación social, que ofreció presentar\n su defensora en la audiencia de juzgamiento, por cuya razón\n no se puede disminuir la pena en la forma que lo señala\n el Art. 72 del Código Penal. Consecuentemente no habiéndose\n justificado violación de la ley por transgresión\n de su texto, falsa aplicación o errada interpretación\n de la misma, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA\n Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se declara improcedente el recurso\n de casación propuesto por José Rafael Perugachi\n Monroy. Notifíquese y devuélvase el proceso al\n Tribunal de origen para el cumplimiento de la sentencia.

\n\n

 

\n\n

f.) Dr. Arturo J. Donoso Castellón, Magistrado - Presidente.\n

\n\n

f.) Dr. Milton Moreno Aguirre, Magistrado.

\n\n

f.) Dr. Jorge Andrade Lara, Conjuez Permanente.

\n\n

Certifico.

\n\n

f.) Dr. Honorato Jara Vicuña, Secretario Relator.

\n\n

Certifico que es fiel copia de su original.- Quito, 18 de\n diciembre de 2002.- f.) Secretario Relator.
\n

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

Nº 645-02

\n\n

Juicio penal Nº 415-00 seguido\n en contra de Pedro Pablo Rivas Cedeño por asesinato de\n Angela Bravo Cagua, Cristóbal Bravo Chichande, Marco Antonio\n Ramírez Alcívar, Aquiles Ramírez Alcívar\n y Diógenes Ramírez Alcívar.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA DE LO PENAL

\n\n

Quito, noviembre 20 de 2002; las 16h00.

\n\n

VISTOS: El Tribunal Segundo de lo Penal de Esmeraldas dicta\n sentencia condenando al procesado P edro Pablo Rivas Cedeño\n a la pena de 12 años de reclusión mayor extraordinaria,\n como coautor del delito de asesinato, de acuerdo con el Art.\n 450 numerales 1, 2 y 7 del Código Penal, por haber causado\n la muerte de cinco personas: Angela Bravo Cagua, Cristóbal\n B rayo Chichande, Marco Antonio Ramírez Alcívar,\n Aquiles Ramírez Alcívar y Diógenes Ramírez\n Alcívar, una vez ejecutoriada la sentencia, interpone\n recurso de revisión el condenado, al amparo del Art. 385\n numerales 2, 4, 5 y 6 del Código de Procedimiento Penal\n de. 1983, concedido el mismo y sustanciado en la Sala, para resolverlo\n se considera: PRIMERO.- El impugnante en escrito de fs. 2 del\n cuaderno del recurso, fundamenta el mismo expresando que no se\n ha cumplido en la sentencia con lo que dispone el Art. 81 del\n Código de Procedimiento Penal, como tampoco hay declaración\n de persona alguna que determine la identidad de los occisos;\n que no se ha cumplido lo dispuesto en el Art. 82 del Códig9\n Procesal Penal, referente a la autopsia, que mal se pudo dar\n a su declaración extra procesal el valor de prueba para\n fundamentar la condena, de igual manera que el testimonio del\n agraviado no constituye prueba, por lo que se ha violado el Art.\n 124 ibídem en relación con el 61; finalmente que\n se ha violado el Art. 24 numeral 8 de la Constitución\n Política, al no habérsele puesto en libertad después\n de un año de encontrarse detenido, manifiesta estar listo\n a presentar la prueba que formuló ante el Juez Cuarto\n de lo Penal de Esmeraldas, que no pudo practicarse por motivos\n de fuerza mayor. SEGUNDO.- El señor Ministro Fiscal General\n subrogante, contestando el traslado corrido con la fundamentación\n del recurso, en escrito de fs. 5 a 6, expresa que no es motivo\n del recurso de revisión el incidente de libertad al amparo\n del Art. 24 numeral 8 de la Constitución, tanto más\n que en el lapso en que ingresó detenido y se dictó\n la sentencia no transcurrió más de un año,\n pide que se rechace el recurso propuesto por carecer de sustento.\n TERCERO.- El recurrente, en la mayor parte de la fundamentación\n de su recurso, confunde el recurso de revisión, que es\n el propuesto, con el de casación, al señalar presuntas\n violaciones de derecho cometidas en la sentencia, formulando\n un argumento extraño a la revisión, como es el\n de la caducidad de la prisión preventiva consignado en\n el Art. 24 número 8 de la Constitución, que fuera\n ya desechado por el Tribunal Penal, por no haber transcurrido\n el tiempo señalado por la misma desde cuando ingresó\n detenido hasta la fecha de la sentencia. Tampoco cabe para el\n recurso de revisión el argumento de la condena propia\n del recurso de casación. No ha justificado el señor\n Rivas Cedeño que se le hubiere condenado a él,\n en lugar del culpable, porque no ha aportado nueva prueba al\n respecto, y porque el Tribunal Penal hizo el suficiente análisis\n de la prueba para declarar su responsabilidad como coautor del\n delito de asesinato múltiple. De igual manera no ha aportado\n prueba alguna, sobre que la sentencia se hubiere dictado en virtud\n de testigos, documentos o informes falsos, maliciosos o errados,\n ni siquiera precisa cual de esas pruebas es la falsa. No viene\n al caso la cita que hace del numeral sexto del Art. 385 del Código\n Procesal Penal, esto es que se haya condenado a la pena de reclusión,\n por delito para el que la ley contempla pena de prisión,\n si se tiene en cuenta que se trata de un asesinato reprimido\n con reclusión mayor extraordinaria. Finalmente su argumento\n de que no se ha realizado la autopsia, ni se ha identificado\n a las víctimas, carece de sustento, si en las actas de\n levantamiento de los cinco cadáveres constan las identidades\n de cada uno y la causa de la muerte, por disparos de armas de\n fuego y heridas causadas con machete. De conformidad con lo que\n dispone el inciso segundo del Art. 387 del tantas veces citado\n cuerpo legal, para que proceda el recurso de revisión\n tiene que presentarse nueva prueba que demuestre plenamente el\n error cometido en la sentencia, al condenar a un inocente, en\n virtud de prueba falsa o de hechos equivocados, que no fueron\n conocidos por el Tribunal Penal, nueva prueba que no se ha presentado\n en el caso que se juzga, no obstante haberla ofrecido el recurrente.\n En consecuencia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA. REPUBLICA\n Y, POR AUTORIDAD DE LA LEY, se declara improcedente el recurso\n de revisión interpuesto por Pedro Pablo Rivas Cedeño,\n ordenándose devolver la causa al Segundo Tribunal Penal\n de Esmeraldas para el cumplimiento de la sentencia que se halla\n ejecutoriada. Notifíquese.

