Registro Oficial. 22 de NOVIEMBRE del 2002

Viernes, 22 de noviembre de 2002

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

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   MES DE NOVIEMBRE DEL 2002
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Viernes, 22 de noviembre del 2002 - R. O. No. 710

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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

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DR. JORGE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR

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FUNCION\n EJECUTIVA

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DECRETO:

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3318 Modificase a cero por ciento\n (0%) ad-valorem el nivel arancelario para la primera nómina\n de subpartidas NANDINA.

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FUNCION\n JUDICIAL

\n\n

CORTE\n SUPREMA DE JUSTICIA
\n PRIMERA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL:

\n\n

Recursos de casación\n en los juicios seguidos por las siguientes personas:

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194-2002 Doctor Nelson Quirola en contra\n de Julio César Sánchez Montúfar y otra.

\n\n

196-2002 Janeth Irlanda Verdesoto Jiménez\n en contra de Rafael Javier Monar Coello.

\n\n

197-2002 Pedro Enrique Vallejo Jarrín y\n otra en contra de Luis Ernesto Erazo y otra..

\n\n

200-2002 Maria Dolores Siguencia Espinosa en contra\n de José Antonio Siguencia Fernández y otra

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TRIBUNAL\n CONSTITUCIONAL

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RESOLUCIONES:

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002-2002-DI\n Declárase\n Inconstitucional por el fondo, con carácter general y\n obligatorio, el artículo 153 de la Ley General de Instituciones\n del Sistema Financiero.

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004-2002-TC Deséchase la demanda\n de Inconstitucionalidad de varios puntos de la Resolución\n de la Junta Bancaria N0 JB-2001-368, publicada en el Registro\n Oficial N° 422 de 28 de septiembre del 2001

\n\n

028-2002-TC Declárase la inconstitucionalidad\n por el fondo del artículo 40 del Reglamento a la Ley General\n de Elecciones.

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355-2002-RA Revócase la resolución\n del Juez de instancia y concédese el amparo solicitado\n por la señora Bielca Gil Quezada y déjase sin efecto\n las resoluciones del 5 de marzo y 22 de abril del 2002 dentro\n del expediente N0 4342-2000\n

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N0\n 3318

\n\n

Gustavo Noboa Bejarano
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
\n REPUBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que de conformidad con el artículo 243 de la Constitución\n Política de la República es un objetivo permanente\n de la economía, entre otros, el incremento y la diversificación\n de la producción orientados a la oferta de bienes y servicios\n de calidad que satisfagan las necesidades del mercado interno,\n así como, la competitividad de la producción nacional,\n en virtud de lo cual, es conveniente y oportuno estimular la\n importación de bienes de capital y de insumos indispensables\n para el desarrollo de las actividades productivas;

\n\n

Que el Acuerdo de Cartagena en su artículo 94 faculta\n a los países miembros de la Comunidad Andina a diferir\n la aplicación del Arancel Externo Común para la\n importación de productos que no se producen en la subregión;

\n\n

Que la Decisión 534 de la Comisión de la Comunidad\n Andina, publicada en la Gaceta Oficial 854 de 16 de octubre del\n 2002, artículo 1, tercer párrafo y artículo\n 2, permite a los países miembros diferir el Arancel Externo\n Común hasta un nivel de 0% para el caso de materias primas\n y bienes de capital no producidos a nivel subregional;

\n\n

Que la Resolución 620 de la Secretaria General de la\n Comunidad Andina, emitida el 9 de mayo del 2002, contiene la\n Nómina de Bienes No Producidos en la Subregión;

\n\n

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 2429, publicado en el Suplemento\n del Registro Oficial No. 547 de 3 de abril del 2002, se expidió\n el nuevo Arancel Nacional de Importaciones, sobre la base de\n la Decisión 507 de la Comisión de la Comunidad\n Andina;

\n\n

Que mediante Resolución No. 144, el Consejo de Comercio\n Exterior e Inversiones, en sesión de 15 de abril del 2002,\n emitió dictamen favorable para el diferimiento arancelario\n a cero por ciento (0%) ad valorem de 1650 subpartidas NANDINA\n (Decisión 507) de bienes no producidos en la subregión,\n que constan en el anexo a dicha resolución;

\n\n

Que según consta del informe técnico No. DM-SPE-2002-098\n remitido por el Subsecretario de Política Económica\n al Ministro de Economía y Finanzas, el Ministerio de Comercio\n Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad y\n el Ministerio de Agricultura y Ganadería han priorizado\n las partidas arancelarias que podrían diferirse al 0%,\n de entre las partidas que constan en el anexo a la Resolución\n No. 144 del COMEXI;

\n\n

Que el Ministro de Economía y Finanzas mediante oficio\n No. 6425-SCG-2002 de 28 de octubre de 2002 señala que\n se ha previsto que la aplicación del nivel arancelario\n del 0% para las subpartidas NANDINA priorizadas por el Ministerio\n de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad,\n y por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, de entre\n las subpartidas que constan en el anexo a la Resolución\n No. 144 del COMEXI, será compensada con el aumento de\n la recaudación fiscal por el concepto de IVA, como consecuencia\n del incremento de la producción por efecto de la desgravación\n arancelaria para materias primas y bienes de capital; y,

\n\n

En ejercicio de las facultades que le confieren el último\n inciso del artículo 257 de la Constitución Política\n de la República y el artículo 15 de la Ley Orgánica\n de Aduanas,

\n\n

Decreta:

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Artículo 1.- Modificase a cero por ciento (0%)\n ad-valorem el nivel arancelario para la primera nómina\n de subpartidas NANDINA que constan en el anexo al presente decreto.\n

\n\n

Artículo 2.- De la ejecución del presente\n decreto, que entrará en vigencia a partir de la fecha\n de su publicación en el Registro Oficial, encárguense\n los ministros de Economía y Finanzas y Comercio Exterior,\n Industrialización, Pesca y Competitividad.

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Dado en el Palacio Nacional, Distrito Metropolitano de Quito,\n a 11 de noviembre del 2002.

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f.) Gustavo Noboa Bejarano, Presidente Constitucional de la\n República.

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f.) Francisco Arosemena Robles, Ministro de Economía\n y Finanzas.

\n\n

f.) Heinz Moeller Freile, Ministro de Comercio Exterior, Industrialización,\n Pesca y Competitividad (E).

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Es fiel copia del original.- Lo certifico.

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f.) Ing. Jorge Barros Sempértegui, Secretario General\n de la Administración Pública (E).

