Registro Oficial. 13 de FEBRERO del 2002

Miércoles, 13 de febrero de 2002

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

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   MES DE FEBRERO DEL 2002
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 REGISTRO OFICIAL
ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR
Administración del Sr. Dr. Gustavo Noboa Bejarano
Presidente Constitucional de la República
\n

 Miércoles, 13 de Febrero del 2002

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REGISTRO OFICIAL No. 513

\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n

DR. JOSE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR

\n\n

FUNCION\n EJECUTIVA
\n DECRETOS:
\n
 
\n 2295 Autorizase al señor\n Ministro de Economía y Finanzas para que asigne a la Policía\n Nacional la cantidad de US$ 2.488.240,33, valor que corresponde\n al pago del impuesto al consumo especial, FODINFA y tasa de modernización\n aduanera y que deben ser cancelados previa la nacionalización\n de los vehículos importados
\n  
\n 2296 Incorpórase una\n nota complementaria dentro del capítulo 85 del Arancel\n de Importaciones.

\n\n

TRIBUNAL\n CONSTITUCIONAL

\n\n

PRIMERA\n SALA RESOLUCIONES:
\n  
\n 064-2001-HC Confirmase la\n resolución del señor Alcalde del I. Municipio del\n Distrito Metropolitano de Quito,  encargado y deséchase\n el hábeas corpus interpuesto  por el doctor Iván\n Durazno C.
\n  
\n 434-2001-RA Revócase\n la resolución venida en grado y deséchase la acción\n de amparo formulada por el señor Roberto Alejandro Lascano\n Cepeda.
\n  
\n 441-2001-RA Revócase\n la resolución dictada por el señor Juez Primero\n de Io Civil de Portoviejo y deséchase  la acción\n de amparo formulada por el ingeniero Galo Vélez Alcívar\n y otros Revócasela resolución venida en grado y\n admítese la acción de amparo formulada por Pedro\n Maria Yascaribay y otro.
\n  
\n 554-01 RA Confirmase la resolución\n venida en grado y niégase la acción de amparo propuesta\n por la señora licenciada Norma  Piedad Calderón\n Argüello.
\n  
\n 562-01-RA Confirmase la resolución\n venida en grado y niégase la acción de amparo propuesta\n por la señora licenciada María Esther Carrillo\n Rivadeneira.
\n  
\n
591-RA-01-I.S. Deniégase por improcedente el\n amparo interpuesto por el señor Germán Patricio\n de la Torre Galarza y confirmase la resolución de la Segunda\n Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito\n de Quito.
\n  
\n 626-2001-RA Confirmase en\n los términos de esta resolución la que ha venido\n en grado y acéptasela acción de amparo constitucional\n formulada por el ingeniero Tito René Ruiz Vega .
\n  
\n 656-2001-RAConfirmase la\n resolución subida en grado y niégase la acción\n de amparo constitucional propuesta por el señor Bill Silfredo\n Mieles Joza ..
\n  
\n 710-2001-RA Confirmase la\n resolución subida en grado y niégase la acción\n de amparo propuesta por el señor Juan Manuel Jaramillo\n Castillo y otro.
\n  
\n 719-2001-R.A. Confirmase\n la resolución subida en grado y niégase la acción\n de amparo propuesta por la señora Martha Elida Rojas Estrella\n y otra.
\n  
\n 727-01-R.A.    Confirmase\n la resolución venida en grado e Inadmítese la acción\n de amparo propuesta por el señor William David Galarza\n Abarca.
\n  
\n 731-2001-RA Confirmase la\n resolución subida en grado y acéptase la acción\n de amparo constitucional planteada por el señor Carlos\n Olmedo Mero Delgado.
\n  
\n 808-2001-RA Revócasela\n sentencia subida en apelación y niégase la acción\n de amparo propuesta por el señor Holger Arturo Sarango,\n por improcedente.
\n  
\n 812-2001Confírmase\n la resolución subida en grado y niégase la acción\n de amparo interpuesta por el señor Omar Patricio Rosero\n Brand, por improcedente.
\n  
\n 826-2001-RA Confírmase\n la resolución subida en  grado y niégase la\n acción de amparo propuesta por la señora Silvia\n Marlene Jaime Chicaiza.
\n  
\n 842-2001-RA Confírmase\n la resolución subida en grado y acéptase la acción\n de amparo constitucional propuesta por la señora Fani\n Melida Romero Castillo, por ser procedente.
\n  
\n
896-2001-RA Confirmase la resolución venida\n en grado y niégase la acción de amparo propuesta\n por el señor Hugo Segura Hurtado y otros.
\n  
\n 907-2001-RA Confirmase la\n resolución subida en grado y niégase la acción\n de amparo propuesta por el señor Mario Cárdenas\n Villegas.
\n  
\n
909-2001-RA Ratificase la resolución venida\n en grado y niégase la acción de amparo propuesta\n por el señor Angel Polivio Paladines Jiménez.
\n  
\n
923-2001-RA Confirmase la resolución venida\n en grado y niégase la acción de amparo propuesta\n por el Mayor de Policía Iván Darío Silva\n Altamirano.
\n  
\n
933-2001-RA Revócase la resolución\n venida en grado y niégase la acción de amparo propuesta\n por el señor Gregorio Ulpiano Andrade Ferrín.
\n  
\n

\n \n
\n

 

\n\n

No. 2295

\n\n

Gustavo Noboa Bejarano
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, el Estado Ecuatoriano se encuentra en la obligación\n de proveer a la Policía Nacional de la infraestructura,\n medios, equipos y armamento necesarios para que ésta cumpla\n con su misión de garantizar el orden público y\n la seguridad interna del Estado;

\n\n

Que, el Gobierno Nacional se encuentra empeñado en\n dotar a la Policía Nacional de los bienes y medios indispensables\n para el cumplimiento de sus fundamentales tareas;

\n\n

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 416-A de junio 27 de 1997\n se declara el estado de emergencia de la Policía Nacional;

\n\n

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 20 de 22 de junio de 1999\n se declara prioritario y de seguridad interna del Estado el contrato\n de adquisición de 1.280 vehículos para la Policía\n Nacional, por un monto aproximado de hasta cuarenta y cuatro\n millones de dólares (US$ 44.000.000.oo);

