Registro Oficial. 14 de OCTUBRE del 2002

Lunes, 14 de octubre de 2002

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

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   MES DE OCTUBRE DEL 2002
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Lunes, 14 de octubre del 2002 - R. O. No. 682

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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n

DR. JOSE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR

\n  FUNCION EJECUTIVA
\n ACUERDOS:
\n MINISTERIO DE AGRICULTURA:

\n\n

281 Delégase al señor\n Subsecretario del Litoral Sur y Galápagos, para que, como\n custodio de Ia caución entregada para asegurar el precio\n mìnimo del banano, suscriba a nombre del titular la aceptaciòn\n en las pòlizas de seguros.

\n\n

282 Autorízase al PMA para\n que efectúe la recepciòn, manejo, distribución,\n desembarque y monetización de 5000 toneladas métricas\n de trigo americano.

\n\n

MINISTERIO\n DE COMERCIO EXTERIOR:

\n\n

Desìgnanse a\n varias personas como delegadas permanentes de esta Secretaría\n de Estado, para que asistan a Ias sesiones de las siguientes\n instituciones:

\n\n

02\n 386 Señora\n Lucía Zambrano Segovia ante el Directorio de Autoridad\n Portuaria de Manta.

\n\n

02\n 387 Señor\n Ashley Delgado Flor ante el Consejo Superior Cafetalero Nacional\n (COFENAC).

\n\n

02\n 388 Licenciado\n Vladimir Nogales ante el Consejo Nacional de Fijación\n y Revisión de Precios de Medicamentos de Uso Humano.

\n\n

MINISTERIO\n DE RELACIONES EXTERIORES:

\n\n

-Convención\n Interamericana\n sobre Tráfico Internacional de Menores.

\n\n

-Convención\n Interamericana\n sobre Restitución Internacional de Menores

\n\n

-Convenio\n de Cooperación\n Cultural y Científica entre el Gobierno de Ia República\n del Ecuador y el Gobierno de la Federación Rusa.

\n\n

RESOLUCION:
\n SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS:

\n\n

SBS-2002-0737\n Expìdense\n las normas sobre constitución de las entidades depositarias\n del ahorro previsional (EDAP's).

\n\n

FUNCION\n JUDICIAL
\n CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n PRIMERA SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL:

\n\n

Recursos de casación\n en los juicios laborales seguidos por las siguientes personas:

\n\n

33-2002\n Matilde Narváez\n en contra de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur\n C.A.

\n\n

39-2002\n Cronwell Jurado\n en contra de la Junta de Beneficencia de Guayaquil.

\n\n

42-2002\n Omar Rosero\n Espinoza en contra del Banco de Fomento

\n\n

45-2002\n Ruffo Espìn\n Villao en contra de Autoridad Portuaria de Guayaquil.

\n\n

50-2002\n Kléber\n David Naranjo Castro en contra de Autoridad Portuaria de Guayaquil.

\n\n

51-2002\n Josefina Paucar\n Criollo en contra de Santiago Donoso Chiriboga

\n\n

56-2002\n Will García\n Proaño en contra de la Compañía Exportadora\n Bananera Noboa S.A.

\n\n

60-2002\n Carlos Llinín\n Constante en contra de la Empresa Nacional de Ferrocarriles del\n Estado.

\n\n

63-2002 Nelsòn Rodriguez Villalba\n en contra del Dr. Santiago Acosta (Universidad Católica\n de Ibarra).

\n\n

64-2002 Clemente Bohórquez\n Consuegra en contra de la compañía LABORMAR S.A.

\n\n

67-2002 Enma Andrade Mata en contra\n de PETROCOMERCIAL.

\n\n

69-2002 Francisco Aráuz Sánchez\n en contra de INEPACA

\n\n

71-2002\n Carlos Alfredo\n Muñoz Bucheli en contra del Consejo Provincial de Imbabura.

\n\n

72-2002 Mario Márquez Espinoza\n en contra de la Fábrica de Papel La Reforma S.A. y otros.

\n\n

75-2002 Riter Manki Preciado en contra\n de Washington Ortega Trelles.

\n\n

78-2002\n Nancy Celi\n Dota en contra de Leopoldina Ramón Pacheco.

\n\n

83-2002\n Salomòn\n Yánez Paredes en contra de ANDINATEL S.A.

\n\n

84-2002\n Luis Orozco\n Callay en contra del Hogar de Ancianos de Riobamba.

\n\n

ORDENANZA\n MUNICIPAL:

\n\n

Cantón\n Ambato: Que\n establece la tasa para el otorgamiento de la Licencia Unica Anual\n de Funcionamiento de los Establecimientos Turìsticos.
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\n\n

 

\n\n

 

\n\n

Nº\n 281

\n\n

EL MINISTRO DE AGRICULTURA
\n Y GANADERIA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que en el Registro Oficial No. 347 de 27 de diciembre de 1999,\n se publicó la Ley Reformatoria a la Ley para Estimular\n y Controlar la Producción y Comercialización de\n Banano;

\n\n

Que el artículo 1, incisos quinto y sexto de la citada\n ley, establecen que para asegurar el pago del precio mínimo\n de sustentación que el exportador o intermediario está\n obligado a pagar el productor, aquél deberá rendir\n caución sobre dicho precio mínimo, con vigencia\n mínima de treinta días. Dicha caución podrá\n consistir en una póliza de seguro, en una garantía\n bancaria o mediante cheque certificado a favor del productor\n que se depositará en custodia en el Departamento Financiero\n de la Subsecretaria correspondiente, previo al embarque;

\n\n

Que es necesario desconcentrar ciertas funciones para garantizar\n de mejor manera la atención oportuna y eficiente en los\n trámites, conforme al Decreto Ejecutivo No. 1621, publicado\n en el Registro Oficial No. 347 de 27 de diciembre de 1999, mediante\n el cual se expidieron disposiciones relativas a la desconcentración\n de funciones; y, al Decreto Ejecutivo No. 1608, publicado en\n el Registro Oficial Suplemento No. 359 de 2 de julio del 2001,\n donde se establece la necesidad de que los ministros de Estado\n definan programas de desconcentración de funciones en\n la administración general; y,

\n\n

De conformidad al artículo 179 numeral 6 de la Constitución\n Política de la República,

\n\n

Acuerda:

\n\n

ARTICULO UNICO.- Delegar al señor Subsecretario del\n Litoral Sur y Galápagos para que, como custodio de la\n caución entregada para asegurar el pago del precio mínimo\n de sustentación que el exportador o intermediario está\n obligado a cancelar al productor a quien adquirió el banano,\n suscriba a nombre del titular de esta Cartera de Estado, la aceptación\n en las pólizas de seguro entregadas para cumplir con este\n fin.