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PRIMERA NOMINA DE INSUMOS; MATERIAS
\n PRIMAS Y BIENES DE CAPITAL NO PRODUCIDOS
\n EN LA COMUNIDAD ANDINA CUYO ARANCEL SE DIFIERE AL 0 %

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No. 194-2002

\n\n

Dentro del juicio ordinario No. 69-2002\n que por nulidad de contrato de promesa de compra venta sigue\n el doctor Nelson Quirola, en su calidad de procurador judicial\n de Theresa Judith Torres de Lescaro en contra de Julio César\n Sánchez Montúfar y Ana Luisa Navarrete Grijalva,\n se ha dictado lo siguiente:

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n PRIMERA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

\n\n

Quito, septiembre 23 del 2002. Las 09h30.
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\n\n

VISTOS: Julio Cesar Sánchez Montúfar y Ana Luisa\n Navarrete Grijalva deducen recurso de casación contra\n la sentencia dictada por la Quinta Sala de la Corte Superior\n de Quito, en el juicio ordinario que sigue el doctor Nelson Quirola,\n en su calidad de procurador judicial de Theresa Judith Torres\n de Lecaro en contra de los recurrentes. Aducen que en la sentencia\n se ha transgredido el artículo 119 del Código de\n Procedimiento Civil y los artículos 1513, numeral 3ero.\n y 1769 del Código Civil.- Fundamentan el recurso en las\n causales tercera y primera del artículo 3 de la Ley de\n Casación.- Por concedido el recurso sube a la Corte Suprema\n de Justicia y se radica la competencia, por el sorteo de ley,\n en esta Primera Sala de lo Civil y Mercantil, la que en providencia\n de 9 de abril del 2002, acepta a trámite el recurso. Concluída\n la sustanciación, atento el estado de la causa, para resolver\n se considera: PRIMERO.- Como ha resuelto esta Sala en innumerables\n casos los límites del ámbito dentro del cual puede\n actuar el Tribunal de Casación está dado por los\n propios recurrentes. Este no puede rebasar esos límites\n aunque advierta que en la sentencia recurrida existan otros vicios\n acerca de los cuales no versa el recurso deducido. Por el principio\n dispositivo que regula el recurso de casación, el Tribunal\n no puede actuar oficiosamente, salvo que encontrare que en el\n proceso se han omitido presupuestos que impiden al juzgador pronunciar\n sentencia de fondo o mérito de la controversia, tales\n como la omisión de solemnidades sustanciales comunes a\n todos los juicios e instancias no susceptibles de saneamiento,\n la violación del trámite correspondiente a la naturaleza\n del asunto o al de la causa que se está juzgando que hubiere\n influido o pudiere influir en la decisión de la causa,\n así como también falta de contradictor legitimo.\n En esta virtud, en el presente recurso esta Sala se limitará\n al análisis de las acusaciones de los recurrentes de que\n en la sentencia se han transgredido: el artículo 119 del\n Código de Procedimiento Civil y los artículos 1513\n numeral 3ero. y 1679 del Código Civil. SEGUNDO.- Los recurrentes,\n con respaldo en la causal tercera del artículo 3 de la\n Ley de Casación, acusan a la sentencia recurrida que adolece\n del vicio de yerro probatorio, en estos términos: "La\n errónea interpretación del artículo 119\n del Código de Procedimiento Civil, se ha producido en\n razón de que la sentencia de mayoría, si bien ha\n apreciado las pruebas actuadas en el proceso referentes a la\n nulidad absoluta del contrato privado de promesa de compraventa\n firmado el 30 de julio de 1993 yerra en la valoración\n legal de tales pruebas en su conjunto en razón de que\n no son aplicables por ajenas a la litis, las normas relativas\n a la nulidad del contrato de promesa de compraventa, porque éste\n nada tiene que ver con la seña entregada, como lo admite\n expresamente el mandatario de la actora en el libelo de la demanda.\n Asimismo, la sentencia de mayoría no ha valorado la naturaleza\n de la seña entregada para asegurar la reserva y posterior\n venta del inmueble, como lo hace acertadamente el señor\n doctor Jorge Cevallos Salas en su voto salvado, que confiere\n a dicha seña los efectos que señala el Art. 1769\n del Código Civil, por lo que no procede la devolución\n demandada de la seña por cuanto la actora es quien se\n retracté de perfeccionar la compraventa del mencionado\n inmueble.". TERCERO.- Los recurrentes, en la fundamentación,\n transcrita en el considerando precedente, al igual que lo hacen\n en todo el proceso, admiten expresamente que el contrato de promesa\n de compraventa celebrado en instrumento privado es nulo y de\n nulidad absoluta, y que la actora les entregó la cantidad\n de dos mil dólares. Estos dos asuntos, entonces, quedan\n fuera de discusión. La disconformidad de la parte demandada\n se concreta en la alegación de que los dos mil dólares\n les fueron entregados por la señora Teresa Torres aparte\n o independientemente del contrato de promesa de compraventa.\n CUARTO. - Es frecuente en la vida práctica que quienes\n desean celebrar un contrato de compraventa no puedan hacerlo\n de inmediato, por faltar algún requisito o por otras circunstancias\n que no es posible solucionarlas en ese momento y, por ello, celebran\n un precontrato que les confiera ciertas garantías para\n que llegue a otorgarse el contrato definitivo de compraventa.\n Este precontrato es el llamado contrato de promesa de compraventa,\n que es aquel por el cual ambas partes se obligan, recíprocamente,\n a celebrar un contrato de compraventa en las condiciones pre\n convenidas. Este contrato tiene estas características:\n 1.- Es un acuerdo de voluntades en que nacen para ambas partes\n obligaciones reciprocas, sujetas a las normas legales contenidas\n en el Libro Cuarto del Código Civil; 2.- La celebración\n del contrato prometido queda aplazado para el futuro y el contrato\n de promesa es solo su antecedente, por lo que no puede existir\n juntamente con el contrato prometido; 3.- La finalidad o destino\n de la promesa es celebrar otro contrato; 4.- El efecto único\n de la promesa es de exigir la celebración del contrato\n prometido, y en consecuencia solo da origen a una obligación\n de hacer; y, 5.-El contrato de promesa es siempre solemne porque\n debe constar indefectiblemente por escrito, y tratándose\n de la promesa de compraventa de bienes inmuebles, debe constar\n por escritura pública, conforme preceptúa la regla\n 1era. del artículo 1597 del Código Civil. QUINTO.