Registro Oficial. 25 de FEBRERO del 2002

Lunes, 25 de febrero de 2002

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

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   MES DE FEBRERO DEL 2002
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 REGISTRO OFICIAL
ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR
Administración del Sr. Dr. Gustavo Noboa Bejarano
Presidente Constitucional de la República
\n

 Lunes, 25 de Febrero del 2002

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REGISTRO OFICIAL No. 521

\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n

DR. JOSE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR

\n\n

FUNCIÓN\n EJECUTIVA

\n\n

DECRETO:

\n\n

2359 Modificase el Reglamento a la Ley de\n Documentos de Viajes publicado en el Registro Oficial N0 537\n de 29 de septiembre de 1994.

\n\n

ACUERDO:

\n\n

MINISTERIO\n DE ENERGÍA Y MINAS:
\n
\n
246\n
Determínanse\n las características y especificaciones técnicas\n mínimas del regulador que tiene que utilizarse en la comercialización\n de gas licuado de petróleo a nivel nacional

\n\n

RESOLUCIÓN:

\n\n

SERVICIO\n DE RENTAS INTERNAS:

\n\n

0163 Dispónese que cuando\n se hubiere suscrito el contrato de compraventa de un vehículo\n y estuviere pendiente el pago del impuesto a los vehículos\n y el impuesto del 1% sobre el valor de la compra de vehículos\n usados que financia el Fondo de Vialidad de la Provincia de Loja,\n éstos deberán cancelarse ante las instituciones\n financieras autorizadas por el SRI.

\n\n

FUNCIÓN\n JUDICIAL

\n\n

CORTE\n SUPREMA DE JUSTICIA
\n PRIMERA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL:

\n\n

Recursos de casación\n en los juicios seguidos por las siguientes personas:

\n\n

385\n Abg. Marco\n Salas Haro en contra de Galo Enrique Arcos Macias

\n\n

387 José Vicente Andino\n Riera y otra en contra de Ricardo Delle Dorme Gaete y otra.

\n\n

388\n Isabel Matilde\n Terán en contra del Dr. Edison Olavo Yépez Obando.

\n\n

392 Aurelio Olmedo Herrera en\n contra del Banco del Pichincha C.A.

\n\n

TRIBUNAL\n CONSTITUCIONAL PRIMERA SALA

\n\n

RESOLUCIONES:

\n\n

025-2001-AA Deséchase la demanda\n de inconstitucio-nalidad de acto administrativo propuesta por\n el señor Raúl Eduardo Velasco Pérez y otros

\n\n

066-2001-HC Revócase la resolución\n venida en grado y acéptase la acción de hábeas\n corpus propuesta por el doctor Rodrigo Trujillo Orbe y otros\n a favor de la señora Jeny Enriqueta Mosquera Tenorio

\n\n

450-2001-RA Revócase la resolución\n venida en grado y deséchase la acción de amparo\n propuesta por el señor Mario Vallejo y otro

\n\n

545-2001-RA Confirmase la resolución\n venida en grado y niégase la acción de amparo propuesta\n por la señora Bélgica Esmeralda Crespo Romero

\n\n

573-2001-RA\n Revócase\n la resolución venida en grado y concédese parcialmente\n la acción de amparo propuesta por el señor Alfredo\n Cedillo Mora

\n\n

702-RA-01-IS. Deséchase por Improcedente\n el am-paro Interpuesto por la Arq. Rosa Alicia Vega Proa

\n\n

741-2001-RA Confirmase la resolución\n subida en grado y nlégase por improcedente la acción\n de amparo propuesta por la señora Ana de Lourdes Paredes\n Chávez

\n\n

746-2001-RA\n Confirmase\n al auto resolutivo subido en grado y niágase la acción\n de amparo propuesta por el señor César Humberto\n Naula Prieto y otros

\n\n

77341-RA Confirmase la resolución\n subida en grado y niégase la acción de amparo constitucional\n propuesta por el señor Nicolás Calixto Loor Burgos,\n por ser improcedente

\n\n

881-01-RA Revócase la resolución\n subida en grado y niégase la acción de amparo constitucional\n presentada por la señora Silvia Maria Mora Estrada,- por\n ser improcedente.

\n\n

951-2001-RA\n Ratificase\n la resolución venida en grado y nlégase la acción\n de amparo propuesta por el Ing. Galo Roberto Matute Robles

\n\n

957-2001-RA\n Confirmase\n la resolución subida en grado y niégase la acción\n de amparo propuesta por el Cabo Segundo Nelson Cahueñas\n Pineda

\n\n

535-RA-02-IS Confirmase la resolución\n venida en grado y niégase la acción de amparo propuesta\n por el señor Luis Enrique González Medina

\n\n

ORDENANZAS\n MUNICIPALES:

\n\n

-\n Cantón Rocafuerte: Que\n regula la determinación, administración y recaudación\n del impuesto a los predios rurales

\n\n

-\n Cantón Rocafuerte: Que\n regula la recaudación por el servicio de alcantarillado\n sanitario\n

\n \n
\n

 

\n\n

N0\n 2359

\n\n

Gustavo Noboa\n Bejarano
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que el artículo 23, numeral\n 14 de la Constitución Política del Ecuador establece\n que los ecuatorianos gozarán de libertad para entrar o\n salir del Ecuador.

