Registro Oficial. 20 de JUNIO del 2002

Jueves, 20 de junio de 2002

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

\n \n \n \n
   MES DE JUNIO DEL 2002
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 REGISTRO OFICIAL
ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR
Administración del Sr. Dr. Gustavo Noboa Bejarano
Presidente Constitucional de la República
\n

 

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Jueves 20 de Junio del 2002

\n

REGISTRO OFICIAL No. 601

\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n

DR. JOSE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR

\n\n

 
\n
FUNCION\n EJECUTIVA
\n  
\n ACUERDO:
\n  
\n MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS:
\n
 
\n 0028    Declárase\n oficialmente abandonado y cerrado el tramo de camino situado\n en el kilómetro 3+500 de la antigua carretera que de Quito\n iba a Nayón con las características y dimensiones\n constantes en el considerando primero de este acuerdo
\n  
\n
RESOLUCIONES:
\n  
\n CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CONATEL:
\n
 
\n 299-13-CONATEL-2002 Modificase las\n notas: EQA 185, EQA220, EQA230 y EQA235, del Plan Nacional de\n Frecuencias, publicado en el Registro Oficial 192 del 26 de octubre\n del 2000                         \n
\n  
\n
DIRECCION\n GENERAL DE LA MARINA MERCANTE Y DEL LITORAL:
\n
 
\n 175/02 Modificase el Acuerdo Ministerial\n N0 715-A del 16 de agosto del 2000, publicado en el Registro\n Oficial N0 156 del 5 de septiembre del 2000                \n
\n  
\n
EMPRESA\n NACIONAL DE CORREOS:
\n
 
\n 02 238 Dispónese que para la\n organización de seminarios de capacitación se contará\n con la debida documentación de respaldo enviada por la\n Dirección o Departamento que solicite dicho evento       \n       
\n  
\n 02 239 Refórmase el Reglamento\n de servicio programado para clientes de Expres Mail Service,\n publicado en el Registro Oficial N0 580 de 13 de mayo del 2002           \n
\n  
\n 02 240 Ratificase los derechos reconocidos\n refe-rente a la dotación de uniformes correspondientes\n al año 2002 a los funcionarios y empleados amparados en\n la Ley de Servido Civil y Carrera Administrativa        \n
\n  
\n
SUPERINTENDENCIA\n DE COMPAÑIAS:
\n
 
\n 02QIJ010 Expídese el Reglamento\n sobre los requi-sitos que deben contener el nombramiento del\n representante legal y el poder del factor de comercio de las\n compañías         \n
\n  
\n
CONTRALORÍA\n GENERAL:
\n
 
\n -    Lista de personas\n naturales y jurídicas que han incumplido contratos\n con el Estado, que han sido declaradas como adjudicatarios fallidos\n y que han dejado de constar en el Registro de Contratistas Incumplidos\n y Adjudicatarios Fallidos  
\n  
\n
FUNCION\n JUDICIAL
\n

\n CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SALA ESPECIALIZADA DE LO FISCAL:

\n  
\n
Recursos de\n casación en los juicios seguidos por las siguientes personas:
\n  
\n 5-99  Gasolinera PILALO\n en contra del Ministerio de Finanzas y Crédito Público
\n  
\n 22-2000 Gasolinera "Los\n Sauces" en contra del Ministerio de Finanzas y Crédito\n Público
\n  
\n 91-2000 Banco Popular SA en contra\n del Director del Departamento Financiero Municipal del Distrito\n Metropolitano            \n
\n  
\n 93-2000  Importadora Andina\n SA en contra de la Directora General de Servicio de Rentas Internas                         \n
\n  
\n 95-2000 Empresa OLEICA SA en\n contra del Administrador del Primer Distrito de la Corporación\n Aduanera Ecuatoriana    
\n  
\n 99-2000 Corporación Ecuatoriana\n de Licores y Alimentos SA CELYASA en contra de la Directora General\n de Servicio de Rentas Internas                         \n
\n  
\n 104-2000 Industrias Generales\n Ecuatorianas SA INGESA en contra de la Directora General de Servicio\n de Rentas Internas        \n
\n  
\n 109-2000 Presidente de la Asociación\n de Industriales Textiles del Ecuador en contra de la Directora\n General de Servicio de Rentas Internas27                         \n
\n  
\n 159-2000  Productos Rocafuerte\n CA en contra del Gerente del Primer Distrito de la Corporación\n Aduanera Ecuatoriana    
\n  
\n 163-2000 Ing Com Julio Alejandro\n Moreno Govea en contra del Administrador de Aduanas del Primer\n Distrito                 \n
\n  
\n 164-2000 Importadora BACUS SA\n en contra del Administrador del V Distrito de Aduanas
\n  
\n 167-2000  Marco Vinicio\n Dávila León en contra del Gerente del Primer Distrito\n de la Corporación Aduanera Ecuatoriana33    \n
\n  
\n 180-2000  Vendedores Asociados\n Cía Ltda en contra del Director General de Servicio de\n Rentas Internas                          
\n  
\n 189-2000  Empresa Mack's\n Entertainment SA en contra del Director Financiero del Municipio\n del Distrito Metropolitano de Quito35                           \n
\n  
\n 46-2001  Magnetat Delacretaz\n Jean Pierre en contra del Director General de Servicio de Rentas\n Internas                         \n
\n  
\n 77-2001  Motorisa SA en\n contra del Director Regional del Servicio de Rentas Internas\n del Austro                       \n
\n  
\n 87-2001  Empresa "Dinformática\n SA" en contra del Ministerio de Finanzas y Crédito\n Público                          \n
\n  
\n 92-2001 Oriflame del Ecuador\n en contra del Gerente Distrital de Aduanas de Quito 
\n  
\n 13-2002  Empresa INCABLE\n SA en contra de la Directora General de Servicio de Rentas Internas                         \n
\n  
\n
ACUERDO\n DE CARTAGENA
\n  
\n PROCESOS:
\n
 
