Registro Oficial. 22 de OCTUBRE del 2002

Martes, 22 de octubre de 2002

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

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   MES DE OCTUBRE DEL 2002
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Martes, 22 de octubre del 2002 - R. O. No. 688

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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n

DR. JORGE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR

\n\n

FUNCION\n EJECUTIVA
\n
DECRETOS:

\n  
\n 3177 Dispónese la  automaticidad\n de  las transferencias a favor de los organismos del \n Régimen Seccional  Autónomo.

\n\n

3177-A Dispónese que el señor\n Ministro de Educación, procedo a entregar en como- dato,\n a la Federación Deportiva del Guayas el complejo de piscinas \n "La Pradera".
\n  
\n RESOLUCION:
\n INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION - INEN:

\n  
\n 014 Expídese el Procedimiento\n para  las empresas que realizan cambio de  denominación,\n de razón social o  fusiones, que  hayan obtenido\n el sello de  calidad INEN para  uno o más productos.
\n  
\n FUNCION\n JUDICIAL
\n
CORTE\n SUPREMA  DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL:

\n  
\n Recursos de casación en los juicios laborales seguidos\n por las siguientes personas:
\n  
\n 47-2002 César Francisco Macias\n Galarza en  contra de Autoridad Portuaria de Guayaquil.

\n\n

53-2002 Alfredo de  Jesús\n Zambrano del Valle en contra de  la Empresa Eléctrica\n Milagro C. A.

\n\n

67-2002\n Anibal Garzón\n Guerrero  en contra de  la Corporación Aduanera \n Ecuatoriana.

\n\n

68-2002 María Margarita Pilozo\n Espinales en contra de INEPACA

\n\n

70-2002 Marcelo Fabián Pontón\n Fuentes en contra del Banco Nacional de Fomento.

\n\n

79-2002 Benigno Neptali Anangonó\n Espinoza en contra del IESS.

\n\n

83-2002 Luis Anìbal Beltrán\n Reyes en contra de Exportadora Noboa S.A.

\n\n

93-2002 Patricio Eugenio Izquierdo\n Riquelme en contra de SAETA S.A.  y otra.

\n\n

97-2002 Ernesto  Fabio Romo Escobar\n en  contra de  la Empresa Nacional de Ferrocarriles\n del Estado

\n\n

100-2002 Iván Enriquez Contreras\n en contra de Ia Compañía Israriego Cía.\n Ltda.

\n\n

124-2002\n Delio Roger \n en contra del 1 Municipio del  Cantòn Pindal

\n\n

128-2002 Arquitecta Sofia Leopoldina\n Navas Carrión en contra del arquitecto Paúl Gachet\n Giacometti.

\n\n

138-2002\n Pablo Hernando\n Barzallo en contra de la Empresa ROMOTT Cía. Ltda.
\n  
\n
ACUERDO\n DE CARTAGENA
\n DECISION:

\n  
\n 531 Modificación del \n artículo 2 de  la Decisión 530.
\n  
\n
RESOLUCIONES:
\n  
\n 642 Dictamen 07-2002 de incumplimiento\n por parte del Gobierno de Ecuador en la aplicación de\n licencias previas a la importación de oleaginosas. 

\n\n

643\n Precios de\n Referencia del Sistema Andino de Franjas de Precios para la segunda\n quincena de septiembre del 2002, correspondientes a  la\n Circular No 180 del  4 de septiembre del  2002

\n\n

644  Recurso de reconsideración \n presentado por el Gobierno de Venezuela contra  la Resolución\n 614 de  la Secretaría General.

\n\n

645 Precios de  Referencia\n del  Sistema Andino de Franjas de Precios para  la\n primera  quincena de  octubre del  2002, correspondientes\n a  la Circular No  181 del 16 de  septiembre del\n 2002
\n  
\n PROCESOS:
\n  
\n 72-Al-2001 Procedimiento Sumario\n por desacato en el Proceso No 72-AI-2000.

\n\n

24-AI-2002\n Sumario por\n incumplimiento de sentencia.
\n  
\n
TRIBUNAL\n CONSTITUCIONAL
\n RESOLUCIONES:

\n  
\n 011-2002-AA  Declárase\n la inconstitucionalidad de la Resolución No SB-INS-2000-190\n de 10 de julio del 2000 emitida por el señor Intendente\n Nacional de Seguros de la Superintendencia de Bancos; y, de la\n resolución JB-2001-302 de 9 de enero del 2001, emitida\n por la Junta Bancaria.

\n\n

022-2002-TC Inadmitir la demanda de inconstitucionalidad\n presentada por el señor Tnte. Tec de Avc. Edwin Raúl\n Jaramillo Abarca.

\n\n

287-2002-RA  Confírmase la \n resolución subida en grado y  niégase el \n amparo constitucional planteado por  Luis Roberto \n Checa Landázuri v otros.

\n\n

335-2002-RA  Inadmitir la acción\n planteada por el doctor José  Miguel Galana Cornejo,\n por improcedente.
\n  
\n
ORDENANZA\n MUNICIPAL:
\n  
\n -Cantón Chordeleg: Para el\n cobro de  las contribuciones especiales de mejoras, por\n obras ejecutadas.
\n  
\n
FE\n DE ERRATAS

\n\n

-A \n la publicación del Decreto Ejecutivo No  2961 de 8 de agosto del 2002, efectuada\n en el Registro Oficial No  646 del 22 de agosto del 2002.\n

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\n

\n\n

 

\n\n

Nº\n 3177

\n\n

Gustavo Noboa Bejarano
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
\n REPUBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que la Constitución Política de la República\n establece en el artículo 231 párrafo tercero que\n "La entrega de recursos a los organismos del régimen\n seccional autónomo deberá ser predecible, directa,\n oportuna y automática. Estará bajo la responsabilidad\n del ministro del ramo, y se hará efectiva mediante la\n transferencia de las cuentas del tesoro nacional a las cuentas\n de las entidades correspondientes";

\n\n

Que al tenor de lo dispuesto en el Art. 4, letra f) de la\n Ley Especial de Descentralización del Estado y de Participación\n Social, publicada en el Registro Oficial No. 169 del 8 de octubre\n de 1997 una de las finalidades principales de la Descentralización\n del Estado y la Participación Social es: "Fortalecer\n prioritariamente a las instituciones del régimen seccional\n autónomo, a través de la transferencia definitiva\n de funciones, facultades, atribuciones, responsabilidades y recursos\n que les permitan satisfacer de manera próxima y eficiente\n las demandas de la comunidad, sobre todo en la prestación\n de servicios públicos";

\n\n

Que el artículo 7 de la misma ley establece como responsabilidad\n del Presidente de la República y de los ministros de Estado\n el cumplimiento de las transferencias establecidas en tal ley,\n así como las previstas en la Constitución Política,\n la ley Especial de Distribución del 15% del Presupuesto\n del Gobierno. Central para los Gobiernos Seccionales y demás\n normas legales y reglamentarias pertinentes.

