Registro Oficial. 10 de JULIO del 2002

Miércoles, 10 de julio de 2002

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

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   MES DE JULIO DEL 2002
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 REGISTRO OFICIAL
ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR
Administración del Sr. Dr. Gustavo Noboa Bejarano
Presidente Constitucional de la República
\n

 

\n

Miércoles 10 de Julio del 2002

\n

REGISTRO OFICIAL No. 615

\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n

DR. JOSE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR

\n\n

FUNCIÓN\n EJECUTIVA

\n\n

DECRETO:

\n\n

Derogase\n el Decreto Ejecutivo N0\n 1954, publicado en el Suplemento del Registro Oficial N0 428\n de 8 de octubre del 2001.

\n\n

RESOLUCIONES:

\n\n

DEFENSORÍA\n DEL PUEBLO:

\n\n

022-D-DP-2002 Expídese el Reglamento\n de Crea-ción y Funcionamiento de la Biblioteca.

\n\n

SUPERINTENDENCIA\n DE COMPAÑÍAS:

\n\n

Q.IMV.02.011\n Autorizase\n a las corporaciones civiles, Bolsa de Valores de Quito y Bolsa\n de Valores de Guayaquil, la utilización de la metodología\n del sistema de subasta serializada e interconectada de oferta\n del sector público.

\n\n

FUNCIÓN\n JUDICIAL

\n\n

CORTE\n SUPREMA DE JUSTICIA SEGUNDA SALA DE LO PENAL:

\n\n

Recursos de casación\n en los juicios seguidos por las siguientes personas:

\n\n

150-02\n Ministerio\n Fiscal General en contra de Edgar Alipio Argudo Argudo

\n 151-02 Ministerio Fiscal General\n en contra de Carlos Julio Miranda Alcívar y otros.

\n\n

152-02 Ministerio Fiscal General\n en contra de Navibe Caro Tafur

\n\n

166-02\n Ministerio\n Fiscal General en contra de los autores de la muerte de Carlos\n Cabrera destrucción de la torre del aeropuerto de la ciudad\n de Tena.

\n\n

174-02 Ministerio Fiscal General\n en contra de Christopher Oscar EggeligTorres

\n\n

175-02\n Ministerio\n Fiscal General en contra de Gilberto Zambrano Vásquez.

\n\n

178-02\n Ministerio\n Fiscal General en contra de Guido Cristóbal Galindo Tello.\n

\n\n

179-02 Dolores Chachapoya Villacís\n de Moncada en contra del licenciado Guillermo Pacheco Parreño\n y otros

\n\n

180-02 Ministerio Fiscal General\n en contra de Eddy Leonel Franco Parrales

\n\n

185-02 Ministerio Fiscal General\n en contra de Marlene Sánchez Naranjo.

\n\n

186-02 Ministerio Fiscal General\n en contra de Nancy Jeaneth Pavón Morales.

\n\n

188-02 Doctor Angel María\n Jadán Peralta en contra dc Jaime Fernando Varela Campoverde.

\n\n

189-02\n Juana Aurora\n Paz Dueñas en contra de Ramón Guillermo Medranda\n Muño

\n\n

191-02 Ministerio Fiscal General\n en contra de Luis Patricio Bonilla Villaruel.

\n\n

ACUERDO\n DE CARTAGENA

\n\n

PROCESOS:

\n\n

01-IP-2002\n Interpretación\n prejudicial de las dispo-siciones previstas en los artículos\n 81, 83 literal a, 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión\n del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado\n de la República de Colombia, Sala de lo Conten-cioso Administrativo,\n Sección Primera; e interpretación tic oficio del\n artículo 84 eiusdem. Parte actora: Sociedad JOHANN MARIA\n FARINA GEGENUBER DEM NEUMARKT. Marca: "JOHANN MARIA FARINA".

\n\n

15-IP-2002 Interpretación prejudicial\n de las dispo-siciones previstas en los artículos 81 y\n 95 de la Decisión 344 dc la Comisión del Acuerdo\n de Cartagena, solicitada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo,\n Primera Sala, Distrito de Quito, República dcl Ecuador,\n e interpretación de oficio de los artículos 83,\n literal a, y 94, literal h, eiusdern. Parte actora: MILLER BREWING\n COMPANY Marca: "ICEHOUSE"

\n\n

ORDENANZAS\n MUNICIPALES:

\n\n

Cantón\n Naranjal: Que\n regula el servicio de cementerios.

\n\n

Cantón\n Naranjal: Que\n reglamenta la conservación y ocupación de la vía\n pública.

\n\n

Cantón\n Naranjal: Que\n reglamenta la ocupación y funcionamiento de los mercados\n municipales

\n\n

ORDENANZA\n PROVINCIAL:

\n\n

Provincia\n de Cotopaxi:\n Que regula y dispone el pago de la jubilación patronal\n para los servidores sujetos al Código del Trabajo\n

\n \n
\n

 

\n\n

N°\n 2815

\n\n

Gustavo Noboa Bejarano
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que la empresa Hidropastaza SA. y la Agencia Especial de Financiamiento\n Industrial -FINAME- de la República Federativa de Brasil,\n en su calidad de agente mandatario del Banco Nacional de Desenvolvimiento\n Económico y Social
\n -BNDES-, con fecha 13 de abril del 2000 suscribieron un contrato\n de crédito de hasta US$ 242'965. 100 destinados a financiar\n el Provecto Hidroeléctrico San Francisco:

\n\n

Que el desembolso del crédito no se pudo concertar\n debido a la decisión adoptada por la República\n del Brasil mediante Circular No. 2982 de 10 de mayo del 2000,\n con la que se restringió unilateralmente el uso del mecanismo\n de garantía acordado por las partes, y según lo\n dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 258-A. publicado en el\n Suplemento del Registro Oficial No. 50 de 4 de abril del 2000.

