Registro Oficial. DICIEMBRE11 de DICIEMBRE del 2001

Martes, 11 de diciembre de 2001

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

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   MES DE DICIEMBRE DEL 2001
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 REGISTRO OFICIAL
ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR
Administración del Sr. Dr. Gustavo Noboa Bejarano
Presidente Constitucional de la República
\n

 Martes, 11 de Diciembre del 2001

\n

REGISTRO OFICIAL No. 471

\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n

DR. JOSE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR

\n\n

FUNCION LEGISLATIVA

\n\n

EXTRACTOS:

\n\n

23-766 Proyecto de Ley para transformación\n de  "TAME"  Linea Aérea del Ecuador.

\n\n

23-767 Proyecto de Ley de reformas a la Ley General de Instituciones\n del Sistema Financiero y otras leyes.

\n\n

23-768 Proyecto de Ley reformatoria al Código Penal.
\n  
\n
FUNCION EJECUTIVA

\n\n

DECRETOS:

\n\n

2110-A Autorizase al Ministro\n de Economía para que realice una emisión de Bonos\n del Estado por un monto de hasta US$ 800.000, destinados a financiar\n la terminación de las obras de la carretera Ibarra - San\n Lorenzo.

\n\n

2120-A Ratificanse varios instrumentos\n internacionales.

\n\n

2139 Expídense las reformas al Reglamento para\n la negociación y subastas de los bienes de las instituciones\n del sistema financiero sometidas al control de la Agenda de Garantia\n de Depósitos (AGD) o de su propiedad.

\n\n

2146  Modifícase\n el Decreto No 1357, publicado en el Registro Oficial No 293 de\n 27 de marzo del 2001.
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\n
RESOLUCION

\n\n

CONSEJO NACIONAL DE RECURSOS\n HUMANOS -CNRH:

\n\n

2001-14 Expídese el Reglamento para el establecimiento\n tarifas por servicios prestados en la tramitación de las\n causas por parte de las agencias de aguas del pais y del\n Honorable Consejo Consultativo de Aguas.
\n  
\n
FUNCION JUDICIAL

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

\n\n

PRIMERA SALA DE LO CIVIL\n Y MERCANTIL:
\n
 
\n Recursos de casación en los juicios seguidos por las\n siguientes personas:
\n  
\n
320-2001 América Linda Achi\n Selguero en contra de Ricardo Dahik Garzozi.

\n\n

333-2001 Nilo Alfredo Montalvo Cárdenas en contra de\n Ernesto Fernando Villacís Heredia.

\n\n

334-2001 Maria Francisca Namcela\n Japón y otro en contra de Juan Carlos Medina Namcela.

\n\n

341-2001 Imbaseguridad Cia. Ltda\n en contra de la Empresa Regional Norte S.A. Emelnorte.

\n\n

345-2001 Imbaseguridad Cia. Ltda. en contra de la Empresa Regional\n Norte S.A. Emelnorte.

\n\n

346-2001 Nori Iralda Hidalgo Nicolaide\n en contra de Julio Ramiro Hidalgo Arroyo.

\n\n

351-2001 Ricardo Chuquitarco Chiluisa\n y otros en contra de Elsa Lucía Galárraga Delgado\n y otros.
\n  
\n
ORDENANZAS MUNICIPALES:
\n
 
\n
- Cantón\n Cañar: Para\n la determinación, control y recaudación del impuesto\n a los vehículos.
\n  
\n 005 Cantón Chilla:\n De protección de  las cuencas de  las vertientes\n o  caudales que alimentan los sistemas de agua potable \n construidos o  que se  construirán.
\n  
\n
ORDENANZAS PROVINCIALES:
\n
 
\n
-Provincia\n de  Sucumbíos: Que  reglamenta el  pago de viáticos\n y  compensaciones en el interior,  subsistencia, alimentación,\n gastos de transporte y movilización  de las autoridades,\n funcionarios y  empleados.
\n  
\n -Provincia de Sucumbíos:\n Que reglamenta la determinación y cobro de los valores\n por servicios administrativos y técnicos .\n

\n \n
\n

CONGRESO\n NACIONAL

\n\n

EXTRACTO DEL PROYECTO DE LEY
\n ART. 150 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

\n\n

NOMBRE: "PARA LA TRANSFORMACIÓN\n DE "TAME" LÍNEA AÉREA DEL ECUADOR".

\n\n

CÓDIGO: 23-766.

\n\n

AUSPICIO: EJECUTIVO (VÍA ORDINARIA).

\n\n

INGRESO: 27-11-2001.

\n\n

COMISIÓN: DE LO CIVIL Y PENAL.

\n\n

FECHA DE
\n ENVÍO A
\n COMISIÓN: 30-11-2001.

\n\n

FUNDAMENTOS:

\n\n

Mediante Ley N0 104, promulgada en el Registro Oficial 506\n de 23 de agosto de 1990, se expidió la Ley Constitutiva\n de la Empresa Estatal de Aviación Transportes Militares\n Ecuatorianos "TAME", adscrita a la Fuerza Aérea\n Ecuatoriana, denominación que posteriormente cambió\n a "TAME LÍNEA AÉREA DEL ECUADOR", mediante\n Ley Reformatoria 133, publicada en el Registro Oficial 1002 de\n 2 de agosto de 1996.

\n\n

OBJETIVOS BÁSICOS:

\n\n

Es obligación del Estado garantizar la continuidad,\n regularidad, eficiencia y economía del servicio del transporte\n aéreo público para solucionar el clamor de las\n provincias y pueblos que se encuentran aislados por las insuficientes\n vías de acceso.

\n\n

CRITERIOS:

\n\n

En los momentos difíciles que atraviesa el país,\n se requiere urgentemente adoptar las medidas necesarias para\n garantizar el desenvolvimiento exitoso de las empresas con participación\n estatal. En el ambiente de la aviación mundial y, por\n las exigencias del mercado, se están produciendo, con\n manifiesto éxito, alianzas y sociedades entre aerolíneas\n para asegurar su desarrollo y expansión.

\n\n

f.) Dr. Andrés Aguilar Moscoso, Secretario General\n del Congreso Nacional.

\n\n

 

\n\n

CONGRESO\n NACIONAL

\n\n

EXTRACTO DEL PROYECTO DE LEY

\n\n

ART. 150 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

\n\n

NOMBRE: "DE REFORMAS A LA LEY GENERAL\n DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO Y OTRAS LEYES".

