Registro Oficial. 27 de FEBRERO del 2002

Miércoles, 27 de febrero de 2002

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

\n \n \n \n
   MES DE FEBRERO DEL 2002
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 REGISTRO OFICIAL
ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR
Administración del Sr. Dr. Gustavo Noboa Bejarano
Presidente Constitucional de la República
\n

 Miércoles, 27 de Febrero del 2002

\n

REGISTRO OFICIAL No. 523

\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n

DR. JOSE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR

\n\n

FUNCION\n EJECUTIVA

\n\n

RESOLUCIÓN

\n\n

MINISTERIO\n DE ECONOMIA Y FINANZAS :
\n
 
\n 007 Adjudicase al Instituto\n Geográfico Militar la impresión de quinientos mil\n formularios para otorgamientos de pasaportes
\n  

\n\n

FUNCION\n JUDICIAL

\n\n

CORTE\n SUPREMA DE JUSTICIA
\n  
\n SEGUNDA SALA DE LO PENAL :
\n
 
\n Recursos de casación en los juicios seguidos por las\n siguientes personas:
\n  
\n 415-2001    \n Ministerio Fiscal General en contra de Santos Daniel Sánchez\n Rueda

\n\n

416-2001     Ministerio\n Fiscal General en contra de José Reineiro Fernández\n Cuenca

\n\n

417-2001     Marco Heriberto Dávalos\n Flores en contra de Luis Gilberto Basantes Chicaisa

\n\n

418-2001     Juan Pió\n Tohaza Tisalema en contra de Segundo Hipólito Lara Cevallos.

\n\n

419-2001     Ministerio Fiscal\n General en contra de Washington Genaro Cotera Ortiz .

\n\n

420-2001     Ministerio Fiscal\n General en contra de Segundo Carmelo Tipán Guaraca .

\n\n

TRIBUNAL\n CONSTITUCIONAL

\n\n

TERCERA\n SALA

\n\n

RESOLUCIONES\n :

\n\n

004-2002-III-SALA-HC   Revócase la resolución\n del Alcalde del cantón Babahoyo y concédese el\n recurso de habeas hábeas  corpus interpuesto por\n Gabriel Fernando Haro Vergara
\n  
\n 030-2002-III-SALA-RA  \n Confirmase la resolución del Juez de instancia y concédese\n el amparo solicitado por el abogado Arturo Junco Sánchez
\n  
\n 033-2002-III-SALA-RA   \n Revocase la resolución emitida por el Juez de instancia\n y niégase el amparo solicitado por el arquitecto Andrés\n Cañizares Pinargorte
\n  
\n 034-2002-III-SALA-RA   \n Confirmase la resolución pronunciada  por el Juez\n Cuarto de lo Civil de los Ríos que declara sin lugar el\n amparo constitucional propuesto por Segundo Miguel Bonilla Jaya\n y otro
\n  
\n 035-2002-III-SALA-RA \n Confirmase la resolución del Juez de instancia e Inadmítese\n el amparo solicitado por Rodrigo Ramírez Vásquez\n ,por improcedente.
\n  
\n 036-2002-III-SALA-RA   \n Confirmase la resolución emitida por la Jueza Décima\n Segunda de lo Civil de Pichincha que niega el amparo solicitado\n por el Contralmirante Carlos Monteverde Granados
\n  
\n 037-2002-III-SALA-RA  \n Confirmase la resolución del Juez de instancia y niéguese\n la acción de amparo solicitada por Gustavo Terán\n Acosta , por improcedente .
\n  
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039-2002-III-SALA-RA  Confirmase la resolución pronunciada\n por el Juez Quinto de lo Civil de Imbabura que declara no ha\n lugar el amparo constitucional propuesto por la licenciada Pubenza\n Fuentes Flores
\n  
\n
040-2002-III-SALA-RA  Confirmase la resolución pronunciada\n por el Juez  Cuarto de lo Civil de Pichincha que rechaza\n por improcedente el recurso de amparo constitucional deducido\n por Rodrigo Ernesto Hidalgo Pinto.
\n  
\n
041-2002-III-SALA­RA  Confirmase la resolución adoptada\n por el Juez de instancia y declarase sin lugar el amparo propuesto\n por la doctora Marianela Isabel Urdiales  Espinoza.
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\n 042-2002-III-SALA-RA \n Confirmase la resolución pronunciada por el Juez Primero\n de lo Civil de Pichincha que niega el recurso interpuesto por\n el ex -Cabo Primero de la Policía Nacional Manuel Maria\n de la Cruz Achig .
\n  
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043-2002-III-SALA-RA  Confirmase la resolución pronunciada\n por la Jueza Vigésima Tercera de lo Civil de Pichincha\n que niega la acción de amparo constitucional solicitada\n por el Cabo Primero de Policía Cajas Reinoso José\n Ernesto.
\n  
\n 044-2002-III-SALA-RA Dispónese\n que en el presente caso las partes deben sujetarse a lo establecido\n en las resoluciones Nos.  078-99-TP y 016-2000-TP \n adoptadas por el Pleno del Tribunal , pues el Decreto Ejecutivo\n N° 685 , declarado inconstitucional es de carácter\n general .
\n  
\n
045-2002-III-SALA-RA Confirmase la resolución del Juez\n de instancia y niégase el amparo solicitado por Nelson\n Eugenio Sisalema Soria
\n  
\n 046-2002-III-SALA-RA \n Confirmase la resolución del Juez de instancia y concédese\n el amparo solicitado por el señor  José Miguel\n Jiménez Álvarez
\n  
\n 047-2002-III-SALA-RA \n Revocase la resolución emitida por el Juez de instancia\n y concédese el amparo solicitado por Karina Irene León\n Rodríguez
\n  
\n 048-2002-III-SALA-RA \n Confirmase la resolución pronunciada por la Primera Sala\n del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que rechaza la\n acción de amparo propuesta por el señor José\n Oswaldo Guzmán Valencia .
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049-2002-III-SALA-RA  Confirmase la resolución del\n Juez de instancia y niégase el amparo solicitado por Luis\n Rodrigo Herrera
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050-2002-III-SALA-RA  Revocase la resolución del Juez\n de instancia y concédese el amparo solicitado por el señor\n Teodoro Absalón Villamar Murillo .
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\n 051-2002-III-SALA-RA Confirmase\n la resolución del Juez de instancia y niégase el\n amparo solicitado por Francisco Chávez Moran
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\n 053-2002-III-SALA-RA  \n Confirmase la resolución expedida por el Juez Décimo \n Tercero de lo Civil de Manabí que acepta el amparo constitucional\n propuesto por la señora Mercedes Trinidad Cedeño\n Montesdeoca
\n  
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054-2002-III-SALA-RA  Confirmase la resolución pronunciada\n por el Juez Sexto de lo Civil de Guayaquil que deniega el amparo\n solicitado por el doctor Zenón Delgado Muñoz.
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\n 055-2002-III-SALA-RA \n Confirmase la resolución emitida por el Juez de instancia\n y aceptase el amparo solicitado por Publio Rafael Goyoneche y\n otra
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056-2002-III-SALA-RA  No admitir la acción planteada\n por el Ing. Ind. Mario Milton Vera Moreno y otros,  por\n improcedente
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057-2002-III-SALA-RA  Confírmase la resolución\n del Juez de instancia y niégase el amparo solicitado por\n el señor José Emilio Aguilar Zambrano, por improcedente.
\n  
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058-2002-III-SALA-\n RA   No admitir la acción\n planteada por Miguel Antonio Cadena Vallejos, por improcedente
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\n 059-2002-III-SALA-RA Confírmase la resolución\n del Juez de instancia y niégase el amparo solicitado por\n el ingeniero Roberto Aguirre Torres y otro
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060-2002-III-SALA-RA  Confírmase la resolución\n del Juez de instancia y niégase el amparo solicitado por\n el señor Jorge Erazo Izurieta y otros
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062-2002-III-SALA-RA    Confírmase la aresolución\n pronunciada por el Juez Segundo de lo Civil de Pichincha y no\n admitir la acción propuesta por el señor Miguel\n Neptalí Tituaña
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063-2002-SALA-RA    No admitir la acción\n propuesta por Juan Bulmaro Jaramillo Miño y otros
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\n 065-2002-III-SALA-RA  Confírmase la resolución\n del Juez de instancia y niégase el amparo solicitado por\n Guadalupe del Rocío Quimbita Toapanta
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AVISOS\n JUDICIALES:
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-  Juicio\n de expropiación\n seguido por el Ilustre Municipio de Pelileo en contra de José\n María Caizabanda Pilla y otros (1era.publicación)
\n  
\n
-  Muerte\n presunta\n del señor Rafael Alfonso Vargas (2da. Publicación)
\n  
\n
- \n Muerte presunta\n del señor Adolfo María Sinchi (3era. Publicación)
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\n