\n\n

f.) Dr. Arturo J. Donoso Castellón, Magistrado - Presidente.

\n\n

f.) Dr. Milton Moreno Aguirre, Magistrado.

\n\n

f.) Dr. Jorge Andrade Lara, Conjuez Permanente.

\n\n

Certifico.- f.) Dr. Honorato Jara Vicuña, Secretario\n Relator.

\n\n

Certifico que es fiel copia de su original.- Quito, 18 de\n diciembre de 2002.- f.) Secretario Relator.

\n\n

 

\n\n

Nº 647-02

\n\n

Juicio penal Nº 391-00 seguido\n en contra de Santos Jesús Bereche Cárdenas por\n el delito de asociación ilícita.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA DE LO PENAL

\n\n

Quito, 20 de noviembre de 2002; las\n 15h00.

\n\n

 

\n\n

VISTOS: La Fiscal Décima Quinta de lo Penal de Pichincha\n recurre por vía de casación penal, respecto de\n la sentencia por la que el Tercer Tribunal Penal de Pichincha\n absuelve a Bereche Cárdenas Santos Jesús. Encontrándose\n el trámite y siendo competente la Segunda Sala de lo Penal\n de la Corte Suprema de Justicia para resolver, se considera:\n PRIMERO.- De fs. 3 a 4 del cuadernillo del recurso la Ministra\n Fiscal General insiste en la casación planteada por la\n Fiscal Décima Quinta de lo Penal de Pichincha, manifestando\n que el Tribunal Penal en una "escueta y simplista sentencia",\n no realiza un análisis de los elementos procesales existentes,\n tanto sobre la materialidad de la infracción, como sobre\n la responsabilidad del procesado, por lo que el Tribunal Juzgador\n ha violado la ley aplicando falsamente los Arts. 64, 69 y 157\n del Código de Procedimiento Penal de 1983 aplicable al\n caso, argumentado que del propio informe investigativo mencionado\n por el Tribunal Penal en el considerando segundo de la sentencia,\n aparece con claridad que les armas, municiones, chalecos antibalas\n y otros objetos decomisados de poder de un grupo de antisociales\n del que formaba parte el sindicado, todos de nacionalidad peruana\n y, de las reuniones que mantenían en un inmueble del Comité\n del Pueblo en esta ciudad de Quito, aparecen reunidos los elementos\n típicos de la asociación ilícita, previsto\n en el Art. 369 del Código Penal, haciendo un análisis\n de las diversas pruebas que constan en la parte expositiva de\n la sentencia recurrida. SEGUNDO.- Corresponde a la Sala examinar\n la procedibilidad del recurso de casación interpuesto\n por el Ministerio Público. Al respecto, en efecto, como\n lo señala la fundamentación fiscal, la sentencia\n recurrida es ilógica e incongruente, puesto que, en la\n parte expositiva y motiva del fallo, se relatan las diversas\n constancias probatorias de la asociación ilícita\n en la que se encuentra incurso el procesado y, lo que es más\n importante, el propio Tribunal Penal alude al hecho de que el\n propio procesado en el desarrollo de la audiencia literalmente\n admite su responsabilidad en el presente enjuiciamiento, por\n lo que, la conclusión resolutiva no podía ser de\n absolución, porque el Tribunal Penal aunque invoca los\n Arts. 61, 64, 157 y 326 del Código de Procedimiento Penal\n de 1983, no aplica en forma lógica y razonada la sana\n crítica, en la que se combinan los hechos probatorios,\n analizados a la luz del conocimiento y de la experiencia del\n juzgador, para determinar una resolución conclusiva que\n se genera en los hechos antecedentes constantes en el propio\n fallo recurrido. Por otro lado, el Art. 369 del Código\n Penal, tipifica la infracción de asociación ilícita,\n que es de resultado cortado o anticipado, pues el delito existe\n por el solo hecho de la organización de la partida, en\n la cual está claramente involucrado el procesado, por\n lo que el Tribunal Penal debió dictar sentencia condenatoria\n y, al no hacerlo, violentó las reglas de la lógica\n jurídica, haciendo una falsa aplicación de la ley,\n volviendo procedente el recurso de casación interpuesto.\n Por todas estas consideraciones, la Segunda Sala de lo Penal,\n ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD\n DE LA LEY, declara procedente el recurso de casación interpuesto\n por el Ministerio Público y enmendando la violación\n a la ley en la sentencia, dicta sentencia condenatoria en contra\n de Santos Jesús Bereche Cárdenas, cuyo estado y\n condición constan de autos, por el delito tipificado en\n el Art. 369 del Código Penal y sancionado en los Arts.\n 370 y 371 ibídem, imponiéndole la pena de cinco\n años de prisión, por no ser aplicable atenuante\n alguna. Devuélvase el proceso. Notifíquese.

