Registro Oficial. 9 de NOVIEMBRE del 2001 Suplemento

Viernes, 09 de noviembre de 2001

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

\n \n \n \n
   MES DE NOVIEMBRE DEL 2001
\n \n \n \n
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 REGISTRO OFICIAL
ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR
Administración del Sr. Dr. Gustavo Noboa Bejarano
Presidente Constitucional de la República
\n

Viernes 9 de Noviembre del 2001

\n

REGISTRO OFICIAL No. 450

\n

SUPLEMENTO

\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n

DR. JOSE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR

\n\n

FUNCION\n EJECUTIVA

\n\n

DECRETOS:
\n
 
\n 2049 Autorízase al\n Ministro de Economía y Finanzas, suscriba un Adendum al\n Convenio de Préstamo suscrito el 16 de marzo del 2001\n entre la República del Ecuador y el ABN Amro Bank N.V.,\n sucursal Copenhague, destinado a financiar el proyecto de agua\n potable y alcantarillado para la ciudad de Machala
\n  
\n 2051 Derógase el Decreto\n Ejecutivo No.  1956  de 4 de octubre del 2001, publicado\n en el Suplemento del Registro Oficial No.  428 de 8 de los\n mismos mes y año y declárase el estado de emergencia\n debido a la falta de generación de energía eléctrica\n y establécese como zona de seguridad a todo el territorio\n nacional
\n  

\n RESOLUCIONES:
\n  
\n SUPERINTENDENCIA DE BANCOS:
\n
 
\n
SB-INSIF-2001-0499\n Amplíase\n la calificación del  señor Fredy Roberto Sandoval\n Cerda, para que pueda ejercer el cargo de auditor interno en\n las instituciones que se encuentran bajo el control de esta Superintendencia

\n\n

TRIBUNAL\n CONSTITUCIONAL

\n\n

206-2001-AD Expídese el Reglamento\n de Contratación para la adquisición de bienes,\n ejecución de obras y prestación de servicios no\n regulados por la Ley de Consultoría\n

\n \n \n \n
\n

 

\n\n

 

\n\n

N°\n 2049

\n\n

Gustavo Noboa\n Bejarano
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que con fundamento en lo establecido\n en el Decreto Ejecutivo N0 803 de 20 de septiembre del 2000,\n publicado en el Registro Oficial N0 177 de 4 de octubre del 2000,\n la República del Ecuador y el ABN Amro Bank N.V., sucursal\n Copenhague, suscribieron el 16 de marzo del 2001, un contrato\n de préstamo por el monto de hasta US$ 15'600.000,oo, destinado\n a financiar el Proyecto de Agua Potable y Alcantarillado para\n la ciudad de Machala, cuyo ejecutor es la I. Municipalidad de\n Machala y la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado\n de esa ciudad;

\n\n

Que mediante comunicación\n de 22 de febrero del 2001, el ABN Amro Bank N.V., sucursal Copenhague\n remitió el proyecto de Convenio Modificatorio del Contrato\n de Préstamo referido, para la enmienda de ciertos términos\n y condiciones del mismo;

\n\n

Que de conformidad a lo establecido\n en el Decreto Ejecutivo N° 1570 de 7 de diciembre de 1999,\n el Subsecretario de Crédito Público, con fundamento\n en el informe N0 SCP--2001-0282 de 13 de julio del 2001, elaborado\n por la Coordinación de Evaluación y Seguimiento,\n recomendó continuar el trámite legal correspondiente;

\n\n

Que la Procuraduría General\n del Estado, con oficio N0 18970 de 7 de agosto del 2001, emitió\n dictamen legal favorable sobre el proyecto de Adendum al Contrato\n de Crédito suscrito el 16 de marzo del 2001 entre la República\n del Ecuador y el ABN Amro Bank N.V., sucursal Copenhague;

\n\n

Que el Presidente del Directorio\n del Banco Central del Ecuador, mediante oficio N0 DBCE-1793-2001\n P-1027 01 02675 de 31 de agosto del 2001, comunicó que\n el organismo de su Presidencia resolvió emitir dictamen\n favorable sobre las modificaciones propuestas al contrato de\n crédito especificado con anterioridad;

\n\n

Que el señor Ministro\n de Economía y Finanzas, ha expedido la Resolución\n N0 115 de 26 de octubre del 2001, aprobando las modificaciones\n pertinentes del contrato de crédito antes mencionado;\n y,

\n\n

En ejercicio de la facultad que\n le confiere el artículo 127 de la Ley Orgánica\n de Administración Financiera, en concordancia con el artículo\n 131 de la misma ley,

\n\n

Decreta:

\n\n

Art. 1 - Autorizase al Ministro\n de Economía y Finanzas para que personalmente o mediante\n delegación, a nombre y representación de la República\n del Ecuador, suscribe un Adendum al Convenio de Préstamo\n suscrito el 16 de marzo del 2001 entre la República del\n Ecuador y el ABN Amro Bank N.V., sucursal Copenhague, por el\n monto de hasta USD $ 15'600.000,oo, destinado a financiar el\n Proyecto de Agua Potable y Alcantarillado para la ciudad de Machala\n cuyo ejecutor es la I. Municipalidad de Machala y la Empresa\n Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de esa ciudad.

