Registro Oficial. 18 de OCTUBRE del 2002

Viernes, 18 de octubre de 2002

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

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   MES DE OCTUBRE DEL 2002
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Viernes, 18 de octubre del 2002 - R. O. No. 686

\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n

DR. JOSE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR

\n\n

FUNCION\n LEGISLATIVA
\n
LEY:

\n  
\n 2002-85 Ley de creación de\n la Universidad Estatal Amazónica.
\n  
\n FUNCION\n EJECUTIVA
\n
DECRETOS:

\n  
\n 3178 Difiérese la aplicación\n del Arancel Nacional de Importaciones de las Subpartidas Nandina\n 8407.10.00. 8413.82.00, 84.13.92.00, 88.02.20.10, 88.02.20.90,\n 8802.30.10 y 88.03, correspondientes  a bienes  no\n producidos en la Subregión,  por un plazo de 90 días,\n contados  a partir de  la publicación del presente\n decreto ejecutivo en el Registro Oficial.

\n\n

3179 Expídese el Reglamento\n para el Control de  la Discrecionalidad en los  actos\n de  la Administración Pública.

\n\n

3189   Mientras \n dure la ausencia en el  pais del Presidente  Constitucional\n de la  República, doctor Gustavo Noboa  Bejarano,\n deléganse  atribuciones al señor ingeniero\n Pedro Pinto  Rubianes, Vicepresidente  Constitucional\n de  Ia República.
\n  
\n TRIBUNAL\n CONSTITUCIONAL
\n RESOLUCIONES:

\n  
\n 004-2002-CI Aclárase la \n omisión del nombre del Magistrado Dr. René de la\n Torre.
\n  
\n
SEGUNDA\n SALA
\n  
\n 013-2002-AA Acéptase \n la demanda de  inconstitucionalidad presentada por el Cabos\n de Policía Segundo David Achote Canoy,  declárase\n inconstitucional el acto administrativo contenido en la \n Resolución 2001-061-CS- PN, expedido por el H Consejo\n Superior de la Policía Nacional.

\n\n

029-2002-HC Confírmase la\n resolución emitida por el Alcalde del Distrito Metropolitano\n de Quito, y niégase el recurso de hábeas corpus\n interpuesto por Miguel Vicente Caicedo Herrera.

\n\n

032-2002-HC Confirmase  la resolución\n emitida por el Alcalde del  Distrito Metropolitano de \n Quito, Enc, y  niégase el  recurso de \n hábeas corpus interpuesto por Richard  Raúl\n  Naranjo  Gualán.

\n\n

035-2002-HD Confirmase la resolución\n del Juez de  instancia y niégase el recurso de hábeas\n data solicitado por el ingeniero Carlos de Sucre Zaldumbide,\n representante legal de la Empresa Cerveza Regionales S.A. CERVESA.

\n\n

265-2002-RA\n Revócase \n la resolución del Juez Cuarto de lo Civil  de Sucúa\n y concédese el amparo constitucional solicitado por\n el Arq. Jimmy Renato Villarreal Díaz.

\n\n

299-2002-RA\n Confirmase \n la resolución venida  en grado y niégase \n la demanda de  amparo constitucional propuesta por \n Juan Benigno Núñez

\n\n

309-2002-RA  Confirmase la  resolución\n subida en grado y concédese el  amparo solicitado\n por el señor Edgar  Enrique Leiton Rodríguez\n y otros.

\n\n

331-2002-RA No admitir la acción\n de amparo constitucional solicitada por el doctor Ansberto Alejandro\n Aguayo Pinargote.

\n\n

340-2002-RA Dispónese el archivo\n definitivo  de los amparos constitucionales que se \n han planteado sobre el tema materia de la acción interpuesto\n por el señor Hugo Napoleón Sánchez Garcés\n y otros.

\n\n

346-2002-RA Inadmitir la acción\n planteada por la Econ. Fagney de Lourdes Jaramillo López.

\n\n

354-2002-RA Confírmase la resolución\n subida en grado y niègase la acción de amparo constitucional\n solicitada por el señor Juan Vicente Paillacho Cabascango.

\n\n

360-2002-RA No admitir el amparo constitucional\n planteado por la señora Orfa Cecilia Carvajal Muñoz.

\n\n

366-2002-RA Confirmase la resolución\n subida en grado y niégase la acción de amparo constitucional\n solicitada por la señora Rosa Irene Molina Cevallos.

\n\n

372-2002-RA\n Confirmase\n la resolución  subida en grado y niégase la\n acción de amparo constitucional solicitada por el ingeniero\n Gabriel Rafael Pernine Vinci.

\n\n

375-2002-RA Confírmase la resolución\n subida en grado y niégase el amparo solicitado por el\n señor Héctor Alexander Aguirre Torres y otros.

\n\n

388-2002-RA Acéptase la acción\n de amparo constitucional propuesta por el ingeniero Ramón\n Cevallos Solórzano.

\n\n

394-2002-RA  Confirmase la resolución\n expedida por el  Juez Décimo Sexto de lo Civil de \n Salinas y  concédese la acción de amparo constitucional\n propuesta por la señorita Mercedes Lucrecia Suárez\n Sande.

\n\n

396-2002-RA Revócase  la resolución \n expedida por el Juez Primero de  lo Civil de  Chimborazo\n y concédese  la acción de  amparo constitucional\n propuesta por el señor Carlos Iván Tite  Pilla.

\n\n

425-2002-RA No admitir la acción\n de amparo constitucional planteada por el señor Noé\n Zambrano Ojeda.

\n\n

455-2002-RA\n Confirmase\n la resolución del Juez  de instancia y concédese\n el amparo constitucional solicitado por  la señora\n Marlene Yolanda Bone Morán.

\n\n

493-2002-RA No admitir por improcedente\n el amparo constitucional interpuesto por el señor Homero\n Pastrana Morales y otro.

\n\n

498-2002-RA No admitir por improcedente\n el amparo constitucional interpuesto por el señor Marco\n Cortés Villalba y otro.