\n\n

El presente acuerdo entrará en vigencia a partir de\n su suscripción sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial.

\n\n

Comuníquese y publíquese.- Dado en Quito, a\n 17 de septiembre del 2002.

\n\n

f.) Ing. Galo Plaza Pallares, Ministro de Agricultura y Ganadería.

\n\n

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA.- Es fiel copia del\n original.- Lo certifico.- f.) Director Administrativo y Financiero.-\n M.A.G.- Fecha: 17 de septiembre del 2002.

\n\n

 

\n\n

Nº 282

\n\n

EL MINISTERIO DE AGRICULTURA
\n Y GANADERIA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que el Gobierno del Ecuador y el Programa Mundial de Alimentos\n de las Naciones Unidas (PMA) firmaron el 21 de agosto de 1969,\n el Acuerdo Básico sobre Asistencia del PMA y el Alcance\n de Asistencia Alimentaria suscrito el 3 de septiembre de 1998\n y publicado en el Registro Oficial No. 52 del 22 de octubre del\n mismo año;

\n\n

Que el Gobierno del Ecuador y el PMA, el 13 de junio del año\n 2000, definieron el Plan de Operaciones del Programa de Alimentación\n Escolar selectivo en zonas marginadas e indígenas, que\n tiene como finalidad facilitar un complemento alimentario a los\n escolares, procedentes de familias pobres permitiendo darles\n una seguridad alimentaria cotidiana;

\n\n

Que dicho Plan de Operaciones prevé que el suministro\n de ayuda alimentaria otorgado por el PMA estará sujeto\n a la disponibilidad de los recursos en general y del producto\n en particular, contemplando el ingreso de 5.000 toneladas métricas\n de trigo al granel procedente de Estados Unidos, las cuales deberán\n ser monetizadas;

\n\n

Que el Decreto Ejecutivo 2485-A del 27 de enero de 1995 publicado\n en el Registro Oficial 622 del 30 de enero de 1995, pone en vigencia\n la Decisión 371 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena\n sobre el Sistema Andino de Franjas de Precios, en donde el Art.\n 29 establece que las donaciones de productos alimentarios serán\n administrados por el País Miembro receptor, en tal forma\n que su manejo no distorsione el intercambio subregional, debiendo\n monetizarse a precios no inferiores a los costos locales que\n corresponden a una internación reciente; y,

\n\n

De conformidad a lo previsto en el artículo 179 numeral\n 6 de la Constitución Política de la República,

\n\n

Acuerda:

\n\n

Artículo 1.- Autorizar al PMA para que efectúe\n la recepción, manejo, distribución, desembarque\n y monetización de 5.000 toneladas métricas de trigo\n americano donado de acuerdo a los compromisos adquiridos en el\n Plan de Operaciones del Programa de Alimentación Escolar\n Selectiva en Zonas Marginadas e indígenas.

\n\n

Artículo 2.- Autorizar al PMA, para que monetice\n la totalidad del trigo donado, a fin de que con los recursos\n financieros así obtenidos se adicionarán a los\n fondos previstos por el gobierno para financiar el Programa de\n Alimentación Escolar.

\n\n

Artículo 3.- Para fijar el precio base de venta\n del trigo, se tomará como referencia el precio del mercado\n internacional vigente al momento de la recepción del producto,\n al que se añadirán los pagos de aranceles, tasas\n que se cargan a una importación comercial de trigo y demás\n gastos ocasionados por la internación del producto. El\n precio base se hará conocer al Ministerio de Agricultura\n y Ganadería para su aprobación.

\n\n

Artículo 4.- El trigo será monetizado\n a través de su venta en el mercado local.

\n\n

Artículo 5.- Para el proceso de monetización,\n el PMA elaborará las bases que serán aprobadas\n por el Ministerio de Agricultura y Ganadería.

\n\n

Artículo 6.- El PMA presentará un informe\n final al Ministerio de Agricultura y Ganadería sobre el\n producto materia de la donación, estableciendo las cantidades\n embarcadas, recibidas, perdidas y monetizadas por venta, con\n los documentos de respaldo correspondientes.
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\n\n

Artículo 7.- Las demás acciones y disposiciones\n no contempladas en el acuerdo, se regularán de conformidad\n con lo estipulado en el Plan de Operaciones.

\n\n

Artículo 8.- El presente acuerdo entrará\n en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio\n de su publicación en el Registro Oficial.

\n\n

Dado en Quito, 17 de septiembre del 2002.

\n\n

f.) Galo Plaza Pallares, Ministro de Agricultura y Ganadería.

\n\n

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA.- Es fiel copia del\n original.- Lo certifico.- f.) Director Administrativo y Financiero.-\n MAG.- Fecha: 17 de septiembre del 2002.

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\n\n

No. 02 386

\n\n

EL MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR,
\n INDUSTRIALIZACION, PESCA Y
\n COMPETITIVIDAD (E)

\n\n

Considerando:

\n\n

Que de conformidad con el Art. 7 de la Ley de Régimen\n Administrativo Portuario Nacional, el Directorio de la Autoridad\n Portuaria de Manta, está integrado, entre otros, por el\n Ministro de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca\n y Competitividad;

\n\n

Que es necesario designar un delegado permanente ante el mencionado\n Directorio, para que asista a las sesiones que se convoquen;\n y,

\n\n

En ejercicio de la facultad que le confiere el Art. 55 del\n Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de\n la Función Ejecutiva,

\n\n

Acuerda:

\n\n

ARTICULO 1.- Desígnase a la Sra. Lucía Zambrano\n Segovia para que en calidad de delegada permanente y en representación\n de esta Secretaria de Estado, asista a las sesiones del Directorio\n de la Autoridad Portuaria de Manta.

