Registro Oficial. DICIEMBRE18 de DICIEMBRE del 2001

Martes, 18 de diciembre de 2001

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

\n \n \n \n
   MES DE DICIEMBRE DEL 2001
\n \n \n \n
\n

\n
 
\n

 REGISTRO OFICIAL
ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR
Administración del Sr. Dr. Gustavo Noboa Bejarano
Presidente Constitucional de la República
\n

 Martes, 18 de Diciembre del 2001

\n

REGISTRO OFICIAL No. 476

\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n

DR. JOSE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR

\n\n

FUNCION EJECUTIVA

\n\n

ACUERDO

\n\n

MINISTERIO DE ECONOMIA:
\n
 
\n
335 Delégase al señor ingeniero Julio Ponce\n Arteta, Subsecretario General de Economía, para que represente\n al señor Ministro en la sesión de Directorio del\n Banco Central.
\n  
\n RESOLUCIONES:

\n\n

CONSEJO NACIONAL DE REMUNERACIONES\n DEL SECTOR PUBLICO:
\n
 
\n
107 Crease una bonificación\n económica para los servidores de la Defensoría\n del Pueblo.

\n\n

112 Apruébase a partir\n del 1 de enero del 2002, para los servidores de las orquestas\n sinfónicas de Guayaquil, Cuenca y Loja, la Escala de Sueldos\n Básicos, Gastos de Represéntación \n y Bonificación por Responsabilidad.
\n  
\n
JUNTA BANCARIA:

\n\n

JB-2001-410 Modificase la Sección\n IV  Patrimonio técnico constituido , del Capítulo\n I, del Subtítulo I, del Título I  De la constitución\n , de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia\n de Bancos y de la Junta Bancaria

\n\n

JB-2001-411 Modificase la Sección\n V  Disposiciones generales , dcl Capitulo I, del Subtítulo\n II, del Título VII  De los activos y de los límites\n de crédito , de la Codificación dc Resoluciones\n de la Superintendencia de Bancos y de la Junta Bancaria.
\n  
\n
FUNCION JUDICIAL

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTlCIA
\n
 
\n
- Dispónese \n que no procede el  recurso de casación contra  las sentencias dictadas en juicios \n que solo pueden juzgarse mediante  acusación particular.
\n  
\n  
\n SEGUNDA SALA DE LO\n CIVIL Y MERCANTIL:

\n\n

Recursos dc casación en los juicios\n seguidos por Ias siguientes personas:
\n  
\n 343-2001
\n Ing. Wilson Gonzalo Ramírez Quinde en contra de Segundo\n Oswaldo Reyes López

\n\n

348-2001 Distrito Metropolitano de Quito en contra de Jorge\n Mera Marin y otros

\n\n

366-2001 José James Ramón\n y otro en contra de Andrés Clemente Zambrano Andrade y\n otra.

\n\n

370-2001 Salomón Marcillo Cedeño y otras en\n contra de Manuel Gonzalo López Cedeño.

\n\n

371-2001 Fabián  Vásquez\n Villegas en contra de Segundo Durán Vinueza

\n\n

372-2001 Rodrigo Fajardo Bayolima en contra de Néstor\n Alvarez  Chacho.

\n\n

374-2001 Gloria Noemi Núñez en contra del Marco\n Antonio Armas Cabezas.

\n\n

379-2001 María Jesús\n Romero Zumba en contra de Francisco Romero Sinchi y otra.

\n\n

380-2001 Arturo Villegas \n Aspiazu en contra de Oswaldo Espinoza  Sarmiento.

\n\n

383-2001 Segundo Delfín\n Pilco y otra en contra del Dr. Gualberto Falconí.

\n\n

384-2001 Efraín Negrete\n Acuña en contra de la compañía Mahuad y\n Asociados Cia. Ltda. y otra.

\n\n

386-2001 Miguel Yandún Aguilar\n y otra en contra de Guillermo Adalberto Castro Flores y otra.

\n\n

387-2001 Rigoberto Mendieta Romero\n en contra de Gerardo Ortiz Calle.

\n\n

389-2001 Banco Continental en contra dc Londres Bartola Murillo.

\n\n

390-2001 Beatriz Elena Pozo Pozo\n en contra del doctor Edmundo Vásquez Beltrán

\n\n

391-2001 Bolívar Compañía\n de Seguros del Ecuador S.A. en contra de Vicente Govea Arroba.
\n  
\n
ORDENANZAS MUNICIPALES:
\n
 
\n - Cantón Alausi: Reformatoria\n para el inicio de  agua potable de la ciudad de Alausi.

\n\n

- Cantón\n EI Empalme:  procedimiento\n para  la servicio del  camal. Determinación\n de la tasa.

\n\n

- Cantón\n El Empalme: Para la determinación, recaudación,\n administración,
\n y control del impuesto sobre los activos totales.

\n\n

- Cantón\n Santa Ana de Cotacachi: Que regula\n la determinación, administración y recaudación\n del impuesto a los precios urbanos.\n

\n \n
\n

N°\n 335

\n\n

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

\n\n

En uso de las atribuciones que le concede el Art. 25 de la\n Ley Orgánica de la Administración Financiera y\n Control,

\n\n

Acuerda:

\n\n

ARTICULO ÚNICO.- Delegar al señor lng. Julio\n Ponce Arteta, Subsecretario General de Economía de esta\n Cartera de Estado, para que me represente en la sesión\n de Directorio del Banco Central del Ecuador, que se llevará\n a cabo el día miércoles 12 de diciembre del 2001.

\n\n

COMUNÍQUESE.- Quito, 11 de diciembre del 2001.

\n\n

f) Dr. Carlos Julio Emanuel Morán, Ministro de Economía\n y Finanzas.

\n\n

Es copia, certifico.

\n\n

f) Julio César Moscoso S., Secretario General del Ministerio\n de Economía y Finanzas.

\n\n

11 de diciembre del 2001.

\n\n

 

\n\n

N°\n 107

\n\n

EL CONSEJO NACIONAL DE REMUNERACIONES\n DEL SECTOR PUBLICO

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, con Resolución N" 055, publicada en el Registro\n Oficial N0 231 de 26 de diciembre del 2000, el CONAREM, estableció\n a favor de los servidores de la Defensoría del Pueblo,\n una bonificación económica anual a ser cancelada\n hasta el 31 de diciembre de cada año:

\n\n

Que, el CONAREM, ha establecido políticas tendientes\n a alcanzar la unificación y racionalización de\n las bonificaciones que se vienen cancelando en las entidades\n del sector público:

\n\n

Que, de acuerdo a lo prescrito en la Ley para la Reforma de\n las Finanzas Públicas, es facultad privativa del Consejo\n Nacional de Remuneraciones del Sector Público, determinar,\n fijar la política remunerativa de los servidores públicos\n de las instituciones del Estado: y.