\n 9-IP-2002  Solicitud de\n interpretación prejudicial de los artículos 81,\n 83 literal a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión\n del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado\n de la República de Colombia Expediente Interno N0 6120\n Actor: United Parcel Service of America INC Marca: "UBS\n Unión Bank of Switzerland"    \n
\n  
\n 12-IP-2002 Interpretación\n prejudicial de los artículos 81, 82 y 83 literal a) de\n la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena,\n solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso\n Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador\n Actor: EMPRESA COLOMBIANA DE CLAVOS SA EMCOCLAVOS SA Marca: "EL\n LEGENDARIO VENCEDOR" Proceso interno N0 5857-237-99-EG          \n
\n  
\n
ORDENANZAS\n MUNICIPALES:
\n
 
\n
- Cantón\n Santo Domingo: Que expide el proyecto de reforma a la Ordenanza\n sustitutiva mediante el cual se norma el funcionamiento y servicio\n del matadero municipal                        \n
\n  
\n - Cantón Montúfar: Que\n crea la bonificación como incentivo para la jubilación,\n o renuncia voluntaria a los empleados amparados bajo la Ley de\n Servicio Civil y Carrera Administrativa        \n
\n  
\n - Cantón Pastaza: Que\n reforma la Ordenanza para el cobro de la tasa por aferición\n de pesas y medidas          \n
\n  
\n - Cantón Pastaza: Que\n reforma a la Ordenanza para la determinación, administración,\n control y recaudación del impuesto a ¡os espectáculos\n públicos
\n  
\n Cantón Pastaza: Que reforma\n la Ordenanza para la determinación, control y recaudación\n del impuesto anual al juego
\n

\n \n
\n

 

\n\n

N0\n 0028

\n\n

EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

\n\n

Considerando:

\n\n

Que la Dirección General de Obras Públicas,\n a través del Juzgado Nacional de Caminos, mediante Resolución\n No. 876-JNC de enero 3 de 1998, ha procedido a calificar como\n sin uso y abandonado el fragmento de aproximadamente ciento ochenta\n y ocho metros con setenta centímetros de largo por ocho\n metros de ancho, dando un área de mil quinientos nueve\n metros con sesenta centímetros cuadrados, de la antigua\n carretera Quito-Nayón kilómetro 3+500, en el sector\n Caitapicho, barrio Las Palmas, parroquia Nayón que atraviesa\n la propiedad de Guadalupe Tamayo Guerrero, con las características\n expresadas en el informe y levantamiento planimétrico\n realizado por el ingeniero Ricardo Sáenz, en ese entonces\n Jefe de Area 3, Zona 1 de Mantenimiento Vial del Ministerio de\n Obras Públicas y Comunicaciones constante en oficio 331-A3-ZI-MV\n de 24 de noviembre de 1988, que se ha incorporado a la resolución\n como parte integrante, para los fines de ley;

\n\n

Que con oficio No. 039-02-DPP-E de 7 de marzo del 2002, el\n Ing. Marco Grijalva Terán, Director Provincial del MOP\n de Pichincha, indica que ya no existe el fragmento del camino\n referido, ratificándose, consecuentemente, lo resuelto;\n y,

\n\n

Que es atribución del Ministerio de Obras Públicas\n y Comunicaciones, acorde a lo establecido en el Decreto No. 914,\n publicado en el Registro Oficial No. 127 de 12 de diciembre de\n 1963, declarar el cierre de las vías públicas que\n no son utilizadas, para que pasen a ser bienes fiscales, que\n luego podrán ser destinados para los fines que se estimen\n más convenientes,

\n\n

Acuerda:

\n\n

ARTICULO PRIMERO.- Declarar oficialmente abandonado y cenado\n el tramo de camino situado en el kilómetro 3+500 de la\n antigua carretera que de Quito iba a Nayón con las características\n y dimensiones constantes en el considerando primero de este acuerdo;\n terrenos que en virtud de esta declaratoria dejan de ser bienes\n nacionales de uso público para pasar a ser bienes fiscales.

\n\n

ARTICULO SEGUNDO.- Promúlgase este acuerdo ministerial\n en el Registro Oficial encárguese de su ejecución\n al señor Director General de Obras Públicas, Juez\n Nacional de Caminos.

\n\n

Dado en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones,\n Distrito Metropolitano de Quito, a 11 de junio del 2002.

\n\n

f.) Ing. José Macchiavello Almeida, Ministro de Obras\n Públicas y Comunicaciones.

\n\n

 

\n\n

N0 299-13-CONATEL-2002

\n\n

CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES,\n CONATEL

\n\n

Considerando:

\n\n

Que el Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones\n Reformada, publicado en el Registro Oficial 404 del 4 de septiembre\n del 2001, establece que entre las atribuciones del CONATEL corresponde\n regular la prestación de los servicios de telecomunicaciones\n y el uso del espectro radioeléctrico;

\n\n

Que el Plan Nacional de Frecuencias se aprobó mediante\n Resolución 393-18-CONATEL-2000 del 28 de septiembre del\n 2000 y se publicó en el Registro Oficial 192 del 26 de\n octubre del 2000;

\n\n

Que existe solicitudes por parte del CONARTEL en el sentido\n de utilizar espectro radioeléctrico asignado para los\n servicios de radiodifusión y televisión en los\n rangos asignados en las notas nacionales relacionadas al Cuadro\n Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias del Plan\n Nacional de Frecuencias: EQA.185, EQA.220 y EQA.230 y EQA.235;\n y,

\n\n

En uso de sus atribuciones,

\n\n

Resuelve:

\n\n

ARTICULO UNO. En las notas: EQA.185, EQA.220, EQA.230 y EQA.235,\n del Plan Nacional de Frecuencias, publicado en el Registro Oficial\n 192 del 26 de octubre del 2000, se suprime el texto "a partir\n de julio del 2003".

\n\n

ARTICULO DOS. La presente resolución es de ejecución\n inmediata sin perjuicio de su publicación en el Registro\n Oficial.

\n\n

Dado en Quito. 6 de junio del 2002.

\n\n

f) Ing. José Pileggi Véliz, Presidente del CONATEL.

\n\n

f) Dr. Julio Martínez-A., Secretario del CONATEL.

\n\n

CERTIFICO que es fiel copia del original.- f) Secretario CONATEL.

