Registro Oficial. 30 de JULIO del 2002

Martes, 30 de julio de 2002

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

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   MES DE JULIO DEL 2002
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 REGISTRO OFICIAL
ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR
Administración del Sr. Dr. Gustavo Noboa Bejarano
Presidente Constitucional de la República
\n

 

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Martes 30 de Julio del 2002

\n

REGISTRO OFICIAL No. 629

\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n

DR. JOSE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR

\n FUNCION\n LEGISLATIVA
\n EXTRACTOS:

\n\n

23-867 Proyecto de Ley que Crea Ios\n Fondos de Cesantía de ANDINATEL S.A. y PACIFICTEL S.A,\n Superintendencia de Telecomunicaciones y Secretaría Nacional\n de Telecomunicaciones.

\n\n

23-868\n Proyecto de\n Lev Interpretativa a los artículos 15 y 20 de la Ley No.\n 60, reformatoria a la Ley de Reordenamiento en Materia Económica\n en el Area Tributario-Financiera, de la Ley de Régimen\n Monetario y Banco del Estado y de la Ley General de Instituciones\n del Sistema Financiero

\n\n

23-869\n Proyecto de\n Ley de Creación del Fondo de Seguro Agropecuario

\n\n

23-870 Proyecto de Ley Reformatoria\n al artículo 207 de la Constitución Política\n de la República

\n\n

FUNCION\n EJECUTIVA

\n\n

ANEXO:

\n\n

MINISTERIO\n DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA:

\n\n

- Expídese\n la Política Nacional de Agua y Saneamiento,\n como complemento del Decreto Ejecutivo No. 2766 de 25 de junio\n del 2002, publicado en el Registro Oficial No. 611 de 4 de julio\n del presente año

\n\n

RESOLUCIONES:

\n\n

SUPERINTENDENCIA\n DE BANCOS Y SEGUROS:

\n\n

SBS-2002-0514 Reforma la norma para el control\n de las inversiones no privativas del seguro general obligatorio\n :

\n\n

SBS-2002-0516 Normas mínimas que\n debe cumplir el Depósito Unico de Valores del IESS de\n Ios títulos valores representativos de los inversiones\n del seguro general obligatorio.

\n\n

FUNCION\n JUDICIAL

\n\n

CORTE\n SUPREMA DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL
:

\n\n

Recursos de casación\n en los juicios seguidos por las siguientes personas:

\n\n

155-2002 Raúl Alcibiades Salgado\n Tirado en contra de Humberto Pisco Bravo

\n\n

156-2002\n Compañía\n Sud América de Seguros CA en contra de Bolívar\n René Pacheco Salazar y otra.

\n\n

157-2002 Universidad Católica\n de Cuenca en contra de los herederos de Emiliano Donoso

\n\n

158-2002 Jorge Washington Mendoza Zambrano\n en contra de Fabián Sigifredo Flores García.

\n\n

159-2002 Manuel Horacio Granda Pinza\n en contra de Servio Lucio Naula Romero.

\n\n

160-2002\n Niceas Rosenda\n Olvera Fernández en contra de Gloria Erlinda Chaguay Plúas\n y otros.

\n\n

161-2002 Luis Edgar Armijos Cuenca\n en contra del Juez Décimo Quinto de lo Civil de El Oro.

\n\n

162-2002\n Copriseg Seguridad\n Cía. Ltda. en contra de Edgar Cevallos Terán y\n otros

\n\n

163-2002\n Héctor\n Adrián Ruiz Ruiz y otra en contra de Rosa Potosí\n Solano

\n\n

164-2002\n Bélgica\n Elina Jácome Aguirre en contra de Gonzalo Guillermo Tello\n Colobón.

\n\n

167-2002\n Fernando Pico\n Fiallos y otro en contra de Isabel López Romo y otros

\n\n

169-2002\n Francisco Renel\n Bustamante Paredes en contra de José Rodrigo Gutiérrez.

\n\n

170-2002 Iralda Tapia Ortega en contra\n de Luis Bustán Chocho.

\n\n

171-2002 Elaborados de Carne S.A. (EDCA)\n en contra de Gino Riveri Orellana.

\n\n

172-2002 Ingeniero Luis Orellana Vivanco\n en contra de PREDESUR.

\n\n

173-2002\n Moisés\n Gonzalo Coloma Mora en contra de Hugo Napoleón Monar Zurita.

\n\n

TRIBUNAL\n SUPREMO ELECTORAL

\n\n

RESOLUCIONES:

\n\n

RJE-2002-CRI-419-773 Expídese el Reglamento\n de Compensación a Ios Integrantes de las Juntas Receptoras\n del Voto

\n\n

RJE-2002-UCGE-527-938 Díctase el Instructivo\n para regular, vigilar y garantizar la promoción y publicidad\n electoral a través de los medios de comunicación\n social.

\n\n

RJE-2002-PLE-546-961\n Convócase\n a Ias ciudadanas ciudadanos ecuatorianos, elecciones populares,\n directas, universales y secretas, que tendrán lugar el\n día domingo veinte de octubre del dos mil dos.

\n\n

ORDENANZA\n MUNICIPAL:

\n\n

Cantón\n Caluma: Que\n establece la política, tendientes a erradicar la violencia\n intrafamiliar y de género .\n

\n \n
\n

 

\n\n

CONGRESO NACIONAL

\n\n

EXTRACTO DEL PROYECTO DE LEY
\n ART. 150 DE LA CONSTITUCION POLITICA

\n\n

NOMBRE: "CREA LOS FONDOS DE CESANTIA DE ANDINATEL SA.,\n Y PACIFICTEL SA., SUPERIN-TENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES Y SECRETARIA\n NACIONAL DE TELECOMUNI-CACIONES".

\n\n

CODIGO: 23-867.

\n\n

AUSPICIO: H. XAVIER NEIRA MENENDEZ.

\n\n

INGRESO: 11-07-2002.

\n\n

COMISION: DE GESTION PUBLICA DE UNIVERSALIZACION DE LA SEGURIDAD\n SOCIAL.

\n\n

FECHA DE ENVIO
\n A COMISION: 16-07-2002.