\n\n

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley,

\n\n

Resuelve:

\n\n

Art. 1.- Créase una bonificación económica\n para los servidores de la Defensoría del Pueblo, sujetos\n a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, que laboran\n en jornada completa, que será cancelada en el mes de junio\n de cada año y se calculará considerando los siguientes\n componentes: sueldo básico subsidio por años de\n servicio, bonificación por responsabilidad y décimo\n sexto sueldo.

\n\n

Art. 2.- La aplicación presupuestaria de la presente\n resolución, la efectuará la Defensoría del\n Pueblo con recursos propios de carácter permanente.

\n\n

Art. 3.- Esta resolución rige a partir de la presente\n fecha sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

\n\n

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano,\n a los treinta días del mes de octubre del dos mil uno.

\n\n

f) Ing. Jorge Moran Centeno, delegado del Ministro de Economía\n y Finanzas Presidente del CONAREM.

\n\n

f) Ab. Martín Insua Chang, Ministro de Trabajo Recursos\n Humanos, miembro del CONAREM.

\n\n

f) Sr. Fausto Camacho Zambrano, miembro representante de los\n trabajadores, empleados y maestros.

\n\n

Certifico.

\n\n

f) Ing. Luis A. Sánchez Aguirre, Director de Servicio\n Civil y Desarrollo Institucional. Secretario del CONAREM.

\n\n

Certifico, que es fiel copia del original.

\n\n

f) Ing. Luis A. Sánchez Aguirre, Director de Servicio\n Civil y Desarrollo Institucional, Secretario Permanente del CONAREM

\n\n

Quito, 7 de diciembre del 2001.

\n\n

 

\n\n

N°\n 112

\n\n

EL CONSEJO NACIONAL DE REMUNERACIONES\n DEL SECTOR PUBLICO

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, el Consejo Nacional de Modernización del Estado,\n a través del Proyecto MOSTA y la Oficina de Servicio Civil\n y Desarrollo Institucional OSCIDI desarrollaron el nuevo Sistema\n de Gestión organizacional y de Recursos Humanos, que está\n implementándose en las entidades del sector público,\n en el marco del Proceso de Modernización Administrativo\n del Estado:

\n\n

Que, el Consejo Nacional de Remuneraciones del Sector Público\n CONAREM, en sesión del 1 de noviembre del 2000, estableció\n la nueva escala de sueldos básicos para las entidades\n del sector público que se reestructuren de conformidad\n con los nuevos sistemas antes señalados:

\n\n

Que, la Orquesta Sinfónica de Guayaquil, Orquesta Sinfónica\n de Cuenca y Orquesta Sinfónica de Loja, han concluido\n con el proceso de reestructura bajo el Nuevo Sistema de Gestión\n Organizacional y Recursos Humanos antes referido y aprobado por\n la Oficina de Servicio Civil y Desarrollo Institucional OSCIDI,\n mediante resoluciones Nos. OSCID-2001-092,093 y 094 de 20 de\n noviembre del 2001;

\n\n

Que, el Art. 10 del Decreto Ejecutivo N° 121, publicado\n en el Suplemento del Registro Oficial N° 265 de 13 de febrero\n del 2001, exceptúa de las Normas de Restricción\n y Austeridad en el Gasto Público a las instituciones que\n concluyan con el proceso de aplicación de la Nueva Estructura\n y Gestión Organizacional así como se reestructuren\n y se implementen acorde con el Nuevo Sistema y Políticas\n de Gestión de Recursos Humanos antes señalados:

\n\n

Que, de acuerdo a lo prescrito en la Ley para la Reforma de\n las Finanzas Públicas, es facultad privativa del Consejo\n Nacional de Remuneraciones del Sector Público determinar\n y fijar la política remunerativa de los servidores públicos\n de las instituciones del Estado: y,

\n\n

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley,

\n\n

Resuelve:

\n\n

Art. 1.- Aprobar a partir del 1 de enero del 2002, para los\n servidores de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil, Orquesta\n Sinfónica de Cuenca y Orquesta Sinfónica de Loja,\n sujetos a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa,\n que laboran en jornada completa, la escala de sueldos básicos,\n gastos de representación bonificación por responsabilidad,\n establecida por el Consejo Nacional de Remuneraciones del Sector\n Público CONAREM, para las entidades reestructuradas del\n sector público, mediante resoluciones Nos. 046 y 047,\n publicadas en el Suplemento del Registro Oficial N° 224:\n y, Segundo Suplemento del Registro Oficial N° 234 de 14 v\n 29 de diciembre del 2000, respectivamente.

\n\n

Art. 2.- La Oficina de Servicio Civil y Desarrollo Institucional\n OSCIDI, como organismo rector de los recursos humanos organizacional\n del sector público, aprobará mediante resolución,\n la lista de asignaciones de ubicación de los servidores\n de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil, Orquesta Sinfónica\n de Cuenca y Orquesta Sinfónica de Loja, en la escala de\n sueldos básicos que se determinan en el articulo anterior,\n conforme a la norma técnica de ubicación inicial\n de los servidores públicos en el desarrollo de la carrera,\n expedida al respecto por ese órgano rector: y remitirá\n a la entidad correspondiente para la implementación de\n las nuevas denominaciones de puestos.

\n\n

Art. 3 - La Subsecretaria de Presupuestos del Ministerio de\n Economía y Finanzas, efectuará las regulaciones\n correspondientes en el distributivo de sueldos y presupuesto\n de la entidad, sobre la base de la resolución emitida\n por la Oficina de Servicio Civil Desarrollo Institucional.

\n\n

PUBLÍQUESE

\n\n

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano,\n a los treinta días del mes de octubre del dos mil uno.

\n\n

f) Ing. Jorge Morán Centeno, delegado del Ministro\n de Economía y Finanzas, Presidente del CONAREM.

\n\n

f) Ab. Martín Insua Chang, Ministro de Trabajo y Recursos\n Humanos, miembro del CONAREM

\n\n

f) Sr. Fausto Camocho Zambrano, miembro representante de los\n trabajadores, empleados y maestros.

\n\n

Certifico.