-\n El Código Civil, en el Título XXII, Libro Cuarto,\n "De la Compraventa", regula en los artículos\n 1769, 1770 y 1771 lo concerniente a las arras, cuyos sinónimos\n son "señal", "seña". Si se\n vende con arras dice el artículo 1769, esto es dando una\n cosa en prenda de la celebración o ejecución de\n un contrato, se entiende que cada uno de los contratantes podrá\n retractarse, el que ha dado las arras perdiéndolas, y\n el que las ha recibido, restituyéndoselas dobladas. Este\n artículo se refiere a las arras penitenciales, ya que\n la entrega de las mismas entraña una condición\n resolutoria en caso de que la una o la otra parte haga uso del\n derecho de arrepentirse de haber celebrado el contrato de compraventa,\n bajo la sanción de perder la seña o devolverla\n doblada, según el caso. El derecho de la parte a retractarse\n no es por tiempo indefinido, sino que, de acuerdo con lo dispuesto\n en el artículo 1770 del Código Civil, los contratantes\n deben fijar un plazo, y si no hubiesen fijado un plazo dentro\n del cual puedan retractarse, no habrá lugar a la retractación\n después de los dos meses subsiguientes a la convención,\n ni después de otorgada escritura pública de la\n venta o de principiada la entrega, porque la ejecución\n del contrato definitivo importa renuncia tácita del derecho\n de retractación. Las arras, igualmente, pueden darse como\n parte del precio conforme establece el artículo 1771.\n Las arras funcionan, pues, de una manera sucesiva: como seña\n mientras el contrato de compraventa se halla pendiente de ejecución,\n y una vez cumplido el contrato, como pago a cuenta incluyéndose\n en el precio. El Código de Comercio establece un régimen\n distinto sobre las arras en los artículos 149, 150 y 151;\n puesto que en éste la regla general es la excepción\n del Código Civil; es decir por regla general en materia\n comercial las arras se dan como parte del precio del contrato,\n y solamente por excepción dan a las partes el derecho\n de retractarse, conforme dispone el artículo 149 de aquel\n código, cuyo texto es el siguiente: "La dación\n de arras no importa la reserva del derecho de arrepentirse del\n contrato ya perfecto, a menos que se hubiere estipulado lo contrario".\n SEXTO.- En el caso sub lite, la actora por medio de su procurador\n judicial doctor Nelson Quirola pide en la demanda que los demandados\n le restituyan o devuelvan de inmediato los dos mil dólares\n que recibieron como adelanto del precio de la compraventa que\n se frustró. En su contestación a la demanda (fojas\n 21 y 22 del cuaderno de primer nivel) los demandados reconocen\n que efectivamente recibieron los dos mil dólares, pero\n que no tienen la obligación de devolvérselos, porque\n es justo imputarlos a la multa que libremente pactaron. Textualmente\n dicen: "En el compromiso libremente pactado se estableció\n la obligación de las partes de pagar una multa para el\n caso de que una de ellas desistiera del mismo compromiso o negocio.\n Por tal razón lo reclamado por la demandante, al haber\n ésta incumplido totalmente el compromiso, que creemos\n justo imputarlo a la multa acordada en el compromiso, que representa\n una cantidad mayor". En estos términos quedó\n trabada la litis contestación. Por el principio de preclusión\n cada juicio se divide por etapas, cada una de las cuales supone\n la clausura de la anterior, sin posibilidad de renovarla. En\n el juicio ordinario, vencidos los términos para contestar\n la demanda y para reformarla, o sea antes de abrirse la causa\n a prueba, no se puede proponer otros asuntos que signifiquen\n modificación a la contestación a la demanda. Ni\n muy menos, se pueden producir estos cambios en el recurso de\n casación. En su contestación los demandados, no\n alegan que los dos mil dólares los hayan entregado a título\n de seña o arras, lo que afirmaron fue que se había\n convenido una multa, lo cual es diferente, ya que las multas\n o penalidades se imponen mediante cláusulas penales, las\n arras son pactos lícitos, son en definitiva el precio\n para poder legítimamente desistir del contrato válidamente\n celebrado, por lo tanto no causan multas. Es en el recurso de\n apelación que pretenden introducir una nueva excepción,\n la que en ningún caso debió ser considerada, por\n lo que toda la lucubración del voto salvado es ajena al\n litigio, por lo tanto extrapetita, y entrar a analizar el punto\n seria abrir la puerta para que después se pretenda introducir\n cuestiones nuevas en casación. Habiéndose alegado\n que se pacté una multa, lo que efectivamente ocurrió\n en el contrato escrito de promesa, pero tal estipulación\n es nula y de ningún valor por lo que dispone el artículo\n 1579 del Código Civil, y como no se trata de un caso de\n objeto ilícito o causa ilícita en que se haya dado\n o pagado a sabiendas (Art. 151 1), no cabe que los demandados\n retengan los valores recibidos por ellos a pretexto de que era\n el pago de la multa convenida, sino que ha de procederse a las\n restituciones mutuas, de conformidad con lo que dispone el artículo\n 1731. SEPTIMO.- Los recurrentes, en la fundamentación\n del recurso, no identifican el elemento o elementos de prueba\n que, a su juicio, han sido valorados erradamente en la sentencia\n recurrida. Tampoco aparece incorporado al proceso elemento de\n prueba alguno de que las partes han celebrado una convención\n sobre arras mediante escritura pública.- En esta virtud,\n no se observa que la sentencia adolezca del vicio de yerro en\n la valoración probatoria, que haya conducido a la falta\n de aplicación del artículo 1769 del Código\n Civil. Por todo esto se desestima la acusación de los\n recurrentes con respaldo en la causal tercera del artículo\n 3 de la Ley de Casación. OCTAVO.- Otra de las acusaciones\n contra la sentencia del Tribunal de instancia, con respaldo en\n la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación,\n es que aquella adolece del vicio de falta de aplicación\n del ordinal 3ero. del artículo 1513 del Código\n Civil. En la fundamentación de esta acusación expresan:\n "La falta de aplicación del numeral 30 del Art. 1513\n del Código Civil ha ocasionado que la sentencia de mayoría\n nos obligue al pago en devolución de la aludida seña\n de U.S. $ 2.000,oo más el interés legal y costas,\n pese a que según lo dispuesto en este numeral 30, las\n obligaciones procedentes de actos a que falten las solemnidades\n exigidas por la ley para que surtan efectos civiles, se conviertan\n en naturales y, por ende, les sean aplicables las normas del\n inciso tercero del citado Art. 1513 del Código Civil,\n que autoriza a retener lo pagado en razón de ellas; y\n del inciso final del mismo artículo que impide que se\n pueda solicitar la restitución de lo pagado, siempre que\n se lo haya realizado voluntariamente por quien tiene la libre\n administración de sus bienes, como sucede en el caso de\n la actora.