\n\n

FUNDAMENTOS:

\n\n

La Constitución Política de la República\n en su artículo 35, numeral 3 señala que "El\n Estado garantizará la intangibilidad de los derechos reconocidos\n a los trabajadores y adoptará las medidas para su ampliación\n y mejoramiento".

\n\n

OBJETIVOS BÁSICOS:

\n\n

Es necesario actualizar el sistema de prestaciones de la CANACIET,\n ajustándolo a la nueva estructura de gestión de\n las telecomunicaciones en el País.

\n\n

CRITERIOS:

\n\n

La Ley Especial de Telecomunicaciones expedida el 10 de agosto\n de 1992. ha sufrido varias reformas, las cuales han introducido\n cambios en la estructura institucional del sector.

\n\n

f.) Dr. Andrés Aguilar Moscoso, Secretario General\n del Congreso Nacional.

\n\n

CONGRESO NACIONAL

\n\n

EXTRACTO DEL PROYECTO DE LEY
\n ART. 150 DE LA CONSTITUCION POLITICA

\n\n

NOMBRE: "INTERPRETATIVA A LOS ARTICULOS 15 Y 20 DE LA\n LEY No. 60, REFOR-MATORIA A LA LEY DE REORDE-NAMIENTO EN MATERIA\n ECONOMICA EN EL AREA TRIBUTARIO-FINAN-CIERA. DE LA LEY DE REGIMEN\n MONETARIO Y BANCO DEL ESTADO Y DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES\n DEL SISTEMA FINANCIERO".

\n\n

CODIGO 23-868.

\n\n

AUSPICIO: EJECUTIVO - ECONOMICO URGENTE.

\n\n

INGRESO: 16-07-2002.

\n\n

COMISION: DE LO CIVIL Y PENAL.

\n\n

FECHA DE ENVIO
\n A COMISION: 17-07-2002.

\n\n

FUNDAMENTOS:

\n\n

En el Registro Oficial Suplemento. No. 503 de 28 de enero\n del 2002, se publicó la Ley No. 60 reformatoria a la Ley\n de Reordenamiento en Materia Económica en el Area Tributaria\n - Financiera, de la Ley de Régimen Monetario y Banco del\n Estado y de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero.

\n\n

OBJETIVOS BÁSICOS:

\n\n

El cumplimiento estricto de las disposiciones de la Ley No.\n 60 garantizará el cumplimiento de los fines perseguidos\n con su expedición y la recuperación efectiva de\n importantísimos recursos necesarios para pagar a los acreedores\n de las instituciones financieras en liquidación.

\n\n

CRITERIOS:

\n\n

Varias disposiciones de la ley mencionada han sido mal interpretadas\n por diversos jueces, inaplicando sus disposiciones a situaciones\n jurídicas plenamente adecuadas a los supuestos previstos\n en ella.

\n\n

f) Dr. Andrés Aguilar Moscoso. Secretario General del\n Congreso Nacional.

\n\n

 

\n\n

CONGRESO NACIONAL

\n\n

EXTRACTO DEL PROYECTO DE LEY
\n ART. 150 DE LA CONSTITUCION POLITICA

\n\n

NOMBRE: "CREACION DEL FONDO DE SEGURIDAD AGROPECUARIO".

\n\n

CODIGO: 23-869.

\n\n

AUSPICIO: H. EDUARDO PACHECO GARATE.

\n\n

INGRESO: 03-07-2002.

\n\n

COMISION: DE LO ECONOMICO. AGRARIO INDUSTRIAL Y COMERCIAL.

\n\n

FECHA DE ENVIO
\n A COMISION: 19-07-2002.

\n\n

FUNDAMENTOS:

\n\n

Es obligación del Estado dictar normas que promuevan\n y fomenten el desarrollo agropecuario de los pequeños\n productores.

\n\n

OBJETIVOS BÁSICOS:

\n\n

Es de conocimiento general que la aguda crisis económica\n por la que están atravesando los pequeños productores\n agropecuarios del país en general, hace necesario la implementación\n de un seguro agropecuario.

\n\n

CRITERIOS:

\n\n

Es deber del Gobierno Central asegurar de alguna forma las\n inversiones agropecuarias de los pequeños productores,\n las mismas que son financiadas con recursos propios o con créditos\n de instituciones públicas o privadas.

\n\n

f.) Dr. Andrés Aguilar Moscoso, Secretario General\n del Congreso Nacional.

\n\n

 

\n\n

CONGRESO NACIONAL

\n\n

EXTRACTO DEL PROYECTO DE LEY

\n\n

ART. 150 DE LA CONSTITUCION POLITICA

\n\n

NOMBRE: "REFORMATORIA AL ARTICULO\n 207 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA".

\n\n

CODIGO: 23-870.

\n\n

AUSPICIO: H. ANUNZIATTA VALDEZ LARREA.

\n\n

INGRESO: . 17-07-2002.

\n\n

COMISION: DE ASUNTOS CONSTITUCIO-NALES.

\n\n

FECHA DE ENVIO
\n A COMISION: 19-07-2002.

\n\n

FUNDAMENTOS:

\n\n

El artículo 37 de la Constitución Política\n de la República, expresa que la familia es la célula\n fundamental de la sociedad por lo que el Estado la protegerá\n y le garantizará las condiciones que favorezcan integralmente\n la consecución de sus fines.

\n\n

OBJETIVOS BÁSICOS:

\n\n

Para que se cumplan los principios, derechos y garantías\n enunciados es imperativo que se reforme el inciso primero del\n artículo 207 de 'la Constitución Política,\n a fin de que, además de los casos penales, laborales,\n de alimentos y de menores, exentos de pago de tasas judiciales,\n se beneficie con la gratuidad judicial a los casos que versen\n sobre asuntos de familia.

\n\n

CRITERIOS:

\n\n

Es una realidad incontrastable que la organización\n y el funcionamiento de la economía no asegura a los ciudadanos\n ecuatorianos una existencia digna e iguales derechos y oportunidades\n para acceder al trabajo, mucho menos a la propiedad de los medios\n de producción y, a los bienes y servicios necesarios,\n y por lo tanto, la carencia de recursos le impide acceder al\n libre y legítimo derecho a la justicia.