\n\n

Que la misma disposición legal establece expresamente\n en el párrafo segundo que "La responsabilidad del\n Ministro de Finanzas se referirá especialmente, a las\n transferencias efectivas de recursos previstos en la Constitución\n Política y más normativas antes señaladas";

\n\n

Que al tenor de lo dispuesto en el Art. 8 de la Ley Especial\n de Distribución del 15% del Presupuesto del Gobierno Central\n para los Gobiernos Seccionales, publicada en el Registro Oficial\n No. 27 del 20 de marzo de 1997, "Los recursos que correspondan\n a los consejos provinciales y municipios, serán transferidos\n en alícuotas mensuales proporcionales dentro de los diez\n primeros días de cada mes, mediante el mecanismo de trasferencia\n automática, a través del Banco Depositario de los\n Fondos Públicos, sin necesidad de disposición administrativa\n expresa";

\n\n

Que el Art. 9 de la misma ley establece que el Ministro de\n Finanzas y Crédito Público actualmente Ministro\n de Economía y Finanzas será responsable del cumplimiento\n y aplicación de esta ley;

\n\n

Que el Art. 8 de la Ley de Desarrollo Seccional y de reformas\n a las leyes de Régimen Municipal; Régimen Tributario\n Interno, Arancelaria, Orgánica de Administración\n Financiera y Control y 006 de Control Tributario y Financiero,\n publicada en el Registro Oficial No. 441 del 21 de mayo de 1990,\n establece que las asignaciones instituidas en tal disposición\n "serán transferidas por el Banco Central del Ecuador,\n en forma automática y en alícuotas mensuales";

\n\n

Que el artículo 9, letra c), párrafo segundo\n de la misma ley establece similar automaticidad respecto del\n 70% de la asignación que corresponda a cada uno de los\n consejos provinciales, según lo establecido en el párrafo\n primero de la misma letra;

\n\n

Que el Art. 10 de la misma ley establece en el segundo párrafo\n de la letra a. 3. que "Las asignaciones así determinadas\n serán transferidas a las municipalidades por el Banco\n Central del Ecuador, en forma automática, en alícuotas\n mensuales y serán de libre disposición por cada\n partícipe, para gastos corrientes o inversiones contempladas\n en sus presupuestos aprobados";

\n\n

Que a pesar del carácter automático de las transferencias\n referidas en varios de los considerandos anteriores, el mismo\n no se ha cumplido; y,

\n\n

En ejercicio de las atribuciones establecidas en el Art. 171,\n numerales 1 y 5 de la Constitución Política de\n la República,

\n\n

Decreta:

\n\n

Art. 1.- DE LA AUTOMATICIDAD DE LAS TRANSFERENCIAS\n A FAVOR DE LOS ORGANISMOS DEL REGIMEN SECCIONAL AUTONOMO.- Las\n transferencias que, en cumplimento de las normas constitucionales,\n de la Ley Especial de Distribución del 15% del Presupuesto\n del Gobierno Central para los Gobiernos Seccionales, de. la Ley\n de Desarrollo Seccional y de reformas a las leyes de Régimen\n Municipal, Régimen Tributario Interno, Arancelaria, Orgánica\n de la Administración Financiera y Control y 006 de Control\n Tributario y Financiero, de la Ley Especial de Descentralización\n del Estado y de Participación Social, así como\n de las normas reglamentarias pertinentes debe realizar el Estado\n a los organismos del régimen seccional autónomo,\n deberán ser acreditadas y materializadas a favor de dichos\n organismos dentro de los diez primeros días de cada mes,\n bajo la responsabilidad del Ministro de Economía y Finanzas.

\n\n

Entiéndase por entrega automática y por transferencia\n automática de recursos a los organismos del régimen\n seccional autónomo, el traspaso de recursos que debe realizar\n el Ministerio de Economía y Finanzas a favor de los organismos\n antes mencionados dentro de los diez primeros días de\n cada mes, para lo cual no precederá orden ni disposición\n previa de ningún tipo o naturaleza.

\n\n

Para el efecto, dentro de los primeros cinco días de\n cada mes el Ministerio de Economía y Finanzas deberá\n remitir al Banco Central del Ecuador los recursos que correspondan\n transferirse de conformidad con lo previsto en el presente artículo..

\n\n

El Ministro de Economía y Finanzas será responsable\n de la aplicación efectiva de esta disposición,\n de conformidad con el artículo 231 párrafo tercero\n de la Constitución Política; en caso de incumplimiento\n a lo dispuesto en este decreto, se estará a lo dispuesto\n en el artículo 176 de la Constitución Política\n de la República.

\n\n

Art. 2.- INTERPRETACION.- La interpretación\n de este decreto se realizará siempre en el sentido más\n favorable a las entidades del régimen seccional autónomo.

\n\n

Art. 3.- INFORMACION MENSUAL.- El Ministro de Economía\n y Finanzas informará mensualmente al Presidente de la\n República sobre el cumplimiento del presente decreto ejecutivo.

\n\n

Art. 4.- DEROGATORIA.- En el Reglamento de Aplicación\n a la Ley Especial de Distribución del 15% del Presupuesto\n del Gobierno Central para los Gobiernos Seccionales, publicado\n en el Registro Oficial No. 183 del 29 de octubre de 1997, derógase\n la expresión: "y en función de las disponibilidades\n de la Caja Fiscal" contenida en el último párrafo\n del artículo 2. Asimismo, derógase todas las normas\n de igual o inferior jerarquía que se opongan al contenido\n del presente decreto.

