Registro Oficial

Registro Oficial. 27 de FEBRERO del 2003

Jueves, 27 de febrero de 2003

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

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   MES DE FEBRERO DEL 2003
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Jueves, 27 de febrero del 2003 - R. O. No. 31

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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

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DR. JORGE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR

\n\n

 
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FUNCION\n EJECUTIVA

\n\n

DECRETOS:

\n\n

47 Nómbrase al señor\n Coronel Jorge Eudoro Naranjo Arciniega, delegado del Presidente\n de la República ante el Consejo Nacional de Aviación\n Civil

\n\n

51 Designase a los señores economista\n Patricio Enrique Johnson López y Angel Rodrigo Braganza\n Calderón e ingeniero Luis Edgar Santos Játiva,\n como delegados permanentes y Vocal Representante Permanente,\n respectivamente, del señor Presidente Constitucional de\n la República, ante el CONELEC

\n\n

56\n Nómbrase\n al señor doctor Edison Gustavo Chávez Vargas, Vocal\n Principal Representante del Presidente de la República\n ante el Directorio del Banco del Estado (BDE)

\n\n

72\n Nómbrase\n a la señora Rosa Elvira Mantilla Cobo, representante del\n Presidente de la República ante el Directorio de la Corporación\n Financiera Nacional

\n\n

84 Nómbrase al señor\n ingeniero José Palacio González, representante\n del Presidente de la República ante la Comisión\n de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del Río Guayas\n (CEDEGE)

\n\n

ACUERDO:

\n\n

MINISTERIO\n DE ECONOMIA Y FINANZAS:

\n\n

035 Delégase al Subsecretario\n de Presupuestos, para que en representación del Ministro\n de Economía, suscriba el informe favorable en base al\n cual la Presidencia de la República, autorizará\n los viajes al exterior

\n\n

RESOLUCIONES:

\n\n

DIRECCION\n NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL:

\n\n

03-03\n DNPI-IEPI Deléganse\n facultades a la doctora Vanessa Saltos Cisneros, Directora General\n Legal y Tutela Administrativa del IEPl

\n\n

SUPERINTENDENCIA\n DE BANCOS Y SEGUROS:

\n\n

Califícanse a\n varias personas para que puedan desempeñarse como perito\n avaluador o auditor interno de bienes inmuebles en el Banco Central\n del Ecuador o en las instituciones del sistema financiero, que\n se encuentran bajo control:

\n\n

SBS-DN-2003-099\n Arquitecto Mario\n Patricio Alvarez Mejía

\n\n

SBS-DN-2003-100 Ingeniero civil Juan Rosendo\n González Vásquez

\n\n

SBS-DN-2003-104\n Economista\n Marco Antonio Estrada Granja

\n\n

FUNCION\n JUDICIAL

\n\n

CORTE\n SUPREMA DE JUSTICIA
\n PRIMERA SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL:

\n\n

Recursos de casación\n en los juicio laborales seguidos por las siguientes personas:

\n\n

260-02 Ingeniero Patricio Miguel Daza Navarrete\n en contra de la Compañía Golden Land

\n\n

266-2002 Tito José Carrión Gallardo\n en contra de la Cooperativa Bananera de El Oro Banaoro

\n\n

267-2002\n Flor María\n Zeas Vidal en contra del Centro de Reconversión cou6mica\n del Azuay, Cañar y Morona Santiago, CREA

\n\n

268-2002 Manuel Yunga en contra de Segundo\n Castro y otra

\n\n

269-2002 José Enrique Navarrete Balladares\n es contra de Elizabeth Moreno Pérez viuda de Albring y\n otro

\n\n

271-02 Georgina Saldarriaga en contra de la Empresa\n Nacional de Productos Vitales (ENPROVIT)

\n\n

272-02 Didio Efrén Añazco Añazco\n en contra da Industrias Gaseosas El Oro Cía. Ltda. (INGAORO)

\n\n

273-02 Licenciado Filiberto Efraín Pantoja\n Morillo en contra de la Empresa de Seguridad Financiera y Comercial\n PROCURATOR S.A

\n\n

276-02 Jackson Mila Arroyo en contra da Autoridad\n Portuaria de Esmeraldas

\n\n

277-2002 Mario Hernández Guevara en contra\n de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Gran Colombia Ltda

\n\n

279-2002 Segundo Nolasco Anchundia Mero en contra\n de Autoridad Portuaria de la ciudad de San Pablo de Manta

\n\n

281-02\n Adelina\n María Almeida Almeida en contra del IESS

\n\n

285-2002 Narcisa Marilú Rivas Mera en contra\n de la Empresa Industria Ecuatoriana Productora de Alimentos INEPACA

\n\n

286-2002 José López Delgado en contra\n de Autoridad Portuaria de Manta

\n\n

287-2002 Luis Antonio Burgos Cali en contra de\n Autoridad Portuaria de Guayaquil

\n\n

293-02 María Lorena Calle Meneses en contra\n de la "Asociación de Ayuda Mutua y Sistema de Cesantía\n Privada de Profesores y Empleados del Colegio Técnico\n Humanístico Experimental Quito"

\n\n

300-02 Miguel Melquíades Chila Márquez\n en contra de Industrias PROPLASGO

\n\n

ACUERDO\n DE CARTAGENA

\n\n

DECISION:

\n\n

536 Marco general para la interconexión\n subregional de sistemas eléctricos e intercambio intracomunitario\n de electricidad

\n\n

RESOLUCIONES:

\n\n

672 Solicitud de la empresa Biofilm\n S.A. de Colombia para la aplicación de derechos antidumping\n a Importaciones andinas de película de polipropileno biorientado\n transparente comprendida en la subpartida NANDINA 3920.20.00,\n producida, distribuida o vendida por el Grupo Inteplast Ltda.\n o su División AmTopp