\n\n

Que mediante oficio No. HP-12-2001 de 9 de agosto del 2001.\n Hidropastaza S.A. remitió al Ministerio de Economía\n y Finanzas un proyecto de convenio modificatorio al convenio\n original de financiamiento del Proyecto Hidroeléctrico\n San Francisco, a través del cual se determinó un\n nuevo esquema de garantía a través del convenio\n denominado "Instrumento de Constitución de garantía":

\n\n

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 1954, publicado en el Suplemento\n del Registro Oficial No. 428 de 8 de octubre del 2001, de conformidad\n con lo señalado en el artículo 127 de la Lev Orgánica\n de Administración Financiera y Control, se autorizó\n la modificación al procedimiento de garantía concedida\n por la República del Ecuador a favor de la empresa Hidropastaza\n SA., constante en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo No, 258-A,\n publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 50 de 4 de\n abril del 2000:

\n\n

Que en consideración a que la justicia brasileña\n ha dispuesto que el Banco Central del Brasil está obligado\n a asumir el financiamiento del Provecto San Francisco a través\n del Convenio de Créditos Recíprocos, CCR de la\n ALADI. previsto en el Decreto Ejecutivo No. 258-A, es necesario\n dejar sin efecto el Decreto Ejecutivo No. 1954. a fin de perfeccionar\n el acuerdo de las partes contenido en el contrato de crédito\n suscrito el 13 de abril del 2000 entre la empresa Hidropastaza\n S.A. y la Agencia Especial de Financiamiento Industrial -FINAME-\n de la República Federativa de Brasil en su calidad de\n agente mandatario del Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico\n y Social -BNDES-:

\n\n

Que mediante oficio No. 23826 de 26 de abril del 2002, el\n Procurador General del Estado absolvió la consulta formulada\n por el Ministro de Economía y Finanzas, sobre la manera\n de restituir el mecanismo y procedimiento de garantía\n contemplado originalmente en el Decreto No. 258-A, pronunciándose\n en el sentido de que el Presidente de la República está\n plenamente facultado para ampliar, modificar o derogar el Decreto\n Ejecutivo No. 1954:

\n\n

Que mediante oficio No. 2879 DM-SJM-2002 de mayo 8 del 2002\n remitido a la Presidencia de la República, el Ministro\n de Economía y Finanzas solicitó la derogatoria\n del Decreto Ejecutivo No. 1954. publicado en el Suplemento del\n Registro Oficial No. 428 de octubre del 2001. con el fin de resumir\n la vigencia del Decreto Ejecutivo No. 258-A. publicado en el\n Registro Oficial No. 50 de abril 4 del 2000: y,

\n\n

En ejercicio de las atribuciones que le otorga el articulo\n 91 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo\n de la Función Ejecutiva y el Art. 127 de la Ley Orgánica\n de Administración Financiera y Control,

\n\n

Decreta:

\n\n

Art. 1.- Derogar el Decreto Ejecutivo No. 1954, publicado\n en el Suplemento del Registro Oficial No. 428 de 8 de octubre\n del 2001.

\n\n

Art. 2.- Poner en vigencia, en todos sus términos,\n el Decreto Ejecutivo No. 258-A, publicado en el Suplemento del\n Registro Oficial No. 50 de 4 de abril del 2000.

\n\n

Art. 3.- Autorizar al Ministro de Economía y Finanzas\n la suscripción, de conformidad con la ley, de los contratos\n y convenios necesarios para reactivar el mecanismo de garantía\n previsto en el Decreto Ejecutivo No. 258-A, de ser del caso.

\n\n

Art. 4.- De la ejecución del presente decreto que entrará\n en vigencia a partir de la fecha de su publicación en\n el Registro Oficial, encárguese al Ministro de Economía\n y Finanzas.

\n\n

Dado en el Palacio Nacional en Quito, a 5 de julio del 2002.

\n\n

f) Gustavo Noboa Bejarano. Presidente Constitucional de la\n República.

\n\n

f.) Francisco Arosemena Robles, Ministro de Economía\n y Finanzas.

\n\n

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

\n\n

f) Marcelo Santos Vera. Secretario General de la Administración\n Pública.

\n\n

 

\n\n

No. 022-D-DP-2002

\n\n

Dr. Claudio Mueckay Arcos
\n DEFENSOR DEL PUEBLO

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, para el desarrollo de los objetivos de la Defensoría\n del Pueblo y el ejercicio de las actividades y atribuciones previstas\n en la Constitución y la le y, principalmente en lo dispuesto\n en el articulo 8 literal e) de este cuerpo legal, es necesario\n contar con los servicios de una biblioteca para el perfeccionamiento\n de nuestros funcionarios en el campo profesional. cultural y\n educativo, en materia de derechos humanos:

\n\n

Que. la biblioteca prestará un servicio especializado\n a estudiantes y personas y organismos vinculados a los derechos\n humanos:

\n\n

Que es necesario expedir las normas que permitan la organización\n y funcionamiento de los servicios de la biblioteca en la institución:\n y.
\n En ejercicio de las facultades que le otorga la Constitución\n y la ley.

\n\n

Resuelve:

\n\n

Dictar el siguiente Reglamento de Creación y Funciona-miento\n de la Biblioteca de la Defensoría del Pueblo.

\n\n

CAPITULO 1

\n\n

DE LA ORGANIZACIÓN Y OBJETIVOS

\n\n

Art. 1.- Créase la Biblioteca de la Defensoría\n del Pueblo con el nombre de "NELSON ESTUPIÑAN BASS",\n la misma que dependerá del defensor del Pueblo a través\n de la Dirección Nacional de Capacitación y Cultura,\n como una unidad especializada en derechos humanos y materia defensorial.

\n\n

Sus objetivos son:

\n\n

a) Colaborar con el perfeccionamiento técnico y científico\n de los usuarios:

\n\n

b) Prestar asistencia en el uso y consulta del material bibliográfico:

\n\n

c) Facilitar la investigación en campos especializados\n a funcionarios y público en general:

\n\n

d) Divulgar los conocimientos sobre derechos humanos por medio\n de exposiciones y publicaciones:

\n\n

e) Constituir su trabajo en un centro de consulta especializada\n dentro de las áreas afines de la labor de la Defensoría\n del Pueblo;

\n\n

f') Mantener programas de intercambio y comunicación\n con bibliotecas del país y del extranjero: y.

\n\n

g) Crear un banco de datos computarizado y una propia pagina\n webb especializada de su acervo bibliográfico toda información\n relativa a las acciones asumidas en defensa, protección\n y tutela de los derechos humanos por parte de la Defensoría\n del Pueblo.

\n\n

Art. 2.- La persona responsable de la unidad será el\n bibliotecario.

