Registro Oficial. NOVIEMBRE19 de NOVIEMBRE del 2001

Lunes, 19 de noviembre de 2001

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

\n \n \n \n
   MES DE NOVIEMBRE DEL 2001
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 REGISTRO OFICIAL
ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR
Administración del Sr. Dr. Gustavo Noboa Bejarano
Presidente Constitucional de la República
\n

Lunes 19 de Noviembre del 2001

\n

REGISTRO OFICIAL No. 456

\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n

DR. JOSE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR

\n\n

FUNCION\n EJECUTIVA

\n\n

DECRETOS:
\n  
\n 2059  
  Autorízase  al Ministro\n de  Obras Públicas y Comunicaciones,  suscriba\n el  contrato con la compañía FOPECA SA, para \n realizar la rehabilitación de  los sectores críticos\n de  la carretera Loja-Zamora.

\n\n

2059-B\n Autorízase \n al Ministro de Obras Públicas y  Comunicaciones,\n celebre un contrato con  la Escuela Politécnica Nacional,\n para realizar la construcción del puente sobre el río\n Mira, ubicado en el  enlace de la carretera Ibarra-San-Lorenzo-estación\n Carchi de 120  m de luz ubicado en las provincias de Carchi\n e  Imbabura.
\n  
\n
RESOLUCIONES:
\n CONSEJO NACIONAL DE REMUNERACIONES DEL SECTOR PUBLICO:
\n
 
\n 092 Apruébase \n a partir del 1 de septiembre del 2001, para los servidores del\n Consejo  Nacional de Zonas Francas, CONAZOFRA, sujetos \n a la Ley de Servicio Civil y Carrera  Administrativa, la\n escala de  sueldos básicos, gastos de represen tación\n y bonificación por responsabilidad.

\n\n

094\n Apruébase\n a partir del 1 de septiembre del 2001, para los servidores del\n Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca,\n sujetos  a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, \n la escala de  sueldos básicos,  gastos de representación\n y  bonificación por  responsabilidad.

\n\n

098 Modificase la Resolución No 077\n del CONAREM, publicada en el Registro Oficial No 346 de 13 de\n julio del 2001.

\n\n

099 Encárgase a la Oficina\n de Servicio Civil y Desarrollo Institucional - OSCIDI, efectuar\n las auditorías administrativas conforme lo determina el\n articulo 69, letra j) del Reglamento General de la Ley de Servicio\n Civil y Carrera Administrativa.
\n  
\n CONSEJO\n NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES:
\n
 
\n
416-17-CONATEL-2001\n Apruébanse\n las políticas  que deberán ser observadas\n en el "Proceso de subasta pública para el otorgamiento\n en concesión del servicio final de telefonía fija\n local y el servicio de telefonía pública a través\n de su propia infraestructura y servicios portadores".
\n  
\n
TRIBUNAL\n SUPREMO ELECTORAL:
\n
 
\n -Díctase el instructivo para regular\n el  cumplimiento del Art 51 de  la Ley  Orgánica\n del Gasto y  de la Propaganda Electoral.
\n  
\n
FUNCION\n JUDICIAL

\n\n

CORTE\n SUPREMA DE JUSTICIA TERCERA SALA DE LO
\n LABORAL Y SOCIAL:
\n
 
\n Recursos de  casación en los  juicios laborales\n seguidos por las  siguientes personas:
\n  
\n 164-2000 Elvia Josefina Polo\n en contra de TAME.
\n 305-2000 Luis Vizhhay Asmal\n en contra de la empresa Serrano Hat Sport Cía. Ltda.
\n
50-2001 Carmen Balquiria Bazurto Flores en contra\n de ENPROVIT.
\n 117-2001 Lidia Esther Carranza\n Jiménez en contra de la compañía Mercaderías\n Nacionales MENSMER C.A.
\n 139-2001 Diego Juan Antonio\n Oquendo Silva en contra de CRATEL CA (Teleamazonas).
\n  
\n TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
\n RESOLUCIONES:
\n
 
\n 225-2001-TP Deséchase\n el pedido presentado por el licenciado Pedro Zapata, Prefecto\n Provincial de Galápagos; debiendo estarse a lo resuelto\n por el Tribunal  Constitucional, en sesión de 12\n de enero de 1998.

\n\n

226-2001-TP Recházase la demanda de inconstitutucionalidad\n planteada por Ricardo Antonio Onofre González y otros.

\n\n

227-2001-TP Confirmase la resolución del Juez\n de instancia y concédese el amparo solicitado por el señor\n Pedro Holger Menéndez Falcónez, suspendiendo el\n acto administrativo con que se destituye al accionante.

\n\n

229-2001-TP Revócase la resolución\n del Juez de instancia y concédese el amparo  solicitado\n por la señora Marcia Patricia Bustamante Blum.

\n\n

230-2001-TP Deséchase la demanda\n de inconstitucionalidad planteada por el abogado Ernesto Miguel\n Fuentes Tapia.

\n\n

231-2001-TP Deséchase  la\n demanda de  inconstitucionalidad  planteada por \n Ia señora María Eugenia  Lima Ganón\n en representación del Movimiento Popular Democrático.

\n\n

232-2001-\n TP Comunícase\n al Congreso Nacional,
\n que el Protocolo Modificatorio del Acuerdo de Integración\n Andino, d "Protocolo de Sucre" , suscrito por nuestro \n país el 25 de junio de 1997, guarda plena armonia\n con los preceptos constitucionales que rigen la vida del Estado\n Ecuatoriano.
\n  
\n
ORDENANZAS\n MUNICIPALES:
\n
 
\n -Cantón Palanda: Que\n reglamenta el cobro de la tasa por el servicio de alcantarillado.