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N°\n 0007

\n\n

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

\n\n

Considerando:

\n\n

Que mediante Acuerdo Ministerial 355 de 31 de diciembre dcl\n 2001, el señor Ministro de Economía y Finanzas,\n autorizó la emisión e impresión de quinientos\n mil formularios para otorgamiento de pasaportes;

\n\n

Que conforme lo prevé el articulo 1 del Decreto Legislativo\n No. 014, publicado en el Registro Oficial No. 92 de 27 de marzo\n de 1967, reformado por el articulo 9 del Decreto Supremo No.\n 1065-A, publicado en el Registro Oficial No. 668 de 28 de octubre\n de 1974, en concordancia con lo previsto en el articulo 1 del\n Reglamento para la emisión de Especies Valoradas expedido\n mediante Acuerdo Ministerial No. 488, publicado en el Registro\n Oficial No. 690 de 12 de octubre de 1978, el Instituto Geográfico\n Militar es el único organismo autorizado para que, en\n sus propios talleres imprima las especies valoradas que la administración\n requiera;

\n\n

Que el articulo 2 del Decreto Legislativo No. 014, establece\n que los contratos de impresión de las especies fiscales,\n serán suscritos entre el Ministerio correspondiente y\n el Instituto Geográfico Militar;

\n\n

Que el Instituto Geográfico Militar mediante oficio\n No. 020060-IGM-f recibido en esta Cartera de Estado el 30 de\n enero del 2002, dirigido al señor Coordinador de Recursos\n Materiales y Seguridad del Ministerio de Economía y Finanzas,\n da a conocer la cotización para la impresión de\n quinientos mil formularios para otorgamiento de pasaportes a\n un costo total de USD$ 56.224,00, incluido el IVA;

\n\n

Que según se desprende de la certificación de\n fondos No. 14379-SIGEF.CEP.UP-2002 de 31 de enero del 2002, existen\n los fondos suficientes para la impresión y emisión\n de las especies valoradas señaladas en el considerando\n anterior, en la partida presupuestaria No. 1130-0000-Q100-000-00-00-530200-000-0\n "Servicios Generales";

\n\n

Que según lo dispuesto en el artículo 1 de la\n Ley de Cartografía Nacional publicada en el Registro Oficial\n No. 643 de 4 de agosto de 1978, el Instituto Geográfico\n Militar es una entidad de derecho público con personería\n jurídica propia, con autonomía administrativa y\n patrimonio propio;

\n\n

Que el literal k) del artículo 6 de la Lev de Contratación\n Pública, exceptúa de los procedimientos precontractuales\n a los contratos que celebren el Estado con entidades del sector\n público; y,

\n\n

En ejercicio que la facultad que le confiere el literal k)\n del artículo 6 de la Ley de Contratación Pública\n 'el artículo 3 de su reglamento general,

\n\n

Resuelve:

\n\n

Art. 1.- Exceptúase de los procedimientos precontractuales,\n de conformidad con lo señalado en el articulo 6, literal\n k) de la Ley de Contratación Pública, a la impresión\n de quinientos mil formularios para otorgamiento de pasaportes.

\n\n

Art. 2.- Adjudicar al Instituto Geográfico Militar\n la impresión de las especies señaladas en el articulo\n anterior, cuyo costo total es de USD$ 56.224,oo (CINCUENTA Y\n SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO DÓLARES 00/100) incluido\n el 'IVA.

\n\n

Art. 3.- La presente resolución entrará en vigencia\n a partir de la fecha de su expedición.