\n\n

Que con el objeto de prevenir\n y evitar la falsificación de documentos de viaje utilizados\n para fines ilícitos y en la ejecución de actos\n de terrorismo internacional, los países del mundo han\n redoblado los sistemas de control, emisión y seguridades\n de los pasaportes;

\n\n

Que es intención del Gobierno\n Nacional, a la luz de las nuevas exigencias de la comunidad internacional\n en materia de documentos de viaje, dotar a los ecuatorianos de\n un pasaporte con mayores seguridades y garantías requeridas\n en esta clase de documentos;

\n\n

Que es necesario propiciar una\n transición ordenada de los documentos de viaje para la\n puesta en circulación del nuevo pasaporte ecuatoriano

\n\n

Que el Art. 22 del Reglamento\n a la Ley de Documentos de Viaje, publicado en Registro Oficial\n No. 537 de 29 de septiembre de 1994, prohíbe la revalidación\n del pasaporte ordinario; y,

\n\n

En nao de las facultades que\n le confiere el Art. 171, numeral 5 de la Constitución\n Política del Ecuador,

\n\n

Decreta:

\n\n

Art. 1.- Sustituir el artículo\n 22 del Reglamento a la Ley de Documentos de Viaje, publicado\n en el Registro Oficial No. 537 de 29 de septiembre de 1994, por\n el siguiente:

\n\n

"Art. 22.- Vigencia.- El\n pasaporte ordinario tendrá vigencia de seis años,\n a partir de la fecha de su expedición, y podrá\n ser revalidado en circunstancias excepcionales debidamente motivadas,\n mediante acuerdo que para el efecto dictará el Ministro\n de Relaciones Exteriores, previa aprobación del Presidente\n de la República".

\n\n

Art. 2.- Facultase por esta ocasión\n y hasta por doce meses contados a partir de la vigencia de este\n decreto o hasta la puesta en circulación del nuevo pasaporte\n ecuatoriano, la revalidación de los pasaportes ordinarios\n que caducaron con posterioridad al 1ro. de enero de 1999 o que\n estuvieren por caducarse. La validez de los pasaportes se extenderá\n hasta el 31 de diciembre del 2003 y se hará constar en\n la página de observaciones del documento de viaje respectivo.

\n\n

Para la revalidación se\n cancelará únicamente el costo del formulario establecido\n en el Arancel Consular y Diplomático.

\n\n

Los pasaportes expedidos desde\n la vigencia de este decreto, tendrán validez hasta el\n 31 de diciembre del 2003.

\n\n

Art. 3.- De la ejecución\n de este decreto, que entrará en vigencia a partir de su\n publicación en el Registro Oficial, encárgase al\n Ministro de Relaciones Exteriores.

\n\n

Dado en el Palacio Nacional,\n en Quito, 19 de febrero del 2002.

\n\n

f.) Gustavo Noboa Bejarano, Presidente\n Constitucional de la República.

\n\n

f.) Heinz Moeller Freile, Ministro\n de Relaciones Exteriores. Es fiel copia del original.- Lo certifico.

\n\n

f) Marcelo Santos Vera, Secretario\n General de la Administración Pública.

\n\n

 

\n\n

No.\n 246

\n\n

MINISTERIO DE\n ENERGÍA Y MINAS

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, de acuerdo con el articulo\n 9 de la Ley de Hidrocarburos, el Ministro de Energía y\n Minas es el funcionario encargado de la ejecución de la\n política de hidrocarburos aprobada por el Presidente de\n la República, así como de la aplicación\n de la Ley de Hidrocarburos para lo cual está facultado\n para dictar los reglamentos y disposiciones que se requieran;

\n\n

Que, el Ministro de Energía\n y Minas es el funcionario responsable de normar la industria\n petrolera, en lo concerniente a la prospección, exploración,\n explotación, refinación, industrialización,\n almacenamiento, transporte y comercialización de los hidrocarburos\n y de sus derivados, en el ámbito de su competencia;

\n\n

Que, el Presidente de la República\n con Decreto Ejecutivo No. 1952, publicado en el Registro Oficial\n No. 436 de 19 de octubre del 2001 dispone que en la comercialización\n de Gas Licuado de Petróleo (GLP) a nivel nacional, deberá\n utilizarse una sola válvula que cumpla con las características\n que establezca el Ministro de Energía y Minas y cuente\n con el certificado de conformidad que expida el INEN;

\n\n

Que, el Ministro de' Energía\n y Minas con Acuerdo Ministerial 244 de 11 de enero del 2002,\n determinó las características y especificaciones\n técnicas mínimas de la válvula a utilizarse\n en la comercialización de Gas Licuado de Petróleo,\n a nivel nacional; y,

\n\n

En ejercicio de las facultades\n conferidas por el numeral 6 del artículo 179 de la Constitución\n Política de la Republica del Ecuador, los artículos\n 6 y 9 de la Ley de Hidrocarburos, inciso final del articulo 16\n del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo\n de la Función Ejecutiva y Decreto Ejecutivo No. 1952,

\n\n

Acuerda

\n\n

Artículo 1.- Determinar\n las características y especificaciones técnicas\n mínimas del regulador que tiene que utilizarse en la comercialización\n de Gas Licuado - de Petróleo, a nivel nacional.

\n\n

o El regulador de baja presión\n para Gas Licuado de Petróleo deberá ser diseñado\n y construido de forma tal que cumpla como mínimo con los\n requerimientos de la Norma Técnica Ecuatoriana "NTE\n INEN 1682:98 Reguladores de baja presión para Gas Licuado\n de Petróleo (GLP). Requisitos e inspección.".

\n\n

o El material de fabricación\n de los reguladores de presión para GLP deberá ser\n de aleaciones no ferrosas que presentan mejores características\n mecánicas (dureza, resistencia a la tracción, deformación,\n temperatura, impacto y desgaste).

\n\n

o El cuerpo o base del regulador\n incluidos los acoples de entrada y salida del GLP deberán\n ser de una aleación no ferrosa resistente a la corrosión,\n temperatura y humedad (Zamak, acero electrogalvanizado, Aleación\n Zn A14 o Zn A14 Cu1, etc.), su geometría deberá\n asegurar un sello hermético con la válvula tipo\n Kosan de 22 mm descrita en el Acuerdo Ministerial No. 244 expedido\n el 11 de enero del 2002.

\n\n

o El acoplamiento de entrada\n será del tipo "no roscado" (Acoplamiento rápido),\n con una guía de ajuste y gancho del tipo "quick-on"\n o "clip-on", que será de un acero aleado y cromado\n que garantice una alta resistencia a la corrosión.

\n\n

El acoplamiento de salida será\n para tubo flexible, construido de acuerdo a las dimensiones de\n la tabla 1 especificada en la norma BS 3016:1989 "British\n Standard Specification for Pressure regulators and automatic\n changeover devices for liquefied petroleum gases". Ver figura\n 1.

