Registro Oficial. DICIEMBRE10 de DICIEMBRE del 2001

Lunes, 10 de diciembre de 2001

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

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   MES DE DICIEMBRE DEL 2001
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 REGISTRO OFICIAL
ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR
Administración del Sr. Dr. Gustavo Noboa Bejarano
Presidente Constitucional de la República
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 Lunes, 10 de Diciembre del 2001

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REGISTRO OFICIAL No. 470

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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n

DR. JOSE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR

\n\n


\n FUNCION\n EJECUTIVA

\n\n

RESOLUCIONES

\n\n

DIRECCION\n NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
\n
00002-2001\n DNPI-IEPI Deléganse atribuciones al Dr. Mauricio Sánchez\n Ponce, Director General Legal y Tutela Administrativa del IEPI.
\n  
\n 00003-2001 DNPI-IEPI Deléganse\n atribuciones al Dr. Ramiro Brito Ruiz, Director de Documentación\n y Estadistica del IEPI.
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INSTITUTO\n ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL -IEPI-:
\n
01-030\n P-IEPI  Dispónese que las personas que hayan \n presentado solicitudes  de registro de  variedades\n vegetales,  que se  encuentren, en trámite,\n no podrán  conceder a favor de terceros  licencias\n de  explotación o uso, respecto de tales variedades.
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\n
FUNCION\n JUDICIAL

\n\n

CORTE\n SUPREMA  DE JUSTICIA
\n SALA  DE LO CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO:
\n
 
\n Recursos de casación en los juicios seguidos por las\n siguientes personas:
\n  
\n 274-2001 Carmen Leonor Salamea\n Palacios en contra del Director General Financiero del Ministerio\n de Finanzas.
\n  
\n 278-2001 Francisco Augusto\n Bocca Hernández en contra de la Comisión de Tránsito\n del Guayas.
\n  
\n 282-2001 María Teresa\n Roldán Zamora en contra del Director General Financiero\n del Ministerio de Finanzas.
\n  
\n 283-2001 Proinco Sociedad\n Financiera S.A. en contra del Instituto Ecuatoriano de Seguridad\n Social.
\n  
\n 284-2001 Presidente del Directorio\n de Aguas del Canal de Riego Silveria Cunduana y otro en contra\n del Presidente del Consejo Consultivo de Aguas y otros.
\n  
\n 286-2001 Elicenia Rosales\n de Vásquez en contra del  Ministro de Educación,\n Cultura, Deportes y Recreación.
\n  
\n  
\n
ACUERDO\n DE CARTAGENA

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PROCESO:
\n  89-AI-2000  Acción de Incumplimiento interpuesta\n por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra\n la República del Perú, alegando incumplimiento\n de los artículos 4 del Tratado de Creación del\n Tribunal y 16 de la Decisión 344 de la Comisión;\n así como de la Resolución 406 de la Secretaria\n General.\n

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\n

 

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N°\n 00002-2001- DNPI-IEPI

\n\n

EL DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD\n INDUSTRIAL

\n\n

Considerando:

\n\n

Que a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial\n de conformidad con lo dispuesto en el artículo 359 de\n la Ley de Propiedad Intelectual, le corresponde administrar los\n procesos y resolver sobre el registro de marcas, nombres comerciales,\n lemas comerciales y demás signos distintivos, así\n como los trámites de tutela administrativa de acuerdo\n con el artículo 333 de la Ley de Propiedad Intelectual;

\n\n

Que el artículo 5 del Reglamento a la Ley de Propiedad\n Intelectual faculte a los directores nacionales a delegar funciones\n específicas a los funcionarios subordinados, a efecto\n de llevar a cabo una adecuada desconcentración de funciones;

\n\n

Que el Art. 56 del Estatuto del Régimen Administrativo\n de la Función Ejecutiva faculta a las diversas autoridades\n de la administración a delegar en los órganos de\n inferior jerarquía las atribuciones propias de sus cargos;

\n\n

Que con el fin de agilitar la administración de los\n trámites que son de competencia de la Dirección\n Nacional de Propiedad Industrial, es necesario implementar mecanismos\n para la desconcentración de funciones; y,

\n\n

En ejercicio de sus atribuciones legales,

\n\n

Resuelve:

\n\n

Artículo 1.- DELEGAR al Dr. Mauricio Sánchez\n Ponce, Director General Legal y Tutela Administrativa del IEPI,\n la facultad de:

\n\n

1. Disponer y ejecutar los actos administrativos y de simple\n administración en la sustanciación de los procesos\n administrativos de oposición a solicitudes de registros\n de marcas, nombres comerciales, lemas comerciales y otros signos\n distintivos, tutela administrativa y recursos de reposición.

\n\n

2. Otorgar certificados de actos modificatorios al registro\n originario de marcas y otros signos distintivos, en transferencias,\n transmisiones, cambios de nombre del titular, cambios de domicilio,\n y disponer el registro de contratos de licencias de uso y sublicencias\n de marcas y otros signos distintivos.

\n\n

Articulo 2.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo\n 56 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo\n de la Función Ejecutiva, publíquese la presente\n resolución en el Registro Oficial.

\n\n

Dado en Quito, D.M., a 27 de noviembre del 2001.

\n\n

f.) Dr. José Villena Castillo, Director Nacional de\n Propiedad Industrial.

\n\n

 

\n\n

N°\n 00003-2001 DNPI-IEPI

\n\n

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD\n INDUSTRIAL

\n\n

Considerando:

\n\n

Que la Dirección Nacional de Propiedad Industrial de\n conformidad con lo dispuesto en el articulo 359 de la Ley de\n Propiedad Intelectual, le corresponde administrar los procesos\n administrativos contemplados en esta ley;

\n\n

Que el articulo 5 del Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual\n faculte a los directores nacionales a delegar funciones especificas\n a los funcionarios subordinados, a efecto de llevar a cabo una\n adecuada desconcentración de funciones;

\n\n

Que el artículo 56 del Estatuto del Régimen\n Administrativo de la Función Ejecutiva a las diversas\n autoridades de la administración a delegar en los órganos\n de inferior jerarquía las atribuciones propias de sus\n cargos;

\n\n

Que con el fin de agilitar la administración de los\n trámites que son de competencia de la Dirección\n Nacional de Propiedad Industrial, es necesario implementar mecanismos\n para la desconcentración de funciones; y,

\n\n

En ejercicio de sus atribuciones legales,

\n\n

Resuelve:

\n\n

Artículo 1.- DELEGAR al Dr. Ramiro Brito Ruiz, Director\n de Documentación y Estadística del IEPI, la facultad\n de otorgar certificados de renovaciones de marcas y nombres comerciales.