\n\n

Que, mediante oficio No. 335-99 de 10 de febrero de 1999,\n la Oficina de Planificación de la Presidencia de la República\n emitió el dictamen de prioridad favorable para la ejecución\n del proyecto "Renovación del Parque Automotor para\n la Policía Nacional;

\n\n

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 658 de 9 de agosto del\n 2000, se autoriza al Ministro de Economía y Finanzas proceda\n a instrumentar el crédito de proveedor ofrecido por la\n empresa SILEX TRADING S.A., adjudicataria para la provisión\n de vehículos inherentes al proyecto "Renovación\n Parque Automotor Policía Nacional' por la suma total de\n US$ 33.287.496,oo. crédito que se concedió a través\n del Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social\n BNDES; y,

\n\n

Que, la Policía Nacional no cuenta con recursos económicos\n para la cancelación del impuesto a los consumos especiales,\n impuesto FODINFA y tasa de modernización aduanera, que\n se gravan a la importación de los vehículos y no\n existe ley que faculte la exoneración de los mismos,

\n\n

Decreta:

\n\n

Art. 1.- Autorizase al señor Ministro de Economía\n y Finanzas para que asigne a la Policía Nacional la cantidad\n de US$ 2.488.240,33, valor que corresponde al pago del impuesto\n al consumo especial, FODINFA y tase de modernización aduanera\n y que deben ser cancelados previa la nacionalización de\n los vehículos importados.

\n\n

Art. 2.- De la ejecución del presente decreto, encárguese\n el Ministro de Economía y Finanzas y al señor Comandante\n General de la Policía Nacional.

\n\n

Dado en el Palacio Nacional, en Quito Distrito Metropolitano,\n a 28 de enero del 2002.

\n\n

f.) Gustavo Noboa Bejarano, Presidente Constitucional de la\n República.

\n\n

f.) Marcelo Merlo Jaramillo, Ministro de Gobierno y Policía.

\n\n

f) Carlos Julio Emanuel Morón, Ministro de Economía\n y Finanzas.

\n\n

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

\n\n

f.) Marcelo Santos Vera, Secretario General de la Administración\n Pública.

\n\n

 

\n\n

No. 2296

\n\n

Gustavo Noboa Bejarano
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, en base a la necesidad de establecer mecanismos para\n frenar el auge delincuencial en el país, el Gobierno Nacional\n ha organizado un Plan Emergente de Seguridad Ciudadana incorporando\n al sistema de prevención de actos delincuenciales la acción\n comunitaria de los taxistas a nivel nacional, como patrulleros\n honorarios del sistema de comunicación y advertencia;

\n\n

Que, es necesario facilitar y abaratar la importación\n de los equipos de comunicación a instalarse en los vehículos\n de taxi que van a operar como patrulleros honorarios en el Plan\n Emergente de Seguridad Ciudadana;

\n\n

Que, la Comisión Ejecutiva del Consejo de Comercio\n Exterior e Inversiones, COMEXI, mediante Resolución 132\n de 20 de diciembre del 2001, emitió dictamen favorable\n para la inclusión en el Capítulo 85 del Arancel\n Nacional de Importaciones de una nota complementaria, la misma\n que determina que las importaciones de equipos de radiotelefonía\n o radiotelegrafia, comprendidos en la posición arancelaria\n 8525.20.10 realizada por las federaciones y cooperativas de taxis\n del Ecuador se sujetarán a la tarifa 0% sobre él\n valor CIF de dicha mercancía; y,

\n\n

En ejercicio de las facultades que le confiere el último\n inciso del artículo 257 de la Constitución Política\n de la República y el Art. 15 de la Ley Orgánica\n de Aduanas,

\n\n

Decreta:

\n\n

Art. 1- Incorpórase una nota complementaria dentro\n del Capítulo 85 del Arancel de Importaciones en los siguientes\n términos:

\n\n

"Fijase en cero por ciento el arancel a aplicarse sobre\n el valor CIF en la importación de equipos de radio comunicación:\n bases y móviles vehiculares, en el rango de frecuencias\n UHF; con potencia de salida mínima de 20 wats, frecuencia\n modulada, comprendida en la posición arancelaria 8525.20.10\n que efectúen los socios de la Federación Nacional\n de Cooperativas de Transporte en Taxis del Ecuador y sus filiales,\n legalmente registradas. Para hacer uso de este derecho se requerirá\n de la autorización del Ministro de Gobierno y Policía,\n en los términos que se determinen en el acuerdo ministerial\n correspondiente, lo mismo que será comunicado a la Corporación\n Aduanera Ecuatoriana".

\n\n

Art. 2.- Los equipos de comunicación adquiridos al\n amparo de este decreto, no podrán destinarse a otra finalidad\n que no sea el servicio de comunicación en unidades de\n taxi en coordinación con la Policía 'Nacional para\n realizar tareas de prevención del delito.

\n\n

Art. 3.- El plazo durante el cual regirá la aplicación\n de esta tarifa arancelaria para la importación de los\n equipos de comunicación, destinados a las unidades de\n transporte público de taxi que cuenten con la correspondiente\n certificación, será de 360 días calendario,\n contados a partir de la expedición de este decreto.

\n\n

Art. 4.- El presente decreto entrará en vigencia a\n partir de su expedición, sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial y de su ejecución encárguense\n a los señores ministros de Gobierno y Policía,\n Economía y Finanzas y Comercio Exterior, Industrialización,\n Pesca y Competitividad.

\n\n

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 28 de enero del 2002.

\n\n

f.) Gustavo Noboa Bejarano, Presidente Constitucional de la\n República.

\n\n

f) Marcelo Merlo Jaramillo, Ministro de Gobierno y Policía.

\n\n

f) Richard Moss Ferreira, Ministro de Comercio Exterior, Industrialización,\n Pesca y Competitividad.

\n\n

f) Dr. Carlos Julio Emanuel Morán, Ministro de Economía\n y Finanzas.

\n\n

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

\n\n

f) Marcelo Santos Vera, Secretario General de la Administración\n Pública.