\n\n

(ANEXO 25FEB 1)

\n\n

En el embalaje de cada unidad,\n el fabricante suministrará una funda plástica que\n contenga la garantía de fabricación de los reguladores\n de 3 años, las instrucciones de instalación y una\n abrazadera de acero inoxidable de _" tipo tomillo sin fin,\n que servirá para asegurar la manguera al acoplamiento\n de salida.

\n\n

Articulo 2.- Los reguladores\n serán cambiados por las comercializadoras de GLP solamente\n a los usuarios que actualmente posean cilindros con válvulas\n distintas a la del tipo Kosan. La entrega del regulador se efectuará\n cuando el usuario adquiera un cilindro de GLP con la nueva válvula\n tipo Kosan de 22 mm, entregue el regulador usado y suscriba el\n recibo respectivo.

\n\n

Articulo 3.- Sustitúyanse\n los artículos 10 y 11 del Instructivo para la unificación\n de válvulas en los cilindros de gas de uso doméstico,\n expedido mediante - Acuerdo Ministerial 236, publicado en el\n Suplemento del Registro Oficial 487 de 4 de enero del 2002, por\n los siguientes:

\n\n

"Art. 10.- Junto con el\n cilindro que tenga colocado la nueva válvula (tipo Kosan\n de 22 mm) determinada por el Ministerio de Energía y Minas\n con el Acuerdo Ministerial 244 de 11 de enero del 2002, la comercializadora\n directamente o a través de las distribuidoras entregará\n al consumidor, sin costo adicional para éste, un regulador\n que posea las características y especificaciones que establezca\n el Ministro de Energía y Minas y cumpla la Norma Técnica\n Ecuatoriana "NTE INEN 1682:98 Reguladores de baja presión\n para Gas Licuado de Petróleo (GLP ), Requisitos e inspección".

\n\n

"Art. 11.- El costo de los\n nuevos reguladores efectivamente entregados a los usuarios será\n cubierto, por una sola vez por el Estado ecuatoriano a través\n de PETROCOMERCIAL hasta un máximo de tres dólares\n treinta y cinco centavos (US$ 3,35) por cada regulador, este\n valor comprende los costos de adquisición de los reguladores\n más los tributos aplicables. Para el reembolso de los\n gastos realizados, las comercializadoras deberán entregar\n mensualmente a PETROCOMERCIAL con copia a la Dirección\n Nacional de Hidrocarburos, lo siguiente:

\n\n

a. La factura original de la\n compra de los reguladores en la que se especifique la cantidad,\n el precio unitario y el valor total de la compra incluyendo los\n tributos aplicables;

\n\n

b. Un informe mensual auditado\n por la firma auditora de la comercializadora que se refiera al\n número real de reguladores entregados a los usuarios a\n través de sus distribuidores, con señalamiento\n del número y lugar de entrega, para este propósito\n los beneficiarios deberán suscribir el recibo respectivo;\n y,

\n\n

c. Los reguladores entregados\n por los usuarios que han sido sustituidos.

\n\n

La reposición de los valores\n a los que se refiere este artículo estará limitada\n al número máximo de reguladores establecidos en\n la siguiente tabla:

\n\n

(ANEXO 25FEBRERO 2)

\n\n

La Dirección Nacional\n de Hidrocarburos efectuará los actos de control que sean\n necesarios a fin de verificar la veracidad de la información\n proporcionada como soporte para la devolución de los gastos\n incurridos por las comercializadoras.

\n\n

Para asegurar el cambio de los\n reguladores, las comercializadoras deberán presentar junto\n con el pedido de primer y segundo reembolso por los costos de\n cambio de válvulas, el original de las facturas de compra\n de nuevos reguladores por un número igual o mayor al de\n las nuevas válvulas a adquirirse".

\n\n

Artículo 4.- Las comercializadoras\n de GLP, en el proceso de importación de los reguladores\n cumplirán con las disposiciones legales y reglamentarias\n aplicables.

\n\n

Artículo 5.- El incumplimiento\n de las disposiciones de este acuerdo ministerial será\n sancionado conforme al articulo 77 de la Ley de Hidrocarburos.

\n\n

Artículo 6.- El presente\n acuerdo entrará en vigencia a partir de la fecha de su\n expedición, sin perjuicio de su publicación en\n el Registro Oficial.

\n\n

Dado, en Quito, a 5 de febrero\n del 2002.

\n\n

f.) Pablo Terán Ribadeneira,\n Ministro de Energía y Minas. Es fiel copia. del original.-\n Lo certifico.- Quito, a 13 de febrero del 2002.

\n\n

f.) Director General Administrativo.

\n\n

 

\n\n

N°\n 0163

\n\n

LA DIRECTORA\n GENERAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, la Ley de Reforma Tributaria,\n promulgada en el. Registro Oficial No. 325 de 14 de mayo del\n 2001, que regula el impuesto anual sobre la propiedad de los\n vehículos motorizados, destinados al transpone terrestre\n de personas o carga, tanto de uso particular como de servicio\n público, dispone en su Art. 2 que el Servicio de Rentas\n Internas administrará este impuesto;

\n\n

Que el Art. 14 del Reglamento\n General para la Aplicación del Impuesto Anual de los Vehículos\n Motorizados establece la responsabilidad solidaria de quien adquiriere\n un vehículo cuyo anterior propietario no hubiere cancelado\n el impuesto a los vehículos por uno o varios años\n y, determina, que será responsable por el pago de las\n obligaciones adeudadas, sin perjuicio de su derecho a repetir\n el pago del impuesto en contra del anterior propietario;

\n\n

Que, de conformidad con el Art.\n 8 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas,\n publicada en el Registro Oficial No. 206 de 2 de diciembre de\n 1997, y la disposición general segunda del Reglamento\n General para la Aplicación del Impuesto Anual de los Vehículos\n Motorizados; el Director General del Servicio de Rentas Internas,\n expedirá, las resoluciones de carácter general\n y obligatorio, que sean necesarias para la aplicación\n de las normas legales y reglamentarias;

\n\n

Que es necesario implementar\n procedimientos que faciliten el cumplimiento de las obligaciones\n tributarias; y,

\n\n

En uso de las atribuciones que\n le otorga la ley,

\n\n

Resuelve:

\n\n

Articulo 1.- Cuando se hubiere\n suscrito el contrato de compraventa de un vehículo y estuviere\n pendiente el pago del impuesto a los vehículos y el impuesto\n del 1% sobre el valor de la compra de vehículos usados\n que financia al Fondo de Vialidad de la Provincia de Loja, éstos\n deberán cancelarse ante las instituciones financieras\n autorizadas por el SRI.