\n\n

Articulo 2.- De conformidad con lo dispuesto en el articulo\n 56 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo\n de la Función Ejecutiva, publíquese la presente\n resolución en el Registro Oficial.

\n\n

Dado en Quito, D.M., a 27 de noviembre del 2001.

\n\n

f) Dr. José Villena Castillo, Director Nacional de\n Propiedad Industrial.

\n\n

 

\n\n

No. 01-030\n P-IEPI

\n\n

EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO\n DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL -IEPI-

\n\n

Considerando:

\n\n

Que el Alt. 29 de la Decisión 345 de la Comisión\n del Acuerdo de Cartagena "Régimen Común de\n Protección de los Derechos de los Obtentores de Variedades\n Vegetales", dispone que el titular de un certificado de\n obtentor podrá conceder licencias para la explotación\n de la variedad

\n\n

Que el Art. 280 de la Ley de Propiedad Intelectual establece\n que los titulares de los derechos de obtención vegetal\n podrán otorgar licencia a terceros para su explotación\n y uso, mediante contratos escritos;

\n\n

Que el Art. 267 del antes invocado cuerpo legal señala\n que la Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales, procederá\n a otorgar o negar el certificado obtentor, cumplidos los requisitos\n previstos en la ley,

\n\n

Que el Art. 248 de la Ley de Propiedad Intelectual ordena\n la protección mediante el otorgamiento de un certificado\n de obtentor de los géneros y especies vegetales cultivados,\n que impliquen el mejoramiento vegetal heredable de las plantas;

\n\n

Que el Art. 281 del ya invocado cuerpo legal dispone que las\n licencias sobre obtenciones vegetales se inscribirán en\n el respectivo registro;

\n\n

Que la Regla 6 del Código Civil Ecuatoriano determina\n que las meras expectativas no constituyen derecho;

\n\n

Que una persona, natural o jurídica adquiere la titularidad\n de los derechos al inscribirse la variedad en el respectivo registro\n y emitirse el certificado de obtentor luego de lo cual puede\n ceder, conceder licencias o prohibir su uso por parte de terceros;

\n\n

Que la presentación de una solicitud de registro de\n una variedad vegetal crea a favor del solicitante una mera expectativa\n que no constituye derecho;

\n\n

Que tanto la legislación comunitaria andina como la\n nacional no prevén un procedimiento para el registro de\n contratos de licencia de solicitudes de registro de variedades\n vegetales en trámite;

\n\n

Que el Art. 1 de la Resolución 01.027 P-IEPI, publicada\n en el Registro Oficial No. 378 del 27 de julio del 2001, expedida\n por el Presidente del IEPI, dispone que las personas que hayan\n presentado solicitudes de registro de marcas, que se encuentren\n en trámite, no podrán conceder a favor de terceros\n licencias de explotación respecto de tales marcas;

\n\n

Que la Dra. María Guzmán Fernández, con\n escritos presentados el 19 de septiembre y el 3 de octubre del\n 2001, así como el Dr. Oscar Morales Vaca, con escrito\n de 24 de octubre del año en curso, consultan al Presidente\n del IEPI si se pueden conceder licencias de explotación,\n a favor de terceros, respecto de variedades vegetales en trámite\n de registro;

\n\n

Que el literal g) del Art. 351 de la Ley de Propiedad Intelectual\n faculte al Presidente del IEPI, absolver las consultas que respecto\n a la aplicación de las normas sobre propiedad intelectual\n le sean formuladas, respuestas que serán vinculantes para\n el IEPI, en el caso concreto que s plantea;

\n\n

Que a la fecha no existe en trámite ante ningún\n órgano del IEPI, asunto alguno relacionado con la consulta\n formulada; y,

\n\n

En uso de la atribución que le confiere el literal\n g) del Art. 351 de la Ley de Propiedad Intelectual,
\n Resuelve:

\n\n

Art. 1.- Las personas que hayan presentado solicitudes de\n registro de variedades vegetales, que se encuentren en trámite,\n no podrán conceder a favor de terceros licencias de explotación\n o uso, respecto de tales variedades.

\n\n

Art. 2.- El contenido de esta resolución es vinculante\n para el IEPI, en el caso de las consultas formuladas por la Dra.\n Maria Guzmán Fernández y el Dr. Oscar Morales Vaca,\n en razón de lo que establece el literal g) del Art. 351\n de la Ley de Propiedad Intelectual.

\n\n

Art. 3.- Publíquese en el Registro Oficial.

\n\n

Dado en Quito, D.M., a los 19 días del mes de noviembre\n del 2001.

\n\n

f.) Nelson Velasco, Presidente.

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N0 274-2001

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

\n\n

Quito, a 14 de septiembre del 2001;\n las 09h00.

\n\n

VISTOS (305-2000): Carmen Leonor Salamea Palacios por habérsele\n negado el recurso de casación del auto inhibitorio dictado\n por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de\n Cuenca en el juicio de excepciones opuesto por ella al titulo\n de crédito N0 03-01244, expedido por el Director General\n Financiero del Ministerio de Finanzas en su contra, emanado del\n Examen Especial Indemnizaciones por Supresión de Puestos,\n efectuado por la Contraloría General del Estado, interpone\n recurso de hecho, el que, por presentado dentro de término,\n ha sido concedido, accediendo entonces el proceso a esta Sala,\n la que para resolver, considera: PRIMERO.- Quedó establecida\n su competencia al tiempo de calificado el recurso para trámite,\n sin que hubiera sufrido alteración posterior. SEGUNDO.-\n El recurso de hecho, permite que la Sala Casacional examine el\n recurso principal que es el de casación, a fin de establecer\n si su negativa por el Tribunal "a quo" tiene o no sustento\n legal. TERCERO.- En el caso, es obvio y elemental conforme el\n derecho positivo, la doctrina y la jurisprudencia, que el recurso\n de casación es de carácter extraordinario, formal,\n completo y restrictivo, lo que en la práctica se traduce\n en que el recurrente, para que proceda su recurso, debe concretar,\n no sólo enunciar, la causal de las puntualizadas en el\n Art. 3 de la Ley de Casación, sino dentro de ellas el\n modo de infracción acusada "in iudicando" o\n " in procedendo", porque no son homólogos, sino\n hasta excluyentes, que no pueden tener vida jurídica simultáneamente.\n Estos presupuestos dan asidero legal al auto expedido del inferior\n y lo que es cardinal que el Juez debe hallarse investido de competencia\n para conocer y decidir un caso. Mas, en el debate procesal suscitado\n se advierte que ciertamente la Contraloría General del\n Estado no dictó resolución definitiva que hubiera\n sido antecedente o fundamento al titulo de crédito, ni\n que estuviese comprendida dentro del ámbito del Art. 331\n de la Ley Orgánica de Administración Financiera\n y Control, sino de un examen especial del órgano contralor\n sobre indemnizaciones por supresión de puestos que bien\n pudo generar una resolución que establezca responsabilidad\n administrativa y presunción de responsabilidad civil,\n lo que podía impugnarse ante el Tribunal de lo Contencioso\n Administrativo en forma directa y que no puede confundirse con\n la acción que motiva el juicio de excepciones. Por las\n razones expuestas, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA\n Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se rechaza el recurso interpuesto.\n Notifíquese, publíquese y devuélvase.