- La omisión del numeral 3 del indicado artículo\n en el considerando sexto de la sentencia de mayoría, acarrea\n que no se respete el derecho a retener lo recibido a base de\n tales obligaciones naturales. Y, precisamente, debido a que no\n se elevó a escritura pública el contrato privado\n de promesa de compraventa del inmueble, se generaron las respectivas\n obligaciones naturales con los efectos señalados, conforme\n a lo dispuesto por el numeral 3 del mencionado artículo".-\n Este asunto tampoco ha sido deducido como excepción en\n la contestación a la demanda, puesto que los demandados\n en ningún momento alegan que podían retener lo\n pagado por ser una obligación natural. En consecuencia\n es aplicable a esta acusación lo expresado al respecto\n en el considerando quinto. NOVENO.- Acerca de la obligación\n natural que procede de actos a que faltan las solemnidades que\n la ley exige, como la de pagar un legado impuesto por testamento\n que no se ha otorgado en la forma debida (numeral 3ro. del artículo\n 1513 del Código Civil), la doctrina se halla muy dividida.\n Se transcribe a continuación lo que dicen los diferentes\n autores: El tratadista Arturo Alessandri Besa, al comentar el\n numeral 3ero. del artículo 1470 del Código Civil\n chileno, que es exactamente igual al numeral tercero del artículo\n 1513 del Código Civil nuestro, expresa: "El No.\n 3ero. del artículo 1470 considera como obligaciones naturales\n a las que proceden de actos a que faltan las solemnidades que\n la ley exige para que produzcan efectos civiles; como la de pagar\n un legado, impuesto por un testamento que no se ha otorgado en\n la forma debida. Se trata aquí de actos a los cual es\n faltan las solemnidades que la ley prescribe para que produzcan\n efectos civiles, por cuyo motivo son nulos de nulidad absoluta;\n en consecuencia, quedan excluidos todos aquellos casos en que\n la nulidad proviene de otra causa, como objeto o causa ilícita,\n incapacidad absoluta, falta de consentimiento, etc. El precepto\n citado habla de actos nulos por falta de solemnidades. Cabe preguntarse\n si tal expresión está usada en forma genérica,\n para referirse a cualquier negocio jurídico, unilateral\n o bilateral, o si solo comprende los unilaterales, es decir,\n aquellos actos jurídicos llamados simplemente <actos>\n en contraposición a las <convenciones y contratos>.\n Aun cuando la terminología del Código Civil no\n es uniforme, se considera generalmente que este es uno de los\n casos en que la expresión <acto> se ha usado en\n su sentido restringido, o sea de manifestación unilateral\n de voluntad. Existen diversos antecedentes que hacen aceptable\n esta doctrina. En primer lugar, el ejemplo que señala\n el No. 3° del artículo 1470 del Código Civil\n se refiere precisamente a un acto jurídico unilateral,\n ya que menciona la institución de un legado. En segundo\n lugar, la historia fidedigna del establecimiento de la disposición.\n <Cuando se redactó el Código Civil chileno estaban\n en vigor las doctrinas del Derecho Romano y de los autores franceses,\n especialmente Pothier, que han sido una de las fuentes principales\n de donde se ha tomado el Código Civil; y tanto la doctrina\n romana como la francesa inspirada en Pothier, solo reconocen\n como obligaciones naturales por este capítulo, las obligaciones\n civiles que provienen de los actos unilaterales>. Finalmente,\n sise aplica el No. 30 del artículo 1470 a los contratos\n u otras convenciones, se llega a absurdos jurídicos, que\n demuestran fehacientemente que la expresión <acto>\n se ha tomado en el sentido de acto unilateral. En efecto, supongamos\n que la compraventa de un inmueble se haya otorgado por escritura\n privada: es nula absolutamente. Si las partes cumplen el contrato\n una vez declarada la nulidad, se llegaría al absurdo de\n que la ley aceptaría una simple escritura privada para\n efectuar la correspondiente inscripción en el Conservador\n de Bienes Raíces, pues sin tal inscripción no podía\n darse el caso de que se cumpliera la obligación natural\n del deudor proveniente de ese contrato. De lo dicho se desprende\n que solo hay obligación natural cuando su fuente es un\n acto unilateral, nulo por falta de alguna solemnidad exigida\n en consideración a su naturaleza, pero, como el caso del\n numeral 1ero. del artículo 1470 es necesario que el acto\n haya sido declarado nulo por sentencia judicial, ya que sin ello,\n se presume válido y produce todos sus efectos. ".\n (La Nulidad y la Rescisión en el Derecho Civil Chileno.\n Tomo II, Segunda Edición. Ediar Editores Ltda. Págs.\n 1107 y 1108). El tratadista chileno René Abeliuk dice:\n "Se ha discutido el alcance de la expresión «actos»,\n pues ella puede entenderse en dos sentidos, uno restringido,\n equivalente a acto jurídico unilateral, y otro amplio,\n que comprende tanto a éste como al bilateral o convención.\n Opina en este último sentido don Luis Claro Solar, mientras\n sustentan la contraria, Alessandri, Somarriva y Fueyo. La jurisprudencia\n es vacilante. Y en realidad, el problema es de ardua solución,\n aunque pareciere tener más asidero la opinión restringida,\n por las siguientes razones: 1°.- Porque el ejemplo del Código,\n del testamento que no se ha otorgado en forma debida, es de un\n acto jurídico unilateral, y de acuerdo al Mensaje con\n que el Código fue enviado para su aprobación, los\n ejemplos «ponen a la vista el verdadero sentido y espíritu\n de una ley en sus aplicaciones». 2°.- Porque si bien\n es cierto que el Código suele utilizar el término\n «acto», también en su sentido amplio, normalmente\n cuando quiere involucrar a los uni y bilaterales, habla de acto\n o contrato. 3°. Por un argumento histórico, ya que\n el caso está tomado de la tradición romana, recogida\n por Pothier, Las Partidas y el Proyecto de Código Civil\n Español, de García Goyena, todos limitados al acto\n jurídico unilateral, y 4°.- Porque resultaría\n absurdo e injusto en muchos casos aplicar la disposición\n a los actos jurídicos bilaterales, y así, si se\n otorga una compraventa de bienes raíces por instrumento\n privado, el comprador podría verse imposibilitado de repetir\n el precio pagado, por ser el cumplimiento de una obligación\n natural, mientras que el vendedor, aunque quisiere, no podría\n cumplir con su obligación de entregar, pues el Conservador\n de Bienes Raíces no puede inscribir documentos privados.\n Justo es reconocer que este argumento no milita en los contratos\n unilaterales, y así el donante de una donación\n no insinuada y cumplida voluntariamente, no puede repetir, según\n se ha fallado, porque habría cumplido una obligación\n natural. Este caso de obligación imperfecta se diferencia\n del anterior, en que la sanción es la nulidad absoluta\n del acto, y también tendrá lugar únicamente\n si la nulidad proviene de la ausencia de la solemnidad exigida\n por la ley, pero no por la omisión de otro requisito."