\n\n

f.) Dr. Andrés Aguilar Moscoso, Secretario General\n del Congreso Nacional.

\n\n

 

\n\n

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

\n\n

SUBSECRETARIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO\n BÁSICO

\n\n

POLITICA NACIONAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

\n\n

Quito, enero del 2002

\n\n

1. Diagnóstico sectorial

\n\n

1.1. Los niveles actuales de cobertura de los servicios de\n agua potable y saneamiento básico en el Ecuador.

\n\n

El análisis del desarrollo de los niveles de cobertura\n de los servicios de agua y saneamiento básico en el Ecuador,\n demuestra que a pesar de, los importantes esfuerzos realizados,\n éstos han resultado insuficientes en cuanto se refiere\n a la atención a la población, sobre todo rural.

\n\n

Se nota, por ejemplo, que un país cuya población\n total se ha incrementado en el 480% en 56' años, al pasar\n de 2.5 millones de habitantes en 1943 a 12 millones en 1999,\n haya conseguido elevar en ese mismo período la cobertura\n de los servicios de agua potable del 7% al 67%. Por otro lado,\n es lamentable que 5 millones de personas residentes en las ciudades\n aún no tengan acceso a los servicios de agua potable a\n través de las redes de distribución.

\n\n

Esta situación representa un tributo adicional para\n el bienestar de los habitantes no atendidos, por cuanto existe\n una relación directa entre saneamiento y salud pública.\n Según el Ministerio de Salud Pública, el 50% de\n las hospitalizaciones son el resultado de los inadecuados servicios\n y acciones de saneamiento, siendo la diarrea responsable, anualmente,\n por mil muertes de niños, la mayoría con menos\n de 2 años de edad.

\n\n

Por falta de saneamiento, el cólera encuentra en las\n periferies urbanas y zonas de pobreza las condiciones ideales\n para su desimanación.

\n\n

Es en las áreas no consolidadas de las grandes ciudades,\n en los pequeños conglomerados urbanos y en las regiones\n más pobres en donde se concentran los habitantes que no\n son atendidos con los servicios de saneamiento.

\n\n

En la tabla 1 se ilustra el número de domicilios que\n no disponen de acceso a los servicios de agua potable y saneamiento\n en el año de 1999, según estudios realizados por\n el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda a través\n de la Subsecretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico:\n 814.000 domicilios (que equivale al 33%) no disponen de agua\n potable y 1 '060.000 domicilios (que equivale al 43%) no disponen\n de conexión a la red de alcantarillado.

\n\n

En el ámbito regional, los análisis revelan\n una mediana diferencia de coberturas, según el INEN: En\n agua potable la Sierra reporta (68.50%), la Costa (55.20%) y\n el Oriente (35.2%); en alcantarillado la Sierra reporta (51.90%),\n la Costa (42.60%) y el Oriente (24.70%). y en residuos sólidos\n la Sierra tiene (48.80%), la Costa (39.10%) y el Oriente (24.70%),\n estas últimas cifras corresponden a la recolección\n mediante camiones. Un estudio realizado por la Subsecretaría\n de Agua Potable y Saneamiento Básico en el año\n 1990, demostró que de las 2.074 toneladas generadas diariamente\n en las cabeceras cantonales únicamente se recolectaban\n 1.109,8, y las 964,2 restantes eran arrojadas a quebradas, cuerpos\n de agua o terrenos baldíos. En cuanto a la cobertura de\n disposición final mediante rellenos sanitarios la situación\n es más crítica ya que en la actualidad únicamente\n alrededor del 5% de los 216 municipios del país cuentan\n con relleno sanitario entre las que destaca las ciudades de Guayaquil,\n Cuenca y Loja (Premio Nobel Naciones Unidas), los demás\n disponen sus desechos directamente al ambiente causando gran\n afectación a los recursos aire, agua y suelo.

\n\n

Por lo general, el nivel de atención en la capital\n es superior al de las cabeceras provinciales, cabeceras cantonales\n y comunidades, se comprueba también, una relación\n directa entre niveles de atención y el tamaño de\n las ciudades, a mayor crecimiento urbano se presenta un nivel\n más clavado. También se observa diferencias entre\n el núcleo y la periferie de las ciudades. En las ciudades\n de Guayaquil, Portoviejo, Chone, Machala, Esmeraldas y Santo\n Domingo de los Colorados la situación puede ser calificada\n como crítica.

\n\n

Los avances significativos que se ha obtenido han favorecido\n a las ciudades y sus zonas urbanas.

\n\n

En las áreas rurales, el acceso al agua segura es bastante\n restringido, sin considerar el aspecto regional. En 1972 la cobertura\n era del (9%), en 1999, el porcentaje se incremente a (39%).

\n\n

Se hace imprescindible destacar, la persistencia de un enorme\n déficit de alcantarillado sanitario. En 1999, 1'060.000\n domicilios, es decir cerca de 5.3 millones de habitantes no tenían\n acceso a un servicio adecuado de alcantarillado sanitario.

\n\n

(Anexo 30JLT1)

\n\n

Considerando el estado crítico de las redes de recolección.\n y de los tratamientos primarios, el déficit real puede\n ser considerado mayor.

\n\n

Esta situación se agrava aún más con\n la descarga directa de las aguas residuales a los cuerpos receptores\n sin ningún tipo de tratamiento, aproximadamente el 92%\n de las aguas residuales descargadas no posee tratamiento lo que\n causa un severo impacto para el medio ambiente.

\n\n

En las tablas 2 y 3 se resumen estas observaciones.

\n\n

También se puede apreciaren el Ecuador el poco interés\n que se otorga a los recursos, hídricos, hábitos\n culturales tradicionales conllevan a que se considere al agua\n como un recurso ilimitado, existiendo un desinterés generalizado\n por su conservación. Esto se manifiesta en los elevados\n índices de pérdidas de agua en los sistemas públicos\n de abastecimiento (aproximadamente el 65% en promedio a nivel\n nacional), tecnologías incompatibles con la conservación\n del recurso y la ausencia de mecanismos de control que permiten\n la gestión adecuada de los recursos hídricos. No\n es menos grave la situación de otras áreas del\n saneamiento ambiental, que no han dispuesto de una política\n nacional que apoye las acciones municipales y la de las comunidades\n en la recolección, tratamiento y la disposición\n final de los residuos sólidos y el control de vectores\n entre otros.