\n\n

CAPITULO II

\n\n

DEL BIBLIOTECARIO: SUS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES

\n\n

Art. 3.- Son funciones y atribuciones del bibliotecario:

\n\n

a) Custodiar y proteger bajo su responsabilidad los libros\n y otras publicaciones de propiedad de la Defensoría del\n Pueblo:

\n\n

b) Atender las consultas y facilitar las referencias de las\n obras y textos:

\n\n

c) Dar en préstamos libros, revistas, boletines y otras\n publicaciones con las limitaciones señaladas en articulo\n 7 de este reglamento:

\n\n

d) Controlar, ordenar e incrementar el material bibliográfico:

\n\n

e) Preparar bibliografía para consultas:

\n\n

f) Llevar registros de control de préstamos de libros\n y mas publicaciones, tanto para consulta dentro de la biblioteca\n como fuera de ella:

\n\n

g) Preparar y distribuir semestralmente catálogos actualizados\n del material bibliográfico:

\n\n

h) Solicitar al Defensor del Pueblo, las sanciones que se\n deriven de la aplicación de este reglamento: e.

\n\n

í) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del presente\n reglamento y las que se impartan en su orden el Director de Capacitación\n y Cultura y Defensor del Pueblo.

\n\n

 

\n\n

CAPITULO III

\n\n

DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

\n\n

Art. 4.- Los servidores de la Defensoría del Pueblo\n y las personas particulares para solicitar en mi calidad de\n préstamo, libros y otras publicaciones, presentarán\n al bibliotecario un documento que pruebe su identificación.

\n\n

Art. 5.- El uso del material bibliográfico será\n controlado mediante el formulario "Control Diario de Biblioteca"\n , en el que se registrará el nombre y firma del usuario,\n la unidad administrativa o entidad en la que trabaje y las referencias\n de la obra consultada.

\n\n

Art. 6.- 1 Únicamente los servidores de la Defensoría\n del Pueblo podrán solicitar libros, publicaciones para\n utilizarlos fuera de la biblioteca, en estos casos el bibliotecario\n llenará la tarjeta de préstamo y retendrá\n en consignación el documento que pruebe su identificación.

\n\n

Art. 7.- El préstamo de material bibliográfico\n para uso fuera de la biblioteca, estará sujeto a las siguientes\n disposiciones:

\n\n

a) Ordinariamente, se prestarán libros hasta por diez\n días calendario. exceptuándose a los servidores\n que realizan trabajos de investigación : y.

\n\n

b) Capacitación en la Defensoría del Pueblo,\n para quienes el plazo será de un mes:

\n\n

c) Cada servidor podrá solicitar simultáneamente\n en calidad de préstamo. un máximo de tres ,libros:\n y.

\n\n

d) Los documentos tales como: enciclopedias, diccionarios,\n registros oficiales, gacetas, índices, atlas, colecciones,\n y aquellas obras de dos volúmenes o más, que son\n poco comunes por su difícil reposición, no serán\n facilitados para consultas fuera de la biblioteca.

\n\n

 

\n\n

CAPITULO IV

\n\n

DE LAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LOS USUARIOS

\n\n

Art. 8.- Los usuarios están obligados a mantener en\n buen estado las obras que se les proporcione. El deterioro, pérdida,\n adulteración o mutilación de las obras prestadas,\n será de su responsabilidad.
\n Art. 9.- Los lectores no tendrán acceso a los anaqueles\n de la biblioteca. Para consultar libros y más publicaciones,\n deberán proporcionar al bibliotecario las referencias\n bibliográficas de la obra requerida.

\n\n

 

\n\n

CAPITULO V

\n\n

DEL RÉGIMEN DE SANCIONES

\n\n

Art. 10. - El incumplimiento de las disposiciones establecidas\n en este reglamento, estará sujeto a las siguientes sanciones:

\n\n

a) Multa de dos dólares diarios por atraso en la devolución\n de libros prestados. Los días de retraso se computarán\n a partir del primer día laborable posterior a la terminación\n del periodo para el que se prestó el libro:

\n\n

b) Suspensión del derecho a préstamos durante\n dos meses, para el caso de reincidencia:

\n\n

c) Pago del 20% del costo actual del libro prestado cuando\n este sufriere daño, mutilación o deterioro, y del\n valor actual del libro, con el recargo del 50% en caso de pérdida.\n Si la obra extraviada no existiere en el mercado nacional, el\n prestatario previa notificación del bibliotecario, pagará\n a la Defensoría del Pueblo el doble del costo del libro\n estimado por la Dirección Nacional Financiera, para efectos\n de reposición; y:

\n\n

 

\n\n

d) Suspensión definitiva del derecho a préstamo\n y aplicación de la sanción prevista en el literal\n e), al usuario que haya mutilado los libros entregados para consulta.

\n\n

Los actos de indisciplina que perjudiquen los derechos de\n los lectores en el interior de la biblioteca, serán sancionados\n por la Jefatura de Personal de la institución a pedido\n del bibliotecario, con penas administrativas o con la prohibición\n definitiva de utilizar los servicios de la biblioteca.

\n\n

 

\n\n

CAPITULO VI

\n\n

DISPOSICIONES GENERALES

\n\n

Art. 11.- La atención al público será\n exclusivamente en días laborables: esto es. de 09h00 a\n 17h00, con un receso de 12H00 a 13h00.

\n\n

Art. 12.- Los directores nacionales, comisionados provinciales\n y jefes departamentales de la institución, recomendarán\n al Director Nacional Administrativo, la adquisición de\n obras o la suscripción a publicaciones periódicas.

\n\n

Art. 13.- El Director Nacional Administrativo, en coordinación\n con el Director Nacional de Capacitación y Cultura, autorizará\n la compra de libros y más textos útiles para la\n Defensoría del Pueblo.

\n\n

Art. 14.- La Defensoría del Pueblo, a través\n de todos y cada uno de sus servidores, propenderá a la\n obtención de material bibliográfico, en calidad\n de donaciones, por parte de personas naturales y jurídicas\n privadas y públicas tanto nacionales como extranjeras.

\n\n

Art. 15.- El presente reglamento entrará en vigencia\n a partir de la fecha de su suscripción.

\n\n

Comuníquese y notifíquese.

\n\n

Dado en el Despacho del Defensor del Pueblo, a cuatro de junio\n del dos mil dos.

\n\n

f.) Dr. Claudio Mueckay Arcos. Defensor del Pueblo.

\n\n

Esta copia es igual al original, que reposa en el Archivo\n de esta Defensoría del Pueblo y a la cual me remito en\n caso necesario. - Lo certifico.

\n\n

f) Walter Tacle A., Director Nacional Administrativo Defensoría\n del Pueblo.