\n\n

f) Ing. Luis A. Sánchez Aguirre, Director de Servicio\n Civil Desarrollo Institucional. Secretario del CONAREM.

\n\n

Certifico, que es fiel copia fiel original.

\n\n

f) lng. Luis A. Sánchez Aguirre, Director de Servicio\n Civil y Desarrollo Institucional, Secretario Permanente del CONAREM.

\n\n

Quito. 20 de noviembre del 2001.

\n\n

 

\n\n

N0 JB-2001-410

\n\n

LA JUNTA BANCARIA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que en el Subtitulo 1 "De la constitución de compañías\n de servicios financieros", del Titulo I "De la constitución",\n de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia\n de Bancos y de la Junta Bancaria, constan los siguientes capítulos:\n I "Constitución, funcionamiento y operaciones de\n los almacenes generales de deposito". II "Constitución,\n funcionamiento y operación de las casas de cambio":\n y, V "Constitución, organización, funcionamiento\n y operaciones de las corporaciones de desarrollo de increado\n secundarios de hipotecas".

\n\n

Que mediante Resolución N0 JB-2001-382 de 8 de octubre\n del 2001, se sustituyó el Capitulo I "Relación\n de patrimonio técnico total y los activos y contingentes\n ponderados por riesgo para las instituciones financieras",\n del Subtitulo V "De la relación de patrimonio técnico\n constituido frente a los activos y contingentes ponderados por\n riesgo", del Título IV 'Del patrimonio", de\n la citada codificación:

\n\n

Que es necesario revisar dichas normas, con el propósito\n de adecuar la definición de patrimonio técnico\n constituido con las disposiciones aprobadas por Junta Bancaria:\n y,

\n\n

En ejercicio de la atribución legal que le otorga la\n letra b) del articulo 175 de la Codificación de la Ley\n General de Instituciones del Sistema Financiero.

\n\n

Resuelve:

\n\n

ARTICULO 1.- Sustituir el articulo 1, de la Sección\n IV "Patrimonio técnico constituido", del Capitulo\n I "Constitución, funcionamiento y operaciones de\n los almacenes generales de depósito", del Subtítulo\n I "De la constitución de compañías\n de servicios financieros", del Titulo I "De la constitución".\n (página 4) de la Codificación de Resoluciones de\n la Superintendencia de Bancos y de la Junta Bancaria, por el\n siguiente:

\n\n

"ARTICULO 1.- El patrimonio técnico constituido\n total para los almacenes generales de depósito, estará\n integrado por los siguientes grupos, cuentas y subcuenta:

\n\n

PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO

\n\n

31 Capital pagado
\n 3201 Reserva legal
\n 3215 Prima en colocación de acciones
\n 3501 Aportes para futuras capitalizaciones (1)
\n 3503 Donaciones
\n 3801 Resultados acumulados - saldos auditados (2)

\n\n

Menos:
\n 3215 Descuento en colocación de acciones

\n\n

PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO
\n 280170 Obligaciones convertibles (3)
\n 3203 Reservas especiales.
\n 3205 Reserva por revalorización del patrimonio
\n 3210 45% Reservas por resultados no operativos
\n 3220 45% Superávit por revaluación
\n 3801 Resultados acumulados (2)
\n 3802 Resultados del ejercicio (4)
\n 56-46 45% de los resultados por inflación (5)
\n (5-56)-(4-46) Cuentas de resultados acreedoras menos
\n cuentas de resultados deudoras (5)

\n\n

Menos:
\n Deficiencia de provisiones, amortizaciones y depreciaciones.

\n\n

Pérdidas activadas que fueren detectadas a través\n de auditorías de la Superintendencia de Bancos o de los\n auditores internos y/o externos.

\n\n

1620 Pago de dividendos anticipados

\n\n

El total de los elementos del patrimonio técnico secundario\n estará limitado en su monto a un máximo del cien\n por ciento (100%) del total de los elementos del patrimonio técnico\n primario.

\n\n

NOTAS AL PATRIMONIO TÉCNICO CONSTITUIDO

\n\n

1.- Los aportes para futuras capitalizaciones formarán\n parte del patrimonio técnico primario, cuando exista un\n compromiso en firme y por escrito de los aportantes de que los\n recursos no serán retirados:

\n\n

2.- Se considerarán en el patrimonio técnico\n primario los resultados acumulados cuando del informe de los\n auditores de la Superintendencia de Bancos y/o de los auditores\n internos o externos no se determinen salvedades respecto a la\n razonabilidad del saldo de esta cuenta: y, exista la decisión\n de la junta general de accionistas o socios de que dichos recursos\n serán capitalizados:

\n\n

3.- El saldo total de los documentos emitidos se considerará\n hasta el 30% del capital y reservas de la institución,\n a la fecha en que se calcula el patrimonio técnico

\n\n

4.- Se considerará el total de las utilidades del ejercicio\n corriente una vez cumplidas las condiciones de las letras a)\n y b) del articulo 41 de la Ley General de lnstituciones del Sistema\n Financiero: y,

\n\n

5.- La diferencia entre cuentas de resultado acreedoras menos\n las cuentas de resultados deudoras, se considerarán en\n los meses que no correspondan al cierre del ejercicio.".

\n\n

ARTICULO 2.- Sustituir el articulo 2, de la Sección\n II "Operaciones", del Capitulo II "Constitución,\n funcionamiento y operación de las casas de cambio",\n del Subtítulo I "De la constitución de compañías\n de servicios financieros", del Título I "De\n la constitución" (página 7) de la Codificación\n de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y de la Junta\n Bancaria, por el siguiente:

\n\n

"ARTICULO 2.- El cupo para adquirir conservar activos\n fijos destinados al cumplimiento del objeto social de las casas\n de cambio. será de hasta el 100% de su patrimonio técnico\n constituido total, el cual estará integrado por los siguientes\n grupos, cuentas y subcuenta:

\n\n

PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO

\n\n

31 Capital pagado
\n 3202 Reserva legal
\n 3215 Prima en colocación de acciones
\n 3502 Aportes para futuras capitalizaciones (1)
\n 3503 Donaciones
\n 3801 Resultados acumulados - saldos auditados (2)

\n\n

Menos:

\n\n

3215 Descuento en colocación de acciones

\n\n

PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO

\n\n

280170 Obligaciones convertibles (3)
\n 3203 Reservas especiales
\n 3205 Reserva por revalorización del patrimonio
\n 3210 45% Reservas por resultados no operativos
\n 3220 45% Superávit por revaluación
\n 3801 Resultados acumulados (2)
\n 3802 Resultados del ejercicio (4)
\n 56-46 45% de los resultados por inflación (5)
\n (5-56)-(4-46) Cuentas de resultados acreedoras menos cuentas\n de resultados deudoras (5)

\n\n

Menos:
\n Deficiencia de provisiones, amortizaciones y depreciaciones.