\n\n

CÓDIGO: 23-767.

\n\n

AUSPICIO: EJECUTIVO (VÍA ORDINARIA).

\n\n

INGRESO: 27-11-2001.

\n\n

COMISIÓN: DE LO TRIBUTARIO, FISCAL Y BANCARIO.

\n\n

FECHA DE
\n ENVÍO A
\n COMISIÓN: 30-11-2001.

\n\n

FUNDAMENTOS:

\n\n

En los últimos años, los países latinoamericanos\n han modernizado profundamente su legislación financiera,\n especialmente introduciendo en su derecho interno las normas\n y procedimientos por el Comité de Basilea en el área\n de supervisión de intermediarios financieros.

\n\n

OBJETIVOS BÁSICOS:

\n\n

Es indispensable actualizar la legislación financiera,\n a fin de crear el marco legal adecuado para el fortalecimiento\n y desarrollo de las cooperativas de ahorro y crédito que\n realizan intermediación financiera.

\n\n

CRITERIOS:

\n\n

Para este efecto, aparte de la adecuada reglamentación,\n es menester reformar la Ley General de Instituciones del Sistema\n Financiero mediante la incorporación de un título\n adicional que agregue disposiciones especiales para las cooperativas\n de ahorro y crédito.

\n\n

f.) Dr. Andrés Aguilar Moscoso, Secretario General\n del Congreso Nacional.

\n\n

 

\n\n

CONGRESO\n NACIONAL

\n\n

EXTRACTO DEL PROYECTO DE LEY
\n ART. 150 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

\n\n

NOMBRE: "REFORMATORIA AL CÓDIGO\n PENAL".

\n\n

CÓDIGO: 23-768.

\n\n

AUSPICIO: H. MARCELO DOTTI ALMEIDA.

\n\n

INGRESO: 27-11-2001.

\n\n

COMISIÓN: DE LO CIVIL Y PENAL.

\n\n

FECHA DE
\n ENVÍO A
\n COMISIÓN: 30-11-2001.

\n\n

FUNDAMENTOS:

\n\n

El Ecuador ha experimentado un alarmante incremento de falsificaciones\n de productos alimenticios, cosmetológicos, de perfumería,\n para cuidado estético y corporal; y, medicinas para uso\n humano y veterinario, etc., que constituyen un flagrante desacato\n a disposiciones legales y constitucionales.

\n\n

OBJETIVOS BÁSICOS:

\n\n

Constituye clamor ciudadano la adopción de medidas\n para sancionar drásticamente aquellos delitos que atenten\n contra la salud, alimentación y medio ambiente, derechos\n consagrados en la Constitución Política de la República.\n Además, es deber del Estado velar porque se cumplan los\n controles de calidad y mecanismos de defensa del consumidor.

\n\n

CRITERIOS:

\n\n

Es indispensable que nuestra legislación se haga eco\n de este clamor y establezca penas para castigar a los culpables\n de la falsificación, ya que este hecho doloso causa daños\n irreparables al prestigio y buen nombre de las empresas fabricantes\n y comercializadoras, que irroga perjuicios económicos\n al Fisco por la evasión de impuestos, a más de\n que se han producido contaminaciones, enfermedades y aún\n decesos, por el uso de productos falsificados.

\n\n

f.) Dr. Andrés Aguilar Moscoso, Secretario General\n del Congreso Nacional.

\n\n

 

\n\n

No. 2110-A

\n\n

Gustavo Noboa Bejarano
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones\n y la firma Hidalgo & Hidalgo S.A., celebraron el 19 de enero\n de 1988, el contrato de construcción de la Carretera Ibarra-San\n Lorenzo;

\n\n

Que mediante carta de intención suscrita el 29 de septiembre\n del 2000, el Gobierno Nacional se comprometió a entregar\n un aporte adicional de US$ 24'000.000, al Ministerio de Obras\n Públicas y Comunicaciones, a fin de que financie la terminación\n de la carretera Ibarra-San Lorenzo, de la siguiente manera: un\n crédito con el Banco del Estado por US$ 12'000.000, una\n asignación de USS 4'000.000 a través del Presupuesto\n del Gobierno Central del 2000 y, US$ 8'000.000, mediante una\n emisión de bonos del Estado;

\n\n

Que la Oficina de Planificación de la Presidencia de\n la República, la Procuraduría General del Estado\n y el Directorio del Banco Central del Ecuador, han dictaminado\n favorablemente sobre la referida emisión, según\n consta de los oficios Nos. ODEPLAN-0-2001-805, 20089 y DBCE-2213-2001-01-03403\n de 2, 4 y 24 de octubre del 2001, respectivamente;

\n\n

Que el Ministro de Economía y Finanzas, ha expedido\n la Resolución No. SCP-2001-0130 de 21 noviembre del 2001,\n por la que se aprueba la realización de la emisión\n de bonos referida; y,

\n\n

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos\n 47 y 135 de la Ley Orgánica de Administración Financiera\n y Control,

\n\n

Decreta:

\n\n

Art. 1.- Autorizase al Ministro de Economía y Finanzas,\n para que a nombre y en representación del Estado Ecuatoriano,\n realice una emisión de bonos del Estado por un monto de\n hasta ocho millones de dólares de los Estados Unidos de\n América (US$ 8'000.000), destinados a financiar la terminación\n de las obras de la carretera Ibarra-San Lorenzo, cuya ejecución\n se encuentra a cargo del Ministerio de Obras Públicas\n y Comunicaciones.

\n\n

Art. 2.- Los bonos que se autoriza emitir por el artículo\n precedente tendrán las siguientes características:

\n\n

MONTO: US$ 8'000.000.

\n\n

DESTINO: Los bonos de esta emisión se destinarán\n exclusivamente a financiar la terminación de las obras\n de la carretera Ibarra-San Lorenzo.

\n\n

TASAS DE INTERÉS: 6% anual.

\n\n

PLAZO: 5 años contados a partir de la fecha de emisión\n de los bonos.

\n\n

CALCULO INTERÉS: Para el cálculo de intereses,\n se utilizará la base de 30/360 días, es decir semestres\n de 180 días.

\n\n

FORMA DE PAGO: El servicio de amortización e intereses\n se realizarán en forma
\n semestral.