\n\n

-Cantón\n Pasaje: De\n creación y funcionamiento de la Empresa Cantonal de Agua\n Potable y Alcantarillado (ECAPAP).

\n\n

-Cantón\n Pasaje:\n Que reglamenta\n la prestación y cobro de la tasa por servicio de agua\n potable.

\n\n

-Cantón\n Naranjal:\n Que fija las tasas por servicios técnicos y administrativos.

\n\n

-Cantón\n Paute:\n Que reglamenta\n el mercado o introducción y faenamiento de ganado en el\n camal municipal, su transporte y comercialización de productos\n cárnicos y sus derivados.\n

\n \n
\n

 

\n\n

No.\n 2059

\n\n

Dr. Gustavo Noboa\n Bejarano
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que el Estado Ecuatoriano a través\n del Ministerio de Obras Públicas, encargado de la construcción\n vial en el país se halla empeñado en rehabilitar,\n mejorar y mantener en óptimas condiciones la red vial\n a su cargo, especialmente aquella afectada por fenómenos\n naturales, con efectos y consecuencias negativas para la integración\n vial, que indudablemente constituye el eje básico para\n fomentar el desarrollo de la economía del Ecuador,

\n\n

Que el Ministerio de Obras Públicas\n por el carácter impostergable que reviste la atención\n de las obras viales, a base del procedimiento de excepción\n previsto en el Art. 6, letra a) de la Codificación de\n la Ley de Contratación Pública ha llevado adelante\n el siguiente trámite contractual:

\n\n

Compañía FOPECA\n S.A., para realizar la rehabilitación de los sectores\n críticos de la carretera Loja-Zamora, tramos Nos. 1 y\n 2, Loja-El Tiro-San Francisco y tramo No. 3. San Francisco Zamora\n de 35 y 24 Km. de longitud, respectivamente, ubicada en las provincias\n de Loja y Zamora, por el monto de US$ 1'125.598.90. para cuya\n celebración han informado favorablemente los señores\n Contralor General del Estado y Procurador General del Estado,\n a través de los oficios Nos. 031897-DCP de 17 de octubre\n del 2001 y 20306 de 19 de octubre del 2001. El informe del señor\n Ministro de Economía y Finanzas, de conformidad con lo\n dispuesto en el Art. 60 de la Codificación de la Ley de\n Contratación Pública, se lo considera favorable\n por no haber sido emitido en el término de ley;

\n\n

Que de conformidad con la norma\n del inciso segundo del Art. 54 de la Codificación de la\n Ley de Contratación Pública el señor Ministro\n de Obras Públicas, previa a la celebración del\n mencionado contrato solicita autorización; y,

\n\n

En uso de las atribuciones que\n le confiere el Art. 54, inciso segundo de la Ley de Contratación\n Pública,

\n\n

Decreta:

\n\n

Art. 1.- Autorizase al señor\n Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, previo el\n cumplimiento de las disposiciones legales establecidas en la\n Ley de Contratación Pública y bajo su responsabilidad,\n la suscripción del respectivo contrato con la compañía\n FOPECA S.A., para realizar la rehabilitación de los sectores\n críticos de la carretera Loja-Zamora, tramos Nos. 1 y\n 2 Loja-El Tiro-San Francisco y tramo No. 3 San Femando Zamora,\n de 35 y 24 Km. de longitud, respectivamente ubicada en las provincias\n de Loja y Zamora, por el monto de USD $ 1'125.598.90 y un plazo\n de ejecución de ciento ochenta (180) días, contado\n a partir de la fecha en que el MOP notifique al contratista que\n el anticipo se encuentra disponible.

\n\n

Art. 2.- Serán de responsabilidad\n de la entidad contratante las resoluciones adoptadas, la conveniencia\n técnica y económica de la oferta adjudicada y el\n cumplimiento de los requisitos legales para el perfeccionamiento\n y ejecución del contrato de conformidad con los artículos\n 114 de la Codificación de la Ley de Contratación\n Pública y 330 de la Ley Orgánica de Administración\n Financiera y Control.

\n\n

Art. 3.- De la ejecución\n del presente decreto que entrará en vigencia a partir\n de su publicación en el Registro Oficial, encárguese\n el señor Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones.

\n\n

Dado en el Palacio Nacional,\n en Quito, el 8 de noviembre del 2001.

\n\n

f.) Dr. Gustavo. Noboa Bejarano,\n Presidente Constitucional de la República.

\n\n

f) Ing. José Macchiavello\n Almeida, Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones.

\n\n

Es fiel copia del original.

\n\n

Lo certifico.

\n\n

f.) Marcelo Santos Vera, Secretario\n General de la Administración Pública.

\n\n

 

\n\n

No.\n 2059-B

\n\n

Dr. Gustavo Noboa\n Bejarano
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que el Estado Ecuatoriano a través\n del Ministerio de Obras Públicas, encargado de la construcción\n vial en el país se halla empeñado en rehabilitar,\n mejorar y mantener en óptimas condiciones la red vial\n a su cargo, especialmente aquella afectada por fenómenos\n naturales, con efectos y consecuencias negativas para la integración\n vial, que indudablemente constituye el eje básico para\n fomentar el desarrollo de la economía del Ecuador;

\n\n

Que el Ministerio de Obras Públicas\n por el carácter impostergable que revise la atención\n de las obras viales, a base del procedimiento de excepción\n previsto en el Art. 6, letra k) de la Codificación de\n la Ley de Contratación Pública ha llevado adelante\n el siguiente trámite contractual:

\n\n

Escuela Politécnica Nacional,\n para realizar la construcción del puente sobre el río\n Mira, ubicado en el enlace de la carretera Ibarra-San Lorenzo-estación\n Carchi de 120 m. de luz, ubicado en las provincias de Carchi\n e Imbabura por el monto de USD$ 325.155,36; para cuya celebración\n han informado favorablemente los señores Contralor General\n del Estado y Procurador General del Estado, a través de\n los oficios Nos. 032586-DCP de 24 de octubre del 2001 y 20417\n de 25 de octubre del 2001. El informe del señor Ministro\n de Economía y Finanzas, de conformidad con lo dispuesto\n en el Art. 60 de la Codificación de la Ley de Contratación\n Pública se lo considera favorable por no haber sido emitido\n en el término de ley;

\n\n

Que de conformidad con la norma\n del inciso segundo del Art. 54 de la Codificación de la\n Ley de Contratación Pública el señor Ministro\n de Obras Públicas, previa a la celebración del\n mencionado contrato solicite autorización; y,

\n\n

En uso de las atribuciones que\n le confiere el Art. 54, inciso segundo de la Ley de Contratación\n Pública,

\n\n

Decreta:

\n\n

Art. 1.- Autorizase al señor\n Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, previo el\n cumplimiento de las disposiciones legales establecidas en la\n Ley de Contratación Pública y bajo su responsabilidad,\n la suscripción del contrato con la Escuela Politécnica\n Nacional, para realizar la construcción del puente sobre\n el río Mira, ubicado en el enlace de la carretera Ibarra-San\n Lorenzo-estación Carchi de 120 m. de luz, ubicado en las\n provincias de Carchi e Imbabura, por el monto de USD 325.155,36;\n y, un plazo de ejecución de doscientos diez (210) días,\n contando a partir de la fecha en la que el Ministerio notifique\n que el anticipo se encuentra disponible.

\n\n

Art. 2.- Será de responsabilidad\n de la entidad contratante, las resoluciones adoptadas, la conveniencia\n técnica y económica de la oferta adjudicada y el\n cumplimiento de los requisitos legales para el perfeccionamiento\n y ejecución del contrato, de conformidad con los artículos\n 114 de la Codificación de la Lev de Contratación\n Pública y 330 de la Ley Orgánica de Administración\n Financiera y Control.

\n\n

Art. 3.- De la ejecución\n del presente decreto, que entrará en vigencia a partir\n de su publicación en el Registro Oficial, encárguese\n el señor Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones.

\n\n

Dado, en el Palacio Nacional,\n en Quito, el 8 de noviembre del 2001.

\n\n

f) Dr. Gustavo Noboa Bejarano,\n Presidente Constitucional de la República.

\n\n

f) Ing. Gustavo García\n Caputi. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones\n (E).

\n\n

Es fiel copia del original.-\n Lo certifico.

\n\n

f) Marcelo Santos Vera. Secretario\n General de la Administración Pública.

\n\n

 

\n\n

No.\n 092

\n\n

EL CONSEJO NACIONAL\n DE REMUNERACIONES DEL SECTOR PUBLICO

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, el Consejo Nacional de Modernización\n del Estado, a través del Proyecto MOSTA y la Oficina de\n Servicio Civil y Desarrollo Institucional, OSCIDI, desarrollaron\n el nuevo sistema de gestión organizacional y de recursos\n humanos, que esta implementándose en las entidades del\n sector público, y que en el marco del proceso de modernización\n del Estado, se expidieron mediante resoluciones Nos. OSCIDI 2000-032\n y 033, publicadas en el Suplemento del Registro Oficial No. 234\n de 29 de diciembre del 2000;

\n\n

Que, el Consejo Nacional de Zonas\n Francas, CONAZOFRA, concluyó con el proceso de reestructura\n bajo el nuevo modelo de gestión organizacional y de recursos\n humanos antes referido, aprobado por la Oficina de Servicio Civil\n y Desarrollo Institucional, OSCIDI, mediante Resolución\n No. OSCIDI-2001-056 de 30 de julio del 2001;

\n\n

Que, el Consejo Nacional de Remuneraciones\n del Sector Público, CONAREM, en sesión del 1 de\n noviembre del 2000, estableció la nueva escala de sueldos\n básicos para las entidades del sector público que\n se reestructuren de conformidad con las políticas antes\n señaladas.

\n\n

Que, conforme a lo establecido\n en el Art. 10 del Decreto Ejecutivo No. 1221 de 7 de febrero\n del 2001, las entidades que concluyan con su proceso de aplicación\n de la nueva estructura y gestión organizacional, e implementen\n el nuevo sistema de políticas de gestión de recursos\n humanos, antes señalados, se exceptúan de las normas\n de restricción y austeridad en el gasto público;

\n\n

Que, de acuerdo a lo prescrito\n en la Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas, es\n facultad privativa del Consejo Nacional de Remuneraciones del\n Sector Público, determinar y fijar la política\n remunerativa de los servidores públicos de las instituciones\n del Estado; y,

\n\n

En ejercicio de las atribuciones\n que le confiere la ley,

\n\n

Resuelve:

\n\n

Art. 1.- Aprobar a partir del\n 1 de septiembre del 2001, para los servidores del Consejo Nacional\n de Zonas Francas, CONAZOFRA, sujetos a la Ley de Servicio Civil\n y Carrera Administrativa, la escala de sueldos básicos,\n gastos de representación y bonificación por responsabilidad,\n establecida por el Consejo Nacional de Remuneraciones del Sector\n Público, CONAREM, para las entidades reestructuradas del\n sector público, mediante resoluciones Nos. 046 y 047,\n publicadas en el Suplemento del Registro Oficial No. 224; y,\n Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 234 de 14 y 29 de\n diciembre del 2000, respectivamente.

\n\n

Art. 2.- La Oficina de Servicio\n Civil y Desarrollo Institucional, OSCIDI, como organismo rector\n de los recursos humanos y organizacional del sector público,\n aprobará mediante resolución, la lista de asignaciones\n de ubicación de los servidores de la entidad, en la escala\n que se determina en el artículo anterior, conforme a la\n norma técnica de ubicación inicial de los servidores\n públicos en el desarrollo de carrera, expedida al respecto\n por ese Órgano rector, y remitirá a la entidad\n correspondiente para la implementación de las nuevas denominaciones\n de puestos.