\n\n

Art. 2.- Los términos\n y condiciones del adendum que se autoriza suscribir en virtud\n del artículo 1, serán exclusivamente aquellos que\n forman parte del proyecto de adendum que mereció dictámenes\n favorables del Procurador General del Estado y del Directorio\n del Banco Central del Ecuador.

\n\n

Art. 3.- Las demás estipulaciones\n y condiciones financieras del contrato de préstamo celebrado\n el 16 de marzo del 2001, referido en el artículo 1, quedan\n inalteradas y por tanto con pleno valor y vigor.

\n\n

Art. 4.- De la ejecución\n del presente decreto, que entrará en vigencia a partir\n de la fecha de su publicación en el Registro Oficial,\n encárguese el Ministro de Economía y Finanzas.

\n\n

Dado en el Palacio Nacional de\n Gobierno, en Quito, a 1 de noviembre del 2001.

\n\n

f) Gustavo Noboa Bejarano, Presidente\n Constitucional de la República.

\n\n

f.) Dr. Carlos Julio Emanuel,\n Ministro de Economía y Finanzas.

\n\n

Es fiel copia del original.-\n Lo certifico.

\n\n

f) Marcelo Santos Vera. Secretario\n General de la Administración Pública.

\n\n

 

\n\n

N°\n 2051

\n\n

Gustavo Noboa\n Bejarano
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que con Decreto Ejecutivo N0\n 1956 de 4 de octubre del 2001, publicado en el Suplemento del\n Registro Oficial N0 428 de 8 de los mismos mes y año,\n se declaró el estado de emergencia debida a la falta de\n generación de energía eléctrica, disponiéndose,\n entre otras medidas, que el CONELEC, dicte las regulaciones necesarias\n para enfrentar la crisis del sector;

\n\n

Que entre las regulaciones que\n podían hacer frente a la crisis, estuvo aquella referente\n a las normas que permitirían el uso eficiente de la energía\n a través de la fijación de incentivos y recargos\n tarifarios durante el período de emergencia, lo cual ha\n generado reacciones de diferentes sectores, impidiendo de esta\n manera un manejo eficiente de la crisis, siendo conveniente dejar\n insubsistente el citado decreto ejecutivo, sustituyéndolo\n por otro de similar alcance, pero que prescinda de las regulaciones\n inherentes a la fijación de recargos tarifarios que ha\n generado resistencia;

\n\n

Que según los informes\n técnicos emitidos por el Consejo Nacional de Electricidad,\n CONELEC, y el Centro Nacional de Control de Energía, CENACE,\n que recoge las estadísticas de las propias empresas generadoras\n de energía eléctrica, persisten las probabilidades\n de que durante el presente período de estiaje, se produzcan\n hidrologías secas, que disminuyan ostensiblemente la posibilidad\n de producción energética de las principales centrales\n hidroeléctricas que operan en el país;

\n\n

Que en razón de la crisis\n económica que ha debido atravesar el país en los\n últimos años y pese a los esfuerzos desplegados\n por los gobiernos de turno, en el otorgamiento de concesiones,\n permisos y licencias, previstos en la Ley de Régimen del\n Sector Eléctrico y en los reglamentos de aplicación,\n no se han instalado y puesto en funcionamiento nuevas centrales\n generadoras de energía eléctrica;

\n\n

Que de otra parte, han dejado\n de operar cii el país varios equipos de generación\n eléctrica, por obsolescencia, baja de eficiencia o término\n de su vida útil, agravando aún más las posibilidades\n de déficit de generación,

\n\n

Que por el contrario, a causa\n de la reactivación económica del Ecuador, la demanda\n de energía eléctrica crece progresivamente, exigiendo\n mayor oferta de electricidad;

\n\n

Que es obligación del\n Gobierno Nacional adoptar las medidas que la Constitución\n y la ley le facultan, para evitar y enfrentar la conmoción\n interna que originaría el déficit de energía\n eléctrica, en orden a lograr una utilización racional\n de la energía eléctrica disponible, a través\n de medidas de incremento de la oferta y reducción del\n consumo, estableciendo incentivos tarifarios para estimular el\n ahorro y evitar el dispendio del consumo, suspensiones graduales\n del servicio, mientras subsistan los problemas de generación\n de electricidad;

\n\n

Que el Estado es el titular de\n la propiedad inalienable e imprescriptible de los recursos naturales,\n que permiten la generación de energía eléctrica\n y como tal, está obligado a adoptar las medidas que considere\n necesarias para solventar la crisis energética que se\n avecine; y,

\n\n

En ejercicio de las atribuciones\n previstas en los artículos 180 y 181 de la Constitución\n Política de la República,

\n\n

Decreta:

\n\n

Art. 1.- Derógase el Decreto\n Ejecutivo N0 1956 de 4 de octubre del 2001, publicado en el Suplemento\n del Registro Oficial N0 428 de 8 de los mismos mes y año.