\n\n

Art. 5.- El presente decreto regirá a partir\n de la ejecución del Presupuesto General del Estado del\n año 2003. De su ejecución encárguese el\n Ministro de Economía y Finanzas, el cual cumplirá\n todas las acciones institucionales e interinstitucionales necesarias\n para ello.

\n\n

Dado en la ciudad de Guayaquil, a 9 de octubre del 2002.

\n\n

f.) Gustavo Noboa Bejarano, Presidente Constitucional de la\n República.

\n\n

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

\n\n

f.) Marcelo Santos Vera, Secretario General de la Administración\n Pública.

\n\n

 

\n\n

Nº 3177-A

\n\n

Gustavo Noboa Bejarano
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
\n REPUBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que de conformidad con lo señalado en el artículo\n 82 de la Constitución Política de la República,\n el Estado protegerá, estimulará, promoverá\n y coordinará la cultura física, el deporte y la\n recreación, como actividades para la formación.\n integral de las personas, debiendo proveer de recursos e infraestructura\n que permitan la masificación de dichas actividades, debiendo\n auspiciar la preparación y participación de los\n deportistas de alto rendimiento en competencias nacionales e\n internacionales, y fomentar la participación de las personas\n con discapacidad;

\n\n

Que según lo dispuesto en el artículo 23 de\n la Ley de Educación Física, Deportes y Recreación,\n el deporte ecuatoriano se organizará y regulará\n a través del Ministerio de Educación y Cultura\n y se regirá por la presente ley y sus reglamentos, por\n las demás leyes de la República, por las reglamentaciones\n deportivas internacionales y por los estatutos y reglamentos\n legalmente aprobados;

\n\n

Que según lo dispuesto en el artículo 55 de\n la Ley de Educación Física, Deportes y Recreación,\n las federaciones deportivas provinciales, cuyas sedes son las\n capitales de las provincias, son los organismos que planifican,\n fomentan, controlan, desarrollan y supervisan las actividades\n de los organismos deportivos bajo su jurisdicción, administran\n en forma general lo que les corresponde por sus atribuciones\n y resuelven los asuntos de su competencia;

\n\n

Que las federaciones deportivas provinciales están\n facultadas para administrar escenarios deportivos, en virtud\n de lo que dispone el artículo 64 de la Ley de Educación\n Física, Deportes y Recreación;

\n\n

Que con ocasión de la celebración en el año\n 1982 del IV Campeonato Mundial de Natación, se construyó\n el complejo náutico "La Pradera", el mismo que\n ha venido siendo administrado por la Federación Deportiva\n del Guayas, sin que se haya instrumentado en debida forma tal\n administración;

\n\n

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo\n 54 del Reglamento General de Bienes del Sector Público,\n es factible celebrar contrato de comodato entre entidades y organismos\n del sector público y personas jurídicas del sector\n privado, siempre que dicho contrato se relacione con una mejor\n prestación de un servicio público, favorezca el\n interés social se establezcan las correspondientes garantías\n y esté debidamente autorizado por la máxima autoridad\n de la entidad u organismo, de acuerdo con la ley y los reglamentos;

\n\n

Que los terrenos sobre los cuales se edificó el complejo\n de piscinas "La Pradera" se encuentra signado con el\n código catastral 82-0036-001 y forma parte del lote G\n 7, adjudicado al Gobierno del Ecuador según consta en\n el plano de partición de la hacienda "El Guasmo",\n que hace referencia al Decreto Ley No. 16, publicado en el Registro\n Oficial No. 232 de octubre 16 de 1967, según certificación\n DURA-AyR-2002-11050 del Jefe de Avalúos y Catastros de\n la Municipalidad de Guayaquil; y,

\n\n

En ejercicio de las facultades que le confieren el artículo\n 171 numeral 9 de la Constitución Política de la\n República y 5 segundo inciso del Estatuto del Régimen\n Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,

\n\n

Decreta:

\n\n

Art. 1.- Disponer que el señor Ministro de Educación,\n Cultura, Deportes y Recreación, proceda, de conformidad\n con la facultad que le confiere el Reglamento General de Bienes\n del Sector Público, a entregar en comodato, a la Federación\n Deportiva del Guayas, el complejo de piscinas "La Pradera",\n descrito en el considerando séptimo de este decreto.

\n\n

La Federación Deportiva del Guayas deberá asignar\n un uso libre y amplio de las instalaciones para el beneficio\n de todos los deportistas.
\n

\n\n

Art. 2.- El señor Ministro de Educación,\n Cultura, Deportes y Recreación será responsable\n del cumplimiento de los requisitos necesarios para ejecutar lo\n dispuesto en el artículo 1 de este decreto ejecutivo.

\n\n

Art. 3.- De la ejecución de este decreto, que\n entrará en vigencia a partir de su publicación\n en el Registro Oficial, encárguese el señor Ministro\n de Educación, Cultura, Deportes y Recreación.

\n\n

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 9 de octubre del\n 2002.

\n\n

f.) Gustavo Noboa Bejarano, Presidente Constitucional de la\n República.

\n\n

f.) Juan Cordero Iñiguez, Ministro de Educación,\n Cultura, Deportes y Recreación.

\n\n

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

\n\n

f.) Marcelo Santos Vera, Secretario General de la Administración\n Pública.