\n\n

 

\n\n

No. 064-2001-HC

\n\n

LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n\n

En el caso signado con el No. 064-2001-HC

\n\n

Antecedentes:

\n\n

El doctor Iván Durazno C. comparece ante el señor\n Alcalde del I. Municipio del Distrito Metropolitano de Quito\n e interpone recurso de hábeas corpus a nombre de la señora\n Blanca Benavides Nastar. El compareciente manifiesta que la nombrada\n ciudadana se encuentra privada de su libertad en forma ilegal,\n ya que ninguna mujer embarazada puede estarlo por disposición\n del artículo 58 del Código Penal vigente. Con este\n fundamento, solicita que se disponga la inmediata libertad de\n la detenida.
\n El señor Alcalde encargado del I. Municipio del Distrito\n Metropolitano de Quito dispone que se le presente a la detenida\n con la correspondiente orden de privación de la libertad,\n el día 19 de noviembre del 2001 a las 15h00 horas. Realizada\n la audiencia, el mencionado funcionario rechaza el recurso interpuesto\n considerando que se ha dictado orden de prisión preventiva\n en contra de la detenida y se ha emitido la boleta constitucional\n de encarcelamiento respectiva, por el supuesto delito de homicidio.\n Además, señala que el señor Jefe Provincial\n Antinarcóticos informa que ha puesto a la detenida a órdenes\n del Juez de lo Penal de Pichincha de turno, y a su vez, de la\n Fiscalía Distrital de la Unidad Antinarcóticos\n de Pichincha, por el supuesto cometimiento de infracciones tipificadas\n en la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.\n y por, los delitos de "muerte". "robo agravado",\n y "tenencia ilegal de armas".
\n Considerando:

\n\n

Que, esta Sala es competente para conocer y, resolver sobre\n el recurso de hábeas corpus interpuesto por el doctor\n Iván Durazno C., a nombre de la señora Blanca Susana\n Benavides Nastar, de conformidad con el artículo 276,\n número 3, de la Constitución de la República,\n y los artículos 12, número 3, y 62 de la Ley del\n Control Constitucional;

\n\n

Que, no se ha omitido solemnidad sustancial alguna que pueda\n influir en la resolución de la causa, por lo que el proceso\n es válido y así se lo declara;

\n\n

Que, si bien el artículo 58 del Código Penal\n dispone que "Ninguna mujer embarazada podrá ser privada\n de su libertad, ni será notificada con sentencia que le\n imponga penas de prisión o de reclusión, sino 90\n días después del parto ", se debe distinguir\n la sanción penal que es la que se regula en la disposición\n legal citada, de las medidas cautelares que se pueden ordenar\n dentro de un proceso penal, como es la que se le ha aplicado\n a la afectada, en razón de habérsele dictado en\n su contra una orden de prisión preventiva;

\n\n

Que, respecto de la prisión preventiva, el Código\n de Procedimiento Penal, en su artículo 171, dispone, como\n alternativas a esta medida cautelar: el arresto domiciliario\n la obligación de presentarse periódicamente ante\n el juez o tribunal o ante la autoridad que él designe;\n y, la prohibición de salir del país, de la localidad\n en la cual reside o del ámbito territorial que fije el\n juez o tribunal;

\n\n

Que, respecto de los sujetos beneficiarios y las condiciones\n para acceder al arresto domiciliario el artículo 171 del\n Código de Procedimiento Penal señala que, para\n la generalidad de personas, el juez puede ordenar esta medida\n alternativa "Siempre que se trate de un delito sancionado\n con pena que no exceda de cinco años y que e! imputado\n no haya sido condenado con anterioridad por delito" y, sin\n importar el delito que se le imputa o acusa, cuando el afectado\n sea "una persona mayor de sesenta y cinco años de\n edad o que se trate de una mujer embarazada y hasta noventa días\n después del parto", situación en la que se\n afirma se encuentra la afectada;

\n\n

Que, en consecuencia, en tratándose de mujeres embarazadas,\n y hasta noventa días después del parto, no se puede\n ordenar como medida cautelar la prisión preventiva, sino\n que, imperativamente, se debe aplicar, como alternativa, el arresto\n domiciliario, como lo señala el artículo 171 del\n Código de Procedimiento Penal;

\n\n

Que, no consta de autos prueba científica, practicada\n con todos los requisitos legales, que ponga en evidencia que\n la afectada se encuentra efectivamente embarazada, por lo que\n el juez se encuentra plenamente facultado para ordenar su prisión\n preventiva, de conformidad con los artículos 167 y 168\n del Código de Procedimiento Penal, tal como ha ocurrido\n en la especie; y,

\n\n

Por los considerandos expuestos, y en uso de sus atribuciones\n constitucionales y legales,

\n\n

Resuelve

\n\n

1.- Confirmar la resolución del señor Alcalde\n del I. Municipio del Distrito Metropolitano de Quito encargado,\n y por consiguiente, desechar el hábeas corpus interpuesto\n por el doctor Iván Durazno C., a nombre de la señora\n Blanca Benavides Nastar.

\n\n

2.- Devolver el expediente al señor Alcalde del I.\n Municipio del Distrito Metropolitano de Quito para los fines\n legales consiguientes.- Notifíquese.

\n\n

f.) Dr. Luis Chacón Calderón, Presidente, Primera\n Sala.

\n\n

f.) Dr. Marco Morales Tobar, Vocal, Primera Sala.

\n\n

f) Dr. Hernán Salgado Pesantes, Vocal, Primera Sala.

\n\n

RAZON.- Siento por tal que la resolución que antecede\n fue aprobada por la Primera Sala del Tribunal Constitucional\n a los treinta días del mes de enero del año dos\n mil dos.- Lo certifico

\n\n

f.) Dr. Jaime Pozo Chamorro, Secretario.

\n\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- PRIMERA SALA.- Es fiel copia del\n original.- Quito, a 4 de febrero del 2002.- f.) Secretario de\n la Sala.

\n\n

 

\n\n

No. 434-2001-RA

\n\n

LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n\n

En el caso signado con el No. 434-2001-RA

\n\n

Antecedentes:

\n\n

Roberto Alejandro Lascano Cepeda, comparece ante el Juez Tercero\n de lo Civil de El Oro y plantea acción de amparo constitucional\n en contra del Director Nacional de Minería y del Subsecretario\n de Minas. Al respecto, el peticionario señala:

\n\n

Que los accionados, sin tener competencia para actuar en forma\n individual o conjuntamente, han enviado el Memorando No. 095\n SM 2001 de 14 de mayo del 2001, dirigido a los Directores Regionales\n de Minería, el cual contiene el "Manual de Procedimientos\n para la aplicación del Reglamento General Sustitutivo\n del Reglamento General de la Ley de Minería". Dicho\n manual -se dice- ha creado figuras legales y atribuciones no\n previstas en las leyes y reglamentos pertinentes y vulnera de\n esta manera el derecho a la seguridad jurídica.