\n\n

 

\n\n

N0 Q.IMV.02 011

\n\n

Dr. Xavier Muñoz Chávez
\n SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS

\n\n

Considerando:

\n\n

Que el Art. 34 de la Ley de Mercado de Valores, publicada\n en el Registro Oficial No. 367 de 23 de julio de 1998, al tratar\n de valores no inscritos en el Registro del Mercado de Valores,\n ni en las bolsas de valores, determina que las bolsas de valores\n quedan facultadas para implementar mecanismos de negociación,\n previa autorización de la Superintendencia de Compañías:

\n\n

Que el Art. 49 de la Ley de Mercado de Valores faculta a la\n Superintendencia de Compañías, autorizar otros\n mecanismos de negociación, alternativos a los previstos\n cmi dicho artículo;

\n\n

Que el Art. 37 de la ley ibídem, dispone que las inversiones\n y compraventa de activos financieros que realicen directa o indirectamente\n las entidades y organismo del sector público, que excedan\n mensualmente del valor equivalente a un mil unidades de valor\n constante, deberán realizarse obligatoriamente a través\n de los sistemas de negociación bursátiles interconectados\n entre las bolsas de valores restablecidas en el país;\n

\n\n

Que el Art. 28 del Reglamento para la participación\n del sector público en el mercado de valores, dispone que\n los procesos de desinversión de los valores de renta variable\n no inscritos en el Registro del Mercado de Valores, que efectúen\n as entidades y organismos del sector público, se deberán\n realizar a través de ruedas especiales de subastas o sistemas\n le negociación bursátiles interconectados de acciones\n de sociedades no inscritas cmi el Registro del Mercado de Valores;

\n\n

Que las corporaciones civiles, Bolsa de Valores de Quito y\n Bolsa de Valores de Guayaquil, solicitan autorización\n para utilizar la metodología del sistema de subasto serializada\n e interconectada del sector público, previsto en el Reglamento\n de subasta serializada e interconectada para las inversiones\n compra-venta de activos financieros que realicen la entidades\n del sector público, publicado en el Registro Oficia No.\n 322 de 21 de mayo del mismo año, para los procesos de\n desinversión de valores de renta variable no inscritos\n en e Registro del Mercado de Valores, de propiedad de entidades\n y organismos del sector público; y,

\n\n

En ejercicio de sus facultades legales,

\n\n

Resuelve:

\n\n

ARTICULO PRIMERO.- Autorizar a las corporaciones civiles,\n Bolsa de Valores de Quito y Bolsa de Valores de Guayaquil, la\n utilización de la metodología del sistema di subasto\n serializada e interconectada de oferta del sector público,\n previsto en Reglamento de subasto serializada interconectada\n para las inversiones y compra-venta de activos financieros que\n realicen las entidades del sector público publicado en\n el Registro Oficial No. 322 de 21 de mayo dc 1998, para los procesos\n de desinversión de valores de renta variable no inscritos\n en el Registro del Mercado de Valores de propiedad de entidades\n y organismos del sector público.

\n\n

ARTICULO SEGUNDO.- Las corporaciones civiles bolsas dc valores\n del país, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo\n precedente, en forma previa a su aplicación, dictarán\n mediante una resolución conjunto, las normas de aplicación\n necesarias, la cual deberá ser notificada a la Superintendencia\n de Compañías, en los términos del Art. 43\n de la Ley de Mercado de Valores.

\n\n

ARTICULO TERCERO.- Previa la utilización de la metodología\n del sistema de subasto señalizada e interconectada del\n sector público, para la desinversión de valores\n de remita variable no inscritos en el Registro del Mercado de\n Valores, de propiedad de entidades y organismos del sector público,\n las bolsas de valores, deberán efectuar los procesos de\n simulación necesarios, conjuntamente con los participes\n del mercado de valores con la presencia de la Superintendencia\n de Compañías, para verificar su eficiente funcionamiento.

\n\n

ARTICULO CUARTO.- Para la inscripción en el Registro\n Especial de Acciones No Inscritas a cargo de las bolsas de valores,\n la entidad u organismo del sector público, entre otros\n requisitos, presentará copia certificada del informe de\n valoración de acciones; debiendo para efectos de control,\n entregar además dicho informe a sus correspondientes órganos\n de control, así como a la Superintendencia de Compañías,\n en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 29 del Reglamento\n para la participación del sector público en el\n mercado de valores.

\n\n

ARTICULO QUINTO.- La presente resolución entrará\n en vigencia a partir de su publicación en el Registro\n Oficial.

\n\n

Publíquese.- Dado y firmado en la Superintendencia\n de Compañías en Quito, a 1 de julio del 2002.

\n\n

f) Dr. Xavier Muñoz Chávez.

\n\n

Es fiel copia del original.- Certifico.- Quito, a 2 de julio\n del 2002.

\n\n

f) Dr. Víctor Cevallos Vásquez, Secretario General.

\n\n

 

\n\n

N0 150-02

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

\n\n

SEGUNDA SALA DE LO PENAL

\n\n

Quito, de abril del 2002; las 17h00.