\n\n

En la actualidad el MIDUVI y la Agencia de Cooperación\n Técnica Alemana GTZ, ejecutan el proyecto denominado "Reordenamiento\n de la Gestión de los Residuos Sólidos en el Ecuador",\n mediante el cual se tiene previsto que el Estado Ecuatoriano\n fomente una nueva visión para la gestión de los\n residuos sólidos, que permita apoyar a los gobiernos locales\n el manejo adecuado de los mismos y disminuir los riesgos en la\n salud de los habitantes de las ciudades.

\n\n

Dentro de este marco también se cuenta con el apoyo\n financiero de US-AID al MIDUVI para la implementación\n de proyectos mediante la suscripción de convenios interinstitucionales\n de asistencia técnica para el manejo de residuos sólidos\n en varios municipios medianos del país.

\n\n

(Anexo 30JLT2;3)

\n\n

1.2 La situación del pasado y actual de las condiciones\n institucionales y financieras del sector.

\n\n

Los estudios sobre el marco institucional del sector de agua\n y saneamiento3 concluyen que la inexistencia de una Política\n de Agua y Saneamiento aprobada mediante una ley especial ha generado\n acciones desordenadas y descoordinadas. El desorden institucional\n se manifiesta en la coexistencia de vanos entes públicos\n actuando en el sector, con superposición de competencias,\n baja eficiencia en el proceso de decisiones y evidente dispersión\n en la aplicación de los recursos públicos.

\n\n

Con respecto al modelo institucional y financiero que se implantó\n en el país hace cerca de tres décadas, a través\n del Plan Nacional de Saneamiento PLANASA4. y de su sistema financiero\n constante en el Registro Oficial N0 431 del 13 de noviembre de\n 1973, generó un importante crecimiento de los índices\n de cobertura de los servicios de abastecimiento de agua y alcantarillado\n sanitario. En agua se incrementó de 20% en 1961 a 51%\n en 1982 y. en alcantarillado de 14% en 1961 a 32% en 1982. Mientras,\n la disminución del crecimiento económico a partir\n del inicio de la década de los años 80, según\n el análisis de la deuda externa, así como el ahondamiento\n de la crisis fiscal y de las restricciones relativas a la oferta\n y utilización de los recursos externos, llevaron al agotamiento\n del sistema que les daba soporte. Su principal fuente de recursos\n el rendimiento de los derechos provenientes del superhabit de\n la actividad petrolera, redujo su capacidad de inversión\n a menos del 50%. entre 1980 y 1995. Esto sucedió entre\n otras por las siguientes causas: a) agresivo endeudamiento del\n país: b) baja de los precios del petróleo: c) encarecimiento\n de los flujos financieros internacionales; y, d) la concesión\n de subsidios indiscriminados a los prestamistas y banqueros del\n sistema.

\n\n

En 1965 se crea el Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias,\n IEOS, organismo que se constituyó en el instrumento institucional\n más importante de aquella época y que alcanzó\n logros realmente importantes en la obtención de coberturas\n de los servicios de agua y saneamiento, entre una de sus principales\n funciones constaban las de formular las políticas, normas,\n planificación sectorial y la de ejecutar proyectos. En\n 1992 fue extinguido, siendo sus funciones transferidas a la Subsecretaria\n de Agua Potable y Saneamiento Básico del Ministerio de\n Desarrollo Urbano y Vivienda. Esto produjo un vacío que\n permitió el surgimiento de diversas organizaciones que\n han asumido algunas funciones propias de un ente rector.

\n\n

La transferencia del ex IEOS al MlDUVI atraviesa por un caótico\n proceso de transformaciones que han profundizado aún más\n el vacío dejado por el ex IEOS.

\n\n

Por lo expresado, simultáneamente a la dimensión\n física y financiera de los problemas de agua y saneamiento\n en el país, es necesario destacar dos obstáculos\n adicionales a la implementación de acciones de saneamiento\n eficientes y eficaces como son: la débil coordinación\n entre las diferentes organizaciones y en el transcurso del tiempo,\n la forma desordenada en la aplicación de los recursos\n públicos en agua y saneamiento. Tales inconvenientes reflejan\n de acuerdo con los análisis realizados, un desorden institucional\n vivido por el sector en los últimos años, resultado\n a su vez, de la inadaptabilidad de un modelo de intervención\n centralizado y rígido, el cual regulaba el sector. en\n la época de PLANASA; las exigencias impuestas por una\n profunda crisis fiscal del Estado Ecuatoriano, así como,\n la tendencia política de la descentralización del\n poder promulgada en la actual Constitución Política\n del Estado.

\n\n

Con la nueva matriz institucional del Gobierno Nacional, se\n crea el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. MIDUVI, mediante\n Decreto Ejecutivo N0 3, publicado en el Registro Oficial N°\n 1 de 11 de agosto de 1992. Así mismo mediante Decreto\n Ejecutivo N° 1218, publicado en Registro Oficial N 317 de\n 16 de noviembre de 1993 se le otorga las facultades rectoras\n para la planificación, formulación y ejecución\n de políticas, normas y regulaciones sectoriales.

\n\n

El rol de las organizaciones de gobierno, en la colocación\n de recursos en agua y saneamiento.

\n\n

Como el elemento más notorio en la superposición\n de actividades de las organizaciones que actúan en el\n sector, según el marco institucional de agua potable y\n saneamiento se destaca la situación de financiamiento\n que ha enfrentado el sector en los últimos años.\n Adicionalmente a los recursos presupuestarios conferidos al ex\n IEOS, a través del Programa Nacional de Saneamiento Ambiental,\n PLANASA, y el Fondo Nacional de Saneamiento Ambiental, FONASA,\n se cuenta con el Programa de Desarrollo Municipal, PDM, cuya\n ejecución está a cargo del Banco del Estado y el\n Fondo de Inversión Social, FISE, creado en 1992.