\n\n

Art. 2.- Declárase el\n estado de emergencia debido a la falta de generación de\n energía eléctrica y establécese como zona\n de seguridad a todo el territorio nacional, con sujeción\n a la ley, a la vez que, se dispone la movilización parcial\n de los bienes y servicios necesarios para enfrentar la crisis\n por falta de generación eléctrica, al tenor de\n lo dispuesto en los artículos 54 y 55 de la Ley de Seguridad\n Nacional.

\n\n

Art. 3.- El CONELEC, en su calidad\n de ente regulador del sector eléctrico ecuatoriano, conforme\n lo previsto en el literal c) del Art. 57 de la Ley de Seguridad\n Nacional y demás disposiciones de la Ley de Régimen\n del Sector Eléctrico, a través de las regulaciones\n correspondientes, expedirá todas las normas y directrices\n que se requieran para enfrentar la crisis del sector, en condiciones\n de déficit de generación y manejo de racionamientos\n del servicio de electricidad, especialmente para determinar el\n uso eficiente de energía eléctrica, restricción\n de horarios de transmisión televisiva, otorgamiento de\n autorizaciones temporales, uso de la línea Ipiales-Tulcán,\n disminución de pérdidas negras, entre otras.

\n\n

Dichas regulaciones de conformidad\n con lo previsto en el literal e) del Art. 13 de la Ley de Régimen\n del Sector Eléctrico, serán de cumplimiento obligatorio\n para los agentes del sector eléctrico y de manera particular\n para los generadores, el transmisor, distribuidores, el CENACE\n y los usuarios respectivos.

\n\n

Art. 4.- Durante el periodo de\n emergencia, se adoptarán las medidas siguientes:

\n\n

a) El Ministerio de Economía\n y Finanzas, de acuerdo a las prioridades que se establezcan,\n en atención a las necesidades urgentes que presente el\n CONELEC, proveerá de los recursos económicos necesarios\n para afrontar la emergencia;

\n\n

b) El Ministerio de Energía\n y Minas, de acuerdo con la ley, establecerá un precio\n especial de los combustibles que se requieran para la generación\n de energía eléctrica y reforzará las campañas\n de ahorro de energía que viene implementando y por intermedio\n de PETROECUADOR, importará, almacenará y entregará\n los combustibles para la generación eléctrica;

\n\n

c) El Ministerio de Gobierno\n arbitrará las medidas que sean del caso, para reducir\n el horario de funcionamiento de restaurantes, bares, discotecas\n y demás centros nocturnos, así como de los espectáculos\n públicos; y,

\n\n

d) La Corporación Aduanera\n Ecuatoriana, CAE, otorgará las facilidades aduaneras que\n sean necesarias para la importación de equipos, partes,\n piezas y demás repuestos que se requieran para la generación\n de energía eléctrica

\n\n

Art. 5.- De la ejecución\n del presente decreto, que entrará en vigencia a partir\n de esta fecha sin perjuicio de su publicación en el Registro\n Oficial, encárguense los ministros de Gobierno y Policía,\n de Economía y Finanzas, y de Energía y Minas.

\n\n

Art. 6.- Conforme lo dispone\n el Art. 182 de la Constitución Política de la República,\n notifíquese al H. Congreso Nacional con la presente declaratoria\n de emergencia.

\n\n

Dado en el Palacio Nacional,\n en Quito, a 7 de noviembre del 2001.

\n\n

f.) Gustavo Noboa Bejarano, Presidente\n Constitucional de la República.

\n\n

f) Marcelo Merlo Jaramillo, Ministro\n de Gobierno y Policía.

\n\n

f.) Carlos Julio Emanuel, Ministro\n de Economía y Finanzas.

\n\n

f) Pablo Terán Ribadeneira,\n Ministro de Energía y Minas.

\n\n

Es fiel copia del original.-\n Lo certifico.

\n\n

f) Marcelo Santos Vera, Secretario\n General de la Administración Pública.

\n\n

 

\n\n

No.\n SB-INSIF-2001-0499

\n\n

ALEJANDRO MALDONADO\n GARCÍA INTENDENTE NACIONAL DE SUPERVISIÓN DE INSTITUCIONES\n FINANCIERAS

\n\n

Considerando:

\n\n

Que según lo dispuesto\n en el artículo 84 de la Codificación de la Ley\n General de Instituciones del Sistema Financiero, corresponde\n a la Superintendencia de Bancos calificar la idoneidad y experiencia\n del auditor interno;

\n\n

Que en el Subtítulo III\n "Auditorias", del Titulo VIII "De la contabilidad,\n información y publicidad" de la Codificación\n de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y de la Junta\n Bancaria, consta el Capitulo II "Normas para la calificación\n de los auditores internos de las entidades sujetas al control\n de la Superintendencia de Bancos"

\n\n

Que mediante Resolución\n No. SB-IT-2000-0423 de 27 de marzo del 2000, el señor\n Fredy Roberto Sandoval Cerda fue calificado para ejercer el cargo\n de auditor interno en las sociedades financieras;

\n\n

Que mediante comunicación\n de 28 de septiembre del 2001, el Gerente General del Banco M.M.\n Jaramillo Arteaga, solicite la ampliación de la calificación\n del señor Fredy Roberto Sandoval Cerda, para que pueda\n ejercer el cargo de auditor interno en las instituciones que\n se encuentran bajo el control de esta Superintendencia;