\n\n

Nº 014

\n\n

EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO ECUATORIANO\n DE NORMALIZACION INEN

\n\n

Considerando:

\n\n

Que en el marco de la globalización es necesario posicionar\n al Ecuador en un plano competitivo fundamentado en políticas,\n productos y servicios de calidad que brinden apoyo a los sectores\n productivos y a la sociedad;

\n\n

Que está vigente el Reglamento para la Concesión\n de Certificados de Conformidad expedido mediante Decreto Ejecutivo\n N° 587 del 2000-07-19, publicado en el Registro Oficial Nº\n 128 del 2000-07-26;

\n\n

Que en el Convenio para la utilización del certificado\n de conformidad con sello de calidad INEN, se establece que la\n empresa comunicará por escrito al INEN cambios jurídicos\n de la empresa o razón social; y,

\n\n

En uso de las atribuciones que le confiere la ley,

\n\n

Resuelve:

\n\n

PRIMERO.- Expedir el siguiente procedimiento para las\n empresas que realizan cambio de denominación, de razón\n social o fusiones, que hayan obtenido el sello de calidad INEN\n para uno o más productos, sin afectar a su proceso de\n manufactura, en lo relativo a las exigencias del Convenio de\n otorgamiento de sello de calidad INEN firmado entre la empresa\n y la institución, podrá utilizar el logotipo del\n sello de calidad INEN previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

\n\n

a) El representante legal de la empresa presentará\n al Director General del INEN una solicitud en la que explicará\n los cambios legales a la que se adjuntará los documentos\n pertinentes;

\n\n

b) Si la documentación es suficiente, técnicos\n del INEN realizarán una auditoria de situación\n a la empresa y además constatarán si se mantiene\n los compromisos para la vigencia del sello de calidad;

\n\n

c) Se suscribirá un nuevo convenio entre el INEN y\n el representante legal de la empresa cambiada de denominación,\n razón social u fusionada, en el que conste que asume la\n responsabilidad sobre los productos con sello de calidad fabricados\n por la . empresa que originalmente accedió al sello de\n calidad;

\n\n

d) El plazo de vigencia de este sello de calidad será\n por el tiempo que falte para su terminación, de acuerdo\n al convenio original; y

\n\n

e) El procedimiento se aplicará solo para los cambios\n de denominación, de razón social o fusión.

\n\n

SEGUNDO.- Esta resolución entra en vigencia\n desde esta fecha sin perjuicio de su publicación en el\n Registro Oficial.

\n\n

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, al 2002-08-23; las\n 10h30.

\n\n

f.) Felipe Urresta, Ing. Civil, M. Sc., Director General.

\n\n

 

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Nº 47-2002

\n\n

JUICIO VERBAL SUMARIO

\n\n

ACTOR: César Macias Galarza.
\n DEMANDADA: Autoridad Portuaria de Guayaquil.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL

\n\n

Quito, julio 23 del 2002; las 10h10.

\n\n

VISTOS: Alfredo Jurado Von Buchwald, Gerente y representante\n legal de Autoridad Portuaria de Guayaquil, interpone recurso\n de casación de la sentencia dictada por la Cuarta Sala\n de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil, en el juicio laboral\n que sigue César Francisco Macías Galarza. Sostiene\n que en el fallo que ataca se han violado las normas de los artículos:\n 592 del Código del Trabajo; 117, 118, 119 y 120 del Código\n de Procedimiento Civil y cláusulas 15 y 16 del Segundo\n Contrato Colectivo. Fundamenta su recurso en las causales primera\n y tercera del artículo 3 de la Ley de Casación\n y el artículo 19 de la misma ley. Siendo el estado del\n recurso el de resolver, para hacerlo se considera: PRIMERO:-\n La competencia de esta Sala se halla radicada en virtud de lo\n dispuesto en el artículo 200 de la Constitución\n Política y por la razón de sorteo que obra de fojas\n 1 de este cuaderno.- SEGUNDO.- El estudio del escrito que contiene\n el recurso de casación y las piezas procesales pertinentes,\n permite observar a este Tribunal que el casacionista fundamentalmente\n rechaza la posibilidad de impugnar el acta de finiquito, porque\n asegura que se ha celebrado de conformidad con lo que manda el\n artículo 592 del Código del Trabajo. Observa también\n que existe error en la aplicación de las cláusulas\n señaladas del contrato colectivo para fijar la remuneración\n que sostiene ha percibido el accionante. Invoca para ello lo\n que prescriben las. reformas al artículo 95 del Código\n del Trabajo y el 173 de la Ley para la Promoción de la\n Inversión y Participación Ciudadana. Argumenta\n el recurrente que no se ha aplicado lo que prescriben los artículos\n 117, 118, 119 y 120 del Código de Procedimiento Civil,\n sobre la prueba.- TERCERO.- Si hay lugar a la impugnación\n de las actas de finiquito, aún las celebradas con apego\n a lo que prescribe el artículo 592 del Código del\n Trabajo, cuando se establece la existencia de renuncia de derechos,\n omisiones, errores de cálculo, etc.; y eso ocurre en la\n presente litis.- CUARTO.- La Sala de alzada acepta que al practicar\n la liquidación de las indemnizaciones y derechos del ex\n trabajador, no se han incluido varios rubros que constan en las\n cláusulas 53, 76 y 78 del Segundo Contrato Colectivo,\n celebrado entre Autoridad Portuaria de Guayaquil y el Sindicato\n Central Unico de Empleados y Obreros de la entidad, por ello\n acepta parcialmente la demanda. QUINTO.- Debe tomarse en cuenta\n que el artículo 78, numeral 1 del Segundo Contrato Colectivo\n determina: "1 Cada Empleado o Trabajador recibirá\n mensualmente de la Empleadora el cupo de compra que respectivamente\n le corresponde, según la determinación que se hace\n a continuación, que le será asignado sin costo\n alguno, por parte de la Empleadora, para comprar cualesquiera\n de los productos y/o artículos de subsistencia que se\n expendan en cualquiera de los Comisariatos que se pongan de acuerdo\n las partes, en sustitución de los víveres subsidiados".\n En el numeral 2 del mismo artículo 78, se ha estipulado\n que: "2 Aparte de los cupos referidos en el número\n 1) que antecede, la Empleadora otorgará órdenes\n de compra a favor de sus Empleados o Trabajadores, para hacerlas\n efectivas en adquisiciones de productos y/o artículos\n de subsistencia que se expendan en el Comisariato determinado\n de mutuo acuerdo. Estas órdenes de compra tendrán\n un valor de hasta el 40% del sueldo o salario básico que\n perciba mensualmente el respectivo empleado o trabajador, que\n será descontado de la remuneración que reciba aquel\n en el mes posterior, dejando constancia que este cupo es opcional\n para el trabajador y la tarjeta de cupo o membresía asumirá\n su costo el Empleador". En el numeral 3, se ha convenido\n que los valores consignados en los numerales 1 y 2 serán\n reajustados semestralmente. Del texto de lo que dicen los numerales\n 1 y 2, transcritos, se establece con claridad que aquellos que\n se han venido entregando en forma normal y permanente, todos\n los meses o los trabajadores, sin costo alguno para éstos,\n obviamente sí constituyen parte de la remuneración-\n y, aquellos determinados como opcionales para el trabajador según\n la estipulación que consta en el numeral 2 no pueden formar\n parte de la misma. De acuerdo con el análisis precedente,\n se concluye que para liquidar las indemnizaciones a las cuales\n tuvo derecho la accionante, no se tomó en cuenta el cupo\n de comisariato, cantidad que debe agregarse a la remuneración;\n esto es, la suma de S/. 172.800,oo, según documento que\n consta de autos. Además, debe adicionarse el valor del\n bono alimenticio de S/. 4.000, el aporte patronal vacacional\n que asciende a S/. 1 89.740,oo. Estos beneficios suman S/. 366.540,oo\n que deben agregarse a los 1'006.204,17, promedio de los doce\n meses, sobre lo cual se calcula las indemnizaciones; esto es,\n S/. 1 '372.744,17 que es la cantidad sobre la cual deben\n reliquidarse las indemnizaciones, como lo ha dispuesto\n la sentencia de instancia. Por lo expuesto, esta Sala,\n ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR\n AUTORIDAD DE LA LEY, rechaza el recurso de casación.\n Sin costas. Notifíquese.