\n\n

Que ni la Ley de Minería ni el Reglamento General Sustitutivo\n del Reglamento General de dicha ley, establecen la atribución\n de la Dirección Nacional de Minería o de la Subsecretaría\n de Minas para dictar un manual de procedimientos

\n\n

Que en el Manual de Procedimientos aludido (Memorando Nro.\n 095 SM 2001) en el apartado denominado "12. Procedimiento\n para el Cumplimiento de la Disposición Transitoria Primera\n de la Ley de Minería Vigente". introduce trámites\n y resultados no previstos en la Ley ni en el Reglamento General,\n y los funcionarios demandados crean normas de carácter\n general y observancia obligatoria en perjuicio de los mineros,\n a más de que centralizan la administración pública\n minera en los funcionarios de ámbito nacional.

\n\n

Que en el apartado "3. De la Prioridad y del Derecho\n Preferente", el Manual cambia el concepto de la prioridad,\n e invoca el artículo 7 del Reglamento General de la Ley\n de Minería, cuerpo reglamentario que no existe en el Ecuador,\n y si se ha querido referir al actual, éste se denomina\n "Reglamento General Sustitutivo del Reglamento General de\n la ley de Minería" (Decreto Ejecutivo Nro. 1415.\n Registro Oficial Nro. 307, de abril del 2001).

\n\n

Que sobre el punto anterior, el señor Procurador General\n del Estado, mediante oficio Nro. 17405 de 25 de abril del 2001\n dirigido al señor Presidente Constitucional de la República,\n con relación al antedicho Reglamento expresa que la prioridad\n en la presentación de solicitudes de concesiones mineras\n da derecho preferente para su otorgamiento, y que introducir\n otro concepto del derecho preferente, no guarda conformidad con\n la norma legal que se pretende reglar. Además, el Procurador\n se ha pronunciado en el sentido que "La oferta y la puja\n que no constan en la Ley, no pueden ser mecanismos idóneos\n para alcanzar el derecho preferente en el trámite de adjudicación\n de la concesión minera en el Ecuador; restringir el horario\n de recepción de solicitudes, bien puede vulnerar o por\n Lo menos obstaculizar e! derecho constitucional de petición.\n En conclusión, todo lo referido al Reglamento General\n de la Ley de Minería, Art. 7; del primer inciso las palabras\n y números siguientes 'hasta las 13h00 ('trece horas)';y\n del segundo inciso: 'contadas y registradas en el lapso de una\n hora de un determinado día, mes y año finalmente\n los incisos tercero, cuarto y quinto; son ilegales".

\n\n

Que en el apartado "9. Sustitución de Títulos",\n el Manual pretende mantener vigente el pago de regalías\n que ha sido derogado, y al respecto, el Procurador General del\n Estado se ha pronunciado en el sentido de que todas las personas\n naturales y jurídicas comprendidas en el artículo\n 161 (derogado) de la Ley de Minería están obligadas\n al pago de 3% sobre el valor de la producción bruta en\n todas las sustancias minerales obtenidas hasta el 18 de agosto\n del 2000, y no hasta el 31 de diciembre del 2000;.criterio que\n se fundamenta en el principio de la ley en el tiempo.

\n\n

Por todo lo expuesto, se solicita que se suspenda definitivamente\n el acto administrativo contenido en el Memorando No. 095 SM 2001,\n del Subsecretario de Minas y Director Nacional de Minería,\n fechado en Quito el 14 de mayo del 2001, y dirigido a los "Directores\n Regionales de Minería".

\n\n

En la audiencia pública celebrada el 22 de mayo del\n 2001, la parte demandada alega que la acción de amparo\n es improcedente por cuanto el accionante debió acudir\n a la demanda de inconstitucionalidad de los parágrafos\n que cita en su escrito; Que el Manual de Procedimientos impugnado\n es el resultado de una reunión de trabajo efectuada entre\n el Subsecretario de Minas, la Dirección Nacional de Minería\n y las siete Regionales de Minería existentes en el país,\n como se señala en la primera parte del documento, es decir,\n que responde a un acto administrativo interno que no hace otra\n cosa que procesos internos que permitan que los funcionarios\n de las instituciones actúen uniformemente dentro de lo\n estrictamente señalado en la Ley de Minería vigente\n y su Reglamento General Sustitutivo; Que el actor señala\n que el mencionado Manual está en contraposición\n de lo señalado en la Ley de Minería, lo cual es\n absurdo, por cuanto la disposición Transitoria Primera\n de las reformas introducidas a la Ley de Minería, publicadas\n en el Suplemento del R.O. Nro. 144 de agosto 18 del 2000. determina\n que las solicitudes tendientes a obtener concesiones mineras\n deben sujetarse al procedimiento allí establecido; mientras\n que la Primera Disposición Transitoria del Reglamento\n General Sustitutivo del Reglamento General de la Ley de Minería,\n publicado en el Registro Oficial No. 307 del 17 de abril del\n 2001, únicamente señala las áreas cuya titularidad\n pertenece al Estado, y que de existir solicitudes sobre estas\n áreas, sean archivadas por encontrarse superpuestas totalmente.\n Por lo expuesto solicita desechar el amparo constitucional planteado\n por el señor Roberto Alejandro Lascano Cepeda.

\n\n

El señor Procurador General del Estado, a través\n de su abogado defensor manifiesta: Que en el presente amparo\n constitucional se están impugnando varios aspectos sobre\n los cuales se han pronunciado el señor Procurador, y al\n comparecer a esta diligencia se ratifica en el contenido del\n criterio contenido en el oficio Nro. 16155 de fecha 1 de febrero\n del 2001, y en la solicitud formulada por el señor Presidente\n Constitucional de la República, que consta en el oficio\n Nro. 17405 de fecha 25 de abril del 2001, documentos que contienen\n un pronunciamiento vinculante y por lo tanto obligatorio.