\n\n

Art. 3.- El servicio de amortización, intereses y más\n costos de la emisión de bonos del Estado, lo realizará\n el Banco Central del Ecuador con aplicación a las partidas\n que el Ministerio de Economía y Finanzas deberá\n señalar en el Presupuesto General del Estado, sector deuda\n pública a partir del año 2002, para cuyo efecto\n dicho Ministerio, conforme lo determina el Art. 138 de la Ley\n Orgánica de Administración Financiera y Control\n fideicomisará en la respectiva escritura de emisión\n de bonos, los recursos que fueren necesarios de la Cuenta Corriente\n Única del Tesoro Nacional.

\n\n

Art. 4.- El Ministerio de Economía y Finanzas, luego\n del trámite interno correspondiente entregará en\n custodia al Banco Central del Ecuador los bonos cuya emisión\n se autoriza por este decreto, el cual los tendrá a disposición\n del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones únicamente\n para el pago al respectivo contratista de las planillas de avance\n de obra correspondientes a la terminación de la carretera\n Ibarra-San Lorenzo, pago que lo efectuará considerando\n los bonos a su valor nominal.

\n\n

Art. 5.- En forma previa a la entrega de los bonos en custodia,\n el Estado Ecuatoriano representado por el Ministro de Obras Públicas\n y Comunicaciones, deberá suscribir con la firma constructora\n el respectivo convenio mediante el cual ésta exprese su\n consentimiento para recibir los títulos de la presente\n emisión a valor nominal como pago de las respectivas planillas\n por ejecución de obras inherentes a la terminación\n de la carretera Ibarra-San Lorenzo.

\n\n

Art. 6.- Será de responsabilidad exclusiva del Ministerio\n de Obras Públicas y Comunicaciones y de los funcionarios\n de esa entidad, en sus respectivas áreas de intervención,\n que los procedimientos y trámites llevados a cabo para\n la ejecución de las obras que se financiarán con\n los bonos que se autoriza emitir por este decreto, se enmarquen\n y sujeten a la legislación que regula la contratación\n pública en el Ecuador.

\n\n

Art. 7.- De la ejecución del presente decreto, que\n entrará en vigencia a partir de su publicación\n en el Registro Oficial, encárguense los ministros de Economía\n y Finanzas y de Obras Públicas y Comunicaciones.

\n\n

Dado en el Palacio Nacional de Gobierno, en Quito, a 21 de\n noviembre del 2001.

\n\n

f.) Gustavo Noboa Bejarano, Presidente Constitucional de la\n República.

\n\n

t) Ing. Jorge Morán Centeno, Ministro de Economía\n y Finanzas, Enc.

\n\n

f.) José Macchiavello Almeida, Ministro de Obras Públicas\n y Comunicaciones.

\n\n

Es fiel copia del original.

\n\n

Lo certifico.

\n\n

f.) Marcelo Santos Vera, Secretario General de la Administración\n Pública.

\n\n

 

\n\n

No. 2120-A

\n\n

Gustavo Noboa Bejarano
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que el 15 de julio de 1989 el Ecuador suscribió la\n "Convención Interamericana sobre Restitución\n Internacional de Menores";

\n\n

Que el Tribunal Constitucional mediante Resolución\n No. 093-2001-IP de 12 de junio del 2001, dictaminó la\n conformidad de la "Convención Interamericana sobre\n Restitución Internacional de Menores", con la Constitución\n Política de la República,

\n\n

Que el Honorable Congreso Nacional mediante Resolución\n No. R-23-128 de 18 de octubre del 2001, aprobó la "Convención\n Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores";

\n\n

Que el 18 de noviembre de 1990 el Ecuador suscribió\n la "Convención Internacional sobre la Protección\n de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus\n Familiares"'

\n\n

Que el Tribunal Constitucional mediante Resolución\n No. 178-2000-IP de 10 de octubre del año 2000, dictaminó\n la conformidad de la "Convención Internacional sobre\n la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores\n Migratorios y de sus Familiares" con Constitución\n Política del Estado;

\n\n

Que el Honorable Congreso Nacional mediante Resolución\n No. R-23-129 de 18 de octubre del año 2001, aprobó\n la "Convención Internacional sobre la Protección\n de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus\n Familiares";

\n\n

Que luego de examinar las convenciones en referencia, las\n considera convenientes para los intereses del país; y,

\n\n

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral\n 12 del artículo 171 de la Constitución Política\n del Ecuador,

\n\n

Decreta:

\n\n

ARTICULO PRIMERO.- Ratifícanse los siguientes instrumentos\n internacionales:

\n\n

"Convención Interamericana sobre Restitución\n Internacional de Menores".

\n\n

"Convención Internacional sobre la Protección\n de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus\n Familiares".

\n\n

Cuyos textos los declara Ley de la República y compromete\n para su observancia el Honor Nacional.

\n\n

ARTICULO SEGUNDO.- Procédase a efectuar los correspondientes\n depósitos de los respectivos instrumentos de ratificación.

\n\n

ARTICULO TERCERO.- Publíquense los mencionados instrumentos\n internacionales en el Registro Oficial.

\n\n

ARTICULO CUARTO.- Encárgase la ejecución del\n presente decreto al señor Ministro de Relaciones Exteriores.

\n\n

Dado en Quito, en el Palacio Nacional, a los 23 días\n del mes 'de noviembre del año dos mil.

\n\n

f) Gustavo Noboa Bejarano, Presidente Constitucional de la\n República.

\n\n

f) Byron Morejón Almeida, Ministro de Relaciones Exteriores,\n encargado.

\n\n

Es fiel copia del original.

\n\n

Lo certifico.

\n\n

f.) Marcelo Santos Vera, Secretario General de la Administración\n Pública.