\n\n

El nuevo propietario con el comprobante\n de pago de los impuestos por los años que corresponden\n podrá ejercer el derecho de repetición de pago\n contra los anteriores propietarios.

\n\n

Articulo 2.- El procedimiento\n para el pago del impuesto a los vehículos que se encuentran\n en el caso descrito, es el siguiente:

\n\n

El nuevo propietario deberá:

\n\n

1. Obtener su registro único\n de contribuyentes en las oficinas del Servicio de Rentas Internas,\n si no lo tuviere. En caso de tenerlo, deberá actualizarlo.

\n\n

2. Posteriormente con el contrato\n de compra-venta del vehículo legalizado, debe acercarse\n a cualquiera de las instituciones del sistema financiero, autorizadas\n para recaudar tributos, a cancelar el impuesto del 1% sobre el\n valor de la compra de vehículos usados que financia al\n Fondo de Vialidad de la Provincia de Loja, si no lo hubiere realizado.

\n\n

3. Con el contrato de compra-venta\n del vehículo, el comprobante de pago del impuesto del\n 1% sobre el valor de la compra de vehículos usados y su\n RUC, el nuevo propietario debe solicitar en las direcciones regionales\n o provinciales del Servicio de Rentas Internas, se registre el\n cambio de propietario del vehículo en la Base Nacional\n de Vehículos.

\n\n

4. Una vez registrado el cambio\n de propietario del vehículo en la Base Nacional de Vehículos,\n el nuevo propietario debe cancelar el impuesto a los vehículos\n de uno o varios años, adeudado por el ultimo propietario,\n y, el impuesto del presente período.

\n\n

Conforme lo dispone el Art. 5\n de Ley de Refirma Tributaria, publicada en el Registro Oficial\n No. 325 de 14 de mayo del 2001, este impuesto será exigible\n para la obtención de la matrícula del vehículo\n en la Dirección Nacional de Tránsito o la Comisión\n de Tránsito de la Provincia del Guayas, según el\n caso, además de los valores de las tasas y multas impuestas\n por infracciones de tránsito que corresponden a estas\n entidades.

\n\n

Artículo 3.- El Servicio\n de Rentas Internas notificará a los notarios y juzgados\n respectivos ante quien concurrirán los contribuyentes\n para -la legalización del contrato de compra - venta,\n previo al pago del impuesto del 1% sobre el valor de la compra\n de vehículos usados que financia al Fondo de Vialidad\n de la Provincia de Loja, quienes deberán exigir la matrícula\n del presente período como requisito obligatorio para el\n reconocimiento de firmas y legalización del contrato compra\n - venta.

\n\n

Esta resolución entrará\n en vigencia a partir de la presente fecha sin perjuicio de su\n publicación en el Registro Oficial.

\n\n

Comuníquese.

\n\n

Dado en el Distrito Metropolitano\n de Quito, a 15 de febrero del 2002.

\n\n

f.) Sr. Renato Pérez E.,\n Director General del Servicio de Rentas Internas (Enc).

\n\n

Proveyó y firmó\n la resolución que antecede, el Sr. Renato Pérez\n E., Director General del Servicio de Rentas Internas (Enc.),\n en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 15 de febrero\n del 2002.

\n\n

Certifico.

\n\n

f.) Dra. Alba Molina, Secretaria\n General dél Servicio de Rentas Internas.

\n\n

 

\n\n

N°\n 385

\n\n

En el juicio\n ordinario (Recurso de hecho) No. 195-2001 que, por resolución\n de contrato de promesa de compraventa, sigue el Abg. MARCO SALAS\n HARO, como APODERADO y PROCURADOR JUDICIAL de EDUARDO ENRIQUE\n AVILES AVILES y AMANDA AVILES PACHECO en contra de GALO ENRIQUE\n ARCOS MACIAS, se ha dictado lo siguiente:

\n\n

CORTE SUPREMA\n DE JUSTICIA

\n\n

PRIMERA SALA\n DE LO CIVIL Y MERCANTIL Quito, 4 de diciembre del 2001; las 09h00.

