Registro Oficial. 5 de JULIO del 2002

Viernes, 05 de julio de 2002

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

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   MES DE JULIO DEL 2002
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 REGISTRO OFICIAL
ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR
Administración del Sr. Dr. Gustavo Noboa Bejarano
Presidente Constitucional de la República
\n

 

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Viernes 5 de Julio del 2002

\n

REGISTRO OFICIAL No. 612

\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n

DR. JOSE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR

\n\n

FUNCION\n EJECUTIVA

\n\n

RESOLUCIONES:
\n AGENCIA DE GARANTIA DE DEPOSITOS
:

\n\n

AGD-02-2002-GG\n Confórmase \n la Comisión Técnica para la contratación\n de servicios de  consultoría

\n\n

AGD-03-2002-GG Delégase  al señor\n abogado Francisco Garcia Ortega, la  planificación\n y ejecución de  las acciones de  incautación.
\n  
\n PROCURADURIA\n GENERAL DEL ESTADO
\n EXTRACTOS:

\n\n

Extractos\n de absolución de\n consultas conforme la disposición final primera de la\n Ley Orgánica.
\n  
\n
FUNCION\n JUDICIAL
\n CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SEGUNDA SALA DE LO PENAL:

\n\n

Recursos de casación\n en los juicios seguidos por las siguientes personas:
\n  
\n 94-02 Celso Heraldo Córdova\n Gómez en contra de Noemí Patricia Valdiviezo Zumo.

\n\n

95-02 Flavio Lima Cuenca en contra\n de Rodrigo Soto Aleaga.

\n\n

98-02 Ministerio Fiscal General\n en contra de José Darío Hoyos Agudelo.

\n\n

99-02 José Delfín \n Padilla Hambuludi y otra en  contra del Lcdo. José\n Félix García  Dávila y otro.

\n\n

101-02 Doctor Washington Aquiles\n Moya Torres en contra de Luis Alfredo Estrella Gavilánez\n y otro.

\n\n

103-02\n Doctora Alexandra\n Clemencia Loor García en contra del doctor Víctor\n Olmedo Barcia Tomalá y otros.

\n\n

105-02 Ministerio Fiscal General\n en contra de Duván de Jesús Arredondo Rubiano.

\n\n

106-02\n Ministerio\n Fiscal General  en contra de Bertha Teodola Atarihuana \n Sánchez.

\n\n

107-02\n Ministerio\n Fiscal General en contra de Juan Bautista González Catagua.

\n\n

108-02 Ministerio Fiscal General\n en contra de Gilberto Tana Benavides.

\n\n

109-02\n Municipio de\n Manta en contra de Jhonny Loor Rodríguez.

\n\n

113-02 Ministerio Fiscal General\n en contra de Telmo Hermógenes Jiménez.

\n\n

116-02 Ministerio Fiscal general\n en contra de Darwin Javier Rodríguez Obando y otros.
\n  
\n TRIBUNAL\n CONSTITUCIONAL
\n RESOLUCIONES:
\n
 
\n 943-2001-RA No admitir  la acción\n planteada por  la señora Zoila  Tapia Fray.

\n\n

947-2001-RA\n Revócase \n la resolución venida  en grado y  concédese\n el  amparo constitucional propuesto por el  señor\n Juan Rogelio Viesca Arrache.

\n\n

970-2001-RA  Confirmase la resolución\n del Juez de instancia y  declárase con lugar el amparo\n solicitado por  el economista Carlos Imbaquingo.

\n\n

984-2001-RA\n Revócase \n la resolución subida en grado y  niégase la\n acción de amparo constitucional propuesta por el \n señor Miguel Angel Cabrera Heras.

\n\n

146-2002-RA Confirmase la resolución\n expedida por la Jueza Vigésima Tercera de lo Civil de\n Pichincha y niégase el amparo constitucional solicitado\n por el señor Joffre Remigio Cuenca Loayza.
\n  
\n ORDENANZA\n MUNICIPAL:
\n
 
\n -Cantón Nabón: Que\n reglamenta el manejo de desechos sólidos y establecimiento\n de tasas retributivas por este servicio.
\n

\n \n
\n

 

\n\n

No.\n AGD-02-2002-GG

\n\n

Dr. Patricio Dávila Molina
\n GERENTE GENERAL
\n AGENCIA DE GARANTIA DE DEPOSITOS

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo\n 27 de la Ley de Consultorio, la contratación de servicios\n de consultoría mediante concurso privado o público\n dependiendo la cuantía de la misma, estará a cargo\n de una Comisión Técnica, la cual, al tenor del\n artículo 10 del reglamento a la ley ibídem, la\n presidirá el representante legal de la institución\n o su delegado, y estará integrada por autoridades y personal\n técnico de la entidad, tendrá tres, cinco o siete\n miembros, incluido su Presidente, en función de la complejidad\n y características de los trabajos de consultoría\n a contratarse;

\n\n

Que, de acuerdo con lo previsto en el literal a) del artículo\n 12 de la Ley de Consultoría, cuando el monto del contrato\n sea inferior o igual al valor que resultare de multiplicar el\n coeficiente un cien milésimos por el monto del presupuesto\n inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico,\n se podrá celebrar el contrato sin necesidad de concurso,\n para cuyo efecto, el Capítulo II del Título II\n del Reglamento a la Ley de Consultoría, al describir el\n trámite que a de seguirse para la contratación\n de servicios de consultoría sin concurso previo, dispone\n que corresponderá a la Comisión Técnica\n de la institución llevar a cabo dicho procedimiento; y,

\n\n

En ejercicio de las funciones que le confiere la ley,

\n\n

Resuelve:

\n\n

Art. 1.- Conformar la Comisión Técnica para\n la contratación de servicios de consultoría de\n la Agencia de Garantía de Depósitos, la cual estará\n integrada por:

\n\n

1. El Gerente General y como tal representante legal de la\n Agencia de Garantía de Depósitos o su delegado\n quien la presidirá.

\n\n

2. El Contador General de la institución.

\n\n

3. El Asesor Legal de la entidad.

\n\n

Actuará como Secretario de la Comisión Técnica,\n el Secretario General de la AGD o su delegado.

\n\n

Art. 2,- A la Comisión Técnica que se conforma\n mediante la presente resolución, corresponderá\n la tramitación de los procesos precontractuales y la adjudicación\n en la contratación mediante concurso privado o público\n o en forma directa, de los servicios de consultoría que\n requiera a Agencia de Garantía de Depósitos que\n por disposición de la ley se encuentren sujetos a la Ley\n de Consultorio.