\n\n

Art. 3.- La aplicación\n presupuestaria de la presente resolución la efectuará\n la entidad, con recursos propios de carácter permanente.\n El Ministerio de Economía y Finanzas no podrá transferir\n recursos para el efecto.

\n\n

Art. 4.- La Subsecretaría\n de Presupuestos, efectuará las regulaciones correspondientes\n en el distributivo de sueldos y presupuesto de la entidad, sobre\n la base de la resolución emitida por la Oficina de Servicio\n Civil y Desarrollo Institucional.

\n\n

Art. 5.- El sueldo básico\n del Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Zonas Francas,\n CONAZOFRA, establecido en el Art. 1 de la Resolución No.\n 49 del Consejo Nacional de Remuneraciones del Sector Público,\n CONAREM, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No.\n 224 del 14 de diciembre del 2000, será reformado cuando\n se determine los nuevos valores para el nivel de conducción\n superior del Estado.

\n\n

La presente resolución\n entrará en vigencia sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial.

\n\n

Dado, en la ciudad de San Francisco\n de Quito, Distrito Metropolitano, a los veintiún días\n del mes de agosto del dos mil uno.

\n\n

f) Econ. Stalin Nevárez\n Rivadeneira, delegado del Ministro de Economía y Finanzas,\n Presidente del CONAREM.

\n\n

f) Ab. Martín Insua Chang,\n Ministro de Trabajo y Recursos Humanos, miembro del CONAREM.

\n\n

f) Sr. Fausto Camacho Zambrano,\n miembro, representante de los trabajadores, empleados y maestros.
\n Certifico.

\n\n

f) Ing. Luis A. Sánchez\n Aguirre, Director de Servicio Civil y Desarrollo Institucional,\n Secretario del CONAREM.

\n\n

Certifico que es fiel copia del\n original.

\n\n

f) Luis A. Sánchez Aguirre,\n Director de Servicio Civil y Desarrollo Institucional, Secretario\n del CONAREM.

\n\n

Quito, 18 de octubre del 2001.

\n\n

 

\n\n

No.\n 094

\n\n

EL CONSEJO NACIONAL\n DE REMUNERACIONES DEL SECTOR PUBLICO

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, el Consejo Nacional de Modernización\n del Estado, a través del Proyecto MOSTA y la Oficina de\n Servicio Civil y Desarrollo Institucional, OSCIDI, desarrollaron\n el nuevo sistema de gestión organizacional y de recursos\n humanos, que está implementándose en las entidades\n del sector público, y que en el marco del proceso de modernización\n del Estado, se expidieron mediante resoluciones Nos. OSCIDI 2000-032\n y 033, publicadas en el Suplemento del Registro Oficial No. 234\n de 29 de diciembre del 2000;

\n\n

Que, el Ministerio de Comercio\n Exterior, Industrialización y Pesca, concluyó con\n el proceso de reestructura bajo el nuevo modelo de gestión\n organizacional y de recursos humanos antes referido, aprobado\n por la Oficina de Servicio Civil y Desarrollo Institucional,\n OSCIDI, mediante Resolución No. OSCIDI-2001-062 de 21\n de agosto del 2001;

\n\n

Que, el Consejo Nacional de Remuneraciones\n del Sector Público, CONAREM, en sesión del 1 de\n noviembre del 2000, estableció la nueva escala de sueldos\n básicos para las entidades del sector público que\n se reestructuren de conformidad con las políticas antes\n señaladas;

\n\n

Que, conforme a lo establecido\n en el Art. 10 del Decreto Ejecutivo No. 1221 de 7 de febrero\n del 2001, las entidades que concluyan con su proceso de aplicación\n de la nueva estructura y gestión organizacional, e implementen\n el nuevo sistema de políticas de gestión de recursos\n humanos, antes señalados, se exceptúan de las normas\n de restricción y austeridad en el gasto público;

\n\n

Que, de acuerdo a lo prescrito\n en la Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas, es\n facultad privativa del Consejo Nacional de Remuneraciones del\n Sector Público, determinar y fijar la política\n remunerativa de los servidores públicos de las instituciones\n del Estado; y.

\n\n

En ejercicio de las atribuciones\n que le confiere la ley,

\n\n

Resuelve:

\n\n

Art. 1.- Aprobar a partir del\n 1 de septiembre del 2001, para los servidores del Ministerio\n de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, sujetos\n a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, la escala\n de sueldos básicos, gastos de representación y\n bonificación por responsabilidad, establecida por el Consejo\n Nacional de Remuneraciones del Sector Público, CONAREM\n para las entidades reestructuradas del sector público,\n mediante resoluciones Nos. 046 y 047, publicadas en el Suplemento\n del Registro Oficial No. 224; y, Segundo Suplemento del Registro\n Oficial No. 234 de 14 y 29 de diciembre del 2000, respectivamente.

\n\n

Art. 2.- La Oficina de Servicio\n Civil y Desarrollo Institucional, OSCIDI, como organismo rector\n de los recursos humanos y organizacional del sector público,\n aprobará mediante resolución, la lista de asignaciones\n de ubicación de los servidores de la entidad, en la escala\n que se determina en el articulo anterior, conforme a la norma\n técnica de ubicación inicial de los servidores\n públicos en el desarrollo de carrera, expedida al respecto\n por ese órgano rector; y remitirá a la entidad\n correspondiente para la implementación de las nuevas denominaciones\n de puestos.

\n\n

Art. 3.- La aplicación\n presupuestaria de la presente resolución la efectuará\n la entidad, con recursos propios de carácter permanente.