\n\n

Fdo.) Dres. José Julio Benitez Astudillo, Luis Heredia\n Moreno y Marcelo Icaza Ponce, Ministros Jueces y Conjuez Permanente\n de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema\n de Justicia.

\n\n

Razón: La una copia que antecede es igual a su original.\n Quito, a 12 de octubre del 2001.

\n\n

F) Dr. Fausto Murillo Fierro. Secretario encargado de la Sala\n de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.

\n\n

 

\n\n

N0 278-2001

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

\n\n

Quito, a 17 de septiembre del 2001;\n las 09h00.

\n\n

VISTOS (264-2000): La presente causa, iniciada por acción\n del abogado Francisco Augusto Bocca Hernández contra la\n Comisión de Tránsito del Guayas, representada por\n el Presidente del Directorio y el Director Ejecutivo, accede\n a esta Sala, por concedido el recurso de casación al actor\n y el de hecho a la entidad demandada de la sentencia dictada\n por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de\n Guayaquil que en su parte decisoria acepta la demanda y declara\n ilegal el acto administrativo contenido en la acción de\n personal N0 5369 del 10 de junio de 1997 que declaró vacante\n el cargo de Jefe de Adquisiciones de la Comisión de Tránsito\n que ejercía el accionante. Concluida la sustentación\n del recurso al estado de dictarse sentencia, para hacerlo se\n considera: PRIMERO.- Ningún motivo posterior a la calificación\n de los recursos para ser aceptados a trámite ha alterado\n la competencia a esta Sala. SEGUNDO.- El recurso de casación\n del actor se sustente, en esencia, en la causal 1era. del Art.\n 3 de la Ley de Casación; y, concretamente en falta de\n aplicación del Art. 59 de la Ley de Servicio Civil y Carrera\n Administrativa y errónea interpretación del Art.\n 112 de la misma ley; igualmente, en falta de aplicación\n del Art. 23, numeral 3 de la Constitución Política\n de la República; y, finalmente, en falta de aplicación\n del Art. 287 del Código de Procedimiento Civil. Examinada\n la sentencia en función de los vicios que en derecho se\n le atribuye, y que son los que fijan el ámbito de revisión\n que limite la competencia de la Sala Casacional la naturaleza\n de este recurso extraordinario, formal, completo, restricto y\n de rigor legal, se advierte: El Art. 59 de la Ley de Servicio\n Civil y Carrera Administrativa determina los derechos de los\n servidores públicos que son varios y de diferente índole,\n y no todos pueden darse simultáneamente; mas, como el\n recurrente se refiere al contenido en la letra a) y sostiene\n que habiéndosele destituido de su cargo, tiene derecho,\n a más del reintegro inmediato, al pago de las remuneraciones\n no percibidas durante la separación, "... más\n los beneficios relativos a éstos, los aportes al IESS...\n y más atinentes"; pretensión que se liga con\n la de errónea interpretación del Art. 112 de la\n ley citada, carece de sustento legal porque el recurrente confunde\n su condición de servidor público en general con\n el específico de carrera, quien sí goza de ese\n beneficio y su acción se la propone ante la Junta de Reclamaciones,\n en primera instancia y no directamente ante el Tribunal de lo\n Contencioso Administrativo, así establece la ley, la doctrina\n y la jurisprudencia sobre lo contencioso - administrativo; diferencia\n que ha establecido la ley, encargada de desarrollar los principios\n consagrados en la Constitución como el invocado por el\n actor: Art. 23, numeral 3, referente a la igualdad ante la ley,\n lo que no implica discriminación alguna, sino una diferencia\n necesaria del estatus del servidor público, obviamente\n atenta la naturaleza del trabajo que realiza, años de\n servicio, requisitos para ser calificado como de carrera etc.,\n por lo que no ha lugar a esta alegación; como tampoco\n la hay respecto de la pretensa falta de aplicación del\n Art. 287 del Código de Procedimiento Civil, porque esta\n norma punitiva se aplica sólo cuando se ha litigado con\n temeridad o procedido de mala fe y en el acto administrativo\n cuestionado no puede considerarse que hubiese existido tales\n circunstancias, cuestión que corresponde sólo al\n Juez calificar conforme jurisprudencia de la Corte Suprema de\n Justicia. Lo expuesto, permite concluir que el recurso interpuesto\n es improcedente. TERCERO.- Respecto del recurso de hecho interpuesto\n por la entidad demandada aceptado a trámite por haberse\n presentado dentro del respectivo término legal, permite\n a la Sala examinar el recurso principal negado, o sea el de casación,\n el que impute a la sentencia haber violentado el Art. 65, inciso\n 2do de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo;\n así como el numeral 2do del Art. 101 del Código\n de Procedimiento Civil que se refiere a los efectos de la citación,\n recurso que lo sustente en la causal 1era. del Art. 3 de la Ley\n de Casación, que sólo la transcribe, cuando para\n este fin, el recurrente imperativamente estaba obligado a precisar\n en forma clara e inequívoca el modo de infracción,\n esto es si ha habido aplicación indebida, o, falta de\n aplicación, o, errónea interpretación de\n determinada norma, y no de manera simultánea, cosa que\n no puede darse, pues, si hay falta de aplicación, no puede,\n a la vez, existir aplicación indebida o errónea\n interpretación. Sin embargo, como se aduce, aunque sin\n sistema orgánico en el recurso que existe violación\n del Art. 65 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso\n Administrativa, para evitar confusiones futuras de los justiciables,\n hay que reiterar el criterio jurídico vinculante de que\n no es exactamente igual caducidad del derecho a ejercer la acción,\n que prescripción o extinción del derecho sustancial,\n cuya naturaleza es diferente, pues, mientras aquella es de carácter\n objetivo y opera automáticamente e ipso jure, ésta\n opera por alegación de parte y es subjetiva, numerosos\n tratadistas como Nicolás Coviello, Hernando Devis Echandia,\n entre otros, así lo interpretan y los órganos jurisdiccionales\n lo vienen aplicando; entonces como, la norma específica\n del Art. 65 de la ley de esta jurisdicción refiérese\n a caducidad y no puede ser sustituida o suplantada por otra del\n ámbito procesal civil que es supletoria, debe aplicarse\n para el caso. Ahora bien, si el acto administrativo impugnado\n se expide el 10 de junio de 1997 y la demanda se presenta el\n 28 de julio del mismo año, la caducidad de la acción\n no se generó; consiguientemente, carece de asidero legal\n el subyacente recurso de casación de la Comisión\n de Tránsito del Guayas. Por las razones expuestas, ADMINISTRANDO\n JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,\n se rechazan los recursos interpuestos. Notifíquese, publíquese\n y devuélvase.