\n\n

ARTICULO 2.- La delegada ejercerá la representación\n de la entidad, en lo concerniente a todos los actos que realice\n o deba realizar el Directorio. En consecuencia, actuará\n siempre en coordinación con las políticas e instrucciones\n impartidas por la máxima autoridad en forma directa, sin\n perjuicio que por escrito se le imparta instrucciones en este\n sentido, debiendo comunicar al Ministro el pronunciamiento adoptado\n respecto a todo acto o resolución conocido en el Directorio.\n Si en ejercicio de su delegación violare la ley o los\n reglamentos o se apartare de las instrucciones que recibiere,\n será civil, administrativa y penalmente responsable por\n sus actuaciones.

\n\n

Comuníquese y publíquese.- Dado en Quito, Distrito\n Metropolitano, 3 de octubre del 2002.

\n\n

f.) Heinz Moeller Freile.

\n\n

MICIP.- DIRECCION DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO. ADMINISTRACION\n DE SERVICIOS E IMAGEN INSTITUCIONAL.- Es copia lo certifico.-\n f.) Econ. Víctor Hugo Chiriboga V., Director de Gestión\n de Desarrollo, Talento Humano, Servicios Administrativos e Imagen\n Institucional.

\n\n

 

\n\n

No. 02 387

\n\n

EL MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR, INDUSTRIALIZACION,\n PESCA Y
\n COMPETITIVIDAD (E)

\n\n

Considerando:

\n\n

Que el Consejo Superior Cafetalero Nacional (COFENAC) está\n integrado, entre otros, por el Ministro de Comercio Exterior,\n Industrialización, Pesca y Competitividad; y,

\n\n

En ejercicio de la facultad que le confiere el Art. 55 del\n Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de\n la Función Ejecutiva,

\n\n

Acuerda:

\n\n

ARTICULO 1.- Designase al señor Ashley Delgado Flor\n para que en calidad de delegado permanente y en representación\n de esta Secretaría de Estado, asista a las sesiones del\n Consejo Superior Cafetalero Nacional (COFENAC).

\n\n

ARTICULO 2.- El delegado ejercerá la representación\n de la entidad, en lo concerniente a todos los actos que realice\n o deba realizar en el Consejo. En consecuencia, actuará\n siempre en coordinación con las políticas e instrucciones\n impartidas por la máxima autoridad en forma directa, sin\n perjuicio que por escrito se le imparta instrucciones en este\n sentido, debiendo comunicar al Ministro el pronunciamiento adoptado\n respecto a todo acto o resolución conocido en el Consejo.\n Si en ejercicio de su delegación violare la ley o los\n reglamentos o se apartare de las instrucciones que recibiere,\n será civil, administrativa y penalmente responsable por\n sus actuaciones.

\n\n

Comuníquese y publíquese.- Dado en Quito, Distrito\n Metropolitano, 3 de octubre del 2002.

\n\n

f.) Heinz Moeller Freile.

\n\n

MICIP.- DIRECCION DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO, ADMINISTRACION\n DE SERVICIOS E IMAGEN INSTITUCIONAL.- Es copia lo certifico.-\n f.) Econ. Víctor Hugo Chiriboga V., Director de Gestión\n de Desarrollo, Talento Humano, Servicios Administrativos e Imagen\n Institucional.
\n

\n\n

 

\n\n

No. 02\n 388

\n\n

EL MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR, INDUSTRIALIZACION,\n PESCA Y
\n COMPETITIVIDAD (E)

\n\n

Considerando:

\n\n

Que según el Art. 3 de la Ley de Producción,\n Importación, Comercialización y Expendio de Medicamentos\n Genéricos de Uso Humano, publicada en el Registro Oficial\n No. 59 de 17 de abril del 2000, el Consejo Nacional de Fijación\n y Revisión de Precios de Medicamentos de Uso Humano está\n integrado entre otros, por el titular de esta Secretaria de Estado\n o su delegado;

\n\n

Que es necesario designar un delegado ante el mencionado Consejo,\n para que asista a la sesión ordinaria a celebrarse el\n día 10 de octubre del presente año; y,

\n\n

En ejercicio de la facultad que le confiere el Art. 35 de\n la Ley de Modernización del Estado, promulgada en el Registro\n Oficial No. 349 de diciembre 31 de 1993,

\n\n

Acuerda:

\n\n

ARTICULO UNICO: Designase al licenciado Vladimir Nogales,\n para que asista en representación de esta Secretaría\n de Estado, a la sesión del Consejo Nacional de Fijación\n y Revisión de Precios de Medicamentos de Uso Humano el\n día 1° de octubre del 2002.

\n\n

Comuníquese y publíquese.- Dado en Quito, Distrito\n Metropolitano, 3 de octubre del 2002.

\n\n

f.) Heinz Moeller Freile.

\n\n

MICIP.- DIRECCION DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO, ADMINISTRACION\n DE SERVICIOS E IMAGEN INSTITUCIONAL.- Es copia lo certifico.-,\n f.) Econ. Víctor Hugo Chiriboga V., Director de Gestión\n de Desarrollo, Talento Humano, Servicios Administrativos e Imagen\n Institucional.

