Registro Oficial. 15 de JUNIO del 2002

Sábado, 15 de junio de 2002

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

\n \n \n \n
   MES DE JUNIO DEL 2002
\n \n \n \n
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\n

 REGISTRO OFICIAL
ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR
Administración del Sr. Dr. Gustavo Noboa Bejarano
Presidente Constitucional de la República
\n

 

\n

Jueves 6 de Junio del 2002

\n

REGISTRO OFICIAL No. 591

\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n

DR. JOSE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR

\n\n

 

\n\n

FUNCION\n EJECUTIVA

\n\n

ACUERDO:

\n\n

MINISTERIO\n DE ECONOMIA Y FINANZAS:

\n\n

122 Modifícanse los acuerdos\n ministeriales Nos. 097 y 101 de 19 y 25 de abril del 2002

\n\n

RESOLUCIONES:

\n\n

DIRECCION\n GENERAL DE LA MARINA MERCANTE Y DEL LITORAL:

\n\n

165/02\n Derógase\n la Resolución DIGMER-286/92, publicada en el Registro\n Oficial No. 7 del 19 de agosto de 1992

\n\n

169/02 Fíjanse las tarifas\n de fletes para pasajeros y carga en la ruta: Puerto Francisco\n de Orellana (Coca) - Nuevo Rocafuerte o viceversa

\n\n

REGULACION:

\n\n

BANCO\n CENTRAL DEL ECUADOR:

\n\n

095-2002 Reformas inherentes a las\n tarifas de servicio con costos derivados del manejo y administración\n de las cuentas bancarias rotativas de pagos

\n\n

FUNCION\n JUDICIAL

\n\n

CORTE\n SUPREMA DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL:

\n\n

Recursos de casación\n en los juicios seguidos por las siguientes personas:

\n\n

78-2002 Pedro Antonio Alcántaro Moreira\n en contra de los herederos de Francisca del Tránsito Cucido\n Solís

\n\n

79-2002 Héctor Porras en contra de María\n Aída Acosta y otro
\n
\n 81-2002 Doctor Homero Vélez\n Zambrano en contra de Esthela Gallegos

\n\n

82-2002 Marcial Heriberto Gavilánez\n Tenorio en contra de Celio Hernán Correa Acosta y otros

\n\n

84-2002 Ingeniero Mario Fidel Suárez Mieles\n en contra de Delfín Wilfrido Pincay Pillasagua

\n\n

87-2002 Compañía Inmobiliaria Moni\n (CIMOC C.A.) en contra de Cartorama C.A.

\n\n

88-2002 Hotel " La Laguna S.A."\n en contra de David Beltrán y otra

\n\n

89-2002\n Mercedes\n Alonso en contra de los herederos de Angela López y otros\n
\n
\n 90-2002 Rosa Cuero Montaño\n en contra de Eduardo Rivera León

\n\n

91-2002 Cornelia Adalgiza Angulo Batalla\n en contra de Gonzalo Polivio Yaguana Sánchez

\n\n

92-2002\n Doctora\n Bernardita Navarrete Menéndez en contra de Hugo Othón\n Mendoza Vélez

\n\n

97-2002 Isabel Victoria Campozano\n Gaviria de Ripalda en contra de Flérida Reyes Pin y otros\n
\n
\n 99-2002 Víctor Jácome Proaño\n y otros en contra de Flavio Ochoa

\n\n

TRIBUNAL\n CONSTITUCIONAL

\n\n

RESOLUCIONES:

\n\n

026-2001-AA Deséchase la demanda de inconstitucionalidad\n deducida por el Teniente de Policía, señor Marco\n Antonio Quezada Zapata

\n\n

049-2001-TC Deséchase la demanda\n de inconstitucionalidad, por la forma y por el fondo, de varios\n artículos del Decreto Ejecutivo No. 2024 que contiene\n el Reglamento para la Autorización de Actividades de Comercialización\n de Combustibles Líquidos Derivados de los Hidrocarburos

\n\n

070-2001-HD Confirmase la resolución\n del Juez Décimo de lo Civil de Pichincha y deséchase\n el hábeas data propuesto por el ingeniero Edwin Marchán\n Carrasco, por improcedente

\n\n

810-2001-RA Confírmase la resolución\n emitida por el Juez de instancia y niégase el amparo solicitado\n por varios trabajadores de los departamentos de Medicina Nuclear,\n Hemodinámica, Imagenología y Ontología del\n Hospital Carlos Andrade Marín
\n
\n TRIBUNAL\n SUPREMO ELECTORAL

\n\n

RJE-2002-PLE-264-549 Apruébase la solicitud\n de asignación de número, simbología, reserva\n y derecho del nombre de la organización de carácter\n nacional del Movimiento Independiente " Nuevo Amanecer"\n , al que se le asigna el número 23 del Registro Electoral

\n\n

ACUERDO\n DE CARTAGENA

\n\n

608 Que resuelve el recurso de\n reconsideración interpuesto por la Asociación Venezolana\n de Cultivadores de Palma Aceitera (ACUPALMA), la Asociación\n de Industriales de Aceites y Grasas Vegetales Comestibles (ASOGRASAS)\n y por la República Bolivariana de Venezuela contra la\n Resolución 569 de Ia Secretaría General

\n\n

ORDENANZAS\n MUNICIPALES:

\n\n

Cantón\n Santo Domingo: Que\n regula la administración del impuesto de patentes municipales
\n
\n Cantón Daule: Sobre discapacidades
\n

\n \n
\n

 

\n\n

 

\n\n

No.\n 122

\n\n

EL MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS

\n\n

Considerando:

\n\n

Que el articulo 118 de la Ley de Régimen Tributario\n Interno faculta al Ministerio de Economía y Finanzas fijar\n el valor de las especies fiscales, incluidos los pasaportes;

\n\n

Que mediante acuerdos ministeriales Nos. 097 y 101 de 19 y\n 25 de abril del 2002, el Ministro de Economía y Finanzas\n autorizó la emisión e impresión de 2.000\n documentos especiales de viaje (pasaporte azul o apátrida),\n a un valor comercial de cincuenta dólares americanos (USD\n 50,00); y, de 150.000 tarjetas de visita al Parque Nacional Galápagos,\n a un valor de comercialización de tres dólares\n americanos (USD 3,00); y,

\n\n

Que es necesario reformar cantidades y cifras de los citados\n acuerdos ministeriales,

\n\n

Acuerda:

\n\n

Art. 1.- En el Acuerdo Ministerial No. 097 de 19 de abril\n del 2002, en lo referente al valor de comercialización,\n sustituir: "50 USD", por: "60 USD".