\n\n

Por su parte el accionante, en lo principal, se ratifica en\n los fundamentos de hecho y de derecho de sus pretensiones, y\n agrega que el acto administrativo impugnado es producto de una\n reunión entre el Subsecretario de Minas, el Director Nacional\n de Minería y los Directores Regionales de Minería,\n pero olvidan que en derecho público solamente se permite\n hacer lo que la Constitución y la ley manda, y que los\n funcionarios demandados, sin tener atribución constitucional,\n legal ni reglamentaria, han creado figuras seudolegales y se\n han autoconcedido atribuciones no establecidas en la ley de Minería,\n de forma que se ha vulnerado el derecho a la seguridad jurídica.

\n\n

El Juez Tercero de lo Civil de El Oro, concede el amparo constitucional\n formulado por cuanto considera que el presente caso se trata\n de un amparo constitucional y ha tomado en cuenta que el acto\n de la administración pública impugnado no tiene\n la jerarquía de una ley orgánica, ley ordinaria,\n decreto-ley, decreto, ordenanza, estatuto, reglamento o resolución,\n y en consecuencia, no se trata de un caso que deba resolverse\n por medio de la demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal\n Constitucional

\n\n

Considerando:

\n\n

Que esta Sala es competente para conocer y resolver la presente\n causa, de conformidad con los artículos 276 numeral 3\n de la Constitución de la República, y los artículos\n 12 numeral 3 y 62 de la Ley del Control Constitucional;

\n\n

Que no se ha omitido solemnidad sustancial alguna que pueda\n influir en la resolución de la causa, por lo que el proceso\n es válido y así se lo declara;

\n\n

Que la acción de amparo prevista en el artículo\n 95 de la Constitución de la República se caracteriza\n por su naturaleza cautelar de los derechos constitucionales,\n de tal manera que únicamente suspende los efectos de un\n acto u omisión ilegítimos de autoridad pública,\n que por violar dichos derechos, causen un daño grave e\n inminente. Por todo ello, a la acción de amparo no le\n cumple resolver el fondo del asunto controvertido ni suplir los\n procedimientos que el ordenamiento jurídico ha establecido\n para la solución de una controversia;

\n\n

Que la Doctrina más autorizada enseña que la\n Administración Pública no está simplemente\n infraordenada a las normas jurídicas, sirio que ella misma\n tiene potestad de crearlas. Ahora bien, un problema capital del\n ordenamiento jurídico-administrativo es el de la coexistencia\n y articulación de la Ley con las normas de formulación\n administrativa, y dicha coexistencia y articulación se\n ordenan alrededor del Principio de Jerarquía que determina\n la supremacía de un tipo de normas sobre otras, como sucede\n en el caso de la Ley frente al Reglamento. En suma, es una notable\n característica del ordenamiento administrativo esa convergencia\n sobre un mismo objeto de normas escritas de desigual valor normativo:

\n\n

Que a más de lo dicho en el considerando precedente,\n el Derecho Administrativo no sólo regula las relaciones\n entre la Administración Pública y los administrados,\n sino que también lo hace en las relaciones entre aquélla\n y los funcionarios o empleados. De esta manera, dentro del sistema\n de fuentes del Derecho Administrativo también se incluyen,\n a más de las que enumera la Teoría General del\n Derecho, a normas internas como son las circulares e instructivos\n y, en lo que concierne al presente caso, a lo que se ha denominado\n como un "Manual de Procedimientos";

\n\n

Que el "Manual de Procedimientos" impugnado, por\n su naturaleza normativa, y por ende, su alcance general e impersonal,\n no constituye materia de la acción de amparo, pues para\n que ella sea procedente es menester que el acto de autoridad\n pública tachado de ilegítimo esté dirigido\n a una persona o conjunto perfectamente determinado de personas,\n de tal forma que sea posible detectar cii la especie, no sólo\n la violación de un derecho constitucional, sino también\n un daño grave e inminente ante el cual se pueda aplicar\n las medidas cautelares que son propias y naturales de dicha garantía\n constitucional;

\n\n

Que la acción de amparo, como ya se dijo anteriormente,\n no le cumple. suplir los procedimientos específicos que\n el ordenamiento jurídico ha previsto para la solución\n de una controversia. En tal virtud, existiendo como existe la\n demanda de inconstitucionalidad prevista en el artículo\n 276 numeral I de la Constitución de la República,\n y regulada por el Capítulo III del Título I de\n la Ley del Control Constitucional, la impugnación del\n susodicho "Manual de Procedimientos" por vía\n de acción de amparo la hacen a esta improcedente; y,

\n\n

Por las consideraciones expuestas y en uso de sus facultades\n constitucionales y legales,

\n\n

Resuelve:

\n\n

1.- Revocar la resolución venida en grado, y por consiguiente,\n desechar la acción de amparo formulada por el señor\n Roberto Alejandro Lascano Cepeda.

\n\n

2.- Devolver el expediente al Juez de origen para la ejecución\n de esta resolución. - Notifíquese.

\n\n

f) Dr. Luis Chacón Calderón, Presidente, Primera\n Sala.

\n\n

f) Dr. Marco Morales Tobar, Vocal, Primera Sala.

\n\n

f) Dr. Hernán Salgado Pesantes, Vocal, Primera Sala.

\n\n

RAZON. - Siento por tal que la resolución que antecede\n fue aprobada por la Primera Sala del Tribunal Constitucional\n a los veintiocho días del mes de enero del año\n dos mil dos.- Lo certifico.

\n\n

f) Dr. Jaime Pozo Chamorro, Secretario.

\n\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- PRIMERA SALA.- Es fiel copia del\n original.- Quito, a 4 de febrero del 2002.- f) Secretario de\n la Sala.

\n\n

 

\n\n

No. 441-2001-RA

\n\n

LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n\n

En el caso signado con el No. 441-2001-RA

\n\n

Antecedentes:

\n\n

Los ingenieros Galo Vélez Alcívar, Presidente\n de la Cámara de la Construcción del cantón\n Rocafuerte; Luis Alfonso Moreno Vera, Presidente de la Cámara\n de la Construcción de Jipijapa; Jorge Andrade Muñoz,\n representante de la Cámara de la Construcción de\n Chone; David Leonardo Zambrano Cevallos, Presidente de la Cámara\n de la Construcción de Bolívar; y el arquitecto\n Ignacio Mendoza Ureta, Presidente de la Cámara de la Construcción\n de Bahía de Caráquez, comparecen ante el Juzgado\n Primero de lo Civil de Portoviejo y formulan acción de\n amparo constitucional en contra del Presidente del Directorio\n de la Corporación Ejecutiva para la Reconstrucción\n de las Zonas Afectadas por el Fenómeno del Niño\n (Corpecuador). Los accionantes manifiestan:

\n\n

Que mediante publicación hecha por la prensa el día\n 6 de abril del 2001, la autoridad accionada convocó, fundamentándose\n en el artículo 6 de la Ley de Creación de Corpecuador,\n a las personas naturales y jurídicas para que conformen\n los colegios electorales encargados de elegir a los miembros\n que integran el Directorio de la Delegación de Manabí.