\n\n

Art. 4.- La Subsecretaría\n de Presupuestos, efectuará las regulaciones correspondientes\n en el distributivo de sueldos y presupuesto de la entidad, sobre\n la base de la resolución emitida por la Oficina de Servicio\n Civil y Desarrollo Institucional.

\n\n

La presente resolución\n entrará en vigencia sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial.

\n\n

Dado, en la ciudad de San Francisco\n de Quito, Distrito Metropolitano, a los veintiún días\n del mes de agosto del dos mil uno.

\n\n

f) Econ. Stalin Nevárez\n Rivadeneira, delegado del Ministro de Economía y Finanzas,\n Presidente del CONAREM.

\n\n

Ab. Martín Insua Chang,\n Ministro de Trabajo y Recursos Humanos, miembro del CONAREM.

\n\n

f.) Sr. Fausto Camacho Zambrano,\n miembro, representante de los trabajadores, empleados y maestros.

\n\n

Certifico.

\n\n

f) lng. Luis A. Sánchez\n Aguirre, Director de Servicio Civil y Desarrollo Institucional,\n Secretario Permanente del CONAREM.

\n\n

Certifico que es fiel copia del\n original.

\n\n

f) Luis A. Sánchez Aguirre,\n Director de Servicio Civil y Desarrollo Institucional, Secretario\n del CONAREM.

\n\n

Quito, 18 de octubre del 2001.

\n\n

 

\n\n

No.\n 098

\n\n

EL CONSEJO NACIONAL\n DE REMUNERACIONES DEL SECTOR PUBLICO

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, con Resolución No.\n 077, publicada en el Registro Oficial No. 346 de 13 de junio\n del 2001, el Consejo Nacional de Remuneraciones del Sector Público,\n estableció a partir del 1 de julio del presente año,\n un incremento de hasta el 15% a la masa salarial de los servidores\n amparados por la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa\n pertenecientes a los gobiernos seccionales autónomos y\n sus empresas, entidades autónomas, que contando con recursos\n propios de carácter permanente puedan financiar tales\n incrementos;

\n\n

Que, es necesario aclarar el\n articulo uno de la mencionada resolución para una correcta\n aplicación; y,

\n\n

En ejercicio de las atribuciones\n que le confiere la ley,

\n\n

Resuelve:

\n\n

Articulo único.- Modificase\n el Art. 1 de la Resolución No. 077 del CONAREM, publicada\n en el Registro Oficial No. 346 de 13 de junio del 2001, en los\n siguientes términos:

\n\n

A continuación de donde\n dice "y sus empresas," deberá decir ";y,\n entidades autónomas creadas por Ley y que gozan de autonomía\n legal

\n\n

Dado, en la ciudad de San Francisco\n de Quito, Distrito Metropolitano, a los treinta días del\n mes de octubre del dos mil uno.

\n\n

f) Ing. Jorge Morán Centeno,\n delegado del Ministro de Economía y Finanzas, Presidente\n del CONAREM.

\n\n

f) Ab. Martin lnsua Chang, Ministro\n de Trabajo y Recursos Humanos, miembro del CONAREM.

\n\n

f.) Sr. Fausto Camacho Zambrano,\n miembro, representante de los trabajadores, empleados y maestros.

\n\n

Certifico

\n\n

f) Ing. Luis A. Sánchez\n Aguirre, Director de Servicio Civil y Desarrollo Institucional,\n Secretario del CONAREM.

\n\n

Certifico que es fiel copia del\n original.

\n\n

f) Luis A. Sánchez Aguirre,\n Director de Servicio Civil y Desarrollo Institucional, Secretario\n del CONAREM.

\n\n

Quito, 5 de noviembre del 2001.

\n\n

 

\n\n

No.\n 099

\n\n

EL CONSEJO NACIONAL\n DE REMUNERACIONES DEL SECTOR PUBLICO

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, el Consejo Nacional de Remuneraciones\n del Sector Público, CONAREM, mediante resoluciones ha\n aprobado escalas de sueldos básicos para diferentes entidades\n y organismos del sector público, que se han reestructurado\n e implementado el nuevo sistema de gestión de recursos\n humanos, acorde con las políticas y normas técnicas\n establecidas en resoluciones Nos. OSCIDI-2000-032, 033, 034,\n publicadas en el Suplemento del Registro Oficial No. 234 de 29\n de diciembre del 2000; y, Nos. 050 y 051, publicadas'en el Registro\n Oficial No. 375 de 24 de julio del 2001;

\n\n

Que, sobre la base de este ordenamiento\n normativo vienen aplicándose los procesos de reestructuración\n en otras entidades y organismos públicos;

\n\n

Que, conforme lo determina el\n literal b) del articulo 51 de la Ley para la Reforma de las Finanzas\n Públicas, es imprescindible realizar el control de la\n masa salarial que permita verificar la correcta y eficiente aplicación\n de las resoluciones emitidas por el CONAREM y de los nuevos sistemas\n antes mencionados; y,

\n\n

En ejercicio de las atribuciones\n que le confiere la ley,

\n\n

Resuelve:

\n\n

Art. 1.- Encargar a la Oficina\n de Servicio Civil y Desarrollo Institucional OSCIDI, en su calidad\n de organismo rector de la administración de los recursos\n humanos y organizacionales del sector- público, y de Secretaría\n Permanente del CONAREM, efectuar las auditorías administrativas\n conforme lo determina el artículo 69, letra j) del Reglamento\n General de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa,\n en las entidades y organismos reestructuradas y las que a futuro\n entren en estos procesos, a fin de verificar la correcta aplicación\n de las resoluciones emitidas por el CONAREM.