\n\n

Art. 3.- Delegar al Gerente Administrativo Financiero para\n que a mi nombre y en n representación integre y presido\n la Comisión Técnica para la contratación\n de servicios de consultorio de la Agencia de Garantía\n de Depósitos, así como para que suscribo los respectivos\n contratos de consultoría que fueran adjudicados por la\n referida comisión.

\n\n

Art. 4.- La presente resolución entrará en vigencia\n a partir de su expedición, sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial.

\n\n

Dado, en el Distrito Metropolitano de la ciudad de San Francisco\n de Quito, a 3 de junio del 2002.

\n\n

f) Dr. Patricio Dávila Molina, Gerente General, Agencia\n de Garantía de Depósitos.

\n\n

Es fiel copia.- Lo certifico.

\n\n

f) Dr. Carlos Arsenio Larco V., Secretario General, AGD.

\n\n

No.\n AGD -03-2002-GG

\n\n

Dr. Patricio Dávila Molina
\n GERENTE GENERAL
\n AGENCIA DE GARANTIA DE DEPOSITOS

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso final del artículo\n 29 de la Ley de Reordenamiento en Materia Económica en\n el Area Tributario - Financiera, sustituido por el artículo\n 4 de la Ley No. 60, publicada en el Suplemento del Registro Oficial\n No. 503 de 28 de enero del 2002, en aquellos casos en que los\n administradores de las instituciones financieras, hayan declarado\n patrimonios técnicos irreales, hayan alterado las cifras\n de sus balances o cobrado tasas de interés sobre interés,\n garantizarán con su patrimonio personal los depósitos\n de la entidad financiera, y la Agencia de Garantía de\n Depósitos podrá incautar aquellos bienes que son\n de público conocimiento de propiedad de estos accionistas\n y transferirlos a un fideicomiso en garantía mientras\n se prueba su real propiedad, en cuyo caso pasarán a ser\n recursos de la Agencia de Garantía de Depósitos\n y durante este periodo se dispondrá su prohibición\n de enajenar;

\n\n

Que, al tenor de lo previsto en el antepenúltimo inciso\n del artículo 22 de la Ley de Reordenamiento en Materia\n Económica en el Area Tributario-Financiera, el Gerente\n General para ejecutar las decisiones del Directorio de la Agencia\n de Garantía de Depósitos (AGD), lo hará\n preferentemente a través de la contratación de\n terceros;

\n\n

Que, de acuerdo con el artículo 32 de la Ley de Reordenamiento\n en Materia Económica en el Area Tributario - Financiera,\n para el cumplimiento de los deberes y de las actividades que\n la ley impone a la Agencia de Garantía de Depósitos\n (AGD), ésta queda facultada para contratar personas naturales\n o jurídicas especializadas;

\n\n

Que, de acuerdo con lo prescrito en los artículos 35\n de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones\n y Prestación de Servicios por parte de la Iniciativa Privada\n y 55 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo\n de la Función Ejecutiva expedido mediante Decreto Ejecutivo\n No. 2428, publicado en el Registro Oficial No. 536 de 18 de marzo\n del 2002, el Gerente General de la Agencia de Garantía\n de Depósitos AGD, está facultado para delegar sus\n atribuciones a los funcionarios de la institución que\n representa, cuando lo estimare conveniente;

\n\n

Que, es necesario racionalizar y desconcentrar la gestión\n administrativa de la Agencia de Garantía de Depósitos,\n a fin de proveer de mayor agilidad al despacho de las labores\n inherentes a dicha institución; y,

\n\n

En ejercicio de la facultad que le confiere el artículo\n 22 de la Ley de Reordenamiento en Materia Económica en\n el Area Tributario - Financiera,

\n\n

Resuelve:

\n\n

Art. 1.- Delegar al señor abogado Francisco García\n ortega, la planificación y ejecución de las acciones\n de incautación, referidas en el inciso final del artículo\n .29 de la Ley de Reordenamiento en Materia Económica en\n el Area Tributario - Financiera, para cuyo efecto, ejercerá\n las funciones y se sujetará a las normas que se detallan\n en la presente resolución.

\n\n

Art. 2.- Son funciones del delegado, las siguientes:

\n\n

1. Planificar procesos de incautación.

\n\n

2. Ejecutar, previa autorización escrita del Directorio\n o del Gerente General de la Agencia de Garantía de Depósitos,\n las acciones de incautaciones que dichas autoridades, al amparo\n de lo previsto en el inciso final del artículo 29 de la\n Ley de Reordenamiento en Materia Económica en el Area\n Tributario - Financiera, dispongan.

\n\n

3. Notificar con la razón de incautación a las\n personas naturales y/o jurídicas propietarias, poseedoras\n o meras tenedoras de los bienes sobre los cuales se dispuso la\n medida de incautación.

\n\n

4. Notificar con la razón de incautación y prohibición\n de enajenar, y, solicitar la inscripción de dichas medidas,\n a los registros de la Propiedad, registros Mercantiles, Bolsa\n de Valores, municipios, Dirección de Tránsito y\n demás entidades, bajo cuyo control y/o registro se encuentren\n los bienes sobre los cuales se dispuso la medida incautación.

\n\n

5. Dirigir, bajo su responsabilidad, el equipo o personal\n designado para la ejecución de las acciones de incautación\n dispuestas por el Directorio o del Gerente General de la Agencia\n de Garantía de Depósitos, así como coordinar\n con las demás áreas y personal de la Agencia de\n Garantía de Depósitos, para la realización\n de dichas acciones.

\n\n

6. Actuar como ordenador de gasto y efectuar en forma directa\n y bajo su responsabilidad y siempre y cuando tuviere relación\n con las funciones que por este instrumento se delegan en su favor,\n en lo siguiente:

\n\n

6.1. Contrataciones para la adquisición de bienes muebles,\n la ejecución de obra, y la prestación de servicios\n no regulados por la Ley de Consultoría, cuya cuantía\n sea inferior al uno por ciento del valor base establecido por\n el artículo 4 de la Ley de Contratación Pública\n para el concurso público de ofertas, a fin de poder atender\n los requerimientos que demande la ejecución de acciones\n de incautación y la administración de bienes incautados\n hasta su enajenación definitiva

\n\n

6.2. Alquilar vehículos hasta por un valor que no supere\n el valor de cincuenta dólares de los Estados Unidos de\n América diarios (USS 50,00) y por no más de cinco\n días.

\n\n

6.3. Contratar obreros, jornaleros y demás personal\n de apoyo para la ejecución de acciones de incautación,\n siempre y cuando el jornal no supere los treinta dólares\n de los Estados Unidos de América (US$ 30,00), diarios\n y por no más de quince días al mes.