\n\n

VISTOS: Galo Enrique Arcos Macías\n interpone recurso de casación de la sentencia de mayoría\n dictada por la Segunda Sala de la H. Corte Superior de Justicia\n de Babahoyo, que confirma la sentencia de primer nivel que declara\n con lugar la demanda, dentro del juicio ordinario que, por resolución\n de contrato de promesa de compraventa, propuso en su contra el\n Abg. Marco Salas Haro, como apoderado y procurador judicial de\n Eduardo Enrique Avilés Avilés y Amanda Avilés\n Pacheco; como el recurso de casación le fue denegado,\n interpuso el de hecho que, por concedido, permite que el proceso\n suba a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, en la que\n se radica la competencia en esta Primera Sala de lo Civil y Mercantil\n por el sorteo de ley, la que admitió a trámite\n cl recurso de casación en auto de 28 de agosto del 2001,\n y terminada la etapa de sustanciación de este proceso,\n para resolver considera: PRIMERO: El recurrente, en su escrito\n de interposición y fundamentación del recurso de\n casación (fojas 132 a 134 del cuaderno de segundo nivel),\n expresa que se han infringido las normas contenidas en los artículos\n 1532, 1594, 1595 y 1597 del Código Civil y 119 del Código\n de Procedimiento Civil, a la vez que lo fundamenta en las causales\n primera y tercera del artículo 3 de la ley de la materia;\n aunque no invoca la causal segunda de la disposición legal\n antes citada, sin embargo en la fundamentación del recurso\n dice: "El poder especial con el que comparece el abogado\n MARCO SALAS HARO a juicio es insuficiente y extraño al\n proceso, por lo que existe, falta de personería del actor",\n lo cual implica que imputa al fallo casado el estar incurso también\n en la causal segunda del articulo 3 de la Ley de Casación.\n SEGUNDO: Respecto de la acusación de que el fallo de última\n instancia ha incurrido en el vicio previsto en la causal segunda\n del artículo 3 de la ley de la materia, se anota: de una\n parte, el recurrente no expone las razones que sustentarían\n su afirmación de que es insuficiente y extraño\n al litigio el poder a cuyo amparo actuó el procurador\n judicial de los actores, no obstante que en el fallo impugnado\n se analizó este alegato en el considerando cuarto, en\n definitiva, no intenta de modo alguno destruir la argumentación\n del Tribunal ad quem, sino que se limite a un simple enunciado,\n por lo que este cargo no merecería ser analizado. Sin\n embargo de lo antes expresado, la Sala considera: si se imputa\n al fallo casado de que en el no se hallan presentes los presupuestos\n de procedibilidad de la acción o del procedimiento, enumerados\n en el articulo 355 del Código de Procedimiento Civil,\n o se haya violado el trámite correspondiente a la naturaleza\n del asunto o al de la causa que se está juzgando de conformidad\n con el articulo 1067 ibídem, aunque la fundamentación\n sea inadecuada, el Tribunal de Casación debe entrar a\n analizar el cargo de la siguiente manera: a) el Tribunal ha de\n examinar si el vicio es de falta de jurisdicción, y si\n procede, siempre ha de declarar la nulidad procesal ya que el\n vicio de falta de jurisdicción en ningún caso es\n renunciable ni saneable; b) si el vicio es por la omisión\n de los otros requisitos enumerados en el artículo 355,\n menos el contenido en el N0 5, así como por violación\n del trámite correspondiente a la naturaleza del asunto\n o al de la causa que se está juzgando, y la omisión\n advertida o la violación del trámite han viciado\n al proceso de nulidad insanable o provocando indefensión,\n siempre que hubiesen influido en la decisión de la causa\n y que la respectiva nulidad no hubiere quedado convalidada legalmente\n porque las partes hayan convenido en prescindir de la nulidad,\n igualmente ha de declarar la nulidad procesal; c) en el caso\n de que el vicio sea el previsto en el numeral 5 del artículo\n 355 citado, o sea la no concesión del término probatorio,\n cuando se hubieren alegado hechos que deben probarse y la ley\n prescribiere dicho término, si se lo ha alegado ha de\n declarase la nulidad; pero si no se lo alegó, por lo que\n dispone el artículo 358 del Código de Procedimiento\n Civil, se ha de entender que las partes han convenido en prescindir\n de esta nulidad, ya que no de otra manera podría interpretarse\n su silencio, y no se declarará la nulidad. La razón\n por la cual el Tribunal de Casación siempre ha de entrar\n a este análisis de la validez procesal se halla en que\n siendo solemnidades comunes a todos los juicios e instancias\n o a la naturaleza del asunto o al de la causa que se está\n juzgando, su emisión implica que, jurídicamente,\n no existe proceso, sino una apariencia de tal; la presencia de\n estos vicios es de tal trascendencia que, por ello, aunque no\n se los haya acusado, el juzgador está en la obligación\n de declararlos de oficio, al tenor de lo que dispone el articulo\n 358 del Código de Procedimiento Civil. Este Tribunal ha\n declarado de oficio, por el razonamiento que antecede, la nulidad\n procesal, en sus resoluciones N0 252 de 7 de junio del 2000,\n causa N0 128-2000 y N0 311 de 27 de septiembre del 2001, causa\n N0 213-2001. TERCERO: Alegado por el recurrente que hay ilegitimidad\n de personería. o falta de legitimación ad processum,\n porque "El poder especial con el que comparece el abogado\n MARCO SALAS HARO a juicio es insuficiente y extraño al\n proceso, por lo que existe, falta de personería del actor",\n corresponde a este Tribunal examinar los testimonios autorizados\n de las escrituras públicas de procuración judicial\n que se han acompañado a la demanda para legitimar la personería\n del abogado Salas Haro, y que obran a fojas 1 a 3 (poder otorgado\n por Eduardo Enrique Avilés Avilés el 11 de mayo\n de 1994, ante el Notario Primero del cantón Quevedo) y\n de fojas 4 y 5 (poder otorgado por Amanda Avilés. Pacheco\n de Coello el 6 de mayo de 1994 ante el Notario Primero de Quevedo),\n y la conclusión es que los mismos son suficientes porque\n han sido otorgados por personas capaces quienes han actuado libre\n y voluntariamente, observando las solemnidades legales, y que\n contienen el encargo especifico de representar a los poderdantes\n en juicio, sea como actores o demandados, sin que aparezca vicio\n alguno que pueda producir su nulidad, de manera que la intervención\n del abogado Marco Salas Haro en este juicio, a nombre de sus\n mandantes Eduardo Enrique Avilés Avilés y Amanda\n Avilés Pacheco de Coello es plenamente válida y\n el proceso no se halla viciado de ilegitimidad de personería\n o falta de legitimación ad processum en la parte actora,\n por lo que la imputación formulada por el recurrente carece\n de todo fundamento y se la rechaza. CUARTO.