\n\n

Art. 2.- En el Acuerdo Ministerial No. 101 de 25 de abril\n del 2002, en lo referente a la cantidad a emitirse, sustituir:\n "150.000''. por: ''15.000''.

\n\n

Art. 3.- El presente acuerdo ministerial entrará en\n vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio de su\n publicación en el Registro Oficial.

\n\n

Dado en el Distrito Metropolitano de la ciudad de San Francisco\n de Quito, a 23 de mayo del 2002.

\n\n

f) Ing. Jorge Morán Centeno, Ministro de Economía\n y Finanzas, Enc.

\n\n

Es copia, certifico.

\n\n

f.) Julio César Moscoso S., Secretario General del\n Ministerio de Economía y Finanzas.

\n\n

 

\n\n

No. 165/02

\n\n

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE\n Y DEL LITORAL

\n\n

Considerando:

\n\n

Que con fecha 28 de julio de 1992, expidió la Resolución\n 286/92 relativa a disposiciones para la operación de naves\n en tráfico internacional y de cabotaje en transporte de\n carga y pasajeros, la misma que estaba referida, entre otras\n normas al Reglamento de la Ley de Facilitación de las\n Exportaciones y del Transporte Acuático:

\n\n

Que con posterioridad, al dictarse el Reglamento de la Actividad\n Marítima (R.O. 32/27 - marzo - 1997), su Art. 156, derogó\n expresamente el capitulo II del Reglamento a la Ley de Facilitación\n de las Exportaciones y del Transporte Acuático, restándole\n una de las principales referencias legales y la mayoría\n de las normas en la que sustentaba la Resolución DIGMER\n 286/92:

\n\n

Que el Reglamento de la Actividad Marítima vigente,\n contiene el ordenamiento actualizado en todo lo relativo al tráfico\n nacional e internacional de transporte de carga y pasajeros,\n haciendo obsoleta e innecesaria la Resolución 286/92;\n y.

\n\n

En uso de las atribuciones que le concede el Art. 7 de la\n Ley de Transporte Marítimo y Fluvial,

\n\n

Resuelve:

\n\n

Derogar la Resolución DIGMER 286/92, publicada en el\n R.O. 7 del 19 de agosto de 1992.

\n\n

Publicar esta resolución en el Registro Oficial.

\n\n

Dada en Guayaquil, el 1 de marzo del 2002.

\n\n

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

\n\n

Héctor Holguín Darquea, Capitán de Navío\n - EMC Director General.

\n\n

Certifico que la copia que antecede es conforme a su original.-\n Lo certifico.

\n\n

Guayaquil, 17 de mayo del 2002.

\n\n

f.) Luis Gustavo Gallo Santacruz, Suboficial Mayor - AD. Secretario\n General "DIGMER".

\n\n

 

\n\n

No. 169/02

\n\n

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE\n Y DEL LITORAL

\n\n

Considerando:

\n\n

Que es necesario actualizar las tarifas de pasajes y fletes\n para el transporte de pasajeros y carga desde Puerto Francisco\n de Orellana hacia Nuevo Rocafuerte o viceversa aprobadas mediante\n la Resolución 046/2000 del treinta de agosto del dos mil,\n publicada en el Registro Oficial 163 del 14 de septiembre del\n mismo año, debido a las variaciones económicas\n en el país, como consecuencia del proceso de dolarización\n y que han afectado los costos de la transportación marítima\n y fluvial; y,

\n\n

En uso de la facultad que le concede el Art. 7°, literales\n k) y 1) de la Ley General del Transporte Marítimo y Fluvial,

\n\n

Resuelve:

\n\n

Art. 1°.- Fijar las siguientes tarifas de pasajes que\n deben cobrar los armadores de las embarcaciones dedicadas al\n transporte de pasajeros desde Puerto Francisco de Orellana a\n Nuevo Rocafuerte o viceversa.

\n\n

RUTA USD/PERSONA

\n\n

A) DE PUERTO FRANCISCO
\n DE ORELLANA A:

\n\n

- Primavera 1.20
\n - Pompeya 2.40
\n - Itaya 3.00
\n - Providencia 3.60
\n - Añango 4.20
\n - San Isla 4.80
\n - San Roque 6.00
\n - Tereré 7.20
\n - Pañacocha 7.80
\n - Chonta Urco 9.00
\n - Samona 9.60
\n - Chiro Isla 10.20
\n - Sinchichicta 10.80
\n - San Vicente 12.00
\n - Huiririma 12.60
\n - Puerto Quinche 13.20
\n -Tiputini 13.80
\n - Armenia 14.40
\n - Nuevo Rocafuerte 15.00

\n\n

B) DE NUEVO ROCAFUERTE A:

\n\n

- Armenia 0.60
\n - Tiputini 1.20
\n - Puerto Quinche 1.80
\n - Huiririma 2.40
\n - San Vicente 3.00
\n - Sinchichicta 4.20
\n - Chiro Isla 4.80
\n - Samona 5.40
\n - Chonta Urco 6.00
\n - Pañacocha 7.20
\n - Tereré 7.80
\n - San Roque 9.00
\n - San Isla 10.20
\n - Añango 10.80
\n - Providencia 11.40
\n - Itaya 12.00
\n - Pompeya 12.60
\n - Primavera 14.80
\n - Puerto Francisco de Orellana 15.00

\n\n

 

\n\n

Art. 2°. Las tarifas fijadas en el articulo 1°, incluyen\n el derecho de todo pasajero a transportar hasta un máximo\n de 25 libras como equipaje personal.

\n\n

 

\n\n

Art. 3°, Los menores de 12 años, estudiantes, profesores\n y los de la tercera edad, pagarán el 50% de la tarifa\n establecida en el articulo 1°, previa la presentación\n del documento que los acredite como tal.

\n\n

Están exentos del pago los menores de 6 años.