\n\n

 

\n\n

N0 175/02

\n\n

DIRECCION, GENERAL DE LA MARINA MERCANTE\n Y DEL LITORAL

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, con Acuerdo Ministerial No. 715 - A del 16 de agosto\n del 2000, publicado en el Registro Oficial No. 156 del 5 de septiembre\n del 2000, se expidió el nuevo Reglamento de Derechos por\n Servicios Prestados por la Dirección General de la Marina\n Mercante y del Litoral y Capitanías de Puerto de la República;

\n\n

Que, con las resoluciones DIGMER No. 168/02 y No. 173/02 del\n veintinueve de mayo del dos mil dos, se estableció la\n especialidad de Estibador de Frutas y los requisitos que éste\n debe presentar para obtener la matrícula respectivamente;

\n\n

Que, es necesario incluir en el Art. 30°, literal B.-\n PERSONAL DE TIERRA y PORTUARIO una nueva especialidad con su\n respectivo valor a pagar por la concesión de matrícula;\n y,

\n\n

En uso de las atribuciones contenidas en el Art. 430 del reglamento\n mencionado en el primer considerando.
\n Resuelve:

\n\n

Art. 1.- Conforme a las disposiciones contenidas en el Art.\n 48 Reglamento por Servicios prestados por la Dirección\n General de la Marina Mercante y del Litoral y Capitanías\n de Puerto de la República, incluir en el Art. 300, literal\n B.- PERSONAL DE TIERRA y PORTUARIO la siguiente especialidad\n y su respectivo valor a pagar por concesión de matrícula\n como a continuación se expresa:

\n\n

* ESTIBADOR DE FRUTAS con un valor de U.S.$ 3.00 por concesión\n de matrícula.

\n\n

Art. 2.- Esta resolución entrará en vigencia\n a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial.

\n\n

Dada en Guayaquil, a los cinco días del mes de junio\n del año dos mil dos.

\n\n

f.) Héctor Holguín Darquea. Capitán de\n Navío - EMC, Director General de la Marina Mercante.

\n\n

 

\n\n

N0 02 238

\n\n

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA\n NACIONAL DE CORREOS

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, la Empresa Nacional de Correos es una entidad de derecho\n público, con personería jurídica, con patrimonio\n propio, presupuesto especial y autonomía administrativa\n y financiera, y que de acuerdo al Decreto Ejecutivo 1494, publicado\n en el Suplemento del Registro Oficial No. 321 de 18 de noviembre\n de 1999, emitido por el señor Presidente Constitucional\n de la República, mediante el cual dispone la delegación\n de los servicios postales actualmente a cargo de la Empresa Nacional\n de Correos a la iniciativa privada, y la supresión de\n la misma encargándose de este proceso al Consejo Nacional\n de Modernización del Estado CONAM

\n\n

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 4 del mencionado\n Decreto Ejecutivo No. 1494, la Empresa Nacional de Correos deberá\n continuar operando y ejerciendo la representación postal\n oficial del Estado, hasta que culmine el proceso de delegación;

\n\n

Que, la Empresa Nacional de Correos desarrolla constantemente\n seminarios de capacitación para los funcionarios y empleados\n de la institución a nivel nacional;

\n\n

Que, para la organización de algunos de estos seminarios\n se ha convenido en brindar a los participantes alimentación\n y hospedaje sin costo para ellos, los que son cubiertos por la\n Empresa Nacional de Correos; y,

\n\n

Que, en uso de sus facultades legales,

\n\n

Resuelve:

\n\n

Art. 1.- Cuando se disponga la organización de seminarios\n de capacitación se contará con la debida documentación\n de respaldo enviada por la dirección o departamento que\n solicite dicho evento, dentro de los documentos se deberá\n remitir el presupuesto para la realización del seminario,\n el que podrá ser aprobado o negado por parte de la máxima\n autoridad.

\n\n

Art. 2.- En caso de que se apruebe el presupuesto del evento,\n en el que se incluya alimentación y hospedaje, y los costos\n sean asumidos por la Empresa Nacional de Correos, no se concederá\n viáticos ni subsistencias a los funcionarios y empleados\n asistentes, cuando tengan que salir de su jurisdicción,\n proporcionándose por parte de la institución únicamente\n el transporte.

\n\n

Art. 3.- Del cumplimiento de la presente resolución\n encárguese al señor Director Financiero y de Recursos\n Humanos de la Empresa Nacional de Correos.

\n\n

Esta resolución entrará en vigencia a partir\n de su publicación en el Registro Oficial.

\n\n

Dado y firmado en la ciudad de Quito, a los 28 días\n del mes de mayo del año 2002.

\n\n

f.) Ing. Gonzalo Vargas San Martín, representante legal\n de la Empresa Nacional de Correos.

\n\n

CERTIFICO es fiel copia del original.- f.) Lcdo. Jorge F.\n Canelos V., Secretario General, Empresa Nacional de Correos.-\n 10 de junio del 2002.

\n\n

 

\n\n

N0 02 239

\n\n

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA\n NACIONAL DE CORREOS

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, la Empresa Nacional de Correos es una entidad de derecho\n público, con personería jurídica, con patrimonio\n propio, presupuesto especial y autonomía administrativa\n y financiera, y que de acuerdo al Decreto Ejecutivo 1494, publicado\n en el Suplemento del Registro Oficial No. 321 de 18 de noviembre\n de 1999, emitido por el señor Presidente Constitucional\n de la República, mediante el cual dispone la delegación\n de los servicios postales actualmente a cargo de la Empresa Nacional\n de Correos a la iniciativa privada, y la supresión de\n la misma encargándose de este proceso al Consejo Nacional\n de Modernización del Estado CONAM

\n\n

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 4 del mencionado\n Decreto Ejecutivo No. 1494, la Empresa Nacional de Correos deberá\n continuar operando y ejerciendo la representación postal\n oficial del Estado, hasta que culmine el proceso de delegación;

\n\n

Que, la Empresa Nacional de Correos desarrolla sus actividades\n en un mercado postal dinámico y altamente competitivo\n ante lo cual es imprescindible otorgar a los clientes confianza\n en el servicio e igualdad de condiciones para que puedan acceder\n al mismo;