\n\n

Dado en el Distrito Metropolitano de la ciudad de San Francisco\n de Quito, a 15 de febrero del 2002.

\n\n

f.) Dr. Carlos Julio Emanuel Morán, Ministro de Economía\n y Finanzas.

\n\n

Es copia, certifico.- f) Julio César Moscoso S., Secretario\n General del Ministerio de Economía y Finanzas.- 15 de\n febrero del 2002.

\n\n

 

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N°\n 415-2001

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA E LO PENAL

\n\n

Quito, noviembre 21 del 2001; las 17h00.

\n\n

VISTOS: El Tribunal Cuarto de lo Penal de Pichincha expide\n sentencia declarando a Santos Daniel Sánchez Rueda autor\n responsable del delito de asesinato tipificado y sancionado en\n el Art. 450 del Código Penal, con las circunstancias de\n los números 1, 4 y 7, en concurrencia con el delito de\n robo agravado previsto en el último inciso del Art. 552\n ibídem, y le impone la pena de dieciséis años\n de reclusión mayor extraordinaria. En su oportunidad el\n sentenciado interpone recurso de casación cuyo conocimiento\n corresponde a esta Segunda Sala de lo Penal, la cual para resolver\n hace las siguientes consideraciones: PRIMERA - En el escrito\n que contiene la fundamentación del recurso, Sánchez\n Rueda manifiesta que se han incumplido las disposiciones contenidas\n en el Art. 23, numerales 3, 26 y 27, y en el Art. 24, numerales\n 3 y 10 de la Constitución Política de la República\n del Ecuador. Sobre este punto sostiene que no ha tenido la oportunidad\n de probar sus dichos, por cuanto, según afirma, sistemáticamente\n se le negó la actuación "de todas y cada una\n de las pruebas" por él solicitadas. Más adelante\n alega haber sido privado del derecho a la defensa al no haber\n sido consideradas por el Tribunal juzgador su irreprochable conducta\n anterior y al no permitírsele oportunamente tanto en el\n sumario corno en el plenario probar los hechos alegados en referencia\n a la muerte del señor Ricardo Rodríguez Becdach.\n Afirma inobservancia del Art. 130 del Código de Procedimiento\n Penal al haber sido citado a prestar su testimonio indagatorio\n al cabo de seis meses de estar privado de la libertad. Protesta\n que el Tribunal haya descartado el testimonio propio del testigo\n Miguel Angel Landeta Calderón, por amistad íntima\n con una de las partes procesales. Alega que se omitió\n aplicar el Art. 65 del Código Penal en relación\n con el Art. 25, del mismo cuerpo legal al no haberse ordenado\n el examen médico legal que pudo determinar las circunstancias\n alegadas por el aquí recurrente. Expresa que en el considerando\n séptimo de la sentencia señala que el objetivo\n era el robo de un vehículo, cuestión que, al decir\n de Sánchez Rueda, no se ha probado en forma fehaciente,\n por lo cual la calificación de autoría del delito\n contemplado en el Art. 552, inciso final del Código Penal\n es para el recurrente absoluta y totalmente antijurídica.\n Reclama haber sido condenado por el Art. 450 con las agravantes\n contempladas en los numerales 1, 4 y 7 del Código Penal\n pues, dice que no se ha comprobado que haya actuado con alevosía\n o con ensañamiento. Concluye su memorial sustentatorio\n manifestando que, si se hubieran aplicado correctamente las normas\n y los criterios que, respecto del proceso penal, son universalmente\n reconocidos, el resultado habría sido la aplicación\n de una pena sustancialmente inferior, por lo cual solicita se\n expida nueva sentencia en la cual se imponga una pena que corresponda\n a la correcta aplicación de las normas legales. SEGUNDA.-\n La señora Ministra Fiscal General, en su dictamen considera\n que el recurso de casación interpuesto por Sánchez'\n Rueda es insuficiente y carece de fundamento. Observa que la\n sentencia reúne los requisitos exigidos por el Art. 333\n del Código de Procedimiento Penal, habiéndose cumplido\n los preceptos adjetivos penales atinentes a la comprobación\n conforme a derecho de un delito, en el caso, el de asesinato\n en concurrencia con el de robo' agravado. Advierte igualmente\n que en la sentencia se ha aplicado correctamente la sanción\n de conformidad con el Art. 30 en relación con el Art.\n 72 del Código Penal, que impide la modificación\n de la pena por atenuantes y permite la agravación de la\n misma por la existencia de agravantes. TERCERA.- Por lo dispuesto\n en el Art. 349 del Código de Procedimiento Penal promulgado\n en el Suplemento del Registro Oficial N0 360 del 13 de enero\n del año 2000, procede el recurso de casación si\n en una sentencia definitiva se ha quebrantado la ley en cualesquiera\n de estas hipótesis: 1) Por contravenir expresamente al\n texto de la norma; 2) Por haberse hecho una falsa aplicación\n del precepto sustantivo; y, 3) Por haberlo interpretado erróneamente.\n CUARTA.- Como dispone el Art. 64 del Código de Procedimiento\n Penal de 1983, la apreciación de la pena es facultad privativa\n del juzgador, quien debe hacerlo atendiendo las reglas de sana\n crítica. Por esta razón, a la Sala de Casación\n le está vedado valorar nuevamente la prueba que ya fue\n apreciada al expedirse el fallo de instancia. En la especie que\n se juzga, consta que el Tribunal Penal en las consideraciones\n tercera y cuarta analiza y valora la prueba material y la incriminatoria,\n en la cual se establece el grado de participación y la\n consecuente culpabilidad del procesado Sánchez Rueda.\n Determina, en el considerando séptimo, que la muerte de\n Ricardo Rodríguez Becdach fue el medio comisivo para ejecutar\n el delito de robo del automotor propiedad de la víctima.\n En la sentencia censurada, los hechos relatados y aceptados como\n verdaderos mantienen coherencia con las conclusiones expuestas\n en el fallo. El análisis del caudal probatorio guarda\n un orden lógico con la parte dispositiva, así como\n la necesaria correspondencia con la tipificación del delito,\n con la declaración de existencia de la infracción\n y con la certeza de la responsabilidad del encausado, razones\n por las cuales no ha lugar al recurso de casación. Por\n las anteriores consideraciones, la Corte Suprema de Justicia\n -Segunda Sala de lo Penal-, "ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE\n DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY", declara la improcedencia\n del recurso. Notifíquese y devuélvase el juicio\n al Tribunal de origen para que se ejecute la sentencia.