\n\n

673\n Precios\n de Referencia del Sistema Andino de Franjas de Precios para la\n primera quincena de diciembre de 2002, correspondientes a la\n circular No 185 del 18 de noviembre de 2002

\n\n

674 Recurso de reconsideración interpuesto\n por la República del Ecuador contra la Resolución\n 642 de la Secretaría General

\n\n

675 Solicitud del Gobierno de Ecuador para\n el diferimiento del Arancel Externo Común del "Algodón\n sin cardar ni peinar", correspondiente a la subpartida NANDINA\n 5201.00.00, por razones de Insuficiencia de oferta

\n\n

ORDENANZAS\n MUNICIPALES:

\n\n

- Cantón Echeandía: Que regula la determinación,\n administración, recaudación y control de tasa por\n el servicio de recolección de basuras y desechos sólidos\n

\n\n

-Cantón Azogues: Que establece la tasa para la\n licencia anual de funcionamiento de los establecimientos turísticos

\n\n

- Cantón San Juan Bosco\n (Morona Santiago):\n Que reglamenta la determinación, administración\n y recaudación de las tasas por servicios técnicos\n y administrativos
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\n\n

No. 47

\n\n

Lucio Gutiérrez Borbúa
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
\n REPUBLICA

\n\n

En ejercicio de la facultad que le confiere el Decreto-Ley\n 2000-1, publicado en el Registro Oficial 144 de 18 de agosto\n de 2000, que establece reformas a la Ley de Aviación Civil,

\n\n

Decreta:

\n\n

ARTICULO UNICO.- Nómbrase al señor Coronel\n Jorge Eudoro Naranjo Arciniega, delegado del Presidente de la\n República, ante el Consejo Nacional de Aviación\n Civil.

\n\n

Dado en el Palacio Nacional en Quito, a 23 de enero de 2003.

\n\n

f.) Lucio Gutiérrez Borbúa, Presidente Constitucional\n de la República.

\n\n

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

\n\n

f.) Patricio Acosta Jara, Secretario General de la Administración\n Pública.

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

No.51

\n\n

Lucio Gutiérrez Borbúa
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
\n REPUBLICA

\n\n

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Art. 14\n de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico,

\n\n

Decreta:

\n\n

Art. 1.- DESIGNAR a los señores: economista\n Patricio Enrique, Johnson López y Angel Rodrigo Braganza\n Calderón, como delegados permanentes del Presidente Constitucional\n de la República ante el Directorio del Consejo Nacional\n de Electricidad, CONELEC. El economista Patricio Enrique Johnson\n López presidirá el referido Directorio.

\n\n

Art. 2.- DESIGNAR al ingeniero Luis Edgar Santos Játiva,\n como Vocal Representante Permanente Constitucional de la República,\n ante el Consejo Nacional de Electricidad, CONELEC.

\n\n

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 23 de enero de 2003.

\n\n

f.) Lucio Gutiérrez Borbúa, Presidente Constitucional\n de la República.

\n\n

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

\n\n

f.) Patricio Acosta Jara, Secretario General de la Administración\n Pública.
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Nº 56

\n\n

Lucio Gutiérrez Borbúa
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
\n REPUBLICA

\n\n

En ejercicio de la facultad que le confiere la letra b) del\n artículo 138 de la Ley de Régimen Monetario y Banco\n del Estado,

\n\n

Decreta:

\n\n

ARTICULO UNICO.- Nómbrase al señor doctor\n Edison Gustavo Chávez Vargas, Vocal Principal representante\n del Presidente de la República ante el Directorio del\n Banco del Estado (BDE).

\n\n

Dado en el Palacio Nacional en Quito, a 24 de enero de 2003.

\n\n

f.) Lucio Gutiérrez Borbúa, Presidente Constitucional\n de la República.

\n\n

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

\n\n

f.) Patricio Acosta Jara, Secretario General de la Administración\n Pública.

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No. 72

\n\n

Lucio Gutiérrez Borbúa
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
\n REPUBLICA

\n\n

En ejercicio de la facultad que le confiere la letra a) del\n artículo 5 de la Ley de la Corporación Financiera\n Nacional,

\n\n

Decreta:

\n\n

ARTICULO UNICO.- Nómbrase a la señora\n Rosa Elvira Mantilla Cobo, representante del Presidente de la\n República ante el Directorio de la Corporación\n Financiera Nacional, quien la presidirá.

\n\n

Dado en el Palacio Nacional en Quito, a 27 de enero de 2003.\n

\n\n

f.) Lucio Gutiérrez Borbúa, Presidente Constitucional\n de la República.

\n\n

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

\n\n

f.) Patricio Acosta Jara, Secretario General de la Administración\n Pública.

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Nº 84

\n\n

Lucio Gutiérrez Borbúa
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
\n REPUBLICA

\n\n

En ejercicio de la facultad que le confiere\n la letra a) del artículo 4 de la Ley de Creación\n de la Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca\n del Río Guayas (CEDEGE),

\n\n

Decreta:

\n\n

ARTICULO UNICO.- Nómbrase al señor ingeniero\n José Palacio González, representante del Presidente\n de la República ante la Comisión de Estudios para\n el Desarrollo de la Cuenca del Río Guayas (CEDEGE).

\n\n

Dado en el Palacio Nacional en Quito, a 29 de enero de 2003.

\n\n

f.) Lucio Gutiérrez Borbúa, Presidente Constitucional\n de la República.

\n\n

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

\n\n

f.) Patricio Acosta Jara, Secretario General de la Administración\n Pública.