\n\n

Pérdidas activadas que fueren detectadas a través\n de auditorías de la Superintendencia de Bancos o de los\n auditores internos y/o externos.

\n\n

1620 Pago de dividendos anticipados

\n\n

El total de los elementos del patrimonio técnico secundario\n estará limitado en su monto a un máximo del cien\n por ciento (100%) del total de los elementos del patrimonio técnico\n primario.

\n\n

NOTAS AL PATRIMONIO TÉCNICO CONSTITUIDO

\n\n

1.- Los aportes para futuras capitalizaciones formarán\n parte del patrimonio técnico primario, cuando exista un\n compromiso en firme y por escrito de los aportantes de que los\n recursos no serán retirados;

\n\n

2.- Se considerarán en el patrimonio técnico\n primario los resultados acumulados cuando del informe de los\n auditores de la Superintendencia de Bancos y/o de los auditores\n internos o externos no se determinen salvedades respecto a la\n razonabilidad del saldo de esta cuenta; y, exista la decisión\n de la junta general de accionistas o socios de que dichos recursos\n serán capitalizados:

\n\n

3.- El saldo total de los documentos emitidos se considerará\n hasta el 30% del capital y reservas de la institución,\n a la fecha en que se calcula el patrimonio técnico:

\n\n

4.- Se considerará el total de las utilidades del ejercicio\n corriente una vez cumplidas las condiciones de las letras a)\n y b) del articulo 41 de la Ley General de Instituciones del Sistema\n Financiero; y,

\n\n

5.- La diferencia entre cuentas de resultado acreedoras menos\n las cuentas de resultados deudoras, se considerarán en\n los meses que no correspondan al cierre del ejercicio.

\n\n

ARTICULO 3.- Sustituir el articulo 3, de la Sección\n II "Operaciones", del Capítulo V "Constitución,\n organización, funcionamiento operaciones de las corporaciones\n de desarrollo de mercado secundarios de hipotecas". del\n Subtítulo I "De la constitución de compañías\n de servicios financieros", del Título I "De\n la constitución" (página 28) de la Codificación\n de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y de la Junta\n Bancaria, por el siguiente:

\n\n

"ARTICULO 3.- Para efectos del cumplimiento de las normas\n de solvencia y prudencia financiera, el patrimonio técnico\n constituido total de las corporaciones de desarrollo de mercado\n secundarios de hipotecas, estará integrado por los siguientes\n grupos, cuentas y subcuenta.

\n\n

PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO
\n 31 Capital pagado
\n 3203 Reserva legal
\n 3215 Prima en colocación de acciones
\n 3503 Aportes para futuras capitalizaciones (1)
\n 3503 Donaciones
\n 3801 Resultados acumulados - saldos auditados (2)

\n\n

Menos:
\n 3215 Descuento en colocación de acciones

\n\n

PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO
\n
\n 280170 Obligaciones convertibles (3)
\n 3203 Reservas especiales
\n 3205 Reserva por revalorización del patrimonio
\n 3210 45% Reservas por resultados no operativos
\n 3220 45% Superávit por revaluación
\n 3801 Resultados acumulados (2)
\n 3802 Resultados del ejercicio (4)
\n 56-46 45% de los resultados por inflación (5)
\n (5-56)-(4-46) Cuentas de resultados acreedoras menos cuentas\n de resultados deudoras (5)

\n\n

Menos:

\n\n

Deficiencia de provisiones, amortizaciones y depreciaciones.

\n\n

Pérdidas activadas que fueren detectadas a través\n de auditorías de la Superintendencia de Bancos o de los\n auditores internos y/o externos.

\n\n

1620 Pago de dividendos anticipados

\n\n

El total de los elementos del patrimonio técnico secundario\n estará Iimitado en su monto a un máximo del cien\n por ciento (100%) del total de los elementos del patrimonio técnico\n primario.

\n\n

NOTAS AL PATRIMONIO TÉCNICO CONSTITUIDO

\n\n

1.- Los aportes para futuras capitalizaciones formarán\n parte del patrimonio técnico primario, cuando exista un\n compromiso en firme y por escrito de los aportantes de que los\n recursos no serán retirados.

\n\n

2.- Se considerarán en el patrimonio técnico\n primario los resultados acumulados cuando del informe de los\n auditores de la Superintendencia de Bancos y/o de los auditores\n internos o externos no se determinen salvedades respecto a la\n razonabilidad del saldo de esta cuenta; y, exista la desición\n de la junta general de accionistas o socios de que dichos recursos\n serán capitalizados.

\n\n

3.- El saldo total de los documentos emitidos se considerará\n hasta el 30% del capital y reservas de la institución,\n a la fecha en que se calcula el patrimonio técnico.

\n\n

4.- Se considerará el total de las utilidades del ejercicio\n corriente una vez cumplidas las condiciones de las letras a)\n y b) del artículo 41 de la Ley General de Instituciones\n del Sistema Financiero, y,

\n\n

5.- La diferencia entre cuentas de resultado acreedoras menos\n las cuentas de resultados deudoras, se consideraran en los meses\n que no corresponden al cierre del ejercicio.

\n\n

ARTICULO 4.- La presente resolución entrará\n en vigencia a partir de su expedición en el Registro Oficial.

\n\n

Comuníquese y publíquese en el Registro Oficial.-\n Dada en la Superintendencia de Bancos en Quito, Distrito Metropolitano,\n a los veintinueve días del mes de noviembre del año\n dos mil uno.

\n\n

f) Dr. Diego Fernando Navas Muñoz, Secretario de la\n Junta Bancaria.

\n\n

Superintendencia de Bancos.- Es fiel copia lo certifico.

\n\n

f) Letty Suarez C., Prosecretaria Técnica (E)

\n\n

30 de noviembre del 2001

\n\n

 

\n\n

N°\n JB-2001-411

\n\n

LA JUNTA BANCARIA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que en el Subtitulo II "De la calificación de\n activos de riesgo y constitución de provisiones"\n del Titulo VII "De los activos y de los limites de crédito",\n de la Codificación de Resoluciones de la Supertendencia\n de Bancos y Junta Bancaria consta el Capitulo I "Calificación\n de activos de riesgo y constitución de provisiones por\n parte de las instituciones controladas por a Superintendencia\n de Bancos":

\n\n

Que es necesario revisar dicha norma: y.