\n\n

501-2002-RA Revócase la resolución subida\n en grado y niégase la acción de amparo constitucional\n solicitada por el abogado Julio Hidalgo Viera.

\n\n

526-2002-RA No admitir por improcedente\n el amparo constitucional interpuesto por el abogado Nelio Aguilar\n Camacho.
\n  
\n ORDENANZAS\n MUNICIPALES:
\n  
\n
-Cantón\n Montúfar: Que reforma la Ordenanza Constitutiva del\n Patronato de Amparo y Gestión Social.
\n -Gobierno Municipal de Huamboya: Que\n reglamenta la creación, administración y funcionamiento\n de la Empresa Municipal de Abastos.
\n  
\n
AVISOS\n JUDICIALES:
\n  
\n - Juicio de expropiación seguido\n por el Municipio del Cantón Sigchos en contra de los herederos\n presuntos y desconocidos de José Eufracio Gallegos\n y otra (1ra publicación)

\n\n

-\n Juicio de expropiación\n seguido por la I. Municipalidad del Cantón Guano en contra\n de los herederos presuntos y desconocidos de José Yagos\n y otra (1ra publicación)

\n\n

-\n Juicio de expropiación\n seguido por el Ilustre Municipio del Cantón Cañar\n en contra de Vicente Humberto Calle Hernández y otra (1ra\n publicación).

\n\n

-\n Muerte presunta del\n señor Fredi Froilán Sojos San Martin (1ra publicación).

\n\n

-\n Juicio de expropiación seguido\n por el I. Municipio de Riobamba en contra de Gustavo Octavio\n Nono Yausen y otra (2da publicación).\n

\n \n
\n

\n\n

 

\n\n

PRESIDENCIA\n DE LA REPUBLICA

\n\n

Oficio N0 SGA. 0000483
\n Quito, 14 de octubre del 2002.

\n\n

Doctor
\n Jorge Morejón Martínez
\n DIRECTOR DEL REGISTRO OFICIAL
\n En su despacho.

\n\n

De mi consideración:

\n\n

De conformidad con lo que dispone la Constitución Política\n de la República, le remito para su publicación\n en el Registro Oficial la:

\n\n

LEY DE CREACION DE LA
\n UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

\n\n

Así mismo, se dignará encontrar el auténtico\n de la ley, en mención, sancionada por el ministerio de\n la ley, para que sea devuelta al Congreso Nacional, una vez que\n se publique en el Registro Oficial.

\n\n

Atentamente.
\n DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

\n\n

f.) Marcelo Santos Vera, Secretario General de la Administración\n Pública.

\n\n

 

\n\n

N0 2002-85

\n\n

CONGRESO NACIONAL

\n\n

Considerando:

\n\n

Que es deber del Estado promover la educación superior,\n en especial en las regiones que permanecen al margen de los procesos\n de desarrollo económico y social preparando recursos humanos\n completamente calificados;

\n\n

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo\n 17 de la Ley de Educación Superior, en sesión del\n 24 de julio del 2002, el CONESUP emite informe favorable para\n la creación de la Universidad Estatal Amazónica\n en el cantón Puyo de la provincia de Pastaza, según\n consta en el oficio N0 308-CONESUP de 7 de agosto del 2002; y,

\n\n

En ejercicio de las facultades constitucionales y legales,\n expide la siguiente:

\n\n

LEY DE CREACION DE LA
\n UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

\n\n

Art. 1.- Créase la Universidad Estatal Amazónica,\n como persona jurídica autónoma de derecho público.\n Sus actividades se regirán por la Constitución\n Política de la República, la Ley de Educación\n Superior y las demás disposiciones legales y reglamentarias\n sobre la materia.

\n\n

Art. 2.- La Universidad Estatal Amazónica tendrá\n su domicilio en la ciudad del Puyo, provincia de Pastaza y funcionará\n inicialmente con las Unidades Académicas autorizadas por\n el CONESUP.
\n De conformidad con la Ley, las necesidades y los requerimientos\n de desarrollo humano regional, podrá crear unidades académicas,\n extensiones universitarias a nivel de pre-grado y pos-grado,\n así como también eventos de capacitación\n relacionados con su misión y visión.

\n\n

Art. 3.- La Universidad Estatal Amazónica en razón\n de las características singulares que la constituyen y\n rodean, propenderá a la investigación científica\n y tecnológica, a la recolección de información\n ambiental, humana, ancestral y de recursos de la región,\n para el desarrollo de proyectos que enriquezcan el patrimonio\n nacional y universal.

\n\n

Art. 4.- Constituye patrimonio de la Universidad Estatal Amazónica:

\n\n

a) Las rentas que asignan recursos a las Universidades y Escuelas\n Politécnicas del país de conformidad con la Ley\n de Educación Superior;

\n\n

b) Los recursos provenientes de sus actividades;

\n\n

c) Los ingresos que -se originen en convenios nacionales e\n internacionales;

\n\n

d) Los recursos que se asignen en el Presupuesto General del\n Estado, mediante leyes, decretos o acuerdos especiales;

\n\n

e) Los legados, herencias y donaciones de personas naturales\n o jurídicas nacionales o extranjeras;

\n\n

f) Cualesquiera otra forma de aporte o contribución\n a título gratuito de naturaleza legal y legítima;\n y,

\n\n

g) Ingresos provenientes de contratos de servicios académicos,\n profesionales, técnicos, asesorías y proyectos\n de cooperación con entidades privadas y públicas.

\n\n

DISPOSICION TRANSITORIA

\n\n

Créase una Comisión Especial que, en el plazo\n de 90 días proceda a organizar la Universidad, elabore\n el Estatuto Universitario para su aprobación por parte\n del CONESUP; integran dicha Comisión Especial los señores\n doctor Gil Vela Vasco, economista Edwin Salas Cárdenas\n y arquitecto Luis Bossano Rivadeneira, profesionales de reconocida\n experiencia académica y administrativa, que luego de cumplir\n con su objetivo cesarán en sus funciones.

\n\n

DISPOSICION FINAL

\n\n

La presente Ley entrará en vigencia a partir de su\n publicación en el Registro Oficial.