\n\n

Que con memorando No. IT-DEP-2001-0589\n de 8 de octubre del 2001, el Director de Estadística y\n Productos de esta Superintendencia, informa que revisadas las\n bases de datos de la central de riesgos, cuentas corrientes cerradas\n y cheques protestados, el señor Fredy Roberto Sandoval\n Cerda, no ha sido reportado con hechos negativos por las instituciones\n del sistema financiero;

\n\n

Que con memorando No. DN-2001-0637\n de 23 de octubre del 2001, la Dirección de Normatividad,\n presenta informe favorable para la ampliación de la calificación\n del señor Fredy Roberto Sandoval Cerda; y,

\n\n

En uso de las facultades conferidas\n por el señor Superintendente de Bancos, mediante Resolución\n ADM--2001-5641 de 14 de septiembre del 2001,

\n\n

Resuelve:

\n\n

Articulo 1.- Ampliar la calificación\n del señor Fredy Roberto Sandoval Cerda, portador de la\n cédula de ciudadanía No. 050183457-6, para que\n pueda ejercer el cargo de auditor interno en las instituciones\n que se encuentran bajo el control de esta Superintendencia.

\n\n

Articulo 2.- Disponer que se\n incluya la presente resolución en el Registro de Auditores\n Internos y se comunique del particular a la Superintendencia\n de Compañías.

\n\n

Comuníquese y publíquese\n en el Registro Oficial.- Dada en la Superintendencia de Bancos,\n en Quito, Distrito Metropolitano, a los veintiséis días\n del mes de octubre del año dos mil uno.

\n\n

f.) Ing. Alejandro Maldonado\n García, Intendente Nacional de Supervisión de Instituciones\n Financieras

\n\n

Lo certifico.- Quito, Distrito\n Metropolitano, a los veintiséis días del mes de\n octubre del año dos mil uno.

\n\n

f.) Dr. Diego Fernando Navas\n Muñoz, Secretario General.

\n\n

Superintendencia de Bancos.

\n\n

Es fiel copia, lo certifico.

\n\n

f.) Lcdo. Pablo Cobo Luna, Prosecretario\n Técnico.

\n\n

 

\n\n

26 de octubre del 2001.

\n\n

 

\n\n

Nro.\n 206-2001-AD

\n\n

"EL TRIBUNAL\n CONSTITUCIONAL

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, el penúltimo inciso\n del artículo 4 de la Codificación de la Ley de\n Contratación Pública, sustituido por él\n artículo 62 de la Ley para la Transformación Económica\n del Ecuador, dispone que la adquisición de bienes muebles,\n la ejecución de obras y la prestación de servicios\n no regulados por la Ley de Consultoría, cuya cuantía\n sea inferior al valor que resulte de multiplicar el coeficiente\n 0,00002 por el monto del presupuesto inicial del Estado del correspondiente\n ejercicio económico, no se sujetará a los procedimientos\n precontractuales previstos en la Ley de Contratación Pública,\n pero para celebrar los contratos respectivos, se observarán\n las normas reglamentarias pertinentes que para el efecto dictará\n cada uno de los organismos contratantes;

\n\n

Que, el artículo 59 de\n la Ley Orgánica de Administración Financiera y\n Control, establece que, en cada entidad del sector público\n deben existir funcionarios ordenadores de gastos y de pagos;

\n\n

Que, es necesario reglamentar\n los procesos internos del Tribunal, para la ejecución\n de obras, adquisición de bienes y prestación de\n servicios no regulados por la Ley de Consultoría; y,

\n\n

En ejercicio de la atribución\n contenida en el artículo 11 de la Ley de Control Constitucional,

\n\n

Resuelve:

\n\n

Expedir el siguiente: "Reglamento\n de Contratación para la adquisición de bienes,\n ejecución de obras y prestación de servicios no\n regulados por la Ley de Consultoría, del Tribunal Constitucional".

\n\n

CAPITULO I

\n\n

TITULO I

\n\n

ÁMBITO

\n\n

Art. 1. Ámbito.

\n\n

El presente reglamento se aplicará\n en todas las dependencias del Tribunal Constitucional, para la\n adquisición de bienes muebles, ejecución de obras\n y prestación de servicios no regulados por la Ley de Consultoría,\n cuya cuantía no exceda el valor que resulte de multiplicar\n el coeficiente 0,00002 por el monto del presupuesto inicial del\n Estado del correspondiente ejercicio económico.

\n\n

El Director Administrativo Financiero\n será el encargado de cumplir y hacer cumplir las disposiciones\n contenidas en este reglamento.

\n\n

TITULO II

\n\n

ORDENADOR DE GASTO Y ORDENADORES\n DE PAGO

\n\n

Art. 2. Ordenador de gastos.

\n\n

El Presidente del Tribunal Constitucional,\n o su delegado que deberá ser el Vicepresidente y a su\n falta el Vocal Magistrado asignado por la Presidencia, es ordenador\n de gastos y competente para autorizar y adjudicar contratos para\n la adquisición de bienes, prestación de servicios\n y ejecución de obras, con las limitaciones señaladas\n en el Art. 1 de este reglamento.