\n\n

Que, el Reglamento de Servicio Programado para Clientes de\n Express Mail Service (EMS), publicado en el Registro Oficial\n No. 580 de 21 de mayo del 2002, exige en su Art. 12 el otorgamiento\n de una garantía de cobro inmediato del cliente para la\n institución, lo que ha constituido una traba para la comercialización\n de este servicio, debido a la negativa por parte de los clientes\n en otorgar una garantía de cobro inmediato;

\n\n

Que, de acuerdo con lo establecido en el Art. 27 de la Ley\n General de Correos, la institución puede aplicar la jurisdicción\n coactiva para cobrar las obligaciones no canceladas a ella; y,

\n\n

Que, en uso de sus facultades legales,

\n\n

Resuelve:

\n\n

Art. 1.- Reformar el Reglamento de Servicio Programado para\n Clientes de Express Mail Service, publicado en el Registro Oficial\n No. 580 de 13 de mayo del 2002, sustituyendo únicamente\n el Art. 12 por el siguiente:

\n\n

"Art. 12.- Las obligaciones que no fueren canceladas\n por los clientes, serán cobradas aplicando la jurisdicción\n coactiva otorgada a la Empresa Nacional de Correos con arreglo\n a las disposiciones de la Ley General de Correos, Código\n de Procedimiento Civil y demás normas Reglamentarias.".

\n\n

Art. 2.- La presente resolución entrará en vigencia\n a partir de su publicación en el Registro Oficial.

\n\n

Dado y firmado en la ciudad de Quito, a los 28 días\n del mes de mayo del año 20021

\n\n

f.) Ing. Gonzalo Vargas San Martín, representante legal\n de la Empresa Nacional de Correos.

\n\n

CERTIFICO es fiel copia del original.- f.) Lcdo. Jorge F.\n Canelos V., Secretario General, Empresa Nacional de Correos.-\n 10 de junio del 2002.

\n\n

 

\n\n

N0 02 240

\n\n

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA\n NACIONAL DE CORREOS

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, la Empresa Nacional de Correos es una entidad de derecho\n público, con personería jurídica, con patrimonio\n propio, presupuesto especial y autonomía administrativa\n y financiera, y que de acuerdo al Decreto Ejecutivo 1494, publicado\n en el Suplemento del Registro Oficial No. 321 del 18 de noviembre\n de 1999, emitido por el señor Presidente Constitucional\n de la República, dispone la delegación de los servicios\n postales actualmente a cargo de la Empresa Nacional de Correos\n a la iniciativa privada y la supresión de la misma, encargándose\n de este proceso al Consejo Nacional de Modernización del\n Estado CONAM;

\n\n

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 4 del mencionado\n Decreto Ejecutivo No. 1494, la Empresa Nacional de Correos deberá\n continuar orando y ejerciendo la representación postal\n oficial del Estado, hasta que culmine el proceso de delegación;

\n\n

Que, el numeral 3 del Art. 35 de la Constitución Política\n establece que: "El Estado garantizará la intangibilidad\n de los derechos reconocidos a los trabajadores, y adoptará\n las medidas para su ampliación y mejoramiento";

\n\n

Que, el Art. 35 numeral 6 de la Constitución Política\n del Estado, establece que, "En caso de duda sobre el alcance\n de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales\n en materia laboral, se aplicarán en el sentido más\n favorable a los trabajadores";

\n\n

Que, además al existir precedentes sobre este beneficio\n otorgado a los funcionarios amparados por la Ley de Servicio\n Civil y Carrera Administrativa, constituye un derecho adquirido\n conforme se desprende de las resoluciones Nos. 076 y 038 publicadas\n en el Registro Oficial No. 268 de 16 de febrero del 2001; y,

\n\n

Que, la Empresa Nacional de Correos, tiene presupuesto propio\n y dispone de los recursos económicos suficientes, para\n proceder a reconocer el pago de uniformes a los funcionarios\n y empleados amparados en la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa\n bajo la partida presupuestaria No. 4531-00-M900-000-0000-5308000001\n "BIENES DE USO Y CONSUMO",

\n\n

Resuelve:

\n\n

Art. 1.- Ratificar los derechos reconocidos referente a la\n dotación de uniformes correspondientes al año 2002\n a los funcionarios y empleados amparados en la Ley de Servicio\n Civil y Carrera Administrativa de la Empresa Nacional de Correos,\n conforme se ha venido reconociendo año tras año\n o, a su vez, mediante el pago del equivalente cotizado a la fecha\n actual.

\n\n

Art. 2.- El beneficio a que hace referencia el articulo anterior\n será en la cantidad de USD 200,oo.

\n\n

Art. 3.- De la ejecución de la presente resolución\n encárguese al señor Director Financiero de la institución.

\n\n

Art. 4.- Esta resolución entrará en vigencia\n a partir de su publicación en el Registro Oficial.

\n\n

Dado en el despacho del señor representante legal de\n la Empresa Nacional de Correos en la ciudad de Quito, a 28 de\n mayo del 2002.

\n\n

f) Ing. Gonzalo Vargas San Martín, representante legal\n de la Empresa Nacional de Correos.

\n\n

CERTIFICO es fiel copia del original.- f) Lcdo. Jorge F.
\n Canelos V., Secretario General, Empresa Nacional de
\n Correos.- 10 de junio del 2002.