\n\n

Dada, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano,\n en la sala de sesiones del Pleno del Congreso Nacional del Ecuador,\n a los veinticinco días del mes de septiembre del año\n dos mil dos.

\n\n

f) H. José Cordero Acosta, Presidente.

\n\n

f.) Andrés Aguilar Moscoso, Secretario General.

\n\n

Certifico que la presente ley fue sancionada por el ministerio\n de la ley.

\n\n

Palacio Nacional, en Quito, a once de octubre del dos mil\n dos.

\n\n

f.) Marcelo Santos Vera, Secretario General de la Administración\n Pública.

\n\n

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

\n\n

f.) Marcelo Santos Vera, Secretario General de la Administración\n Pública.

\n\n

 

\n\n

No. 3178

\n\n

Gustavo Noboa Bejarano
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
\n REPUBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que el Acuerdo de Cartagena en su artículo 94 faculta\n a los países miembros de la Comunidad Andina a diferir\n la aplicación del Arancel Externo Común a la importación\n de productos que no se producen en la Subregión;

\n\n

Que la Decisión 370 de la Comisión de la Comunidad\n Andina permite a los países miembros diferir el Arancel\n Externo Común hasta un nivel de 0% para el caso de materias\n primas y bienes de capital no producidos a nivel subregional;

\n\n

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 2429, publicado en el Suplemento\n del Registro Oficial No. 547 de 3 de abril del 2002, se expidió\n el nuevo Arancel Nacional de Importaciones, sobre la base de\n la Decisión 507 de la Comisión de la Comunidad\n Andina;

\n\n

Que en la Resolución 492 de la Secretaría General\n de la Comunidad Andina, y sus reformas que contiene la nómina\n de bienes no producidos en la subregión, se encuentran\n comprendidas las subpartidas arancelarias 8407. 10.00, 8413.82.00,\n 8413.92.00. 8802.20.10, 8802.20.90, 8802.30.10 y la partida 88.03.\n detalladas en el referido Decreto Ejecutivo 2429;

\n\n

Que dadas las condiciones invernales suscitadas a inicios\n de este año, la mayoría de las zonas productoras\n de banano presentan problemas de alta incidencia de la Sigatoka\n Negra, tomándose necesario adoptar acciones inmediatas\n ante futuros fenómenos climatológicos;

\n\n

Que el Consejo de Comercio Externo e Inversiones, mediante\n Resolución No. 155 de 11 de julio del 2002, emitió\n dictamen favorable para el diferimiento arancelario a cero por\n ciento (0%) ad volorem de la nómina de las siete subpartidas\n Nandina antes referidas y correspondientes a bienes no producidos\n en la subregión; y,

\n\n

En ejercicio de la facultad que le confieren el último\n inciso del artículo 257 de la Constitución Política\n de la República y el artículo 15 de la Lev Orgánica\n de Aduanas.
\n

\n\n

Decreta:

\n\n

Art. 1.- Difiérase la aplicación del\n Arancel Nacional de Importaciones de las subpartidas Nandina\n 8407.10.00, 8413.82.00, 8413.92.00, 8802.20.10, 8802.20.90, 8802.30.10\n y 88.03, correspondientes a bienes no producidos en la subregión,\n por un plazo de 90 días, contados a partir de la publicación\n del presente decreto ejecutivo en el Registro Oficial. En consecuencia,\n aplíquese el nivel arancelario de 0% ad-valorem, por el\n plazo señalado, a la nómina de las referidas subpartidas,\n que se detallan a continuación:

\n\n

PARTIDA DETALLE DE LA ADV. %
\n MERCANCIA

\n\n

8407.10.00 - Motores de aviación 0
\n 8413.82.00 -- Elevadores de líquidos 0
\n 8413.92.00 -- De elevadores de líquidos 0
\n 8802.20.10 -- Aviones de peso máximo de
\n despegue inferior o igual a 5.700
\n kg. excepto los diseñados
\n específicamente para uso militar 0
\n 8802.20.90 -- Los demás 0
\n 8802.30.10 -- Aviones de peso máximo de
\n despegue inferior ó igual a 5.700
\n kg. Excepto los diseñados
\n específicamente para uso militar 0
\n 88.03 Partes de los aparatos de las
\n partidas 88.01 u 88.02 0

\n\n

Artículo 2.- De la ejecución del presente\n decreto que entrará en vigencia a partir de su publicación\n en el Registro Oficial, encárguense los señores\n ministros de Agricultura y Ganadería, Economía\n y Finanzas y de Comercio Exterior. Industrialización,\n Pesca y Competitividad.

\n\n

Dado en el Palacio Nacional, Distrito Metropolitano de Quito.\n a 10 de octubre del 2002.

\n\n

f.) Gustavo Noboa Bejarano, Presidente Constitucional de la\n República.

\n\n

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

\n\n

.f.) Marcelo Santos Vera, Secretario General de la Administración\n Publica.

\n\n

No. 3179

\n\n

Gustavo Noboa Bejarano
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
\n REPUBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que el Ecuador es un Estado social de derecho cuyas instituciones,\n organismos y dependencias fichen la obligación de someterse\n en sus actuaciones al principio de legalidad que consagra el\n artículo 119 de la Constitución Política\n de la República;

\n\n

Que no obstante el principio de legalidad, es evidente que\n la determinación legislativa de la totalidad de la actividad\n administrativa aparece como una utopía que debe ser dejada\n de lado en la medida que existan elementos operativos de racionalización\n del poder, en el entendido de que un margen de discrecionalidad\n es inevitable en el diseño de la actividad administrativa\n del Estado;

\n\n

Que la potestad discrecional se encuentra limitada por las\n normas procedimentales y por los principios inspiradores del\n ordenamiento pues la potestad discrecional, que, puede y debe\n ejercerse válidamente en defensa del interés público,\n si fue otorgada por la norma, ha de llevarse a la práctica\n en el marco de la Constitución y del resto del ordenamiento\n jurídico, garantizando que la decisión pueda ser\n calificada, a parte de racional como razonable;