\n\n

Art. 2.- El CONAREM conocidos\n los resultados de las auditorías administrativas encargadas\n en el artículo anterior, determinará el envío\n a la Contraloría General del Estado cuando en ellas se\n detectare inobservancia a las normas, sin perjuicio de que el\n organismo de control pueda ejercer sus atribuciones legales.

\n\n

La presente resolución\n entrará en vigencia a partir de su publicación\n en el Registro Oficial.

\n\n

Dado, en la ciudad de San Francisco\n de Quito, Distrito Metropolitano, a los treinta días del\n mes de octubre del dos mil uno.

\n\n

f) Ing. Jorge Morán Centeno,\n delegado del Ministro de Economía y Finanzas, Presidente\n del CONAREM.

\n\n

f) Ab. Martín Insua Chang,\n Ministro de Trabajo y Recursos Humanos, miembro del CONAREM.

\n\n

f.) Sr. Fausto Camacho Zambrano,\n miembro, representante de los trabajadores, empleados y maestros.
\n Certifico.

\n\n

f.) Ing. Luis A. Sánchez\n Aguirre, Director de Servicio Civil y Desarrollo Institucional,\n Secretario del CONAREM.

\n\n

Certifico que es fiel copia del\n original.

\n\n

f) Luis A. Sánchez Aguirre,\n Director de Servicio Civil y Desarrollo institucional, Secretario\n del CONAREM.

\n\n

Quito, 5 de noviembre del 2001.

\n\n

 

\n\n

N0\n 416-17-CONATEL-2001

\n\n

CONSEJO NACIONAL\n DE TELECOMUNICACIONES CONATEL

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, el articulo 58 de la Ley\n para la Transformación Económica del Ecuador reforma\n el Capitulo VII de la Ley Especial de Telecomunicaciones, estableciendo\n en el artículo 38 que todos los servicios de telecomunicaciones\n se brindarán en régimen de libre competencia;

\n\n

Que, el CONATEL mediante Resolución\n No. 460-19-CONATEL-2000, publicada en el Registro Oficial No.\n 193 de 27 de octubre del 2000, dispuso que la Secretaría\n Nacional de Telecomunicaciones establezca para aprobación\n del Consejo, los términos y condiciones para los procesos\n públicos competitivos en la asignación de frecuencias\n o bandas de frecuencias; y,

\n\n

En ejercicio de las atribuciones\n que le confiere el articulo 10 de la Ley Reformatoria a la Ley\n Especial de Telecomunicaciones,

\n\n

Resuelve:

\n\n

ARTICULO 1. Aprobar las siguientes\n políticas que deberán ser observadas en el "Proceso\n de subasta pública para el otorgamiento en concesión\n del servicio final de telefonía fija local y el servicio\n de telefonía pública a través de su propia\n infraestructura y servicios portadores". El Proceso de Subasta\n incluirá el otorgamiento del permiso para prestar Servicios\n de Valor Agregado y la concesión de bandas de frecuencias\n para operar sistemas de acceso fijo inalámbrico (WLL o\n FWA).

\n\n

GENERALES

\n\n

1) Las bandas de 3,4 a 3,5 GHz.\n y de 3,5 a 3.7 GHz., están destinadas para el acceso fijo\n inalámbrico, de conformidad a lo especificado en el Plan\n Nacional de Frecuencias y quedarán vinculadas a la prestación\n de los servicios otorgados en concesión a través\n del Proceso de Subasta.

\n\n

2) La banda se divide en seis\n bloques de 50 MHz. de ancho de banda.

\n\n

(Anexo 19NOT1)

\n\n

Nota: Si se emplea dúplex\n por división de tiempo (TDD), no es aplicable la especificación\n de frecuencias de transmisión y recepción señalada\n en la tabla anterior.

\n\n

3) Las concesiones deberán\n ser de carácter nacional y establecidas en las bases del\n concurso de subasta pública.

\n\n

4) El Proceso de Subasta Pública,\n utilizada para concesionar los servicios definidos en el artículo\n 1 y los bloques de frecuencias denominados B, C y D, se lo realizará\n utilizando el mecanismo de sobre cerrado.

\n\n

5) La tecnología será\n de libre elección.

\n\n

6) Las adjudicatarias de las\n concesiones podrán obtener un solo bloque de frecuencias\n con cobertura nacional.

\n\n

PARA LA CONCESIÓN

\n\n

7) El valor de las concesiones\n para la prestación de los servicios de telecomunicaciones\n establecidos anteriormente se incluirá en el valor referencial\n de la subasta pública de frecuencias.

\n\n

8) La prestación de otros\n servicios de telecomunicaciones distintos a los enumerados en\n el artículo 1, requerirán del titulo habilitante\n respectivo con sujeción a la reglamentación vigente.

\n\n

9) Los elementos que se considerarán\n para la precalificación, requisito indispensable para\n el proceso de selección y posterior adjudicación\n corresponderán a parámetros técnicos y económicos\n relacionados con la cobertura, calidad del servicio, cumplimiento\n de metas de uso del espectro subastado y plazos de puesta en\n servicio.

\n\n

10) Cada postulante deberá\n conocer los requisitos y condiciones necesarias para participar\n en el proceso de subasta pública, las mismas que deberán\n ser especificadas, con claridad, en las bases del concurso público\n de subasta.

\n\n

La presente resolución\n entrará en vigencia a partir de su publicación\n en el Registro Oficial.

\n\n

Dado en Quito, 31 de octubre\n del 2001.

\n\n

f) Ing. José Pileggi Véliz,\n Presidente del CONATEL.

\n\n

f.) Dr. Julio Martínez,\n Secretario del CONATEL.

\n\n

Certifico es fiel copia del original.

\n\n

f) Secretario del CONATEL.