\n\n

En ejercicio de la atribución legal que le otorga la\n letra b) del artículo 175 de la Codificación de\n la Ley General Instituciones del Sistema Financiero.

\n\n

Resuelve:

\n\n

ARTICULO 1.- En el numeral 1.2 del segundo inciso del artículo\n 1 de la Sección V "Disposiciones generales",\n del Capítulo I "Calificación de activos de\n riesgo de constitución de provisiones por parte de las\n instituciones controladas por la Superintendencia de Bancos",\n del Subtítulo II "De la calificación de activos\n de riesgo y constitución de provisiones", del Título\n VII "De los activos y de los límites de crédito",\n (página 112.1) de la Codificación de Resoluciones\n de la Superintendencia de Bancos y Junta Bancaria, sustituir\n la palabra"...estas.." por "...aquellas...".

\n\n

ARTICULO 2.- La presente resolución entrará\n en vigencia a partir de su publicación en el Registro\n Oficial.

\n\n

Comuníquese y publíquese en el Registro Oficial.-\n Dada en la Superintendencia de Bancos, en Quito, a los veintinueve\n días del mes de noviembre del año dos mil uno.

\n\n

f) Econ. Miguel Dávila Castillo, Presidente de la Junta\n Bancaria.

\n\n

Lo certifico.- Quito, a los veintinueve días del mes\n de noviembre del año dos mil uno.

\n\n

f) Dr. Diego Fernando Navas Muñoz, Secretario de a\n Junta Bancaria.

\n\n

Superintendencia de Bancos.- Es fiel copia, lo certifico.

\n\n

f) Letty Suarez C., Prosecretaria Técnica (E).

\n\n

30 de noviembre del 2001

\n\n

 

\n\n

LA CORTE\n SUPREMA DE JUSTICIA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que las Salas Primera y Segunda de lo Penal de la Corte Suprema\n de Justicia han expedido fallos contradictorios en lo concerniente\n a la procedencia o no del recurso de casación, contra\n sentencias pronunciadas en juicios que solamente pueden juzgarse\n mediante acusación particular:

\n\n

Que en razón del principio de carácter general\n consagrado en nuestra legislación procesal penal, los\n recursos admitidos en este código únicamente se\n concederán en los casos expresamente señalados\n en el mismo:

\n\n

Que en el Código de Procedimiento Penal no existe precepto\n alguno que manifiestamente conceda o admita recurso de casación\n contra las sentencias antes indicadas: y.

\n\n

En ejercicio de las facultades que le conceden el Art. 197\n de la Constitución Política de la República\n y el Art. 14 de la Ley Orgánica de la Función Judicial,

\n\n

Resuelve:

\n\n

Que no procede el recurso de casación contra las sentencias\n dictadas en juicios por delitos que solo pueden juzgarse mediante\n acusación particular

\n\n

La presente norma dirimente tendrá el carácter\n de generalmente obligatoria, mientras no se disponga lo contrario\n por la ley.

\n\n

Publíquese en el Registro Oficial y en la Gaceta Judicial.

\n\n

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano,\n en el Salón de Sesiones de la Corte Suprema de Justicia,\n a los once días de julio del dos mil uno.

\n\n

f) Dr. Alfredo Contreras Villavicencio Presidente subrogante

\n\n

f) Dr. Teodoro Coello Vásquez, Magistrado.

\n\n

f) Dr. José Julio Benitez A., Magistrado.

\n\n

f) Dr. Armando Bermeo Castillo, Magistrado.

\n\n

f) Dr. Olmedo Bermeo Hidrovo, Magistrado

\n\n

f) Dr. Nicolás Castro Patiño, Magistrado

\n\n

f) Dr. Galo Galarza Paz, Magistrado.

\n\n

f) Dr. Bolívar Guerreo Armijos, Magistrado.

\n\n

f) Dr. Luis Heredia Moreno, Magistrado.

\n\n

f) Dr. Estuardo Hurtado Larrea, Magistrado.

\n\n

f) Dr. Julio Jaramillo Arizaga, Magistrado.

\n\n

Dr. Camilo Mena Mena, Magistrado.

\n\n

f) Dr. Hugo Quintana Coello, Magistrado.

\n\n

f) Dr. José Vicente Troya Jaramillo. Magistrado.

\n\n

f) Dr. Rodrigo Varea Aviles, Magistrado

\n\n

f) Dr. Jaime Velasco Dávila, Magistrado.

\n\n

f) Dr. Bolívar Vergara Acosta, Magistrado.

\n\n

f) Dr. Miguel Villacis Gómez, Magistrado.

\n\n

Dr. Hernán Quevedo Terán, Magistrado.

\n\n

Dr. Washington Bonilla Abarca, Conjuez

\n\n

Dr. Edmo Muñoz Custode, Conjuez.

\n\n

f) Dr. Fernando Ortiz Bonilla, Secretario General.

\n\n

Razón: Las dos copias que anteceden son iguales a sus\n originales, que reposan en la Secretaria General.- Certifico.-\n -San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a 12 de diciembre\n del 2001.

\n\n

f) Dr. Fernando Ortiz Bonilla, Secretario General de la Corte\n Suprema de Justicia.

\n\n

 

\n\n

No. 343-2001

\n\n

ACTOR: Wilson Ramírez Quinde.

\n\n

DEMANDADO: Segundo Oswaldo Reyes López.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

\n\n

Quito, a 3 de septiembre del 2001; las\n 09h00.