\n\n

Que en todo acto concurren elementos reglados y discre-cionales\n y que no existen los actos discrecionales puros, por lo que si\n bien la elección discrecional se basa en criterios extrajurídicos\n de decisión, a ella concurren elementos predeterminados\n por el derecho, que son básicamente delimitados por la\n propia potestad atribuida al órgano;

\n\n

Que el sometimiento de la actividad administrativa al derecho,\n hace que las potestades discrecionales puedan ser controladas\n a través de un conjunto de técnicas a la luz de\n los principios generales del derecho, como lo ha reconocido la\n Corte Suprema de Justicia en un fallo reciente;

\n\n

Que la propuesta de la Cámara de Comercio de Quito\n de eliminar la discrecionalidad a través de reemplazar\n la expresión "podrá" por "deberá"\n en las normas que la contienen, no soluciona el problema de la\n arbitrariedad en la expedición de actos administrativos,\n no siendo en consecuencia una propuesta técnicamente aceptable;

\n\n

Que la Comisión Jurídica de Depuración\n Normativa ha recomendado la expedición de este decreto;\n y.

\n\n

En ejercicio de las facultades que le confiere el artículo\n 171, numeral 9 de la Constitución Política de la\n República,

\n\n

Decreta:

\n\n

EXPEDIR EL REGLAMENTO PARA EL CONTROL DE LA DISCRECIONALIDAD\n EN LOS ACTOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA.

\n\n

Art. 1.- AMBITO DE APLICACIÓN.- Las disposiciones\n del presente reglamento se aplicarán a todo acto administrativo\n que emane de la Administración Publica Central e Institucional\n de la Función Ejecutiva.

\n\n

Art. 2.- DE LOS ACTOS DISCRECIONALES.- La potestad\n discrecional de la administración en la producción\n de actos administrativos se justifica en la presunción\n de racionalidad con que aquella se ha utilizado en relación\n con los hechos, medios técnicos y la multiplicidad de\n aspectos a tener en cuenta en su decisión, a fin de que\n la potestad discrecional no sea arbitraria, ni sea utilizada\n para producir una desviación de poder sino, antes al contrario,\n ha de fundarse en una situación fáctica probada,\n valorada a través de previos informes que la norma jurídica\n de aplicación determine e interpretados y valorados dentro\n de la racionalidad del fin que aquella persigue.

\n\n

La discrecionalidad respaldada por el derecho implica la elección\n de una entre varias opciones igualmente válidas, dentro\n de los limites de la potestad y de la competencia del órgano.\n Todo acto administrativo dictado en ejercicio de la potestad\n discrecional reglada es impugnable en vía administrativa\n o judicial.

\n\n

Art. 3.- DEL CONTROL DE LOS HECHOS DETERMINANTES.-\n De forma previa a la expedición de los actos administrativos,\n los funcionarios cuidarán que exista una adecuada y correcta\n apreciación de los presu-puestos de hecho determinantes,\n y una acertada valoración que conduzca a que la toma de\n decisión se ajuste plenamente a los hechos que determinan\n la expedición del acto.

\n\n

Art. 4.- DE LA MOTIVACION.- Siempre que la administración\n dicte actos administrativos es requisito indispensable que motive\n su decisión, en los términos de la Constitución\n y este reglamento.

\n\n

La motivación no es un requisito de carácter\n meramente formal, sino que lo es de fondo e indispensable, porque\n solo a través de los motivos pueden los interesados conocer\n las razones que justifican el acto, porque son necesarios para\n que pueda controlarse la actividad de la administración,\n y porque sólo expresándolos puede el interesado\n dirigir contra el acto las alegaciones y pruebas que correspondan\n según lo que resulte de dicha motivación que, si\n se omite, puede generar la arbitrariedad e indefensión\n prohibidas por la Constitución.

\n\n

La motivación se constituye como la necesaria justificación\n de la discrecionalidad reglada administrativa, que opera en un\n contexto diferente al de la propia decisión. Aquella será\n atacable en materialidad a través de la desviación\n de poder o la falta de causa del acto administrativo, pero en\n el caso de los actos discrecionales encontrará su principal\n instrumento de control en la justificación, precisamente\n por la atenuación de la posible fiscalización sobre\n los otros elementos del acto administrativo.

\n\n

Art. 5.- ADJUDICACIONES DE CONTRATOS.- En los actos\n de adjudicación de contratos no basta con la adjudicación\n sin más, es necesario que la administración valore\n íntegramente el contenido de las ofertas y del expediente\n administrativo y que exteriorice justificadamente su decisión.\n El control de la discrecionalidad permitirá determinar\n si la administración hizo un conecto uso de sus potestades,\n la discrecionalidad reglada se ha de ejercer ponderada y racionalmente,\n debiendo decidir sin sobrepasar el ámbito de la legalidad.

\n\n

Art. 6.- INTERDICCION DE LA ARBITRARIEDAD.- El control\n a realizar deberá ser ejercido a través del principio\n de interdicción de la arbitrariedad, que incluye el más\n genérico de razonabilidad, que son los que se presentan\n como mas idóneos para la tarea a realizar. No es suficiente\n que la motivación se constituya sobre premisas, sino que\n éstas deben ser verdaderas.

\n\n

Art. 7.- DE LA DISCRECIONALIDAD TECNICA.- La administración\n se encuentra facultada para determinar los medios técnicos\n que empleará en la ejecución o implementación\n de obras o servicios públicos, sin que pueda desconocer\n las exigencias técnicas necesarias para que las obras\n o servicios presten un adecuado y eficiente servicio a la colectividad.

\n\n

La discrecionalidad técnica no debe implicar arbitrariedad,\n sino que es un supuesto especial de discrecionalidad reglada\n caracterizado por la presencia de un criterio económico,\n técnico o social permitidos por la ley o norma aplicable.\n Es decir, consiste en la facultad de apreciar y exteriorizar\n en cada supuesto lo mejor para el interés público\n con libertad de elección entre alternativas igualmente\n válidas, decidiendo por criterios de oportunidad, económicos,\n técnicos o sociales.