\n\n

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

\n\n

CONVENCION INTERAMERICANA
\n SOBRE TRAFICO INTERNACIONAL DE MENORES

\n\n

Los Estados Parte en la Presente Convención,

\n\n

CONSIDERANDO la importancia de asegurar una protección\n integral y efectiva del menor, por medio de la instrumentación\n de mecanismos adecuados que permitan garantizar el respeto de\n sus derechos;

\n\n

CONSCIENTES de que el tráfico internacional de menores\n constituye una preocupación universal;

\n\n

TENIENDO EN CUENTA el derecho convencional en materia de protección\n internacional del menor, y en especial lo previsto en los artículos\n 11 y 35 de la Convención sobre Derechos del Niño,\n adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20\n de noviembre de 1989;

\n\n

CONVENCIDOS de la necesidad de regular los aspectos civiles\n y penales del tráfico internacional de menores; y,

\n\n

REAFIRMANDO la importancia de la cooperación internacional\n para lograr una eficaz protección del interés superior\n del menor, Convienen lo siguiente:

\n\n

CAPITULO PRIMERO

\n\n

NORMAS GENERALES

\n\n

Artículo 1

\n\n

El objeto de la presente Convención, con miras a la\n protección de los derechos fundamentales y el interés\n superior del menor, es la prevención y sanción\n del tráfico internacional de menores, así como\n la regulación de los aspectos civiles y penales del mismo.

\n\n

En tal sentido, los Estados Parte de esta Convención\n se obligan a:

\n\n

a) asegurar la protección del menor en consideración\n a su interés superior;

\n\n

b) instaurar un sistema de cooperación jurídica\n entre los Estados Parte que consagre la prevención y sanción\n del tráfico internacional de menores, así como\n adoptar las disposiciones legales y administrativas en la materia\n con ese propósito; y,

\n\n

c) asegurar la pronta restitución del menor víctima\n del tráfico internacional al Estado de su residencia habitual,\n teniendo en cuenta el interés superior del menor.

\n\n

Artículo 2

\n\n

Esta Convención se aplicará a cualquier menor\n que se encuentre o reside habitualmente en un Estado Parte al\n tiempo de la comisión de un acto de tráfico internacional\n contra dicho menor.

\n\n

Para los efectos de la presente Convención;

\n\n

a) "Menor" significa todo ser humano cuya edad sea\n inferior a dieciocho años;

\n\n

b) "Tráfico internacional de menores" significa\n la substracción, el traslado o la retención, o\n la tentativa de substracción, traslado o retención,\n de un menor con propósitos o medios ilícitos;

\n\n

c) "Propósitos ilícitos" incluyen,\n entre otros, prostitución, explotación sexual,\n servidumbre o cualquier otro propósito ilícito,\n ya sea en el Estado de residencia habitual del menor o en el\n Estado Parte en el que el menor se halle localizado; y,

\n\n

d) "Medios ilícitos" incluyen, entre otros,\n secuestro, consentimiento fraudulento o forzado, la entrega o\n recepción de pagos o beneficios ilícitos con el\n fin de lograr el consentimiento de los padres, las personas o\n la institución a cuyo cargo se halla el menor, o cualquier\n otro medio ilícito ya sea en el Estado de residencia habitual\n del menor o en el Estado Parte en el que el menor se encuentre.

\n\n

Artículo 3

\n\n

Esta Convención abarcará, asimismo, los aspectos\n civiles de la sustracción, el traslado y la retención\n ilícitos de los menores en el ámbito internacional\n no previstos por otras convenciones internacionales sobre la\n materia.

\n\n

Artículo 4

\n\n

Los Estados Parte, en la medida de lo posible, cooperarán\n con los Estados no Parte en la prevención y sanción\n del tráfico internacional de menores y en la protección\n y cuidado de los menores víctimas del hecho ilícito.

\n\n

En tal sentido, las autoridades competentes de los Estados\n Parte deberán notificar a las autoridades competentes\n de un Estado no Parte, en aquellos casos en que se encuentre\n en su territorio a un menor que ha sido víctima del tráfico\n internacional de menores en un Estado Parte.

\n\n

Artículo 5

\n\n

A los efectos de la presente Convención, cada Estado\n Parte designará una Autoridad Central y comunicará\n dicha designación a la Secretaría General de la\n Organización de los Estados Americanos.

\n\n

Un Estado Federal, o un Estado en el que están en vigor\n diversos sistemas jurídicos, o un Estado con unidades\n territoriales autónomas, puede designar más de\n una Autoridad Central y especificar la extensión jurídica\n o territorial de sus funciones. El Estado que haga uso de esta\n facultad designará la Autoridad Central a la que puede\n dirigirse toda comunicación.

\n\n

En caso de que un Estado Parte designara más de una\n Autoridad Central hará la comunicación pertinente\n a la Secretaría General de la Organización de los\n Estados Americanos.

\n\n

Artículo 6

\n\n

Los Estados Parte velarán por el interés del\n menor, procurando que los procedimientos de aplicación\n de la Convención permanezcan confidenciales en todo momento.

\n\n

CAPITULO II

\n\n

ASPECTOS PENALES

\n\n

Artículo 7

\n\n

Los Estados Parte se comprometen a adoptar medidas eficaces,\n conforme a su derecho interno, para prevenir y sancionar severamente\n el tráfico internacional de menores definido en esta Convención.

\n\n

Artículo 8

\n\n

Los Estados Parte se comprometen a:

\n\n

a) Prestarse asistencia mutua en forma pronta y expedita por\n intermedio de sus Autoridades Centrales, dentro de los límites\n de la ley interna de cada Estado Parte y conforme a los tratados\n internacionales aplicables, para las diligencias judiciales y\n administrativas, la obtención de pruebas y demás\n actos procesales que sean necesarios para el cumplimiento de\n los objetivos de esta Convención;

\n\n

b) Establecer por medio de sus Autoridades Centrales mecanismos\n de intercambio de información sobre legislación\n nacional, jurisprudencia, prácticas administrativas, estadísticas\n y modalidades que haya asumido el tráfico internacional\n de menores en sus respectivos Estados; y

\n\n

c) Disponer las medidas que sean necesarias para remover los\n obstáculos que puedan afectar en ellos la aplicación\n de esta Convención en sus respectivos Estados.