\n\n

VISTOS: El señor Edgar Alipio Argudo Argudo propone\n recurso de revisión a fs. 100 a 102 manifestando que el\n Tribunal Primero de lo Penal de Azogues le ha impuesto la pena\n única de cinco años de prisión, acumulando\n o unificando las cuatro penas dictadas en cuatro juicios penales,\n sin tomar en cuenta la prescripción que debía declararse\n de oficio en uno de tales juicios y sin haber resuelto, por otra\n parte, la rebaja con motivo del año jubilar, según\n ley publicada en el R.O. N° 11 de 18 de agosto del 2000,\n que se ha violado el numeral tercero de Art. 385 del Código\n de Procedimiento Penal, concedido el recurso, ha correspondido\n su conocimiento a la Sala, que para resolver considera PRIMERO.-\n El impugnante no concreta el motivo de recurso esto es el error\n en que ha incurrido la sentencia del Tribunal Penal al dictar\n la unificación de penas, demostrando que una de las dos\n sentencias condenatorias es errada, es decir no pudo ser condenatoria,\n como lo dispone el Art. 385 número tercero del Código\n de Procedimiento Penal de 1983, argumentando con su escrito de\n interposición del recurso.- Al contrario, emplea una tergiversación\n de conceptos totalmente equivocados, al sostener que no ha existido\n reincidencias reiteración de infracciones que sin embargo.\n se decidió la acumulación de penas, para volver\n a repetir que no se ha considerado la prescripción de\n la acción en uno de los juicios, declarable de oficio.\n mii se tomó en cuenta la rebaja por motivo del año\n jubilar, aunque reconoce que se han dictado cuatro sentencias\n condenatorias, que están ejecutoriadas, por diversos delitos\n cometidos por él. SEGUNDO.- El recurso de revisión\n tiende a restablecer y reconocer el estado de inocencia de una\n persona que ha sido condenada por error de hecho, generalmente\n con pruebas falsas o ausencia de las mismas, con excepción\n de la causal sexta del Art. 385 del Código Procesal Penal,\n que rompiendo el espíritu del recurso de revisión,\n consigna como uno de los motivos para el mismo el error en la\n pena, que correspondiendo la de prisión, se ha dictado\n pena de reclusión, error enmendado, en el Código\n de Procedimiento Penal del 2000 en su Art. 360.- El recurso de\n revisión de naturaleza especial y extraordinaria, no permite\n corregir error de derecho, como insinúa el recurrente\n Argudo, caso de haberlo, que en la especie, por supuesto, no\n existe en este caso, el Tribunal Penal se ha limitado a unificar\n las cuatro penas impuestas, ciñéndose a la norma\n expresa del Art. 81, número primero del Código\n Penal, aceptando la disminución de un año de condena\n en aplicación del decreto del año jubilar. TERCERO.-\n La señora Ministra Fiscal General en su dictamen de fs.\n 237 pide que se rechace el recurso interpuesto, por considerar\n que, siendo el recurso de revisión un medio de impugnación\n de carácter extraordinario y eminentemente formal, para\n cuya procedencia el recurrente debe precisar una o varias de\n las causales señaladas en el Art. 385 del Código\n Adjetivo Penal, en el caso que se juzga no se ha hecho tal precisión,\n para conocer el fundamento de la pretensión de Edgar Alipio\n Argudo.- Por las consideraciones que anteceden, ADMINISTRANDO\n JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,\n se declara improcedente el recurso de revisión interpuesto\n y se ordena devolver el proceso.- Notifíquese.

\n\n

f.) Dr. Arturo J. Donoso Castellón, Magistrado.

\n\n

f) Dr. Milton Moreno Aguirre, Magistrado.

\n\n

f) Dr. Jorge Andrade Lara, Conjuez Permanente.

\n\n

Certifico.

\n\n

f) Dr. Honorato Jara Vicuña, Secretario Relator.

\n\n

Es fiel copia de su original.-Certifico.- Quito, 29 de abril\n del 2002.

\n\n

f) El Secretario Relator.

\n\n

 

\n\n

N0 151-02

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

\n\n

SEGUNDA SALA DE LO PENAL

\n\n

Quito, 1 de abril del 2002; las 11h00.

\n\n

VISTOS: El presente asunto viene a la Corte Suprema de Justicia\n para que se dirima el conflicto de competencia negativa, surgido\n entre las Tercera y Sexta salas de la Corte Superior de Guayaquil,\n en torno al juicio penal que por presunto delito de peculado\n bancario se sigue contra Carlos Julio Miranda. Alcivar y otros.-\n Para decidir, se considera: PRIMERO.- Con oficio N0 3345-JSPG-01\n de 12 de abril del 2001, el Juez Segundo de lo Penal del Guayas\n envía en alzada a la Sexta Sala de la Corte Superior de\n Guayaquil el proceso N0 1206-2000, por haber concedido recursos\n de apelación interpuestos por los sindicados Carlos Julio\n Miranda Alcívar, José Fagín Miranda Alcívar,\n José Arturo Vélez Silva, Luis Iván Espinosa\n Aguilera y Bernardo Montesinos Jaramillo, por el Intendente de\n Bancos de Guayaquil y por la Agente Fiscal Segunda de lo Penal\n del Guayas, disconformes con el auto resolutorio de carácter\n mixto expedido por el Juez antes mencionado, que abre la etapa\n del plenario para unos sindicados y sobresee provisionalmente\n a otros.- La Sexta Sala de la Corte Superior de Guayaquil en\n providencia de 17 de mayo del 2001 dispone remitir el juicio\n para que se proceda al sorteo pertinente por cuanto estima que\n el hecho de haber anteriormente dirimido un conflicto de competencia\n suscitado entre los jueces Segundo de lo Penal del Guayas y Primero\n de lo Penal del Azuay, no tiene como resultado que se radique\n también en esa Sala la competencia para conocer la causa\n penal principal.- Sorteado el juicio el 21 de mayo del 2001,\n su conocimiento recayó en la Tercera Sala de esa Corte\n Superior, la cual en providencia de 3 de agosto del mismo año\n dispone devolver la causa a la Sexta Sala por cuanto considera\n que ésta al haber dirimido la competencia antes referida\n conoció la causa principal; sostiene que estamos en presencia\n de la perpetuidad de la competencia, la que una vez fijada no\n se pierde por cambiar los factores que sirvieron de base para\n configurarla y concluye que la competencia para conocer la mencionada\n causa penal se encuentra, por tanto, radicada en la Sexta Sala.-\n La Sexta Sala, de conformidad en lo dispuesto en el Art. 870\n del Código de Procedimiento Civil y cumplidos los presupuestos\n del Art. 865 ibídem, ordena elevar los autos a la Corte\n Suprema de Justicia para que se dirima el conflicto surgido.\n SEGUNDO.- Como se sabe, el de competencia es un litigio sostenido\n entre jueces y no tiene relación directa con los derechos,\n hechos o pretensiones sometidas a la resolución del Juez\n que conoce la causa principal. No tiene influencia alguna en\n lo que constituye la materia litigiosa, ni la relación\n jurídico-procesal es afectada por la controversia que\n pudiere suscitarse entre jueces que relaman la competencia para\n conocer la cuestión. Es, como se advierte, un pleito ajeno\n en el cual no participan los sujetos procesales de la causa sustancial.-\n Por tanto, en el caso in examine, no es aplicable el inicio segundo\n del Art. 60 de la Ley Orgánica de la Función Judicial,\n precepto que se refiere únicamente a que la Sala que conoció\n un juicio, conserva la competencia para sustanciarlo y decidir\n cuantas veces suba en grado, sin que se requiera un nuevo sorteo.\n Luego, si la Sexta Sala no ha conocido anteriormente el juicio\n penal por presunto peculado bancario que se sigue contra Carlos\n Julio Miranda Alcívar y otros, es procedente el sorteo\n por el cual correspondió a la Tercera Sala conocer ese\n proceso. - Por las anteriores consideraciones esta Segunda Sala\n de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, "ADMINISTRANDO\n JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY",\n resuelve dirimir este conflicto de competencia en el sentido\n de disponer que la Tercera Sala de la Corte Superior de Guayaquil\n es la competente para conocer el juicio penal antes indicado.-\n Notifíquese.