\n\n

Además los diversos entes locales -municipios y consejos\n provinciales-, y de otra índole -Ministerio de Salud,\n Ministerio de Bienestar Social, Cancillería, Agencias\n de Cooperación Externa, ONG's- también asignan\n recursos al sector. Es evidente que coexisten una amplia gama\n de criterios y reglamentos para la aplicación de estos\n recursos sin una programación coordinada. En definitiva,\n la magnitud de los recursos asignados al sector a través\n de las diferentes fuentes han sido insuficientes e inestables,\n impidiendo con ello el desarrollo de programas eficientes de\n mediano y largo plazo para atender las necesidades del sector.

\n\n

La debilidad del órgano rector -Subsecretaría\n de Agua Potable y Saneamiento Básico- ha impedido a la\n vez un ordenamiento claro de leyes, reglamentos y normas que\n regulen a los entes que operan el sector. Es notorio -por ejemplo-\n la falta de un reglamento que norme las, relaciones entre los\n entes responsables de dar el servicio a los usuarios. En el área\n de financiamiento se puede identificar además la ausencia\n de un sistema tarifario nacional que contribuya significativamente\n a aportar recursos al sector. Se puede observar además,\n una generalizada falta de supervisión, control y apoyo\n a los entes responsables de proveer los servicios. Todos estos\n elementos confluyen en una disensión de criterios y fórmulas\n para resolver los problemas, y constituyen un obstáculo\n para la incorporación del sector privado a las labores\n de gestión y financiamiento del sector.

\n\n

El desarrollo de una función tan importante como la\n planificación de inversiones -identificación y\n desarrollo de proyectos- ha recaído, en definitiva, en\n el Banco del Estado que dispone de importantes recursos para\n este fin. Además, el Ministerio de Economía y Finanzas,\n MEF, y la Oficina de Planificación de la Presidencia de\n la República ODEPLAN, tienen participación fundamental\n en este proceso como consecuencia de las normas que regulan la\n administración financiera del Estado. En esta situación,\n las decisiones de inversión se regulan anualmente por\n los mecanismos de decisión presupuestaria, haciendo imposible\n una adecuada planificación multianual del financiamiento\n de programas y proyectos. La debilidad del sistema de planificación\n vigente se demuestra en el hecho que aún las labores más\n elementales de recolección de información sobre\n lo que ocurre en el sector -para efecto de diagnósticos\n y prognosis-son inexistentes.

\n\n

Mientras tanto, la prestación de asistencia técnica\n a las municipalidades, a través de instituciones de administración\n pública -centralizadas- a nivel nacional, con una actividad\n eminentemente ejecutiva, contradice a una de las directrices\n adoptadas por los últimos gobiernos: La descentralización\n administrativa y la función eminentemente normativa y\n de fomento ha ser ejercida por el Estado.

\n\n

Respecto a la atribución que tiene el gobierno central\n a través de sus organizaciones públicas de asistir\n técnica y administrativamente a las municipalidades, respecto\n al servicio eficiente y control sobre los costos no se descarta\n que esta asistencia sea ejecutada por empresas privadas. Para\n el caso de las empresas públicas que ya están actuando,\n sobre todo las empresas municipales, el cambio requerirá\n de un esfuerzo de organización y eventualmente, cambios\n en sus estructuras, para que puedan asumir con eficiencia esa\n función.

\n\n

El marco de la prestación de servicios y la necesidad\n de una nueva política para el sector.

\n\n

La prestación de servicios en el pasado revela una\n característica de centralización -a excepción\n de los acueductos de Quito y Guayaquil-, el ex -IEOS construyó\n y operó todos los sistemas. Respecto al servicio de aseo\n urbano, este ha tenido las características de descentralizado\n y su prestación ha estado a cargo de los municipios.

\n\n

Resulta muy claro que la centralización de la prestación\n de los servicios de agua y saneamiento, a escala nacional, proceso\n que fue promovido en el país en la época del PLANASA,\n trajo beneficios operacionales difíciles de conseguir\n en un modelo fraccionado, en función de la estrategia\n de capacitación técnica aún incipiente en\n buena parte de los municipios en la década de los años\n 70 y 80, además de la posibilidad de la generación\n de economías de escala. Entre las ventajas comparativas\n de ese modelo centralizado se destacan entre otras las siguientes:\n El control sobre los sistemas regionales, como el caso de algunos\n consorcios que involucran a más de un municipio -Por ejemplo\n el Sistema Regional El Oro en la provincia de El Oro- y la estandarización\n de la capacitación técnica de los recursos humanos\n de los sistemas en explotación, independientemente del\n tamaño de los mismos.

\n\n

Con el transcurso del tiempo el ex - lEOS inició un\n proceso de transferencia de los acueductos hacia los municipios\n y comunidades para que se encarguen de la operación de\n los mismos, iniciándose de esta manera las primeras acciones\n en el ámbito de la descentralización a lo largo\n y ancho del país.

\n\n

Existe consenso de que simultáneamente a las ventajas\n del modelo PLANASA, generó significativas disfunciones,\n originadas -sobre todo- por la inexistencia de una instancia\n regulatoria orientada hacia el control y monitoreo de las acciones\n de las empresas municipales a lo largo del tiempo. entre las\n cuales se encuentran:

\n\n

El doble papel de regulador y regulado asumido -en la práctica-\n por las empresas municipales, al planear, coordinar, definir\n normas de los servicios y operarios en casi la totalidad de acciones\n nacionales y municipales.

\n\n

El carácter ambiguo de su concepción como empresa\n o como servicio público, usado para justificar la ineficiencia\n en la atención social por la condición de empresa\n y, por otro lado, la ineficiencia económica por la condición\n de servicio público esencial.

\n\n

La poca claridad en los criterios de aplicación de\n los subsidios cruzados y la ausencia de la participación\n de los usuarios en las grandes líneas de prioridades,\n en el ámbito de la jurisdicción de las empresas\n municipales.

\n\n

La vinculación a patrones tecnológicos que tienden\n a no aprovechar las potencialidades locales.

\n\n

La ausencia de instrumentos de integración con componentes\n afines al sector agua y saneamiento, como las políticas\n de Salud, Recursos Hídricos y Ambiente entre otros.