\n\n

Artículo 9

\n\n

Tendrán competencia para conocer de los delitos relativos\n al tráfico internacional de menores:

\n\n

a) el Estado Parte donde tuvo lugar la conducta ilícita;

\n\n

b) el Estado Parte de residencia habitual del menor;

\n\n

c) el Estado Parte en el que se hallare el presunto delincuente\n si éste no fuere extraditado; y,

\n\n

d) el Estado Parte en el que se hallare el menor víctima\n de dicho tráfico.

\n\n

Tendrá preferencia a los efectos del párrafo\n anterior el Estado Parte que hubiere prevenido en el conocimiento\n del hecho ilícito.

\n\n

Artículo 10

\n\n

Si uno de los Estados Parte que supedita la extradición\n a la existencia de un tratado recibe, una solicitud de extradición\n proveniente de un Estado Parte con el cual no ha celebrado tratado,\n o en caso de haberlo no lo contemple entre los delitos extraditables,\n podrá considerar la presente Convención como la\n base jurídica necesaria para concederla en caso de tráfico\n internacional de menores.

\n\n

Asimismo, los Estados Parte que no supeditan la extradición\n a la existencia de un tratado reconocerán el tráfico\n internacional de menores como causal de extradición entre\n ellos. Cuando no exista Tratado de extradición, ésta\n estará sujeta a las demás condiciones exigibles\n por el derecho interno del Estado requerido.

\n\n

Artículo 11

\n\n

Las acciones instauradas conforme a lo dispuesto en este capítulo\n no impiden que las autoridades, competentes del Estado Parte\n donde el menor se encontrare ordenen en cualquier momento su\n restitución inmediata al Estado de su residencia habitual,\n considerando el interés superior del menor.

\n\n

CAPITULO III

\n\n

ASPECTOS CIVILES

\n\n

Artículo 12

\n\n

La solicitud de localización y restitución del\n menor derivada de esta Convención será promovida\n por aquellos titulares que establezca el derecho del Estado de\n la residencia habitual del menor.

\n\n

Artículo 13

\n\n

Serán competentes para conocer de la solicitud de localización\n y de restitución, a opción de los reclamantes,\n las autoridades judiciales o administrativas del Estado Parte\n de residencia habitual del menor, o las del Estado Parte donde\n se encontrare o se presuma que se encuentra retenido.

\n\n

Cuando existan razones de urgencia a juicio de los reclamantes,\n podrá presentarse la solicitud ante las autoridades judiciales\n o administrativas del lugar donde se produjo el hecho ilícito.

\n\n

Artículo 14

\n\n

La solicitud de localización y de restitución\n se tramitará por intermedio de las Autoridades Centrales\n o directamente ante las autoridades competentes previstas en\n el artículo 13 de esta Convención. Las autoridades\n requeridas acordarán los procedimientos más expeditos\n para hacerla efectiva.

\n\n

Recibida la solicitud respectiva, las autoridades requeridas\n dispondrán las medidas necesarias de conformidad con su\n derecho interno para iniciar, facilitar y coadyuvar con los procedimientos\n judiciales y administrativos relativos a la localización\n y restitución del menor. Además, se adoptarán\n las medidas para proveer la inmediata restitución del\n menor y, de ser necesario, asegurar su cuidado, custodia o guarda\n provisional, conforme a las circunstancias, e impedir de modo\n preventivo que el menor pueda ser trasladado indebidamente a\n otro Estado.

\n\n

La solicitud fundada de localización y de restitución\n deberá ser promovida dentro de los ciento veinte días\n de conocida la sustracción, el traslado o la retención\n ilícitos del menor. Cuando la solicitud de localización\n y de restitución fuere promovida por un Estado Parte,\n éste dispondrá para hacerlo de un plazo de ciento\n ochenta días.

\n\n

Cuando fuere necesario proceder con carácter previo\n a la localización del menor, el plazo anterior se contará\n a partir del día en que ella fuere del conocimiento de\n los titulares de la acción.

\n\n

Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores,\n las autoridades del Estado Parte donde el menor fuere retenido\n podrán ordenar en cualquier momento la restitución\n del mismo conforme al interés superior de dicho menor.

\n\n

Artículo 15

\n\n

En las solicitudes de cooperación comprendidas en esta\n Convención transmitidas por vía consular o diplomática\n o por intermedio de las Autoridades Centrales, será innecesario\n el requisito de legalización u otras formalidades similares.\n En el caso de solicitudes de cooperación cursadas directamente\n entre tribunales de la zona fronteriza de los Estados Parte tampoco\n será necesario el requisito de la legalización.\n Asimismo, estarán exentos de legalización en el\n Estado Parte solicitante los documentos que sobre el particular\n se devuelvan por las mismas vías.

\n\n

Las solicitudes deberán estar traducidas, en su caso,\n al idioma o idiomas oficiales del Estado Parte al que se dirijan\n Respecto a los anexos, bastará la traducción de\n un sumario que contenga los datos esenciales de los mismos.

\n\n

Artículo 16

\n\n

Las autoridades competentes de un Estado Parte que constaten\n en el territorio sometido a su jurisdicción la presencia\n de una víctima de tráfico internacional de menores\n deberán adoptar las medidas inmediatas que sean necesarias\n para su protección, incluso aquellas de carácter\n preventivo que impidan el traslado indebido del menor a otro\n Estado.

\n\n

Estas medidas serán comunicadas por medio de las Autoridades\n Centrales a las autoridades competentes del Estado de la anterior\n residencia habitual del menor. Las autoridades intervinientes\n adoptarán cuantas medidas sean necesarias para que los\n titulares de la acción de localización y restitución\n del menor estén informados de las medidas adoptadas.

\n\n

Artículo 17

\n\n

De conformidad con los objetivos de esta Convención,\n las Autoridades Centrales de los Estados Parte intercambiarán\n información y colaborarán con sus autoridades competentes\n judiciales y administrativas en todo lo relativo al control de\n la salida y entrada de menores a su territorio.