\n\n

Fdo.) Dres. José Julio Benítez Astudillo, Luis\n Heredia Moreno y Marcelo Icaza Ponce, Ministros Jueces y Conjuez\n Permanente de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la\n Corte Suprema de Justicia.

\n\n

Razón: Las dos copias que anteceden son iguales a su\n original.

\n\n

Quito, a 12 de octubre del 2001.

\n\n

f.) Dr. Fausto Murillo Fierro, Secretario encargado de la\n Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de
\n Justicia.

\n\n

 

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N0 282-2001

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

\n\n

Quito, a 20 de septiembre del 2001;\n las 09h00.

\n\n

VISTOS (356-2000): María Teresa Roldán Zamora,\n a quien el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo\n de Cuenca, negó el recurso de casación del auto\n inhibitorio expedido dentro del juicio de excepciones opuesto\n al título de crédito N0 03-01243 del 12 de diciembre\n de 1995, en base del oficio N0 0698 DGT-95 del 21 de septiembre\n del mismo año del Director General Financiero del Ministerio\n de Finanzas, Examen Especial Indemnizaciones por Supresión\n de Puestos emitido por la Contraloría General del Estado,\n interpone recurso de hecho, el que por haberse presentado dentro\n de término, ha sido concedido, accediendo de este modo\n el proceso a esta Sala Casacional, la misma que para resolver,\n considera: PRIMERO.- Quedó establecida su competencia\n al tiempo de calificado el recurso para trámite, sin que\n hubiera sufrido alteración posterior. SEGUNDO.- El recurso\n de hecho, permite que la Sala Casacional examine el recurso principal\n que es el de casación, a fin de establecer si su negativa\n por el Tribunal "a quo" tiene o no sustento legal.\n TERCERO.- En el caso, es obvio y elemental conforme el derecho\n positivo, la doctrina y la jurisprudencia, que el recurso de\n casación es de carácter extraordinario, formal,\n completo y restrictivo, lo que en la práctica se traduce\n en que el recurrente, para que proceda su recurso, debe concretar,\n no sólo enunciar, la causal de las puntualizadas en el\n Art. 3 de la Ley de Casación, sino dentro de ellas el\n modo de infracción acusada "in iudicando"o"\n in procedendo", porque no son homólogos, sino hasta\n excluyentes que no pueden tener vida jurídica simultáneamente.\n Estos presupuestos dan asidero legal al auto expedido del inferior\n y lo que es cardinal que el Juez debe hallarse investido de competencia\n para conocer y decidir un caso. Mas, en el debate procesal suscitado\n se advierte que ciertamente la Contraloría General del\n Estado no dictó resolución definitiva que hubiera\n sido antecedente o fundamento al título de crédito,\n ni que estuviese comprendida dentro del ámbito del Art.\n 331 de la Ley Orgánica de Administración Financiera\n y Control, sino de un examen especial del órgano contralor\n sobre indemnizaciones por supresión de puestos que bien\n pudo generar una resolución que establezca responsabilidad\n administrativa y presunción de responsabilidad civil,\n lo que podía impugnarse ante el Tribunal de lo Contencioso\n Administrativo en forma directa y que no puede confundirse con\n la acción que motiva el juicio de excepciones. Por las\n razones expuestas, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA\n Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se rechaza el recurso interpuesto.\n Notifíquese, publíquese y devuélvase.

\n\n

Fdo.) Dres. José Julio Benítez Astudillo, Luis\n Heredia Moreno y Marcelo Icaza Ponce, Ministros Jueces y Conjuez\n Permanente de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la\n Corte Suprema de Justicia.

\n\n

Razón: La una copia que antecede es igual a su original.

\n\n

Quito, a 12 de octubre del 2001.

\n\n

f.) Dr. Fausto Murillo Fierro, Secretario encargado de la\n Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de\n Justicia.

\n\n

 

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N°\n 283-2001

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

\n\n

Quito, a 20 de septiembre del 2001;\n las 09h15.