\n\n

Con las experiencias de la participación del sector\n privado en el país en los acueductos de las siguientes\n ciudades: Guayaquil (concesión), Esmeraldas (contrato\n de operación), Quevedo (en proceso de concesión)\n y Samborondón (privatización), y en residuos sólidos\n en las ciudades de Guayaquil, Manta, parcialmente Quito y otras\n pequeñas ciudades, existe gran expectativa en algunos\n Municipios de que sean establecidas nuevas bases que les aseguren\n el derecho de ejercer el poner de concedente y controlador de\n los servicios locales, a pesar de que existen muchos municipios\n que aún no toman conciencia de sus responsabilidades en\n cuanto al poder concedente, además de otros que, conociendo\n esas responsabilidades, no han demostrado interés por\n ejercer ese poder.

\n\n

También, con el gradual agotamiento de los recursos\n financieros que se asignan a través de las diferentes\n fuentes, se agravan los desequilibrios empresariales y financieros\n que aquejan a los operadores de los servicios de saneamiento.\n Esto se manifiesta entre otras de las siguientes maneras:

\n\n

El elevado nivel de endeudamiento de las empresas municipales;

\n\n

La persistencia de niveles elevados de pérdidas en\n los sistemas de agua, llegando la media, aproximadamente a 65%\n en el 2001;

\n\n

Pérdidas financieras causadas por procedimientos gerenciales\n inadecuados;

\n\n

Utilización de capitales en los sistemas de servicios\n en tasas de retorno incompatibles con las inversiones realizadas:

\n\n

Gastos elevados por un exceso de personal;

\n\n

Ausencia de control sobre los costos; y,

\n\n

Ausencia de un sistema de mercado de capitales locales y externos.

\n\n

Se menciona -además- un conjunto de problemas ambientales\n generados por la limitada atención otorgada durante décadas,\n por parte de los prestadores de servicios de agua y saneamiento,\n a la polución de los recursos agua, aire y suelo, lo cual\n genera la necesidad de que el sector participe más efectivamente\n en el proceso de gestión integrada de los recursos.

\n\n

Además se deberá incorporar la evaluación\n de la vulnerabilidad de los sistemas de agua y saneamiento, ante\n los impactos generados por los desastres naturales y antrópicos.

\n\n

El marco descrito sugiere la oportunidad de definir una Política\n Nacional de Agua y Saneamiento que promueva efectivamente: La\n descentralización de la gestión y la articulación\n de las acciones de los diversos actores involucrados, especialmente\n los integrantes de la administración central; la movilización\n de los esfuerzos políticos y de recursos financieros para\n una cobertura total; la creación de un ambiente de eficiencia\n y eficacia en el sector, e institucionalice los instrumentos\n de regulación y control necesarios para la adecuada prestación\n de los servicios.

\n\n

2. La Política de Agua y Saneamiento como marco del\n nuevo modelo de Intervención del Estado.

\n\n

La formulación de la Política Nacional de Agua\n y Saneamiento es la oportunidad de rescatar el concepto de saneamiento\n ambiental, a través de desarrollar en forma articulada,\n acciones de abastecimiento de agua, alcantarillado sanitario,\n recolección, tratamiento y disposición adecuada\n de residuos sólidos, control de la polución ambiental,\n drenaje, educación sanitaria y control dé vectores.

\n\n

En esta perspectiva, la definición de una política\n de agua y saneamiento se inserte en un concepto más amplio,\n relacionándolo al desarrollo urbano, la salud y protección\n de los recursos agua, aire y suelo, requiriéndose el desarrollo\n de instrumentos institucionales, legales y financieros que viabilicen\n el planeamiento y la acción del Gobierno.

\n\n

Con la Política Nacional de Agua y Saneamiento el Gobierno\n se ubica objetivamente frente al compromiso de rescatar los derechos\n de la ciudadanía, así como asegurar la equidad\n en los resultados del conjunto de acciones del Estado Ecuatoriano.

\n\n

Con la promulgación de las siguientes leyes: Ley de\n Modernización del Estado y su reglamento. Ley para la\n Promoción de la Inversión y de la Participación\n Ciudadana -Trole 2- así como la Ley de Régimen\n Municipal, se abre la posibilidad concreta de la flexibilidad\n de la estructura de mercado, que incluye el aprovechamiento de\n las organizaciones existentes del gobierno central y seccionales,\n así como prevén ferinas alternativas para la prestación\n de los servicios, a través de nuevas modalidades de organización\n y alianzas, lo que incluye a las comunidades y a la iniciativa\n privada, ampliándose de esta manera la serie de opciones\n para la gestión de los servicios, con la posibilidad de\n obtener nuevos recursos financieros de los empresarios privados.

\n\n

Ante esta expectativa, gana una importancia aún mayor\n la necesidad de la definición de un marco regulatorio\n que permita al Estado -niveles de Gobierno: central y seccional-,\n ejercer el necesario control sobre la prestación de los\n servicios, a través de la legislación pertinente\n a cada nivel del Gobierno, definiendo patrones de calidad de\n los servicios y del desempeño de sus prestadores, además\n de tener estructuras administrativas adecuadas en el ejercicio\n de ese control.

\n\n

Con la Política de Agua y Saneamiento, se augura para\n el sector un nuevo ciclo de organización y acciones del\n Gobierno, cuyo énfasis recae en la capacidad de articular\n y regular la prestación de los servicios públicos,\n en vez de proveerlos, pues la intención del Gobierno es\n de actuar, sobre todo, como regulador. coordinador y de promotor\n de los aspectos relacionados con las políticas de agua\n y saneamiento, salud y otras, en vez de asumir funciones ejecutoras\n como ocurrió en el pasado. Además es necesario\n reconocer que el manejo de residuos sólidos, es parte\n del saneamiento ambiental y por su complejidad y particularidades\n es necesario considerarlo prioritariamente.

\n\n

3. Principios y directrices.

\n\n

El nuevo marco de referencia para la Política Nacional\n de Agua y Saneamiento, incluye el abastecimiento de agua, alcantarillado\n sanitario, y el manejo adecuado de los residuos sólidos,\n así como la integración de las demás ramas\n del saneamiento ambiental, tradicionalmente no considerados en\n la Política Sectorial, además de la necesaria articulación\n con las acciones del área de salud y ambiente.