\n\n

 

\n\n

No. 02.Q.IJ.010

\n\n

Doctor Xavier Muñoz Chávez
\n SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS

\n\n

Considerando:

\n\n

Que mediante Resolución No. 00.Q.IJ.018 de 29 de noviembre\n del 2000, publicada en el R.O. No. 223 de 13 diciembre del mismo\n año, se expidió el Reglamento sobre los requisitos\n que deben contener los nombramientos de los administradores que\n ejerzan la representación legal;

\n\n

Que es necesario incorporar en el citado reglamento ciertas\n modificaciones, así como algunas normas en relación\n a los poderes que, de acuerdo con lo previsto en los artículos\n 120 y 121 del Código de Comercio, deben extenderse a favor\n de los factores de comercio de las sucursales de las compañías\n que las tuvieren;

\n\n

Que el articulo 433 de la Ley de Compañías faculta\n al Superintendente expedir las regulaciones, reglamentos y resoluciones\n que fueren necesarios para el buen gobierno y vigilancia de las\n compañías sujetas a su control; y,

\n\n

En ejercicio de las atribuciones que le concede la ley,

\n\n

Resuelve:

\n\n

Expedir el siguiente Reglamento sobre los requisitos que deben\n contener el nombramiento del representante legal y el poder del\n factor de comercio de las compañías, en estos términos:

\n\n

ARTICULO PRIMERO.- El nombramiento del representante legal\n contendrá:

\n\n

a) La fecha de su otorgamiento;

\n\n

b) El nombre de la compañía, así como\n los nombres y apellidos de la persona natural, o bien el nombre\n de la compañía en cuyo favor se lo extendiere;

\n\n

c) La fecha del acuerdo o resolución del órgano\n estatutario que hubiere hecho la designación o, en su\n caso, la mención de la cláusula del contrato social\n en que ella conste;

\n\n

d) El cargo o función a desempeñarse;

\n\n

e) El periodo de duración del cargo;

\n\n

f) La enunciación de que la persona natural o la compañía\n designada ejercerá la representación legal, judicial\n y extrajudicial de la compañía, sola o conjuntamente\n con otro u otros administradores;

\n\n

g) La fecha de otorgamiento de la escritura pública\n en que consten las atribuciones vigentes del representante legal,\n el Notario que autorizó esa escritura y la fecha de su\n inscripción en el Registro Mercantil;

\n\n

h) El nombre y la firma autógrafa de la persona que\n extienda por la compañía el nombramiento; e,

\n\n

i) La aceptación del cargo, al pie del nombramiento,\n de parte de la persona natural en cuyo favor se lo hubiere discernido.\n Si el nombramiento se hubiera extendido a una compañía,\n tal aceptación la hará su representante legal,\n a nombre de ella. En cualquier caso se indicará el lugar\n y la fecha en que esa aceptación se hubiere producido.

\n\n

ARTICULO SEGUNDO.- El nombramiento será inscrito en\n el Registro Mercantil del domicilio principal de la compañía,\n dentro de los treinta días posteriores a la fecha de la\n designación. El registrador inscribirá el nombramiento\n del representante legal, aun después de fenecido el plazo\n señalado anteriormente y comunicará el particular\n al Superintendente de Compañías para efecto de\n la imposición de la multo prevista en el articulo 14 de\n la Ley de Compañías.

\n\n

ARTICULO TERCERO.- Si la compañía tuviere sucursal,\n se inscribirá en el Registro Mercantil del domicilio de\n ella el poder extendido a su factor de comercio por el representante\n legal de la compañía, previa autorización\n del órgano estatutario que haya designado a este último.

\n\n

El poder contendrá todos los actos que comprende la\n administración de la sucursal, así como las facultades\n necesarias al buen desempeño del encargo, a menos que\n el representante legal las restrinja expresamente en dicho poder.

\n\n

ARTICULO CUARTO.- De conformidad con el inciso cuarto del\n articulo 18 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones\n y Prestación de Servicios Públicos por parte de\n la Iniciativa Privada, ninguna autoridad podrá exigir\n para la inscripción de los nombramientos o poderes a los\n que se refiere el presente Reglamento, otros requisitos que no\n sean los que en el se prevén.

\n\n

ARTICULO QUINTO.- Derógase la Resolución No.\n 00.Q.IJ.018 de 29 de noviembre del 2000, publicada en el R.O.\n No. 223 de 13 de diciembre del mismo año.

\n\n

La presente resolución entrará en vigencia desde\n la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en\n el Registro Oficial.

\n\n

Comuníquese y publíquese.- Dada y firmada en\n la Superintendencia de Compañías, en Quito, Distrito\n Metropolitano, a 11 de junio del 2002.

\n\n

f) Dr. Xavier Muñoz Chávez, Superintendente\n de Compañías.

\n\n

Es fiel copia del original.- Certifico.- Quito, 11 de junio\n del 2002.

\n\n

f) Dr. Víctor Cevallos Vásquez, Secretario General.

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

CONTRALORIA GENERAL

\n\n

Oficio N0 18578 SGEN.D

\n\n

SECRETARIA GENERAL

\n\n

Nómina Contratistas Incumplidos

\n\n

Quito, 5 de junio del 2002.

\n\n

Señor doctor
\n Jorge Arturo Morejón Martínez
\n Director del Registro Oficial
\n Tribunal Constitucional
\n Ciudad

\n\n

Señor Director:

\n\n

De conformidad con lo prescrito en el artículo 138\n del Reglamento General a la Ley de Contratación Pública,\n agradeceré a usted disponer se publique en un ejemplar\n del Registro Oficial la lista de personas naturales y jurídicas\n que han incumplido contratos con el Estado, que han sido declaradas\n como adjudicatarios fallidos y que han dejado de constar en el\n Registro de Contratistas Incumplidos y Adjudicatarios Fallidos.

\n\n

INHABILITADOS

\n\n

Personas Naturales Entidad
\n Ing. Jorge Guillermo Municipio de Cuenca
\n Criollo Sari

\n\n

Arq. Oswaldo Gonzalo Consejo Provincial de
\n Pinzón Ríos 070215526-8 Sucumbíos

\n\n

Manuel Claudio Galana Instituto Nacional Autónomo
\n 050090976-7 de Investigaciones Agrope-cuarias,\n INIAP

\n\n

Fabián Moreno Nicolaide Instituto Nacional\n Autónomo
\n 170244042-8 de Investigaciones Agrope-cuarias,\n INIAP

\n\n

Juan García Escobar Ministerio de\n Obras Públicas
\n 090925355-1

\n\n

Enrique Elao Portilla Ministerio de Obras\n Públicas
\n 090766858-6

\n\n

Fanny Rosa Miranda Ruiz Consejo Provincial de Napo
\n 150020229-4

\n\n

Ing. Joselito Iván Santana Municipio La Joya\n de los
\n Freire 180147335-4 Sachas