\n\n

6.4. Contratar personal de apoyo, seguridad y mantenimiento\n para la administración de los bienes incautados, siempre\n y cuando la remuneración mensual no supere los trescientos\n dólares de los Estados Unidos de América (US$ 300,00).

\n\n

Art. 3.- Los gastos que se empleen en la planificación\n y ejecución de las acciones de incautación referidas\n en esta resolución, serán contabilizados en una\n cuenta por cobrar a nombre de cada bien incautado, los mismos\n que se recuperarán del valor que se obtenga de la enajenación\n del bien incautado.

\n\n

Art. 4.- Para realizar las contrataciones y gastos, necesarios\n para la ejecución de acciones de incautación y\n administración de bienes incautados, se requerirá\n previamente contar con la respectiva certificación de\n fondos, conforme lo dispuesto en los artículos 58 de la\n Ley Orgánica de Administración Financiera y Control\n y 33 inciso segundo de la Ley de Presupuestos del Sector Público.

\n\n

Art. 5.- De todo gasto o contratación que en virtud\n de la presente resolución efectúe el delegado,\n éste remitirá a la Gerencia Administrativa Financiera\n de la Agencia de Garantía de Depósitos, las correspondientes\n facturas, recibos, liquidaciones, roles de pago y demás\n documentos de descargo, que demuestren que efectivamente se realizó\n el gasto o contratación.

\n\n

Sólo en caso de que se presente la referida documentación,\n el Gerente Administrativo Financiero de la Agencia de Garantía\n de Depósitos autorizará el pago de los mismos.

\n\n

Art. 6.- El Gerente Administrativo Financiero y la Auditoria\n General podrán efectuar controles y exámenes al\n manejo y gastos de los recursos destinados a la ejecución\n de acciones de incautación y administración de\n bienes incautados.

\n\n

Art., 7.- Prohibese la contratación de obras, bienes\n y servicios, el alquiler de vehículos y la contratación\n de personal, cuando los proveedores de los mismos sean funcionarios\n o perciban honorarios, remuneraciones o cualquier emolumento\n de parte de la Agencia de Garantía de Depósitos,\n o sean parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y tercero\n de afinidad de éstos.

\n\n

Art. 8.- El abogado Francisco García Ortega, responderá\n personalmente ante el Directorio y el Gerente General de la Agencia\n de Garantía de Depósitos por los actos realizados\n en ejercicio de la presente delegación.

\n\n

Art. 9.- Cuando lo estime conveniente, el Gerente General\n de la Agencia de Garantía de Depósitos podrá\n suscribir cualquiera de los documentos y ejercer cualquiera de\n las funciones materia de esta resolución.

\n\n

Art. 10. - Las contrataciones y gastos que superen los montos\n previstos en el artículo 2 de esta resolución,\n se sujetarán al Reglamento Interno de Contrataciones de\n la Agencia de Garantía de Depósitos aprobado por\n el Directorio mediante Resolución No. 033 de 8 de abril\n del 2002 y publicada en el Registro Oficial No. 574 de 13 de\n mayo del mismo año.

\n\n

Art. 11. - La presente resolución entrará en\n vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio de su\n publicación en el Registro Oficial.

\n\n

Dado en el Distrito Metropolitano de la ciudad de San Francisco\n de Quito, a 3 de junio del 2002.

\n\n

f.) Dr. Patricio Dávila Molina, Gerente General de\n la Agencia de Garantías de Depósitos.

\n\n

Es fiel copia del original que reposa en los archivos de la\n AGD.

\n\n

f.) Ilegible, autorizada.

\n\n

 

\n\n

PROCURADURIA\n GENERAL DEL ESTADO

\n\n

EXTRACTO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS\n CONFORME LA DISPOSICION FINAL PRIMERA DE LA LEY ORGANICA DE LA\n PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

\n\n

ACTA DE ADJUDICACION: CONVALIDACION

\n\n

CONSULTANTE: Ministerio de Agricultura\n y Ganadería.

\n\n

OFICIO N0: DAJ-02 00175 de 19-04-2002.

\n\n

PRONUNCIAMIENTO:

\n\n

Sobre si cabe revocar la adjudicación de un inmueble\n y devolver todo el dinero pagado al MAG, y a su vez, adjudicar\n el inmueble referido al Municipio, por haber quedado en segundo\n lugar, para lo cual, renovaría la garantía de seriedad\n de la propuesta y depositaria el 10% del valor ofertado, la Procuraduría\n se pronuncia que por lo dispuesto en los artículos 93\n y 94 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo\n de la Función Ejecutiva, el acta de adjudicación\n no es susceptible de convalidación, y es pertinente que\n el Comité de Contrataciones del MAG resuelva declarar\n extinguido dicho acto administrativo por razones de legitimidad,\n puesto que es imposible el cumplimento de su objeto, esto es,\n la suscripción de la respectiva escritura pública\n de compraventa; y porque los presupuestos fácticos de\n la compraventa no se adecuan a las normas previstas en el reglamento\n para la enajenación de activos improductivos, ya que está\n sujeto a controversia la determinación de la cabida, los\n linderos y la extensión del predio de propiedad del MAG.

\n\n

En consecuencia, es improcedente que se adjudique el referido\n inmueble a la Municipalidad que ocupó el segundo lugar\n en el concurso público realizado, porque no se puede adjudicar\n un predio cuyos linderos, cabida y extensión son objeto\n de una controversia judicial.

\n\n

Es pertinente que el MAG declare desierto el referido concurso\n público, al tenor del artículo 14 del Reglamento\n para la enajenación de activos improductivos.

\n\n

Según lo dispuesto en el artículo 119 de la\n Constitución Política, el MAG y la Municipalidad\n tienen el deber de coordinar sus acciones para la consecución\n del bien común.

\n\n

Por tanto, una vez que solucionen sus diferencias, preferentemente\n de común acuerdo, el MAG podría reabrir el concurso,\n si lo estima pertinente.

\n\n

OF. PCE. N° 23863 de 26-04-2002.

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BONIFICACION POR TITULOS ACADEMICOS:
\n PROCEDENCIA

\n\n

CONSULTANTE: Consejo Nacional de Tránsito y Transporte\n Terrestres.

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OFICIO N° 0762 SUBAJ-02-CNTTT de 16-04-2002

\n\n

PRONUNCIAMIENTO:

\n\n

Si un funcionario en calidad de licenciado en Comunicación\n Social, por ser titulo terminal, desempeña las funciones\n inherentes a su título en el Area de Comunicación\n Social del Consejo Nacional de Tránsito, y posteriormente\n obtiene el doctorado en dicha especialidad, con dos años\n adicionales de estudio, al amparo de lo prescrito en los artículos\n 4 de la Ley de Remuneraciones, 11 y 12 de su reglamento y Reglamento\n de Aplicación de la Bonificación por Títulos\n Académicos, Especializaciones y Capacitación Adicionales,\n tiene derecho a recibir la bonificación respectiva.