\n\n

 

\n\n

No. 2139

\n\n

Gustavo Noboa Bejarano
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que el 7 de abril del 2000 se expidió el Reglamento\n para la negociación y subastas de los bienes de las instituciones\n del sistema financiero sometidas al control de la Agencia de\n Garantía de Depósitos (AGD) o de su propiedad,\n publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 54\n de fecha 10 de abril del 2000;

\n\n

Que en la aplicación del mencionado reglamento se han\n presentado casos no contemplados inicialmente para la disposición\n de los bienes de propiedad de las instituciones financieras en\n saneamiento o de propiedad de la AGD que impiden su fácil\n negociación y en consecuencia la pronta recuperación\n de los activos en estas IFIS;

\n\n

Que es necesario realizar reformas a esa norma e incluir disposiciones\n que permitan una mayor agilidad y transparencia en los mecanismos\n o procedimientos para la negociación y/o transparencia\n de activos inmobiliarios y mobiliarios de rápida depreciación,\n de las instituciones financieras sometidas a saneamiento;

\n\n

Que el Directorio de la Agencia de Garantía de Depósitos,\n en sesión celebrada el 19 de julio del 2001, resolvió\n aprobar las "Reformas del Reglamento de Negociación\n y Subastas de los Bienes de las Instituciones del Sistema Financiero\n sometidas al control de la Agencia de Garantía de Depósitos\n (AGD) o de su propiedad"; y,

\n\n

En ejercicio de la atribución que le confiere el numeral\n 5 del artículo 171 de la Constitución Política\n de la República y la disposición transitoria cuarta\n de la Ley para la Transformación Económica del\n Ecuador,

\n\n

Decreta:

\n\n

Las reformas al Reglamento para la negociación y subastas\n de los bienes de las instituciones del sistema financiero sometidas\n al control de la Agencia de Garantía de Depósitos\n (AGD) o de su propiedad.

\n\n

Art. 1.- Sustituyese el texto del Art. 2 "Modalidades\n de la Subasta" por el siguiente:

\n\n

"Art. 2.- Modalidades de Subasta.- La subasta para cada\n caso, podrá realizarse conforme las siguientes modalidades\n que deberán ser autorizadas por el Directorio de la Agencia\n de Garantía de Depósitos: Concurso de Ofertas,\n en sobre cerrado al Público, subasta en Bolsa y, al Martillo;\n sin perjuicio de la facultad de la AGD para la negociación,\n venta, permuta y arrendamiento directo".

\n\n

La modalidad de la transferencia de los bienes situados en\n el extranjero previa autorización y responsabilidad del\n Directorio de la AGD podrá hacerse mediante concurso de\n ofertas en sobre cerrado o venta directa".

\n\n

Art. 2.- Agréguese como último inciso del Art.\n 3.- "Comité de Subasta", el siguiente:

\n\n

"En el caso de venta por subasta de activos menores a\n USS 5.000, el Comité de subasta se integrará únicamente\n con el Gerente de Activos y un delegado de la Gerencia General.".

\n\n

Art. 3.- Introdúzcanse al Art. 8.- "Convocatoria\n a la Subasta" los siguientes cambios: Sustitúyese\n el segundo inciso por el siguiente: "El Directorio de a\n AGD podrá también disponer subastas al público\n y en este caso la convocatoria se hará en uno de los periódicos\n de mayor circulación a nivel nacional, pudiendo también\n publicarse en cualquier periódico del cantón donde\n esté ubicado el bien si así lo considerare el Comité\n de Subaste, sin perjuicio de otros medios de difusión\n colectiva que considerare pertinente. La subasta se efectuará\n dentro de los 15 días calendario posteriores a la publicación\n del aviso. Los avisos contendrán:".

\n\n

Y agréguese como ultimo inciso:

\n\n

"En el caso de subasta de bienes situados en el exterior,\n la Convocatoria se publicará en dos periódicos,\n uno de mayor circulación a nivel nacional y otro de mayor\n circulación en el país donde se encuentran situados\n los bienes a ser subastados, que contendrán los datos\n especificados en los incisos anteriores, sin perjuicio de usar\n los demás medios de difusión colectiva que se consideren\n pertinentes, por parte del Comité de Subaste. Dicha subasta\n se efectuará dentro de los 20 días calendario posteriores\n a la publicación del último aviso

\n\n

Art. 4.- Añádase como último inciso del\n Art. 10.- "Participantes en las Subastas" el siguiente:

\n\n

"Los participantes en las subastas también deberán\n declarar que los recursos para el pago del precio del bien subastado\n no provienen de actividades ilícitas o relacionadas con\n el tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas".

\n\n

Art. 5.- Agregar después del primer inciso del Art.\n 11.-"Consignación y Garantías", los siguientes\n incisos:

\n\n

"En el caso de la subasta de bienes menores a US$ 5.000\n no será necesario que se presente valor alguno por concepto\n de consignación".

\n\n

"En las bases de la subasta también podrá\n establecerse que las ofertas no acompañen valor alguno\n en efectivo por concepto de consignación en caso de que\n el precio del objeto a subastarse sea pagado con certificados\n de depósitos garantizados o certificados de pasivos garantizados,\n en su totalidad, siempre y cuando el postor y adjudicatario sea\n el titular originario del pasivo garantizado".

\n\n

Y añádase como último inciso:

\n\n

"En el caso de subasta de bienes en el exterior, si el\n participante es domiciliado o residente, en el extranjero consignará\n su pago mediante transferencia bancaria a la cuenta designada\n por el Comité de subasta para este caso.

\n\n

Si el pago del precio es a plazo, la garantía bancaria\n podrá ser de una institución financiera calificada\n en el exterior como de primera categoría".

\n\n

Art. 6.- Agréguese como último inciso del Art.\n 12.-"Presentación de Ofertas", el siguiente:\n -

\n\n

"En el caso de bienes situados en el exterior se presentarán\n las ofertas, si el participante es residente o domiciliado en\n el país donde está situado el bien, ante el delegado\n del Comité de subasta de la Agencia de Garantía\n de Depósitos nombrado para el efecto, o en el Ecuador\n ante el Comité de Subastas por cualquier medio idóneo\n a criterio del Comité".

\n\n

Art. 7.- Añádase como último inciso del\n Art. 13.-"Calificación y Adjudicación"\n el siguiente:

\n\n

"En los concursos de ofertas en sobre cerrado de los\n bienes situados en el extranjero, si hubieren ofertas presentadas\n en el exterior, el delegado del Comité de subasta de la\n AGD nombrado para el efecto enviará los sobres vía\n courier o a través de cualquier medio, a fin de que el\n Comité de subasta evalúe y califique las ofertas\n presentadas".

\n\n

Art. 8.- Añádase como segundo inciso del Art.\n 21.- "Subasta en Bolsa" el siguiente:

\n\n

"Para la negociación de los títulos valores\n emitidos por instituciones del exterior, se preferirá\n su negociación a través de este mecanismo en las\n respectivas Bolsas del país de procedencia o del lugar\n en que se encuentren registrados dichos papeles".