\n\n

Art. 4°.- Para el transporte de carga general se fijan\n las siguientes tarifas por quintal:
\n
\n CARGA USD/UNIDAD

\n\n

A) DE PUERTO FRANCISCO
\n DE ORELLANA A:

\n\n

- Primavera 0.45
\n - Pompeya 0.70
\n - Itaya 0.90
\n - Providencia 1.00
\n - Añango 1.00
\n -San Isla 1.20
\n -San Roque 1.40
\n - Tereré 0.98
\n - Pañacocha 1.50
\n - Chonta Urco 1.60
\n - Samona 1.80
\n - Chiro Isla 2.00
\n - Sinchichicta 2.20
\n - San Vicente 2.20
\n - Huiririma 2.40
\n - Puerto Quinche 2.50
\n - Tiputini 2.70
\n - Armenia 2.80
\n - Nuevo Rocafuerte 3.00

\n\n

B) DE NUEVO ROCAFUERTE A:

\n\n

-Armenia 0.15
\n -Tiputini 0.30
\n -Puerto Quinche 0.35
\n -Huiririma 0.50
\n - San Vicente 0.60
\n -Sinchichicta 0.50
\n -Chiro Isla 0.85
\n - Samona 1.20
\n - Chonta Urco 1.30
\n - Pañacocha 1.50
\n - Tereré 1.50
\n - San Roque 1.50
\n - San Isla 1.60
\n - Añango 1.70
\n - Providencia 1.90
\n - Itaya 2.00
\n - Pompeya 2.20
\n - Primavera 2.50
\n - Puerto Francisco de Orellana 3.00

\n\n

 

\n\n

C) DE FRANCISCO DE
\n ORELLANA NUEVO ROCAFUERTE A:

\n\n

ÿ BEBIDAS Y OTROS:

\n\n

Jabas de cervezas:
\n - Llenas 1.00
\n - Vacías 0.50

\n\n

Jabas de gaseosas:
\n - Llenas 1.00
\n - Vacías 1.50

\n\n

CARGA USD/UNIDAD

\n\n

ÿ COMBUSTIBLES:

\n\n

Cilindros de G.LP.:
\n De 10 a 15 Kg.
\n - Llenos 1.50
\n - Vacíos 0.70

\n\n

Tanques de 55 Glns.
\n (gasolina, diesel, aceite)
\n - Llenos 10.00
\n - Vacíos 4.50

\n\n

D) DE FRANCISCO DE
\n ORELLANA A LIMONCOCHA O VICEVERSA:

\n\n

ÿ COMBUSTIBLES:

\n\n

Cilindro de G.LP.:
\n De 10 a 15 Kg.
\n - Llenos 0.75
\n - Vacíos 0.30

\n\n

Tanques de 55 Glns:
\n (gasolina, diesel, aceite)
\n - Llenos 3.00
\n - Vacíos 1.50

\n\n

E) DE CHIRITZA A IMUYA POR EL RIO AGUARICO:

\n\n

Tanques de 55 Glns.:
\n (gasolina, diesel, aceite)
\n - Llenos 6.00
\n -Vacíos 3.00

\n\n

F) DE CHIRITZA A ZANCUDO POR EL RIO AGUARICO:

\n\n

Tanques de 55 Glns.:
\n (gasolina, diesel, aceite)
\n - Llenos 6.00
\n - Vacíos 3.00

\n\n

 

\n\n

Art. 5° Para viajes ocasionales contratados bajo la modalidad\n de fletes, las tarifas se fijarán por tiempo de una hora\n o fracción, de acuerdo a los siguientes valores:

\n\n

o 60 minutos 15.00
\n o 45 minutos 12.00
\n o 30 minutos 9.00
\n o 15 minutos 4.50

\n\n

 

\n\n

Art. 6°.- El transportista colocará obligatoriamente\n en un lugar visible de la embarcación, una copia complete\n de la presente resolución.

\n\n

 

\n\n

Art. 7°.- Se prohíbe cualquier tipo de discriminación\n de la carga, pasajeros y de su equipaje.

\n\n

Art. 8°.- Los capitanes de Puerto de Francisco de Orellana\n y Nuevo Rocafuerte, serán los encargados de hacer cumplir\n la presente resolución, la misma que entrará en\n vigencia a partir del 1 de junio del dos mil dos, sin perjuicio\n de su publicación en el Registro Oficial.

\n\n

Art. 9°.- Derógase la Resolución 046/2000\n del treinta de agosto del dos mil, publicada en el Registro Oficial\n 163 del 14 de septiembre del mismo año.

\n\n

Dada en Guayaquil, a los quince días del mes de mayo\n del año dos mil dos.

\n\n

f) Héctor Holguín Darquea, Capitán de\n Navío - EMC Director General.

\n\n

 

\n\n

N°\n 095-2002

\n\n

EL DIRECTORIO DEL BANCO CENTRAL DEL\n ECUADOR

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, el proceso de adjudicación de las cuentas rotativas\n de pagos mediante subasta se inició en 1995, y la mayoría\n de estas cuentas que administran las entidades bancarias corresponsales\n del Banco Central del Ecuador, fueron adjudicadas antes del proceso\n de dolarización, de manera que los costos para los servicios\n fijados originalmente en sucres luego fueron convertidos a dólares\n USA con una cotización de 25.000 sucres por cada dólar\n USA;

\n\n

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3 de\n la Sección I (Cuentas Bancarias Rotativas) y 6 de la Sección\n III (Ejecución del Pago de Recursos Públicos) del\n Capitulo I (Cobro y Pago de Recursos Públicos en Moneda\n Nacional a través del Sistema Financiero) del Título\n Noveno (Depósitos e Inversiones Financieras del Sector\n Publico) del Libro I de la Codificación de Regulaciones\n del Banco Central del Ecuador, la adjudicación de cuentas\n bancarias rotativas de pago a los bancos corresponsales implica\n también cumplir en todo mo-mento con las obligaciones\n adquiridas por el banco adjudicado, entre éstas, la de\n mantener los costos por los servicios ofertados;

\n\n

Que, es necesario permitir que los costos de los servicios\n bancarios que prestan los bancos corresponsales a las entidades\n públicas por la apertura y mantenimiento de las cuentas\n bancarias rotativas de pagos, sean revisados periódicamente\n para garantizar que tales servicios mantengan los niveles de\n calidad y eficiencia requeridos; y,

\n\n

En uso de sus atribuciones, expide la siguiente regulación,

\n\n

ARTICULO 1.- Inclúyase como inciso final del artículo\n 6 de la Sección III (Ejecución del Pago de Recursos\n Publicas) del Capítulo I (Cobro y Pago de Recursos Públicos\n en Moneda Nacional a través del Sistema Financiero), del\n Título Noveno (Depósitos e Inversiones Financieras\n del Sector Publico) del Libro I (Política Monetaria-Crediticia)\n (Pág. 72.19) de la Codificación de Regulaciones\n del Banco Central del Ecuador, el siguiente inciso:

\n\n

"A partir del 15 de mayo del 2002, y una vez transcurrido\n al menos un año de vigencia del convenio, los bancos corresponsales\n y las entidades del sector público podrán negociar\n de mutuo acuerdo las tarifas de los servicios con costos derivados\n del manejo y administración de las cuentas bancarias rotativas\n de pagos, con sujeción a los rangos mínimos y máximos\n establecidos en el "Reglamento para la Subasta, Calificación\n y Asignación del Banco Corresponsal para la administración\n de las cuentas Bancarias Rotativas de Pagos", expedido por\n la Gerencia General del Banco Central del Ecuador. Las tarifas\n que se convengan en función de lo que establece el presente\n inciso, deberán tener un plazo de vigencia mínimo\n de un año. En caso de no existir acuerdo entre las partes,\n cualesquiera de ellas podrán solicitar una nueva subasta\n para la adjudicación de las cuentas bancarias rotativas\n de pagos.".