\n\n

Fdo.) Dres. Milton Moreno Aguirre y Arturo J. Donoso Castellón,\n Magistrados y Jorge Andrade Lara, Conjuez Permanente.

\n\n

Certifico.- f.) Dr. Honorato Jara Vicuña, Secretario\n Relator.

\n\n

Corte Suprema de Justicia.- Sala de lo Penal.- Es fiel copia\n de su original.- Quito, a 17 de enero del 2002.

\n\n

Certifico.- f.) El Secretario Relator.

\n\n

 

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N°\n 416-2001

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA DE LO PENAL

\n\n

Quito, noviembre 21 del 2001; las 16h00.

\n\n

VISTOS: El Segundo Tribunal Penal de Loja mediante sentencia\n condenatoria, impone a José Reinerio Fernández\n Cuenca, la pena modificada por atenuantes de tres años\n de reclusión menor, en aplicación del numeral 3\n del artículo 512, en concordancia con' los artículos\n 513, 29 y 72 del Código Penal. Respecto de dicha sentencia,\n José Reinerio Fernández Cuenca interpone recurso\n de casación, correspondiendo a esta Segunda Sala de lo\n Penal, competente y por encontrarse el trámite en estado\n de resolver, pronunciarse, para lo cual se hacen las siguientes\n consideraciones: PRIMERA. - En la casación penal, como\n lo determina el articulo 373 del Código de Procedimiento\n Penal de 1983, aplicable al caso, no es admisible cualquier pretensión\n de que la Sala vuelva a examinar las pruebas, que, en cumplimiento\n de la tarea legal, efectuó el Tribunal Penal, para llegar\n como en este caso, a dictar la sentencia recurrida. Además,\n para que el recurso de casación se vuelva procedente,\n quien recurre por esta vía, debe fundamentar el ataque\n que efectúa sobre el fallo, puntualizando concretamente\n en qué consisten las violaciones a la ley en la sentencia,\n sea por contravenir expresamente a su texto, o por haberse hecho\n una falsa aplicación o una errónea interpretación\n de la norma. SEGUNDA.- De fojas 4 a 5 vta., el recurrente hace\n su exposición para fundamentar su recurso y, luego de\n hacer una narración de algunos aspectos del proceso, se\n refiere a los testimonios y a otras pruebas, inclusive documentales,\n por las que el Tribunal Penal, dice, desde su particular punto\n de vista, debió no condenarlo, afirmando que las pruebas\n a las que se remite, no fueron debidamente valoradas, por lo\n que considera violados los artículos 66, 157 y 326 del\n Código de Procedimiento Penal de 1983, sin que explicite,\n como no sea la mera referencia normativa, en dónde se\n encuentran las violaciones a la ley en la sentencia. Es decir,\n que el recurrente, sin éxito alguno, pretende que la Sala\n vuelva a examinar la carga probatoria, lo cual es ajeno al recurso\n de casación penal. TERCERA.-Con el contenido de la consideración\n anterior, coincide el señor Ministro Fiscal General subrogante\n (fojas 9 a 11), quien dice que el recurso debe declararse improcedente,\n porque el fallo no se encuentra viciado por error de derecho\n que deba ser enmendado. CUARTA.- Del examen de la sentencia recurrida,\n la Sala encuentra que el Tribunal Penal hace un detallado análisis,\n de todos los elementos procesales, de manera que razonada y lógicamente,\n establece fundamentadamente la conclusión que fluye de\n la parte motivada del fallo, para llegar a imponer la pena, en\n base a la determinación de culpabilidad del procesado.\n Es decir, que en la sentencia recurrida, no existe violación\n alguna de la ley, por lo que el recurso de casación planteado\n no puede prosperar, ni aún en la posibilidad legal del\n articulo 382 y 383 del Código de Procedimiento Penal de\n 1983, aplicable al caso, esto es, que tampoco cabe que la Sala\n case de oficio la sentencia recurrida, aun si el recurrente la\n hubiera fundamentado equivocadamente. - Por todas estas consideraciones\n la Segunda Sala de lo Penal, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE\n DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, declara improcedente\n el recurso de casación interpuesto y ordena devolver el\n proceso. Notifíquese.

\n\n

Fdo.) Dres. Milton Moreno Aguirre y Arturo J. Donoso Castellón,\n Magistrados y Jorge Andrade Lara, Conjuez Permanente.

\n\n

Certifico.- f.) Dr. Honorato Jara Vicuña, Secretario\n Relator.

\n\n

Corte Suprema de Justicia.- Sala de lo Penal.- Es fiel copia\n de su original.- Quito, a 17 de enero del 2002.

\n\n

Certifico.- f.) El Secretario Relator.

\n\n

 

\n\n

N0 417-2001

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA DE LO PENAL

\n\n

Quito, noviembre 21 del 2001; las 15h50.