\n\n

Artículo 18

\n\n

Las adopciones y otras instituciones afines constituidas en\n un Estado Parte serán susceptibles de anulación\n cuando su origen o fin fuere el tráfico internacional\n de menores.

\n\n

En la respectiva acción de anulación, se tendrá\n en cuenta en todo momento el interés superior del menor.

\n\n

La anulación se someterá a la ley y a las autoridades\n competentes del Estado de constitución de la adopción\n o de institución de que se trate.

\n\n

Artículo 19

\n\n

La guarda o custodia serán susceptibles de revocación\n cuando tuvieren su origen o fin en el tráfico internacional\n de menores, en las mismas condiciones previstas en el artículo\n anterior.

\n\n

Artículo 20

\n\n

La solicitud de localización y de restitución\n del menor podrá promoverse sin perjuicio de las acciones\n de anulación y revocación previstas en los artículos\n 18 y 19.

\n\n

Artículo 21

\n\n

En los procedimientos previstos en el presente capítulo,\n la autoridad competente podrá ordenar que el particular\n o la organización responsable del tráfico internacional\n de menores pague los gastos y las costas de la localización\n y restitución, en tanto dicho particular u organización\n haya sido parte de ese procedimiento.

\n\n

Los titulares de la acción o, en su caso, la autoridad\n competente podrán entablar acción civil para obtener\n el resarcimiento de las costas, incluidos los honorarios profesionales\n y los gastos de localización y restitución del\n menor, a menos que éstos hubiesen sido fijados en un procedimiento\n penal o un procedimiento de restitución conforme a lo\n previsto en esta Convención.

\n\n

La autoridad competente o cualquier persona lesionada podrá\n entablar acción civil por daños y perjuicios contra\n los particulares o las organizaciones responsables del tráfico\n internacional del menor..

\n\n

Artículo 22

\n\n

Los Estados Parte adoptarán las medidas que sean necesarias\n para lograr la gratuidad de los procedimientos de restitución\n del menor conforme a su derecho interno e informarán a\n las personas legítimamente interesadas en la restitución\n del menor de las defensorías de oficio, beneficios de\n pobreza e instancias de asistencia jurídica gratuita a\n que pudieran tener derecho, conforme a las leyes y los reglamentos\n de los Estados Parte respectivos.

\n\n

CAPITULO IV

\n\n

CLAUSULAS FINALES

\n\n

Artículo 23

\n\n

Los Estados Parte podrán declarar, al momento de la\n firma, ratificación o adhesión a esta Convención\n o con posterioridad, que se reconocerán y ejecutarán\n las sentencias penales dictadas en otro Estado Parte en lo relativo\n a la indemnización de los daños y perjuicios derivados\n del tráfico internacional de menores.

\n\n

Artículo 24

\n\n

Respecto a un Estado que tenga en cuestiones tratadas en la\n presente Convención dos o más sistemas jurídicos\n aplicables en unidades, territoriales diferentes, toda mención:

\n\n

a) A la ley del Estado se entenderá referida a la ley\n en la correspondiente unidad territorial;

\n\n

b) A la residencia habitual en dicho Estado se entenderá\n referida a la residencia habitual en una unidad territorial de\n dicho Estado; y,

\n\n

c) A las autoridades competentes de dicho Estado se entenderá\n referida a las autoridades autorizadas para actuar en la correspondiente\n unidad territorial.

\n\n

Artículo 25

\n\n

Los Estados que tengan dos o más unidades territoriales\n en las que se apliquen sistemas jurídicos diferentes en\n cuestiones tratadas en la presente Convención podrán\n declarar, en el momento de la firma, ratificación o adhesión,\n que la Convención se aplicará a todas sus unidades\n territoriales o solamente a una o más de ellas.

\n\n

Tales declaraciones podrán ser modificadas mediante\n declaraciones ulteriores, que especificarán expresamente\n la o las unidades territoriales a las que se aplicará\n la presente Convención. Dichas declaraciones ulteriores\n se transmitirán a la Secretaria General de la Organización\n de los Estados Americanos y surtirán efecto noventa días\n después de recibidas.

\n\n

Artículo 26

\n\n

Los Estados Parte podrán declarar, al momento de la\n firma, ratificación o adhesión a la presente Convención\n o con posterioridad, que no se podrá oponer en juicio\n civil en ese Estado Parte excepción o defensa alguna que\n tienda a demostrar la inexistencia del delito o irresponsabilidad\n de una persona, cuando exista sentencia condenatoria ejecutoriada\n por este delito, pronunciada en otro Estado Parte.

\n\n

Artículo 27

\n\n

Las autoridades competentes de las zonas fronterizas de los\n Estados Parte podrán acordar directamente y en cualquier\n momento, procedimientos de localización y restitución\n más expeditos que los previstos en la presente Convención\n y sin perjuicio de ésta.

\n\n

Nada de lo dispuesto en esta Convención se interpretará\n en el sentido de restringir las prácticas más favorables\n que entre sí pudieran observar las autoridades competentes\n de los Estados Parte para los propósitos tratados en ella.

\n\n

Artículo 28

\n\n

Esta Convención está abierta a la firma de los\n Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos.

\n\n

Artículo 29

\n\n

Esta Convención esta sujeta a ratificación.\n Los instrumentos de ratificación se depositarán\n en la Secretaria General de la Organización de los Estados\n Americanos.

\n\n

Artículo 30

\n\n

Esta Convención quedará abierta a la adhesión\n de cualquier otro Estado después que haya entrado en vigor.\n Los instrumentos de adhesión se depositarán en\n la Secretaría General de la Organización de los\n Estados Americanos.

\n\n

Artículo 31

\n\n

Cada Estado podrá formular reservas a la presente Convención\n al momento de firmarla, ratificarla o al adherirse a ella, siempre\n que la reserva verse sobre una o más disposiciones especificas\n y que no sea incompatible con el objeto y fines de esta Convención.

\n\n

Artículo 32

\n\n

Nada de lo estipulado en la presente Convención se\n interpretará en sentido restrictivo de otros tratados\n bilaterales o multilaterales u otros acuerdos suscritos entre\n las Partes.