\n\n

ARTICULO 2.- Inclúyase al final del artículo\n 7 de la Sección III (Ejecución del Pago de Recursos\n Públicos) del Capitulo I (Cobro y Pago de Recursos Publicas\n en Moneda Nacional a través del Sistema Financiero), del\n Título Noveno (Depósitos e Inversiones Financieras\n del Sector Publico) del Libro I (Política Monetaria-Crediticia)\n (Pág. 72.19.1) de la Codificación de Regulaciones\n del Banco Central del Ecuador, la siguiente disposición\n transitoria:

\n\n

"DISPOSICION TRANSITORIA.- Las tarifas por servicios\n con costos derivados del manejo y administración de las\n cuentas bancarias rotativas de pagos constantes en los convenios\n celebrados desde el año 1995, podrán ser revisadas\n en el plazo de noventa días contados a partir del 15 de\n mayo del 2002, sujetán-dose a los rangos mínimos\n y máximos establecidos en el "Reglamento para la\n Subasta, Calificación y Asignación del Banco Corresponsal\n para la administración de las cuentas Bancarias Rotativas\n de Pagos", expedido por la Gerencia General del Banco Central\n del Ecuador. En el evento de no existir acuerdo entre las partes,\n cualesquiera de ellas podrán solicitar una nueva subasta\n para la adjudicación de las cuentas bancarias rotativas\n de pagos".

\n\n

ARTICULO 3.- La presente regulación entrará\n en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su\n publicación en el Registro Oficial.

\n\n

Dada, en Quito, Distrito Metropolitano, el 15 de mayo del\n 2002.

\n\n

EL PRESIDENTE,

\n\n

f.) Mauricio Yépez Najas.

\n\n

EL SECRETARIO GENERAL,

\n\n

f.) Dr. Manuel Castro Murillo.

\n\n

SECRETARIA GENERAL - DIRECTORIO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.-,\n Quito, - Es copia del documento que reposa en los archivos del\n Directorio.- Lo certifico.- f.) Dr. Manuel Castro Murillo, Secretario\n General.

\n\n

 

\n\n

N°\n 78-2002

\n\n

ACTOR: Pedro Antonio Alcántaro\n Moreira.

\n\n

DEMANDADOS: Hrds. de Francisca del Tránsito\n Cucido Solís.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

\n\n

Quito, a 7 de marzo del 2002: las 08h50.

\n\n

VISTOS: Del fallo pronunciado por la Primera Sala de la Corte\n Superior de Justicia de Los Ríos con fecha 29 de octubre\n de 1996, que confirma la sentencia pronunciada por el Juez Décimo\n Primero de lo Civil de Puebloviejo, que desecha la demanda propuesta\n por Pedro Antonio Alcántaro Moreira, contra los herederos\n de Francisca del Tránsito Cucido Solís, ha venido\n este juicio ordinario de acción de prescripción\n extraordinaria de dominio. Como el juicio se encuentra en estado\n de resolución, para hacerlo se considera: PRIMERO. - La\n Sala es competente para conocer el recurso de casación\n en virtud de lo dispuesto en el Art. 200 de la Constitución\n Política de la República, que está en relación\n con el Art. 1 de la Ley de Casación, toda vez que el juicio\n fue sorteado el 24 de febrero de 1997, correspondiendo su conocimiento\n a la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil, habiéndose\n calificado la admisibilidad del recurso de casación mediante\n auto de 21 de noviembre de 1996 por cumplir los requisitos de\n procedencia, oportunidad, legitimación y formalidades,\n previstos en el Art. 6 de la Ley de Casación. Sin que\n el demandante haya consignado el monto de la caución determinada\n por el inferior. SEGUNDO. - El recurrente Pedro Alcántaro\n Moreira manifiesta que se han infringido los Arts. 2416, 2429,\n 2435, 2434, 734, 989 y siguientes del Código Civil los\n Arts. Arts. 119, 120, 121. 126, 211, 212, 246. 248. 261 y 266\n del Código de Procedimiento Civil. Fundamenta el recurso\n en las causales primera, segunda y tercera del Art. 3 de la Ley\n de Casación. Manifiesta que durante cuarenta años\n ha mantenido en posesión permanente e ininterrumpida con\n ánimo de señor y dueño un lote de terreno\n de doce cuadras situadas en el predio rústico "San\n Francisco de Chojampe" de la parroquia Puerto Pechiche del\n cantón Puebloviejo, provincia de Los Ríos, dentro\n de los siguientes linderos: Por el frente con posesión\n de Roberto Palma Segundo Caloña; por la parte de atrás,\n con predio de Tomás Cucido: por un costado con posesión\n de Gerardo Palma y, por el otro costado con la propiedad de Tomás\n Cucido. Que la demandada la dedujo contra los herederos conocidos\n y presuntos de Francisca del Tránsito Cucido Solis; que\n dentro del proceso se han receptado las declaraciones de Miguel\n de los Santos Montoya, Sebastián Bajaña e Isabel\n Othón Arias Ayala, que por ser vecinos han dado luces\n al presente caso, declaraciones que no se las ha tomado en cuenta.\n TERCERO.- En la fundamentación del recurso si bien el\n recurrente precisa que lo hace en base a las causales primera,\n segunda y tercera, sin embargo no fundamenta en base a cuál\n de los tres vicios que contiene cada una de ellas apoya su recurso;\n y, es que, el recurso de casación por ser un recurso formal,\n autónomo, especial, tiene que cumplir en forma expresa\n con los requisitos determinados en el Art. 6 de la Ley de Casación.\n No hacerlo en la forma determinada en la ley, implica que el\n recurso de casación no procede por la forma y por el fondo.\n Por las consideraciones anotadas, la Segunda Sala de lo Civil\n y Mercantil, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA\n Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, rechaza el recurso de casación\n interpuesto por Pedro Alcántaro Moreira, por falta de\n base legal. Con costas. Publíquese y notifíquese.

\n\n

Fdo.) Dres. Bolívar Guerrero Armijos, Olmedo Bermeo\n ldrovo y Bolívar Vergara Acosta, Carlos Rodríguez\n García, Secretario Relator que certifica.

\n\n

RAZON: Las dos copias que anteceden son auténticas,\n ya que fueron tomadas del juicio original N0 59-97, que sigue\n Pedro Antonio Alcántaro contra Hrds. de Francisca del\n Tránsito Cucido Solís. Resolución N0 78-2002.

\n\n

Quito, 8 de abril del 2002.