\n\n

f.) Dr. Arturo J. Donoso Castellón, Magistrado - Presidente.\n

\n\n

f.) Dr. Milton Moreno Aguirre, Magistrado.

\n\n

f.) Dr. Jorge Andrade Lara, Conjuez Permanente.

\n\n

Certifico.- f.) Dr. Honorato Jara Vicuña, Secretario\n Relator.

\n\n

Certifico que es fiel copia de su original.- Quito, 18 de\n diciembre de 2002.- f.) Secretario Relator.

\n\n

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

Nº 648-02

\n\n

Juicio colusorio Nº 545-00 propuesto\n por Diego Manuel Moreno Albán contra Miguel Angel Ortiz\n Padilla y Consuelo Guerra Andrade.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA DE LO PENAL

\n\n

Quito, noviembre 20 de 2002; las 15h00.\n

\n\n

VISTOS: De la sentencia dictada por la Segunda Sala de la\n Corte Superior y de Justicia de Ibarra, en la que desecha la\n demanda colusoria propuesta por el señor Diego Manuel\n Moreno Albán contra los señores Miguel Angel Ortiz\n Padilla y Consuelo Guerra Andrade, interpone recurso de apelación\n el actor, concedido el mismo, se ha sustanciado en la Sala que\n avocó conocimiento por haberla correspondido por sorteo,\n la que para resolver considera: PRIMERO.- No hay nulidad alguna\n que declarar. SEGUNDO.- La señora Ministra Fiscal General\n en su dictamen de fs. 3 a 4 del cuaderno del recurso, luego de\n referirse a la demanda y contestación, expresa que la\n acción especial de la colusión fue creada para\n juzgar y sancionar procedimientos fraudulentos entre dos o más\n personas, efectuados para causar perjuicios a terceros en cualquier\n forma, privándoles del dominio o tenencia de algún\n inmueble o de algún derecho real constituido sobre el\n mismo, o de otros derechos reales que les corresponde, que como\n elementos requiere: a) Un acuerdo fraudulento entre dos o más\n personas para perjudicar a terceros en algún derecho;\n y, b) Perjuicio real y cierto a un tercero, que en la especie\n no se ha determinado un perjuicio contra el actor, porque no\n se ha demostrado la privación fraudulenta de un derecho,\n tanto más que según el texto de la demanda, la\n pretensión del actor es que se declare la nulidad de la\n letra de cambio que sirvió de base para que los demandados\n siguieran el juicio ejecutivo, porque, según el demandante,\n en la letra de cambio se ha falsificado su firma, continúa\n manifestando la Ministra Fiscal que lo expuesto por el accionante\n no está evidenciado en el proceso, que en los informes\n de los peritos grafotécnicos sobre la falsedad o autenticidad\n de la firma puesta en la letra de cambio hay discrepancia, la\n perito Danny de Araujo concluye que hay falsificación\n y el perito Capitán® Carlos Ruales concluye que no\n hay falsedad, que el juicio ejecutivo propuesto por los demandados\n contra el hoy actor, no implica por si solo colusión,\n por lo que pide que se rechace la acción colusoria por\n improcedente. TERCERO.- Estudiada la causa por parte de la Sala,\n se encuentra que al haber propuesto juicio ejecutivo la señora\n Consuelo Guerra Andrade, reclamando el pago del valor de una\n letra de cambio por quince millones de sucres al señor\n Diego Moreno Albán, en el Juzgado Primero de lo Civil,\n sobre cuya falsedad hay dos informes contradictorios, por sí\n solo no demuestra acuerdo fraudulento de los demandados, si se\n tiene en cuenta además que la falsedad o autenticidad\n de la letra de cambio debe discutirse y probarse en el juicio\n respectivo; por otra parte, la aseveración del actor Moreno\n Albán de que se demandó con la letra de cambio\n en el Juzgado Primero de lo Civil de Ibarra y se secuestró\n bienes

 

Change password



Loading..