\n\n

Art. 9.- A continuación del primer inciso del Art.\n 22.-"Enajenación Directa", añádanse\n los siguientes incisos:

\n\n

"El Directorio de la AGD bajo su responsabilidad podrá\n autorizar la venta directa, sin necesidad de subaste, sobre bienes\n inmuebles a favor de personas naturales y jurídicas, a\n través del siguiente procedimiento: El Gerente General\n de la AGD o su delegado solicitará a la Asociación\n de Corredores Profesionales legalmente constituida de la provincia\n o de la región donde se encuentra ubicado el bien inmueble,\n el listado de los corredores profesionales calificados y legalmente\n autorizados de acuerdo a lo establecido en la Ley de Corredores\n de Bienes Raíces y su respectivo Reglamento, a fin de\n que luego de un sorteo realizado a través de dicha Asociación,\n se disponga de varios corredores, de entre los cuales el Directorio\n de la AGD escoja los corredores profesionales que sean necesarios\n para realizar los corretajes de los bienes raíces a nivel\n nacional, quienes suscribirán con la Agencia de Garantía\n de Depósitos previa calificación de dichos profesionales\n mediante un Panel de Evaluación Técnica, los correspondientes\n contratos eh los que constará el listado de los bienes\n inmuebles objeto de corretaje y los honorarios a pactarse. En\n caso de no existir dicha Asociación en la provincia donde\n se encuentre ubicado el bien inmueble se escogerá la Asociación\n de cualquiera de las provincias más próximas.

\n\n

El Comité de subasta conocerá y calificará\n la propuesta o las propuestas de los oferentes presentados por\n dichos corredores profesionales y las condiciones de la negociación,\n previa autorización final del Directorio.

\n\n

El precio base para la venta directa de estos inmuebles será\n el avalúo realizado por peritos avaluadores designados\n por la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros,\n o por el Banco Central del Ecuador o por la Superintendencia\n de Bancos, a elección de la Agencia de Garantía\n de Depósitos. Si ya existiere un avalúo realizado\n por profesionales calificados por la Agencia de Garantía\n de Depósitos, podrá tomarse como base dicha valoración.\n Si luego de seis meses de haberse colocado uno de estos activos\n para la venta no se logrará enajenación, se revisará\n su precio a base de estudios de mercado, a fin de determinar\n la necesidad de un nuevo avalúo.

\n\n

Cuando se trate de bienes inmuebles o de activos situados\n en el exterior, el Directorio podrá autorizar la venta\n directa de los mismos previa calificación del adquirente.\n El avalúo de dichos bienes podrá ser realizada\n por peritos calificados del país donde se encuentra ubicado\n el inmueble.

\n\n

La transferencia de dominio de los bienes situados en el exterior\n se realizará con las formalidades y solemnidades legales\n del lugar donde esté situado el bien y serán debidamente\n autenticados con la certificación o legalización\n del agente diplomático o consular del Ecuador residente\n en el Estado en que se otorgó el instrumento.

\n\n

Para tales efectos se contratará en el extranjero a\n la persona natural o jurídica para que realice las gestiones\n pertinentes para la transferencia y perfeccionamiento de la misma".

\n\n

Art. 10.- A continuación del Art. 22, agréguese\n el siguiente artículo:

\n\n

"Art. 22 A. Se podrá aplicar además la\n modalidad de venta directa, a favor de personas naturales o jurídicas,\n sobre los bienes fungibles y perecibles, que se consumen con\n el uso y el transcurso del tiempo, materiales, y demás\n enseres de oficina en general de fácil depreciación\n y cuyo avalúo comercial individual no excediere de US$\n 5.000. Igual modalidad de venta directa se podrá aplicar\n sobre las obras de arte que no excedan de dicho valor. Sin perjuicio\n que sobre este tipo de bienes se pueda aplicar las diferentes\n modalidades de subasta determinadas en este reglamento. El precio\n base de estos bienes será el avalúo realizado por\n peritos calificados por la AGD, o por peritos del Banco Central\n del Ecuador o de la Superintendencia de Bancos, a elección\n de la Agencia de Garantía de Depósitos.

\n\n

Para tales efectos, el Gerente de Activos de la Agencia de\n Garantía de Depósitos autorizará dicha venta,\n estableciendo las modalidades y condiciones de pago, previo informe\n y recomendación del administrador temporal de la institución\n financiera propietaria del bien o bienes a enajenarse. Para dichas\n ventas podrán organizarse los sitios de exposición\n necesarios dirigidos al público en general.

\n\n

El precio de estos bienes muebles menores a US$ 5.000 podrá\n ser pagado en su totalidad, con certificados de depósitos\n reprogramados garantizados o certificados de pasivos garantizados\n que serán tomados a su valor nominal, solamente en el\n caso de que el comprador de dichos bienes sea titular primario\n u original del depósito".

\n\n

Art. 11.- Este decreto entrará en vigencia a partir\n de su publicación en el Registro Oficial, y de su ejecución\n encárgase a la Agencia de Garantía de Depósitos.

\n\n

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 30 de noviembre del\n 2001.

\n\n

f.) Gustavo Noboa Bejarano, Presidente Constitucional de la\n República.
\n Es fiel copia del original. Lo certifico.

\n\n

f.) Marcelo Santos Vera, Secretario General de la Administración\n Pública.

\n\n

 

\n\n

No. 2146

\n\n

Gustavo Noboa Bejarano
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 1357, publicado en eL Registro\n Oficial No. 293 de 27 de marzo del 2001, se crea la Unidad de\n Desarrollo Norte (UDENOR), para llevar a cabo programas y proyectos\n de desarrollo económico y social en esa región\n del país;

\n\n

Que es deber del Gobierno Nacional adoptar las medias que\n sean necesarias para contrarrestar las consecuencias de factores\n tanto internos como externos que afectan a la región fronteriza\n Norte;

\n\n

Que es necesario incluir a la provincia de Imbabura entre\n las beneficiarias de los programas y proyectos de desarrollo\n que lleva a cabo la Unidad de Desarrollo Norte; y,

\n\n

En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 5 del\n Art. 171 de la Constitución Política de la República,

\n\n

Decreta:

\n\n

Art. 1.- Sustituyese el Art. 3 del Decreto No. 1357, publicado\n en el Registro Oficial No. 293 de 27 de marzo del 2001, por el\n siguiente:

\n\n

"Art. 3.- Esta Unidad desarrollará programas y\n proyectos de desarrollo económico y social en las provincias\n de Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Sucumbíos, Orellana y\n Napo".