\n\n

f.) Dr. Carlos Rodríguez García, Secretario\n Relator de la Segunda Sala Civil y Mercantil de la Corte Suprema\n de Justicia.

\n\n

 

\n\n

N0 79-2002

\n\n

ACTOR: Héctor Porras.

\n\n

DEMANDADOS: Maria Aida Acosta y otro.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA CIVIL Y MERCANTIL

\n\n

Quito, a 7 de marzo del 2002; las 09h00.

\n\n

VISTOS: Del fallo pronunciado por la Segunda Sala de la Corte\n Superior de Justicia de Ambato que confirma en todas sus partes\n la sentencia de primer nivel pronunciado por el Juez Tercero\n de lo Civil de Ambato, que rechaza la tercería excluyente\n de dominio, por no haberse demostrado que el tercerista es propietario\n del vehículo marca Ford placas HBE--780 y que mas bien,\n Maria Aida Acosta ha justificado que el vehículo es de\n segundo Aníbal Basantes Salazar, se mantiene el embargo\n dispuesto por el Juez Quinto de lo Civil de Ambato el 20 de marzo\n de 1991; en este juicio ordinario, ha interpuesto recurso de\n casación el accionante (fs. 31 y vta, de segundo grado).\n Como el juicio se encuentra en estado de resolución, para\n hacerlo, se considera: PRIMERO.- La Sala es competente para conocer\n el recurso interpuesto en virtud de la disposición constitucional\n constante en el Art. 200, que está en relación\n con el Art. 1 de la Ley de Casación, toda vez que el juicio\n fue sorteado el 18 de septiembre de 1995, y resorteado el 22\n de febrero de 1996. La procedencia del recurso fue calificado\n por la Segunda Sala de la Corte Superior de Ambato el 27 de marzo\n de 1995. SEGUNDO.- El recurrente manifiesta que la tercería\n es un incidente del juicio 'principal y forma con éste\n una unidad procesal, debiendo el examen de la prueba no solo\n limitarse a solo el cuaderno del incidente, sino a todo proceso.\n Que al haberse dejado de examinar todo el proceso, se ha omitido\n el análisis de fs. 77 y 109, que se refiere al contrato\n ya la matrícula del vehículo en los que aparece\n como titular, instrumentos que corresponden al año 1988,\n dándose pleno vigor a la matrícula obtenida en\n este año a nombre de Segundo Rasantes Salazar. Añade\n que el considerando el fallo dictado va contra las disposiciones\n constantes en los Arts. 503, 278 y 119 del Código de Procedimiento\n Civil. Funda su recurso en las causales segunda y tercera del\n Art. 3 de la Ley de Casación. TERCERO.- Con fecha 20 de\n marzo de 1991, el Juez Quinto de lo Civil ordenó el embargo\n del cincuenta por ciento de los derechos y acciones que le pertenecen\n a Segundo Basantes Salazar, sobre un vehículo con placas\n HBE-780, tipo camioneta, marca Ford 350, modelo 1976, color verde\n pick--up motor FS5YMT81058 cilindraje 3500, disponiendo que la\n actora María Aida Acosta mantenga el vehículo en\n calidad de depositaria judicial. El recurrente Héctor\n Porras agrega un contrato de compraventa en fotocopia, que no\n tiene ninguna validez. Por su parte Maria Aída Acosta\n agrega el duplicado de la matrícula del vehículo\n hasta el año 1989 de fecha 8 de abril de 1991 (fs. 82),\n consta a nombre de Segundo Rasantes Salazar, otorgado por la\n Subjefatura de Tránsito de Quito; en igual forma a fs.\n 100 del cuaderno de primera instancia consta que el vehículo\n se halla matriculado hasta el año 1990 a nombre de Segundo\n Rasantes Salazar. El certificado conferido por José Santaña,\n Secretario del Tribunal de Menores de Ambato fs. 105 vta., demuestra\n que el vehículo de placas HBE-780 de propiedad de Segundo\n Aníbal Basantes Salazar, mantiene vigente la prohibición\n de enajenar desde el 1 de diciembre de 1987 al 22 octubre de\n 1991, por su parte, el recurrente Héctor Porras agrega\n a fs. 109 el duplicado de matrícula del vehículo\n HBE-780, que se encuentra matriculado hasta el año 1989\n en La Troncal, Subjefatura de Tránsito del Cañar,\n certificado de 18 de marzo de 1992, y que el Juzgado 5to. de\n lo Civil de Ambato en auto de fecha 15 de abril de 1992, desecha\n el reclamo incidental del perjudicado por improcedente 'y que\n deducida la tercería excluyente de dominio por parte de\n Héctor Porras, contra María Aída Acosta,\n la demandada niega los fundamentos de la tercería propuesta\n y alego que el vehículo sea de propiedad exclusiva de\n Segundo Aníbal Rasantes Salazar porque el mismo fue adquirido\n dentro de la sociedad conyugal, constando a fs. 143 vta, de fecha\n 21 de enero de 1994 que el vehículo HBE-780 mantiene prohibición\n de enajenar, situación que también se expresa en\n la certificación de la Dirección Nacional de Tránsito\n y Transporte Terrestre de 18 de enero de 994 que certifico que\n el vehículo HBE-780 pertenece a Basantes Salazar Segundo\n Aníbal y registra prohibición de enajenar del Juzgado\n 5to. de lo Civil de Ambato, confirmada una vez más a fs.\n 14 del cuaderno de segunda instancia por el Jefe del Departamento\n de Procesamiento de Datos dé la Dirección Nacional\n de Tránsito constante también a fs. 15 y 16. En\n resumen, el análisis y transcripción de la prueba\n aportada refleja que el Tribunal de alzada utilizó en\n forma debida el sistema de valoración probatoria de la\n sana crítica, que prescribe el Art. 119 de Código\n de Procedimiento Civil, en tanto que el fallo objetado también\n se pronuncia con claridad y motivadamente, sin que aparezca la\n violación del Art. 278 del mismo cuerpo legal, ni tampoco\n el Art. 503. dado qué el mismo juzgado ha conocido este\n incidente. Por las consideraciones anotada y encontradas que\n el vehículo no es de propiedad de Héctor Porras,\n la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil, ADMINISTRANDO JUSTICIA\n EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y PoR AUTORIDAD DE LA LEY, rechaza\n el recurso de casación interpuesto y de conformidad al\n Art. 18 de la Ley de Casación impone una multa de 2 salarios\n mínimos vitales por estimar que el recurrente ha interpuesto\n el recurso con ánimo de retardar su ejecución.\n Publíquese y notifíquese.