- En cuanto a la invocada\n causal tercera del artículo 3 de la Ley de Casación,\n el recurrente se limita a decir que "no se ha considerado\n lo dispuesto por el Art. 119 del Código de Procedimiento\n Civil", sin que de modo alguno, esta acusación haya\n sido fundamentada. El articulo 119 del Código de Procedimiento\n Civil dispone en su primer inciso: "La prueba deberá\n ser apreciada en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana\n crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas\n en la ley sustantiva para la existencia o validez de ciertos\n actos". Las reglas de la sana crítica son reglas\n de lógica y de la experiencia humana suministradas por\n la psicología, la sociología, otras ciencias y\n la técnica, que son las que dan al Juez conocimiento de\n la vida y de los hombres y le permiten distinguir lo que es verdadero\n y lo que es falso. Este artículo no contiene, entonces,\n una regla sobre valoración de la prueba sino un método\n para que el juzgador valore la prueba. El juzgador de instancia\n para llegar al convencimiento sobre la verdad o falsedad de las\n afirmaciones de las partes concernientes a la existencia de una\n cosa o a la realidad de un hecho, puede libremente acoger elementos\n de prueba aportados por el actor y, asimismo, desestimar elementos\n de prueba aportados por el demandado. El Tribunal de Casación\n no tiene atribuciones para rehacer este proceso de valoración\n ni para revisar el método que ha utilizado para llegar\n a esa valoración que es una operación netamente\n mental, salvo que se acredite que la conclusión a la que\n el juzgador arriba es absurda o arbitraria, lo que no se ha producido\n en la especie. En consecuencia, se desecha el cargo de que el\n fallo incurre en la causal tercera del artículo 3 de la\n Ley de Casación. QUINTO.- Respecto de la causal primera\n del artículo 3 de la Ley de Casación, el recurrente\n acusa infracción de los artículos 1532, 1594, 1595\n y 1597 del Código Civil, y fundamenta su recurso de la\n siguiente manera: 1.- "El Abogado Marco Salas Haro, a nombre\n de Eduardo Avilés y Amanda Avilés presentan un\n requerimiento en contra de Galo Arcos, no para exigir el cumplimiento\n del contrato, sino para que desocupe y entregue el inmueble prometido\n en venta, particular absurdo y aberrante."; 2.- "Existe\n abundante jurisprudencia que establece que la promesa de compra-venta\n a la que hace referencia el Art. 1598 del Código Civil\n es un contrato bilateral que a la vez que presupone la necesaria\n y simultánea intervención de las partes obligadas\n a la celebración de la escritura, tiene la característica\n especial que no pueden cumplir sus deberes y obligaciones aisladamente,\n sino en unidad de acto, en este caso ante un Notario Público,\n por lo que el requerimiento debía haberse realizado para\n exigir el cumplimiento, señalan'do día y hora paja\n que se suscriban las escrituras definitivas ante un Notario Público\n y no para pedir la desocupación y devolución del\n inmueble."; 3.- "La Jurisprudencia igualmente establece\n que el estado legal de mora no puede definirse por las formas\n de excepción que consultan los números 1 y 2 del\n Art. 1594 del Código Civil, sino por requerimiento o reconvención\n judicial, de acuerdo con la norma general contenida en su número\n 3."; 4.- "En este caso prevalece la norma prevista\n en el Art. 1595 sobre la contemplada en el Art. 1532, no procede\n la acción resolutoria, cuando ambas partes han faltado\n a sus obligaciones."; 5.- "El Art. 1595 del Código\n Civil establece que en estos contratos bilaterales, ninguno de\n los contratantes está en mora, dejando de cumplir lo pactado,\n mientras el otro no cumple por su parte, en el caso que nos ocupa,\n se ha justificado en el proceso la no entrega de la totalidad\n de la extensión del terreno prometido en venta y no existe\n la garantía de que se suscriban las escrituras definitivas,\n a pesar de que se haga el supuesto pago reclamado."; 6.-\n "El Art. 1532 del Código Civil establece que en los\n contratos sinalagmáticos va envuelta la condición\n resolutoria de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado\n y, en esta circunstancia, el otro contratante tiene derecho a\n demandar la resolución o cumplimiento con indemnización\n de daños y perjuicios, caso en el cual no ha existido\n el debido requerimiento."; 7.- "El Código Civil\n en el Art. 1597 numeral 3, exige que el contrato de promesa de\n compra-venta CONTENGA UN PLAZO QUE FIJE LA ÉPOCA DE LA\n CELEBRACIÓN DEL CONTRATO, y, en el caso que nos ocupa\n se ha contravenido esta norma al no estipularse plazo para la\n suscripción de las escrituras definitivas, únicamente\n en la cláusula cuarta se dice que el precio de la propiedad\n será pagado en un año calendario, es decir el 6\n de Mayo de 1995 y que merced a dicho pago, se suscribirá\n entre las partes la escritura de esta suscripción; POR\n LO QUE EL CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA NO PRODUCE OBLIGACIÓN\n LEGAL ALGUNA, CARECE DE EXISTENCIA Y, POR LO MISMO, ES ANTIJURÍDICO\n DEMANDAR LA RESCISIÓN DE UN CONTRATO INEXISTENTE, PORQUE\n SE TRATARÍA DE UNA OBLIGACIÓN MERAMENTE NATURAL\n QUE NO CONFIERE DERECHO PARA EXIGIR SU CUMPLIMIENTO, DEBIENDO\n RECHAZARSE LA DEMANDA POR IMPROCEDENTE."; 8.- "El fallo\n de mayoría tiene expresiones contradictorias e incongruentes,\n por una parte, reconoce mis argumentaciones como legales y válidas,\n pero no las adopta para su resolución, es así como\n expresa en la, parte considerativa que: «el contrato se\n anula cuando no ha tenido existencia jurídica»,\n en este caso, este contrato no existe ni de hecho ni de derecho.";\n 9.- "La sentencia de mayoría, alterando la verdad\n procesal y contradiciéndose, expresa que el contrato se\n resuelve, cuando es celebrado válidamente y una de las\n partes no quiere cumplirlo, particular falso y tendencioso, por\n cuanto el contrato no ha sido celebrado válidamente y\n lo más, las dos partes no han querido cumplirlo, YA QUE\n AL REQUERIRSE NO EL PAGO DEL PRECIO, SINO LA DEVOLUCIÓN\n Y ENTREGA DEL PREDIO, PERMITE CLARIFICAR QUE LOS PROMITENTES\n VENDEDORES YA NO QUERÍAN CUMPLIR EL CONTRATO."; 10.