\n\n

Art. 2.- El presente decreto entrará en vigencia a\n partir de su publicación en el Registro Oficial.

\n\n

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 4 de diciembre del\n 2001.

\n\n

f.) Dr. Gustavo Noboa Bejarano, Presidente Constitucional\n de la República.

\n\n

f.) Dr. Heinz Moeller Freile, Ministro de Relaciones Exteriores.

\n\n

f.) Alm. Hugo Unda Aguirre, Ministro de Defensa Nacional.

\n\n

f.) Ing. Jorge Morán Centeno, Ministro de Economía\n y Finanzas, Enc.

\n\n

f.) Ing. Galo Plaza Pallares, Ministro de Agricultura y Ganadería.

\n\n

Es fiel copia del original.

\n\n

Lo certifico.

\n\n

f) Marcelo Santos Vera, Secretario General de la Administración\n Pública.

\n\n

No. 2001-14

\n\n

EL CONCEJO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS.\n - CNRH

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, la Constitución Política faculta a cualquier\n persona el solicitar la concesión de los derechos de aprovechamiento\n de aguas, y el Estado por medio del Consejo Nacional de Recursos\n Hídricos, conceder la autorización administrativa\n para su uso;

\n\n

Que, el inciso final del Art. 17 de la Ley de Modernización\n del Estado faculta a las instituciones del sector público,\n a establecer valores por servicios que provean, tal es el caso\n de la tramitación de los procesos de concesión\n de aprovechamiento de aguas, de la misma forma que la recuperación\n dé los costos en los que incurren, los cuales deberán\n ser cubiertos por los beneficiarios del uso;

\n\n

Que, el Art. 3, literal (m) de la Ley de Creación del\n INERHI faculta al CNRH, cobrar a los usuarios las tasas y tarifas\n respectivas por los servicios que presta; y,

\n\n

Que, es necesario reglamentar el cobro de estas tasas y tarifas,

\n\n

Resuelve:

\n\n

Art. 1.- Expedir el presente "Reglamento para el establecimiento\n de tarifas por servicios prestados en la tramitación de\n las causas por parte de las agencias de aguas del país\n y del Honorable Consejo Consultivo de Aguas".

\n\n

Art. 2.- La fijación de tarifas de servicios prestados\n tiene el objeto de:

\n\n

a) Cumplir el principio de autogestión, establecido\n en la Constitución Política del Estado;

\n\n

b) Fijar tarifas equitativas que no impidan ni restrinjan\n los trámites establecidos en la Ley de Aguas y su reglamento\n a los usuarios que lo requieran y demandar los servicios de la\n institución; y,

\n\n

c) Establecer un sistema de recaudación descentralizada\n y administración de los recursos en coordinación\n con la Dirección Financiera de la Secretaría General\n del Consejo Nacional de Recursos Hídricos.

\n\n

Art. 3.- Las tarifas por servicios prestados por las agencias\n de aguas del país y del Honorable Consejo Consultivo de\n Aguas, en los trámites que establece la Ley de Aguas y\n su reglamento, constituyen la contraprestación a cargo\n del usuario.

\n\n

Art. 4.- Son susceptibles de cobro de tarifas los siguientes\n conceptos.

\n\n

a) Costo básico por tramitación del proceso\n $ 8,oo

\n\n

b) Por inspección técnica $ 15,oo

\n\n

c) Por inspección judicial $ 15,oo

\n\n

El cálculo de movilización estará regulado\n por el Acuerdo Ministerial No. 117, publicado en el Registro\n Oficial No. 134 de 3 de agosto del 2000, emitido por el Ministerio\n de Economía y Finanzas, referido al monto de cobro por\n viáticos más el valor complementario diario. Si\n por efecto de reformas o modificaciones del Acuerdo Ministerial\n No. 308 cambia la manera de cálculo, el Consejo Nacional\n de Recursos Hidráulicos, y las agencias del país,\n se acogerán al acuerdo ministerial vigente al momento\n de la inspección, cuyo valor actual deberá ser\n expuesto al público en la cartelera de cada agencia.

\n\n

En los casos referentes a inspecciones técnicas y judiciales,\n si el usuario dispone de facilidades de transporte para los funcionarios\n su valor será sufragado directamente por éste.\n Los valores señalados en los literales b) y c) se aplicarán\n a petición de parte mas no de oficio.

\n\n

Art. 5.- Las tarifas se aplicarán por cada expediente\n sin excepción. Por tramitación se comprenderá\n a toda solicitud respecto a un proceso administrativo que ingrese\n a las agencias y el H. Consultivo de Aguas.

\n\n

Art. 6.- La tarifa es exigible desde el momento que se efectúe\n el requerimiento del servicio, debiendo acompañarse a\n la solicitud del trámite el comprobante de depósito\n en la cuenta de ingresos del Banco Nacional de Fomento en su\n jurisdicción, que el usuario lo realizará previo\n a la solicitud.

\n\n

Art. 7.- La falta de pago de las tarifas, impedirá\n la prestación del servicio requerido.

\n\n

Art. 8.- Las recaudaciones de las tarifas se efectuarán\n en forma descentralizada mediante depósito en la cuenta\n bancaria No. 0010001536 cuenta de ingresos del Banco Nacional\n de Fomento en cada una de las agencias del país.

\n\n

La Dirección Financiera de la Secretaria General del\n Consejo Nacional de Recursos Hídricos está facultada,\n dentro del ámbito de su competencia, disponer de acciones\n o medidas correctivas que fueren del caso, en cualquier agencia\n del país.

\n\n

De la misma manera será la responsable de diseñar\n y encargar la elaboración de los comprobantes numerados,\n que deberán ser entregados oportunamente a cada una de\n las agencias.

\n\n

En el comprobante se detallarán claramente el número\n de trámite, el tipo de servicio solicitado y la firma\n de responsabilidad de la persona encargada del manejo de estos\n dineros y del Jefe de la agencia.

\n\n

Las agencias, deberán exigir al usuario, la papeleta\n de depósito bancario donde conste la cancelación\n del valor de la tarifa correspondiente. Adicionalmente, cada\n una de las agencias de aguas, emitirá el comprobante pre-numerado\n de ingreso en original y tres copias.