\n\n

Fdo.) Dres. Teodoro Coello Vázquez, Camilo Mena Mena\n y Julio Jaramillo Arízaga, Magistrados.

\n\n

Certifico.- f.) Dr. Julio Arrieta Escobar, Secretario Relator.\n Es fiel copia del original.- Certifico.

\n\n

f.) Dr. Julio Arieta Escobar, Secretario de la Segunda Sala\n de lo Laboral y Social.

\n\n

 

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Nº 53-2002

\n\n

JUICIO VERBAL SUMARIO

\n\n

ACTOR: Alfredo Zambrano del Valle.
\n DEMANDADA: Empresa Eléctrica Milagro CA.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL

\n\n

Quito, junio 6 del 2002; las 16h00.

\n\n

VISTOS: Dentro de la causa laboral seguida por Alfredo de\n Jesús Zambrano del Valle en contra de la Empresa Eléctrica\n Milagro CA. Las partes, en desacuerdo con la sentencia dictada\n por la Tercera Sala de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil,\n interpusieron recurso de casación, sin embargo, la Sala\n Especializada admitió a trámite únicamente\n el recurso planteado por la parte demandada, toda vez que el\n interpuesto por el actor fue rechazado al no cumplir con los\n requisitos legales establecidos en la ley de la materia; de tal\n manera que, corresponde en este estado de la causa resolver sobre\n el recurso de casación interpuesto por la parte accionada\n y para ello, se efectúan las siguientes consideraciones:\n PRIMERO.- La competencia, se ha radicado en esta Segunda Sala\n de lo Laboral y Social de la Corte Suprema de Justicia, atendiendo\n las disposiciones constitucionales y legales pertinentes, así\n como el sorteo de ley realizado, cuya razón antecede.-\n SEGUNDO.- El recurrente, manifiesta que la sentencia que impugna,\n incurre en errónea aplicación de las normas de\n derecho contenidas en los Arts. 6, 224 y 250 del Código\n del Trabajo; Art. 6 del Décimo Quinto Contrato Colectivo\n de Trabajo suscrito entre la empresa y el comité de los\n trabajadores; Art. 1588 del Código Civil; y, Arts. 118,\n 119, 121 y 125 del Código de Procedimiento Civil; adicionalmente,\n señala que hubo errónea interpretación de\n la resolución dictada por la Corte Suprema de Justicia,\n publicada en el Registro Oficial Nº 412 de 6 de abril de\n 1990.- Sustenta el recurso en la causal primera del Art. 3 de\n la Ley de Casación.- TERCERO.- En la fundamentación\n del recurso, el casacionista indica que la Sala de alzada aplica\n indebidamente la resolución de la Corte Suprema, publicada\n en el R.O. Nº 412 de 6 de abril de 1990, en cuanto a que\n "...el Contrato Colectivo ampara a todos los trabajadores\n aunque no pertenezcan al Comité de Empresa; y la relacionada\n a los cargos directivos de que habla el artículo 253 del\n Código del Trabajo, errónea interpretación\n y aplicación que lleva a la Sala a dejar de aplicar el\n principio DE EXCLUSION que consta convenido en el Artículo\n Sexto del décimo quinto contrato Colectivo de Trabajo...".\n Además, manifiesta que la sentencia deja de aplicar correctamente\n los Arts. 6, 224 y 250 del Código del Trabajo en concordancia\n con los artículos 6 y 1588 del Código Civil, disposiciones\n legales que aplicadas correctamente hubieran dado eficacia jurídica\n a la cláusula contractual de exclusión, reconocida\n por diversos fallos conforme consta entre otros en el Registro\n Oficial Nº 85 del 12 de junio de 1997 en donde se admite\n el principio de exclusión de los beneficios contractuales\n para determinadas funciones.- CUARTO.- De acuerdo con lo transcrito\n en las cláusulas que anteceden, es fácil percibir\n que el asunto central de la presente controversia está\n en determinar si el actor del presente juicio se encuentra o\n no amparado por el Décimo Quinto Contrato Colectivo; de\n ello dependerá la procedencia del pago de las indemnizaciones\n contempladas en el convenio; en este sentido, necesario es precisar\n que en el caso sub-júdice el actor del juicio, de acuerdo\n con el contrato de trabajo a prueba de fs. 202 y 203, prestaba\n sus servicios para la empresa demandada en calidad de Director\n de Relaciones Industriales bajo la dependencia directa del Gerente\n General de la Empresa Eléctrica Milagro CA. y como tal\n desempeñaba funciones de Administrador, Director y Coordinador\n de todo lo concerniente al personal de la empresa, además,\n Supervisor de la prestación de servicios de bienestar\n y asistencia social; encargado de elaborar reglamentos, instructivos\n normas y procedimientos requeridos para la administración\n de los recursos humanos y prestación de servicios; y,\n por último, encargado de la autorización de la\n movilización de los vehículos en días y\n horas no laborables; en definitiva, como se puede apreciar a\n simple vista el demandante era una persona de confianza del Gerente\n General que inclusive en determinadas circunstancias era representante\n de éste, de tal forma que, podría en principio\n y de acuerdo con el Art. 253 (antes 242) del Código del\n Trabajo establecerse que el accionante se encontraba fuera del\n amparo del contrato colectivo, sin embargo, la Corte Suprema\n de Justicia en resolución dictada el 28 de marzo de 1990\n y publicada en el Registro Oficial Nº 412 de 6 de abril\n del mismo año, determinó que esta norma no es aplicable\n a los empleados con nivel directivo o administrativo de las entidades\n privadas con finalidad social o pública.- QUINTO.- El\n Art. 6 del Décimo Quinto Contrato Colectivo de Trabajo\n (fs. 86 a 200) en forma expresa excluye del amparo y protección\n del convenio entre otros al Director de Relaciones Industriales,\n consecuentemente, el problema que ahora se presenta es el de\n analizar si tienen fuerza imperativa las cláusulas de\n un contrato colectivo que excluyen de sus beneficios y protección\n a quienes en el régimen interno de la empresa representan\n al empleador; a este respecto, es necesario indicar que la Corte\n Suprema de Justicia ha reconocido fuerza imperativa a las cláusulas\n de excepción basadas en el desempeño de actividades\n de confianza y dirección en los casos en que la cláusula\n contractual, enumerando cada uno de los cargos, especifica quienes,\n por ser representantes del empleador en el régimen interno,\n no están comprendidos entre los trabajadores amparados\n por la contratación colectiva, sin que por consiguiente,\n sea posible desconocer el alcance de la exclusión. En\n consecuencia, el demandante se encontraba por expreso mandato\n del contrato colectivo, que. constituye ley para las partes,\n fuera del amparo y protección del convenio, por tanto,\n no proceden las indemnizaciones que por esta causa se han mandado\n a pagar en la sentencia subida en grado.- Por lo expuesto, esta\n Sala, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR\n AUTORIDAD DE LA LEY, casa en los términos que anteceden,\n el fallo dictado por la Sala de alzada.- Notifíquese y\n devuélvase.

