Registro Oficial. OCTUBRE23 de OCTUBRE del 2001 Suplemento

Martes, 23 de octubre de 2001

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

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   MES DE OCTUBRE DEL 2001
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 REGISTRO OFICIAL
ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR
Administración del Sr. Dr. Gustavo Noboa Bejarano
Presidente Constitucional de la República
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Martes 23 de Octubre del 2001

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REGISTRO OFICIAL No. 438

\n

SUPLEMENTO

\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n

DR. JOSE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR

\n\n

FUNCION\n EJECUTIVA
\n  
\n ACUERDOS:
\n  
\n MINISTERIO DE ECONOMIA:
\n
 
\n 245 Déjase sin efecto\n el Acuerdo Ministerial No.  218 de 6 de septiembre del 2001\n y desígnase al señor Alvaro Martínez Illinwort,\n delegado principal ante el Directorio de Autoridad Portuaria\n de Guayaquil
\n  
\n
MINISTERIO\n DE SALUD:
\n
 
\n
624 Créase el Certificado Internacional\n de Vacunación
\n  
\n
654 Dispónese que toda empresa o persona\n natural que acuda al Consejo Nacional de fijación y revisión\n de Precios de Medicamentos de Uso Humano, con el fin de solicitar\n la fijación o revisión de precios de medicamentos,\n deberán acompañar la certificación de haber\n depositado en la Cuenta Rotativa de Ingresos de este ministerio,\n el valor correspondiente a una tasa de 30 dólares, por\n cada producto y forma de presentación cuya revisión\n o fijación se haya solicitado
\n  
\n 657 Autorízase\n y transfiérese la responsabilidad de realizar fumigaciones\n peridomiciliarias a los municipios de Rocafuerte, Olmedo, Montecristi,\n Puerto López y Naranjal, dentro de su respectiva jurisdicción\n
\n  
\n
REGULACION:
\n  
\n BANCO CENTRAL DEL ECUADOR:
\n
 
\n 091-2001 Modifícase\n el Capítulo II Requerimiento y Posición de Encaje\n de la Codificación de Regulaciones
\n  
\n
TRIBUNAL\n CONSTITUCIONAL
\n  
\n RESOLUCION:
\n
 
\n 209-2001-TP Dictamínase\n preventivamente la inconstitucionalidad de varias disposiciones\n contenidas en el proyecto de Ley de Seguridad Social, objetadas\n por razones de inconstitucionalidad por parte del señor\n Presidente de la República; dictamínase que no\n existe inconstitucionalidad que prevenir respecto de varias objeciones;\n y, señálase que las demás objeciones parciales\n presentadas por el señor Presidente de la República\n se consideran como objeciones motivadas por inconveniencia del\n proyecto de Ley de Seguridad Social
\n  
\n
ACUERDO\n DE CARTAGENA
\n  
\n RESOLUCIONES:
\n
 
\n 548  Dictamen 12-2001\n de  incumplimiento por  parte del Gobierno de Perú\n en  la aplicación de sobretasas a las importaciones\n originarias de los Países Miembros
\n  
\n 549 Precios de Referencia\n del Sistema Andino de Franjas de Precios para la primera quincena\n de octubre del 2001, correspondientes a la Circular No. \n 157 del 17 de septiembre del 2001
\n            \n
\n
ORDENANZAS\n MUNICIPALES:
\n
 
\n - Cantón Rumiñahui:\n Que reforma la Ordenanza General de mercados que regula el comercio\n minorista en espacios de circulación pública, mercados\n y plazas, publicada en el Registro Oficial No.  126 del\n 24 de Julio del 2000
\n  
\n - Cantón Babahoyo:\n Que regula la aplicación y cobro de la contribución\n especial de mejoras por las obras del proyecto de desarrollo\n urbano y por  la pavimentación y repavimentación\n de vías, aceras y bordillos; financiadas con créditos\n internos, externos y fondos propios
\n  
\n - Cantón Gualaquiza: Que\n crea las bonificaciones complementarias: bonificación\n fronteriza y adicional región amazónica a favor\n de los empleados y trabajadores municipales

\n  
\n

\n \n
\n

 

\n\n

N0\n 245

\n\n

EL MINISTRO DE\n ECONOMÍA Y FINANZAS

\n\n

En uso de las atribuciones que\n le confiere la ley,

\n\n

Acuerda:

\n\n

ARTICULO 1.- Dejar sin efecto\n el Acuerdo Ministerial No. 218 de 6 de septiembre del 2001.

\n\n

ARTICULO 2.- Designar delegado\n principal, en representación del Ministerio de Economía\n y Finanzas, ante el Directorio de Autoridad Portuaria de Guayaquil\n al señor Álvaro Martínez Illinwort.

\n\n

Comuníquese.- Quito, 15\n de octubre del 2001.

\n\n

f.) Dr. Carlos Julio Emanuel,\n Ministro de Economía y Finanzas.

\n\n

Es copia, certifico.