\n (Las Obligaciones y sus principales fuentes en el derecho civil\n chileno, Santiago, Editores López Viancos, 1970, pp. 216-217).\n El tratadista chileno Antonio Vodanovic, expresa: "La palabra\n «actos» en sentido amplio comprende tanto a los unilaterales,\n es decir, los que para formarse necesitan de la voluntad de una\n sola parte, como a los bilaterales, o sea, los que para formarse\n precisan del consentimiento, de las voluntades concurrentes de\n dos partes. Desde los primeros comentaristas del Código\n se planteé una duda inquietante. Hay actos bilaterales,\n como el contrato de compraventa de bienes raíces, en que\n la solemnidad de la escritura pública es decisiva para\n operar la tradición. Si dicha escritura no existe, el\n Conservador debe negarse a inscribir el contrato; las escrituras\n privadas no deben ni pueden inscribirse. Suponiendo entonces\n que se considere obligación natural la derivada de\n un contrato de compraventa de bienes raíces otorgado\n por escritura privada, ¿cómo paga el vendedor,\n cómo hace la tradición de la cosa sin la existencia\n de la escritura pública indispensable para la inscripción\n conservatoria?. No se puede pensar en el otorgamiento de una\n escritura pública, porque entonces ya entraría\n a operar otro acto, uno perfecto generador de obligaciones civiles,\n y no el acto primitivo, el de la escritura privada, fuente de\n obligaciones naturales. Menos cabe suponer que el comprador tendría\n derecho a exigir escritura pública, pues el cumplimiento\n y pago de la obligación natural es por esencia voluntario.\n Ante una hipótesis como la anterior los intérpretes\n sintieron desazón y, aguzando el ingenio, observaron que\n el código emplea a veces la palabra «actos»\n en sentido restringido, circunscribiéndola sólo\n a los unilaterales. El número 3 del artículo 1470\n (1513) seria justo uno de esos casos. Así lo corroborarla:\n el ejemplo que consigna, el del testamento, acto unilateral típico;\n la historia fidedigna de la ley que, como luego se verá,\n se inspiré en una ley de las siete partidas que trata\n de un acto unilateral y, por fin, las iniquidades a que conduciría\n en determinadas circunstancias la aplicación de la norma\n a los contratos. Podría suceder que una de las partes\n cumpliera y la otra rehusara hacerlo: la primera, por haber cumplido\n una obligación natural, no podría repetir lo pagado,\n y la segunda no podría ser constreñida a realizar\n su prestación, porque su vínculo también\n es meramente natural. Pero otros intérpretes rechazan\n la restricción de la palabra «actos» a los\n unilaterales, si la misma ley no lo evidencia así por\n oponer los actos a los contratos o por manifestar su contexto\n claramente que sólo alude a los actos unilaterales, como\n sucede con la disposición que define el testamento. En\n el No. 3 del artículo 1470 (1513) no hay ningún\n indicio de que la expresión «actos» está\n tomada en su acepción estrecha y, por ende, debe dársele\n su inteligencia amplia y es preciso concluir que también\n son naturales las obligaciones procedentes de un contrato a que\n faltan las solemnidades que la ley exige para que produzca efectos\n civiles. En cuanto a la dificultad que provoca el caso de las\n compraventas de bienes raíces hechas por escritura privada,\n lo lamentan y reconocen, pero no lo explican y menos dan pauta\n para solucionarlo. Agregan, en cambio, que hay otras hipótesis\n de contratos nulos por falta de solemnidades que podrían\n operar perfectamente como fuente de obligaciones naturales.\n Así, no ven inconveniente para que pueda cumplirse\n un contrato de promesa que no reúne las solemnidades\n que la ley señala. Y la compraventa misma de bienes\n raíces otorgada por escritura pública ante notario\n incompetente, compraventa por tanto nula, no hallarla obstáculo\n para ser inscritos en el Conservador, ya que éste no\n examina la legalidad de los títulos. Nosotros también\n nos inclinamos a la interpretación amplia de la \n palabra «actos»; pero tenemos algunas fundamentaciones\n propias que necesitamos exponer. El No. 3 del artículo\n 1470 (1513) aparece inspirado directamente en una Ley de las\n Siete Partidas, esa «enciclopedia en que, a través\n de las leyes, se trata de todas las humanas relaciones».\n Dicha ley española recoge precedentes romanos y\n se refiere única y exclusivamente al caso que,\n sólo como ejemplo, pone nuestro código: los\n legados hechos en un testamento nulo; declarar que si \n de su voluntad los herederos pagan, no puede después\n repetir alegando que, conforme a derecho, no les correspondía\n pagar, porque «las mandas (legados) eran dexadas en\n testamento que no fue fecho como decía» (Ley\n 31, título 14, Partida 5ª). Obsérvese en\n nuestro código el rastro de los términos «como\n la de pagar un legado, impuesto por un testamento que\n no se ha otorgado en la forma debida,>. Pues bien, el \n número 3 del artículo 1470 (1513) no figuraba en\n el Proyecto de 1853; fue agregado por la Comisión Revisora,\n que generalizó el caso particular de la Ley de Partidas,\n dejándolo sólo como un ejemplo de la disposición\n amplia que consagró. Podría conjeturarse que, en\n la mente de los autores de la nueva disposición, sólo\n estuvo presente la clase de actos, los unilaterales, a que pertenece\n el que sirvió de modelo, el testamento. Pero la conjetura,\n por si sola, no es elemento de interpretación de la ley.\n En la historia de ésta tampoco hay constancia alguna para\n determinar el alcance de la generalización que se hizo.\n Hay que concretarse, pues, a la interpretación de la disposición\n misma, cuyos términos son un hecho objetivo, y en ellos\n nada hay que autorice circunscribir la expresión «actos»\n a los unilaterales. Un solo ejemplo no es base suficiente para\n restringir la fórmula amplia que ilustra; distinto seria\n si hubiera varios y todos denotaran una orientación restrictiva.\n En consecuencia, pensamos que el número 3° del artículo\n 1470 (1513) abarca tanto a los actos unilaterales como los bilaterales.\n ¿Quiere esto decir que la compraventa de bienes raíces\n otorgada por escritura privada engendra obligaciones naturales?.\n No, pero por otra razón que la de ser un acto bilateral.\n Nos explicamos. Toda obligación natural supone la posibilidad\n de realizar un pago voluntario, pero no en cualquier forma, sino\n de acuerdo con las disposiciones legales que en cada caso lo\n regulan. Si el pago voluntario no puede adaptarse a estas exigencias,\n no hay posibilidad de hacerlo, y tampoco hay posibilidad de que\n exista una obligación natural. En la compraventa cuestionada,\n el vendedor no puede pagar legalmente su obligación inscribiendo\n la escritura privada a nombre del comprador; las leyes del Registro\n Conservatorio de Bienes Raíces exigen un instrumento público.