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Fdo.) Dres. Teodoro Coello Vázquez, Camilo Mena Mena\n y Julio Jaramillo Arízaga, Magistrados.

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Certifico.- f.) Dr. Julio Arrieta Escobar, Secretario Relator.

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Es fiel copia del original.- Certifico.

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f.) Dr. Julio Arrieta Escobar, Secretario de la Segunda Sala\n de lo Laboral y Social.

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL

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Quito, junio 18 del 2002; las 11h25.

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Agréguense a los autos los escritos que anteceden.\n En lo principal, niégase por extemporáneo la ampliación\n y aclaración a la sentencia solicitada por el Ing. Carlos\n Scheel Pages, así como por el actor Lcdo. Alfredo Zambrano\n del valle. Notifíquese.

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Fdo.) Dres. Teodoro Coello Vázquez, Magistrado.

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Certifico.- f.) Dr. Julio Arrieta Escobar, Secretario Relator.

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Es fiel copia del original.- Certifico.

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f.) Dr. Julio Arieta Escobar, Secretario de la Segunda Sala\n de lo Laboral y Social.

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Nº 67-2002

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JUICIO VERBAL SUMARIO

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ACTOR: Aníbal Garzón Guerrero.
\n DEMANDADA: Corporación Aduanera Ecuatoriana.

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL

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Quito, junio 12 del 2002; las 16h40.