\n\n

Artículo 33

\n\n

Esta Convención entrará en vigor para los Estados\n ratificantes el trigésimo día a partir de la fecha\n en que haya sido depositado el segundo instrumento de ratificación.

\n\n

Para cada Estado que ratifique esta Convención o se\n adhiera a ella después de haber sido depositado el segundo\n instrumento de ratificación, la Convención entrará\n en vigor el trigésimo día a partir de la fecha\n en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación\n o adhesión.

\n\n

Artículo 34

\n\n

Esta Convención regirá indefinidamente, pero\n cualquiera de los Estados Parte podrá denunciarla. El\n instrumento de denuncia será depositado en la Secretaria\n General de la Organización de los Estados Americanos.\n Transcurrido un año contado a partir de la fecha de depósito\n del instrumento de denuncia, la Convención cesará\n en sus efectos para el Estado denunciante.

\n\n

Artículo 35

\n\n

El instrumento original de esta Convención, cuyos textos\n en español, francés, inglés y portugués\n son igualmente auténticos, será depositado en la\n Secretada General de la Organización de los Estados Americanos,\n la que enviará copia auténtica de su texto para\n su registro y publicación a la Secretada de las Naciones\n Unidas, de conformidad con el artículo 102 de su Carta\n constitutiva. La Secretada General de la Organización\n de los Estados Americanos notificará a los Estados miembros\n de dicha Organización y a los Estados que hayan adherido\n a la Convención, las firmas, los depósitos de instrumentos\n de ratificación, adhesión y denuncia, así\n como las reservas que hubiera y el retiro de las últimas.

\n\n

En fe de lo cual los plenipotenciarios infrascritos, debidamente\n autorizados por sus respectivos Gobiernos, firman esta convención.

\n\n

Hecho en la ciudad de México, D.F., México,\n el día dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y\n cuatro

\n\n

Certifico que es fiel copia del documento original que se\n encuentra en los archivos de la Dirección General de Tratados\n del Ministerio de Relaciones Exteriores.

\n\n

Lo certifico.- Quito, a 17 de septiembre del 2002.

\n\n

f.) Jaime Marchán, Viceministro de Relaciones Exteriores.

\n\n

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

\n\n

CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE RESTITUCION\n INTERNACIONAL DE MENORES

\n\n

AMBITO DE APLICACION

\n\n

Artículo 1

\n\n

La presente Convención tiene por objeto asegurar la\n pronta restitución de menores que tengan residencia habitual\n en uno de los Estados Parte y hayan sido trasladados ilegalmente\n desde cualquier Estado a un Estado Parte o que habiendo sido\n trasladados legalmente hubieren sido retenidos ilegalmente. Es\n también objeto de esta Convención hacer respetar\n el ejercicio del derecho de visita y el de custodia o guarda\n por parte de sus titulares.

\n\n

Artículo 2

\n\n

Para los efectos de esta Convención se considera menor\n a toda persona que no haya cumplido dieciséis años\n de edad.

\n\n

Artículo 3

\n\n

Para los efectos de esta Convención:

\n\n

a. El derecho de custodia o guarda comprende el derecho relativo\n al cuidado del menor y, en especial, el de decidir su lugar de\n residencia; y,

\n\n

b. El derecho de visita comprende la facultad de llevar al\n menor por un período limitado a un lugar diferente al\n de su residencia habitual.

\n\n

Artículo 4

\n\n

Se considera ilegal el traslado o la retención de un\n menor cuando se produzca en violación de los derechos\n que ejercían, individual o conjuntamente, los padres,\n tutores o guardadores, o cualquier institución, inmediatamente\n antes de ocurrir el hecho, de conformidad con la ley de la residencia\n habitual del menor.

\n\n

Artículo 5

\n\n

Podrán instaurar el procedimiento de restitución\n de menores, en ejercicio del derecho de custodia o de otro similar,\n las personas e instituciones designadas en el artículo\n 4.

\n\n

Artículo 6

\n\n

Son competentes para conocer de la solicitud de restitución\n de menores a que se refiere esta Convención, las autoridades\n judiciales o administrativas del Estado Parte donde el menor\n tuviere su residencia habitual inmediatamente antes de su traslado\n o de su retención.

\n\n

A opción del actor y cuando existan razones de urgencia,\n podrá presentarse la solicitud de restitución ante\n las autoridades del Estado Parte en cuyo territorio se encontrare\n o se supone se encontrare el menor ilegalmente trasladado o retenido;\n al momento de efectuarse dicha solicitud; igualmente, ante las\n autoridades del Estado Parte donde se hubiere producido el hecho\n ilícito que dio motivo a la reclamación.

\n\n

El hecho de promover la solicitud bajo las condiciones previstas\n en el párrafo anterior no conlleva modificación\n de las normas de competencia internacional definidas en el primer\n párrafo de este artículo.

\n\n

AUTORIDAD CENTRAL

\n\n

Artículo 7

\n\n

Para los efectos de esta Convención cada Estado Parte\n designará una autoridad central encargada del cumplimiento\n de las obligaciones que le establece esta Convención,\n y comunicará dicha designación a la Secretada General\n de la Organización de los Estados Americanos.

\n\n

En especial, la autoridad central colaborará con los\n actores del procedimiento y con las autoridades competentes de\n los respectivos Estados para obtener la localización y\n la restitución del menor; asimismo, llevará a cabo\n los arreglos que faciliten el rápido regreso y la recepción\n del menor, auxiliando a los interesados en la obtención\n de los documentos necesarios para el procedimiento previsto en\n esta Convención. Las autoridades centrales de los Estados\n Parte cooperarán entre sí e intercambiarán\n información sobre el funcionamiento de la Convención\n con el fin garantizar la restitución inmediata de los\n menores y los otros objetivos de esta Convención.