-\n "La sentencia de mayoría... se permite expresar que\n o he incurrido en mora, por el requerimiento realizado, situación\n absurda y sin sentido, ya que yo no fui requerido para el pago\n de lo pactado, sino para que devuelva y entregue el inmueble,\n es decir una cosa que nada tenia que ver, con los términos\n del contrato.". Se analizarán estos cargos, sistematizándolos\n y concretándolos. SEXTO.- El recurrente sostiene que la\n promesa de compra-venta cuya resolución se demanda es\n inexistente por no reunir el requisito que, imperativamente,\n establece el N0 3 del articulo 1597 del Código Civil,\n o sea que contenga un plazo o una condición que fije la\n época de la celebración del contrato prometido,\n y que si no concurren los cuatro requisitos que copulativamente\n establece esta norma, la promesa no produce obligación\n alguna, según lo prevenido en el primer inciso de la misma\n disposición legal, y que mal puede demandarse la resolución\n de algo inexistente. Al respecto, hay que distinguir: a) La tesis\n de que, para demandar la resolución de un contrato bilateral\n es imprescindible que exista un contrato válidamente celebrado\n es correcta, ya que la resolución por incumplimiento es\n una verdadera sanción que establece la ley para que la\n sufra la parte que culpablemente incumple con su deber jurídico\n de asumir la conducta a la que se comprometió al establecerse\n la relación obligatoria, válida y eficaz; es presupuesto\n fundamental para que opere la condición resolutoria tácita\n el que exista un negocio jurídico bilateral válido,\n que será dejado sin efecto, y en esto se halla, precisamente,\n Ia radical diferencia entre la acción de resolución\n por incumplimiento y la acción de nulidad o rescisoria\n que se la propone cuando existe una causa de nulidad absoluta\n o relativa, respectivamente; ésta es una cuestión\n plácida porque tanto la doctrina zumo la jurisprudencia,\n desde siempre, así lo han reconocido. b) Pero el punto\n a examinar en cada caso, es el relativo a la existencia o inexistencia\n y a la validez o nulidad del negocio jurídico cuya declaratoria\n de resolución por incumplimiento es el contenido principal\n del petitium. El articulo 1597 del Código Civil dice:\n "La promesa de celebrar un contrato no produce obligación\n alguna; salvo que concurran las circunstancias siguientes: la.\n - Que la promesa conste por escrito; y por escritura pública,\n cuando fuere de celebrar un contrato para cuya validez se necesite\n de tal solemnidad, conforme a las disposiciones de este Código.;\n 2a. - Que el contrato prometido no sea de los que las leyes declaran\n ineficaces; 3a. - Que la promesa contenga un plazo o condición\n que fije la época de la celebración del contrato;\n y, 4a.- Que en ella se especifique de tal manera el contrato\n prometido, que sólo falten, para que sea perfecto, la\n tradición de la cosa, o las solemnidades que las leyes\n prescriban. Concurriendo estas circunstancias habrá lugar\n a lo prevenido en el articulo precedente.". De conformidad\n con lo que dispone esta norma y por un principio de lógica,\n el Juez, al momento de analizar la procedencia de la acción\n resolutoria del contrato de promesa, deberá examinar ante\n todo si el contrato cuya resolución se demanda tiene existencia\n jurídica y es válido y eficaz, es decir, si reúne\n o no todos los requisitos de fondo y si ha sido celebrado observando\n las solemnidades sustanciales, para sacar la conclusión\n de si ha sido o no eficaz para generar obligaciones válidas.\n Esta operación de interpretación y calificación\n del contrato es vital, ya que cuino lo expresó la Sala\n en su Resolución No. 229 de 19 de junio del 2001, publicada\n en el Registro Oficial 379 de 30 de julio del mismo año:\n "de conformidad con lo que dispone el artículo 1588\n del Código Civil, el contrato legalmente celebrado es\n ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por\n su consentimiento mutuo o por causas legales, pero, aunque parezca\n una verdad de perogullo, se ha de recalcar que ha de tratarse\n de un contrato legalmente celebrado, ya que si no reúne\n los requisitos de fondo o de forma establecidos por la ley, no\n produce este efecto vinculante. Por lo tanto, para determinar\n los efectos de un contrato es preciso establecer si el mismo\n es o no válido y eficaz. En ciertos casos, es necesario\n que la parte alegue y pruebe los vicios de los que adolece el\n negocio jurídico, porque externamente no se hacen evidentes\n ya que en general todo negocio jurídico goza de presunción\n de validez para dar seguridad al tráfico jurídico,\n pero en determinados casos, no es necesario siquiera alegar y\n probar los vicios cuando los mismos aparecen de manifiesto en\n el acto o contrato (artículo 1726 del Código Civil),\n es decir, son apreciables ictius oculi, a simple vista. El Juez\n ante un negocio jurídico debe examinarlo, determinar la\n intención real de los contratantes y lo ha de calificar\n y en esta operación ha de determinar si el mismo reúne\n o no los requisitos para su existencia y validez. G. Ospina Fernández\n y E. Ospina Acosta en su «Teoría general del contrato\n y de los demás actos y negocios jurídicos»,\n 4ª edición, 1994, Santa Fe de Bogotá, Temis,\n p. 413, señalan: "Agotada la etapa interpretativa\n de la intención real de los agentes... el intérprete,\n especialmente si es un Juez llamado a aplicar el acto de que\n se trata, debe entrar a determinar si reúne o no los elementos\n esenciales para su existencia, y, en caso afirmativo, a cuál\n clase o categoría pertenece. Por ejemplo, partiendo del\n supuesto de que el consentimiento prestado configure la compraventa\n de cierto bien inmueble, si no se ha observado la solenmidad\n prescrita para tal acto, cual es el otorgamiento de escritura\n pública, el juez tiene que concluir que este no existe\n jurídicamente... En suma: la misión de un juez\n frente a un acto controvertido no se agote en su interpretación\n propiamente dicha y que es una cuestión de hecho, como\n quiera que consiste en averiguar cuál ha sido la real\n intención de los agentes, sino que va más allá,\n en cuanto dicho juez no solamente está autorizado, sino\n legalmente obligado a dar un paso más, cual es el de determinar\n si tal acto existe o no, vale decir, si se ha perfeccionado jurídicamente\n y, en caso afirmativo, cuál es su naturaleza específica,\n cuestión éste que ya no es de hecho, sino de derecho,\n y que puede llegar hasta la rectificación de la calificación\n equivocada que le hayan atribuido los agentes.»" .