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VISTOS: El Dr. John Birkett Mórtola, Gerente General\n encargado de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, manifestando\n su inconformidad con la sentencia dictada por la Tercera Sala\n de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil, interpone recurso\n de casación, en el juicio laboral que sigue Aníbal\n Garzón Guerrero. Expresa que en el fallo que impugna,\n se han infringido los siguientes artículos: 449, 450 numeral\n Sto. y 592 del Código del Trabajo; 35 numeral 5 de la\n Constitución Política; y, 117 del Código\n de Procedimiento Civil. Funda su recurso en las causales 1, 3\n y 5 del artículo 3 de la Ley de Casación. Siendo\n el estado del recurso el de resolver, para hacerlo se considera:\n PRIMERO.- La competencia de esta Sala se halla radicada en virtud\n de lo dispuesto en el artículo 200 de la Constitución\n Política y por la razón de sorteo que obra de fojas\n 1 de este cuaderno. SEGUNDO.- El estudio del escrito de interposición\n del recurso y las piezas procesales del caso, permite observar\n a la Sala que el recurrente sostiene que el acta de finiquito\n suscrita ante el Inspector del Trabajo, reúne los requisitos\n que exige el artículo 592 del Código Laboral y\n que, por lo mismo, no es susceptible de impugnación. Cita\n la norma legal mencionada y la del artículo 35 numeral\n 5 de la Constitución Política, sobre la validez\n de la transacción en materia laboral. Sostiene además,\n que se ha aplicado erróneamente lo que prescribe el artículo\n 117 del Código de Procedimiento Civil, sobre la prueba,\n también menciona los preceptos de los artículos\n 449 y 450 del Código del Trabajo sobre la personería\n de las asociaciones profesionales y nómina de los asociados.-\n TERCERO.- Hay un criterio uniforme en las diversas salas de lo\n Laboral y Social de la Corte Suprema sobre la posibilidad de\n impugnar las actas de finiquito -aún las celebradas con\n las formalidades que estatuye el artículo 592 del Código\n del Trabajo- cuando de su texto aparece que existe renuncia de\n derechos, omisiones, errores de cálculo, etc. El actor\n en su demanda impugna el acta de, finiquito, que debe ser analizada\n en este fallo.- CUARTO.- Según el texto de la demanda\n y lo que consta del acta de finiquito de fojas 13 y 14 del proceso,\n aparece que el demandante trabajó hasta el 19 de noviembre\n de 1993, cuando se encontraba vigente el Octavo Contrato Colectivo,\n celebrado entre el Ministerio de Finanzas y Crédito Público\n y la Asociación Sindical de Trabajadores de Aduanas, cuya\n copia se solícita dentro del respectivo término\n de prueba: pero, se presenta extemporáneamente, sin embargo,\n se la analiza. En la cláusula cuarta, se determina que\n el contrato colectivo tiene una duración de dos años,\n a partir del 21 de noviembre de 1991. En la cláusula sexta\n del aludido contrato, dice: "Garantía de estabilidad.-\n El empleador garantiza una estabilidad y seguridad de tres años".\n Se puntualiza que "El empleador se obliga a pagar por romper\n la garantía de estabilidad: a) Para los trabajadores sindicalizados\n el 100% del salario que perciban a la fecha, por el tiempo que\n faltare para la terminación del derecho de estabilidad,\n más seis meses de salarios por cada año, además\n de lo que dispone el Art. 189 del Código del Trabajo".\n El demandante a base de estas normas, reclama concretamente la\n indemnización correspondiente a lo que consta en el literal\n a) de la cláusula sexta, esto es, "Más seis\n meses de salarios por cada año", además de\n lo que dispone el artículo 189 del Código del Trabajo.\n Según el acta de finiquito, por lo prescrito en el artículo\n sexto, se le entrega la suma de S/. 5'199.696,oo. Según\n esta cifra, se reconoce al actor doce meses de salarios que faltaban\n para completar los tres años de estabilidad, a base del.\n salario de S/. 288.872,oo, que consta en la demanda y juramento\n deferido. El saldo, esto es, S/. 1'733.232,oo, corresponde a\n seis meses de salario, por un año que falta para completar\n el periodo de estabilidad. A juicio de este Tribunal, el texto\n del literal a) de la cláusula sexta, es clara. La última\n parte, en donde se consigna "más seis meses de salarios\n por cada año", se refiere al tiempo que faltaba para\n completar la estabilidad (un año). Así ha procedido\n la empleadora al cancelar al demandado los seis meses por el\n año que no había transcurrido para cumplir los\n tres años de estabilidad. No se trata como pretende el\n demandante de una indemnización de seis meses de salarios\n por cada año de servicios, sino del tiempo que faltaba\n para completar la estabilidad. La diferencia entre la cantidad\n pagada y la reclamada es muy significativa S/. 58'929.888,oo,\n según dice en la demanda. No es convincente ni lógico\n que el demandante que recibió S/. 17'954.080, según\n aparece del acta de finiquito, no haya advertido que estaba sufriendo\n él y sus compañeros de trabajo, liquidados en la\n misma fecha, un perjuicio económico de esa magnitud. Resulta\n también extraño que la demanda se haya presentado\n el 5 de febrero de 1996, cuando había transcurrido dos\n años y tres meses de su separación de la entidad.\n Por consiguiente, el actor recibió los seis meses de salarios,\n por el tiempo que le faltaba para completar el periodo de estabilidad.\n La Tercera Sala de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil\n ha hecho errada interpretación de la cláusula sexta\n del contrato colectivo. Por las consideraciones anotadas, esta\n Sala, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR\n AUTORIDAD DE LA LEY, casa la sentencia dictada por la Tercera\n Sala de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil y rechaza\n la demanda. Sin costas. Notifíquese.

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Fdo.) Dres. Teodoro Coello Vázquez, Camilo Mena Mena\n y Julio Jaramillo Arízaga, Magistrados.- Certifico.- Dr.\n Julio Arieta Escobar, Secretario Relator.

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Es fiel copia del original.- Certifico.- f.) Dr. Julio Arieta\n Escobar, Secretario de la Segunda Sala de lo Laboral y Social.\n

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Nº 68-2002

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JUICIO VERBAL SUMARIO

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ACTORA: Maria Pilozo Espinales.
\n DEMANDADA: INEPACA

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL

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Quito, junio 12 del 2002; a las 16h20.