\n\n

El original, se enviará a la Dirección Financiera\n de la Secretaría General del Consejo Nacional de Recursos\n Hídricos, conjuntamente con la papeleta original de depósito,\n los mismos que servirán para que la Dirección Financiera\n coteje los valores depositados. La primera copia quedará\n en poder de la agencia que recibió el pago, la segunda\n copia, se incorporará al expediente y la tercera, será\n entregada al usuario del servicio.

\n\n

Art. 9.- Las agencias proveerán a la Secretaria General\n del Consejo Nacional de Recursos Hídricos, un informe\n mensual y detallado de la recaudación de los ingresos\n generados por las tarifas establecidas, dentro de los ocho primeros\n días del mes siguiente.

\n\n

Art. 10.- La Secretaria General del Consejo Nacional de Recursos\n Hídricos, definirá cada año las políticas\n de gasto de los fondos recaudados durante el año fiscal\n previo, por tarifas, en cada una de las agencias de aguas del\n país, y serán consideradas como paute para la elaboración\n de los presupuestos institucionales a nivel nacional.

\n\n

Art. 11.- Los ingresos generados por la aplicación\n de este reglamento servirán exclusivamente para la mejora\n de servicios al usuario en la tramitación de causas e\n implementación de equipamiento para las agencias de aguas\n del país a excepción de pagos de sueldos y mejoras\n salariales.

\n\n

Art. 12.- La Dirección Financiera de la Secretaria\n General del Consejo Nacional de Recursos Hídricos, será\n la encargada de proveer a las diferentes agencias del país\n de los dineros para solventar los gastos administrativos y de\n movilización a través del fondo rotativo que maneja\n cada una de las agencias.

\n\n

Los valores iniciales de cada año económico\n se lo hará en el fondo rotativo considerando la planificación\n de cada agencia, y en forma posterior a manera de reposición.

\n\n

Art. 13.- La presente resolución fue conocida en sesión\n de Directorio del Consejo Nacional de Recursos Hídricos\n el 7 de diciembre del 2000 y entrará en vigencia a partir\n de la aprobación de su publicación en el Registro\n Oficial.

\n\n

Dado en Quito, a los veinte y un días del mes de noviembre\n del 2001.

\n\n

f) Ing. Diego Gándara Pérez, Subsecretario Técnico\n Administrativo del Ministerio de Agricultura y Ganadería,\n Presidente del Consejo Nacional de Recursos Hídricos (E).

\n\n

Certifico que es fiel copia del original.- Quito, 22 de noviembre\n del 2001.

\n\n

f) lng. Oscar Cevallos Andrade, Secretario del Directorio\n del CNRH.

\n\n

Secretaria General C.N.R.H.- Certifico.- Que es fiel copia\n del original, que reposa en los archivos de la institución.-Quito,\n 22 de noviembre del 2001.

\n\n

f.) Responsable de Documentación y Archivo.

\n\n

 

\n\n

No. 320-2001

\n\n

Dentro del juicio ordinario por investigación\n de paternidad No. 141-2001 que sigue América Linda Achi\n Salguero, madre y representante legal del menor Ricardo Achi\n Salguero, en contra de Ricardo Dahik Garzozi, se ha dictado lo\n siguiente:

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n PRIMERA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

\n\n

Quito, octubre 15 del 2001; las 10h00.