\n\n

Art. 8.- DE LOS CONCEPTOS JURIDICOS INTERPRETADOS.-\n Frente a los conceptos jurídicos indeterminados tales\n como bien público, interés público, oferto\n más conveniente. etc., la administración buscará\n su concreción a cada situación particular en función\n de los aspectos inequívocos que rodean cada circunstancia,\n procurando encontrar una única solución justa,\n aplicable al caso en concreto, en el marco de la potestad y competencia\n de la administración

\n\n

Art. 9.- DEL PROCEDIMIENTO NORMATIVO.- La actuación\n de la administración debe respetar el procedimiento normativo\n establecido como previo a la emisión del acto, valorando\n las alternativas posibles, la relación costo-beneficio\n que suponen cada una de esas alternativas, no solamente desde\n el punto de vista económico, simio frente a efectos que\n pueden merecer otra valoración principal, como el impacto\n ecológico, cuestiones relativas a la seguridad y defensa,\n políticas demográficas, etc. La decisión\n debe ser, en consecuencia, ponderada.

\n\n

Art. 10.- FINALIDAD.- El acto discrecional debe ser\n cierto y jurídicamente posible, debiendo tender a la finalidad\n prevista en las normas que otorgan las facultades pertinentes\n del órgano emisor sin poder perseguir encubiertamente\n otros fines públicos o privados distintos de los que justifican\n el acto, su causa y objeto. Por tanto el elemento finalidad adquiere\n su principal importancia en la valoración del acto discrecional

\n\n

Art. 11.- PROPORCIONALIDAD.- Las medidas que el acto\n discrecionalidad involucre deben ser proporcionalmente adecuadas\n a la finalidad perseguida.

\n\n

Art. 12.- RAZONABILIDAD.- El control de la actividad\n discrecional debe confirmar, finalmente, si el proceso de la\n toma de decisión fue efectuado con sujeción al\n ordenamiento jurídico, conforme a los limites señalados\n en este reglamento y si la decisión discrecional, siendo\n racional puede y debe ser calificada como razonable.

\n\n

Art. 13. - VIGENCIA.- El presente reglamento entrará\n en vigencia inmediatamente después de su publicación\n en el Registro Oficial.

\n\n

Dado en Quito, en el Palacio Nacional, a 10 de octubre del\n 2002.

\n\n

f.) Gustavo Noboa Bejarano. Presidente Constitucional de la\n República.

\n\n

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

\n\n

f.) Marcelo Santos Vera, Secretario General de la Administración\n Pública.
\n

\n\n

N0 3189

\n\n

Gustavo Noboa Bejarano
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
\n REPUBLICA

\n\n

En ejercicio de la facultad que le confiere\n el artículo 169 de la Constitución Política\n de la República, que prevé en ausencia temporal\n del Presidente de la República, el orden de delegación,

\n\n

Decreta:

\n\n

ARTICULO UNICO.- Mientras dure la ausencia del país\n del Presidente Constitucional de la República, doctor\n Gustavo Noboa Bejarano, en Miami, Estados Unidos de Norteamérica\n del 12 al 14 de octubre del 2002, delégase al señor\n ingeniero Pedro Pinto Rubiones, Vicepresidente Constitucional\n de la República, el ejercicio de las atribuciones a las\n que se refieren los artículos 153, 171, 180, 181 y 182\n de la Constitución Política de la República.

\n\n

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 12 de octubre del\n 2002.

\n\n

f.) Gustavo Noboa Bejarano, Presidente Constitucional.

\n\n

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

\n\n

f.) Marcelo Santos Vera, Secretario General de la Administración\n Publica.

\n\n

TRIBUNAL\n CONSTITUCIONAL

\n\n

Quito, 14 de octubre del 2002

\n\n

Oficio Nro. 790-TC-SG

\n\n

Señor
\n Jorge Morejón Martínez
\n DIRECTOR DEL REGISTRO OFICIAL
\n
Presente

\n\n

De mi consideración:

\n\n

De la revisión del acta de la sesión ordinaria\n efectuada el 4 de septiembre del 2002, se ha constatado que la\n votación correspondiente al caso Nro. 004-2002-CI,\n publicada en el Registro Oficial No. 669 de 24 septiembre del\n 2002, es la que sigue: "El señor Presidente (E) somete\n a votación el informe y se obtiene el siguiente resultado:\n 8 votos a favor correspondientes a los doctores Guillermo Castro,\n Oswaldo Cevallos, René de la Torre. Antonio Iglesias,\n Luis Mantilla, Hernán Rivadeneira, Armando Serrano y Carlos\n Helou, sin contar con la presencia del doctor Andrés Gangotena.\n En consecuencia el Pleno del Tribunal".

\n\n

Por un lapsus cálami se ha omitido el nombre del Magistrado\n Dr. René de la Torre en la resolución, por lo que\n mucho agradeceré se sirva publicar el contenido de este\n oficio con la aclaración señalada.

\n\n

Atentamente,

\n\n

f.) Dr. Víctor Hugo López Vallejo, Secretario\n General.

\n\n

Anexo: copia certificada del acta.

\n\n

N0 013-2002-AA

\n\n

Vocal Ponente: Dr. Carlos Helou Cevallos

\n\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
\n SEGUNDA SALA

\n\n

Quito, 23 de septiembre del 2002.