\n\n

Al Director Administrativo Financiero\n se le delega la autorización y adjudicación de\n contratos, para la adquisición de bienes y prestación\n de servicios, por una cantidad que no supere el valor que resulte\n de multiplicar el coeficiente 0.0000006 por el monto del Presupuesto\n Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico.

\n\n

Art. 3. Ordenador de pago

\n\n

El Director Financiero del Tribunal\n Constitucional, será el responsable de ordenar los pagos,\n en cumplimiento de la normatividad vigente, previa la autorización\n del ordenador de gasto.

\n\n

TITULO III

\n\n

DE LOS PROVEEDORES

\n\n

Art. 4. Registro de Proveedores.

\n\n

El Director Administrativo Financiero\n del Tribunal Constitucional, tendrá a su cargo y responsabilidad\n la aprobación, mantenimiento y actualización del\n Registro Abierto de Proveedores del Tribunal Constitucional,\n que se utilizará para cumplir con los procesos de adquisición\n de bienes y prestación de servicios, de conformidad con\n la normatividad vigente.

\n\n

El Director Administrativo Financiero\n será quien apruebe la inclusión o exclusión\n de los proveedores que se inscriban en el registro pertinente.

\n\n

Art. 5. Convocatoria e invitación.

\n\n

El Director Administrativo Financiero,\n con anticipación a cada año, convocará por\n la prensa a las personas naturales y/o jurídicas para\n que se inscriban en el Registro de Proveedores del Tribunal Constitucional,\n siempre que cumplan con los requisitos establecidos para tal\n efecto por la ley y/o el Tribunal Constitucional.

\n\n

 

\n\n

Art. 6. Otros proveedores.

\n\n

En casos excepcionales debidamente\n calificados por el Presidente del Tribunal si los proveedores\n constantes en el Registro de Proveedores no se encontraren en\n capacidad de atender los requerimientos del Tribunal Constitucional,\n el Director Administrativo Financiero podrá solicitar\n cotizaciones a otros proveedores.

\n\n

Esta autorización excepcional\n podrá hacerse hasta por tres ocasiones consecutivas al\n mismo proveedor de bienes o servicios. Caso contrario, para seguir\n adquiriendo sus servicios o productos, es necesario que el proveedor\n se incluya en el Registro de Proveedores de conformidad con los\n requisitos legales.

\n\n

TITULO IV

\n\n

DEL COMITÉ DE CONTRATACIONES

\n\n

Art. 7. Comité de Contrataciones.

\n\n

El Comité de Contrataciones\n del Tribunal Constitucional, para las contrataciones y adjudicación\n de contratos, para la adquisición de bienes, prestación\n de servicios y ejecución de obras cuya cuantía\n sea superior al valor que resulte de multiplicar el coeficiente\n 0,00001 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente\n ejercicio económico, hasta el valor que resulte de multiplicar\n el coeficiente 0,00002 por el monto del Presupuesto Inicial del\n Estado del correspondiente ejercicio económico, estará\n integrado por:

\n\n

a) El Presidente del Tribunal\n Constitucional, o su delegado que deberá ser el Vicepresidente\n y a su falta el Vocal Magistrado asignado por la Presidencia,\n quien lo presidirá;

\n\n

b) El Director de Asesoría\n Jurídica; y,

\n\n

c) El Director Administrativo\n Financiero.

\n\n

Actuará como Secretario\n un abogado del Tribunal Constitucional designado por el comité.

\n\n

Art. 8. Propuestas habilitadas.

\n\n

El comité considerará\n únicamente las propuestas que se ciñan a los documentos\n precontractuales y a las normas legales aplicables.

\n\n

Art. 9. Adjudicación.

\n\n

El comité resolverá\n lo procedente sobre el concurso y adjudicará el contrato\n al oferente, cuya oferta presente las mejores condiciones para\n los intereses institucionales o declarará desierto el\n concurso.

\n\n

TITULO V

\n\n

COTIZACIÓN Y SELECCIÓN

\n\n

Art. 10. Montos para solicitar\n ofertas.

\n\n

a) Para las transacciones cuyo\n monto ascienda hasta el valor que resulte de multiplicar el coeficiente\n 0.0000001 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del\n correspondiente ejercicio económico, se obtendrá\n tres ofertas o factura proforma. La adquisición se hará\n mediante la factura correspondiente;

\n\n

b) Para las transacciones que\n superen el valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0.0000001\n hasta el valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0.0000006\n por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente\n ejercicio económico, se requerirán tres ofertas.\n La adquisición se hará mediante la factura correspondiente;\n y,

\n\n

c) Para las transacciones que\n superen el valor de multiplicar el coeficiente 0.0000006 hasta\n el valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0.00001, por\n el monto del Presupuesto Inicial del Estado, en adelante se obtendrán\n tres ofertas, adjudicará el contrato el Presidente del\n Tribunal Constitucional y procederá a suscribir dicho\n documento.

\n\n

Art. 11. Procedimiento de selección.