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\n\n

No. 035

\n\n

EL MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS

\n\n

Considerando:

\n\n

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 44, publicado en el Registro\n Oficial No. 11 de 30 de enero de 2003, se expidieron las Normas\n para el Incentivo Patriótico del Ahorro;

\n\n

Que el artículo 9 del mencionado decreto ejecutivo\n dispone que la Presidencia de la República, previo informe\n favorable emitido por el Ministro de Economía y Finanzas,\n concederá las autorizaciones para que los funcionarios\n de la Administración Pública viajen al exterior;

\n\n

Que de acuerdo con lo prescrito en los artículos 25\n de la Ley Orgánica de Administración Financiera\n y Control, 55 del Estatuto del Régimen Jurídico\n Administrativo de la Función Ejecutiva y 2 del Decreto\n Supremo No. 532, publicado en el Registro Oficial No. 62 de 23\n de septiembre de 1963, el Ministro de Economía y Finanzas,\n está facultado para delegar sus atribuciones a los funcionarios\n de su Portafolio; y,

\n\n

En ejercicio de la facultad que le confiere el artículo\n 179 numeral 6 de la Constitución Política de la\n República,

\n\n

Acuerda:

\n\n

Art. 1.- Delégase al Subsecretario de Presupuestos\n para que a nombre y en representación del Ministro de\n Economía y Finanzas, suscriba el informe favorable establecido\n en el inciso segundo del artículo 9 del Decreto Ejecutivo\n No. 44, en base al cual la Presidencia de la República,\n autorizará los viajes al exterior.

\n\n

Art. 2.- El presente acuerdo entrará en vigencia a\n partir de su suscripción sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial.

\n\n

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 12 de febrero\n de 2003.

\n\n

Comuníquese y publíquese.

\n\n

f.) Gilberto Pazmiño Arias, Ministro de Economía\n y Finanzas, Enc.

\n\n

Es copia.- Certifico.

\n\n

f.) Julio César Moscoso S., Secretario General del\n Ministerio de Economía y Finanzas.

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Nº 3-03 DNPI-IEPI

\n\n

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD
\n INDUSTRIAL

\n\n

Considerando:

\n\n

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo\n 359 de la Ley de Propiedad Intelectual, le corresponde a la Dirección\n Nacional de Propiedad Industrial administrar los procesos y resolver\n sobre el registro de marcas, nombres comerciales, lemas comerciales\n y demás signos distintivos, así como los trámites\n de tutela administrativa, de acuerdo con el artículo 333\n de la Ley de Propiedad Intelectual;

\n\n

Que el artículo 5 del Reglamento a la Ley de Propiedad\n Intelectual faculta a los directores nacionales a delegar funciones\n específicas a los funcionarios subordinados, a efecto\n de llevar a cabo una adecuada desconcentración de funciones;

\n\n

Que el artículo 55 del Estatuto del Régimen\n Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva\n faculta a las diversas autoridades de la administración\n a delegar en los órganos dé inferior jerarquía\n las atribuciones propias de sus cargos;

\n\n

Que con el fin de agilitar la administración de los\n trámites que son de competencia de la Dirección\n Nacional de Propiedad Industrial, os necesario implementar mecanismos\n para la desconcentración de funciones; y,

\n\n

En ejercicio de sus atribuciones legales,

\n\n

Resuelve:

\n\n

Artículo 1.- Delegar a la Dra. Vanessa Saltos\n Cisneros, Directora General Legal y Tutela Administrativa del\n IEPI, la facultad de:

\n\n

1. Disponer y ejecutar los actos administrativos y de simple\n administración en la sustanciación de los procesos\n administrativos de oposición a solicitudes de registros\n de marcas, nombres comerciales, lemas comerciales y otros signos\n distintivos.

\n\n

2. Tramitar los recursos de reposición en las solicitudes\n de registro de marcas y otros signos distintivos, para resolución\n del Director Nacional de Propiedad Industrial.

\n\n

3. Conocer y conceder o negar los recursos de revisión\n y apelación en las solicitudes de registro de marcas y\n otros signos distintivos.

\n\n

4. Conocer y resolver las solicitudes de transferencia, transmisiones,\n cambios de nombre del titular y cambios de domicilio, modificatorios\n del registro originario de marcas y otros signos distintivos.

\n\n

5. Conocer y resolver las solicitudes de registro de contratos\n de licencias y sublicencias de marcas y otros signos distintivos.

\n\n

6. Conocer y resolver las solicitudes de tutela administrativa\n en materia de propiedad industrial.

\n\n

Artículo 2.- De conformidad con lo dispuesto\n en el artículo 55 del Estatuto del Régimen Jurídico\n Administrativo de la Función Ejecutiva, publíquese\n esta resolución en el Registro Oficial.

\n\n

Dado en Quito, D.M., a 18 de febrero de 2003.

\n\n

f.) Dr. Mauricio Sánchez Ponce, Director Nacional de\n Propiedad Industrial (E).

\n\n

 

\n\n

 

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No. SBS-DN-2003-099

\n\n

Sonia Soria Samaniego
\n DIRECTORA DE NORMATIVIDAD

\n\n

Considerando:

\n\n

Que según lo dispuesto en el artículo 3, de\n la Sección I "Definiciones, requisitos, incompatibilidades\n y registro" del Capítulo II "Normas para la\n calificación y registro de peritos avaluadores",\n del Subtítulo IV "De las garantías adecuadas",\n del Título VII "De los activos y limites de crédito"\n de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia\n de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, corresponde a la\n Superintendencia de Bancos y Seguros calificar la idoneidad y\n experiencia del perito avaluador;

\n\n

Que el arquitecto Mario Patricio Alvarez Mejía, ha\n presentado la solicitud y documentación respectivas para\n su calificación como perito avaluador, las que reúnen\n los requisitos exigidos en las normas reglamentarias pertinentes;\n

\n\n

Que a la fecha de expedición de esta resolución\n el arquitecto Mario Patricio Alvarez Mejía no registra\n hechos negativos relacionados con central de riesgos, cuentas\n corrientes cerradas y cheques protestados; y,

\n\n

En ejercicio, de las facultades conferidas en la letra a)\n del artículo 17 de la Resolución ADM-2002-5984\n de 6 de agosto de 2002,

\n\n

Resuelve:

\n\n

Artículo 1.- Calificar al arquitecto Mario Patricio\n Alvarez Mejía, portador de la cédula de ciudadanía\n No. 170343211-0, para que pueda desempeñarse como perito\n avaluador de bienes inmuebles en el Banco Central del Ecuador,\n que se encuentra bajo control de la Superintendencia de Bancos\n y Seguros.