\n La compraventa otorgada por escritura privada no engendra obligaciones\n naturales, no por ser ella un acto bilateral, sino porque una\n de las obligaciones fundamentales que crea no puede pagarse legalmente.\n Sólo hay obligación natural, pues, donde puede\n haber un pago voluntario ceñido a las normas legales;\n si a éstas no puede ajustarse el pago, no puede haber\n obligación natural. Despréndese de lo anterior\n que los actos bilaterales, los contratos nulos por no llenar\n las solemnidades legales, son fuente de obligaciones naturales\n si su cumplimiento voluntario importa un pago que puede realizarse\n con los requisitos que la ley exige. Sin embargo, nosotros rechazamos\n la idea de que un contrato de promesa nulo pueda engendrar una\n obligación natural, porque es característica de\n ésta contener siempre una prestación de dar, y\n la obligación que emana del contrato de promesa es de\n hacer. Por último, corresponde hacerse cargo de la observación\n según la cual admitir el contrato como elemento generador\n de obligaciones naturales, significa admitir la creación\n de una situación inicua irremediable cuando uno de los\n contratantes, después de recibir lo suyo, se niega a pagarle\n al otro lo que a su vez le debe: el que cumplió con lealtad\n no podría ni pedir la devolución de lo pagado,\n porque pagó una obligación natural, ni constreñir\n al recalcitrante a que cumpla por su parte, porque la obligación\n de éste también es natural, por definición,\n no puede exigirse su cumplimiento. La contingencia es superable.\n En el terreno de las obligaciones naturales, el conflicto entre\n un sujeto que cumple de buena fe una obligación sinalagmática\n y otro que se niega a cumplir la suya y, además, pretende\n aprovecharse del que hace honor a su deber, no tiene solución\n en una ley determinada, representa un vacío o una laguna\n de ésta y, en consecuencia, de acuerdo con el Código\n de Procedimiento Civil, el Juez debe aplicar al caso los principios\n de equidad: con arreglo a ellos se impone la devolución\n de lo pagado, porque los deberes recíprocos se desvanecen\n cuando no son cumplidos por ambas partes, y porque nadie puede\n aprovecharse de su propio dolo". (Derecho de Obligaciones,\n Santiago, Ediciones Periodísticas y Estadísticas,\n 1970, pp. 44-45). El tratadista colombiano Guillermo Ospina Fernández\n expresa: "La inobservancia de las solemnidades legales.\n - Las que proceden de actos que carecen de las solemnidades que\n la ley exige para que produzcan efectos civiles; como la de pagar\n un legado impuesto por testamento que no se ha otorgado en la\n forma debida. Otro ejemplo de aplicación del ordinal 3o.\n del artículo 1527 (1513) del Código Civil sería\n el siguiente propuesto por CLARO SOLAR: en una donación\n se impone al donatario una prestación a favor de una tercera\n persona, donación que ha debido insinuarse y no lo ha\n sido; si el donatario ejecuta la prestación habrá\n pagado una obligación natural a pesar de ser nula la donación.\n ALESSANDRI y SOMARRIVA estiman que la expresión «actos»\n empleada por el ordinal comentado está tomada en el sentido\n de actos unilaterales, y que, por consiguiente, la disposición\n no se aplica a los actos bilaterales o convenciones y aducen\n las siguientes razones: a) «el propio ejemplo que pone\n el artículo al hablar del testamento, acto unilateral;\n b) POTHIER, inspirador del Código francés y del\n chileno, establecía que sólo se refería\n a ellos; y, c) porque, de aceptar que también se refiere\n a los contratos, se llegaría a absurdos jurídicos.\n Por ejemplo, una compraventa de bienes raíces debe constar\n por escritura pública. Se omite ésta; si hubiera\n obligación natural, tendríamos dos caminos absurdos\n por seguir: o aceptar que el conservador [registrador de documentos\n en Colombia] inscribiera una escritura privada, lo cual es un\n absurdo, porque éste solo inscribe cuando se le lleva\n un instrumento público; o aceptar que el comprador pudiera\n exigir al vendedor el otorgamiento de escritura pública\n para inscribirla, y si así pudiera, ya al vendedor no\n haría un pago voluntario, porque se le obligaría,\n y para que el pago de la obligación natural produzca efectos\n debe ser voluntario». Por el ejemplo que hemos tomado de\n CLARO SOLAR, podrá verse que nosotros consideramos que\n el ordinal 30 del artículo 1527 (1513) del Código\n Civil es aplicable a toda clase de actos y no solamente a los\n unilaterales. El último argumento aducido por ALESSANDRI\n y SOMARRIVA a favor de la tesis contraria y que es el único\n que vale la pena refutar, es inexacto por las siguientes razones:\n En primer lugar, la hipótesis legal tiene cabida generalmente\n en los casos en que la forma solemne se ha cumplido en su esencia,\n pero sin la observancia de la plenitud de los requisitos que\n le son propios, como cuando se ha otorgado la escritura pública\n de compraventa de bien inmueble, pero alguno de los otorgantes\n no está debidamente identificado. En tal caso, si se concluye\n que el contrato es nulo, si la escritura se inscribe en el registro\n de instrumentos y si el deudor cumple su obligación de\n entregar la cosa vendida, no se ve porqué no haya de reputarse\n que ha pagado obligación natural. El ejemplo propuesto\n por los citados autores es el de un caso extremo de inexistencia\n del acto jurídico por falta absoluta de la forma solemne,\n del que hay que concluir, no que el ordinal 3 del Art. 1527 (1513)\n sea inaplicable a los actos jurídicos bilaterales, sino\n que un acto inexistente no puede producir obligaciones civiles\n ni naturales. De suerte que si el vendedor del inmueble se allana\n voluntariamente a otorgar la escritura omitida para que ésta\n sea registrada, al hacerlo celebra un acto antes inexistente\n y que genera obligaciones que tampoco existían jurídicamente,\n ni siquiera como naturales. Otro ejemplo de más frecuente\n ocurrencia: El artículo 89 de la Ley 153 de 1887 exige,\n para la validez de la promesa de contratar, varios requisitos,\n entre ellos que se señale un plazo o condición\n que fije la época en que ha de celebrarse el contrato.\n Se ha omitido este requisito o cualquiera de los otros exigidos\n por el texto legal citado, pero los promitentes cumplen la promesa;\n entonces, es claro que éstos han pagado una obligación\n natural." (Régimen General de las obligaciones, Bogotá,\n Temis, 1993, pp. 220-221).- Luis Parraguez, comentando el Código\n Civil ecuatoriano, expresa; "La semejanza de esta categoría\n de obligaciones naturales con la que acabamos de revisar, estriba\n solamente en el hecho de que en ambos casos está presente\n la nulidad del acto: relativa en el primero, absoluta en el presente.