\n\n

VISTOS.- América Linda Achi Salguero deduce recurso\n de casación contra la sentencia dictada por la Quinta\n Sala de la Corte Superior de Guayaquil, en el juicio de investigación\n de la paternidad que en ejercicio de la representación\n legal de su hijo, menor de edad, Ricardo Achi Salguero sigue\n en contra de Ricardo Dahik Garzozi. Aduce que en la sentencia\n se han transgredido los artículos 267, inciso tercero,\n en su parte final, del Código Civil y los artículos\n 118, inciso primero; 125, inciso segundo; 122; 127; 196; 198;\n 211, y 267 del Código de Procedimiento Civil.- Fundamente\n el recurso en las causales primera y tercera del artículo\n 3 de la Ley de Casación.- Por concedido el recurso sube\n a la Corte Suprema de Justicia y se radica la competencia, por\n el sorteo de ley, en esta Primera Sala de lo Civil y Mercantil,\n la que en providencia de 8 de junio del 2001, acepte a trámite\n el recurso. Concluida la sustanciación, atento el estado\n de la causa, para resolver se considera: PRIMERO.- Esta Sala\n ha dictado fallos de triple reiteración sobre los siguientes\n puntos de derecho concernientes a la declaración judicial\n de paternidad: 1) Que las pretensiones sobre investigación\n de la paternidad deben ser resueltos por los órganos judiciales\n teniendo siempre presente el fin esencial de velar por el interés\n superior de los niños, consagrados por el articulo 48\n de la Constitución Política de la Republica del\n Ecuador y el artículo 3, numeral 1 de la Convención\n sobre los Derechos del Niño, ratificada por el Ecuador,\n y que, de acuerdo con el artículo 163 de la Constitución\n forma parte del ordenamiento jurídico de la República\n y es del rango superior a las leyes; estos preceptos, por tanto,\n prevalecen sobre las disposiciones del Código Civil; 2)\n Que para la declaratoria judicial de paternidad la prueba de\n ADN tiene un valor terminante para establecer el nexo biológico\n entre el progenitor y el hijo; y, 3) Que el fallo que se dicte\n sobre un caso de declaración de la paternidad de un menor,\n procreado fuera de matrimonio, sin la prueba de ADN u otra de\n igual o mayor eficacia científica que se descubriere,\n no hace tránsito de cosa juzgada sustancial sino solamente\n formal. Al respecto dijo: "Cuarto.- -Es oportuno destacar\n que las disposiciones del Código Civil sobre declaraciones\n judiciales de la paternidad fueron expedidas en una época\n plagada de perjuicios en contra de la filiación de los\n niños concebidos fuera de matrimonio y en que la ciencia\n no había logrado encontrar medios idóneos para\n la investigación biológica de la paternidad; el\n niño prácticamente era un objeto de la relación\n jurídica de esa investigación; los verdaderos sujetos\n de esa relación eran los padres; pues la conducta observada\n por ellos durante la concepción del hijo era la determinante\n para la declaración judicial de la paternidad, o no. El\n actual Código de Menores; la Convención sobre los\n Derechos del Niño, de la que el Ecuador es parte y es\n ley de la República por haber sido ratificada y publicada\n en el Registro Oficial, y la Constitución Política\n de la República del Ecuador, consagran preceptos que difieren\n sustancialmente de las disposiciones del Código Civil.\n De otro lado, la ciencia ha descubierto que la paternidad de\n un niño es posible determinar prácticamente con\n total certeza a través de la prueba de ADN.- Los preceptos\n legales por un lado y la ciencia, por otro, han convertido en\n obsoletas las reglas rígidas para la declaración\n judicial de la paternidad del Código Civil.- Los códigos\n modernos de otros países que contenían normas iguales\n o similares al nuestro las han modificado radicalmente.- Es hora\n que nuestra legislación siga esta corriente y establezca\n reglas actualizadas y precisas para el efecto. Sin embargo, estimamos\n que para la declaración judicial de la paternidad los\n jueces y tribunales de la Función Judicial, en aplicación\n de los instrumentos legales citados, que han reformado tácitamente\n las disposiciones referidas del Código Civil, así\n como también de conformidad con las reglas de la sana\n crítica previstas por el articulo 119 del Código\n de Procedimiento Civil, uno de cuyos componentes son las bases\n científicas y, que tratándose de la declaración\n judicial de la paternidad, es la prevalencia de los dictámenes\n periciales basados en el examen de ADN. Por cierto estos dictámenes\n han de ser de laboratorios serios y confiables, ciñéndose\n a las ritualidades previstas en el Código de Procedimiento\n Civil para la prueba pericial. En vista de que en todos los casos,\n esto es sin excepción, en la administración de\n justicia se debe aplicar el principio de interés superior\n del ciño, preceptuado por el articulo 48 de la Constitución\n y el articulo 3 de la Convención sobre los Derechos del\n Niño, las resoluciones sobre filiación de menores\n concebidos fuera de matrimonio dictadas sin la prueba del ADN,\n o de otras de igual o mayor valor que la ciencia vaya descubriendo,\n no causarían autoridad de cosa juzgada sustancial".\n Esta triple reiteración de los fallos corresponden a las\n resoluciones: No. 83-99, publicada en el R.O. No. 159 de 29 de\n marzo de 1999, Resolución 183-99, publicada en el Suplemento\n R.O. No. 208 de 9 de junio de 1999; Resolución 464-99,\n publicada en R.O. No. 332 de 3 de diciembre de 1999, en los cuales\n se reafirma una vez más esta Sala, constituye un precedente\n jurisprudencial obligatorio y vinculante para la interpretación\n y aplicación de las leyes, conforme dispone el artículo\n 19, inciso segundo de la Ley de Casación. SEGUNDO.- En\n el caso sub lite, el menor Ricardo Achi Salguero, por medio de\n su madre y representante legal, América Linda Achi Salguero,\n demanda a Ricardo Dahik Garzozi para que en sentencia se declare\n que él es su padre. Tramitada la causa, dentro del término\n probatorio, se ha presentado, pedido y ordenado que el demandado\n se somete a la prueba. de ADN, juntamente con el menor Ricardo\n Achi Salguero, en el Laboratorio de Inmunología y Biotecnología\n de la Unidad Médica San Francisco, y, para el efecto,\n se ha nombrado como perito al doctor Luis Enrique Plaza.- El\n demandado no se ha presentado para la práctica de dicha\n prueba en las dos ocasiones señaladas para el objeto por\n el Juez de la causa, en providencias de 9 y de 27 de junio del\n 2000 (fojas 34 y 55 del cuaderno de primer nivel), conforme consta\n de las certificaciones de fojas 52 y 61 del mismo cuerpo.- En\n sentencia de primera instancia, el Juez Segundo de lo Civil del\n Guayas declara con lugar la demanda. Por apelación del\n demandado, la Quinta Sala de, la Corte Superior de Guayaquil,\n revocando la sentencia venida en grado, declara sin lugar la\n demanda. TERCERO.- En la sentencia recurrida, al hacerse la valoración\n de la prueba, se ha omitido considerar la renuencia del demandado\n a someterse al examen de ADN ordenado por el Juez a quo, lo que\n constituye una transgresión de la regla contenida en el\n articulo 267 del Código de Procedimiento Civil que dice:\n "Cuando se trate de exámenes o reconocimiento de\n personas, podrán practicarse peritajes radiológicos,\n hematológicos y de otra naturaleza. La renuencia de la\n parte a estos exámenes será apreciada por el juez\n como indicio en contra de ella". Siendo la prueba de ADN\n concluyente para establecer la filiación paterna adquiere\n una significativa consecuencia el que el demandado se ciegue\n a someterse a los exámenes correspondientes. Esto se justifica\n porque de otra manera le bastada al demandado no comparecer a\n que se le haga el examen pericial de ADN para frustrar la investigación\n de paternidad, tomando en cuenta que por respeto a los derechos\n humanos no puede ser obligado a comparecer coercitivamente a\n hacerlo. Es evidente, entonces que la no aplicación del\n artículo 267 del Código de Procedimiento Civil\n en la valoración de la prueba ha conducido a la no aplicación\n de las normas sustantivas contenidas en el artículo 48\n de la Constitución y el articulo 3 de la Convención\n sobre los Derechos del Niño. En consecuencia, a esta Sala\n le toca casar la sentencia recurrida y dictar la que corresponde\n en su reemplazo, conforme dispone el artículo 14 de la\n Ley de Casación. CUARTO.- En el juicio de investigación\n de la paternidad si no ha sido posible practicar la prueba de\n ADN, resulta extremadamente difícil probar el hecho mismo\n de las relaciones que han producido la concepción, de\n ahí la importancia que en estos juicios tiene la prueba\n de indicios. Según Hernando Davis Echandía: "La\n voz latina indicium es una derivación de indicere, que\n significa indicar, hacer conocer algo. Este función la\n cumple el indicio en virtud de la relación lógica\n que exista entre el hecho indicador y el hecho indicado, es decir,\n sin que medie ninguna representación de este (ni oral,\n ni escrita, ni por reproducción de imágenes o sonidos)\n de acuerdo con ésto entendemos por indicio, un hecho conocido\n del cual se induce otro h

 

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