\n\n

VISTOS (457-2000): Miguel Chiriboga Torres, como Apoderado\n General de Proinco Sociedad Financiera S.A., mediante recurso\n de casación impugna la sentencia, de mayoría, expedida\n por la Segunda Sala del Tribunal Distrital N0 1 de lo Contencioso\n Administrativo, en el juicio incoado por su acción contra\n el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y cuya pretensión\n única es que se declare la nulidad de la resolución\n dictada por la Comisión Nacional de Apelaciones N0 980895,\n confirmatoria del acuerdo de la Comisión de Prestaciones\n del IESS N0 05400-1888, "por haber sido dictado fuera del\n término legal y por lo tanto haberse producido el silencio\n administrativo previsto en el artículo 28 de la Ley de\n Modernización del Estado"; sentencia que en su parte\n resolutiva, con fundamento en los considerandos que constan de\n la misma y que en esencia se concreten al impropio e injurídico\n escogitamiento del tipo de recurso, calificado como de nulidad\n u objetivo, declaró inadmisible la demanda. Concedido\n el recurso accede a esta Sala, y calificado lo admitió\n a trámite, el que por concluido al estado de dictar sentencia,\n para el objeto, se considera PRIMERO.- Ninguna causa superveniente\n ha alterado la competencia de la Sala para su conocimiento y\n decisión, al tenor de lo establecido en el Art. 200 de\n la Constitución Política de la República\n y la Ley de Casación que regula su ejercicio. SEGUNDO.-\n El Art. 19, inciso 2do. de la ley de la materia, preceptúa:\n "la triple reiteración de un fallo de casación\n constituye precedente jurisprudencial obligatorio y vinculante\n para la interpretación y aplicación de las leyes,\n excepto para la propia Corte Suprema de Justicia". Es así\n como este Sala, respecto de la calificación de la especie\n del recurso de lo contencioso administrativo, ha dejado establecido,\n en reiterados fallos, que la errónea calificación\n de la clase de recurso de lo contencioso administrativo, determinado\n por el actor en su demanda, no obliga al juzgador, puesto que\n es a él a quien compete hacerlo con propiedad jurídica.\n TERCERO.- No obstante lo expresado en el considerando precedente,\n se impone clarificar la naturaleza y alcance de los recursos\n contencioso administrativos para preservar confusiones e imprecisiones\n de los defensores. En efecto, el objetivo o popular de anulación,\n como lo califican algunos doctrinantes, se desenvuelve en torno\n a dos extremos únicamente: La norma transgredida y el\n acto transgresor, sin que las posibles situaciones jurídicas\n particulares que se interpongan tengan papel alguno en la litis;\n mientras en el contencioso de plena jurisdicción o subjetivo\n es del restablecimiento del derecho del afectado de la responsabilidad\n estatal, en el que intervienen tres elementos: La norma violada,\n el derecho subjetivo protegido por ella y el acto violador de\n aquella. Para mayor ilustración y entendimiento de esta\n clasificación bipartita de los recursos, es axiomático\n que los actos creadores de situaciones generales, impersonales\n y objetivas deben demandarse a través del ejercicio de\n la acción de nulidad, que es pública, por considerarse\n que hay interés de la comunidad en el mantenimiento del\n orden jurídico general, de la norma objetiva superior\n atentada por otra de carácter inferior, por ejemplo un\n reglamento, ordenanza, etc., cuando viola la ley. En tanto que\n los actos o resoluciones administrativas que establecen situaciones\n individuales y concretas, deben impugnarse mediante el recurso\n subjetivo o de plena jurisdicción otorgado a la persona\n agraviada para obtener la reparación del daño concreto\n irrogado en su derecho subjetivo. CUARTO.- Ahora bien, el contexto\n del escrito contentivo del recurso de casación interpuesto\n por el actor, en esencia se contrae a dos motivos: 1.- Que el\n IESS si se halla sujeto al precepto contenido en el Art. 28 de\n la Ley de Modernización del Estado; y, 2.- Que, no obstante\n el IESS dejó de aplicarlo cuando a juicio del recurrente\n ya se había operado el silencio administrativo positivo,\n al no haber pronunciamiento alguno a su reclamo reiterado. Sobre\n lo primero, no hay duda de que también es aplicable al\n citado instituto la norma contenida en el Art. 28 de la Ley de\n Modernización, mas si esto es la verdad, también\n lo es que el silencio administrativo no puede ni debe entenderse\n o interpretarse en sentido absoluto. Para que obre el silencio\n administrativo, conforme la doctrina y el criterio vinculante\n adoptado por este Sala, es elemento "sine qua non"\n que la autoridad administrativa tenga competencia para conocer\n y resolver el asunto planteado; pues, de no haberla en el funcionario\n requerido, se viciaría de nulidad su pronunciamiento,\n y la conclusión lógica y jurídica es de\n que no surtiría su efecto jurídico. QUINTO.- En\n el caso, conforme el propio actor y recurrente afirma a fs. 103:\n "El 26 de marzo de 1997 PROINCO presenta su reclamo e impugnación\n de las glosas emitidas por el IESS; hasta el 11 de julio de ese\n año, esto es, casi a los, 90 días, ante la falta\n de despacho,..", mediante comunicaciones al Director General,\n al Director del Departamento de Calificación Patronal,\n a la División Nacional de Fiscalización y al Jefe\n Zonal N0 4, PROINCO, amparado en el Art. 28 de la Ley de Modernización\n "y acogiéndose al silencio administrativo, daba por\n entendido que la reclamación había sido resuelta\n a su favor". Que: "El 14 de agosto de 1997, esto es,\n 150 días después de presentado el reclamo, la Comisión\n Nacional de Prestaciones del IESS, sin tomar en cuenta la petición\n de que se declare el silencio administrativo, dicte el acuerdo\n ratificándose en las glosas". Que interpuso recurso\n de apelación para ante la Comisión Nacional de\n Apelaciones el 2 de septiembre de 1997 y éste dicte su\n resolución el 24 de junio de 1998, a más de los\n 11 meses de la impugnación, sin pronunciarse sobre el\n silencio administrativo reiteradamente solicitado. SEXTO.- Si\n bien el recurrente hubo formulado peticiones tendentes a que\n se revisen las glosas establecidas en su contra, éstas\n estaban sujetas al pronunciamiento exclusivo de la Comisión\n de Prestaciones en primera instancia administrativa privativa,\n aunque no jurisdiccional; y' en segunda a la Comisión\n Nacional de Apelaciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad\n Social, y por apelación en sede administrativa; recurso\n del que ha hecho uso el propio actor. Consiguientemente, si las\n peticiones formuladas por el actor en el ámbito administrativo,\n no jurisdiccional, las formuló a organismos foráneos\n a su competencia, el silencio de éstos no generó\n el efecto previsto en el Art. 28 de la Ley de Modernización\n del Estado, en estricta aplicación de los presupuestos\n establecidos en los supuestos antedichos. Y, como la única\n pretensión de la demanda y, concordantemente, del recurso\n es la de que se reconozca, el pretenso silencio administrativo\n el que no tuvo aplicación, carecen de asidero legal, tanto\n la acción como el recurso. Por tanto, ADMINISTRANDO JUSTICIA\n EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se casa\n la sentencia y se rechaza la demanda, no por las razones aducidas\n por la Sala "a quo", sino por las constantes en el\n presente fallo. Notifíquese, publíquese y devuélvase.

\n\n

Fdo.) Dres. José Julio Benitez Astudillo, Luis Heredia\n Moreno y Marcelo Icaza Ponce, Ministros Jueces y Conjuez Permanente\n de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema\n de Justicia.

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Razón: Las dos copias que anteceden son iguales a su\n original.