\n\n

Cuando fuere posible o conveniente\n para los intereses institucionales, sea en los casos de solicitud\n de abastecimientos para adquisición de bienes y prestación\n de servicios, o de contratos para la adquisición de bienes,\n ejecución de obras y prestación de servicios, la\n adjudicación se hará previo el procedimiento de\n selección que considere adecuado el funcionario responsable\n de la adjudicación.

\n\n

Art. 12. Excepciones.

\n\n

Los procesos de adquisición,\n cuyo valor supere las cantidades enunciadas en los literales\n b) y c) del artículo anterior se podrán realizar\n con una sola cotización siempre que convenga al interés\n institucional, lo que será calificado por el Presidente\n del Tribunal:

\n\n

Art. 13. Garantías.

\n\n

Previamente a la suscripción\n de un contrato o a la recepción de anticipos, el contratista\n debe rendir las garantías, en la forma, condiciones y\n términos señalados en el Capitulo IV, Título\n V de la Ley de Contratación Pública, se aceptarán\n de modo preferente, las formas de garantía previstas en\n el literal b) del artículo 73 de la misma ley.

\n\n

Art. 14. Registro y notificación\n de garantías.

\n\n

El Tesorero del Tribunal mantendrá\n el registro y custodia de las garantías rendidas en los\n contratos y será responsable de notificar su vencimiento,\n con por lo menos quince días de anticipación, a\n los funcionarios responsables de vigilar la ejecución\n del contrato.

\n\n

Art. 15. Renovación y\n ejecución de garantías.

\n\n

Notificados los funcionarios\n dé las áreas que deben vigilar la ejecución\n del contrato, éstos deben solicitar al Tesorero del Tribunal\n que proceda al cobro de las mismas.

\n\n

En todo caso las garantías\n rendidas por los contratistas deben contener la cláusula\n de renovación automática.

\n\n

TITULO VI

\n\n

DEL PROCEDIMIENTO

\n\n

Art. 16. Solicitud de abastecimiento.

\n\n

Cualquier requerimiento se hará\n por órgano regular a través de una solicitud dirigida\n al Director Administrativo Financiero.

\n\n

La solicitud de abastecimiento\n se emitirá en formularios numerados, en original y dos\n copias.

\n\n

El expediente que contenga el\n original de la solicitud de abastecimiento, facturas proformas,\n disponibilidad presupuestaria, cuadro comparativo de ofertas\n de ser el caso, autorización de adquisición de\n funcionario competente, adjudicación, ingreso a bodega,\n y la correspondiente factura, se remitirá a la Dirección\n Financiera del Tribunal.

\n\n

La segunda copia se archivará\n en la Dirección Administrativa del Tribunal.

\n\n

Art. 17. De las contrataciones.

\n\n

El Director Administrativo Financiero,\n podrá realizar la adjudicación y contratación\n para la adquisición de bienes y prestación de servicios,\n cuyo presupuesto referencial sea inferior al valor que resulte\n de multiplicar el coeficiente 0,0000006 por el monto del Presupuesto\n Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico.

\n\n

Solicitará las ofertas\n de acuerdo con el artículo 16 de este reglamento a las\n personas naturales y/o jurídicas inscrita en el Registro\n de Proveedores, previo el cumplimiento de:

\n\n

1. Requerimiento.

\n\n

Solicitud de abastecimiento formulada\n por el titular de cualquier dependencia del Tribunal, que contenga\n la necesidad del bien o servicio, el cual de acuerdo a su monto,\n deberá dirigirse al Presidente del Tribunal o al Director\n Administrativo Financiero, para su aprobación previo a\n proseguir el trámite pertinente, considerando:

\n\n

a) Términos de referencia.

\n\n

Los que contendrán las\n características y condiciones técnicas mínimas\n que debe reunir el bien, obra o el servicio a contratar. Se considerará\n al menos cantidad solicitada, el plazo, forma de pago, modo y\n lugar de la entrega-recepción. Estos términos serán\n elaborados por la Dirección Administrativa Financiera\n considerando los requerimientos formulados, su necesidad, prioridad\n y recursos económicos disponibles;

\n\n

b) Facturas proformas.

\n\n

La Dirección Administrativa\n Financiera solicitará las facturas proformas para la adquisición\n de bienes, prestación de servicios o ejecución\n de obras de acuerdo a los pedidos formulados;

\n\n

c) Estudios externos.

\n\n

En los casos en los que no se\n pueda determinar los términos de referencia ni presupuesto\n - referencial por parte de la entidad, se procederá a\n contratar un profesional para la elaboración de los mismos;

\n\n

d) Certificación de partida\n presupuestaria.

\n\n

Documento emitido por el Director\n Financiero el cual indicará la existencia de fondos suficientes\n así como la determinación de la partida presupuestaria\n a la cual se aplicará el gasto, con el saldo correspondiente;

\n\n

e) Cuadro comparativo de ofertas.

\n\n

La Dirección Administrativa\n Financiera una vez obtenidas las facturas proformas o cotizaciones,\n elaborará el cuadro comparativo correspondiente con las\n recomendaciones que considere del caso.