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f) Dr. Arturo J Donoso Castellón, Magistrado.

\n\n

f) Dr. Milton Moreno Aguirre. Magistrado.

\n\n

f) Dr. Jorge Andrade Lata, Conjuez Permanente.

\n\n

Certifico.- f.) Dr. Honorato Jara Vicuña, Secretario\n Relator.

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Es fiel copia de su original.- Certifico.- Quito. 29 de abril\n del 2002.

\n\n

f) Secretario Relator.

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N0 152-02

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA DE LO PENAL

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Quito. 1 de abril del 2002; las 11h00.

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VISTOS: Este proceso llega a conocimiento de esta Segunda\n Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, por recurso\n de revisión planteado por Nayibe Caro Tafur. quien ha\n sido sentenciada por la Cuarta Sala de la Corte Superior de Justicia\n de Quito, a cumplir la pena modificada de ocho años de\n reclusión mayor ordinaria más la multa de sesenta\n salarios mínimos vitales, en aplicación del Art.\n 64 de la Ley de Sustancias Estupefacientes ~ Psicotrópicas.\n en concordancia con las atenuantes 6. 7 y 10 del Art. 29 del\n Código Penal, en armonía con el inciso segundo\n del Art. 72 ibídem.- Siendo esta Sala competente para\n conocer de este trámite. que se encuentra en estado de\n resolver, se hacen las siguientes consideraciones: PRIMERO -\n La revisión penal constituye una acción extraordinaria,\n porque ataca la inmovilidad de la cosa juzgada y que por lo mismo,\n exige el cumplimiento de requisitos ineludibles para que proceda\n la acción intentada. En el caso, la recurrente dice en\n su fundamentación (fs. 5 a 9 del cuadernillo del recurso)\n que pide revisar la sentencia por lo dispuesto en los ordinales\n sexto y séptimo del Art. 385 del Código de Procedimiento\n Penal de 1983 aplicable a la especie, numerales que tienen que\n ver con dos situaciones circunstanciales: la una con la posible\n reparación de un injusto contra una persona sentenciada\n a reclusión, cuando debía ser solo de prisión\n y la segunda, de acuerdo a lo que invoca la accionante, cuando\n en forma manifiesta se demuestre con nuevos hechos que quien\n ha sido sentenciado no es responsable del delito que se le ha\n imputado. En este proceso, la recurrente pretende fundamentar\n la revisión, exclusivamente refiriéndose a hechos\n que ya fueron analizados y ponderados, de acuerdo a la carga\n probatoria constante de autos, primero por el Tribunal Penal\n Primero de Pichincha y luego por la Cuarta Sala de la Corte Superior\n de Justicia de Quito y. en un largo alegato sin sustentación\n de nuevos hechos que permitan revisar la sentencia condenatoria,\n se pretende que la Sala vuelva a examinar hechos probatorios\n que ya fueron motivo del juzgamiento en dos niveles procesales:\n en efecto, en la fundamentación se dice que no se ha tomado\n en cuenta el testimonio indagatorio como prueba a su favor, que\n la sentencia actúo bajo amenaza o violencia, manifiesta\n que no se han considerado las atenuantes trascendental de su\n confesión voluntaria ni otras atenuantes del Código\n Penal Común y en su afán de buscar que se revise\n el fallo se remite a unas certificaciones obtenidas ante la Fiscalía\n de Colombia, para pretender demostrar que obró bajo amenazas\n que presuntamente le impidieron actuar en forma voluntaria y\n consciente, lo que equivale a decir que no hay un acto punible\n en la tenencia y transporte de las sustancias prohibidas que\n portaba en su propio cuerpo, como consta de autos, en la sentencia\n que se pretende impugnar, en la que en forma detallada y precisa\n los juzgadores llegan en forma lógica e inequívoca\n a determinar la responsabilidad penal de la recurrente, para\n imponer la pena que. en la especie, inclusive ha sido modificada\n rebajándola en beneficio de la sentenciada, sin que se\n observe ninguna circunstancia que haga procedente la revisión\n propuesta, aún en el caso de que se alegara que en documento\n practicado ante la Fiscalía de Colombia llegara a demostrar\n que hubo ausencia de acto por parte de la recurrente, puesto\n que del examen de esa documentación, no hay sustentación\n de hechos que demuestren la presencia real de un efecto inequívoco\n en la conciencia y voluntad de la sentenciada, como para que\n se acepte que no es responsable del delito por el que ha sido\n sancionada. Es decir, que la Sala no encuentra que exista en\n la fundamentación una prueba concluyente, como no sea\n lo que ya fue motivo de análisis por el juzgador inferior,\n no siendo aplicable el numeral séptimo del Art. 385 del\n Código de Procedimiento Penal de 1983, invocado por la\n recurrente. Tampoco procede la revisión por el ordinal\n sexto del mismo articulo mencionado, porque en el fallo analizado\n por la Sala se encuentra considerada la aplicación de\n las circunstancias atenuantes. SEGUNDO.- La Ministra Fiscal General\n del Estado (fs. 11 a 11 vta.). en forma precisa y concluyente\n manifiesta que en el caso, la sentenciada realizada en forma\n insuficiente un alegato que no sustenta la revisión que\n reclama, confundiendo la vía con la de la casación\n penal, al alegar que no se han valorado sus declaraciones presumarial\n e indagatoria y que tampoco se han considerado atenuantes contempladas\n en los Arts. 29 del Código Penal y 63 del Código\n de Procedimiento Penal, así como tampoco es procedente.\n dice la representante del Ministerio Público que se acepte\n ni el numeral sexto ni el séptimo del Código de\n Procedimiento Penal de 1983, esto es que se la haya sentenciado\n con reclusión cuando solamente debía sufrir prisión,\n ni, que, se haya demostrado con nuevos hechos que el sentenciado\n no es responsable del delito que se le ha imputado.- Por todas\n estas consideraciones la revisión alegada no puede prosperar,\n por lo que, la Segunda Sala de lo Penal, ADMINISTRANDO JUSTICIA\n EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, declara\n improcedente el recurso de revisión interpuesto y ordena\n devolver el proceso. Notifíquese.