\n\n

Que en el numeral 3 de la convocatoria se dice que "De\n acuerdo a lo establecido en el Art. 20 reformado del Reglamento\n a la Ley de Corpecuador, cada Cámara tendrá derecho\n a un voto si su número de afiliados es inferior o igual\n a cien. Las Cámaras que tengan más de cien afiliados\n tendrán derecho a un voto por cada cien afiliados

\n\n

Que por lo dicho anteriormente, se demuestra que ni siquiera\n se necesita conformar colegios electorales ni realizar elecciones,\n porque la Cámara de la Construcción de Portoviejo,\n con 1200 afiliados 'y derecho a 12 votos, tendrá de por\n vida el control de la Delegación, y se prescindirá\n de las seis restantes cámaras de la provincia, que con\n un solo voto cada una y aunque se unan y decidan contar con un\n solo candidato, se quedarán con 6 votos y nunca podrán\n acceder a representación alguna.

\n\n

Que todo lo analizado proviene de la aplicación que\n se quiere hacer del artículo 20 reformado del Reglamento\n de la Ley de Corpecuador, lo cual es ilegítimo e inconstitucional\n por violar las siguientes normas jurídicas: el artículo\n 272 de la Constitución de la República, especialmente\n porque debió aplicarse la norma jerárquicamente\n superior y no la reglamentaria; el artículo 273 ibídem\n porque el Presidente del Directorio de Corpecuador tiene la obligación\n de aplicar las normas de la Constitución que sean pertinentes,\n aunque no se las invoque expresamente; y el artículo 274\n de la Constitución de la República, por no haber\n declarado inaplicable la norma del artículo 20 del Reglamento\n de la Ley de dicha corporación.

\n\n

Que los artículos 16 y 18 de la Constitución\n de la República disponen, respectivamente, que el más\n alto deber del Estado es respetar y hacer respetar los derechos\n humanos; que éstos son directa e inmediatamente aplicables\n por x ante cualquier juez, tribunal o autoridad y que las leves,\n y peor un reglamento, no podrán restringir dichos derechos.

\n\n

Que se está violando el derecho de igualdad ante la\n ley, al privilegiar a una sola cámara; el derecho a participar\n en el gobierno de su país, directamente o por medio de\n representantes libremente elegidos, a más de acceder en\n condiciones de igualdad a las funciones públicas.

\n\n

Que el artículo 20 reformado del Reglamento de la Ley\n de Creación de Corpecuador es inconstitucional por contravenir\n y alterar dicha Ley, de manera que se incurre en el numeral 5\n del artículo 171 de la Constitución de la República.

\n\n

En audiencia pública celebrada el 23 de mayo del 2001,\n la parte accionante se ratifica en los fundamentos de hecho y\n de derecho de su pretensión. No comparece la parte accionada.

\n\n

El señor Juez Primero de lo Civil de Portoviejo resuelve\n aceptar la acción de amparo propuesta por los accionantes,\n considerando la naturaleza cautelar del amparo, y que la autoridad\n accionada ha violado el artículo 23 numeral 3 de la Constitución\n de la República.

\n\n

Considerando:

\n\n

Que esta Sala es competente para conocer y resolver la presente\n causa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo\n 276 numeral 3 de la Constitución de la República,\n y los artículos 12 numeral 3 y 62 de la Ley del Control\n Constitucional;

\n\n

Que no se ha omitido solemnidad sustancial alguna que pueda\n influir en la resolución de la causa, por lo que el proceso\n es válido y así se lo declara;

\n\n

Que la acción de amparo prevista en el artículo\n 95 de la Constitución de la República se caracteriza\n por su naturaleza cautelar de los derechos constitucionales,\n de tal manera que únicamente suspende los efectos de un\n acto u omisión ilegítimos de autoridad pública\n que por violar dichos derechos, causen un daño grave e\n irreparable. Por todo ello, a la acción de amparo no le\n cumple resolver el fondo del asunto' controvertido ni suplir\n los procedimientos que el ordenamiento jurídico ha establecido\n para la solución de una controversia. Por último,\n la naturaleza cautelar de la acción de amparo implica\n que la autoridad accionada, respetando los derechos constitucionales\n y corrigiendo los vicios en que pudo haber incurrido, pueda dictar\n un nuevo acto apegado a derecho y sobre la misma cuestión;

\n\n

Que del texto constitucional y de la normativa singularizada\n en 'la Ley del Control Constitucional, se establece de manera\n concluyente que la acción de amparo constitucional es\n procedente cuando: a) existe un acto u omisión ilegítimos,\n en principio de autoridad pública; b) que siendo violatorio\n de un derecho subjetivo constitucional; c) cause o amenace causar\n un daño grave e inminente en perjuicio del accionante,\n es decir que dichos tres elementos descritos para la procedencia\n de la acción de amparo deben encontrarse presentes simultáneamente\n y de manera unívoca;

\n\n

Que un acto se torna ilegítimo cuando ha sido dictado\n pon una autoridad que no tiene competencia para ello, o no se\n han observado los procedimientos establecidos por el ordenamiento\n jurídico, o cuando se ha infringido el ordenamiento jurídico,\n o bien, cuando se lo ha dictado sin fundamento o suficiente motivación;

\n\n

Que el artículo 6 literal b) de la Ley de Creación\n de Corpecuador dispone que el Directorio de las Delegaciones\n de dicha corporación estará integrado por "Un\n delegado de la cámara de la construcción de la\n provincia donde funcione la Delegación; si en una de estas\n sedes existiere más de una cámara, se conformará\n el Colegio Electoral para que designe su delegado";