\n\n

Se ha demostrado que los servicios de agua y saneamiento son\n los que más contribuyen para la prevención de enfermedades\n y para mejorar la calidad de vida del ser humano, por lo tanto\n los indicadores epidemiológicos y ambientales representan\n elementos relevantes en la definición de las prioridades\n de la Política de Agua y Saneamiento.

\n\n

La generación de un ambiente de eficiencia y modernización\n del sector requiere del mejoramiento de la calidad y productividad\n en la prestación de los servicios, para lo cual es importante\n un adecuado sistema de información, que fundamentalmente\n considere entre otros los siguientes indicadores: operativos,\n financieros y de gestión; la efectivización de\n alianzas entre agentes públicos y privados y la garantía\n del ejercicio del control social para defender los derechos de\n los usuarios de los servicios de agua y saneamiento.

\n\n

El eje central de la Política Nacional se basa en tres\n principios constitucionales, calos cuales el gobierno nacional\n fundamenta sus decisiones e iniciativas, esos principios son:

\n\n

a) La cobertura total, de manera que sea viabilizada la oferta\n básica de servicios, o sea, aquella indispensable para\n la vida y la preservación ambiental;

\n\n

b) La participación de los diversos agentes involucrados\n en la formulación de la Política y en la gestión\n de servicios -Estado, municipios, prestadores de servicio, usuarios\n y otros-, destacándose el nuevo rol del Gobierno, sobre\n todo del régimen dependiente, como principal inductor\n de las transformaciones propuestas; y,

\n\n

c) La descentralización como principio fundamental\n que se contrapone al modelo anterior, que excluyó a los\n municipios y centralizó las acciones en el régimen\n dependiente, práctica que no se armonizo con las actuales\n disposiciones constitucionales.

\n\n

En este marco se establecerán mas condiciones para\n un desarrollo equilibrado, pues, sin la definición de\n objetivos comunes entre los niveles dependiente y autónomo\n y una adecuada coordinación, todos los esfuerzos resultarán\n inútiles, ya que se establecería una competencia\n destructiva.

\n\n

Para poder operacionalizar estos principios, se definió,\n también, un conjunto de conceptos que buscan dar organización\n y orientación a las acciones del gobierno en agua y saneamiento.

\n\n

Los cuales se presentan a continuación:

\n\n

o La perspectiva sobre la flexibilidad y construcción\n de alianzas en la prestación de los servicios, de tal\n forma de ampliar las alternativas de organización de los\n servicios y adecuar la oferta a la diversidad de la realidad\n del país;

\n\n

o La posibilidad de recurrir por parte de los municipios a\n las instancias del régimen dependiente, cuando se demuestre\n la dificultad de la resolución de los problemas de agua\n y saneamiento en el ámbito exclusivo local;

\n\n

o La interacción de las acciones de agua y saneamiento\n entre sí, y con otras políticas tales como: salud,\n educación, ambiente, etc.;

\n\n

o La distinción entre las funciones de regulación,\n control y prestación de los servicios, las primeras serán\n necesariamente ejercidas por el poder público, a través\n de sus instituciones, y la última que puede ser asignada\n a los agentes públicos o privados: y,

\n\n

o La gestión diferenciada del manejo de residuos sólidos\n que permita maximizar el aprovechamiento de los diferentes tipos\n de residuos que se generan.

\n\n

4. Objetivos y metas.

\n\n

La Política Nacional de Agua y Saneamiento tiene como\n objetivo general articular los esfuerzos del Gobierno y de la\n sociedad, para mejorar las condiciones de vida, a través\n de la prestación de servicios básicos, tales como:\n abastecimiento de agua, alcantarillado sanitario, disposición\n de excretas, y manejo de residuos sólidos, control de\n vectores y educación sanitaria y ambiental.

\n\n

Como objetivos específicos se tienen:

\n\n

Incrementar la cobertura con la perspectiva de la universalización\n de los servicios, garantizando la atención del nivel esencial\n a cada familia;

\n\n

Asegurar la generación de instrumentos para el ejercicio\n del control social sobre la prestación de los servicios;

\n\n

Promover la creación de estructuras administrativas\n flexibles y autosuficientes; y fortalecer la capacidad institucional\n del Estado;

\n\n

Fomentar programas de calidad y productividad en la gestión\n y prestación de los servicios;

\n\n

Promover programas de gerencia de la demanda y conservación\n del agua;

\n\n

Promover la minimización y valorización de los\n residuos sólidos;

\n\n

Fortalecer las alianzas entre los sectores público\n y privado -Proceso de delegación al sector privado-; y,

\n\n

Promover programas de prevención y mitigación\n de riesgos.

\n\n

Las necesidades de inversión en una primera etapa,\n para la eliminación del déficit y el crecimiento\n poblacional hasta el año 2010 en el área de agua\n y saneamiento son del orden de 1 .500 millones de dólares,\n en esta inversión está previsto la ejecución\n de proyectos nuevos y la rehabilitación de los existentes.\n En una segunda etapa se considerará el costo de las plantas\n de depuración de aguas residuales.

\n\n

Con estas cifras, se puede estimar que alrededor de 150 millones\n de dólares se requieren para invertir en el sector anualmente\n en el periodo 2001-2010, en una primera etapa.

\n\n

En cuanto a residuos sólidos únicamente en lo\n referente a disposición final se ha estimado que es necesario\n 42 millones de dólares para solucionar el problema en\n 180 municipios del país, según el análisis\n sectorial de residuos sólidos7

\n\n

Con base en los objetivos y estimaciones de la referencia,\n el gobierno nacional estableció programas en los cuales\n está previsto, específicamente en el incremento\n de cobertura de los servicios, una inversión de 343 millones\n de dólares en el periodo 2002-2006 tal como se indica\n en la tabla N0 4.