\n\n

OF. PGE. N0: 23742 de 18-04-2002.

\n\n

COMPAÑIAS: RESOLUCIONES

\n\n

CONSULTANTE: Municipalidad de Pedro Moncayo.

\n\n

OFICIO N0: 084-APM de 03-21-21 del 2002.

\n\n

PRONUNCIAMIENTO:

\n\n

Se consulta cuál es el número de votos que se\n requiere para rever una resolución tomada por la Junta\n General de Accionistas, por unanimidad y hasta qué tiempo\n después se puede solicitar la revisión de una resolución\n y reconsiderarse la misma. La Procuraduría se pronuncia\n que la revisión de una resolución de la Junta General\n de Accionistas de una compañía anónima,\n será tratada por la misma junta y la decisión\n que tome será por mayoría de votos del capital\n pagado concurrente, conforme lo establece el artículo\n 241 de la Ley de Compañías, en concordancia con\n el artículo 14 del Reglamento de Juntas Generales de Socios\n y Accionistas de Compañías.

\n\n

En cuanto a la segunda pregunta, si bien la Ley de Compañías\n no determina en forma expresa el tiempo durante el cual se puede\n solicitar la revisión de una resolución, cabe anotar\n que el artículo 213 de la Ley de Compañías\n establece la facultad que tienen los accionistas que representen\n por lo menos el 25% del capital social, para pedir en cualquier\n tiempo la convocatoria a una Junta General de Accionistas, a\n fin de tratar asuntos que se indiquen en su petición;\n en caso de que el administrador o el organismo directivo se niegue\n hacerlo, los accionistas pueden acudir al Superintendente de\n Compañías con dicha solicitud.

\n\n

OF. PGE. N0: 23607 de 11-04-2002.

\n\n

CONCEJOS: ATRIBUCIONES

\n\n

CONSULTANTE: Delegado Distrital del Chimborazo de la Procuraduría\n General del Estado (Consulta de la Municipalidad de Cumandá).

\n\n

OFICIO No: 068-PGECH-2002 de 26-03-2002.

\n\n

PRONUNCIAMIENTO:

\n\n

Respecto a que si es posible que el Concejo resuelva mediante\n ordenanza la prohibición del uso y ocupación del\n tramo del poliducto Durán-Quito, procediendo a su reubicación,\n la Procuraduría considera que dicho Concejo no puede adoptar\n esta decisión ni tampoco puede reubicar esta obra, en\n base a los estudios técnicos realizados por la Municipalidad,\n pues los mismos son de exclusiva competencia del Comando Conjunto\n de las Fuerzas Armadas y del Consejo de Seguridad Nacional.

\n\n

El Concejo Cantonal de Cumandá, en uso de sus facultades\n constitucionales y legales puede proceder a la expropiación\n para fines de orden social, de los terrenos requeridos para dicho\n fin.

\n\n

OF. PGE. N0: 23566 de 10-04-2002.

\n\n

CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA:
\n TASAS JUDICIALES

\n\n

CONSULTANTE: Federación Ecuatoriana de Notarios.

\n\n

OFICIO N0: 008-002-FEN y No. 009-002-FEN 04-04 y 9 2002.

\n\n

PRONUNCIAMIENTO:

\n\n

Con relación a la legalidad y aplicación del\n artículo 6 del Reglamento de Tasas Judiciales, expedido\n por el Consejo Nacional de la Judicatura, la Procuraduría\n se pronuncia que la Ley de Creación de Tasas Judiciales,\n y Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Consejo\n Nacional de la Judicatura, establece de manera precisa y restringida\n los servicios por los cuales se crean tasas judiciales, y debido\n a la superioridad jerárquica de esta norma, en relación\n con el Reglamento de Tasas Judiciales, expedido mediante Resolución\n del Consejo Nacional de la Judicatura, es claro que la disposición\n legal aludida está sobre otra de menor nivel. Se precisa\n además, que por mandato constitucional, la ley es el medio\n a través del cual se establecen tributos.

\n\n

OF. PGE. N0: 23702 de 17-04-2002.

\n\n

CONTRATO: DELEGACION

\n\n

CONSULTANTE: Fondo de Inversión Social de Emergencia,\n FISE.

\n\n

OFICIO N0: FISE-GG- 192-2002 de 18-02-2002.

\n\n

PRONUNCIAMIENTO:

\n\n

Sobre la posibilidad de que el Gerente General del Fondo de\n Inversión Social de Emergencia, delegue a los gerentes\n regionales de la institución la celebración de\n contratos, pese a que éstos no tienen nombramiento y se\n han vinculado a la entidad en virtud de un contrato, se considera\n que si la vinculación de los gerentes regionales del FISE\n se lleva a cabo en virtud de contratos celebrados al amparo del\n Código Civil o de la Ley de Consultoría, dichos\n gerentes regionales no tendrían la calidad de servidores\n públicos, pues la prestación de sus servicios profesionales,\n por la naturaleza de los contratos, no conlleva una relación\n de dependencia, ni estarían sujetos a las leyes que regulan\n la administración pública, como lo ordenan los\n artículos 1 y 8 de la Ley de Servicio Civil y Carrera\n Administrativa y 1 de la Ley de Servicios Personales por Contrato.\n En consecuencia, al tenor del artículo 119 de la Constitución,\n el Gerente General del FISE no podrá delegar a dichos\n gerentes regionales la celebración de los contratos referidos\n en el artículo 54 Codificación de la Ley de Contratación\n Pública, pues la norma exige que la delegación\n se otorgará a funcionarios de la entidad.

\n\n

Por el contrario si los contratos celebrados por dichos gerentes\n regionales, se suscribieron al amparo de la Ley de Servicios\n Personales por Contrato, éstos son servidores públicos,\n por lo cual el Gerente General podría otorgarles delegación\n para celebración de contratos.

\n\n

OF. PGE. N0: 23755 de 19-04-2002.

\n\n

CONTRATOS DE CONSULTORIA:
\n TELECOMUNICACIONES

\n\n

CONSULTANTE: Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones,\n Agua Potable y Alcantarillado de Cuenca - ETAPA.

\n\n

OFICIO N0: 890 de 28-03-2002.