\n\n

Que de conformidad con el artículo 10 literal d) del\n Reglamento de la Ley de Creación de Corpecuador, competen\n al Presidente del Directorio convocar a los Colegios Electorales\n para la designación de los integrantes de los Directorios\n de las Delegaciones (Unidades Ejecutoras);

\n\n

Que el inciso cuarto del artículo 20 del citado Reglamento\n dispone que "Para la designación de los representantes\n principal y suplente por las Cámaras de la Construcción\n y Comercio e Industrias, el Presidente de CORPECUADOR hará\n la convocatoria al Colegio Electoral para su designación,\n y las Cámaras deberán acreditar los documentos\n debidamente legalizados que demuestren su existencia jurídica,\n su representación y el número de afiliados que\n tiene la institución que representan, mediante la lista\n de afiliados, debidamente certificada por el Secretario de la\n Cámara respectiva. Por su parte, el inciso quinto del\n mismo artículo dice: "Al igual que en las elecciones\n de los representantes para el Directorio Principal a que se refiere\n el artículo 3 de la Ley No. 120, cada Cámara tendrá\n derecho a un voto si su número de afiliados es menor o\n igual a cien. Las Cámaras que tengan más de cien\n afiliados tendrán derecho a un voto por cada cien afiliados

\n\n

Que en la especie, la convocatoria de 6 de abril del 2001\n que consta a fojas 14 de los autos, no hace otra cosa que llamar\n a los colegios electorales encargados de elegir a los miembros\n que integrarán el Directorio de la Delegación de\n Corpecuador en Manabí; convocatoria que se ajusta a las\n normas jurídicas que se han citado, por lo cual no constituye\n un acto ilegítimo de autoridad pública;

\n\n

Que el artículo 23 numeral 3 de la Constitución\n de la República reconoce el derecho a la igualdad ante\n la ley, en virtud del cual la persona puede gozar de los mismos\n derechos, libertades y oportunidades ante unas mismas condiciones\n 'y circunstancias jurídicas. Al respecto, debe tenerse\n presente que aquél derecho implica el reconocimiento de\n la igualdad esencial de la persona o de un ente frente a sus\n semejantes, pero ello no significa -y absurdo sería afirmarlo-\n que el derecho de igualdad pueda invocarse considerando las particularidades\n de un individuo. La aclaración se hace necesaria, por\n cuanto es evidente que existen en la sociedad personas, grupos\n humanos o entidades que son distintos y deben recibir un trato\n legal igualmente distinto, no por segregación alguna,\n sino por factores objetivos, como son sus capacidades, necesidades,\n finalidades, etc., los cuales determinan una diferenciación\n sustentada en su situación jurídica;

\n\n

Que en el caso que nos ocupa, el artículo 20 del Reglamento\n de la Ley de Creación de Corpecuador ha configurado un\n sistema de votación que se basa en el número de\n afiliados a las respectivas cámaras, es decir, con fundamento\n en un dato objetivo que no significa discriminación alguna\n de las cámaras minoritarias, pues aberrante seria poner\n a aquéllas, so pretexto del derecho de igualdad ante la\n ley, en la misma posición que las mayoritarias, las cuales,\n a pesar de tener la misma igualdad esencial, tienen una diferente\n representatividad por el número de sus afiliados, y en\n éste radica la legitimidad de la elección del delegado\n cuando ha sido designado por una mayoría conforme;

\n\n

Que no habiendo acto ilegitimo como se ha demostrado, y no\n existiendo violación a derecho constitucional alguno,\n la acción de amparo propuesta por los accionantes resulta\n improcedente; y,

\n\n

Por los considerandos expuestos, y en uso de sus facultades\n constitucionales y legales,

\n\n

Resuelve:

\n\n

1.- Revocar la resolución dictada por el señor\n Juez Primero de lo Civil de Portoviejo, y en consecuencia, desechar\n la acción de amparo formulada por los ingenieros Galo\n Vélez Alcívar, Presidente de la Cámara de\n la Construcción del cantón Rocafuerte; Luis Alfonso\n Moreno Vera, Presidente de la Cámara de la Construcción\n de Jipijapa; Jorge Andrade Muñoz, representante de la\n Cámara de la Construcción de Chone; David Leonardo\n Zambrano Cevallos, Presidente le la Cámara de la Construcción\n de Bolívar, y el arquitecto Ignacio Mendoza Ureta, Presidente\n de la Cámara de la Construcción de Bahía\n de Caráquez.

\n\n

2.- Devolver el expediente al Juez de origen para la ejecución\n de esta resolución.- Notifíquese.

\n\n

f) Dr. Luis Chacón Calderón, Presidente, Primera\n Sala.

\n\n

f) Dr. Mareo Morales Tobar, Vocal, Primera Sala.

\n\n

f.) Dr. Hernán Salgado Pesantes, Vocal, Primera Sala.

\n\n

RAZON.- Siento por tal que la resolución que antecede\n fue aprobada por la Primera Sala del Tribunal Constitucional,\n a los veintinueve días del mes de enero del año\n dos mil dos.-Lo certifico.

\n\n

f) Dr. Jaime Pozo Chamorro, Secretario.

\n\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- PRIMERA SALA.- Es fiel copia del\n original.- Quito, a 4 de febrero del 2002.- f) Secretario de\n la Sala.

\n\n

 

\n\n

No. 505-2001-RA

\n\n

LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n\n

En el caso signado con el No. 505-2001-RA

\n\n

Antecedentes:

\n\n

Pedro María Yascaribay y Luis Eduardo Torres Quiridumbay,\n en sus calidades de Gerente y Presidente respectivamente de la\n compañía anónima de carga liviana "Manuel\n Antonio Piña SA.", comparecen ante el señor\n Juez Segundo de lo Civil de Azogues y formulan acción\n de amparo constitucional en contra de la señora Gobernadora\n de la Provincia del Cañar, Presidenta del Consejo Provincial\n de Tránsito de Cañar, y del señor Procurador\n General del Estado. Los accionantes manifiestan:

\n\n

Que la compañía de transportes "Manuel\n Antonio Piña SA" se constituyó mediante escritura\n pública de 21 de julio de 1999, la cual fue otorgada ante\n el señor Notario Sexto del cantón Cuenca, y se\n inscribió en el Registro Mercantil del cantón Azogues\n el 21 de diciembre de 1999.