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f.) Dr. Arturo J. Donoso Castellón, Magistrado.

\n\n

f.) Dr. Milton Moreno Aguirre. Magistrado.

\n\n

f) Dr. Jorge Andrade Lara. Conjuez Permanente.

\n\n

Certifico.- f.) Dr. Honorato Jara Vicuña, Secretario\n Relator.

\n\n

Es fiel copia de su original.- Certifico.- Quito, 29 de abril\n del 2002.

\n\n

f) Secretario Relator.

\n\n

 

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N0 166-02

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA DE LO PENAL

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Quito, 16 de abril del 2002: las 10h30.

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VISTOS: El señor Juez Primero de lo Penal del Napo,\n en providencia de 16 de febrero del 2001; las 08h13, se inhibe\n de conocer sobre los hechos ocurridos el 5 de febrero del mismo\n año en el aeropuerto Mayor Galo de la Torre de la ciudad\n del Tena, denunciados por el señor Marcelo Iván\n Ortega Cárdenas, Jefe del Aeropuerto, expresando que,\n por haberse decretado la movilización nacional por parte\n del señor Presidente de la República tales hechos\n debían juzgarse por la justicia militar, remite el expediente\n a la Corte de Justicia Militar, correspondiendo al Juez Penal\n de la Primera Zona Aérea, con residencia en Quito, el\n mismo que en providencia de 9 de marzo del 2001; las 08h30, considerando\n que los hechos se han cometido por personal civil, que la declaratoria\n del estado de emergencia 'y movilización nacional no suspendió\n ciertas garantías constitucionales, como la del debido\n proceso, consignada en el Art. 24 numeral 11 de la Constitución\n Política, que dispone que ninguna persona podrá\n ser distraída de su Juez competente. ni juzgada por tribunales\n de excepción o por comisiones especiales que se creen\n para el efecto, se inhibe a su vez de asumir competencia, plantean\n conflicto de competencia negativa y dispone devolver todo lo\n actuado al Juez Primero de lo Penal del Napo, este último,\n dando por preparada suficientemente e instruida la competencia,\n remite el proceso al superior, Corte de Justicia del Tena, para\n que dirima la competencia de acuerdo con el Art. 23, numeral\n 8 de la Ley Orgánica de la Función Judicial en\n concordancia con el Art. 865 del Código de Procedimiento\n Civil.- La Corte Superior de Justicia del Tena, en auto de 15\n de junio del 2001; las 11h00 se declara incompetente para dirimir\n tal conflicto de competencia, considerando que corresponde al\n Tribunal Superior del Juez provocante, que en el caso de conflicto\n negativo de competencia, es el que "requerido por otro se\n inhibe de conocer", aclarando que en el conflicto positivo\n de competencia, Juez provocante es el que reclama la competencia\n para sí, pero en el conflicto negativo, provocante es\n el Juez que rechaza la competencia, por lo que remite el expediente\n a la Corte Superior de Justicia de Quito, que es la que debe\n dirimir tal conflicto.- Finalmente, la Primera Sala de la Corte\n Superior de Quito, en providencia de 5 de julio del año\n en curso las 08h00, reflexionando que tanto el Juez Primero de\n lo Penal del Napo como el 'Juez Penal de la Primera Zona Aérea\n ejercen jurisdicción y competencia en el ámbito\n territorial de la provincia del Napo cuya capital es la ciudad\n del Tena, cuyos conflictos han de ser resueltos por la Corte\n Superior de Justicia del Tena, de conformidad con lo que estatuye\n el Art. 23, numeral séptimo de la Ley Orgánica\n de la Función Judicial, teniendo en cuenta además\n que el Juez provocante no es el Juez Penal Militar de la Primera\n Zona Aérea, quien simplemente ha mantenido una conducta\n pasiva al inhibirse de conocer de los hechos denunciados, quien\n está asistido de tal calidad de provocante, que ha promovido\n la inhibición al insistir en ella, generando el conflicto\n es el Juez de lo Penal del Tena, dispone devolver a dicha Corte\n Superior el expediente para los fines legales. -Por último\n la Corte Superior del Tena, en providencia de 18 de julio del\n año en curso; a las 15h00 en aplicación del Art.\n 13, numeral 14 inciso primero de la Ley Orgánica de la\n Función Judicial y resolución de la Corte Suprema\n de Justicia de 26 de noviembre de 1997, publicada en el R.O.\n S-213 de 11 de diciembre del mismo año, envía el\n expediente a la Oficina de Sorteos de la Corte Suprema de Justicia,\n para que dirima la competencia suscitada entre las dos cortes\n superiores, habiendo correspondido a la Segunda Sala de lo Penal\n por sorteo, la misma que para resolver considera: PRIMERO.- La\n Sala tiene competencia para dirimir el conflicto de competencia\n negativa producido entre las cortes superiores del Tena y de\n Quito, Primera Sala de conformidad con lo que dispone el Art.\n 13. número 14 de la Ley Orgánica de la Función\n Judicial en armonía con la resolución de la Corte\n Suprema de Justicia, publicada en el R.O. número 5-213\n de 11 de diciembre de 1997. SEGUNDO.- El conflicto a dirimirse\n es el de competencia negativa suscitado entre dos cortes superiores\n de Justicia, cuya competencia corresponde a la Corte de la jurisdicción\n del Juez provocante, que es, en el conflicto de competencia positiva,\n el Juez que reclama la inhibición de otro para avocar\n conocimiento él, y en el de competencia negativa, el que\n originó el conflicto, el que suscitó el problema\n mediante su inhibición, si se considera que, de conformidad\n con el diccionario de la Real Academia, provocar significa incitar,\n inducir a uno a que ejecute una cosa, irritar o estimular, mover\n y esta acción la realizó el Juez de lo Penal del\n Tena, sin cuya inhibición no se habría producido\n el conflicto.- Consiguientemente.
\n ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD\n DE LA LEY, se dirime la competencia a favor de la Corte Superior\n de Justicia del Tena, que tiene jurisdicción en el territorio\n del Juez provocante, para que sea la que, a su vez dirima la\n competencia planteada entre el Juez de lo Penal del Tena y el\n Juez Penal Militar de la Primera Zona Aérea.- Con costas\n y perjuicios a cargo de los señores ministros de la Corte\n Superior de Justicia del Tena Dres. Hernán Barros Noroña,\n Vinicio Torres Rosas y Jorge Cárdenas Carrión de\n conformidad con lo que dispone el Art. 867 del Código\n de Procedimiento Civil, a quienes se impone además la\n multa de ocho centavos de dólar equivalente a dos mil\n sucres. -Póngase en conocimiento de las cortes superiores\n de Quito
\n -Primera Sala- y del Tena, a la cual se remitirá el expediente.-\n Notifíquese.