\n\n

PRONUNCIAMIENTO:

\n\n

Sobre la consulta si ASETA, organismo internacional, que goza\n en el territorio del Ecuador de inmunidad de jurisdic-ción,\n y siendo uno de sus objetivos apoyar, asistir, asesorar y prestar\n servicios de consultoría a sus miembros, cuando así\n lo soliciten, y al ser ETAPA miembro de esta asociación,\n puede celebrar un convenio de asesoría para el desarrollo\n de proyectos de telecomunicaciones en su plan de expansión,\n directamente y sin sujetarse a las prescripciones de la Ley de\n Consultoría, la Procuraduría se pronuncia en el\n sentido que ETAPA, como miembro activo de ASETA, puede celebrar\n directamente, convenios de asesoría para el desarrollo\n de proyectos de telecomunicaciones en su plan de expansión,\n sin sujetarse a las prescripciones de la Ley de Consultoría.

\n\n

OF. PGE. N0: 23611 de 12-04-2002.

\n\n

CONTRATACION PUBLICA:
\n PROHIBICION

\n\n

CONSULTANTE: Municipalidad de San Juan Bosco.

\n\n

OFICIO N0: 0010 PS-MSJB de 21-03~2002.

\n\n

PRONUNCIAMIENTO:

\n\n

Respecto a la posibilidad que la Municipalidad celebre un\n contrato de arrendamiento con un apoderado del Alcalde, considerando\n que el mismo- tiene vendido, el inmueble materia del arrendamiento,\n a su hermano residente en el extranjero sin formalizar la escritura\n de compra-venta, la Procuraduría considera que está\n prohibido a los concejales intervenir en la resolución\n de asuntos en que tengan interés ellos o sus parientes,\n dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad,\n y vender o dar en arrendamiento a la Municipalidad, directa o\n indirectamente, sus bienes o los bienes de los parientes o recibir\n de la misma dinero a mutuo o por cualquier otro contrato, prohibición\n ésta que también se extiende a los antedichos parientes,\n según Art. 42 Nos. 1 y 4 de la Ley Orgánica de\n Régimen Municipal.

\n\n

OF. PGE. N0: 23717 de 18-04-2002.

\n\n

CONTRATACION PUBLICA:
\n INFORMES

\n\n

CONSULTANTE: CONSEP.

\n\n

OFICIO N0: 2002-153-DAJ SE de 18-03-2002.

\n\n

PRONUNCIAMIENTO:

\n\n

Sobre la consulta si en el proceso de contratación\n de los servicios de guardianía, seguridad y vigilancia\n armada de las instalaciones, personal y demás bienes a\n cargo del Consejo Nacional de Control de. Sustancias Estupefacientes\n y Psicotrópicas (CONSEP), debe observarse el artículo\n 60 de la Codificación de la Ley de Contratación\n Pública, inherente a los informes que en forma previa\n a su celebración o para la suscripción de los contratos\n deben emitir los organismos de control, la Procuraduría\n considera que el CONSEP, previo a la celebración de estos\n contratos debe solicitar los referidos informes, si fueren adjudicados\n siguiendo los trámites de licitación o concurso\n público de ofertas, procesos que surgen de conformidad\n con la cuantía del presupuesto referencial, en los términos\n del artículo 4 de la Ley de Contratación Pública;\n o, si el monto de los contratos es igual o excede la base para\n el concurso público de ofertas (US $ 112.550,00), aunque\n no hubieren sido licitados o concursados; y, si dichos contratos\n implican egresos de fondos públicos con cargo al presupuesto\n del Gobierno Nacional, debe solicitar también el informe\n al señor Ministro de Economía y Finanzas.

\n\n

OF. PGE. N0: 23612 de 12-05-2002.

\n\n

 

\n\n

CONTRATACION PUBLICA: PREVALENCIA DE LA LEY

\n\n

CONSULTANTE: Consejo Provincial de Galápagos.

\n\n

OFICIO N0: 029-GPG-P-2002 de 22-02-2002.

\n\n

PRONUNCIAMIENTO:

\n\n

Respecto a cuál de las dos leyes prevalece para la\n convocatoria a concurso y licitación, la Ley de Régimen\n Especial de Galápagos o la Ley de Contratación\n Pública, considerando que el inciso tercero del artículo\n 28 de la Ley Especial de Galápagos obliga a contratar\n mano de obra y profesionales locales, mientras que la Ley de\n Contratación Pública en su artículo 17 obliga\n a publicar la contratación de mano de obra y profesionales\n mediante convocatoria nacional, la Procuraduría considera\n que la Ley de Régimen Especial para la Conservación\n y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Galápagos,\n privilegia a la provincia insular al permitir la utilización\n de la mano de obra y profesionales locales para la ejecución\n de obras y prestación de servicios públicos y privados.

\n\n

No existe contradicción entre las dos leyes mencionadas;\n al contrario, se complementan. Empero, habrá que precisar\n que la convocatoria se circunscribo únicamente al ámbito\n de la provincia de Galápagos, por el imperio 01 de la\n Ley de Régimen Especial para la Conservación y\n Desarrollo Sustentable de dicha región, pues, en lo demás\n se atendrá a todas las disposiciones de la Ley de Contratación\n Pública.

\n\n

Finalmente a manera de corolario, el Gobierno Provincial de\n Galápagos previamente a dar paso a la convocatoria local,\n se asegurará a través del INGALA que exista mano\n de obra y nivel profesional, en torno a las especificaciones\n técnicas del objeto contractual, con la suficiente experiencia\n en obras y servicios similares que garantice y asegure la correcta\n inversión de los recursos públicos.

\n\n

OF. PGE. N0: 23813 de 25-04-2002.

\n\n

CONTRATACION PUBLICA: PROYECTOS DE
\n INTERES SOCIAL
\n CONSULTANTE: Ministerio de Educación,

\n\n

Cultura, Deportes y Recreación

\n\n

OFICIO N0: 0596 de 24-01-2002.

\n\n

PRONUNCIAMIENTO:

\n\n

Consulta si es procedente que la Dirección Nacional\n de Servicios Educativos, pueda cumplir directamente con el procedimiento\n y contratación de obras educativas y deportivas emergentes,\n sujetándose a la Ley Especial de Contratación de\n Proyectos de Interés Social, y a qué cuantía\n puede avanzar el monto de estos contratos. La Procuraduría\n considera que la Dirección Nacional de Servicios Educativos\n -DINSE, en el ámbito de su competencia, puede contratar\n directamente la construcción, adecuación, reparación\n y mantenimiento de obras escolares y deportivas a nivel nacional,\n conforme se regula en la Ley Especial para la Contratación\n de Proyectos de Interés Social, aplicándose procesos\n internos que precautelen los recursos públicos, seleccionando\n al mejor oferente. Estos contratos pueden tener una cuantía\n de hasta el valor equivalente a 6.000 salarios vitales generales.

\n\n

OF. PGE. N0: 23673 de 16-04-2002.