\n\n

HABILITADOS

\n\n

Personas Naturales
\n Ing. Nelson Humberto Diaz Fondo de Inversión Social\n de
\n Caicedo 060130906-5 Emergencia, FISE

\n\n

Arq. Víctor Cevallos Municipio Distrito\n Metro-
\n Salazar politano de Quito

\n\n

Arq. Raúl Estuardo Araujo Plan Emergente del
\n Salvador 170346809-8 Ministerio de Educación,\n Cultura, Deportes y
\n Recreación-PLANEMEC
\n HABILITADOS

\n\n

Personas Naturales Entidad

\n\n

Econ. Rosa Valarezo Cedeño Empresa de Agua Potable
\n 130176852-7 y Alcantarillado de Manta\n - EAPAM

\n\n

Ing. Mauricio Germán Fante Municipio del\n cantón Mira
\n 100 12 1690-0

\n\n

Ing. Jacinto Fabián Municipio\n del cantón Mira
\n Marroquín Gordillo

\n\n

Dr. Fernando Ferro Torre, Comisión de Control
\n CC. 170325041-3 Cívico de la Corrupción

\n\n

Fernando Eloy Ferro Comisión\n de Control
\n Albornoz, CC. 170646281-7 Cívico de la Corrupción

\n\n

Giovanni Marcelo Ferro Comisión\n de Control
\n Albornoz, CC. 170854319-2 Cívico de la Corrupción

\n\n

Maria de Lourdes Ferro Comisión\n de Control
\n Albornoz, CC. 170850405-3 Cívico de la Corrupción

\n\n

María José Ferro Albornoz, Comisión\n de Control
\n CC. 171023498-8 Cívico de la Corrupción

\n\n

Personas Jurídicas

\n\n

Sociedad de Construcciones Dirección General
\n Metalcas SA. Metálicas SA. Aviación Civil
\n SOCOMETAL 42366-85

\n\n

Consultora Durango Vela Banco del Estado\n Cía. Ltda. 50501

\n\n

Compañía FERROTE SA. Comisión\n de Control
\n 12237-74 Cívico de la Corrupción

\n\n

Atentamente,

\n\n

Dios, Patria y Libertad

\n\n

Por el Contralor General del Estado,

\n\n

f) Dr. Manuel Antonio Franco, Secretario General de la Contraloría.

\n\n

 

\n\n

N0 5-99

\n\n

EN EL JUICIO DE IMPUGNACION QUE SIGUE\n EL SEÑOR AUGUSTO MERIZALDE, PROPIETARIO DE LA GASOLINERA\n PILALO EN CONTRA DEL MINISTRO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO.\n

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SALA ESPECIALIZADA DE LO FISCAL

\n\n

Quito; 11 de abril del 2002; las 12h00.