\n\n

Fdo.) Dres. Bolívar Guerrero Armijos, Olmedo Bermeo\n ldrovo y Bolívar Vergara Acosta, Carlos Rodríguez\n García, Secretario Relator que certifica.

\n\n

RAZON: Las dos copias que anteceden son auténticas,\n ya que fueron tomadas del juicio original N0 859-95, que sigue:\n Héctor Porras contra Maria Acosta y otro. Resolución\n N0 79-2002.

\n\n

Quito, 8 de abril del 2002.

\n\n

f) Dr. Carlos Rodríguez García, Secretario Relator\n de la Segunda Sala Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia.

\n\n

 

\n\n

N0 81-2002

\n\n

ACTOR: Dr. Homero Vélez. Zambrano.

\n\n

DEMANDADA: Esthela Gallegos.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

\n\n

Quito, a 7 de marzo del 2002: las 09h10.

\n\n

VISTOS: Póngase en conocimiento de las partes la recepción\n del proceso. En lo principal, la parte demandada, Esthela Gallegos,\n ha interpuesto recurso de casación (fojas 24 a 25 de segunda\n instancia), dentro del juicio ordinario que por cobro de dinero\n en base a una letra de cambio, sigue el doctor Homero Vélez\n Zambrano en contra de la recurrente. Recurso que impugna la resolución\n pronunciada por la Segunda Sala de la Corte Superior de Azogues,\n que confirma el fallo de primer nivel y declara con lugar la\n demanda. En aplicación del articulo 7 de la Ley Reformatoria\n a la Ley de Casación, publicada en el Registro Oficial\n N0 39 de 8 de abril de 1997, procede en primera providencia aceptar\n o rechazar el recurso de casación, al efecto, la Sala\n considera: PRIMERO.- Examinado el escrito de interposición\n del recurso de casación, se observa: a). - Que no se ha\n cumplido con el requisito formal y obligatorio que prescribe\n el numeral 2 del Art. 6 de la Ley de Casación, pues, la\n recurrente, no indica las normas de derecho que estiman infringidas\n o las solemnidades del procedimiento que' se hayan omitido. b).-tampoco\n ha cumplido con lo que dispone el numeral 4 del Art. 6 de la\n ley de la materia, que consiste en la exposición de los\n fundamentos en que se apoya el recurso, que en su forma más\n lata de entender, consiste: en exponer los argumentos, los razonamientos,\n los motivos, que evidencian o demuestran que se tiene la verdad,\n constituyendo la manera en que "se valora o generalizan\n la interpretación y aplicación del derecho y de\n los métodos jurídicos", según las valoraciones\n que hace el recurrente, comparando la realidad jurídica\n y la procesal, con la resolución dictada por el juzgador,\n sin perjuicio de analizar también la conducta o comportamiento\n de los sujetos que intervienen en el juicio. Por lo expuesto,\n se rechaza el recurso de casación, en atención\n al articulo 7 de la Ley Reformatoria a la Ley de Casación\n (Registro Oficial N° 39: 8.4.97). Notifíquese.

\n\n

Fdo.) Dres. Bolívar Guerrero Armijos, Olmedo Bermeo\n Idrovo y Bolívar Vergara Acosta (Voto Salvado), Ministros\n Jueces y Carlos Rodríguez García, Secretario Relator\n que certifica.

\n\n

Es fiel copia de su original.

\n\n

Certifico.

\n\n

Quito, 8 de abril del 2002.

\n\n

f.) El Secretario.

\n\n

 

\n\n

VOTO SALVADO DEL SEÑOR MINISTRO JUEZ DOCTOR BOLIVAR\n VERGARA ACOSTA.

\n\n

En el juicio N0 305-2001.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

\n\n

Quito, a 7 de marzo del 2002: las 09h10.

\n\n

VISTOS: Póngase en conocimiento de las partes la recepción\n del proceso, en lo principal, la parte demandada, Esthela Gallegos,\n ha interpuesto recurso de Casación (fs. 24 a 25 de segundo\n grado). Dentro del juicio ordinario que por cobro de dinero en\n base de una letra de cambio, sigue el doctor Homero Vélez\n Zambrano en contra de la recurrente. La Segunda Sala de la Corte\n Superior de Azogues confirma el fallo del inferior, que declara\n con lugar la demanda. En cumplimiento del Art. 9 (r) de la Ley\n de Casación, corresponde admitir o rechazar el recurso\n interpuesto, al hacerlo, se considera: PRIMERO. - El recurso\n cumple con los requisitos de oportunidad, legitimación\n y procedencia que señalan los Arts.: 2 (r), 4 y 5 (r)\n de la Ley de Casación. SEGUNDO.- Respecto al requisito\n de formalidades que trae el Art. 6 (r) de la ley de la materia,\n el recurso cumple con la indicación de la sentencia con\n individualización de las partes procesales, así\n como señala la violación por aplicación\n indebida de los Arts.: 419, 420, 421, 422 y 428 del Código\n de Comercio, unido a la indebida aplicación del Art. 198\n del Código de Procedimiento Civil, señalando las\n normas de derecho y los vicios que imputa a cada una, debidamente\n fundamentada. Por lo expuesto, se admite a trámite el\n recurso de casación interpuesto, disponiendo correr traslado\n a la parte actora por el término de cinco días,\n para que lo conteste fundamentadamente. Notifíquese.

\n\n

 

\n\n

Fdo.) Dres. Guerrero Armijos, Olmedo Bermeo Idrovo y Bolívar\n Vergara Acosta (Voto Salvado), Ministros Jueces y Carlos Rodríguez\n García, Secretario Relator que certifica.

\n\n

RAZON: Las dos copias que anteceden son auténticas,\n ya que fueron tomadas del juicio original N0 305-2001 que sigue\n el doctor Homero Vélez Zambrano contra Esthela Gallegos.\n Resolución N0 81-2002.

\n\n

Quito, 8 de abril del 2002.

\n\n

f) Dr. Carlos Rodríguez García, Secretario Relator\n de la Segunda Sala Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia.

\n\n

 

\n\n

N0 82-2002

\n\n

ACTOR: Marcial Gavilanez Tenorio.

\n\n

DEMANDADOS: Celio Correa Acosta y otra.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

\n\n

Quito, a 12 de marzo del 2002; las 09h10.