\n\n

CONTRATACION PUBLICA: COMUNICACIÓN SOCIAL

\n\n

CONSULTANTE: Ministerio de Economía y Finanzas.

\n\n

OFICIO N0: DM-SJM-2307-2002 de 11-04- 2002.

\n\n

PRONUNCIAMIENTO

\n\n

Coniforme a lo dispuesto en el inciso tercero del Art. 2 de\n la Codificación de- la Ley de Contratación Pública,\n los contratos cuyo objeto sea la ejecución de actividades\n de comunicación social, destinadas a la información\n de las acciones de Gobierno Nacional, como es el caso de la difusión\n pública del programa de Reestructuración de Créditos",\n no se someten a dicha ley.

\n\n

El Reglamento Interno de Contratación para la Adquisición\n de Bienes Muebles, Ejecución de Obras y Prestación\n de Servicios del Ministerio de Economía y Finanzas, expedido\n mediante Acuerdo Ministerial N0 105 del 24 de abril del 2001,\n publicado en el Registro Oficial N0 321 de 8 de mayo del 2001,\n tiene un ámbito de aplicación únicamente\n para dichas contrataciones, y por tanto no es aplicable a la\n contratación de actividades de comunicación social.

\n\n

El Ministerio de Economía y Finanzas debe expedir la\n normativa aplicable para tal efecto, donde se preveo un proceso\n de selección y se observen los principios básicos\n de la contratación pública, y si en el correspondiente\n contrato tiene un monto igual o mayor establecido como base para\n el concurso público de ofertas, deberá solicitarse\n el informe previsto en el artículo 304 de la Ley Orgánica\n de la Administración Financiera y Control.

\n\n

En materia de garantías, tales como: seriedad de la\n propuesta, fiel cumplimiento del contrato y anticipo, deberá\n regularse en el reglamento correspondiente, sus formas, su vigencia,\n ejecutoriedad y devolución de las mismas.

\n\n

OF. PGE. N0: 23848 de 26-04-2002.

\n\n

CONTRATACION PUBLICA: EXCEPCIONES

\n\n

CONSULTANTE: Consejo Provincial de Napo.

\n\n

OFICIO N0: 559-SG HCPN-2001 de 1012-2001; y, 109-SGHCPN de\n 22-
\n 03-2002.

\n\n

PRONUNCIAMIENTO:

\n\n

Sobre la consulta si el Consejo Provincial de Napo debe sujetarse\n a su reglamento interno, dictado al tenor del inciso segundo\n del artículo 4 de la Ley de Contratación Pública\n respecto a la cuantía del régimen de excepción,\n o debe acatar la cuantía máxima establecida en\n el artículo 20 del Reglamento para Registro de Contratos\n y su cumplimiento Registro de Garantías de Contratos y\n Régimen de Excepción, dictado por el Contralor\n General del Estado, la Procuraduría considera que respecto\n a los contratos sometidos al régimen de excepción\n a suscribirse con contratistas no profesionales, el Consejo se\n sujetará a la cuantía máxima establecida\n en el artículo 20 del reglamento dictado por el Contralor,\n que todavía no ha sido reformado, y no a la cuantía\n establecida en el reglamento interno de la institución,\n pues en virtud del principio constitucional de la jerarquía\n de las normas, prevalece el reglamento de carácter general\n sobre las normas reglamentarias particulares.

\n\n

OF. PGE. N0: 23857 de 26-04-2002.

\n\n

CONTRATACION PUBLICA: GARANTIAS

\n\n

CONSULTANTE: Centro de Rehabilitación de Manabí-CRM.

\n\n

OFICIO N0: 109-DE de 26-03-2002.

\n\n

PRONUNCIAMIENTO:

\n\n

El Consejo Nacional de Electrificación (CONELEC) y\n el Centro de Rehabilitación de Manabí (C.R.M.)\n son dos personas jurídicas de derecho público de\n las determinadas en el Art. 118 de la Constitución Política\n de la República sujetas a la normativa de la Ley de Contratación\n Pública, debiendo observar, en la especie, lo previsto\n en el Art. 66 inciso segundo de la ley ibidem, que dice: "no\n se exigirán las garantías establecidas por la presente\n ley en los contratos que celebren el Estado con entidades del\n sector público, éstas entre si, o aquél\n o éstas con empresas cuyo capital suscrito pertenezca\n por lo menos en las dos terceras partes a entidades de derecho\n público o de derecho privado con finalidad social o pública.\n Sin embargo, el o los funcionarios que tengan a su cargo la ejecución\n del contrato responderán, administrativa y civilmente,\n por su cabal y oportuno cumplimiento".

\n\n

Por lo expuesto, el Centro de Rehabilitación de Manabí\n no está obligado a presentar garantías al Consejo\n Nacional de Electricidad CONELEC, en la suscripción de\n contratos de permiso para la construcción de dos Centrales\n Hidroeléctricas en los trasvases "La Esperanza"\n y "Poza Honda".

\n\n

OF. PGE. N0: 23492 de 04-04-2002.

\n\n

DACION EN PAGO: BIENES DEL ESTADO

\n\n

CONSULTANTE: Fondo de Solidaridad.

\n\n

OFICIO N0: GFFS-2002-0671 de 26-03-2002.

\n\n

PRONUNCIAMIENTO:

\n\n

Sobre la consulta si la Agencia de Garantía de Depósitos,\n que es la institución que por ley debe pagar los certificados\n de pasivos garantizados, puede pagar al fondo de solidaridad\n sus acreencias en bonos del Estado, al no existir otra alternativa\n que convenga a los intereses del fondo de solidaridad, la Procuraduría\n considera que si el fondo de solidaridad, bajo su responsabilidad,\n califica como conveniente para la entidad la recepción\n de bonos del Estado que la AGD entregue en pago por acreencias\n provenientes de CPGs, dicha entrega constituye una dación\n en pago aceptada expresamente por el acreedor, y en consecuencia\n procede, al amparo de la norma del artículo 1612 del Código\n Civil, por-lo que no contraviene la prohibición del artículo\n 250 de la Constitución de la República, en tanto\n no implica inversión de su capital sino por el contrario\n un mecanismo que permite su recuperación.

\n\n

OF. PGE. N0: 23488 de 03-04-2002.

\n\n

EMPRESAS MUNICIPALES: DIRECTORIO

\n\n

CONSULTANTE: Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado\n del cantón Santa Rosa -EMAPA--SR.

\n\n

OFICIO N0: 112-2002-G-EMAPA-SR de 17-04-2002.