\n\n

En el caso No. 013-2002-AA, el señor Segundo David\n Achote Cano, con informe favorable del Defensor del Pueblo, comparece\n ante el Tribunal Constitucional y expresa: Que el 11 de mayo\n del 2001. el H. Consejo de Clases y Policías, mediante\n Resolución No. 2001-334-CCP, solicita al Comandante General\n de la Policía Nacional proceda a darle de baja de la institución\n policial, por haberse establecido en su contra mala conducta\n profesional de conformidad con el Art. 66, literal i) en concordancia\n con el Art. 53, inciso cuarto de la Ley de Personal de la Policía\n Nacional. Que el 6 de junio del 2001, mediante Resolución\n No. 334-CCP se procedió a darle de baja de las filas policiales,\n la misma que fue publicada en la Orden General No. 107-6-VI-01.\n Que se ha violado el Art. 24, numeral 13 de la Carta Magna, Ley\n suprema frente a las normas secundarias como son la Ley de Personal\n de la Policía Nacional, por esta razón la resolución\n carece de valor jurídico. Que en uno de los considerandos\n de la resolución dictada por el H. Consejo de Clases y\n Policías se manifiesta que no se ha probado responsabilidad\n en su contra pero sin embargo no se desvanecen las presunciones\n de participación en las irregularidades cometidas en el\n Servicio de Tránsito de Sucumbíos, lo cual es contradictorio.\n Que para demostrar su inocencia y ninguna participación\n en el hecho investigado acompaña la sentencia dictada\n por la Primera Corte Distrital de la Policía Nacional\n el 2 de mayo del 2000. en la cual se dieta el auto de sobreseimiento\n definitivo. Por lo expuesto y fundamentado en lo dispuesto por\n los Arts. 276, numeral 2 y 277, numeral 5 de la Constitución\n Política de la República en concordancia con el\n Art. 23, literal e) de la Ley del Control Constitucional solícita\n se declare la inconstitucionalidad del acto administrativo emitido\n en su contra. - El Comandante General de la Policía Nacional\n niega pura y simplemente los fundamentos de hecho y de derecho\n contenidos en la acción presentada. Que de las constancias\n procesales no se establece que el Consejo de Clases y Policías\n de la Policía Nacional haya violado la Constitución\n como alega el actor, por el contrario se deduce la existencia\n del principio de la seguridad jurídica. Alega improcedencia\n en el fondo y en la forma de la demanda propuesta; falta de legitimo\n contradictor, por cuanto debía citarse a los vocales del\n Consejo de Clases y Policías; y, falta de personería\n del actor para demandar. Que existe violación de trámite\n y procedimiento para proseguir este juicio, por no ser la vía\n procedente. Que no existe acto u omisión que viole o pueda\n violar cualquier derecho consagrado en la Constitución\n o en un tratado internacional o reglamentos institucionales.\n Que en cumplimiento con las disposiciones de los Arts. 52, 53\n y 54 de la Ley de Personal de la Policía Nacional se inició\n la correspondiente investigación sumaria teniendo como\n antecedente la denuncia presentada por la señora Guadalupe\n Castelo Checa en contra de los miembros de la Jefatura de Tránsito\n de Sucumbíos por una presunta matriculación ilegal\n de vehículos. Que concluida la etapa de investigación\n se dio lectura en el Consejo de Clases y Policías del\n informe jurídico correspondiente. Que el actor fue recibido\n en comisión general, conjuntamente con su abogado, quien\n en uso de su legítimo derecho a la defensa y al debido\n proceso expuso el hecho investigado. Que la baja publicada en\n la Orden General No. 107 de 6 de junio del 2001, se basó\n en lo que dispone el Art. 60, literal i) de la Ley de Personal,\n por tanto el acto administrativo impugnado se dictó en\n estricto derecho y enmarcado en las disposiciones e informe pertinentes\n apegados a la ley y a los reglamentos respectivos. Con fundamento\n en lo expuesto, solicita se deseche por improcedente la demanda\n de inconstitucionalidad presentada.

\n\n

Considerando:

\n\n

Que la Sala es competente para conocer y resolver el caso\n conforme dispone el Art. 276, numeral 2 de la Constitución\n y el Art. 62 de la Ley del Control Constitucional.

\n\n

Que habiéndose observado todas las disposiciones constitucionales\n y legales determinadas para la tramitación de esta demanda,\n la causa es válida y así se la declara.

\n\n

Que la demanda de inconstitucionalidad de un acto administrativo\n se refiere a que la declaración de voluntad de la administración\n pública, mediante la cual se crea, modifica o extingue\n un derecho del administrado ha sido expedido contrariando una\n norma expresa contenida en la Constitución.

\n\n

Que en el presente caso, se impugna por inconstitucional la\n Resolución No. 2001-061 CS-PN de 1 de febrero del 2001,\n dictada por el H. Consejo Superior de la Policía Nacional,\n con la que se procede a dar la baja de la institución\n policial al Cabo 2do. de Policía Segundo David Achote\n Cono por haberse establecido en su contra mala conducta profesional\n de conformidad con el Art. 66, literal i) en concordancia con\n el Art. 53, inciso cuarto de la Ley de Personal de la Policía\n Nacional.

\n\n

Que previo a la expedición del citado acto administrativo,\n el delegado de la Unidad de Asuntos Internos del Primer Distrito\n de la Policía Nacional, por delegación expresa\n del Inspector General de la Policía Nacional, inició\n una investigación sumaría teniendo como antecedente\n la denuncia presentada por la señora Guadalupe Castelo\n Checa en contra de los miembros de la Jefatura de Tránsito\n de Sucumbíos por una presunta matriculación ilegal\n de vehículos, entre los cuales se encuentra involucrado\n el accionante.

\n\n

Que el Art. 53, inciso tercero de la Ley de Personal de la\n Policía Nacional dice: "Quien haya sido colocado\n en situación a disposición, permanecerá\n en ella hasta por sesenta días, tiempo durante el cual\n la Inspectoría General debe investigar y presentar las\n pruebas pertinentes y se practicarán las diligencias solicitadas\n por el investigado, que permitan a los respectivos Consejos resolver\n si el inculpado incurrió o no en mala conducta profesional.".

\n\n

Que sin embargo de lo precisado por esta disposición\n de ley, el informe de la Unidad de Asuntos Internos del Primer\n Distrito de la Policía Nacional, fundamento de la Resolución\n del H. Consejo Superior de la Policía Nacional, es contradictorio.\n Por una parte concluye que no se ha probado responsabilidad en\n contra del inculpado y por otra menciona que no se desvanecen\n las presunciones de su participación en las irregularidades\n cometidas en el Tránsito de Sucumbíos.