\n\n

f.) Julio César Moscoso\n S., Secretario General del Ministerio de Economía y Finanzas.

\n\n

N°\n 00624

\n\n

EL MINISTRO DE\n SALUD PUBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, el articulo 42 de la Constitución\n Política de la República dispone que el Estado\n garantizará el derecho a la salud, su promoción\n y protección;

\n\n

Que, el articulo 96 del Código\n de la Salud señala que el Estado fomentará y promoverá\n la salud individual y colectiva;

\n\n

Que, el Ecuador observa normas\n internacionales de vacunación para la prevención\n de enfermedades prevenibles por vacuna

\n\n

Que, es necesario actualizar\n el uso del Certificado Internacional de Vacunación como\n requisito para los viajeros nacionales e internacionales;

\n\n

Que, no se ha establecido la\n centralización de recaudaciones y el destino de los fondos\n recaudados con criterio de equidad;

\n\n

Que, mediante memorando N0 PAI-10-0129\n de 2 de abril del 2001, la Coordinadora Nacional de la Dirección\n Nacional de Promoción y Atención Integral de Salud,\n solícita la elaboración del presente acuerdo ministerial;

\n\n

Que, con memorando N0 SDG-10-2001-0192\n de 21 de agosto del 2001, el Director General de Salud (E), emite\n informe favorable al contenido del presente acuerdo ministerial;\n y,

\n\n

En ejercicio de las atribuciones\n concedidas por el artículo 176 de la Constitución\n Política de la República y artículo 16 del\n Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de\n la Función Ejecutiva,

\n\n

Acuerda:

\n\n

Art. 1 - Créase en el\n Ministerio de Salud Pública, el "Certificado Internacional\n de Vacunación", el mismo que tendrá validez\n en todo el territorio nacional.

\n\n

Art. 2.- El costo de la especie\n valorada y numerada del "Certificado Internacional de Vacunación",\n es de US$ 10.oo dólares norteamericanos para los ciudadanos\n nacionales y extranjeros.

\n\n

Art. 3.- El lugar de provisión\n de la mencionada especie valorada es la Dirección Nacional\n Financiera del Ministerio de Salud Pública.

\n\n

Art. 4.- Distribuir trimestralmente,\n el 20% de lo recaudado por este concepto al Programa Ampliado\n de Inmunizaciones y el 80% restante para las; unidades de vacunación\n que se establecerán con este objeto en los lugares de\n embarque de pasajeros al exterior, los que se ubicarán\n en las ciudades de Guayaquil, Cuenca, Machala, Manta y Centro\n de Salud N0 1 de la ciudad de Quito, unidad operativa del Ministerio\n de Salud Pública. Los recursos económicos que se\n obtengan de la mencionada recaudación serán invertidos\n en gastos administrativos e insumos que se requieran y que estén\n relacionados con el Programa de Inmunizaciones que lleva a cabo\n el Ministerio de Salud Pública.

\n\n

Art. 5.- La especie valorada\n que corresponde al "Certificado Internacional de Vacunación",\n podrá ser adquirida por otras unidades operativas provinciales\n de salud del Ministerio de Salud Pública, en la Dirección\n Nacional Financiera, previa la cancelación del valor de\n la especie. Los directores de dichas unidades, lo legalizarán\n con su firma y rúbrica, el sello de la institución\n a la que pertenecen, y anotarán en forma legible el número\n del lote de la vacuna utilizada, fotocopias certificadas de los\n certificados concedidos serán remitidas al Programa de\n Inmunizaciones de la Dirección Nacional de Promoción\n y Atención Integral de Salud del Ministerio de Salud Pública,\n para su respectivo control.

\n\n

Art. 6.- Los certificados de\n vacunación obtenidos serán los únicos documentos\n legales que acrediten la vacunación por lo que contendrán\n los sellos, firmas y más disposiciones que se emitan para\n legalizar el "Certificado Internacional de Vacunación".

\n\n

Art. 7.- En cuanto a la calidad\n de las vacunas y su inocuidad, el Ministerio de Salud Pública\n se responsabiliza únicamente por las vacunas administradas\n por los hospitales, centros de salud y unidades operativas dependientes\n del Ministerio de Salud Pública.

\n\n

Art. 8.- Se dispone que la Dirección\n Nacional de Promoción y Atención Integral de Salud\n a través del Programa de Inmunizaciones, notifique por\n medio de sendos oficios a las autoridades de inmigración\n y extranjería, con copia del presente acuerdo ministerial\n para la difusión de la presente normativa hacia los puestos\n dé embarque de pasajeros y a las unidades operativas de\n salud de esta Cartera de Estado del país para el fiel\n cumplimiento de las disposiciones del presente acuerdo ministerial.

\n\n

Art. 9.- Disponer que la Dirección\n Nacional de Promoción y Atención Integral de Salud\n a través del Programa de Inmunizaciones, conjuntamente\n con la Dirección Nacional Financiera en el plazo máximo\n de ocho (8) días calendario, contados a partir de la vigencia\n del presente acuerdo ministerial, elabore el diseño de\n la especie valorada.