\n\n

PRONUNCIAMIENTO:

\n\n

Es legal y procedente que el Directorio de la Empresa Municipal\n de Agua Potable y Alcantarillado del cantón Santa Rosa\n EMAPA-SR. esté integrado por los directores de Obras Públicas\n y Financiero de la Municipalidad de Santa Rosa, conforme a lo\n establecido en la reforma de la Ordenanza de constitución\n de la empresa.

\n\n

OF. PGE. N0: 23834 de 26-04-2002.

\n\n

INGENIEROS CIVILES: BONIFICACION

\n\n

CONSULTANTE: Consejo Nacional de Tránsito y Transporte\n Terrestres.

\n\n

OFICIO N0: 0000806-SBD-F-2002-CNTTT de 19-04-2002.

\n\n

PRONUNCIAMIENTO:

\n\n

Sobre la consulta si los ingenieros civiles, que no cumplen\n funciones específicas como tales, que están dentro\n del régimen salarial de las instituciones públicas\n reestructuradas, con cargos de profesionales 3, 4, 5 respectivamente,\n tienen derecho a la bonificación de ochenta dólares\n establecidos para estos profesionales, la Procuraduría\n considera que el bono creado con la Resolución No. 097\n dictada por el Consejo Nacional de Remuneraciones del Sector\n Público CONAREM, publicada en el Registro Oficial No.\n 422 de 28 de septiembre del 2001, debe pagárselo sin restricción\n alguna, esto es sin considerar el régimen laboral al que\n pertenezcan los ingenieros civiles, debiendo tomar en cuenta\n únicamente la condición de que, las instituciones\n que no pertenecen a la Administración Pública Central,\n deben contar con recursos permanentes propios, presentes y futuros.

\n\n

No obstante y en razón de que el Consejo Nacional de\n Remuneraciones, es el organismo público facultado para\n determinar y fijar la política salarial, se deja a salvo\n el criterio que al respecto pueda emitir el Consejo Nacional\n de Remuneraciones del Sector Público CONAREM, en uso de\n las atribuciones que la ley confiere a tal organismo.

\n\n

OF. PGE. N0: 23823 de 25-04-2003.

\n\n

INGENIEROS CIVILES: COMPETENCIA

\n\n

CONSULTANTE: Municipalidad de Rumiñahui.

\n\n

OFICIO N°: 141-AJMR-2002 de 16-04-2002.

\n\n

PRONUNCIAMIENTO:

\n\n

Los ingenieros civiles están facultados, cumpliendo\n los requisitos legales, para patrocinar y suscribir los planos\n de subdivisiones o parcelaciones que deben ser aprobadas por\n la Municipalidad.

\n\n

OF. PGE. N0: 23828 de 25-04-2002.

\n\n

INGRESOS PETROLEROS: LIQUIDACION DE EXCEDENTES

\n\n

CONSULTANTE: Ministerio de Economía y Finanzas.

\n\n

OFICIO N0: SP-2002-1186 de 8-02-2002.

\n\n

PRONUNCIAMIENTO:

\n\n

Sobre la legalidad del procedimiento que utiliza el Banco\n Central del Ecuador, para liquidar los excedentes de los ingresos\n petroleros no previstos o superiores a los inicialmente contemplados\n en el presupuesto aprobado por el Congreso Nacional, la Procuraduría\n considera, que la distribución prevista en el Art. 58-A\n - de la Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas,\n procede únicamente cuando en un ejercicio fiscal el ingreso\n petrolero efectivo sea mayor al inicialmente contemplado en el\n presupuesto aprobado por el Congreso Nacional.

\n\n

OF. PCE. N0: 23708 de 17-04-2002

\n\n

INSTITUCIONES FINANCIERAS: LIQUIDACION FORZOSA

\n\n

CONSULTANTE: Agencia de Garantía de Depósitos,\n AGD.

\n\n

OFICIO N0: AGD-GG-Q-074-2002-cal de 22-03-2002.

\n\n

PRONUNCIAMIENTO:

\n\n

Sobre el alcance jurídico de la norma contenida en\n el Art. 153 de la codificación de la Ley General de Instituciones\n del Sistema Financiero, referida a la prohibición de iniciar\n procedimientos judiciales ni administrativos, en contra de una\n institución del sistema financiero que se encuentre en\n estado de liquidación forzosa, el artículo 153\n de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero prohíbe\n iniciar procedimientos judiciales o administrativos en contra\n de una institución financiera declarada por la Superintendencia\n de Bancos y Seguros en estado de liquidación forzosa,\n a excepción de las acreencias hipotecarias, que se ajustarán\n al procedimiento señalado en el artículo 2405 de\n Código Civil, en cuanto a afianzar las acreencias de los\n créditos de primera clase a los que se refiere el artículo\n 2398.

\n\n

No obstante, esta previsión legal no implica que los\n derechos de los acreedores de la entidad financiera declarada\n en liquidación forzosa, queden sin posibilidad legal de\n ejecutarse, sino que debe entendérsela dentro del contexto\n legal que regula estos casos de excepción. En efecto,\n los artículos 159 al 163 de la misma Ley de Instituciones\n Financieras establecen el procedimiento administrativo y judicial,\n que deben seguir los acreedores de la institución financiera\n en liquidación forzosa, incluidos los trabajadores, para\n cobrar sus deudas, procedimiento que es de forzoso cumplimiento\n para este tipo de obligaciones.

\n\n

De lo expuesto, se deduce que el Art. 153 no consagra ningún\n precepto inconstitucional, sino que más bien permite ajustar\n el procedimiento de ejecución de acreencias al proceso\n especial regulado por la ley, que constituye el debido proceso\n al que se refiere la Constitución Política de\n la República, que además garantiza la aplicación\n de la justicia sin dilaciones, entendida ésta como el\n derecho de cada persona a que se le asigne lo que le pertenece,\n en los tiempos y con los procedimientos determinados por la ley.

\n\n

OF. PGE. N0: 23458 de 02-04-2002.

\n\n

.JUECES PENALES: COMPETENCIA

\n\n

CONSULTANTE: Ministerio de Gobierno y
\n Policía.

\n\n

OFICIO N0: 089-DNCMIF de 22-03-2002.

\n\n

PRONUNCIAMIENTO:

\n\n

un Juez de lo Penal, desde la vigencia del Código de\n Procedimiento Penal, no tiene competencia para avocar conocimiento\n y/o ratificar las medidas de amparo impuestas por las comisarías\n de la Mujer y la Familia, y otras autoridades que conocen de\n violencia intrafamiliar, cuando tales actos constituyan delitos.

\n\n

Las competencias del Juez Penal están previstas en\n el Art. 27 del Código de Procedimiento Penal.