\n\n

VISTOS: El Dr. René Palacios Aguirre, en calidad de\n Procurador de la Autoridad Tributaria Fiscal, interpone recurso\n de casación de la sentencia dictada por la Primera Sala\n del Tribunal Distrital de lo Fiscal N° 1 el 7 de julio de\n 1998 en el juicio de impugnación N0 17625-863 deducido\n por Augusto Merizalde, propietario de la gasolinera PILALO en\n contra del Subsecretario General del Ministerio de Finanzas y\n Crédito Público, con la cual, aceptando la demanda\n del actor, ha dejado sin efecto la Resolución N0 052,\n expedida por la autoridad demandada el 19 de marzo de 1997. Concedido\n el recurso y corrido traslado al señor Augusto Merizalde,\n ha comparecido mediante escrito de 10 de febrero de 1999, que\n obra de fojas 7 a 27 del cuaderno de casación. Habiéndose\n pedido autos para resolver, se considera: PRIMERO.- La Sala Especializada\n de la Corte Suprema de Justicia es competente para conocer y\n resolver el recurso de conformidad con el Art. 1 de la Ley de\n Casación. SEGUNDO.- El Procurador de la Autoridad Tributaria\n Fiscal fundamento el recurso en las causales primera y tercera\n del Art. 3 de la Ley de Casación, manifestando que las\n disposiciones legales incumplidas en la sentencia recurrida son\n las siguientes: 1.- El Art. 19 de la Ley 051, reformatoria de\n la Ley de Régimen Tributario Interno, publicada en el\n Registro Oficial N0 349 de 31 de diciembre de 1993, que creó\n los artículos innumerados a continuación del Art.\n 26 de la Ley de Régimen Tributario Interno. 2.- El Art.\n 63 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen\n Tributario Interno. 3.- Los artículos 9, 20, 132, 139,\n 144, 273, 277, 285 y 288 del Código Tributario. 4.- Los\n artículos 10 y 1731 del Código Civil. Fundamentando\n el recurso expresa que por delegación legal del Ministro\n de Finanzas y Crédito Público, el Subsecretario\n General expidió la Resolución N0 052 de 19 de marzo\n de 1997, en el recurso de revisión propuesto por el Director\n General de Rentas mediante oficio N0 00179 de 20 de mayo de 1996,\n declarando la nulidad del convenio tributario de 29 de diciembre\n de 1995, suscrito entre el actor y el Director General de Rentas\n encargado, fundamentado en el numeral 1 del Art. 139 del Código\n Tributario, al considerar que no se había cumplido con\n las formalidades previstas en el Art. 19 de la Ley 051, publicada\n en el Registro Oficial N0 349 de 31 de diciembre de 1993 y en\n el Art. 63 del Reglamentó de Aplicación de la Ley\n de Régimen Tributario Interno, por cuanto se violaron\n íntegramente las disposiciones legales aplicables a la\n determinación de las obligaciones tributarías a\n través de la forma de determinación mixta identificada\n como convenio tributario. Que a pesar de la convicción\n de que en la firma del convenio se incumplieron las disposiciones\n legales y reglamentarias, el señor Augusto Merizalde presentó\n demanda de impugnación de la Resolución N0 052\n con la cual la autoridad reconoció la nulidad del mismo.\n Que en el escrito de impugnación el actor sostiene que\n el convenio ha sido debidamente celebrado y que en la contestación\n a la demanda la autoridad negó pura y simplemente los\n fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. Que el Art.\n 273 del Código Tributario expresa que es obligación\n del actor probar los hechos que ha propuesto afirmativamente\n en la demanda y que ha negado expresamente la autoridad tributaria\n y que al haber afirmando que el convenio firmado con el Director\n General de Rentas encargado fue válidamente celebrado,\n tenía la obligación inexcusable de probar su afirmación,\n presentando prueba documental de la solicitud presentada al Director\n General de Rentas, certificación de que en la tramitación\n del convenio se cumplieron los plazos previstos como formalidades\n sustanciales en la ley y en el reglamento. Que del expediente\n se desprende que el actor no envío a la Dirección\n General de Rentas ninguno de los documentos exigidos por la ley\n para llegar a una correcta determinación de la obligación\n tributaria a convenirse Que el primer artículo innumerado\n creado a continuación del Art. 26 de la Ley de Régimen\n Tributario Interno por el Art. 19 de la Ley 051, publicada en\n el Registro Oficial N0 349 de 31 de diciembre de 1993, dispuso\n en forma taxativa y clara que la eficacia de los convenios tributarios\n dependía del cumplimiento de las formalidades establecidas\n por la propia ley y su reglamento de aplicación y que\n el tercer articulo innumerado creado a continuación del\n Art. 26 ibídem estableció los requisitos que debían\n cumplir los sujetos para poder firmar un convenio tributario.\n Que el Art. 63 del reglamento de aplicación, en concordancia\n con la ley, reitera que era obligación de los sujetos\n pasivos tributarios antes de firmar un convenio presentar los\n documentos detallados en los literales que van del a) al g) y\n cumplir los plazos y el procedimiento señalados en los\n numerales 1, 2, 3 y 4. Que el convenio celebrado por el actor\n fue declarado nulo, por cuanto con excepción de la presentación\n de la solicitud, no presentó, ni cumplió los demás\n requisitos exigidos en las normas legales antes referidas y de\n las cuales dependía su eficacia. Que la sentencia dictada\n por la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal N0 1\n de Quito viola la disposición expresa del Art. 10 del\n Código Civil que prescribe que: "En ningún\n caso puede el Juez declarar válido un acto que la Ley\n ordena sea nulo". Que el Art. 144 del Código Tributario\n dispone que las resoluciones que se dicten en recursos de revisión\n gozarán de las presunciones de legitimidad y ejecutoriedad,\n es decir que tendrán validez y deberán ser ejecutadas\n hasta que se demuestre lo contrario y que por lo tanto el actor\n debió demostrar que la resolución del Subsecretario\n General no era legítima ni ejecutable y que al no haberlo\n hecho en el juicio de impugnación, subsiste su legitimidad\n y ejecutoriedad. Que el literal c) del considerando quinto de\n la sentencia contiene una evidente contradicción, al afirmar\n textualmente, refiriéndose al convenio tributario celebrado\n entre el Director General de Rentas y el actor "Su legalidad\n y firmeza se encuentran probadas de autos, porque así\n lo admiten los litigantes implícitamente cuando lo hacen\n de su celebración y declaratoria de nulidad, circunstancias\n alegadas por ellos en el juicio"; razonamiento que es contradictorio\n e incomprensible por contener dos conclusiones distintas y opuestas\n como son la validez y nulidad del convenio al mismo tiempo. Que\n en el literal c) del considerando quinto adicionalmente se sostiene\n que dos litigantes hacen referencia expresa al convenio tributario\n como que "seguramente está documentado, aunque ninguno\n lo haya aportado al proceso como fue su obligación",\n afirmación gratuita de la Sala, que es jurídicamente\n inadmisible, ya que en ninguna norma de derecho se establece\n como medio probatorio a la presunción unilateral de los\n magistrados del Tribunal, lo cual de acuerdo al Art. 121 del\n Código de Procedimiento Civil no puede hacer fe en el\n juicio, quedando desvanecida esta presunción de la Sala\n mediante la resolución de la autoridad tributaria que\n declaró la nulidad del convenio por incumplimiento de\n formalidades sustanciales. Que la opinión de la Sala de\n que la obligación de probar era de los litigantes, contraviene\n lo dispuesto en el Art. 273 del Código Tributario que\n dispone que la carga de la prueba corresponde al actor. Que el\n Art. 288 del Código Tributario determina que la sentencia\n será motivada y decidirá con claridad los puntos\n sobre los cuales se trabo la litis. Que al no probarse que el\n convenio fue válidamente celebrado y existiendo un acto\n administrativo como la Resolución N0 052 de 19 de mano\n de 1997, que goza de las presunciones de legitimidad y ejecutoriedad\n en aplicación de lo dispuesto por el Art. 188, la sentencia\n debió negar la demanda por improcedente. Que la afirmación\n constante en el considerando séptimo de la sentencia "es\n un hecho concreto y como manifestación de voluntad existe\n independientemente de su validez y consecuentemente produce efectos\n de derecho, aunque el objeto no se cumpla", es antojadiza\n y contraria a derecho, puesto que significaría que los\n actos absolutamente nulos tienen efectos en derecho. Que el Art.