\n\n

VISTOS: Del fallo pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte\n Superior de Justicia de Guayaquil, que confirma la sentencia\n recurrida, reformándola en el sentido que como reparación\n del daño moral causado debe pagarse la suma de ocho millones\n de sucres, ha correspondido a la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil,\n el conocimiento del juicio ordinario, que por daño moral\n sigue el lng. Wilson Gonzalo Ramírez Quinde, contra Segundo\n Oswaldo Reyes a fin de conocer el recurso de casación\n deducido por el demandado (fs. 35 a 37 de segundo grado). Como\n el inicio se encuentra en estado de resolución, para hacerlo\n se considera: PRIMERO.- La Sala es competente para conocer el\n recurso de casación, en virtud de lo dispuesto en el Art.\n 200 de la Constitución Política de la República,\n que está en relación con el Art. 1 de la Ley de\n Casación, toda vez que el juicio fue sorteado el 16 de\n junio de 1997 y calificada su admisibilidad, mediante auto de\n 2 de julio de 1997, por cumplir los requisitos de procedencia,\n oportunidad. Legitimación y formalidades, previstos en\n el Art. 6 de la Ley de Casación. SEGUNDO.- El recurrente\n Segundo Oswaldo Reyes, manifiesta que se han infringido el Art.\n innumerado que se manda agregar a continuación del Art.\n 2258 del Código Civil; los Arts. 33, 172 y 219 del Código\n de Procedimiento Penal: y, los Arts. 169 y 174 del Código\n de Procedimiento Civil. Las causales en que apoya el recurso\n son: la primera, segunda y tercera del Art. 3 de la Ley de Casación.\n En la 1ª, por la aplicación indebida del Art. innumerado\n que se agrega al Art. 2258 del Código Civil, por la Ley\n 171, publicada en el R.O. No. 779 de fecha 4 de julio de 1984;\n en la 2ª, por falta de aplicación de las normas procesales\n contenidas en los Arts. 33, 172 y 219 del Código de Procedimiento\n Penal; y en la 3ª, por falta de aplicación de los\n preceptos jurídicos, aplicables a la valoración\n de la prueba contenidos en los Arts. 169 y 174 del Código\n de Procedimiento Civil. Apoya los fundamentos en que la Cuarta\n Sala de la Corte Superior de Justicia, confirma el fallo dictado\n por el Juez Duodécimo de la Corte Superior de Justicia\n de Guayaquil, pero reformándolo en el sentido que por\n daño moral debe pagarse la suma de ocho millones de sucres,\n estimando que la sentencia es totalmente injusta porque no es\n autor ni responsable del procedimiento y detención al\n actor, ni de haberle provocado angustia, ansiedad, humillaciones\n y sufrimientos físicos o psíquicos, y como tal\n no es responsable de reparación por daño moral\n alguno: 2) Que para el hipotético caso de que el actor\n haya sufrido daños morales, porque conociendo de quien\n se trata, en la denuncia no ha incurrido en responsabilidad alguna,\n por lo que expresamente estatuye el Art. 33 del Código\n de Procedimiento Penal; como tampoco tiene ninguna responsabilidad,\n si el Comisario Cuarto de la Policía Nacional en el ejercicio\n de su autoridad, hizo uso de la norma legal contenida en el Art.\n 172 del antes indicado código, detención de la\n que no es responsable: 3) Que no tiene por qué responder\n de las actuaciones del referido Comisario, habiendo falta de\n aplicación de las normas contenidas en los Arts. 169 y\n 174 del Código de Procedimiento Civil: que las copias\n presentadas por el actor no tienen valor jurídico alguno;\n que la acusación particular ni siquiera fue aceptada a\n trámite; y, 4) Que los documentos o certificados personales\n han sido conferidos como el único propósito de\n favorecer al actor, pese a que fueron impugnados. TERCERO.- El\n origen del daño moral que se dice se causó a Wilson\n Ramírez Quinde, tuvo lugar en el contrato de compraventa\n celebrado entre Oswaldo Reyes, propietario de Mueblería\n Ibarra, con el Ing. Wilson Ramírez, compraventa de bienes\n muebles por la suma de cuatro millones setecientos mil sucres,\n contrato de fecha 11 de marzo de 1992, en la que el vendedor\n se comprometió a entregar los muebles en 21 días,\n bajo la siguiente forma de pago: 50% a la celebración\n del contrato y 50% a la entrega total del mismo. El contrato\n está firmado por Wilson Ramírez como por Oswaldo\n Reyes. La denuncia que presenta Segundo Oswaldo López,\n se refiere a que con fecha 11 de marzo de 1992, llegó\n Wilson Ramírez Quinde manifestando que le entregaba la\n cantidad de un millón de sucres para llevarse un juego\n de sala ovalado; que el día 20 del mismo mes, pide le\n entregue otro juego de sala Copetón por un millón\n cien mil sucres; que el 5 de abril de 1992 le pidió le\n entregue un juego de muebles franceses por un valor de un millón\n cien mil sucres: 16 metros de damasco, por trescientos sesenta\n y ocho mil sucres; una mesa comedor por cuatrocientos cincuenta\n mil sucres: un jueguito de mesitas de tres piezas por trescientos\n cincuenta mil sucres y una consola por un valor de trescientos\n mil sucres. Denuncia que presentada ante el Comisario Cuarto\n de la Policía del Guayas dispone la detención provisional\n de Wilson Ramírez Quinde que fue revocada con fecha 10\n de noviembre de 1993; y que, según el propio demandante\n fue detenido el 8 de noviembre de 1993 a las 11h00, para luego\n ser liberado. CUARTO.- La relación civil y comercial que\n existió entre el autor y el demandado, de ningún\n modo justificaba el procedimiento penal, la denuncia o querella\n penal, entablada por Segundo Oswaldo Reyes López, pues,\n debió proponerse la acción civil para recuperar\n la falta de pago del deudor; sin embargo, la detención\n dictada por el Comisario Cuarto de Policía en contra del\n Ec. Wilson Ramírez Quinde no justificaba de ninguna manera\n la detención y naturalmente la humillación perpetrada\n en dicho profesional, es obvio que le ocasionó angustia,\n ansiedad y sufrimiento físico y psíquico, razón\n por la cual está especialmente obligado a la reparación\n moral en la forma preceptuada en el Art. 2258, en los Arts. agregados\n e innumerados 1ª y 2ª del Código Civil. QUINTO.-\n La acusación acerca de la valoración de la prueba\n sobre la falta de aplicación de los Arts. 169 y 174 del\n Código de Procedimiento Penal, carece de respaldo, puesto\n que claramente el Tribunal de instancia declara que "no\n hacen fe en el juicio", precisamente por no ser copias certificadas,\n estimando mas bien perjudicado el hecho de la detención\n del accionante por la copia certificada de la acusación\n particular que había deducido el recurrente, en que reconoce\n se haya detenido a Ramírez Quinde. SEXTO.- El error de\n falta de aplicación de los Arts. 133, 172 y 219 del Código\n de Procedimiento Penal, (vigente en la fecha del recurso) que\n alega Reyes López, tampoco ha lugar, puesto que si bien\n regulaban las facultades de los jueces penales para iniciar un\n proceso penal y ordenar la prisión provisional, no excluyen\n la responsabilidad civil de quien abusando de derecho, reclama\n tales actuaciones de los jueces tanto mas que la responsabilidad\n del denunciante en caso de malicia o temeridad empleada se refiere\n a la penal o indemnización de daños y perjuicios,\n respectivamente, que son independientes y distintas de a acción\n de daño moral, como es la reclamada en la especie. Por\n las consideraciones anotadas, la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil,\n ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD\n DE LA LEY, rechaza el recurso interpuesto, confirmando en todas\n sus partes el fallo pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte\n Superior de Justicia de Guayaquil. Con costas. Publíquese\n y notifíquese.