\n Por tal razón se las integra usualmente en un mismo grupo\n obligacional. Sabemos que existe una clase de actos jurídicos\n cuya validez civil está subordinada, además de\n los requisitos generales, a la observancia de ciertas solemnidades\n o formalidades prescritas por la ley para cada circunstancia.\n Se trata, en consecuencia, de los actos jurídicos solemnes.\n Si se omiten tales solemnidades queda configurada una causal\n de nulidad del acto y, por vía consecuencial, de las obligaciones\n emanadas de él. Pero como dicho acto, y ese es el supuesto\n legal, ha reunido todos los requisitos de fondo (capacidad, voluntad\n exenta de vicios, licitud de la causa y del objeto), faltando\n solamente la exigencia de tipo formal que es la solemnidad, la\n ley admite que las obligaciones contraídas subsistan al\n menos como naturales. Algunos autores, al examinar este caso\n de obligaciones naturales, se detienen en el tecnicismo de analizar\n la expresión «actos» utilizada por el numeral\n 3° del Art. 1513, para preguntarse si debe ser entendida\n en la acepción genérica de «acto jurídico»,\n con lo que se comprenden tanto los unilaterales como los bilaterales,\n en especial el contrato; o en su sentido estricto que alude únicamente\n a los actos jurídicos unilaterales, con lo que se excluirían\n los contratos.- Debe admitirse que desde un punto de vista rigurosamente\n técnico la duda es legítima. No obstante, por lo\n general se acepta que el Código Civil normalmente no admite\n un examen exclusivamente purista de su nomenclatura, pues está\n demostrado que con frecuencia incurre en imperfecciones en este\n terreno. Recordemos nada más aquella donde se confunde\n convención y contrato (Arts. 1480 y 1481). De suerte que\n vamos a obviar cualquier, polémica alrededor de este asunto,\n para concluir que no existe razón contundente para limitar\n el alcance de este numeral 30 sólo a los actos jurídicos\n unilaterales". (Manual de Derecho Civil ecuatoriano, Teoría\n general de las Obligaciones, Vol. 1, primera edición,\n 1986, pp. 74-75): La posición de esta Sala sobre el tema\n es la siguiente: Coincide con Parraguez en el sentido de que\n la distinción entre actos unilaterales y bilaterales es\n intrascendente; cree que al decir acto, se está refiriendo\n en general a las actuaciones humanas voluntarias que buscan alcanzar\n determinados efectos jurídicos permitidos por el ordenamiento\n legal, es decir a los negocios jurídicos, los cuales,\n atendiendo al número de voluntades concurrentes que se\n precisa para su perfeccionamiento, pueden ser unilaterales, (testamento,\n giro de una letra de cambio, etc.) o bilaterales (contratos,\n convenciones extintivas, etc.). En el caso de los negocios bilaterales,\n unos generan obligaciones recíprocas o correspondientes\n a cargo de todos quienes intervienen en su celebración,\n son los que nuestro Código Civil llama "contratos\n bilaterales"; por ejemplo la compraventa, el arrendamiento,\n etc.; otros generan obligaciones únicamente para una de\n las partes, son los que nuestro Código Civil llama contratos\n "unilaterales", paradigma de los cuales es la donación\n gratuita. Es de la esencia de los contratos bilaterales o sinalagmáticos\n el nacimiento concomitante de dos obligaciones correspondientes\n hasta tal punto que no se concibe la una sin la otra; por lo\n tanto, no cabe la posibilidad de que se cumpla la una obligación\n sin que deba también cumplirse la otra; de hecho, si \n una de las obligaciones se cumple y la otra no, la primera\n se queda huérfana de causa y, en consecuencia, produciría\n un enriquecimiento sin causa, lo cual en ningún caso\n es aceptado por el ordenamiento jurídico. Por lo\n mismo, los contratos bilaterales no generan obligación\n natural, Distinto es el caso de los contratos unilaterales,\n en los cuales bien puede cumplirse voluntariamente por la persona\n que tiene la libre administración de sus bienes aunque\n la obligación sea meramente natural, cual es el caso de\n los contratos de donación gratuita en que no se ha realizado\n la insinuación dispuesta por la ley. También la\n tesis de Vodanovic es interesante: el artículo 1513 se\n refiere a obligaciones de dar, no a obligaciones de hacer, de\n manera que al ser las promesas de celebrar contrato negocios\n que generan obligaciones de hacer, no estarían comprendidas\n en lo que prevé el artículo 1513 N0 3.- Además,\n sea cual sea la tesis de los tratadistas que se mencionan la\n Sala considera que es indispensable dejar a salvo la situación\n de los contratos unilaterales, ya que hay una enorme multitud\n de donaciones que se celebran sin insinuación judicial\n (un ejemplo extremo que aclara lo expuesto es sobre la propina\n de un dólar en un restaurante), y que técnicamente\n son nulas por haberse omitido la formalidad prescrita por la\n ley para su plena validez, pero que por haberse cumplido voluntariamente\n por quien tiene la libre administración de sus bienes,\n no son susceptibles de que se reclame su repetición. DECIMO.-\n En definitiva, para esta Sala: La promesa de compraventa a que\n se refiere el juicio, por haber sido celebrada por instrumento\n privado es nula de nulidad absoluta; por ser un contrato bilateral\n que genera obligaciones de hacer, no da nacimiento a obligaciones\n naturales; la suma de dos mil dólares que se entregó\n por la promitente compradora fue en pago de lo no debido, que\n no puede aplicarse a la multa convenida porque esa cláusula\n penal es nula de nulidad absoluta y se le mirará como\n no ejecutada o celebrada, al igual que la promesa en que se la\n estipulé por haberse celebrado por instrumento privado;\n por lo tanto, debe restituirse a la actora sin que los demandados\n se hallen legitimados a enriquecerse sin causa reteniendo dicha\n suma de dinero. Por lo dicho se desestima la acusación\n de los recurrentes de que la sentencia recurrida adolece del\n vicio de falta de aplicación del ordinal tercero del artículo\n 1513 del Código Civil.- Por las consideraciones expuestas,\n la Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de\n Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y\n POR AUTORIDAD DE LA LEY, no casa la sentencia dictada por la\n Quinta Sala de la Corte Superior de Quito, en el juicio seguido\n por el doctor Nelson Quirola, en calidad de procurador judicial\n de la señora Theresa Torres de Lecaro, en contra del señor\n Julio Cesar Sánchez Montúfar y señora Ana\n Luisa Navarrete de Sánchez. De conformidad con lo dispuesto\n en el artículo 14 de la Ley de Casación, entréguese\n el monto total de la caución a la parte perjudicada por\n la demora. Sin costas. Notifíquese y devuélvase.