\n 9 del Código Tributario dice que los actos administrativos\n o de gestión en materia tributaria constituyen actividad\n regladas y son impugnables por la vía administrativa,\n razón por la cual el Subsecretario General del Ministerio\n de Finanzas, por delegación del titular de esa Cartera\n de Estado, procedió a revisar el ilegal convenio, declarando\n su nulidad mediante la Resolución N0 052. Que la Sala\n ha incumplido lo dispuesto en el primer inciso del Art. 288 del\n Código Tributario, de que se pronuncie sentencia dentro\n de treinta días de notificadas las partes para el efecto.\n TERCERO.- Siendo la casación un recurso especial y de\n excepción que tiene por objeto examinar la legalidad de\n la sentencia y autos definitivos que ponen término a las\n causas de conocimiento, es necesario que esta Sala examine únicamente\n si se han cometido en la sentencia objeto del recurso las violaciones\n legales y reglamentarias que aduce el recurrente; por tanto,\n la presente casación se concreto a definir y establecer\n si el convenio tributario suscrito entre la Dirección\n General de Rentas y el señor Augusto Merizalde, cumplió\n o no con los requisitos exigidos para su validez y eficacia,\n así como si el procedimiento que se siguió desde\n la presentación de la solicitud del convenio hasta su\n suscripción fue o no el previsto en las respectivas normas\n legales y reglamentarias. CUARTO.- La sentencia recurrida, alegando\n manifiesta incompetencia del funcionario que la suscribe, declara\n la nulidad de la Resolución N0 052 de 19 de marzo de 1997,\n expedida por el Subsecretario General del Ministerio de Finanzas\n y Crédito Público. Al respecto es del caso señalar\n que el indicado funcionario expidió la referida resolución\n en uso de la delegación de funciones constante en el Acuerdo\n Ministerial N0 363, publicado en el Registro Oficial N0 137 de\n 25 de agosto de 1997. Es necesario aclarar que las resoluciones\n que se emitan en revisión son actos administrativos que\n en virtud de la delegación indicada, podía expedirlos\n el Subsecretario General. El Ministro de Finanzas para efectuar\n la delegación, se basa en los Arts. 25 de la Ley Orgánica\n de Administración Financiera y Control y 19 del Estatuto\n de Régimen Jurídico Administrativo de la Función\n Ejecutiva. El Art. 76 del Código Tributario prevé\n la delegación. El Art. 19-B de la Ley de Régimen\n Administrativo faculta a los ministros de Estado delegar sus\n funciones mediante la expedición del respectivo acuerdo.\n Por lo tanto, carece de valor la afirmación de que el\n Subsecretario General del Ministerio de Finanzas es incompetente\n para expedir resoluciones en revisión. Tampoco existe\n razón para objetar que el Director General de Rentas haya\n sugerido de oficio el recurso de revisión. El Subsecretario\n General del Ministerio de Finanzas, aún sin que medie\n esa sugerencia, podía proceder a la revisión y\n a aclarar la nulidad de actos administrativos. QUINTO.- El primer\n inciso del primer articulo innumerado que al Art. 26 de la Ley\n de Régimen Tributario Interno dispuso intercalar el Art.\n 19 de la Ley 051, dice "Determinación por Convenio\n Tributario.- La determinación por Convenio Tributario\n es una modalidad de determinación mixta del impuesto a\n la renta, consistente en un acuerdo de carácter transaccional\n distinto de la transacción que establece el Código\n Civil que, para su eficacia, exige el cumplimiento de las formalidades\n que se establecen en esta Ley y en sus Reglamentos de aplicación,\n así como la indispensable adhesión del sujeto pasivo,\n de todo lo cual se dejará constancia en la correspondiente\n acta que debe levantarse para el efecto". De esta disposición\n legal se desprenden las siguientes conclusiones: 1.- La determinación\n por convenio tributario, es evidentemente una forma de determinación\n mixta de los impuestos a la renta, al valor agregado y a los\n consumos especiales. 2.- Si bien esta determinación tributaria\n es de carácter transaccional, en tanto en cuanto intervienen\n las dos partes interesadas, los sujetos activo y pasivo de los\n tributos, para su negociación y determinación cuantitativa,\n es diferente en su naturaleza jurídica a la establecida\n y regulada por el Código Civil, por lo cual resulta errónea\n la interpretación que a este respecto hace la sentencia,\n cuando a esta forma de determinación tributaria le asimila\n a un acuerdo de voluntades sujeta a la determinación de\n las partes. 3.- Establecido que el convenio tributario es una\n modalidad de determinación de los tributos y es un verdadero\n acto administrativo, se concluye que el mismo es un acto reglado,\n esto es que para su celebración debe sujetarse a los requisitos,\n términos y condiciones fijados en la ley y reglamentos\n pertinentes, cuando al definir el convenio dispone "que\n para su eficacia exige el cumplimiento de las formalidades que\n se establecen en esta ley y en su reglamento de aplicación".\n SEXTO.- El numeral 1 del Art. 63 del Reglamento de Aplicación\n a la Ley de Régimen Tributario Interno, en concordancia\n con la norma legal anteriormente referida, establece como requisito\n obligatorio a cumplirse por parte de los sujetos pasivos que\n deseen celebrar convenios tributarios, al adjuntar a la correspondiente\n solicitud escrita que presenten ante el Director General de Rentas\n o al funcionario competente de esa Dirección General que\n haya sido expresamente delegado para el efecto, los documentos\n que se prescriben y precisan en los literales que van del a)\n al g) del numeral 1 de dicho articulo al igual que era obligación\n cumplir con los plazos y procedimientos señalados en los\n numerales 2, 3 y 4 del mismo articulo. Revisado el expediente\n de impugnación, no aparece documento alguno que demuestre\n que el señor Augusto Merizalde haya adjuntado a su solicitud\n de convenio tributario los documentos exigidos en el primer artículo\n innumerado que el Art. 19 de la Ley 051 mandó agregar\n al Art. 26 de la Ley de Régimen Tributario Interno y aquellos\n que se determinan y señalan en el numeral 1 del Art. 63\n del reglamento de aplicación de dicha ley. SEPTIMO.- Con\n respecto a la obligatoriedad de los documentos precontractuales\n que la ley y el reglamento exigen sean presentados juntamente\n con la solicitud escrito del convenio, las partes intervinientes\n en el mismo deben someterse a los procedimientos y a los plazos\n que se detallan en los numerales 2, 3 y 4 del tantas veces referido\n Art. 63 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen\n Tributario Interno y cuyo acatamiento al ser exigido por la ley,\n constituye también elemento esencial para su validez,\n por tanto sobre este panicular tampoco es aceptable la interpretación\n que la sentencia hace en el sentido de que su incumplimiento\n no puede ser considerado entre las causales de nulidad previstas\n en el numeral 2 del Art. 132 del Código Tributario, ni\n del numeral 1 del Art. 139 del mismo cuerpo legal como causal\n de revisión. OCTAVO.- También es del caso señalar\n que el numeral 2 del Art. 132 del Código Tributario determina

 

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