\n\n

Que previamente a la constitución de la compañía,\n el Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres\n emitió informe favorable, de conformidad con lo dispuesto\n en el artículo 145 de la Ley de Tránsito y Transporte\n Terrestres. De igual forma, la Superintendencia de Compañías\n aprobó la constitución de la compañía,\n mediante resolución que está insertada en la escritura\n antes referida.

\n\n

Que habiendo cumplido con todos los requisitos exigidos por\n la Ley de Tránsito y Transporte Terrestres, presentaron\n su solicitud ante el Consejo Provincial de Tránsito de\n Cañar, a fin de que se les otorgue el respectivo permiso\n de operaciones.

\n\n

Que el 17 de mayo del 2001, mediante oficio No. 027-CPTTTC,\n suscrito por la señora Gobernadora de Cañar y Presidenta\n del Consejo Provincial de Tránsito de la misma provincia,\n se les comunica que el Directorio de dicho Consejo había\n resuelto negar su solicitud de permiso de operación, de\n manera que se les ha dejado en total incapacidad legal para el\n inicio de sus operaciones.

\n\n

Que han cumplido con el requisito del artículo 145\n de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestres, pues cuentan\n con el informe favorable del Consejo Nacional de Tránsito\n y Transporte Terrestres, entidad que constató la necesidad\n del servicio y por ello emitió dicho informe favorable\n para la constitución de la compañía, de\n tal forma que este momento no puede argumentar la sobreoferta\n del servicio para negar un permiso de operación.

\n\n

Que el artículo 12 de la Ley de Tránsito y Transporte\n Terrestres manifiesta que la transportación terrestre\n pública y privada de personas y bienes goza de la protección\n del Estado quien ejercerá el control y vigilancia necesarios\n para su adecuada prestación en condiciones de seguridad\n y calidad.

\n\n

Que si el Consejo Nacional de Tránsito y Transporte\n Terrestres, en uso de sus facultades y atribuciones, pretende\n frenar el nacimiento de nuevas organizaciones de transporte público,\n debería prohibir la constitución de empresas y\n no actuar como lo hace, esto es, autorizando la creación\n de nuevas empresas y negando posteriormente su permiso de operación.

\n\n

Que Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres\n y los Consejos Provinciales de Tránsito no tienen la facultad\n para negar un derecho protegido y tutelado por las leyes y la\n Constitución de la República, pues una resolución\n emitida por el Consejo Nacional, por su Directorio en pleno,\n no tiene la fuerza de Ley, no la puede reformar, ni violar la\n Constitución de la República.

\n\n

Que las presiones ejercidas por parte de las federaciones\n de transportistas para que se mantenga la suspensión de\n los permisos de operación, no tiene la potestad necesaria\n para violar derechos legales y constitucionales, más aún\n cuando el artículo 47 de la Ley de Modernización\n del Estado prohíbe la existencia de monopolios.

\n\n

Que la Constitución de la República tutela el\n derecho a la libre organización, el derecho al trabajo\n y el derecho a la seguridad jurídica.

\n\n

Que la resolución del Consejo Provincial de . Tránsito\n de Cañar no tiene fundamento alguno y carece de motivación.

\n\n

Con los fundamentos de hecho y de derecho expuestos, los accionantes\n solicitan que se deje sin efecto jurídico alguno el acto\n ilegitimo de autoridad emitido por el Consejo Provincial de Tránsito\n de Cañar, se de' trámite y emita el respectivo\n Permiso de Operaciones a favor de la compañía de\n transportes de carga liviana "Manuel Antonio Piña\n S.A.", a fin de que ésta pueda operar y prestar el\n servicio de transporte de carga liviana, en el sector Leonán\n de la parroquia Luis Cordero del cantón Azoguez, el cual\n que carece totalmente del tipo de servicio que prestarla la compañía.

\n\n

En audiencia pública celebrada el día 11 de\n junio del 2001, los accionantes se ratifican en los fundamentos\n de hecho y de derecho de sus pretensiones. Por su parte, la autoridad\n accionada, por intermedio de su abogado defensor, manifiesta:\n Que en ningún momento el Consejo Provincial de Tránsito\n de Cañar ha impedido que la compañía anónima\n de carga liviana "Manuel Antonio Piña S.A."\n se conforme como tal, ni a sus integrantes se les ha privado\n de su derecho al trabajo, a la libre asociación y a la\n seguridad jurídica, Que el artículo 252 de la Constitución\n de la República determina que el Estado ejercerá\n la regulación del transporte terrestre mediante entidades\n autónomas civiles, y con fundamento en esta disposición,\n se ha creado el Consejo Nacional de Tránsito y Transporte\n Terrestres, cuyas resoluciones son obligatorias y, según\n el artículo 23 de la Ley de Tránsito, confiere\n a este organismo la atribución de dictar políticas\n generales sobre tránsito y transporte terrestres; Que\n la resolución No. 001-DIR-2001-CNTTT de 1 de febrero del\n 2001, basándose en la resolución del Consejo Nacional\n de Tránsito adoptada el 19 de abril de 1999, con resolución\n No. 005-PDE-2001-CNTTT de fecha 12 de abril del 2001, se ratifica\n en mantener la suspensión del otorgamiento de permisos\n de operación en todas las modalidades de transporte terrestre,\n excepto en el transporte escolar y en el incremento de cupos\n a las organizaciones ya existentes, razón por la cual\n el Consejo Provincial de Tránsito de Cañar debe\n acatar dichas disposiciones; Que además, el Consejo Provincial\n de Tránsito de Cañar, al dictar su resolución,\n se fundamenté también en los informes técnicos\n y estadísticos, por lo cual no se considera que exista\n necesidad del servicio, pues está cubierto; Que ante la\n consulta elevada al señor Procurador General del Estado,\n se contestó que el Consejo Provincial de Tránsito\n de Cañar puede suspender a nivel provincial la concesión\n de permisos dé operación con sujeción a\n las regulaciones dictadas por el Consejo Nacional de Tránsito\n y Transporte Terrestres; Que si bien el Consejo Nacional de Tránsito\n y Transporte Terrestres ha emitido criterio favorable para la\n constitución de la compañía, no ha levantado\n la suspensión del otorgamiento de permisos de operación,\n Que las resoluciones dictadas por el Consejo Provincial de Tránsito\n de Cañar son completamente apegadas a la Constitución\n y a la Ley.

\n\n

El

 

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