\n\n

Para los casos en los que se\n deba obtener dos o más ofertas, el funcionario encargado\n de emitir la correspondiente autorización de gasto consignará\n su decisión en los cuadros comparativos de ofertas o en\n el informe adicional, si lo hubiere solicitado, y en ellos describirá\n las razones por las cuales adjudicó al oferente cuyá\n oferta conviene a los intereses institucionales, evaluándose\n las condiciones de precio, calidad, plazo y/u otra característica\n que haya tomado en cuenta para el efecto;

\n\n

1) Ordenador de gasto.

\n\n

El Presidente del Tribunal, quien\n haga sus veces o el Director Administrativo Financiero, de acuerdo\n con los montos de autorización, manifestará la\n aceptación expresa de la propuesta presentada y dispondrá\n al Director Administrativo la continuación del trámite,\n debiendo esta coordinar para el efecto con el funcionario de\n la unidad correspondiente. En el caso de que se requiera la elaboración\n de un contrato, la disposición será dada al Director\n de Asesoría Jurídica para el efecto.

\n\n

Art. 18. Suscripción de\n contrato.- Una vez completados todos los procedimientos se suscribirá\n el contrato por parte del Presidente del Tribunal o quien haga\n sus veces. El contrato será elaborado en original y tres\n copias.

\n\n

Todos los contratos se inscribirán\n en el Registro de Contratos que para el efecto mantendrá\n la Dirección de Asesoría Jurídica en el\n cual constarán tales instrumentos, fechados y numerados\n en su orden cronológico.

\n\n

El expediente que contenga el\n original del instrumento y más documentos, se remitirá\n al Director Financiero para su pertinente contabilización\n y custodia. En el caso de las garantías, el Director Financiero\n a su vez las remitirá al Tesorero, para los fines previstos\n en el artículo 14 de este reglamento.

\n\n

La segunda copia se archivará\n en la Dirección de Asesoría Jurídica.

\n\n

La tercera copia será\n entregada al contratista.

\n\n

Art. 19. Expediente y documentos\n habilitantes.- Para efectos de control, el expediente se conformará\n con los siguientes documentos habilitantes:

\n\n

a) Para adquisición de\n bienes:

\n\n

Personas Naturales:

\n\n

o Nombres completos, dirección\n y teléfonos;

\n\n

o Copias de la cédula\n de ciudadanía y del registro único de contribuyentes;\n y,

\n\n

o Certificado de la Contraloría\n General del Estado de no haber sido declarado adjudicatario fallido\n o contratista incumplido.

\n\n

Personas Jurídicas:

\n\n

o Documento que acredite la personería\n jurídica,

\n\n

o Nombramiento del representante\n legal (debidamente legalizado); y,

\n\n

o Certificado de la Superintendencia\n de Compañías sobre el cumplimiento de obligaciones;

\n\n

o Certificado de la Contraloría\n General del Estado de no constar en el Registro de Contratistas\n Incumplidos y Adjudicatarios Fallidos; y,

\n\n

o Dirección de la Empresa\n y teléfonos.

\n\n

b) Para ejecución de obras:

\n\n

Personas Naturales:

\n\n

o Nombres completos, dirección\n y teléfonos;

\n\n

o Copia de la cédula de\n ciudadanía y del registro único de contribuyentes;

\n\n

o Certificado de afiliación\n del Colegio Profesional al que pertenece;

\n\n

o Certificado de afiliación\n a la Cámara de Construcción correspondiente; y,

\n\n

o Certificado de la Contraloría\n General del Estado de no constar en el Registro de Contratistas\n Incumplidos y Adjudicatarios Fallidos.

\n\n

Personas Jurídicas:

\n\n

o Documento que acredite la personería\n jurídica,

\n\n

o Nombramiento del representante\n legal (debidamente legalizado);

\n\n

o Certificado de la Superintendencia\n de Compañías sobre el cumplimiento de obligaciones;

\n\n

o Certificado de la Contraloría\n General del Estado de no constar en el Registro de Contratistas\n Incumplidos y Adjudicatarios Fallidos; y,

\n\n

o Dirección de la empresa\n y teléfonos:

\n\n

c) Para prestación de\n servicios:

\n\n

Personas Naturales:

\n\n

o Nombres completos, dirección\n y teléfonos;

\n\n

o Copia de cédula de ciudadanía\n y del registro único de contribuyentes;

\n\n

o Certificado de afiliación\n del Colegio Profesional al que pertenece; y,

\n\n

o Certificado de la Contraloría\n General del Estado de no constar en el Registro de Contratistas\n Incumplidos y Adjudicatarios Fallidos.

\n\n

Personas Jurídicas:

\n\n

o Documento que acredite la personería\n jurídica,

\n\n

o Nombramiento del representante\n legal (debidamente legalizado);

\n\n

o Certificado del. Superintendencia\n de Compañías sobre el cumplimiento de obligaciones;

\n\n

o Certificado de la Contraloría\n General del Estado de no constar en el Registro de Contratistas\n Incumplidos y Adjudicatarios Fallidos; y,

\n\n

o Dirección de la empresa\n y teléfonos.