\n\n

Que no obstante la investigación sumaria realizada\n por la Unidad de Asuntos Internos del Primer Distrito de la Policía\n Nacional, la Presidencia de la Primera Corte Distrital de la\n Policía Nacional, en razón de que en los hechos\n denunciados se encuentra involucrado un Mayor de Policía\n que goza de fuero de Corte Distrital, con fecha 2 de mayo del\n 2000, conoció el caso y resolvió, en mérito\n a las pruebas practicadas en el sumario, que no se ha probado\n indicios de responsabilidad en contra del Cbos Segundo David\n Achote Cano y de acuerdo a lo prescrito por el Art. 160 del Código\n de Procedimiento Penal de la Policía Nacional dictó\n auto de sobreseimiento definitivo a su favor.

\n\n

Que en definitiva, de los actos procesales practicados por\n la unidad de Asuntos Internos del Primer Distrito y por la Presidencia\n de la Primera Corte Distrital de la Policía Nacional,\n al tenor de lo dispuesto por la Ley de Personal y el Código\n de Procedimiento Penal de la Policía Nacional, no se ha\n encontrado indicio de responsabilidad en contra del Cbos Segundo\n David Achote Cano que demuestre que incurrió en mala conducta\n profesional. En consecuencia, el acto administrativo impugnado\n en esta causa viola los derechos fundamentales del accionante\n contenidos en el Art. 23, numerales 8 y 26 y en el Art. 24, numeral\n 7 de la Constitución Política de la República.\n Por lo expuesto, la SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL,

\n\n

Resuelve:

\n\n

1. Aceptar la demanda de inconstitucionalidad presentada por\n el Cbos. de Policía Segundo David Achote Cano, declarar\n inconstitucional el acto administrativo contenido en la Resolución\n No. 2001-061 -CS-PN de 1 de febrero del 2001, expedido por el\n H. Consejo Superior de la Policía Nacional y dejarlo sin\n efecto; y,

\n\n

2. Publicar la presente resolución en el Registro Oficial.-\n Notifíquese.

\n\n

f.) Dr. Carlos Helou Cevallos, Presidente, Segunda Sala.

\n\n

f.) Dr. Guillermo Castro Dáger, Vocal, Segunda Sala.

\n\n

f.) Dr. Luis Mantilla Amida, Vocal, Segunda Sala.

\n\n

Razón.- Siento por tal que la resolución\n que antecede fue aprobada por la Segunda Sala del Tribunal Constitucional,\n el veintitrés de septiembre del dos mil dos.- Lo certifico.

\n\n

f.) Francisco Morales Andrade, Secretario, Segunda Sala (E).

\n\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL,- Es fiel copia del original.- Certifico.-\n f.) Ilegible.- Quito, 7 de octubre del 2002.
\n

\n\n

N0 029-2002-HC

\n\n

Vocal Ponente: Dr. Luis Mantilla Anda

\n\n

CASO No.. 029-2002-HC

\n\n

LA SEGUNDA SALA\n DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n\n

Quito, 30 de agosto del 2002.

\n\n

Miguel Vicente Caicedo Herrera, interpone para ante\n el Tribunal Constitucional recurso de apelación, impugnando\n la resolución que niega el hábeas corpus, expedida\n el 20 de junio del 2002, por el Alcalde del Distrito Metropolitano\n de Quito; funda su petición en el hecho de que con fecha\n 27 de agosto del 2001, fue aprehendido por miembros de la Policía\n Nacional, con orden de allanamiento, en el interior del Edificio\n Torres Bayana No. 18, departamento 601, calles Finlandia y Suecia;\n que el 27 de agosto del 2001 el Agente Fiscal Distrital de Pichincha\n dicta resolución de inicio de instrucción fiscal\n que por sorteo correspondió al Juzgado Décimo Octavo\n de lo Penal de Pichincha. Que solicitó amparo a la libertad,\n la que fue desestimada por la Primera Sala de la Corte Superior\n de Quito, al igual que el recurso de nulidad y apelación\n propuesto el 15 de abril del 2002; que al encontrarse ilegalmente\n privado de su libertad amparado en el Art. 93 de la Constitución,\n y 74 de la Ley de Régimen Municipal, solicita se disponga\n su libertad. Con estos antecedentes, siendo el estado de la causa\n el de resolver, para hacerlo se considera:

\n\n

PRIMERO.- La causa se ha tramitado de acuerdo con las\n normas legales pertinentes y, por lo mismo, no existe nulidad\n que declarar.

\n\n

SEGUNDO.- La Segunda Sala del Tribunal Constitucional\n es competente para conocer y resolver la presente causa, de conformidad\n con lo dispuesto en los Arts. 93 de la Constitución Política,\n y 12, numeral 3 y 62, de la Ley del Control Constitucional.

\n\n

TERCERO.- El hábeas corpus es una de las garantías\n fundamentales que tienen todas las personas, partiendo de que\n la libertad constituye uno de los bienes jurídicos de\n supremo valor, indispensable para la existencia misma de la sociedad\n y un Estado democrático de derecho, se encuentra respaldado\n por muchos siglos de historia avalada por la doctrina y reconocida\n por la mayoría de las constituciones políticas\n del mundo. El profesor Gregorio Badeni, en su texto "Instituciones\n de Derecho Constitucional (Pág. 687) por ello afirma:\n "El hábeas corpus consiste en una garantía\n constitucional destinada a brindar la protección Judicial\n para toda persona que es privada de su libertad física\n o su libertad ambulatoria, o bien se encuentra restringida, agravada\n o amenazada, por su intermedio se procede a examinar judicialmente\n la situación jurídica o de hecho de la persona\n afectada, real o potencialmente, en su libertad y se dispone,\n en caso de ser ilegal o arbitraria la privación, el cese\n inmediato de aquellos actos que la lesionan o perturban".\n Esta garantía tiene respaldo de instrumentos internacionales\n como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la\n Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San\n José; y, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y\n Políticos de la ONU. El artículo 93 de nuestra\n Carta Política textualmente dice: Hábeas Corpus.-\n "Toda persona que crea estar ilegalmente privada\n de su libertad, podrá acogerse al hábeas corpus.\n Ejercerá este derecho por si o por interpuesta persona,\n sin necesidad de mandato escrito, ante el alcalde bajo cuya jurisdicción\n se encuentre o ante quien haga sus veces". Los artículos\n 30 y 31 de la Ley del Control Constitucional, y en lo que no\n se oponga, el artículo 74 de la Ley de Régimen\n Municipal, guardan concordancia con las normas constitucionales.\n Debiendo aclararse que, si el Juez no cumple con su deber de\n conceder la libertad, cuando legalmente hay fundamento para ello,\n el afectado puede hacer uso de la garantía del hábeas\n corpus y de ser fundamentado en derecho el reclamo, la obligación\n del Alcalde es ordenar su libertad, sin esperar que el Juez que\n conoce la causa lo haga, interpretando erróneamente las\n normas constitucionales.