\n\n

VISTOS: En el juicio ordinario que por nulidad de sentencia\n sigue Marcial Heriberto Gavilánez Tenorio contra Celio\n Hernán Correa Acosta, Santa Edita Medina Tumbaco, Luis\n Armando Gavilánez Tenorio y Mercedes Alicia Villamarín\n Ortega, el demandado Celio Hernán Correa interpone recurso\n de Casación de la sentencia pronunciada por la Primera\n Sala de la Corte Superior de Justicia de Latacunga en la que,\n revocando el fallo de primer nivel, "y aceptándose\n la demanda propuesta por Marcial Heriberto Gavilánez Tenorio,\n declárase la nulidad de la sentencia de prescripción\n extraordinaria adquisitiva de dominio dictada por el señor\n Juez de lo Civil de Salcedo a favor de Celio Hernán Correa\n Acosta y Santa Edita Medina Tumbaco, el 1 de febrero de 1993".\n Concedido el recurso ha subido la causa, correspondiendo su conocimiento,\n en virtud del sorteo de ley, a la Segunda Sala de lo Civil y\n Mercantil de la Corte Suprema de Justicia, la misma que en su\n primera providencia (fs. 2 y 3 de los autos) y con el voto salvado\n del Magistrado doctor Olmedo Bermeo Idrovo (fs. 4) acepta a\n trámite el recurso. El señor Presidente de la mencionada\n Sala, en providencia de 13 de marzo del 2001, dice: "Por\n existir tres opiniones en el presente juicio, lo cual implica\n que no existe mayoría absoluta de votos, conforme lo requiere\n el Art. 51 de la Ley Orgánica de la Función Judicial,\n llamase a los dos primeros Ministros de la Tercera Sala de lo\n Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia, en orden a\n su nombramiento, para que conozcan la presente causa, y así\n establecer la necesaria mayoría de votos, en aplicación\n de la norma legal invocada, en su inciso cuarto...". Con\n estos antecedentes, para resolver, se considera: PRIMERO.- El\n recurso de casación es de carácter extraordinario,\n formalista y restrictivo, ataca exclusivamente a la sentencia\n para invalidarla o anularla debido a los vicios de fondo o forma\n que se presenten, por aplicación indebida, falta de aplicación\n o por errónea interpretación de normas de derecho\n para la causal primera del Art. 3 de la Ley de Casación;\n de normas procesales, cuando haya viciado el proceso de nulidad\n insanable o provocado indefensión, para la causal segunda;\n y, de los preceptos jurídicos aplicables o la valoración\n de la prueba para la causal tercera. Las otras dos causales (4ta.\n y 5ta.) tienen también sus elementos que las caracterizan,\n que igualmente deben ser precisados claramente en el escrito\n de casación. SEGUNDO. - En el presente caso, el recurso\n está fundado en la causal tercera del Art. 3 de la Ley\n de Casación, "toda vez que -dice el impugnante- se\n lo hace con la aplicación indebida y errónea interpretación\n de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración\n de la prueba...". TERCERO.- Al haberse fundado el recurso\n en la causal 3ra. del Art. 3 de la ley de la materia, son las\n normas de valoración probatoria las atacadas por el recurrente,\n siendo de advertir que, de acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia,\n dicha causal tiene que ver con "la interpretación\n y aplicación de la ley reguladora de la prueba en la apreciación\n de los hechos, a fin de que prevalezca la apreciación\n que debe hacerse de acuerdo a derecho y no la apreciación\n que con su criterio individual hiciera el juez o tribunal apartándose\n de la interpretación ajustada a la ley; la causal pues\n procede cuando el juez o tribunal ha dado por establecidos los\n hechos violando las disposiciones legales que regulan la prueba\n y porque los hechos deben ser comprobados con arreglo a la ley\n y a los medios probatorios establecidos por ella" (Exp.\n 51-96, R.O. 22. 10-IX-96). Por tanto, acorde con la jurisprudencia\n citada, para que proceda el recurso por esta causal, el recurrente\n está obligado a explicar y precisar en qué consiste\n individualmente cada prueba mal apreciada o dejada de apreciar\n o explicando cuál es la que se dio por existente sin que\n obrara del proceso, comentándola además en conjunto\n y en relación con las demás pruebas y que ese error\n ha repercutido en la decisión impugnada, pues si el error\n existe, pero el Juez o el Tribunal no basó en el su decisión\n resulta intranscendente, sin que proceda, por ello, la Casación.\n CUARTO.- Examinado el recurso de casación, como se dijo\n anteriormente, si bien el recurrente habla de "aplicación\n indebida y errónea interpretación de los preceptos\n jurídicos aplicables a la valoración de la prueba",\n no cita, al concretar la causal, norma procesal alguna relacionada\n con la valoración de la prueba, y, mucho menos cumple\n con precisar o determinar claramente con qué vicio se\n ha producido tal violación en la sentencia, esto es por\n aplicación indebida, falta de aplicación o errónea\n interpretación de tales preceptos, tomando en cuenta inclusive\n que tales supuestos son contradictorios e incompatibles entre\n sí. QUINTO.- Por lo que queda dicho, este Tribunal considera\n que el escrito de interposición del recurso de casación\n presentado por el demandado Celio Hernán Corren Acosta\n en esta causa es antitécnico en su formulación\n y por lo tanto, improcedente. Por estas consideraciones, ADMINISTRANDO\n JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,\n se rechaza el mencionado recurso de casación. Sin costas\n ni multa. Notifíquese y devuélvase.

\n\n

 

\n\n

Fdo.) Dres. Bolívar Guerrero Armijos, Olmedo Bermeo\n Idrovo (Voto Salvado), Bolívar Vergara Acosta (Voto Salvado)\n Estuardo Hurtado Larrea y Rodrigo Varea Avilés, Ministros\n Jueces y Carlos Rodríguez García, Secretario Relator\n que certifica.

\n\n

Es fiel copia de su original.

\n\n

Quito, 8 de abril del 2002.

\n\n

Certifico:

\n\n

Dr. Carlos Rodríguez García, Secretario Relator.

\n\n

 

\n\n

VOTO SALVADO DEL SEÑOR MINISTRO JUEZ, DOCTOR OLMEDO\n BERMEO IDROVO.

\n\n

 

\n\n

En el juicio N0 167-97.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

\n\n

Quito, a 12 de marzo del 2002; las 09h10.

\n\n

VISTOS: en la presente causa, consta a fs. cuatro de los autos\n de este nivel, que este Ministerio ha emitido voto salvado sobre\n la admisibilidad del recurso de casación interpuesto por\n Celio Hernán Corren Acosta, de la sentencia dictada por\n la Primera Sala de la Corte Superior de Justicia de Latacunga,\n al indicar que no es procedente el recurso interpuesto porque\n no se han cumplido los requisitos formales de los numerales 2\n y 4 de la ley de la materia, rechazando por improcedente. Consecuentemente,\n no me corresponde pronunciar sobre el fondo del recurso de casación.\n Notifíquese.

\n\n

Fdo.) Dres. Bolívar Guerrero Armijos, Olmedo Bermeo\n Idrovo (Voto Salvado), Bolívar Vergara Acosta (Voto Salvado),\n Estuardo Hurtado Larrea y Rodrigo Varea Avilés, Ministros\n Jueces y Carlos Rodríguez García, Secretario
\n Relator que certifica.