\n\n

Fdo.) Dres. Olmedo Bermeo Idrovo, Bolívar Guerrero\n Armijos, Bolívar Vergara Acosta, Ministros Jueces y Carlos\n Rodríguez García, Secretario Relator que certifica.

\n\n

RAZÓN.- Siento por tal que las tres copias que anteceden\n son auténticas, ya que fueron tomadas del juicio original\n No. 193-97 BSM que sigue Wilson Ramírez Quinde contra\n Segundo Oswaldo Reyes López. Resolución No. 343-2001\n cuyo cuadernillo de casación reposa en esta Secretaría.-Quito,\n 7 de noviembre del 2001.

\n\n

f) Dr. Carlos Rodríguez García, Secretario Relator,\n Segunda Sala Civil.

\n\n

 

\n\n

No. 348-2001

\n\n

ACTOR: Distrito Metropolitano de Quito.

\n\n

DEMANDADOS: Jorge Mera Marín\n y otros.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL
\n

\n Quito, a 3 de septiembre del 2001; las 11h00.

\n\n

VISTOS: Interpone recurso de casación el Dr. Jorge\n Jácome Paredes, procurador del ilustre Municipio Metropolitano\n de Quito y como tal, representante judicial del mimo, en el juicio\n de expropiación No. 003-98, que el Municipio sigue contra\n Jorge Mera Marín, Enma María Angélica Pinto\n Yánez y Angel María Morales Paucar. El recurso\n impugna el fallo pronunciado por la Segunda Sala de la Corte\n Superior de Quito, que confirma en todas sus partes la sentencia\n pronunciada por el Juez Tercero de lo Civil de Pichincha, que\n declaró la expropiación de un inmueble por utilidad\n pública, a favor del ilustre Municipio del Distrito Metropolitano\n en el barrio Bellavista, parroquia Guápulo, cantón\n Quito, provincia de Pichincha, en una superficie de 4.182 metros\n cuadrados, por la suma de doscientos noventa y dos millones setecientos\n cuarenta mil sucres, valor que debe consignar en el término\n de 10 días, debiendo imputarse a este valor la suma consignada\n por la Municipalidad. Como el juicio se encuentra en estado de\n resolución, para hacerlo se considera: PRIMERO.- El juicio\n fue sorteado el 27 de abril de 1998, correspondiendo su conocimiento\n a la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil. El auto de admisibilidad\n por reunir los requisitos de procedencia, oportunidad, legitimación\n y formalidades, previstos en el Art. 6 de la Ley de Casación,\n fue dictado el 16 de junio de 1998. Sin embargo, con posterioridad\n ha establecido el nuevo criterio, que no tiene carácter\n de juicio de conocimiento, el juicio de expropiación,\n cuando únicamente se limita a establecer el justo precio\n del inmueble afectado totalmente. Luego de conformidad con el\n Art. 11 reformado, los demandados han contestado, manifestando\n que el Art. 293 del Código de Procedimiento Civil, dentro\n del juicio de expropiación, sólo tiene por objeto\n determinar el justo precio que debe pagarse por la cosa expropiada.\n Que el Municipio acompañó a la demanda la cantidad\n de ochocientos treinta y seis mil cuatrocientos sucres y que\n hace 25 años el inmueble lo compraron en dólares\n el metro cuadrado, y que en el año 1991 el valor del terreno\n en el mercado sobrepasaba los quinientos millones de sucres.\n Que el Art. 801 establece que para fijar el precio que debe pagarse\n por indemnización, se establece un precio justo según\n el dictamen de los peritos, que en el escrito de interposición\n del recurso por parte del Distrito Metropolitano no se cita ni\n una sola norma procesal que hubiere sido indebidamente aplicada,\n o no aplicada, o erróneamente interpretada, Que tampoco\n se precisa por cuál de estos vicios se afecta la sentencia,\n que el fundamento del recurso de casación es el Art. 3\n de las causales 18 y 3 y que el Juez apreció correctamente\n las pruebas tanto de hecho como de derecho, por lo que su valoración\n jurídica es aceptada. SEGUNDO.- El recurrente manifiesta\n que estima infringidos los Arts. 119, 120 y 801 del Código\n de Procedimiento Civil; Art. 254 de la Ley de Régimen\n Municipal y las normas de las ordenanzas municipales Nos. 2818,\n 2895 y 3050. que delimitan el Parque Metropolitano y que regulan\n la ocupación y utilización del suelo en la ciudad\n de Quito. Que las causales en que fundamenta la impugnación\n son: el numeral primero del Art. 3 de la Ley de Casación,\n por falta de aplicación de las normas de derecho en la\n sentencia o auto que hayan sido determinantes en su parte dispositiva;\n el numeral 30 del Art. 3 de la Ley de Casación por errónea\n interpretación de los preceptos jurídicos aplicables\n a la valoración de la prueba que han conducido a una equivocada\n aplicación o no aplicación de normas de derecho\n en la sentencia o auto, que el fundamento del recurso está\n en el fallo expedido por la Segunda Sala de la Corte Superior\n de Quito que no aprecia en conjunto la prueba aportada, pues\n el avalúo del terreno expropiado se lo efectuó\n en el año de 1991, o sea en el tiempo que el inmueble\n fue requerido, conjuntamente con todos los predios que se encuentran\n dentro de los límites fijados por la Ordenanza 2818 para\n la implementación del Parque Metropolitano, obra que en\n la actualidad se ha consolidado sin perjuicio de que a los demandados\n en este proceso se los afecte como propietarios en la fecha en\n que se produjo la declaratoria de utilidad pública de\n ese inmueble, es decir, el 14 de noviembre de 1994. Que la Municipalidad\n considera que ha existido falta de aplicación del Art.\n 254 de la Ley de Régimen Municipal en razón de\n que el avalúo debió efectuarse al año de\n iniciarse el expediente de ocupación, es decir el 13 de\n mayo del 991, y que el perito Arq. Víctor Acitimbay, para\n efectuar el avalúo tomó como referencia precios\n actualizados a julio de 1997, fecha en la que presentó\n su informe. Que el inmueble desde que se declaró de utilidad\n pública, se encuentra fuera del comercio y su avalúo\n está sujeto a las normas legales que regulan la expropiación,\n no siendo aceptable que tanto el perito como el Juez hayan valorado\n el metro cuadrado en ochenta y setenta mil sucres, respectivamente,\n causando el fallo un grave perjuicio a la Municipalidad capitalina.\n TERCERO.- El objeto del juicio de expropiación, tiene\n la finalidad de determinar la cantidad que debe pagarse por concepto\n de precio de la cosa expropiada, siempre que conste que se trata\n de expropiación por causa de utilidad pública.\n La declaratoria de utilidad pública fue realizada por\n la Municipalidad, que es una de las instituciones del sector\n público y que no es motivo de discusión judicial.\n Se ha cumplido los requisitos de los documentos que deben presentarse\n a la demanda de expropiación; mediante peritos se ha determinado\n el avalúo del predio materia de la expropiación.\n El Juez conforme a lo dispuesto en el Art. 802 del Código\n de Procedimiento Civil no está obligado a sujetarse al\n avalúo establecido por la Dirección Nacional de\n Avalúos y Catastros y de conformidad con lo dispuesto\n en el Art. 803 del cuerpo de leyes antes citado. En todo caso,\n el sistema de valoración probatoria de la sana crítica,\n que ordena utilizar el Art. 119 del Código de Procedimiento\n Civil, proporciona como instrumentos al juzgador la experiencia\n y la lógica, sin que especifique o esa norma ni la siguiente\n una regla específica de evaluación de las pruebas\n actuadas, no apareciendo el error denominado denunciado por el\n casacionista al respecto. CUARTO.- El recurso de casación\n es una acción de carácter especial que impugna\n las sentencias y autos que pongan fin a los procesos de conocimiento,\n dictados por las cortes superiores, tribunales distritales de\n lo Fiscal, y de lo Contencioso Administrativo, debiéndose\n cumplir los requisitos que la ley exige. El Tribunal de la Segunda\n Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito ajustó\n su pronunciamiento a las normas legales que rigen el juicio de\n expropiación. Por tanto, no existe falta de aplicación,\n menos aún errónea interpretación de normas\n procesales, en las que fundamenta su recurso el recurrente. Por\n las consideraciones anotadas, la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil,\n ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD\n DE LA LEY, rechaza el recurso de casación, confirmando\n en todas sus partes el fallo pronunciado por la Segunda Sala\n de la Corte Superior de Justicia de Quito. Sin costas. Publíquese\n y notifíquese.