\n\n

Los tenientes políticos tienen jurisdicción\n y competencia para conocer y resolver los casos de violencia\n física, psicológica o sexual que no constituyan\n delitos, hasta que se dicte la ley que regule el funcionamiento\n de los jueces de paz.

\n\n

OF. PGE. N0: 23599 de 11-04-2002.

\n\n

JUNTAS PARROQUIALES: EXPROPIACION

\n\n

CONSULTANTE: Junta Parroquial de Guayllabamba.

\n\n

OFICIO N0: 013-JPG-2002 de 19-02-2002.

\n\n

PRONUNCIAMIENTO:

\n\n

El Art. 119 de la Constitución Política de la\n República, dispone que las instituciones del Estado, sus\n organismos y dependencias y los funcionarios públicos\n no podrán ejercer otras atribuciones que las consignadas\n en la Constitución y en la ley. Esta norma constitucional\n consagra el principio fundamental del derecho público\n de que una institución pública, no puede ejercer\n sino las atribuciones que la ley expresamente le confiere, por\n lo que se considera que las juntas parroquiales, carecen de atribuciones\n y facultad legal, para resolver mediante la declaratoria de utilidad\n pública o interés social, la adquisición\n de bienes inmuebles.

\n\n

OF. PGE. N0: 23055 de 06-03-2002.

\n\n

JUNTAS PARROQUIALES: INCOMPATIBILIDADES

\n\n

CONSULTANTE: Asociación de Juntas Parroquiales de Río\n Verde.

\n\n

OFICIO N0: S/n 08-04-2002.

\n\n

PRONUNCIAMIENTO:

\n\n

Respecto a la consulta si los profesores pueden ejercer la\n función de Presidente de la Junta Parroquial y de Maestro\n al mismo tiempo, la Procuraduría considera que por lo\n dispuesto en la disposición general cuarta de la Ley de\n Juntas Parroquiales Rurales e inciso segundo del Art. 32 de su\n reglamento y Art. 125 de la Constitución Política\n de la República, no procede el ejercicio de la función\n de Presidente de la Junta Parroquial y profesor al mismo tiempo,\n con excepción de los docentes universitarios, si su horario\n lo permite

\n\n

OF. PGE. N0: 23705 de 17-04-2002.

\n\n

JUNTAS PARROQUIALES: INTERVENTOR

\n\n

CONSULTANTE: Junta Parroquial de García Moreno.

\n\n

OFICIO N0: 170 J.P.G.C.C.I. de 21-03-2002.

\n\n

PRONUNCIAMIENTO:

\n\n

La Procuraduría considera que, el miembro de la Junta\n Parroquial que presentó la renuncia irrevocable a sus\n funciones, perdió la calidad de tal, debiendo la junta\n haber principalizado a su respectivo suplentes para el caso de\n la Vocal de la Junta Parroquial, que no ha concurrido sin justa\n causa a ninguna de las sesiones, desde el 10 de agosto del 2000,\n habiendo sido legalmente convocada, se debe observar el procedimiento\n de remoción de vocales establecido en el Art. 03 del Reglamento\n a la Ley Orgánica de Juntas Parroquiales y, al haberse\n suscitado un conflicto de orden administrativo interno en la\n Junta Parroquial de García Moreno, como es la elección\n de nuevos dignatarios de la Junta, compete a la Gobernación\n de la Provincia, de conformidad con la ley, suplir su gestión\n a través de un interventor, durante el tiempo estrictamente\n necesario y hasta que haya cesado las causas que hubieren provocado\n la suspensión de los servicios públicos.

\n\n

OF. PCE. N0: 23495 de 04.04.2002

\n\n

JUNTAS PARROQUIALES: DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION

\n\n

CONSULTANTE: Junta Parroquial de Puembo.

\n\n

OFICIO N0: 066-JPP-02 de 18-04-2002

\n\n

PRONUNCIAMIENTO:

\n\n

Consulta si como Presidente de la Junta, debe percibir dietas\n o gastos de representación, ya que ejerce el cargo de\n profesor fiscal, y, en el mismo caso se encuentran el Vicepresidente\n y un Vocal Principal. Es criterio de la Procuraduría que\n no es procedente ejercer la función de Presidente de una\n Junta Parroquial y profesor fiscal al mismo tiempo, con excepción\n de los docentes universitarios, si su horario lo permite; para\n el caso de los demás miembros de la junta, de conformidad\n con la nominativa legal vigente, le corresponde únicamente\n el pago de dietas y viáticos reglamentados internamente,\n y de acuerdo con las disposiciones aplicables al sector público.

\n\n

OF. PGE. N0: 23837 de 26-04-2002

\n\n

LEY PARA LA TRANSFORMACIÓN ECONOMICA DEL ECUADOR: APLICACION

\n\n

CONSULTANTE: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

\n\n

OFICIO N0: 1567-320 de 12-04-2002.

\n\n

PRONUNCIAMIENTO:

\n\n

Respecto si la aplicación de la disposición\n general séptima de la Ley para la Transformación\n Económica del Ecuador, es general a todo tipo de contrato\n o debe considerarse alguna excepción, la Procuraduría\n se pronuncia que esta disposición no es de carácter\n general a todo tipo de contrato del servicio público,\n sino exclusivamente para los contratos sujetos al artículo\n 1 de la Ley de Contratación Pública y al artículo\n 1 de la Ley de Consultoría.

\n\n

OF. PGE. N0: 23756 de 19-04-2002.

\n\n

LEY DEL ANCIANO: PREVALENCIA

\n\n

CONSULTANTE: H. Congreso Nacional

\n\n

OFICIO N0: 395-PHCN-HCN-2002 de 18-3-2002

\n\n

PRONUNCIAMIENTO:

\n\n

Respecto a la prevalencia de la Ley del Anciano sobre la Ley\n de Régimen Tributario Interno, el criterio de la Procuraduría\n es que el artículo 14 de la Ley Reformatoria a la Ley\n del Anciano, prevalece sobre el Art. 9 inciso final de la Ley\n de Régimen Tributario Interno.

\n\n

OF. PGE. N0: 23691 de 17-04-2002.

\n\n

 

\n\n

LICITACION INTERNACIONAL: PROCEDIMIENTO PRECONTRACTUAL

\n\n

CONSULTANTE: Consorcio de Municipios Amazónicos y Galápagos\n - COMAGA.

\n\n

OFICIO N°: 0020-PCMAG-2002 de 20-02-2002.

\n\n

PRONUNCIAMIENTO:

\n\n

Respecto a la modalidad de adquisición de un equipo\n caminero para los gobiernos locales que integran dicho Consorcio,\n es criterio de la Procuraduría que una vez suscrito el\n contrato de préstamo y fideicomiso, es

 

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