\n\n

Artículo 2.- Disponer que se incluya la presente resolución\n en el Registro de Peritos Avaluadores, se le asigne el número\n de registro No. PA-2003-383 y se comunique del particular a la\n Superintendencia de Compañías.

\n\n

Comuníquese y publíquese en el Registro Oficial.-\n Dada en la Superintendencia de Bancos y Seguros, en Quito, Distrito\n Metropolitano, el diez de febrero del dos mil tres.

\n\n

f.) Sonia Soria Samaniego, Directora de Normatividad.

\n\n

Lo certifico.- Quito, Distrito Metropolitano, el diez de febrero\n de dos mil tres.

\n\n

f.) Lic. Pablo Cobo Luna, Secretario General.

\n\n

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS.- Es fiel copia, lo certifico.-\n f.) Lcdo. Pablo Cobo Luna, Secretario General.- 13 de febrero\n de 2003.

\n\n

 

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No. SBS-DN-2003-0100

\n\n

Sonia Soria Samaniego
\n DIRECTORA DE NORMATIVIDAD

\n\n

Considerando:

\n\n

Que según lo dispuesto en el artículo 3, de\n la Sección I "Definiciones, requisitos, incompatibilidades\n y registro" del Capítulo II "Normas para la\n calificación y registro de peritos avaluadores",\n del Subtítulo IV "De las garantías adecuadas",\n del Título VII "De los activos y límites de\n crédito" de la Codificación de Resoluciones\n de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria,\n corresponde a la Superintendencia de Bancos y Seguros calificar\n la idoneidad y experiencia del perito avaluador;

\n\n

Que el ingeniero civil Juan Rosendo González Vásquez,\n ha presentado la solicitud y documentación respectivas\n para su calificación como perito avaluador, las que reúnen\n los requisitos exigidos en las normas reglamentarias pertinentes;

\n\n

Que a la fecha de expedición de esta resolución\n el ingeniero civil Juan Rosendo González Vásquez\n no registra hechos negativos relacionados con central de riesgos,\n cuentas corrientes cenadas y cheques protestados; y.

\n\n

En ejercicio de las facultades conferidas en la letra a) del\n artículo 17 de la Resolución ADM-2002-5984 de 6\n de agosto de 2002,

\n\n

Resuelve:

\n\n

Artículo 1.- Calificar al ingeniero civil Juan Rosendo\n González Vásquez, portador de la cédula\n de ciudadanía No. 170245954-4, para que pueda desempeñarse\n como perito avaluador de bienes inmuebles en las instituciones\n del sistema financiero, que se encuentran bajo control de la\n Superintendencia de Bancos y Seguros.

\n\n

Artículo 2.- Disponer que se incluya la presente resolución\n en el Registro de Peritos Avaluadores, se le asigne el número\n de registro No. PA2003-384 y se comunique del particular a la\n Superintendencia de Compañías.

\n\n

Comuníquese y publíquese en el Registro Oficial.-\n Dada en la Superintendencia de Bancos y Seguros, en Quito, Distrito\n Metropolitano, el once de febrero de dos mil tres.

\n\n

f.) Sonia Soria Samaniego, Directora de Normatividad.

\n\n

Lo certifico.- Quito, Distrito Metropolitano, el once de febrero\n del dos mil tres.

\n\n

f.) Lic. Pablo Cobo Luna, Secretario General.

\n\n

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS.- Es fiel copia, lo certifico.-\n f.) Lcdo. Pablo Cobo Luna, Secretario General.- 13 de febrero\n de 2003.

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No. SBS-DN-2003-0 104

\n\n

Sonia Soria Samaniego
\n DIRECTORA DE NORMATIVIDAD

\n\n

Considerando:

\n\n

Que según lo dispuesto en el artículo 84 de\n la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, corresponde\n a la Superintendencia de Bancos y Seguros calificar la idoneidad\n y experiencia del auditor interno;

\n\n

Que en el Subtítulo III "Auditorias" del\n Título VIII "De la contabilidad, información\n y publicidad" de la Codificación de Resoluciones\n de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria,\n consta el Capítulo II "Normas para la calificación\n de los auditores internos de las entidades sujetas al control\n de la Superintendencia de Bancos y Seguros";

\n\n

Que el economista Marco Antonio Estrada Granja, ha presentado\n la solicitud y documentación respectivas para su calificación\n como auditor interno, las que reúnen los requisitos exigidos\n en las normas reglamentarias pertinentes;

\n\n

Que a la fecha de expedición de esta resolución\n el economista Marco Antonio Estrada Granja no registra hechos\n negativos relacionados con central de riesgos, cuentas corrientes\n cenadas y cheques protestados; y,

\n\n

En ejercicio de las facultades conferidas en la letra a) del\n artículo 17 de la Resolución ADM-2002-5984 de 6\n de agosto de 2002, y ratificada con la Resolución No.\n ADM-2003-6 192 de 3 de febrero de 2003,

\n\n

Resuelve:

\n\n

Artículo 1.- Calificar al economista Marco Antonio\n Estrada Granja, portador de la cédula de ciudadanía\n No. 170120734-0, para que pueda desempeñarse como auditor\n interno en las instituciones del sistema financiero, que se encuentran\n bajo el control de esta Superintendencia de Bancos y Seguros.