\n\n

VISTOS: El Tribunal Primero de lo Penal de Pichincha dicta\n sentencia absolutoria a favor del encausado Luis Gilberto Basantes\n Chicaiza, calificando como temeraria y maliciosa la acusación\n particular presentada por Marco Heriberto Dávalos Flores,\n sentencia de la cual interpone recurso de casación este\n último, por cuyo motivo, ha llegado a conocimiento de\n la Sala la presente causa penal, que para resolver considera:\n PRIMERO.- El impugnante Marco Heriberto Dávalos Flores\n fundamenta su recurso en que el Tribunal Penal no ha tomado en\n cuenta la prueba que acredita la comisión del delito de\n hurto tipificado en el Art. 547 del Código Penal, que\n no determina la forma en que se ha comprobado la existencia del\n delito, no recoge las pruebas que fundamentan la responsabilidad\n del procesado, ni enuncia las disposiciones legales aplicables,\n infringiendo el Art. 333 del Código de Procedimiento Penal,\n pide que se case la sentencia y se condene al sindicado. SEGUNDO.-\n La Sra. Ministra Fiscal General expresa que la sentencia impugnada\n no señala la fecha de la denuncia presentada en el INEFAN\n por parte del procesado, entregando la motosierra presuntamente\n sustraída al acusador, no menciona otros elementos que\n determinen la malicia o temeridad de la acusación, por\n lo que pide que se case de oficio la sentencia corrigiendo el\n error en la calificación de la acusación particular,\n que el recurso del señor Dávalos Flores debe ser\n rechazado por improcedente. TERCERO.- El impugnante no concreta\n cuál es el error de derecho contenido en la sentencia\n del Tribunal Penal, en general se refiere a las pruebas sobre\n la existencia del delito y la responsabilidad del encausado,\n las mismas que no pueden ser reexaminadas por la Sala en recurso\n de casación y al contrario, se encuentra que han sido\n suficientemente evaluadas, principalmente, la denuncia formulada\n por Luis Basantes Chicaiza al INEFAN, entregando a esta institución\n la motosierra que había retirado del terreno, con la que\n se talaban los árboles, sin autorización alguna\n e infringiendo la Ley Forestal y de Conservación de Áreas\n Naturales, hecho que desvirtúa totalmente el elemento\n esencial del delito de huno, cual es la sustracción fraudulenta\n de cosa ajena con ánimo de apropiarse, de acuerdo con\n el Art. 547 del Código Penal, con tal prueba necesariamente\n tenía que dictarse sentencia absolutoria en su favor,\n como lo hizo el Tribunal Penal. CUARTO- El argumento del Ministerio\n Público de que no se han cumplido los requisitos del Art.\n 330 del Código de Procedimiento Penal, para sustentar\n la calificación de temeraria y maliciosa de la acusación\n particular, no son exactos, pues no se incluye tal análisis\n en ninguno de los numerales de dicha disposición legal,\n con todo, el Tribunal Penal sustentó dicha calificación\n al considerar que la denuncia inicial y la acusación posterior,\n son frutos de una retaliación arbitraria e injusta contra\n Luis Gilberto Basantes Chicaiza, por defender sus propios derechos\n constantes en la escritura de transacción y adjudicación\n de 1993, la protección y defensa ecológicas de\n la vida silvestre, amparados por la Ley Forestal, motivaciones\n que están inmersas en las garantías constitucionales,\n es decir que mal se pudo acusar un hecho legitimo, como es el\n impedir la tala de árboles sin autorización legal,\n tomando la motosierra y combustibles y entregándola a\n la institución de defensa ecológica y de la vida\n silvestre, como es el INEFAN. En consecuencia, ADMINISTRANDO\n JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE\n LA LEY, se rechaza el recurso de casación interpuesto.\n Notifíquese.

\n\n

fdo.) Dres. Milton Moreno Aguirre v Arturo Donoso Castellón,\n Magistrados y Jorge Andrade Lara. Conjuez Permanente.

\n\n

Certifico.

\n\n

f.) Secretario Relator.

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Corte Suprema de Justicia.- Sala de lo Penal.- Es lid copia\n de su original.- Quito, a 17 de enero del 2002.

\n\n

Certifico.

\n\n

f) El Secretario Relator.

\n\n

 

\n\n

N0 418-2001

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA DE LO PENAL

\n\n

Quito, noviembre 10 de 1999; las 11h00.

\n\n

VISTOS: Agréguese al proceso el dictamen de la señora\n Ministra Fiscal General. En lo principal, por cuanto el recurrente\n Segundo Hipólito Lara Cevallos, ha cumplido la obligación\n consignada en el Art. 376 del Código de Procedimiento\n Penal; como se desprende de la razón de fs. 7 vta. En\n consecuencia, al tenor de lo previsto en el Art. 346 del cuerpo\n de leyes antes indicado, se tiene por no interpuesto dicho recurso.\n Y, una vez ejecutoriada esta providencia, vuelvan los autos para\n continuar con el trámite. Notifíquese.

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Fdo.) Dres. Jorge A. Gallegos Terán, Magistrado; Fabián\n Navarro Dávila y Arturo Donoso Castellón, Conjueces\n Permanentes.

\n\n

Certifico.- f) Secretario Relator.

\n\n

En esta fecha a las nueve horas mediante boletas notifico\n con la copia de la razón y del' auto que anteceden a la\n señora Ministra Fiscal General en el casillero judicial\n N0 1207; a Hipólito Lara Cevallos en el casillero judicial\n 1565; y, a Juan Tohasa Tisalema en el casillero judicial 957-\n Quito. Noviembre 29 de 1999.

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Certifico.- f.) Secretario Relator.

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RAZÓN: De conformidad con la disposición final,\n inciso 30 del nuevo Código de Procedimiento Penal, promulgado\n en el Suplemento del Registro Oficial N0 360 del 13 de enero\n del 2000, a partir de esa fecha se encuentra en vigencia el Capitulo\n IV, Título IV del Libro Cuarto del mismo cuerpo legal.-\n Quito, enero 13 del 2000.

\n\n

Certifico.- f) El Secretario Relator.

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA DE LO PENAL

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Quito, noviembre 21 del 2001; las 16h30.