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Quito, a 12 de octubre del 2001.

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f) Dr. Fausto Murillo Fierro, Secretario encargado de la Sala\n de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.

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N°\n 284-2001

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

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Quito, a 20 de septiembre del 2001;\n las 10h00.

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VISTOS (141-2000): Segundo Rodrigo Hernández y Delfina\n llbay, interponen recurso de casación contra la sentencia\n expedida por la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso\n Administrativo de Quito, la que en su parte decisoria rechaza\n la demanda presentada por el Presidente y Secretario del Directorio\n de Aguas del Canal de Riego Silveria Cunduana, contra el Presidente\n y miembros del Consejo Consultivo de Aguas, el Jefe de la Agencia\n de Aguas de Riobamba y el Procurador General del Estado, con\n la pretensión de que se declare ilegal la resolución\n emitida por el Consejo Consultivo de Aguas del 6 de febrero de\n 1997; y, además, al demandar el Jefe de la Agencia de\n Aguas de Riobamba del Consejo Nacional de Recursos Hidricos,\n igualmente por su infundada e ilegal resolución del 20\n de septiembre de 1996 (SIC) "a fin de que se declaren nulas\n y sin ningún valor". Concluida la sustanciación\n del recurso y hallándose al estado de pronunciar sentencia,\n para hacerlo, se considera: PRIMERO.- Quedó establecida\n la competencia de la Sala al tiempo en que calificado el recurso\n fue admitido a trámite, sin que ninguna razón superviniente\n la hubiera alterado. SEGUNDO.- La sentencia impugnada, con el\n análisis respectivo rechaza las excepciones de negativa\n de los fundamentos de la demanda; la de improcedencia de la misma\n y la de "prescripción de la acción".\n Luego, cita los Arts. 2, 3 y 7 de la Ley de Aguas, publicada\n en el Registro Oficial N0 69 de 30 de mayo de 1972; reproduciendo\n sus preceptos, así como la letra d) del Art. 8 de la misma\n y hace la aplicación correspondiente al caso controvertido,\n recapitulando los hechos sobre la petición para el uso\n de las aguas tomadas de la fuente de Poggio Pamba, parroquia\n San Andrés, cantón Guano, con la determinación\n del caudal; el informe pericial del Ing. Vinicio Basantes y su\n contenido en los puntos reproducidos, que involucra antecedentes\n y cuestiones técnicas, recomendando que se niegue la concesión\n de aprovechamiento del agua al peticionario Ambrosio Pacheco;\n y la conclusión del último párrafo del mencionado\n informe el que lo transcribe, y que se contrae a confirmar que\n las 5.5 horas de uso del agua están reservadas por la\n agencia de Aguas de Riobamba, sin que se haya hasta la fecha\n adjudicado a ninguna persona de la comuna, en virtud de que la\n presunta beneficiaria comuna Corona Real, no las ha solicitado.\n Posteriormente el fallo se refiere a la resolución del\n 23 de agosto de 1978 que adjudica al Director de la Comunidad\n de Cunduana con la reserva de las 5.5 horas semanales que deben\n corresponder a la Comuna Corona Real, cuando presenten su solicitud:\n reserva que también consta en la resolución de\n renovación de la concesión, dictada el 18 de mayo\n de 1990 por la Agencia de Aguas de Riobamba. De estos antecedentes\n concluye la Sala "a quo" que jamás hubo concesión\n a favor de los actores del uso del citado caudal de aguas 5.5\n horas y de las que han hecho uso, sin que se les haya autorizado,\n lo que contraria disposiciones legales vigentes. TERCERO.- El\n recurso de casación dice que "las normas de derecho\n que se han infringido" son como a continuación relata\n el apartado 2) del recurso, el que visto contiene una reproducción\n del considerando sexto del fallo, que se refiere a los Arts.\n 2, 3; '7 y letra d) del Art. 8; tomando, los recurrentes, todo\n aquello como antecedentes y fundamentos. A continuación\n se refiere al informe del Ing. Jorge Bravo del 12 de diciembre\n de 1995, diciendo que las pruebas no han sido apreciadas. Así\n concretan el recurso expresando: "Todas estas interpretaciones\n erróneas e indebidas de los preceptos jurídicos\n analizados han influido en la decisión injusta e ilegal\n de la presente causa" y se funda en la causal 3, "numeral\n 3"; y, en definitiva, afirman los recurrentes que existe\n "errónea interpretación de los artículos\n de la Ley de Aguas". CUARTO.- Conforme establece la Ley\n de Casación, la doctrina y la jurisprudencia concordantes,\n el recurso de casación es de carácter extraordinario,\n formal, completo y restrictivo. Así pues, su naturaleza\n impone al juzgador examinar sólo los vicios que se impute\n a la sentencia "in iudicando" o "in procedendo",\n sin que le sea otorgada la facultad de revisar todo el proceso\n para su pronunciamiento como ocurría en el fenecido recurso\n de tercera instancia. Le está vedado, igualmente, suplir\n omisiones, enmendar errores o deficiencias del recurrente. Supuestos\n estos principios insoslayables e inconcusos, en el caso, lo que\n en esencia el recurso afirma es haberse infringido los Arts.\n 2, 3, 7 y 8, letra d) de la Ley de Aguas por errónea interpretación.\n Mas, tales normas concretan principios rectores de aquella ley,\n tales como que las aguas de ríos que son bienes nacionales\n de uso público, están fuera del comercio y su dominio\n es inalienable e imprescriptible y no son susceptibles de posesión\n o cualquier otro modo de apropiación; que su aprovechamiento\n estará condicionado a las disponibilidades del recurso\n hídrico y a las necesidades reales del objeto de su destino\n y que aquellos que hubieran adquirido su aprovechamiento, no\n podrán oponerse a que otros utilicen las aguas del mismo\n curso. Y, lo que el fallo hace es apreciar los hechos dentro\n del ámbito de la prueba, el informe pericial concordante\n con su criterio, actuados conforme a derecho, y aprecian la prueba\n en conjunto, conforme la facultad que el Art. 219 del Código\n de Procedimiento Civil otorga al Juez, sin que esté legalmente\n obligado a expresar la valoración de todas las pruebas\n producidas, sino las que formaron su convicción y sirvieron\n para pronunciar su decisión. Consiguientemente, no ha\n lugar a los fundamentos aducidos para impugnar el fallo y que\n son los que compete al Tribunal de Casación revisados.\n Por lo expuesto. ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA\n Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se rechaza el recurso interpuesto\n por improcedente; quedando, claro está, a salvo el derecho\n que les pudiese asistir a los recurrentes para alcanzar sus pretensiones\n dentro de la vía legal conducente y en su oportunidad,\n naturaleza y alcance de la ley que rige la materia. Sin costas.\n Notifíquese, publíquese y devuélvase.