\n\n

Artículo 2.- Disponer que se incluya la presente resolución\n en el Registro de Auditores Internos y se comunique del particular\n a la Superintendencia de Compañías.

\n\n

Comuníquese y publíquese en el Registro Oficial-Dada\n en la Superintendencia de Bancos y Seguros, en Quito, Distrito\n Metropolitano, el doce de febrero del dos mil tres.

\n\n

f.) Sonia Soria Samaniego, Directora de Normatividad.

\n\n

Lo certifico.- Quito, Distrito Metropolitano, el doce de febrero\n de dos mil tres.

\n\n

f.) Lic. Pablo Cobo Luna, Secretario General.

\n\n

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS.- Es fiel copia, lo certifico.-\n f.) Lcdo. Pablo Cobo Luna, Secretario General.- 13 de febrero\n de 2003.

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No. 260-02

\n\n

JUICIO DE TRABAJO QUE SIGUE PATRICIO\n DAZA CONTRA GOLDEN LAND.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n PRIMERA SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL

\n\n

Quito, noviembre 19 de 2002; las 09h10.

\n\n

VISTOS: En el juicio seguido por el Ing. Patricio Miguel Daza\n Navarrete en contra de la Compañía Golden Land,\n la Segunda Sala de la Corte Superior de Ibarra, al reformar el\n fallo del Juez Provincial del Trabajo de Imbabura, acepta parcialmente\n la acción propuesta. De este pronunciamiento el actor\n estimando infringidos los Arts. 7, 14, 55, 95 y 188 del Código\n del Trabajo e invocando las causales 1ª y 3ª del\n Art. 3 de la Ley de Casación, formula el recurso de esta\n naturaleza; y, por su parte, el demandado, afirmando que se han\n violentado los Arts. 8, 9, 10, 181, 188 y 577 del Código\n del Trabajo; y Arts. 117 y 119 del Código de Procedimiento\n Civil, con fundamento en las causales 1ª y 3ª del\n Art. 3 de la Ley de Casación, impugna la decisión\n adoptada. Una vez radicada, por sorteó la competencia\n en este Tribunal, para resolver, se considera: PRIMERO.- Analizada\n la sentencia impugnada, esta Sala estima que los recursos propuestos\n carecen de fundamento legal pues, aparece que en ella se ha realizado\n un estudio pormenorizado, que esta Sala comparte por aceptados,\n de las justificaciones aportadas por las partes de acuerdo con\n lo previsto en el Art. 119 del Código de Procedimiento\n Civil; ya que esta disposición determina que la prueba\n debe ser apreciada en su totalidad, de acuerdo con las reglas\n de la sana crítica, facultad que se otorga a los jueces\n para examinar las justificaciones razonadamente, lo cual ha llevado\n a quienes la suscribieron a la convicción de la existencia\n del despido intempestivo; y, además, como el empleador\n no ha cumplido con sus obligaciones en los términos del\n Art. 42 numeral 10 del cuerpo de leyes de la materia, debe satisfacer\n los rubros conforme a la resolución adoptada. En tal virtud\n y no existiendo en la decisión atacada los vicios que\n acusan los recurrentes, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA\n REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se desechan las impugnaciones\n formuladas. Notifíquese y devuélvase.

\n\n

Fdo.) Dres. Hugo Quintana Coello, Jaime Velasco Dávila\n y Miguel Villacís Gómez.

\n\n

Lo que comunico a usted para los fines de ley.

\n\n

f.) La Secretaria.

\n\n

 

\n\n

No. 266-2002

\n\n

JUICIO LABORAL QUE SIGUE TITO CARRION\n CONTRA BANAORO.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n PRIMERA SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL

\n\n

Quito, noviembre 19 de 2002; las 09h20.

\n\n

VISTOS: En el juicio seguido por Tito José Carrión\n Gallardo, en contra de la Cooperativa Bananera de El Oro, BANAORO,\n la Segunda Sala de la Corte Superior de Machala, al revocar la\n sentencia dictada por la Jueza Segunda del Trabajo de El Oro,\n dispone que la empresa demandada pague al actor "la pensión\n por jubilación en los términos del Art. 219 del\n Código del Trabajo, tomando en cuenta además, que\n es beneficiario de doble jubilación a partir de mayo de\n 1998...". De esta decisión, José Miguel Pacheco\n Ordóñez y Antonio Espinoza, anteriores Presidente\n y Gerente de BANAORO, por sus propios derechos y Wilber Mancero\n Ramos y Efraín Peña Arce, actuales Gerente y Presidente\n de la Cooperativa Bananera El Oro, BANAORO, interponen recurso\n de casación, y su conocimiento, mediante sorteo ha correspondido\n a este Tribunal, el cual para resolver, considera: PRIMERO.-\n Los recurrentes, impugnan el pronunciamiento, aduciendo que éste\n viola, los Arts. 219, 188 del Código del Trabajo; y, los\n Arts. 117, 118 y 119 del Código de Procedimiento Civil\n e invocan las causales 1ª y 3ª del Art. 3 de la Ley\n de Casación. SEGUNDO.- El vinculo laboral existente entre\n el accionante y la empresa demandada se encuentra demostrado\n con el acta de finiquito de fs. 18 y con el acuerdo de reconocimiento\n otorgado a Tito Carrión Gallardo por haber laborado veinticinco\n años en la Cooperativa Bananera de El Oro "BANAORO"\n cuyas copias certificadas constan a fs. 1, 13 y 46. TERCERO.-\n La Corte Suprema de Justicia, ha reiterado que la jubilación,\n es una prestación de carácter eminentemente social,\n de consiguiente a más de ser imprescriptible es intangible,\n no susceptible de solución anticipada o convenio que podría\n significar renuncia de derechos del trabajador; además\n se trata de una prestación de tracto sucesivo, lo cual\n se deduce el contenido de la regla segunda del Art. 219 del Código\n del Trabajo, cuando la misma se refiere a "pensión\n mensual de jubilación". CUARTO.- Analizada la sentencia\n y su impugnación, se concluye que, la misma ha sido dictada\n en términos legales; toda vez que, el Art. 119 del Código\n de Procedimiento Civil, establece que la prueba debe ser apreciada\n en su totalidad, disposición que señala que se\n lo hará "de acuerdo con las reglas de la sana crítica",\n facultad que se otorga a los jueces para analizar las pruebas\n razonadamente, lo cual ha llevado a quienes la suscribieron a\n la convicción de que el trabajador ha laborado por veinticinco\n años, parecer con el que coincide este órgano jurisdiccional\n colegiado, por lo que tiene derecho a que se le satisfagan las\n pensiones jubilares en los términos expuestos en el fallo\n que se analiza. En tal virtud, al no existir los errores enunciados,\n ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD\n DE LA LEY, se desecha la impugnación formulada Notifíquese\n y devuélvase.