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VISTOS: Este proceso llega a conocimiento de la Segunda Sala\n de lo Penal por recurso de casación interpuesto por Juan\n Pío Tohaza Tisalema, acusador particular, así como\n por Hipólito Lara Cevallos, sentenciado por el Primer\n Tribunal de lo Penal de Tungurahua a cumplir la pena modificada\n de un año de prisión correccional, en aplicación\n del artículo 543 concordante con el Art. 57 del Código\n Penal. El recurrente Segundo Hipólito Lara Cevallos, no\n presentó escrito para fundamentar su recurso, declarándose\n como no interpuesto a fojas 9 del cuadernillo del recurso. Siendo\n competente esta Sala para conocer de este trámite, que\n se encuentra en estado de resolver, se considera: PRIMERO.- La\n casación penal tiene por objeto enmendar las violaciones\n a la ley que pudieran haber en la sentencia, sea por contravenir\n expresamente a su texto, o por haberse hecho una falsa aplicación\n o una interpretación errónea de la norma, como\n lo señalan tanto el artículo 373 del Código\n de Procedimiento Penal de 1983 como el artículo 349 del\n código adjetivo vigente. Por consiguiente no procede la\n casación cuando el recurrente persigue cualquier otro\n objetivo que no sea el señalado, y menos aún, pretender\n que la Sala vuelva a examinar las pruebas, misión que\n corresponde al Tribunal Penal. SEGUNDO.- De fojas 5 a 6 vta,\n el recurrente acusador particular hace una exposición\n de hechos procesales, y en lo principal dice que no debió\n en este caso el Tribunal Penal aplicar las atenuantes previstas\n en los numerales 2 y 7 del artículo 29 del Código\n Penal, de acuerdo con la regla del articulo 73 del mismo código,\n porque, dice, existen las agravantes de los numerales 1, 3 y\n 4 del articulo 30 ibídem y, afirma, que el hecho se dio\n por medio de varias personas en el arrebato del menor, en el\n que usaron la fuerza planificadamente para cometer la infracción\n por la que se ha seguido este proceso, concluyendo con la petición\n de que se modifique la pena impuesta, aumentándola por\n lo menos a cinco años. TERCERO.- Al contestar el traslado\n con el escrito de fundamentación, la Ministra Fiscal General,\n a fojas 8 y 8 vta, dice que en la sentencia recurrida consta\n el análisis de las pruebas aportadas, tomando en consideración\n las atenuantes, como son la edad mayor a sesenta y dos años,\n la buena conducta anterior y el no tratarse del sentenciado como\n un individuo peligroso, sin que se evidencie que hayan concurrido\n las circunstancias agravantes previstas en el articulo 30 numerales\n 1, 3 y 4 del Código Penal, por lo que, concluye diciendo\n que el Tribunal Penal no ha violado la ley en la sentencia, lo\n que hace el recurso improcedente. CUARTO. Examinada por la Sala\n la sentencia recurrida, como lo manifiesta la representante del\n Ministerio Público, en efecto, no se encuentra violación\n legal alguna y, mas bien, el fallo recurrido hace un análisis\n lógico tanto de la carga probatoria, como de la aplicación\n de las atenuantes previstas, como todas ellas, ejemplificativas,\n en los numerales 2 y 7 del articulo 29 del Código Penal,\n en ausencia de agravantes no constitutivas ni modificatorias\n de infracción, por lo que el Tribunal inferior aplicó\n bien la regla del artículo 73 de la norma sustantiva penal,\n por lo que el recuso de casación interpuesto deviene improcedente.\n Por las consideraciones expuestas, esta Segunda Sala de lo Penal,\n ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD\n DE LA LEY, declara improcedente el recurso de casación\n interpuesto y ordena devolver el proceso. Notifíquese.

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Fdo.) Dres. Milton Moreno Aguirre y Arturo J. Donoso Castellón,\n Magistrados y Jorge Andrade Lara, Conjuez Permanente.

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Certifico.- f.) Secretario Relator.

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Corte Suprema de Justicia.- Sala de lo Penal.- Es fiel copia\n de su original.- Quito, a 17 de enero del 2002.- Certifico.-\n f) El Secretario Relator.

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N°\n 419-2001

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA -
\n SEGUNDA SALA DE LO PENAL

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Quito, noviembre 22 de 2001; las 10h00.

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VISTOS: De la sentencia por la cual el Quinto Tribunal Penal\n de Manabí le impone la pena de tres años de prisión\n por el delito tipificado y sancionado en el artículo 563\n del Código Penal, interpone recurso de casación\n Washington Genaro Cotera Ortiz. Siendo esta Segunda Sala de lo\n Penal de la Corte Suprema, competente para conocer de este proceso\n que se encuentra en estado de resolver, se considera: PRIMERO.-\n El Código de Procedimiento Penal vigente, en el artículo\n 349, que coincide con el artículo 373 del Código\n Adjetivo Penal de 1983, establece las causales por las que se\n vuelve procedente el recurso de casación, y que son: contravenir\n expresamente el texto legal en la sentencia, haberse hecho una\n falsa aplicación de la norma o haberla interpretado erróneamente,\n causas por las que se viola la ley en la sentencia, por lo que,\n quien recurre para casar la sentencia, debe puntualizar las violaciones\n legales que pueden existir. Es, por tanto, ajeno a la naturaleza\n de la casación penal, pretender que la Sala vuelva a examinar\n las pruebas, misión cumplida por el Tribunal Penal. SEGUNDO.-\n A fojas 8 del cuadernillo del recurso, el recurrente presenta\n su escrito de fundamentación en el que alega desde su\n particular punto de vista que no se ha 'tomado en cuenta todos\n sus argumentos probatorios, tanto documentales como testimoniales,\n por lo que, dice, se han violado los artículos 127, 157\n y 326 inciso tercero del Código de Procedimiento Penal\n de 1983, pretendiendo, por tanto que la Sala examine nuevamente\n las pruebas, volviéndose esta presentación insuficiente\n y ajena a la procedibilidad del recurso interpuesto. TERCERO.-\n El Ministro Fiscal General subrogante (fojas 14 a 15 vta.), contesta\n al traslado hecho con el escrito de fundamentación del\n recurso, y dice, entre otras cosas, que en el caso y en relación\n a los hechos procesales, "el formulario del cheque pasó\n a convertirse en un medio fraudulento para cometer estafa, entregándose\n en pago por la compra de insumos al acusador particular, con\n lo que se demuestra que el cheque girado en cuenta cerrada, sirvió\n de medio para hacerse entregar bienes, constituyéndose\n así el delito de estafa, que es un delito contra la propiedad\n compuesto esencialmente por dos elementos: engaño y apropiación",\n añadiendo que el Tribunal Penal no ha violado la ley en\n la sentencia y que ha tipificado correctamente la infracción\n decidiendo de acuerdo a la sana crítica, por lo que considera\n improcedente el recurso interpuesto. CUARTO.-Es importante señalar,\n en el caso, que, como se manifiesta en varias decisiones judiciales\n de esta Sala, el giro de cheque en cuenta cenada, constituye\n estafa, al usar esa acción fraudulenta, como medio para\n hacerse entregar fondos, muebles, obligaciones, finiquitos, recibos,\n entre otras maniobras propias del elemento objetivo, característico\n de la tipificación de la estafa prevista en el articulo\n 563 del Código Penal, haciendo uso de nombres falsos o\n de falsas calidades. Como-se puede colegir del examen de la sentencia\n recurrida, el sentenciado, precisamente ha adecuado su conducta\n a los elementos típicos de la estafa, al girar un cheque,\n entre otras maniobras, como la revocatoria de cheques en numeraciones\n diferentes a la que correspondería al del cheque en cuestión,\n que es un ardid para intentar confundir los hechos, lo cual corrobora\n una vez más la conducta fraudulenta, al asumir la falsa\n calidad de cuenta correntista, girando contra una cuenta cerrada,\n para hacerse entregar diversos insumos, de los cuales termina\n apropiándose ilícitamente. Por todas estas consideraciones,\n no habiéndose encontrado, violación legal alguna\n en la sentencia, esta Segunda Sala d lo Penal, ADMINISTRANDO\n JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,\n declara improcedente el recurso de casación interpuesto\n y ordena devolver el proceso. Notifíquese.