\n\n

 

\n\n

EL\n TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, es imprescindible regular\n la publicidad relacionada con los pronósticos electorales;

\n\n

Que, las empresas que trabajan\n en el mercadeo político de opinión, en cumplimiento\n a las normas legales en vigencia, deben entregar la información\n que fuere requerida por el Tribunal Supremo Electoral:

\n\n

Que, al momento no se cuenta\n con el registro de personas naturales y jurídicas especializadas\n en encuestas relacionadas con los pronósticos electorales:\n y,

\n\n

Que, en uso de las atribuciones\n que le confiere la Constitución de la República\n y el Art. 51 de la Ley Orgánica del Gasto y Propaganda\n Electoral.

\n\n

Resuelve:

\n\n

DICTAR EL INSTRUCTIVO, PARA REGULAR\n EL CUMPLIMIENTO DEL ART. 51 DE LA LEY ORGÁNICA DEL GASTO\n Y DE LA PROPAGANDA ELECTORAL.

\n\n

Art. 1.- Toda persona natural\n o jurídica que trabaje en el mercadeo político,\n y de opinión, vinculado con los pronósticos electorales,\n debe inscribirse y registrarse en cl Tribunal Supremo Electoral,\n requisito sin el cual no podrá desarrollar su actividad.

\n\n

Art. 2.- Para cumplir con lo\n dispuesto en el artículo precedente, deberá presentar\n una solicitud de inscripción y registro, acompañando\n los siguientes documentos:

\n\n

a) Certificado de la existencia\n legal y cumplimiento de las obligaciones expedidas por la Superintendencia\n de Compañías: este requisito es exigible a las\n personas jurídicas, las personas naturales deben incluir\n el RUC.

\n\n

b) Copia certificada de las escrituras\n de constitución de la empresa debidamente inscrita en\n el Registro Mercantil, a efecto de verificar que el objeto social\n sea de mercadeo político y de opinión; y,

\n\n

c) Copia certificada del nombramiento\n de representante legal de la empresa con la correspondiente inscripción\n en el Registro Mercantil.

\n\n

Art. 3.- Recibida la documentación\n por el Tribunal Supremo Electoral, la Comisión Jurídica\n dentro de un plazo de ocho días emitirá un informe\n para conocimiento del Pleno del Organismo.

\n\n

Art. 4.- La inscripción\n deberá formalizarse antes de la convocatoria a elecciones,\n el incumplimiento de este requisito impedirá su participación\n en los procesos electorales.

\n\n

Art. 5.- Secretaría General\n llevará un libro que se denominará "REGISTRO\n E INSCRIPCIÓN DE LAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS\n QUE TRABA-JAN EN EL MERCADEO POLÍTICO VINCULADO CON LOS\n PRONÓSTICOS ELECTORALES".

\n\n

Art. 6.- Las sanciones para quienes\n incumplieren con la obligación de la inscripción\n y registro determinado en este instructivo serán: multa\n de USD $1.500,oo, en una primera oportunidad y en caso de reincidencia\n pérdida de la personería jurídica.

\n\n

Articulo Final: El presente instructivo\n entrará en vigencia desde su publicación en el\n Registro Oficial.

\n\n

Dado en la ciudad de Quito, a\n los veinte y tres días del mes de octubre del dos mil\n uno.

\n\n

RAZON: Siendo por tal que el\n presente instructivo fue aprobado por el Pleno del Tribunal Supremo\n Electoral en sesión de martes veinte y tres de octubre\n del dos mil uno.

\n\n

f) Lic. Guillermo H. Astudillo\n Ibarra, Secretario General.

\n\n

 

\n\n

N0\n 164-2000

\n\n

ACTORA: Elvia\n Josefina Polo.
\n DEMANDADO: TAME.

\n\n

CORTE SUPREMA\n DE JUSTICIA
\n TERCERA SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL

\n\n

Quito, a 25 de\n septiembre del 2001; a las 14h40.