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VISTOS: Olmedo Zambrano Espinel, por los derechos que representa\n de la Empresa Industria Ecuatoriana Productora de Alimentos INEPACA,\n interpone recurso de casación de la sentencia dictada\n por la Primera Sala de la Corte Superior de Justicia de Portoviejo\n el 6 de diciembre del 2001, a las 15h00, dentro del juicio laboral\n que sigue María Margarita Pilozo Espinales. Siendo el\n estado del recurso el de resolver, para hacerlo se considera:\n PRIMERO.- La competencia de esta Sala se halla radicada en virtud\n de lo dispuesto en el artículo 200 de la Constitución\n Política y por la razón de sonco que obra de fojas\n 1 de este cuaderno. SEGUNDO.- El recurrente acusa a la sentencia\n que impugna de infringir los artículos: 1588 y 1603 del\n Código Civil; 592 del Código del Trabajo: 119 del\n Código de Procedimiento Civil; 19 de la Ley de Casación;\n y, cláusula segunda del Décimo Sexto Contrato Colectivo.\n Se funda en las causales primera y segunda del artículo\n 3 de la Lev de Casación. Su argumento fundamental para\n impugnar la sentencia de segunda instancia, es el pago que ésta\n ordena de 24 meses de sueldo por estabilidad, en base a la cláusula\n quinta del Décimo Sexto Contrato Colectivo; pues, afirma\n el casacionista, que existe errónea interpretación\n y aplicación de esta cláusula por parte de la Sala\n de alzada. Asegura además, que el acta de finiquito celebrada\n entre las partes, ha sido practicada ante el Inspector del Trabajo\n y pormenorizada, como lo exige el artículo 592 del Código\n del Trabajo, por lo tanto es válida. TERCERO.- Del estudio\n y cotejo de las piezas procesales invocadas se observa lo siguiente:\n a) La cláusula quinta del Décimo Sexto Contrato\n Colectivo, norma fundamental para aclarar este caso, textualmente,\n dice: "El empleador garantiza a todos y cada uno de los\n trabajadores amparados bajo este contrato colectivo, la estabilidad\n en sus respectivos puestos de trabajo por un período de\n dos años, contados a partir de la terminación legal\n del anterior contrato, esto es, el 15 de octubre de mil novecientos\n noventa y ocho, tiempo en el cual no podrá despedir ni\n desahuciar a ningún trabajador, de no cumplir con la estabilidad\n pactada pagará al trabajador afectado una indemnización\n equivalente a la totalidad de los sueldos y salarios que faltaren\n para completarse la estabilidad señalada, indemnización\n que en ningún caso podrá ser menor a doce meses\n de sueldo..."; y, b) La sentencia de alzada, confirmatoria\n de la del inferior, reconoce, a favor del actor el reclamo referente\n al pago de los 24 meses de estabilidad que garantiza el Décimo\n Sexto Contrato Colectivo y dice: ". . .otro punto solicitado\n corresponde al pago de la diferencia en el cálculo de\n la indemnización por despido intempestivo según\n la cláusula quinta del Décimo Sexto Contrato Colectivo,\n por cuanto no tiene el carácter de consumible y al respecto\n existe la suficiente jurisprudencia de que su pago es integro\n y estos fallos, de conformidad a lo dispuesto en el artículo\n 19 inciso primero de la Ley de Casación, constituyen precedente\n para la aplicación de la Ley.". Puntos fundamentales\n de los que se concluye que la Primera Sala de la Corte Superior\n de Justicia de Portoviejo hizo aplicación indebida de\n la cláusula indicada; pues, ésta claramente establece:\n "UNA INDEMNIZACION EQUIVALENTE A LA TOTALIDAD DE LOS SUELDOS\n Y SALARIOS QUE FALTAREN PARA COMPLETAR LA ESTABILIDAD SEÑALADA".\n Cláusula que no requiere de análisis ni de interpretación.\n La jurisprudencia aplicada al caso, corresponde a juicios en\n los cuales, basándose en cláusulas contractuales\n colectivas que garantizan determinada estabilidad, pero, que.\n no han señalado la indemnización que deberá\n cubrir la parte empleadora en caso de que violare tal garantía;\n y, si bien es cierto, que en algunos casos en situaciones como\n la planteada, alguna de las salas de la Corte Suprema reconoció\n que ante la falta de penalización a la infracción\n de la estabilidad pactada, debe pagarse las remuneraciones correspondientes\n a la totalidad del tiempo de estabilidad; también es cierto\n que se ha establecido jurisprudencia en el sentido de que a la\n falta de penalización convenida en la contratación\n colectiva, se debe pagar el 50% del tiempo que falta para completar\n el plazo, asimilándose la situación a lo que ocurre\n con los contratos individuales de plazo fijo. Sin embargo, en\n el caso concreto de esta controversia, el contrato colectivo\n sí señala con claridad la sanción por irrespeto\n a tal garantía, como se lee en la transcripción\n que antecede. No puede, por lo mismo, aplicarse esa jurisprudencia\n a este caso que es radicalmente distinto, en el que el propio\n contrato colectivo ha determinado la forma como ha de indemnizarse.\n Por lo expuesto, esta Sala, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE\n DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, acepta el recurso\n interpuesto y casa la sentencia dictada por la Primera Sala de\n la Corte Superior de Justicia de Portoviejo, en los términos\n que constan en el considerando tercero de este fallo. Sin costas.\n Notifíquese.

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Fdo.) Dres. Teodoro Coello Vásquez, Camilo Mena Mena\n y Julio Jaramillo Arízaga, Magistrados.- Certifica.- Dr.\n Julio Arieta Escobar, Secretario Relator.

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Es fiel copia del original.- Certifico.- f.) Dr. Julio Arieta\n Escobar, Secretario de la Segunda Sala de lo Laboral y Social.

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Nº 70-2002

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JUICIO VERBAL SUMARIO

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ACTOR: Marcelo Pontón Fuentes.

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DEMANDADO:\n Banco Nacional de Fomento.

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL

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Quito, junio 27 del 2002; a las 11h25.

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VISTOS: Dr. Santiago Terán Peñaherrera, Gerente\n General del Banco Nacional de Fomento, interpone recurso de casación\n de la sentencia dictada por la Cuarta Sala de la Corte Superior\n de Justicia de Quito, confirmatoria en todas sus partes, de la\n pronunciada en su oportunidad por el Juez Cuarto del Trabajo\n de Pichincha, dentro del proceso laboral iniciado en contra del\n banco por Marcelo Fabián Pontón Fuentes. Por cuanto\n la causa se ha sustanciado en su integridad en esta etapa, procede\n la resolución de la misma; por lo mismo, se realizan las\n siguientes consideraciones: PRIMERO.- La competencia para conocer\n del recurso deducido, se ha radicado en esta Segunda Sala de\n lo Laboral y Social, de acuerdo con las normas constitucionales\n y legales y además por el sorteo de ley realizado. SEGUNDO.-\n El recurso de casación de fs. 14 a 21 del expediente de\n última instancia, en su extenso contenido, impugna la\n sentencia de la Cuarta Sala de la Corte Superior de Quito, aduciendo\n que ella, viola algunas disposiciones legales entre las cuales\n menciona: Art. 35 numeral 9 inciso final de la Constitución\n Política del Estado, vigente a partir del 11 de agosto\n de 1998, Art. 49 literal i) inciso tercero de la Constitución\n Política del Estado, vigente en el año 1997; Art.\n 42 de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Fomento; Art.\n 2 de la Ley de Servicio Civil y Carera Administrativa; Arts.\n 313, 311 y 10 inciso segundo del Código de Trabajo, Resolución\n Nº 180-01-RA-18 de 4 de julio del 2001, emitida por la Primera\n Sala del Tribunal Constitucional; Resolución Nº 50-111\n dictada por la Tercera Sala del Tribunal Constitucional; Arts.\n 1, 2 y 3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa;\n Arts. 353 y 1067 del Código de Procedimiento Civil; y,\n los preceptos jurídicos aplicables a la valoración\n de la prueba. Fundamenta su recurso en la falta de aplicación\n de todas las normas señala

 

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