\n\n

CAPITULO II

\n\n

TITULO VII

\n\n

DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES\n PARA LA

\n\n

EJECUCIÓN DE OBRA

\n\n

Art. 20. Programación\n y ejecución.- La ejecución de obra pública\n será programada por la Dirección Administrativa\n Financiera y aprobada por el Presidente o su delegado que deberá\n ser el Vicepresidente y a su falta el Vocal asignado por la Presidencia,\n para lo cual deberá contar con la certificación\n de disponibilidad presupuestaria de la Dirección Financiera.

\n\n

Art. 21. Procedimiento.- Se observarán\n los siguientes procedimientos:

\n\n

a) Si el presupuesto referencial\n es inferior al coeficiente que resulte de multiplicar el coeficiente\n 0,00001 por monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente\n ejercicio económico se podrá contratar directamente,\n con tres ofertas, mediante invitación directa a profesionales\n o personas jurídicas que consten en el Registro de Proveedores.\n La Dirección Administrativa Financiera evaluará\n la oferta y la pondrá en conocimiento del Presidente del\n Tribunal Constitucional o su delegado que deberá ser el\n Vicepresidente y a su falta el Vocal Magistrado asignado por\n el Presidente para su aprobación, adjudicación\n y contratación respectiva, y,

\n\n

b) Si el presupuesto referencial\n es superior al valor que resulte de multiplicar el coeficiente\n 0,00001 pero inferior al valor que resulte de multiplicar el\n coeficiente 0,00002 por el monto del Presupuesto Inicial del\n Estado del correspondiente ejercicio económico, se cursará\n la invitación a tres profesionales o personas jurídicas.\n En este caso, el Comité de Adquisición del Tribunal\n Constitucional, evaluará la oferta de acuerdo a los formularios\n diseñados para el efecto y recomendará la contratación\n con el oferente cuya propuesta sea la más conveniente\n a los intereses nacionales e institucionales.

\n\n

Art. 22. Registro de contratistas.-\n Para efecto de la ejecución de obra, la Dirección\n Administrativa Financiera llevará un Registro de Contratistas\n y Consultores, debidamente actualizado.

\n\n

CAPITULO III

\n\n

TITULO VIII

\n\n

DEL ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO\n DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

\n\n

Art. 23. Arrendamiento y mantenimiento\n de bienes muebles e Inmuebles.- El Director Administrativo, para\n cualquiera de los montos previstos en este reglamento,
\n ejecutará el procedimiento para el arrendamiento y mantenimiento\n de bienes muebles e inmuebles, de conformidad con lo previsto\n en la Ley de Contratación Pública.

\n\n

DISPOSICIONES GENERALES

\n\n

Art. 24. Dirección de\n Asesoría Jurídica.- Las contrataciones o la instrumentación\n de acuerdos, convenios y contratos de todo tipo en los que intervenga\n el Tribunal Constitucional, deberán ser efectuadas en\n la Dirección de Asesoría Jurídica, para\n establecer la legalidad de los mismos por cumplimiento de los\n requisitos que ordena la ley y los reglamentos.

\n\n

Art. 25. Responsabilidad.- Los\n miembros del Comité de Adquisiciones y los ordenadores\n de gastos y de pagos, son personal y pecuniariamente responsables\n por sus acciones y omisiones con respecto al cumplimiento de\n las disposiciones legales, reglamentarias relacionadas con la\n administración de los recursos financieros públicos.

\n\n

Art. 26. Reserva.- Los miembros\n del Comité de Adquisiciones y los ordenadores de gastos\n y de pagos, guardarán absoluta reserva sobre los documentos\n y asuntos conocidos por ellos.

\n\n

Art. 27. Sujeción a la\n Ley de Contratación Pública y Normatividad Conexa.-\n En todo lo no contemplado en el presente reglamento, los vocales\n magistrados y los funcionarios del Tribunal Constitucional, se\n sujetarán a las disposiciones de la Ley de Contratación\n Pública y su reglamento general, al Reglamento General\n de Bienes del sector público, a la Ley del Control Constitucional\n y demás normas aplicables.

\n\n

Art. 28. La Dirección\n Administrativa Financiera elaborará un Plan Anual de Adquisiciones\n de acuerdo a los requerimientos y necesidades del Tribunal Constitucional.

\n\n

Art. 29. Vigencia.- El presente\n reglamento entrará en vigencia desde su publicación\n en el Registro Oficial y deja sin efecto y deroga reglamentos\n expedidos por el Tribunal Constitucional sobre esta materia.

\n\n

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

\n\n

Hasta que la ley disponga lo\n contrario, el presente reglamento se aplicará a los funcionarios,\n empleados y servidores del Registro Oficial".

\n\n

f) Dr. Marco Morales Tobar, Presidente.

\n\n

Razón: Siento por tal,\n que la resolución que antecede fue aprobada por el Pleno\n del Tribunal Constitucional, en sesiones de veintisiete de agosto\n del dos mil uno (primer debate), veintiocho de septiembre del\n dos mil uno (segundo debate) y texto final el seis de noviembre\n del dos mil uno, con la votación que consta en las actas\n correspondientes.- Lo certifico.

\n\n

f.) Dr. Víctor Hugo López\n Vallejo, Secretario General.

\n\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- Es\n fiel copia del original.- Quito, a 8 de noviembre del 2001.-\n f) El Secretario General.\n

 

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