\n\n

Es fiel copia de su original.

\n\n

f.) Dr. Carlos Rodríguez García, Secretario\n Relator.

\n\n

 

\n\n

VOTO SALVADO DEL SEÑOR MINISTRO JUEZ DOCTOR BOLIVAR\n VERGARA ACOSTA.

\n\n

En el juicio N0 167-97.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

\n\n

Quito, 12 de marzo del 2002; las 09h10.

\n\n

VISTOS: Celio Hernán Corren Acosta interpone recurso\n de casación (fs. 22 y vta, del segundo nivel, objetando\n la legalidad del fallo dictado por la Primera Sala de la Corte\n Superior de Latacunga (fs. 14 a 15 de segundo grado), que revoca\n el pronunciado por el Juez de lo Civil del cantón Salcedo,\n que declara con lugar la demanda propuesta por Marcial Heriberto\n Gavilánez Tenorio, y reconoce la nulidad de la sentencia\n expedida dentro del juicio ordinario de prescripción extraordinaria\n adquisitiva de dominio, que fuera favorable al recurrente. El\n escrito de casación sostiene la violación del Art.\n 305 del Código de Procedimiento Civil, al estimar que\n la sentencia dictada dentro del juicio ordinario de prescripción\n extraordinaria adquisitiva de dominio, que es materia de la acción\n de nulidad entablada, se encuentra ejecutoriada y ejecutada,\n sin que proceda tal acción. Fundamenta el recurso en la\n causal 3ra. del Art. 3 de la Ley de Casación al sostener\n que se ha aplicado equivocadamente la disposición legal\n antes invocada. Agotado el trámite en este nivel, corresponde\n resolver, al hacerlo, se considera: PRIMERO. - La competencia\n de la Sala se halla asegurada en atención del Art. 200\n de la Constitución, en concordancia con el Art. 1 de la\n Ley de Casación. SEGUNDO.- El Art. 305 del Código\n de Procedimiento Civil, dispone: "No ha lugar la acción\n de nulidad: 1o.- Si la sentencia ha sido ya ejecutada...".\n Revisado el proceso, se constata: 2.1. La demanda de nulidad\n de sentencia ejecutoriada ha sido presentada el 27 de abril de\n 1993 (fs. 18 de primera instancia) y calificada el 6 de julio\n de 1993, (fs. 19 y vta, de primer grado). 2.2. Conforme a la\n copia certificada de la sentencia de prescripción extraordinaria\n adquisitiva de dominio, se verifica que la misma ha sido protocolizada\n en la Notaría Segunda del Cantón Salcedo el 7 de\n febrero de 1993, e inscrita en el Registro de la Propiedad de\n dicho cantón el 12 de febrero de 1993 (fs. 16 a 18 de\n segunda instancia). Consecuentemente, se encuentra ejecutada\n con la inscripción en el Registro de la Propiedad, hecho\n que verifica la tradición de bienes raíces conforme\n el Art. 721 del Código Civil. TERCERO.- En atención\n al Art. 14 de la Ley de Casación corresponde resolver\n en mérito de lo actuado, al efecto se observa: 3.1. No\n aparecen omisiones de solemnidades sustantivas que influyen en\n la decisión de la causa, ni se encuentra indefensión\n de los litigantes. 3.2. La traba de la litis y la carga probatoria\n referentes sobre los hechos a justificar, demuestran: que se\n ha probado que la sentencia exigida su nulidad se halla ejecutada,\n resultando improcedente la acción, al tenor del Art. 305\n del Código de Procedimiento Civil, que ha sido motivo\n de excepción de los accionados Celio Hernán Corren\n Acosta y Santa Edita Medina Tumbaco (fs. 40 de primer grado).\n Por ¡o expuesto, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA\n REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se acepta el recurso de\n casación, al verificarse la no aplicación del Art.\n 305 numeral 1ro. del Código de Procedimiento Civil, anulado\n la sentencia cuestionada. Se declara sin lugar la demanda. Sin\n costas. Notifíquese. Publíquese. Cúmplase\n con el Art. 19 de la Ley de Casación.

\n\n

 

\n\n

Fdo.) Dres. Bolívar Guerrero Armijos, Olmedo Bermeo\n Idrovo, (Voto Salvado), Bolívar Vergara Acosta, (Voto\n Salvado), Estuardo Hurtado Larrea y Rodrigo Varea Avilés,\n Ministros Jueces y Carlos Rodríguez García, Secretario\n Relator que certifica.

\n\n

 

\n\n

RAZON: Las cinco copias que anteceden son auténticas,\n ya que fueron tomadas del juicio original N0 167-97 que sigue\n Marcial Gavilánez Tenorio contra Celio Correa Acosta y\n otra. Resolución N0 82-2002.

\n\n

Quito, 8 de abril del 2002.

\n\n

 

\n\n

f) Dr. Carlos Rodríguez García, Secretario Relator\n de la Segunda Sala Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia.

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

N0 84-2002

\n\n

ACTOR: Ing. Mario Fidel Suárez.

\n\n

DEMANDADO: Delfín Wilfrido Pincay\n Pillasagua.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

\n\n

Quito, a 14 de marzo del 2002; las 09h00.

\n\n

VISTOS: Póngase en conocimiento de las partes la recepción\n del proceso. En lo principal, el demandado Delfin Wilfrido Pincay\n Pillasagua, ha interpuesto recurso de casación el veinte\n de agosto del dos mil uno, fs. 41 a 45 del cuaderno de segundo\n nivel, objetando la sentencia dictada por la Cuarta Sala de la\n Corte Superior de Justicia de Portoviejo, el 17 de julio del\n 2001, notificada en la misma fecha, fs. 32 a 34 del cuaderno\n del mismo nivel, que revoca la sentencia venida en grado, dentro\n del juicio ordinario que, por nulidad de sentencia, sigue en\n su contra el Ing. Mario Fidel Suárez Mieles. El recurso\n ha sido concedido el 29 de agosto del 2001 y se radicó\n la competencia por sorteo de 26 de noviembre del 2001. Con estos\n antecedentes, en aplicación al mandato del Art. 7 de la\n Ley Reformatoria a la Ley de Casación, publicada en el\n R.O. N0 39 de 8 de abril del 1997, corresponde pronunciarse sobre\n la admisibilidad del recurso y examinado el escrito de Delfín\n Wilfrido Pincay Pillasagua, en que interpone recurso de casación,\n se establece que: reúne los requisitos de procedencia,\n oportunidad y legitimación previstos en los Arts. 2, 3\n

 

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