\n\n

VISTOS: En orden a resolver acerca\n del recurso de casación interpuesto por la empresa demandada,\n de la sentencia de segunda instancia emitida por la Quinta Sala\n de la H. Corte Superior de Quito, que confirma con una ligera\n modificación, el fallo de primera instancia dictado por\n la Jueza Segunda del Trabajo de Pichincha, que declara con lugar\n parcialmente la demanda, en el juicio verbal sumario de trabajo\n incoado por Elvia Josefina Polo contra TAME, Empresa Estatal\n de Aviación, Transportes Aéreos Militares, se considera:\n PRIMERO.- Esta Sala es competente para conocer y decidir el recurso\n en mención, en razón de lo prescrito por el Art.\n 200 de la Constitución Política de la República,\n publicada en cl Registro Oficial N0 1 del 11 de agosto de 1998\n y el Art. 1 de la Ley de Casación.-SEGUNDO.- El representante\n legal de la empresa demandada, ataca la sentencia del Tribunal\n de apelación, afirmando que se transgredieron los Arts.\n 24, numeral 11 y 133 de la Constitución Política\n del Estado; Arts. 1 y 577 del Código del Trabajo; Arts.\n 4, literal b), 15, 16 y 17 de la Ley de Personal de las Fuerzas\n Armadas; Arts. 38, 39 y 73 de la Ley Orgánica de las Fuerzas\n Armadas; Arts. 2 y 11 de la Ley 104 de Creación de TAIME\n y algunos precedentes jurisprudenciales que singulariza en su\n escrito. Agrega el recurrente que al amparo de los preceptos\n jurídicos citados se desprende el hecho fundamental de\n que el empleado civil de TAME, está sometido a un régimen\n especial que ha sido respetado por la Excma. Corte Suprema de\n Justicia en reiterados fallos en los que ha manifestado que los\n empleados civiles que presten sus servicios en las Fuerzas Armadas\n Permanentes y en sus entidades adscritas o dependientes están\n sometidos a la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas y no al\n Código del Trabajo. En resumen, el recurrente impugna\n la resolución de la Sala de alzada, por estimar que el\n vínculo contractual que unió a los litigantes no\n estuvo sujeto al régimen del Código del Trabajo.-\n TERCERO.- El análisis exhaustivo de las tablas procesales\n conducen a la Sala a la formulación de las siguientes\n reflexiones: 1.- En la primera sentencia emitida por la Jueza\n Segunda del Trabajo de Pichincha, el 30 de agosto de 1999 (fs.\n 123 del cuaderno de primera instancia), se declara sin lugar\n la demanda acogiendo la excepción de incompetencia del\n Juzgado de Trabajo, con fundamento en las mismas normas de derecho\n que el casacionista señala en el escrito que contiene\n su último recurso de casación (fs. 33 a 40 del\n expediente formado en esta Sala). Este fallo fue apelado por\n el actor y resolviendo este recurso, la mayoría de la\n Quinta Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito, en auto\n expedido el 13 de diciembre de 1999 (Ejecutorial de fs. 126-127\n del cuaderno de primera instancia), revoca la sentencia de la\n Jueza de Primera instancia y dispone que la misma Jueza "se\n pronuncie respecto de lo principal..." de la misma causa;\n 2.-El auto de la mayoría de la Quinta Sala de la Corte\n Superior de Justicia de Quito, descrito en la última parte\n del número inmediato anterior de este considerando fue\n recurrido en casación por la empresa demandada (escrito\n de fs. 13 del cuaderno de segunda instancia). En dicho escrito\n en su numeral 6, la empresa demandada, (TAME, Empresa Estatal\n de Aviación, Transportes Aéreos Militares) acusa\n como normas de derecho infringidas, las mismas que señala\n en el último recurso de casación (.fs. 38 del cuaderno\n de segunda instancia) que motivan la presente resolución;\n 3.- El 17 de abril del 2000. este Tribunal de Casación\n en el auto de calificación emitido a las 10h00 (fs. 16\n del cuaderno de segunda instancia y fs. 2 del expediente formado\n en este nivel), desechó el recurso de casación\n interpuesto y descrito en el número inmediato anterior\n por falta de cumplimiento de las exigencias formales preceptuadas\n en el Art. 6 de la Ley de Casación; 4.- Vuelto el' proceso\n al Juzgado de origen, la Jueza Segunda del Trabajo de Pichincha\n en fallo expedido por segunda ocasión dentro de este juicio\n el 3 de octubre del 2000, atendiendo la orden que la Sala de\n apelación le impartiera en el auto revocatorio de diciembre\n 15 de 1999, acepta parcialmente la demanda y - ordena que la\n demandada pague a la actora, la cantidad de S/. 49' 152.344,oo\n o su equivalente en dólares USD 1.966,09 (fs. 161 del\n cuaderno de primera instancia). Este fallo subió por apelación\n a la Quinta Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito y\n la mayoría de este último Tribunal, esta vez en\n sentencia expedida el 11 de abril del 2001 (fs. 32) confirma\n la sentencia recurrida con una ligera modificación; y,\n 5.- De lo manifestado en los números procedentes de este\n considerando se desprende que a la fecha abril 11 del 2001 en\n que se pronuncia el fallo del Tribunal de apelación que\n motiva el recurso de casación que da lugar a esta resolución\n (fs. 32 del cuaderno de segunda instancia), la discusión\n procesal atinente al régimen jurídico a que estuvo\n sujeta la relación entre la demandante y TAME, se encontraba\n resuelta con el carácter de cosa juzgada, en virtud de\n la negativa del recurso de casación que respecto del pronunciamiento\n emitido el 13 de diciembre de 1999 (fs. 3 y 4 del cuaderno de\n segunda instancia), realizó esta tercera Sala con fecha\n abril 17 del 2000 (ejecutorial de fs. 16 y 17 del cuaderno de\n segunda instancia). En consecuencia, este Tribunal de Casación\n no es competente para dilucidar en este estado del proceso, acerca\n de si en el fallo emitido por el Tribunal de alzada el 11 de\n abril del 2001, se violaron o no los artículos que menciona\n la empresa demandada en su escrito de interposición del\n último recurso de casación (fs. 38 a 40) que motiva\n este pronunciamiento, en razón de que lo resuelto en el\n último fallo de la Sala de alzada aludido no se refiere\n a la naturaleza jurídica de la relación entre los\n litigantes que ya antes había sido admitida en decisión\n definitiva. Por tanto, el recurso resulta inadmisible.- CUARTO.\n - Por la trascendencia procesal que reviste, este Tribunal no\n puede dejar de expresar su extrañeza por la decisión\n de la mayoría de los ministros de la Quinta Sala de la\n Corte Superior de Justicia de Quito, contenida en la resolución\n (auto) de diciembre 13 de 1999 (fs. 3 del cuaderno de segunda\n instancia), en la parte en que luego de revocar la sentencia\n de la Jueza de primer nivel, dispone que vuelva el proceso para\n que la misma Jueza a quo se pronuncie sobre lo principal, puesto\n que el Art. 338 del Código de Procedimiento Civil expresamente\n faculta al Juez de la apelación (en este caso la mayoría\n de la Quinta Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito)\n para fallar sobre los puntos controvertidos y al proceder como\n lo hizo, la mayoría de la Sala de apelación, obligó\n a la Jueza Segunda del Trabajo de Pichincha a expedir una segunda\n sentencia y provocó innecesariamente la dilación\n de. este proceso, en detrimento del principio de economía\n procesal, situaciones irregulares que no debieran repetirse.\n Por las consideraciones anotadas, la Tercera Sala de lo Laboral\n y Social de la Corte Suprema de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA\n EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, no casa\

 

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