\n\n

5. Estrategias.

\n\n

5.1. Elementos principales.

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Los elementos principales de la estrategia del Gobierno Nacional\n para la formulación y ejecución de la Política\n Nacional de Agua y Saneamiento son:

\n\n

Acciones integradas del gobierno en agua y saneamiento.- La\n acción interinstitucional es considerada como condición\n fundamental para el éxito de la Política Nacional\n de Agua y Saneamiento. Para alcanzar esta política, el\n MIDUVI/SAPYSB actuará en forma coordinada con el Ministerio\n de Economía y Finanzas MEF; Ministerio de Salud Pública\n MSP, Ministerio del Ambiente, MA y su organismo técnico\n el Instituto Ecuatoriano de Meteorología e Hidrología\n INAMHI, Consejo Nacional de Recursos Hídricos, CNRH, Ministerio\n de Bienestar Social, MBS, Ministerio de Energía y Minas,\n MEM, Ministerio de Educación y Cultura, MEC, Banco del\n Estado, BdE, Consejo Nacional de Modernización del Estado,\n CONAM, y la Asociación de Municipios del Ecuador AME.\n MIDUVI/SAPYSB estimulará, igualmente, la integración\n interinstitucional a nivel de municipios y comunidades, así\n como una cooperación gubernamental entre los tres poderes\n del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

\n\n

Efectivizar las acciones de regulación y control.-\n Se hace necesario diferenciar y separar las funciones de regulación\n y control en la prestación de los servicios en agua y\n saneamiento. Según la Política Nacional de Agua\n y Saneamiento, ambas serán ejercidas por el sector público,\n a través de sus instituciones. La regulación y\n control son entendidas como actividades que tienden simultáneamente\n a asegurar la atención de las necesidades básicas,\n impedir el abuso originado de posiciones de monopolio natural\n y fomentar la competencia en donde ésta se muestre factible\n de ser ejercida, además, definir criterios de acceso a\n fuentes públicas de financiamiento, igualando el acceso\n al servicio entre regiones y entre personas. La implementación\n de un marco legal regulatorio, presupone que se establezca en\n cada nivel del Gobierno: central y seccional, los instrumentos\n (leyes, normas, regulaciones. etc.) y las estructuras organizacionales\n (competencias de la institución reguladora y controladora,\n su composición, esquema de financiamiento, etc.), necesarias\n para el ejercicio de las funciones públicas de regulación\n y control.

\n\n

La operacionalización del mismo presupone también\n autonomía administrativa, con organizaciones e instituciones\n políticamente fuertes y técnicamente capacitadas,\n así como la delegación de autoridad, establecimiento\n de metas y un adecuado control de los resultados.

\n\n

El control social deberá ser ejercido a través\n de una efectiva representación en las instancias públicas\n de regulación y control, garantizados por el sector público,\n así como externamente a esas estructuras, a través\n de organismos de la sociedad que tengan como objetivo el control\n social del estado (auditores privados o confederación\n de barrios, comunas, etc.). Para que tales funciones se efectivicen\n es condición fundamental organizar e instrumentalizar\n el poder público.

\n\n

La flexibilidad en la prestación de los servicios.-\n Por la diversidad de situaciones encontradas en el sector, la\n prestación de los servicios debe ser flexible, esto es,\n debe permitir la posibilidad de organización que maximice\n las potencialidades y las posibilidades institucionales correspondientes\n a cada realidad local. En este sentido, la combinación\n de los sectores público y privado puede ofrecer alternativas\n -diversas proporciones de acciones- según las necesidades\n de cada institución. Los arreglos institucionales deberán\n permitir un amplio margen de alianzas para la ejecución\n de los servicios, involucrando empresas y microempresas privadas,\n entidades locales -descentrali-zadas-, consejos de cuencas, alcaldías,\n concesionarios estatales y servicios comunitarios -Juntas de\n agua potable y alcantarillado-.

\n\n

La recuperación de la capacidad de financiamiento del\n sector.- En referencia a la prestación de los servicios\n de abastecimiento de agua, alcantarillado sanitario y recolección\n y tratamiento de residuos sólidos, la tarifa es el componente\n central de la estrategia de recuperación de la capacidad\n de inversión del sector. Se asume que como condición\n de sostenibilidad de los servicios, el precio medio real en cada\n sistema deberá producir una recaudación compatible\n con los costos de: inversión y operación, y que\n una parte de ese costo, para determinados consumidores sea cubierta\n con recursos fiscales que deberán necesariamente ser contabilizados\n como ingresos operacionales del prestador de los servicios, poniendo\n mucha atención sobre: el despilfarro, el equilibrio financiero\n de la actividad, así como el control sobre el otorgamiento\n de subsidios fiscales.

\n\n

A pesar de la importancia de la tarifa en el balance financiero\n del sector, así como de la reducción significativa\n de los costos por parte de los prestadores de los servicios,\n a través del mejoramiento de la eficiencia, dos aspectos\n importantes permanecen latentes: la formación de un capital\n inicial para realizar las inversiones, y la atención integral\n de la demanda esencial para la supervivencia en las áreas\n de bajos ingresos. Por lo expuesto, la Política Nacional\n de Agua y Saneamiento otorgará especial atención\n al establecimiento de mecanismos para el financiamiento de los\n subsidios para la cobertura universal de los servicios.

\n\n

La promoción de la competencia entre los prestadores\n de los servicios. - Una mayor competencia en la prestación\n de los servicios, que estimule la creación de un ambiente\n de eficiencia, es el elemento fundamental para que el sector\n agua y saneamiento recupere su capacidad de inversión.\n En este sentido, la licitación de las concesiones o permisos,\n que consideren el menor precio, conducirá a tarifas bien\n diseñadas en función del costo de cada servicio\n y estimulará la eficiencia de los prestadores.

\n\n

De igual manera la flexibilización del mercado, con\n una apertura del mercado nacional a la participación de\n la competencia entre el sector estatal y el privado, tiende a\n establecer alternativas de operación en todas las fases\n del proceso de prestación de los servicios. Es evidente,\n por otro lado, que una mayor autonomía empresarial presupone\n una nueva estructura regulatoria, de tal forma que la fijación\n de tarifas no redunde en una nueva transferencia de ineficiencia,\n ahuso del poder del mercado o la exclusión de los sectores\n de menores ingresos.

\n\n

Implementación de acciones que promuevan la conservación\n y la nueva utilización del agua.- Por la inexistencia\n de una cultura orientada a la optimización del uso de\n los recursos hídricos en el país, que considere\n al agua, bajo el punto de vista cualitat

 

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