\n SÉPTIMO: En la especie, el recurrente alega que el contrato\n de promesa de compraventa es inexistente, porque no contiene\n un plazo válido que fije la época de celebración\n del contrato de compra venta prometido, de conformidad con lo\n que dispone la circunstancia tercera del artículo 1597.\n Ahora bien, al analizar un contrato, se ha de tener en cuenta\n no solo lo que en el se expresa literalmente, sino también\n "todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza\n de la obligación, o que, por la ley o la costumbre, pertenecen\n a ella.", según lo dispone el articulo 1589 del Código\n Civil. En el caso sub lite, para establecer el verdadero sentido\n y alcance de la cláusula del contrato cuya resolución\n se demanda (y que dice: "CUARTA.- El precio pactado por\n la venta del fundo ya tantas veces mencionado es el de TRESCIENTOS\n SESENTA MILLONES DE SUCRES, a razón de dos millones de\n sucres cada hectárea, los cuales el promitente comprador\n señor Galo Enrique Arcos Macías, se compromete\n a pagar a un año calendario de la presente fecha es decir\n el seis de Mayo de mil novecientos noventa y cinco, merced a\n dicho pago se suscribirá entre las partes la escritura\n definitiva de compraventa de los bienes objeto de esta negociación"\n -foja 8 vuelta del cuaderno de primer nivel, reposición-),\n hay que tener en cuenta que se trata de un contrato de promesa\n de compraventa, contrato preparatorio del cual no nace la obligación\n de pagar el precio de la cosa a negociarse y cuya compraventa\n se promete; esta obligación nacerá solamente cuando\n se haya celebrado la compraventa prometida, y en el contrato\n de compraventa es conocido que el precio debe pagarse en el lugar\n y el tiempo estipulados, o en el lugar y el tiempo de la entrega,\n no habiendo estipulación en contrario, según lo\n dispone el artículo 1839 del Código Civil; en el\n contrato de promesa, es requisito para su validez que se especifique\n de tal manera el contrato prometido, que solo falten, para que\n sea perfecto, la tradición de la cosa, o las solemnidades\n que las leyes prescriben (artículo 1597 No. 4); en la\n promesa de compraventa se ha de prever, entre los elementos del\n contrato prometido, lo atinente al precio y por lo tanto las\n partes bien pueden estipular que el precio se cancele hasta el\n momento de otorgarse la escritura de compraventa, y el dar a\n la cláusula cuarta en análisis este sentido es\n una interpretación que corresponde a la naturaleza del\n contrato de promesa y del contrato prometido en la especie. No\n debe olvidarse que debe darse a las diferentes partes de un contrato\n la interpretación que más bien cuadre con la naturaleza\n del mismo (artículo 1606 del Código Civil) y que\n el sentido en que una cláusula pueda surtir algún\n efecto deberá preferirse a aquél en que no sea\n capaz de surtir efecto alguno (artículo 1605 ibídem).\n Existe, por lo tanto, un plazo válido y una promesa de\n compraventa válida, por lo que no se ha infringido el\n artículo 1597 circunstancia tercera del Código\n Civil. OCTAVO: Ahora bien, para que proceda la acción\n resolutoria tácita de un contrato válidamente celebrado,\n es necesario que concurran ciertos requisitos: 1) que el fundamento\n de la resolución tenga por objeto un contrato bilateral.\n 2) que una de las partes incumpla culpablemente con las obligaciones\n derivadas del contrato. 3) que la otra parte haya cumplido o\n esté dispuesta a cumplir con el contrato en el tiempo\n y forma debidos. La promesa de celebrar un contrato solemne generalmente\n se estructura como un contrato bilateral, en el que ninguna de\n las partes puede dar cumplimiento a su obligación sin\n contar con el concurso de la otra parte. Y la promesa de celebrar\n contrato de compraventa de inmueble, generalmente se estructura\n como un contrato bilateral en el que por el principio de la unidad\n del acto escriturario, ninguna de las partes.puede cumplir su\n obligación separadamente de la otra, sino que se necesita\n de la concurrencia simultánea de las dos partes ante el\n Notario para el otorgamiento de la escritura pública.\n Por lo tanto, para que pueda demandarse la resolución\n de un contrato de promesa de compraventa de un inmueble, en el\n evento de que una de las partes no cumpla ni esté dispuesta\n a cumplir, es necesario que quien demande pruebe que estuvo dispuesto\n a cumplir en el tiempo y forma debidos; esta prueba consistirá\n en el acreditamiento de que realizó conductas significativas\n que indubitadamente permitan concluir su voluntad en este sentido.\n Aunque en el Código de Procedimiento Civil no se ha previsto,\n sin embargo usualmente se estila dirigir un petitorio al Juez\n de lo Civil a fin de que ponga en conocimiento de la otra parte\n la voluntad positiva de otorgar el contrato prometido y señale\n fecha para que tanto el peticionario como la otra parte comparezcan\n a la celebración de dicho negocio. Esta diligencia -que\n resultaría ser de jurisdicción voluntaria a pesar\n de la falta de un texto legal que la establezca en el ordenamiento\n jurídico procesal ecuatoriano, se la conoce generalmente\n como requerimiento, que comprende dos facetas diferentes perfectamente\n diferenciadas: por un lado, la declaración unilateral\n de la voluntad de cumplir, formulada por el que requiere, y de\n otro lado, el reclamo a la contraparte para que cumpla en el\n tiempo y forma debidos. Como ha dicho este Tribunal en sus fallos\n No. 20-99, Registro Oficial 142 de 5 de marzo de 1999; No. 133-99,\n Registro Oficial 162 de 5 de abril de 1999, y 439-2000, Registro\n Oficial 281 de 9 de marzo del 2001, este requerimiento no constituye\n par se en mora a la parte a quien se le formula, porque este\n estado se produce por el vencimiento del plazo, si éste\n ha sido estipulado en el contrato. La parte que ha cumplido o\n que está dispuesta a cumplir en el tiempo y forma debidos,\n entonces, puede demandar al amparo de lo que dispone el articulo\n 1532 del Código Civil, el cumplimiento o la resolución

 

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