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Fdo.) Dres. José Julio Benítez Astudillo, Luis\n Heredia Moreno, Marcelo Icaza Ponce, Ministros Jueces y Conjuez\n Permanente de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la\n Corte Suprema de Justicia.

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Razón: Las dos copias que anteceden son iguales a su\n original.

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Quito, a 12 de octubre del 2001.

\n\n

f) Dr. Fausto Murillo Fierro, Secretario encargado de la Sala\n de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.

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No. 286-2001

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

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Quito, a 20 de septiembre del 2001;\n las 11h30.

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VISTOS: (04/2001): El Dr. Roberto Hanze Salem, en su calidad\n de Ministro de Educación, Cultura, Deportes y Recreación,\n deduce recurso de casación contra la sentencia dictada\n el 7 de noviembre del 2000 por el Tribunal Distrital de lo Contencioso\n Administrativo. El recurso interpuesto se funda en la causal\n primera del artículo 3 de la Ley de Casación y\n aduce que en la decisión recurrida existe falta de aplicación\n del artículo 33, incisos 1 y 2 de la Ley de Carrera Docente\n y Escalafón del Magisterio, falta de aplicación\n de los artículos 111, numeral 5 del Reglamento a la Ley\n de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio y 20, numeral\n 3 del Reglamento de las Comisiones Regionales de Defensa Profesional;\n y, aplicación indebida del articulo 59, literal a) de\n la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.\n Establecida la competencia de este Sala para conocer y resolver\n el presente recurso y habiéndose agotado el trámite\n previsto en la ley, se considera: PRIMERO.- A la presente causa\n se le ha dado el trámite legal inherente a su naturaleza\n sin que se observe omisión alguna de solemnidad sustancial\n que afecte su validez. SEGUNDO.- El recurso de casación,\n según la ley, se contrae a resolver posibles errores en\n derecho que puedan existir en la decisión impugnada; de\n no ocurrir este presupuesto elemental, el Tribunal de Casación\n no puede conocer el fondo del asunto y, en consecuencia, le corresponde\n desechar la pretensión. TERCERO.- La actora Elicenia Rosales\n de Vásquez mediante recurso de anulación u objetivo\n solicita que se declare la nulidad del acto administrativo suscrito\n por el Subsecretario de Educación, mediante el cual se\n confirma la resolución de la Comisión de Defensa\n Profesional de Imbabura por la que se le remueve del cargo de\n Rectora de la Unidad Educativa del Colegio "Ciudad de Ibarra".\n CUARTO.- Es criterio reiterativo de este Sala que durante un\n proceso que se encamina a impugnar un acto administrativo de\n destitución, como en el presente caso, debe probarse la\n existencia de los hechos que configuren las causas jurídicas\n de la acción legal de la administración. QUINTO.-\n En la sentencia recurrida se observa que el Tribunal inferior\n realiza un debido análisis de las circunstancias que sirvieron\n de base legal para declarar la nulidad del acto administrativo,\n lo cual no puede ser objeto de contraposición de la Sala\n Casacional. En tanto que del análisis efectuado en la\n resolución impugnada, se aprecia que la Segunda Sala del\n Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Quito no ha violentado\n los preceptos legales en los que se funda el recurso de casación\n interpuesto por la institución vencida. Por estas consideraciones\n y por cuanto el recurso de casación intentado por el Ministerio\n de Educación, Cultura, Deportes y Recreación carece\n de fundamento legal, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA\n Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se desecha el recurso de casación\n interpuesto. Notifíquese.

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Fdo.) Dres. José Julio Benítez Astudillo, Luis\n Heredia Moreno y Marcelo Icaza Ponce, Ministros Jueces y Conjuez\n Permanente, respectivamente de la Corte Suprema de Justicia.

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Razón: La una copia que antecede es igual a su original.

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Quito, a 12 de octubre del 2001.

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f) Dr. Fausto Murillo Fierro, Secretario encargado de la Sala\n dé lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de\n Justicia.

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PROCESO 89-AI-2000

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Acción de incumplimiento interpuesta\n por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra\n la República del Perú, alegando incumplimiento\n de los artículos 4 del Tratado de Creación del\n Tribunal y 16 de la Decisión 344 de la Comisión;\n así como de la Resolución 406 de la Secretaria\n General

\n\n

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en la acción\n de incumplimiento interpuesta por la Secretaría General\n contra la República del Perú, a los veintiocho\n días del mes de septiembre del año dos mil uno.

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VISTOS:

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El escrito SG-C/2. 1/1556/2000 del 12 de octubre del 2000,\n mediante el cual la Secretaría General de la Comunidad\n Andina interpone acción de incumplimiento contra la República\n del Perú, por "haber concedido una patente de segundo\n uso al producto "PIRAZOLOPIRIMIDINONAS PARA EL TRATAMIENTO\n DE LA IMPOTENCIA", cuando la normativa comunitaria, de manera\n expresa, prohíbe el patentamiento de segundos usos o usos\n distintos".

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El escrito de contestación de demanda presentado por\n el Ministro de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones\n Comerciales Internacionales en representación de la República\n del Perú, actuando a través de apoderado.

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El auto de veintiuno de febrero del dos mil uno que reconoce\n personería como coadyuvantes del País Miembro demandado\n a PFIZER RESEARCH & DEVELOPMENT CO. N. V/SA. y a la ASOCIACIÓN\n NACIONAL DE LABORATORIOS FARMACÉUTICOS (ALAFARPE) y como\n coadyuvante de la Secretaría General a la ASOCIACIÓN\n DE INDUSTRIAS FARMACEUTlCAS DE ORIGEN Y CAPITAL NACIONALES (ADIFAN)

\n\n

El auto de veintitrés de mayo del dos mil uno que reconoce\n personería como coadyuvante de la Secretaría General\n a la ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS COLOMBIANAS\n (ASINFAR) y el auto de 18 de julio del año 2001, que acepte\n la coadyuvancia de la ASOCIACIÓN DE LABORATORIOS FARMACÉUTICOS\n DE INVESTIGACIÓN, AFIDRO; en apoyo del País Miembro\n demandado.