\n\n

Fdo) Dres. Olmedo Bermeo Idrovo, Bolívar Guerrero Armijos,\n Bolívar Vergara Acosta, (Ministros Jueces); Carlos Rodríguez\n García, Secretario Relator que certifica.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

\n\n

Quito, a 23 de octubre del 2001; a las 09h20.

\n\n

VISTOS: Ha solicitado aclaración el actor Dr. Efrén\n Cocios Jaramillo, Alcalde Metropolitano y representante legal\n (encargado) del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito,\n y Dr. Carlos Jaramillo Díaz, Procurador Metropolitano,\n representante judicial, (fojas 10 de este cuaderno), atinente\n a la sentencia expedida por la Sala el 3 de septiembre del 2001.\n Mediante decreto de 11 de septiembre del 2001, se corre traslado\n a la parte demandada Jorge Mera Marín y otros. Corresponde\n resolver acerca de la aclaración planteada, al respecto\n se considera: PRIMERO.-El articulo 285 del Código de Procedimiento\n Civil establece la prohibición del Juez que dictó\n la sentencia de revocarla o alterarla, más da la posibilidad\n de aclararla o ampliarla si es que ésta es oscura o cuando\n no ha resuelto alguno de los puntos controvertidos, conforme\n el texto del artículo 286 del mismo cuerpo legal. SEGUNDO.-\n La sentencia expedida por la Sala es inteligible y resuelve todos\n los puntos materia del recurso de casación deducido. Por\n lo expuesto, se rechaza el petitorio de aclaración, por\n improcedente. - Notifíquese.

\n\n

Fdo.) Dres. Olmedo Bermeo Idrovo, Bolívar Guerrero\n Armijos, Bolívar Vergara Acosta, (Ministros Jueces); Carlos\n Rodríguez García, Secretario Relator que certifica.

\n\n

RAZÓN. - Las cuatro copias que anteceden son auténticas,\n ya que fueron tomadas del juicio original No. 101-98, que sigue:\n Distrito Metropolitano de Quito contra Jorge Mera Marín\n y otros. Resolución No. 348-2001. Quito, 7 de noviembre\n del 2001.

\n\n

f) Dr. Carlos Rodríguez García, Secretario Relator\n de la Segunda Sala Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia.

\n\n

 

\n\n

No. 366-2001

\n\n

ACTOR: José James Ramón.

\n\n

DEMANDADO: Andrés Zambrano Andrade.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

\n\n

Quito, a 11 de septiembre del 2001; las 16h20.

\n\n

VISTOS: Póngase en conocimiento de las partes la recepción\n del proceso. En lo principal, los demandados Andrés Clemente\n Zambrano Andrade y Carmen Nelly Vera Velásquez, han interpuesto\n recurso de casación el cinco de junio del dos mil uno,\n fs. 39 y 40 del cuaderno de segundo nivel, objetando la sentencia\n dictada por la Segunda Sala de la Corte Superior de Justicia\n de Portoviejo, el 31 de mayo del 2001, notificada en la misma\n fecha, fs. 38 y 38 vta, del cuaderno del mismo nivel, que confirma\n en todas sus partes el fallo venido en grado, dentro del juicio\n verbal sumario que, por amparo posesorio; sigue en su contra\n José James Ramón y José Jack Braulio Zambrano\n Naula. El recurso ha sido concedido el 7 de junio del 2001 y\n se radicó la competencia por sorteo de 2 de julio del\n 2001. Con estos antecedentes, en aplicación al mandato\n del Art. 7 de la Ley Reformatoria á la Ley de Casación,\n publicada en el R.O. No. 39 de 8 de abril de 1997, corresponde\n pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso y examinado el\n escrito de Andrés Clemente Zambrano Andrade y Carmen Nelly\n Vera Velásquez, en que interponen recurso de casación,\n se establece que: reúne los requisitos de procedencia,\n oportunidad y legitimación previstos en los Arts. 2, 3\n y 4 reformados de la Ley de Casaci&oacu

 

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