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Fdo.) Dres. Milton Moreno Aguirre y Arturo J. Donoso Castellón,\n Magistrados y Jorge Andrade Lara, Conjuez Permanente.

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Corte Suprema de Justicia.- Sala de lo Penal.- Es fiel copia\n de su original.- Quito, a 17 de enero del 2002.

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Certifico.- f.) El Secretario Relator.

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N0 420-2001

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA DE LO PENAL

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Quito, noviembre 21 de 2001; las 17h00.

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VISTOS: El Juez Tercero de lo Penal de Chimborazo dicta auto\n de incoación contra Segundo Carmelo Tipán Guaraca,\n teniendo como noticia la denuncia deducida por el señor\n Teniente Político de la parroquia Guasuntos, quien en\n el acápite que corresponde a la relación circunstanciada\n de la infracción: "Que en la madrugada del día\n lunes 27 de abril de 1998, Luz Maria Tamay Mendoza, atendida\n por la comadrona Victoria Juntamay Mendoza, ha dado a luz una\n criatura de sexo masculino en perfecto estado de salud, razón\n por la cual la partera luego de atenderle se ha retirado a realizar\n sus faenas agrícolas, pero cuando ha sido más o\n menos las 15h00, ha podido observar desde su casa que Segundo\n Carmelo Tipán Guaraca, el mismo que se ha encontrado durmiendo\n en el altillo de la habitación en donde su cónyuge\n había dado a luz, ha salido llevándole al recién\n nacido en brazos y acercándose a una ladera ha procedido\n a arrojarle hacia abajo; al ver esto la comadrona ha buscado\n ayuda entre los miembros de la comunidad, por lo que han concurrido\n al lugar en donde yacía el cuerpo de la criatura, observando\n que sangraba por la boca y la nariz y comprobando que había\n fallecido. Al conocer este hecho el Vicepresidente del Cabildo,\n Segundo Miguel Aucama Saquisilí, ha ordenado que el cadáver\n sea llevado a la casa de los padres, Segundo Tipán y Luz\n María Tamay y que Tipán sea detenido, por lo que\n el Tesorero del Cabildo Segundo Pablo Aucama le ha quedado vigilando\n hasta el día siguiente martes 28 de abril de 1998, en\n horas de la mañana. El día jueves 30 de abril de\n 1998, en horas de la tarde, el Vicepresidente del Cabildo, Segundo\n Miguel Aucama se ha trasladado donde el señor Teniente\n Político de la parroquia Guasuntos a ponerle en conocimiento\n de los hechos ocurridos, pero esta autoridad le ha dicho que\n vuelva el sábado 2 de mayo de 1998 para que firme la denuncia,\n lo cual ha sido aprovechado por Segundo Carmelo Tipán\n Guaraca para darse a la fuga, desconociendo al momento de su\n paradero". A fs. 85 vta., el sindicado imiterpone en su\n oportunidad recurso de nulidad y recurso de casación al\n mismo tiempo, por lo que la Segunda Sala de la Corte Superior\n de Riobamba declara sin lugar el recurso de nulidad. Con respecto\n al recurso de casación interpuesto por el procesado contra\n la sentencia condenatoria pronunciada por el Tercer Tribunal\n de Chimborazo que impone al recurrente la pena de doce años\n de reclusión mayor extraordinaria, es aceptado y sube\n a la Corte Suprema de Justicia. - Efectuado el sorteo pertinente,\n corresponde a esta Segunda Sala Especializada de lo Penal el\n conocimiento del recurso, y una vez agotada la sustanciación,\n para decidir se considera: PRIMERO.- El recurrente al fundamentar\n e! recurso de casación interpuesto sostiene que el Tribunal\n Tercero de lo Penal de Chimborazo al pronunciar sentencia contraviene\n expresamente el texto de la Ley sustantiva y Adjetivas Penales\n por haberse hecho una falsa aplicación del Art. 452 del\n Código Penal, que se ha transgredido el Art. 312 del Código\n de Procedimiento Penal por cuanto no existen pruebas conforme\n a derecho de la existencia del delito y de la responsabilidad\n con la determinación precisa de la infracción y\n de la pena. Agrega que atribuye a la mala práctica médica\n de la comadrona que manipuló grotescamente, lesionando\n el cerebro del recién nacido, que existen evidentes motivos\n de nulidad procesal que de oficio la Corte Suprema de Justicia\n puede declarar por cuanto no existen evidencias de lesiones por\n golpes, tampoco correcta identificación de los testigos.\n Termina su exposición solicitando se revoque la sentencia\n dictada por el Tribunal Tercero de lo Penal de Chimborazo y se\n le absuelva en esta causa. SEGUNDO.- El Ministro Fiscal General\n subrogante el emitir su dictamen en síntesis manifiesta\n que: el Tribunal Penal Tercero de Chimborazo ha justificado fehacientemente\n que el recurrente se encontraba ebrio, que agredió a su\n mujer al término de las labores del parto y que al infante\n le lanzó por una quebrada al yació, que por los\n golpes sufridos el recién nacido, murió. Agrega\n que existe coherencia de los hechos que el Tribunal Tercero de\n lo Penal da por probados con la tipificación y la pena\n impuesta, además que la circunstancia agravante de matar\n a un hijo constituye una infracción más grave por\n la alarma en la sociedad que ocasionan este tipo de delitos.\n Considera que se debe declarar la improcedencia del recurso de\n casación interpuesto por el procesado Segundo Carmelo\n Tipán Guaraca. TERCERO.- La casación no es un recurso\n ordinario, ni medio de impugnación que promueve una instancia\n superior. Es, en esencia, una acción contra una sentencia\n definitiva, que pretende enmendar el error de derecho en que\n hubiere incurrido el juzgador, y que estuviere comprendido en\n uno o más de los casos que señala el Art. 373 del\n Código de Procedimiento Penal. CUARTO.- No está\n en la esfera de las facultades de esta Sala de Casación,\n examinar los hechos que en la sentencia se tienen como probados,\n ni hacer nueva valoración de la prueba, ni juzgar los\n razonamientos que formaron la convicción del fallador.\n Analizada la sentencia impugnada, se advierte que los hechos\n relatados y aceptados como verdaderos mantienen un orden lógico\n con las conclusiones expuestas en el fallo. Vale decir que el\n análisis de la prueba de cargo y de la de descargo guarda\n correspondencia con la parte dispositiva en cuanto se relaciona\n con la ley aplicada, con la declaración de la existencia,\n tipificación y sanción del delito, y con la certeza\n de la responsabilidad del encausado. Por tanto, no apareciendo\n violación de la ley, la Sala "ADMINISTRANDO JUSTICIA\n EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY",\n de conformidad con la disposición del Art. 382, parte\n final del Código de Procedimiento Penal, declara improcedente\n el recurso y dispone se devuelva el proceso al Tribunal Penal\n de origen, para que se ejecute la sentencia. Notifíquese.