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Fdo.) Dres. Hugo Quintana Coello, Jaime Velasco Dávila\n y Miguel Villacís Gómez.

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Certifico.- Dra. María Consuelo Heredia Y., Secretaria.\n

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Es fiel copia de su original.

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Quito, 20 de diciembre de 2002.

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f.) Secretaria de la Primera Sala de lo Laboral y Social,\n Corte Suprema de Justicia.

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No. 267-2002

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JUICIO LABORAL QUE SIGUE FLOR ZEAS CONTRA\n CENTRO DE RECONVENCION ECONOMICA DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA\n SANTIAGO - CREA.

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n PRIMERA SALA DE LO LABORAL .Y SOCIAL

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Quito, octubre 29 de 2002; las 09h30.

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VISTOS: De fojas 8 a 11 del segundo cuaderno, la Primera Sala\n de la Corte Superior de la ciudad de Santa Ana de Cuenca dictó\n sentencia confirmando en lo principal el fallo parcialmente estimatorio\n emitido en el primer nivel jurisdiccional. En desacuerdo con\n este pronunciamiento el ingeniero comercial Carlos Fernández\n de Córdova, Director Ejecutivo del Centro de Reconversión\n Económica del Azuay, Cañar y Morona Santiago -CREA-\n planteó recurso de casación. Todo lo relatado ocurre\n dentro del juicio especial, singular y de índole laboral\n que sigue la señora Flor Maria Zeas Vidal, en contra de\n la prenombrada entidad, en la interpuesta persona del entonces\n representante legal de aquella ingeniero Augusto Luis Tosi León,\n a quien emplazó igualmente por sus propios y personales\n derechos. Encontrándose radicada la competencia en esta\n Sala, habiéndose dado cumplimiento a lo estatuido en el\n artículo 11 de la ley de la materia y siendo el estado\n del debate el de dirimir, para hacerlo se considera: PRIMERO.-\n El personero de la parte accionada al patentizar su censura y\n reproche contra la decisión de instancia, manifiesta que\n en aquella no han sido considerados los siguientes preceptos\n jurídicos: el artículo 35 inciso segundo de la\n Carta Política del Estado, los artículos 1488 1588\n del Código Civil, los artículos 67, 75 y 76 del\n Estatuto del Régimen Jurídico-Administrativo de\n la Función Ejecutiva, los artículos 1 y el 4 inciso\n 11 de la Ley de Contratación Pública y los artículos\n 118, 119 y 278 del Código de Procedimiento Civil. Funda\n su impugnación en causal 1ª del artículo\n 3 del la Ley de Casación. SEGUNDO.- Al argumentar a favor\n de su pretensión expresa el ingeniero comercial Carlos\n Fernández de Córdova: A) Que en la sentencia de\n alzada se ha omitido considerar el inciso 20 del artículo\n 35 de la Ley Suprema del Estado que señala que las relaciones\n de las instituciones comprendidas en los numerales 1, 2. 3 y\n 4 del artículo 118 de las personas jurídicas creadas\n por ley para el ejercicio de la potestad estatal con sus servidores,\n se sujetarán a las leyes que regulan la Administración\n Pública, salvo los obreros que estarán amparados\n por el derecho del trabajo; B) Que por mandato constitucional\n el CREA (Entidad adscrita a la Presidencia de la República)\n para contratar servicios debe necesariamente y por imperativo\n legal sujetarse a las leyes que rigen a la Administración\n Pública y a su reglamento general, a la Ley Orgánica\n de la Administración Financiera y Control, Ley de Presupuestos,\n entre otras, que determinan los procedimientos precontractual\n y contractual y que dichas normas jurídicas se han cumplido\n previo a la suscripción de los contratos de servicios\n entre la actora y el CREA y, que además estas últimas\n disposiciones legales que precisa tampoco han sido aplicadas\n en la sentencia de la que recurre; C) Que los magistrados sentenciadores\n interpretan erróneamente el artículo 8 del Código\n del Trabajo; pues, las obligaciones de las partes (CREA - contratista)\n plasmadas en los contratos de servicios obedecen a disposiciones\n que necesariamente deben establecerse en un contrato de esta\n naturaleza, como por ejemplo el hecho de exigir la presentación\n de garantías, permiten asegurar del contratista el cumplimiento\n de las obligaciones acordadas con la contratante, puesto que\n el incumplimiento permite a la entidad ejecutarlas, previo un\n procedimiento establecido en la propia Ley de Contratación\n Pública (sic); D) Que asimismo constan cláusulas\n referentes a las causas de terminación unilateral, las\n mismas que se encuentran contempladas en la ley. Que éstas\n y otras cláusulas nada tienen que ver con un contrato\n laboral, cuya naturaleza es totalmente diferente y para lo cual\n es indispensable en primer término la existencia de la\n partida presupuestaria, que como se ha demostrado en la etapa\n de