\n\n

Los memoriales y las pruebas aportadas por las partes y los\n coadyuvantes de cada una de ellas, el acta correspondiente a\n la audiencia pública celebrada el 17 de mayo del 2001,\n los escritos de conclusiones, y demás documentos que cursan\n en el expediente.

\n\n

Tomando en consideración:

\n\n

I. ANTECEDENTES

\n\n

1.1. La demanda

\n\n

Presente la demanda la Secretaria General de la Comunidad\n Andina contra la República del Perú por la actuación\n de la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del\n Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección\n de la Propiedad Industrial -INDECOPI- al haber concedido una\n patente de segundo uso al producto PIRAZOLOPIRIMIDINONAS PARA\n EL TRATAMIENTO DE LA IMPOTENCIA", generando el incumplimiento\n de normas que forman parte del ordenamiento jurídico andino,\n en particular del articulo 4 del Tratado de Creación del\n Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, del articulo 16\n de la Decisión 344 y de la Resolución 406 de la\n Secretaría General.

\n\n

El libelo introductorio de la demanda, junto con sus anexos,\n aparece visible del folio 0001 al 0599 del expediente y de él,\n se extracta lo siguiente:

\n\n

1.1.1. Fundamentos de hecho.

\n\n

En la demanda, la Secretaria General hace una descripción\n de los hechos que le sirven de fundamento, entre los cuales el\n Tribunal destaca:

\n\n

Con fecha 3 de noviembre de 1999, la Secretaria General recibió\n un escrito de ADIFAN en el que se informó que el INDECOPI\n había otorgado una patente de invención al producto\n antes mencionado, a favor de PFIZER, vulnerando lo previsto en\n el artículo 16 de la Decisión 344, puesto que el\n producto en cuestión ya había sido patentado previamente.

\n\n

Con fecha 17 de diciembre de 1999, la Secretaría General\n remitió al Ministerio de Industria, Turismo, Integración\n y Negociaciones Comerciales Internacionales del Perú (en\n adelante MITINCI) la Nota de Observaciones SG-F/2. 1/02978-1999,\n en la cual se manifiesta que el Gobierno del Perú al haber\n otorgado patente de segundo uso mediante la Resolución\n 000050 del 29 de enero de 1999 del INDECOPI, estaría incurriendo\n en un incumplimiento de las obligaciones emanadas de las normas\n que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad\n Andina, en particular del artículo 4 del Tratado de Creación\n del Tribunal de la Decisión 344 y de la Resolución\n 079 de la Secretaria General, dando un plazo de 20 días\n calendario para su respuesta.

\n\n

Con fecha 21 de enero, previa solicitud de prórroga\n de 10 de enero del 2000, el Gobierno del Perú remitió\n el oficio 006-2000-MITINCI/VMINCI, al cual adjunta parte del\n Informe Técnico 001 -2000/OIN, elaborado por el INDECOPI\n a propósito del presente caso, dando respuesta a la Nota\n de Observaciones SG-F/2. 1/02978-1999.

\n\n

Con fecha 11 de febrero del 2000 la Secretaría General\n emitió la Resolución 358 que contiene el Dictamen\n 09-2000 de Incumplimiento por parte del Gobierno del Perú\n en la aplicación de la Decisión 344, Régimen\n Común sobre Propiedad Industrial. Dicha Resolución\n fue publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N0\n 535 del 15 de febrero del 2000.

\n\n

PFIZER, el MITINCI y ALAFARPE, mediante sendos memoriales\n solicitaron la reconsideración de la Resolución\n 358 de la Secretaría General, los cuales fueron resueltos\n por éste el 22 de junio del 2000 con la Resolución\n 406, en la que dictaminó el incumplimiento por parte del\n señalado Gobierno de lo dispuesto en el articulo 16 de\n la Decisión 344 y otras normas del ordenamiento jurídico\n comunitario. Dicha Resolución fue publicada en la Gaceta\n Oficial del Acuerdo de Cartagena N0 576 del 23 de junio del 2000.

\n\n

Entre los fundamentos del dictamen se destaca que el 26 de\n mayo de 1994 la empresa PFIZER RESEARCH AND DEVELOPMENT COMPANY\n Ny/SA. de Irlanda
\n (PFIZER), solicitó al INDECOPI, el titulo de patente para\n "PIRAZOLOPIRIMIDINONAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA IMPOTENCIA",\n en la cual se reivindica la solicitud extranjera No. 931 1920.4\n del 9 de junio de 1993 del Reino Unido.

\n\n

Que con fecha 5 de junio de 1997 el Gobierno del Perú\n promulgó el Decreto Supremo No. 01 0-97-ITINCI, que "aclara"\n e "interprete" varios artículos de la Decisión\n 344.

\n\n

Que el 21 de julio de 1997 el apoderado de PFIZER presentó\n una observación al INDECOPI contra el informe técnico\n 61-96 la cual dio lugar a que el 6 de julio de 1998, el INDECOPI\n emitiera el cuarto informe técnico, dentro del cual se\n hace un nuevo examen de fondo, manifestando que "en concordancia\n con los alcances del articulo 4 del Decreto Supremo 010-97 ITINCI\n (...) se procede a la nueva evaluación de las reivindicaciones\n presentadas". Con base en este informe, el INDECOPI emite\n la Resolución No. 000050-1 999/OIN-INDECOPI, por la cual\n se resuelve otorgar la patente de invención para "PIRAZOLOPIRIMIDINONAS\n PARA EL TRATAMIENTO DE LA IMPOTENCIA", a favor de PFIZER\n por un lapso de 20 años contados desde el 26 de mayo de\n 1994.

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1.1.2. Consideraciones jurídicas de la demanda.

\n\n

Afirma la demandante que el INDECOPI con fechas: 10 de abril\n de 1995, 20 de octubre de 1995 y 23 de septiembre de 1996 emite\n tres informes técnicos donde constan los respectivos exámenes\n de fondo y en el último de ellos se indica que: "en\n la solicitud se manifiesta en las páginas 4 y 5, que los\n compuestos son ya conocidos y que inesperadamente se ha encontrado\n una segunda aplicación para los compuestos objetos de\n la invención".

\n\n

Así mismo, dice la Secretaria, que el INDECOPI menciona\n en ese tercer informe que les ha llegado una serie de documentos\n que "describen los productos objeto de la invención\n (...) por lo tanto (...) la solicitud se encuentra afectada por\n el artículo 43 del Decreto Legislativo No. 823 -Ley de\n Propiedad Industrial que dice: "Lo

 

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