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Fdo.) Dres. Milton Moreno Aguirre y Arturo J. Donoso Castellón,\n Magistrados y Jorge Andrade Lara, Conjuez Permanente.

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Certifico.- f.) Dr. Honorato Jara Vicuña, Secretario\n Relator.

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Corte Suprema de Justicia.- Sala de lo Penal.- Es fiel copia\n de su original.- Quito, a 17 de enero del 2002. ­

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Certifico.- f) El Secretario Relator.

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No. 004-2002-III-SALA-HC

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CASO No. 067-2001-HC

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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
\n TERCERA SALA

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Quito, enero 23 del 2002; las 10h00.

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Antecedentes:

\n\n

Gabriel Fernando Haro Vergara, por sus propios derechos, comparece\n refiriéndose a la denuncia presentada por el señor\n Augusto Guillermo Salazar Ayala.

\n\n

Manifiesta que el 23 de noviembre del 200, en circunstancia\n que se encontraba labrando el campo en terrenos de la casa de\n su padre Salomón Gabriel Haro, ubicado en el Recinto La\n Esmeralda, Cantón Montalvo de la Provincia de Los Ríos,\n fue detenido por elementos del Destacamento de Policía\n del Cantón Montalvo, arguyendo que le detenían\n porque al frente de la casa de su prenombrado padre se hallaba\n estacionada la camioneta de placas PLZ-890. Asegura que la camioneta\n ha sido llevada por el señor Manuel N., quien era su patrono\n con el que repartía gas en la ciudad de Quito con el que\n trabajo aproximadamente tres semanas, quien le aseguró\n que bajo su responsabilidad le encargaba el carro en su casa,\n ofreciéndole además, que regresaría para\n instalar un negocio de venta de gas en el Recinto. En estos días\n se encuentra ilegalmente detenido y se ha enterado que la camioneta\n pertenece a Augusto Guillermo Salazar Ayala. Agrega que con él\n se esta cometiendo una tremenda ilegalidad por el supuesto cometimiento\n de un delito flagrante, hecho que no es así, por cuanto\n la denuncia por desaparición del vehículo ha sido\n presentada en Quito en la Policía Judicial de Pichincha\n el 18 de noviembre del 2001 y, a él le detienen el 23\n de noviembre del 2001 en la Provincia de 'Los Ríos, por\n tanto no procedía detención alguna, si ésta\n no era ordenada por Juez competente de la ciudad de Quito. Que\n el señor Augusto Salazar Ayala, propietario de la camioneta\n ha llegado al convencimiento de que no tuvo participación\n alguna en el hecho denunciado por lo que ha presentado desistimiento\n de la denuncia en contra de su persona. Por lo expuesto, conforme\n a lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución\n Política presenta recurso de Hábeas Corpus para\n que se disponga su inmediata libertad, por cuanto no existe orden\n de prisión preventiva en su caso.

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El Alcalde del Cantón Babahoyo resuelve rechazar el\n recurso presentado por cuanto estima que no se ha dado los -presupuestos\n que la garantía constitucional dispone para el uso de\n este derecho. Decisión que ha sido apelada para ante el\n Tribunal Constitucional. Con los antecedentes expuestos, para\n resolver la Tercera Sala, hace las siguientes,

\n\n

Consideraciones:

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PRIMERA.- El Tribunal Constitucional, de acuerdo con el numeral\n 3 del artículo 276 de la Constitución Política\n de la República, es competente para conocer y resolver\n este caso.

\n\n

SEGUNDA.- El Alcalde, de acuerdo con el inciso segundo del\n artículo 93 de la Constitución Política\n de ka República, dispondrá la inmediata libertad\n del detenido si este no fuere presentado, si no se exhibiere\n la orden, si ésta no cumpliere los requisitos legales,\n si se hubiere incurrido en vicios de procedimiento en la detención\n o si se hubiere justificado el fundamento del recurso.

\n\n

TERCERA.- El numeral 6 del articulo 24 de la Constitución\n Política establece que: "Nadie será privado\n de su libertad sino por orden escrita de juez competente, en\n los casos, por el tiempo y con las formalidades prescritas por\n la ley, salvo delito flagrante, en cuyo caso tampoco podrá\n mantenérsele detenido sin fórmula de juicio, por\n más de veinte y cuatro horas.

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CUARTA.- Visto el oficio No. 2.159-CP8-PJ-LR-2001 de 11 de\n diciembre del 2001, suscrito por el Je

 

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