\n\n

PROCEDIMIENTO PARA LA RESTITUCION

\n\n

Artículo 8

\n\n

Los titulares del procedimiento de restitución podrán\n ejercitarlo conforme a lo dispuesto en el artículo 6,\n de la siguiente forma;
\n

\n\n

a. A través de exhorto o carta rogatoria;

\n\n

b. Mediante solicitud a la autoridad central; o,

\n\n

c. Directamente, o por la vía diplomática o\n consular.

\n\n

Artículo 9

\n\n

1. La solicitud o demanda a que se refiere el artículo\n anterior, deberá contener:

\n\n

a. Los antecedentes o hechos relativos al traslado o retención,\n así como la información suficiente respecto a la\n identidad del solicitante, del menor sustraído o retenido\n y, de ser posible, de la persona a quien se imputa el traslado\n o la retención;

\n\n

b. La información pertinente relativa a la presunta\n ubicación del menor, a las circunstancias y fechas en\n que se realizó el traslado al extranjero o al vencimiento\n del plazo autorizado; y,

\n\n

c. Los fundamentos de derecho en que se apoya la restitución\n del menor.

\n\n

2. A la solicitud o demanda se deberá acompañar:

\n\n

a. Copia íntegra y auténtica de cualquier resolución\n judicial o administrativa si existiera, o del acuerdo que lo\n motive; la comprobación sumaría de la situación\n fáctica existente o, según el caso, la alegación\n del derecho respectivo aplicable;

\n\n

b. Documentación auténtica que acredite la legitimación\n procesal del solicitante;

\n\n

c. Certificación o información expedida por\n la autoridad central del Estado de residencia habitual dcl menor\n o de alguna otra autoridad competente del mismo Estado; en relación\n con el derecho vigente en la materia en dicho Estado;

\n\n

d. Cuando sea necesario, traducción al idioma oficial\n del Estado requerido de todos los documentos a que se refiere\n este artículo; y,

\n\n

e. Indicación de las medidas indispensables para hacer\n efectivo el retorno,

\n\n

3. La autoridad competente podrá prescindir de alguno\n de los requisitos o de la presentación de los documentos\n exigidos en este artículo si, a su juicio, se justificare\n la restitución.

\n\n

4. Los exhortos, las solicitudes y los documentos que los\n acompañaren no requerirán de legalización\n cuando se transmitan por la vía diplomática o consular;\n o por intermedio de la autoridad central.

\n\n

Artículo 10

\n\n

El Juez exhortado, la autoridad central u otras autoridades\n del Estado donde se encuentra el menor; adoptarán; de\n conformidad con su derecho y cuando sea pertinente, todas las\n medidas que sean adecuadas para la devolución voluntaria\n del menor.

\n\n

Si la devolución no se obtuviere en forma voluntaria,\n las autoridades judiciales o administrativas; previa comprobación\n del cumplimiento, de los requisitos exigidos por el artículo\n 9 y sin más trámite, tomarán conocimiento\n personal del menor, adoptarán las medidas necesarias para\n asegurar su custodia o guarda provisional en las condiciones\n que aconsejaren las circunstancias y, si fuere procedente, dispondrán\n sin demora su restitución. En este caso, se le comunicará\n a la institución que, conforme a su derecho interno, corresponda\n tutelar los derechos del menor.

\n\n

Asimismo, mientras se resuelve la petición de restitución,\n las autoridades competentes adoptarán las medidas necesarias\n para impedir la salida del menor del territorio de su jurisdicción.

\n\n

Artículo 11

\n\n

La autoridad judicial o administrativa del Estado requerido\n no estará obligada a ordenar la restitución del\n menor, cuando la persona o la institución que presentare\n oposición demuestre:

\n\n

a. Que los titulares de la solicitud o demanda de restitución\n no ejercían efectivamente su derecho en el momento del\n traslado o de la retención, o hubieren consentido o prestado\n su anuencia con posterioridad a tal traslado o retención;\n o.

\n\n

b. Que existiere un riesgo grave de que la restitución\n del menor pudiere exponerle a un peligro físico o psíquico.

\n\n

La autoridad exhortada puede también rechazar la restitución\n del menor si comprobare que éste se opone a regresar y\n a juicio de aquélla, la edad y madurez del menor justificase\n tomar en cuenta su opinión.

\n\n

Artículo 12

\n\n

La oposición fundamentada a la que se refiere el artículo\n anterior deberá presentarse dentro del término\n de ocho días hábiles contados a partir del momento\n en que la autoridad tomare conocimiento personal del menor y\n lo hiciere saber a quien lo retiene.

\n\n

Las autoridades judiciales o administrativas evaluarán\n las circunstancias y las pruebas que aporte la parte opositora\n para fundar la negativa. Deberán enterarse del derecho\n aplicable y de los precedentes jurisprudenciales o administrativos\n existentes en el Estado de la residencia habitual del menor,\n y requerirán, en caso de ser necesario, la asistencia\n de las autoridades centrales, o de los agentes diplomáticos\n o consulares de los Estados Parte.

\n\n

Dentro de los sesenta días calendario siguientes a\n la recepción de la oposición, la autoridad judicial\n o administrativa dictará la resolución correspondiente.

\n\n

Artículo 13

\n\n

Si dentro del plazo de cuarenta y cinco días calendario\n desde que fuere recibida por la autoridad requirente la resolución\n por la cual se dispone la entrega; no se hubieren tomado las\n medidas necesarias para hacer efectivo el traslado del menor;\n quedarán sin efecto la restitución ordenada y las\n providencias adoptadas.

\n\n

Los gastos del traslado estarán a cargo del actor,\n en caso de que éste careciere de recursos económicos,\n las autoridades del Estado requirente podrán facilitar\n los gastos del traslado, sin perjuicio de repetir los mismos\n contra quien resultare responsable del desplazamiento o retención\n ilegal.
\n

\n\n

Artículo 14

\n\n

Los procedimientos previstos en esta Convención deberán\n ser instaurados dentro del plazo de un año calendado contado\n a partir de la fecha en que el menor hubiere sido trasladado\n o retenido ilegalmente.

\n\n

Respecto de menores cuyo paradero

 

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