\n\n

f) Dr. Arturo Donoso Castellón, Magistrado.

\n\n

f.) Dr. Milton Moreno Aguirre, Magistrado.

\n\n

f.) Dr. Jorge Andrade Lara, Conjuez Permanente.

\n\n

Certifico.- f) Dr. Honorato Jara Vicuña, Secretario\n Relator.

\n\n

Es fiel copia de su original.- Certifico.- Quito. 29 de abril\n del 2002.

\n\n

f.) Secretario Relator.

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N0 174-02

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA DE LO PENAL

\n\n

Quito, abril 23 del 2002; las 09h00.

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VISTOS: El encausado Christopher Oscar Eggelig Torres interpone\n recurso de casación. disconforme con la sentencia condenatoria\n pronunciada por el Primer Tribunal Penal de Pichincha, que impone\n al ahora recurrente la sanción de un año de prisión\n correccional, por encontrarlo autor responsable del delito de\n estafa configurado y reprimido en el Art. 563 del Código\n Penal.- La Sala, competente para conocer la impugnación,\n hace las siguientes consideraciones:
\n PRIMERO.- Sostiene el reo que en la sentencia que impugna se\n han violado los preceptos contenidos en el Art. 563 del Código\n Penal y en los Arts. 157 y 326 del Código de Procedimiento\n Penal.- Alega que no se han justificado los requisitos contemplados\n en el antes citado Art. 563 del Código Penal, por cuanto\n desde su punto de vista no existe apropiamiento de una cosa perteneciente\n a otra, ni la comprobación de que se haya hecho entregar\n fondos, muebles, obligaciones, finiquitos o recibos, así\n como tampoco se ha justificado dentro del proceso el motivo del\n giro y entrega del cheque protestado por cuenta cerrada.- Destaca\n que "el cheque protestado por cuenta cerrada, por sí\n solo no constituye y no configura el delito de estafa".-\n Reclama por qué no se ha tomado en cuenta los testimonios\n propios prestados por personas que conocen que el día\n del giro del cheque el recurrente se encontraba en la ciudad\n de Guayaquil, por lo cual no podía físicamente\n girar y entregar el cheque en la ciudad de Quito.- Censura que\n no se haya tomado en cuenta "la aceptación de la\n parte demandante de haber recibido el cheque en garantía,\n posfechado y a sabiendas de que el mismo se encontraba en cuenta\n cerrada, como manifiesta la parte actora en el escrito de fecha\n 25 de abril del 2000, el mismo que en supuesto caso pasaría\n a tener responsabilidad penal en el mismo y estaría inmerso\n en la Ley de Cheques, Art. 56".- Refiere que en los informes\n periciales de fs. 97 a 106 y de fs. 124 a 134, consta que el\n cheque fue dado en garantía y posfechado, que fue llenado\n en dos tiempos, con diferentes tintas y letras. Protesta que\n no se han tomado en cuenta facturas entregadas por la señora\n Katia Jaramillo mii las que obran de fs. 89 a 91.- Sostiene que\n no existe delito alguno por cuanto dentro del proceso ha demostrado\n que no existía el almacén de "Comandato"\n en el lugar y en la fecha en que aparece que giró y entregó\n el cheque.- Finalmente observa que no se ha tomado en cuenta\n que es el recurrente quien apeló a la decisión\n del Juez por cuanto le sobreseyó provisionalmente y que\n la parte actora se conformó con el fallo al no haber apelado\n el mismo.-Concluye solicitando se revoque la sentencia que impugna\n y que se dicte a su favor sobreseimiento definitivo tanto de\n su persona como del proceso. SEGUNDO.- Contestando la fundamentación\n del recurso, la señora Ministra Fiscal General opina que\n debe desechárselo por infundado.- Entre otras manifestaciones\n expresa que: "De lo anotado se infiere que Christopher Oscar\n Eggelig Torres al girar el cheque, hizo uso de una falsa calidad\n de titular de una cuenta corriente inexistente, porque fue él\n quien la canceló dos años atrás a la emisión\n de dicho instrumento bancario, que entregó a Comandato\n SA., como pago de una deuda, procediendo así maliciosamente\n con el propósito premeditado de causar perjuicio patrimonial\n directo al beneficiario, seguro de que jamás efectivizaría\n su cobro; produciéndose de esta manera, la consumación\n del delito de estafa, tipificado y sancionado por el Art. 563\n del Código Penal.- Consecuentemente, la valoración\n y calificación de la prueba fundamento de la sentencia,\n ha realizado el Tribunal juzgador. conforme a las reglas de la\n samia crítica, que le ha llevado a la convicción\n de que se encuentran plenamente justificada la existencia de\n la infracción y la responsabilidad penal del encausado,\n habiéndose cumplido de esta forma con lo prescrito en\n los Arts. 157 y 326 del Código Adjetivo Penal". TERCERO.-\n Para que prospere un recurso de casación, es de rigor\n que en el escrito de fundamentación se demuestre que en\n la sentencia que es censurada se ha producido la violación\n de la mioma por incurrirse en una de estas hipótesis:\n a) por quebrantar expresamente el texto legal aplicado; b) por\n aplicación indebida del precepto; o, c) por equivocada\n interpretación del mismo.- Así lo preceptúan\n el Art. 373 del Código de Procedimiento Penal de 1983\n y el Art. 349 del promulgado en enero del 2000. CUARTO.- No está\n en la esfera del recurso de casación volver a examinar\n la totalidad del proceso, cmi los hechos y en las cuestiones\n del derecho pues, en esencia, la casación se contrae a\n determinar la legalidad del fallo. No entraña transgresión\n de la ley el hecho que el Tribunal Penal desestime pruebas producidas\n por los sujetos procesales o que no acoja las argumentaciones\n legales esg

 

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