prueba carece el CREA para instructores que es la denominación\n que se atribuye a la actora; E) Que lo que acaba de expresar,\n no ha sido analizado por los ministros de la Sala de apelación\n y por el contrario, se fundamentan en un criterio exteriorizado\n por los señores ministros del Tribunal de lo Contencioso\n Administrativo, que sostienen que los contratos firmados entre\n el CREA y la actora son de índole laboral, parecer que\n por provenir de un órgano judicial incompetente no puede\n servir para ser acogido, como indebidamente se lo ha hecho en\n el caso presente; F) Que igualmente, en la resolución\n que denuncia se aplican indebidamente las disposiciones de los\n artículos 1488 y 1588 del Código Civil, que determinan\n los requisitos que debe tener todo contrato para que sea válido\n y, que aquellos son precisamente los que reúnen los contratos\n suscritos entre el CREA y la actora, cumpliéndose para\n ello el procedimiento establecido por la Ley de Contratación\n Pública para un contrato de servicios, el mismo que de\n afectar los derechos de la contratista jamás debía\n haber sido firmado por ésta, o en su defecto, debía\n haber solicitado que sean declarados nulos; y, G) Que en función\n de tales contratos han sido satisfechas todas las obligaciones\n constantes en los mismos, sin que por parte del CREA exista incumplimiento\n alguno. Concluye su exposición el ingeniero comercial\n Carlos Fernández de Córdova pidiendo que se acepte\n su recurso y se declare sin lugar la demanda presentada por la\n contraparte. TERCERO.- Resumida en los términos que han\n quedado consignados en los considerandos precedentes, la inconformidad\n y oposición de la parte demandada y confrontada ésta\n con la sentencia de alzada, este órgano jurisdiccional\n colegiado para solventar la controversia apunta las siguientes\n precisiones: A) Pocas veces en la historia de la Función\n Judicial se ha presentado ante su máximo Tribunal un recurso,\n en este caso de casación con tal grave, notorio y censurable\n desconocimiento de elementales cuestiones de orden legal; B)\n En la especie, es incontrastable y ello lo infiere aun un estudiante\n de derecho, la vinculación jurídica que unió\n a los ahora debatientes es de índole total y absolutamente\n laboral; C) De esta situación, sorprendentemente no se\n ha percatado quien ejerce la asesoría jurídica\n de la persona moral accionada, al sostener de manera irreflexiva\n y temeraria que la vinculación jurídica que unió\n a las partes estuvo regida, aunque parezca increíble decirlo,\n por la Ley de Contratación Pública; D) Al respecto,\n se le hace conocer a la persona que ejerce la asesoría\n jurídica del CREA que la ley que acaba de mencionarse,\n tiene su ámbito de acción en la realización\n de obras públicas, tales como calles, puentes, edificios,\n carreteras, etc., etc., pero en ningún caso sus dictados\n abarcan a un nexo de orden laboral, tan claro, como es el que\n unió a los ahora contendientes; y, E) Por otra parte,\n también se le hace conocer a la parte accionada que en\n el mundo del derecho las cosas, los actos y los contratos tienen\n el nombre y eficacia que Les otorga su naturaleza y esencia jurídica\n y no el nombre que ad líbitum, o por ignorancia pretendan\n darles las partes interesadas, máxime cuando en tal actitud\n se advierte el proditorio propósito de eludir las leyes,\n como ha ocurrido en el presente caso en que en los numerosos\n contratos que ha suscrito la trabajadora se ha pretendido que\n su remuneración se pague bajo el epígrafe de "honorarios",\n y que la jurisdicción a la que se sometan las partes sea\n la civil, o que a la trabajadora se la designe como contratista,\n etc. Por las consideraciones que preceden y sin que sea necesario\n añadir otras, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA\n Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se rechaza por improcedente el recurso\n promovido. Sin costas. Publíquese, notifíquese\n y devuélvase.

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Fdo.) Dres. Hugo Quintana Coello, Jaime Velasco Dávila\n y Miguel Villacís Gómez.

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Certifico.- Dra. María Consuelo Heredia Y., la Secretaria.\n

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Quito, octubre 30 de 2002.- La Secretaria.- Dra. María\n Consuelo Heredia Y.

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Es fiel copia de su original-Quito, II de noviembre de 2002.

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f.) Secretaria de la Primera Sala de lo Laboral y Social,\n Corte Suprema de Justicia.

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No. 268-2002

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JUICIO LABORAL QUE SIGUE MANUEL YUNGA\n CONTRA SEGUNDO CASTRO.

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n PRIMERA SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL

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Quito, noviembre 25 de 2002; las 09h30.