\n\n

Fdo.) Dres. Ernesto Albán Gómez, Santiago Andrade\n Ubidia y Galo Galarza Paz, Ministros Jueces.

\n\n

Esta copia es igual a su original.

\n\n

Certifico.

\n\n

Quito, 23 de septiembre del 2002.

\n\n

f.) Dra. Isabel Garrido Cisneros, Secretaria Relatora de la\n Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema.

\n\n

No. 196-2002

\n\n

En el juicio ordinario (Recurso de Casación)\n No. 46-2002 que, por terminación de contrato de promesa\n de venta, sigue Janeth Irlanda Verdesoto Jiménez en contra\n de Rafael Javier Monar Coello, se ha dictado lo siguiente:

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n PRIMERA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

\n\n

Quito, 26 de septiembre del 2002; las\n 09h00.

\n\n

VISTOS: Janeth Irlanda Verdesoto Jiménez deduce recurso\n de casación en contra de la sentencia de mayoría\n dictada por la Primera Sala de la H. Corte Superior de Justicia\n de Guayaquil, que revoca la de primer nivel y rechaza la demanda,\n dentro del juicio ordinario que, por terminación de contrato\n de promesa de venta, sigue la recurrente en contra de Rafael\n Javier Monar Coello. Dicho recurso fue concedido, por lo que\n el proceso subió a conocimiento de la Corte Suprema de\n Justicia; habiéndose radicado la competencia por el sorteo\n de ley en la Primera Sala de lo Civil y Mercantil, que lo aceptó\n a trámite en auto de 14 de marzo del 2002; una vez que\n ha concluido la etapa de sustanciación de este proceso,\n para resolver se considera: PRIMERO.- La recurrente, en su escrito\n de interposición y fundamentación del recurso de\n casación, expresa que se han infringido las normas contenidas\n en los artículos 24 No. 13 de la Constitución Política\n de la República; 1594 No. 1, 1597 y 1603 del Código\n Civil; 19 inciso 2 de la Ley de Casación, y "precedentes\n obligatorios publicados en los R.O. Nos. 14, 336, 162, 251 de\n fechas 3 de marzo de 1997, 10 de junio de 1998, 5 de abril de\n 1999 y 10 de agosto de 1999, dentro de los expedientes Nos. 189-96,\n 101-98, 133-99 y 289-99, así como los publicados en las\n G.J. Nos. 4, Serie X; II y 15 de la Serie XI". Fundamenta\n su recurso en las causales primera, segunda y tercera del artículo\n 3 de la ley de la materia. Estos son los límites dentro\n de los cuales se desenvolverá la actividad jurisdiccional\n del Tribunal de Casación. SEGUNDO.- Cuando en el recurso\n de casación se acusa violación de normas constitucionales,\n esta acusación debe ser analizada en primer lugar, ya\n que si se han producido violaciones a preceptos constitucionales,\n al ser la Constitución Política de la República\n la norma suprema del Estado, a ella habrán de ajustarse\n todas las disposiciones secundarias y las actuaciones de la autoridad\n pública y de los ciudadanos; la afirmación de que\n se está desconociendo los mandatos contenidos en la Constitución,\n implica un cargo de tal gravedad y trascendencia, porque significa\n que se está resquebrajando la estructura fundamental de\n la organización social por lo que debe ser analizada prioritariamente,\n y el cargo debe ser fundado ya que, de ser fundamentado, todo\n lo actuado quedará sin valor ni eficacia alguna, por lo\n que no puede realizarse ligeramente una afirmación de\n esta naturaleza, sino que se ha de proceder con seriedad, responsabilidad\n y respeto frente al texto constitucional invocado, en relación\n con la autoridad y los ciudadanos en general, conforme lo ha\n declarado ya este Tribunal en la sentencia No. 249-2001 dictada\n en el proceso de casación No. 44-2001 el 2 de julio del\n 2001, publicada en el Registro Oficial N0 415 de 19 de septiembre\n del 2001 y Resolución No. 50 de 11 de marzo del 2002,\n dictada en el proceso de casación N0 173-2001, publicada\n en el Registro Oficial N0 575 de 14 de mayo del 2002. En la especie,\n la recurrente acusa falta de aplicación del artículo\n 24 No. 13, que ordena que las resoluciones de los poderes públicos\n que afecten a las personas, deben ser motivadas, y dice: "En\n la sentencia impugnada los señores Ministros se limitaron\n a copiar, en forma parcial, tanto el contenido de mi demanda\n como los hechos de la contestación a la misma, para, tergiversando\n las convenciones del contrato de promesa de venta que obra de\n autos, resolver que «ninguno de los compromitentes ha cum

 

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