\n\n

CUARTO. - En el presente caso, de la documentación\n que obra de autos aparece que se han cumplido las formalidades\n legales y constitucionales correspondientes, propias del hábeas\n corpus: el recurrente compareció personalmente a la audiencia\n ante el Alcalde, el día 18 de junio del 2002; se inició\n con fecha 27 de agosto del 2001, la instrucción fiscal\n en su contra por el delito de tráfico de drogas. La Presidencia\n de la Corte Superior de Justicia de Quito, informa mediante oficio\n 836-20002 PCSJQ de 11 de julio del 2002, que el juicio No. 145-\n OS- 2001, seguido en contra de Carlos Hong Mayorga, Miguel Caicedo\n y otros por tráfico de droga, en virtud del recurso de\n apelación fue elevado a la Cuarta Sala de la Corte Superior,\n el 3 de mayo del 2002, la cual a su vez, mediante oficio No.\n 1 82-2002-CSJQCS de 11 de julio del 2002, certifica que luego\n de agotado el tramite pertinente ha confirmado el auto de llamamiento\n a juicio contra Miguel Caicedo Herrera. Por tanto, se torna evidente\n que durante la tramitación, el acusado ha hecho uso del\n derecho de la defensa, y en general existe un debido proceso,\n es decir, se han cumplido los requisitos legales y constitucionales\n para detención del sindicado. Por las consideraciones\n que anteceden, la SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL,

\n\n

Resuelve:

\n\n

1.- Confirmar la resolución de fecha 20 de junio del\n 2002, emitida por el Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito\n Ene.; en consecuencia, se niega el recurso de Hábeas Corpus\n interpuesto por Miguel Vicente Caicedo Herrera; y,

\n\n

2.- Devolver el expediente al Alcalde del Distrito Metropolitano\n de Quito.- Notifíquese.

\n\n

f.) Dr. Carlos Helou Cevallos. Presidente, Segunda Sala.

\n\n

f.) Dr. Guillermo Castro Dáger, Vocal, Segunda Sala

\n\n

f.) Dr. Luis Mantilla Anda, Vocal, Segunda Sala.

\n\n

Razón: Siento por tal que la resolución\n que antecede fue aprobada por la Segunda Sala del Tribunal Constitucional,\n el treinta de agosto de dos mil dos.- Lo certifico.

\n\n

f.) Dra. Anacélida Burbano Játiva, Secretaria.\n Segunda Sala.

\n\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- Es fiel copia del original.- Certifico.-\n f.) Ilegible.- Quito, 8 de octubre del 2002.
\n

\n\n

N0 032-2002-HC

\n\n

Vocal Ponente: Dr. Luis Mantilla Anda

\n\n

CASO No. 032-2002-HC

\n\n

LA SEGUNDA SALA\n DEL
\n TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n\n

Quito, 23 de septiembre del 2002.

\n\n

RICHARD RAUL NARANJO GUALAN, interpone para ante el\n Tribunal Constitucional recurso de apelación, impugnando\n la resolución que niega el hábeas corpus, expedida\n el 25 de junio del 2002, por el Alcalde del Distrito Metropolitano\n de Quito Ene. Funda su petición en el hecho de que con\n fecha 12 de junio del 2002, fue aprendido por agentes de la policía,\n sin que exista orden de autoridad competente, y sin que se haya\n formulado juicio penal que justifique su aprehensión,\n por lo expuesto al amparo del Art. 93 de la Constitución\n y 74 de la Ley de Régimen Municipal, solicitan se disponga\n su libertad. Con estos antecedentes, siendo el estado de la causa\n el de resolver, para hacerlo se considera:

\n\n

PRIMERO.- La causa se ha tramitado de acuerdo con las\n normas legales pertinentes y, por lo mismo, no existe nulidad\n que declarar.

\n\n

SEGUNDO.- La Segunda Sala del Tribunal Constitucional\n es competente para conocer y resolver la presente causa, de conformidad\n con lo dispuesto en los Arts. 93 de la Constitución Política,\n y 12, numeral 3 y 62. de la Ley del Control Constitucional.

\n\n

TERCERO.- El Hábeas Corpus es una de las garantías\n fundamentales de los Derechos Humanos, respaldada por muchos\n siglos de historia avalada por la doctrina y reconocida por la\n mayoría de las constituciones políticas del inundo.\n Además tiene respaldo de instrumentos internacionales\n como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la\n Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San\n José; y, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y\n Políticos de la ONU. El artículo 93 de nuestra\n Carta Política textualmente dice: Hábeas Corpus.\n - "Toda persona que crea estar ilegalmente privada de\n su libertad, podrá acogerse al hábeas corpus.\n Ejercerá este derecho por si o por interpuesta persona,\n sin necesidad de mandato escrito, ante el alcalde bajo cuya jurisdicción\n se encuentre o ante quien haga sus veces". Los artículos\n 30 y 3 1 de la Ley del Control Constitucional, y en lo que no\n se oponga, el artículo 74 de la Ley de Régimen\n Municipal, guardan concordancia con las normas constitucionales.\n Debiendo aclararse que, si el Juez no cumple con su deber de\n conceder la libertad, cuando legalmente hay fundamento para ello,\n el afectado puede hacer uso de la garantía del Hábeas\n Corpus y de ser fundamentado en derecho el reclamo, la obligación\n del Alcalde es ordenar su libertad, sin esperar que el Juez que\n conoce la causa lo haga, interpretando erróneamente las\n normas constitucionales.

\n\n

CU

 

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