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VISTOS: El presente proceso ha llegado a esta Sala en virtud\n del recurso de casación deducido a fs. 8 y vta., del cuaderno\n de última instancia por los demandados Segundo Castro\n y Mercy Gonzabay respecto de la sentencia dictada en ese nivel\n por la Segunda Sala de la W Corte Superior de Justicia de Machala,\n confirmatoria de la que en su oportunidad dictó el Juez\n Décimo Séptimo de lo Civil de El Oro declarando\n con lugar la demanda dirigida por Manuel Yunga, en contra de\n los recurrentes. Siendo el estado del proceso el de resolver\n sobre el recurso planteado, para hacerlo, se considera: PRIMERO.-\n La competencia de la Sala se encuentra establecida y asegurada\n por el sorteo de ley, cuya razón actuarial consta a fs.\n 1 del cuaderno de este nivel y de conformidad con el Art. 1 de\n la Ley de Casación. SEGUNDO.- En el escrito que contiene\n su recurso, los casacionistas puntualizan las normas que a -su\n juicio han sido infringidas en La sentencia que impugnan, y así\n mismo lo fundan en la causal 30 del Art. 3 de la Ley de Casación,\n fundamentándolo en síntesis, en los siguientes\n términos: que al emitirse la sentencia de segunda instancia\n no se observa, ni siquiera como referencia, la prueba testifical\n presentada por los demandados con la que se deja establecida\n la falta de relación laboral permanente; que en cuanto\n al tiempo de servicio y al salario percibido, dicha prueba testifical\n acredita que el actor fue jornalero eventual, y que en La inspección\n judicial se constató la condición de pequeños\n productores de los demandados que no les permite tener un trabajador\n permanente, pues ellos mismos realizan los trabajos y que utilizan\n personal eventual para los embarques. TERCERO.- Del análisis\n practicado a las actuaciones que obran de autos en lo relativo\n a la impugnación de la sentencia, esta Sala encuentra\n lo siguiente: En el fondo, la relación laboral no ha sido\n negada por los demandados, antes bien, expresamente la aceptaron\n especialmente en la audiencia de conciliación, fs. 6 y\n vta., aunque dándole el carácter de eventual, al\n trabajador en las cuadrillas de embarque o trabajos agrícolas,\n agregando que lo hacían también para otros productores.\n Pues bien, el Código del Trabajo dispone, aceptando entre\n otras modalidades el contrato de trabajo eventual, Art. 17, que\n el mismo se celebrará, obligatoriamente por escrito, Art.\n 19, literal g), y que en el mismo deberán consignarse\n necesariamente cláusulas sobre la clase de trabajo, unidades\n de tiempo o le obras, etc., remuneración y forma de pago,\n tiempo de duración del contrato, lugar en que debe ejecutarse\n e mismo, etc. Esto era lo que tenía que probar la parte\n demandada con arreglo a lo dispuesto en el Art. 117, inciso 30\n del Código de Procedimiento Civil; es decir, exhibir el\n contrato escrito de trabajo eventual que invocó al contestar\n la demanda y mantuvo a lo largo del proceso, pero no lo hizo.\n Este antecedente, el reconocer la relación la parte demandada,\n y no probar de manera alguna su modalidad de eventual, era suficiente\n para que los juzgadores de instancia den como probada tal relación,\n por tiempo indefinido, prueba que es reforzada por los testimonios\n que refiere la sentencia impugnada y el hecho de que en la misma\n no se haya expresado la valoración de la prueba testifical\n presentada por la parte demandada no es sustento de la impugnación\n que de la misma se hace, pues ese es un derecho del Juez, de\n acuerdo al Art. 119, inciso 20 del Código de Procedimiento\n Civil. Según lo expresado, habiéndose centrado\n el recurso de casación en que la relación laboral\n entre los litigantes era de carácter eventual y no ha\n tiempo indefinido, como se probó, la Sala de instancia\n no ha infringido en su sentencia ninguna de las disposiciones\n legales invocadas por los recurrentes, por lo que esta Primera\n Sala de Lo Laboral y Social, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE\n DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, desecha el recurso\n al que se refiere la presente providencia. Notifíquese\n y devuélvase.

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Fdo.) Dres. Hugo Quintana Coello, Jaime Velasco Dávila\n y Miguel Villacís Gómez.

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Certifico.- Dra. Maria Consuelo Heredia Y., Secretaria.

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Es fiel copia de su original.

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Quito, 13 de diciembre de 2002.

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f.) Secretaria de la Primera Sala de lo Laboral y Social,\n Corte Suprema de Justicia.

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No. 269-2002

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JUICIO LABORAL QUE SIGUE JOSE NAVARRETE\n CONTRA ELIZABETH MORENO.

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n PRIMERA SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL

\n\n

Quito, diciembre 3 de 2002; las 09h40.

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VISTOS: En el juicio seguido por José Enrique Navarrete\n Balladares en contra de los copropietarios del Edificio San Francisco,\n representados por Elizabeth Albring y doctor Julio Guijarro,\n la Tercera Sala de la Corte Superior de Quito, al revocar el\n fallo de la Jueza Quinta del Trabajo, desecha la demanda. De\n esta resolución, el demandante interpone recurso de casación.\n Una vez radicada, por sorteo, La competencia en este Tribunal,\n para resolver, se considera: PRIMERO.- El recurrente estima infringidos\n los Arts. 121, 129 y 135 del Código de Procedimiento Civil\n y los Arts. 42 numeral 10 y 592 del Código del Trabajo,\n fundando su censura en las causales 1ª y 3ª del Art.\n 3 de la Ley de Casación. SEGUNDO.- El vínculo contractual\n entre el demandante y los copropietarios del Edificio San Francisco,\n se encuentra demostrado con la contestación a la demanda,\n así como con el carné de afiliación al IESS.\n TERCERO.- Analizada la sentencia y su impugnación, aparece\n que se ha dado pleno valor a las fotocopias simples de un acta\n de finiquito y de un cheque, incorporados en segunda instancia\n por la demandada Elizabeth Moreno Vda. de Albring, con el escrito\n de fs. 5 de ese cuaderno; los cuales no pueden ser tomados en\n cuenta por extemporáneos al contravenir lo previsto en\n el Art. 121 del Código de Procedimiento Civil. CUARTO.-\n Si bien es verdad que el accionante por, no haber comparecido\n ha rendir su confesión fue declarado confeso; como consta\n de la providencia de 18 de enero de 2001, de fs. 43 vta del primer\n cuaderno, sin embargo no han sido calificados previamente los\n pliegos de absoluciones. QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto\n en el Art. 42 numeral 10 del Código del Trabajo, justificada\n la relación laboral incumbe a la parte empleadora por\n el

 

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