\n\n

Art. 10.- Disponer que el responsable\n del buen manejo de los fondos que se recauden por concepto del\n cobro de la especie valorada "Certificado Internacional\n de Vacunación", sea el Director Nacional Financiero\n del Ministerio de Salud Pública quien tendrá responsabilidad\n administrativa, civil, pecuniaria y penal, por cualquier inobservancia\n de las normas legales que rigen sobre la materia de recaudación\n y administración de fondos públicos para lo cual\n procederá a elaborar un instructivo en el plazo máximo\n de ocho (8) días calendario, contados a partir de la vigencia\n del presente acuerdo ministerial.

\n\n

Art. 11.- De la ejecución\n del presente acuerdo ministerial que entrará en vigencia\n a partir de la fecha de su publicación en el Registro\n Oficial encárgase a las direcciones nacionales de Promoción\n y Atención Integral de Salud y Financiera del Ministerio\n de Salud Pública

\n\n

 

\n\n

Dado en el Distrito Metropolitano\n de Quito, a 13 de septiembre del 2001.

\n\n

f.) Dr. Patricio Jamriska Jácome,\n Ministro de Salud Pública.

\n\n

Es fiel copia del documento que\n consta en el archivo del Departamento de Documentación\n y Archivo, al que me remito en caso necesario. Lo certifico.

\n\n

Quito, a 11 de octubre del 2001.

\n\n

f.) Jefe de Documentación\n y Archivo, Ministerio de Salud Pública.

\n\n

 

\n\n

No.\n 00654

\n\n

EL MINISTRO DE\n SALUD PUBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que el Art. 46 de la Constitución\n Política, dispone que el financiamiento de las entidades\n públicas del Sistema Nacional de Salud provendrá\n de aportes obligatorios, suficientes y oportunos del Presupuesto\n General del Estado, de personas que ocupen sus servicios y que\n tengan capacidad de contribución económica y de\n otras fuentes que señale la ley,

\n\n

Que el Código de la Salud\n en su Art. 248 dispone que los servicios que se presten en las\n diferentes dependencias del Servicio Nacional de Salud, satisfagan\n el pago de derechos los mismos que serán invertidos según\n las necesidades por los jefes de cada servicio;

\n\n

Que de conformidad con el Art.\n 11 de la Ley para la Promoción de la Inversión\n y Participación Ciudadana que reforma la Ley de Modernización\n del Estado, las instituciones del Estado podrán establecer\n el pago de tasas por los servicios de control, inspecciones,\n autorizaciones, permisos, licencias y otros de similar naturaleza\n a fin de recuperar los costos en los que incurrieren para este\n propósito;

\n\n

Que mediante Decreto Ejecutivo\n No. 507 de 22 de enero de 1999, se dispone que sea el Ministerio\n de Salud el que establezca los criterios en base a los cuales\n se definan las prestaciones de salud que deban ser gratuitas\n y cuáles deben ser pagadas;

\n\n

Que mediante Ley 2000-12 se crea\n el Consejo Nacional de Fijación de Precios de Uso Humano,\n adscrito al Ministerio de Salud Pública, desempeñando\n un importante rol pese a lo cual no cuenta con los suficientes\n recursos para su debido funcionamiento;

\n\n

Que de conformidad con el Art.\n 176, Capítulo 3, Titulo VII de la Constitución\n Política de la República, los ministros de Estado\n representan al Presidente de la República en los asuntos\n propios del Ministerio a su cargo, esto en concordancia con lo\n dispuesto en el último inciso del Art. 1 del Decreto Ejecutivo\n No. 3, publicado en el Registro Oficial No. 3 de 26 de enero\n del 2000, que modifica el Estatuto del Régimen Jurídico,\n Administrativo de la Función Ejecutiva; y,

\n\n

En ejercicio de sus atribuciones\n legales,

\n\n

Acuerda

\n\n

Art. 1.- Toda empresa o persona\n natural que acuda al Consejo Nacional de Fijación y Revisión\n de Precios de Medicamentos de Uso Humano, con el fin de solicitar\n la fijación o revisión de precios de medicamentos,\n deberán acompañar la certificación de haber\n depositado en la cuenta rotativa de ingresos del Ministerio de\n Salud Pública, aperturada a la banca privada, el valor\n correspondiente a una tasa de 30 dólares, por cada producto\n y forma de presentación cuya revisión o fijación\n se haya solicitado.

\n\n

Art. 2.- Los valores que se recauden\n con motivo del pago de la tasa por fijación y revisión\n de precios se destinará exclusivamente para el cumplimiento\n de las funciones del Consejo y de la Secretaría Técnica\n del mismo.

\n\n

Art. .3.- De la ejecución\n del presente acuerdo ministerial, encárguese a la Dirección\n Nacional Financiera a través de Tesorería.

\n\n

Art. 4.- El presente acuerdo\n ministerial, entrará en vigencia a partir de su publicación\n en el Registro Oficial.

\n\n

Dado en la ciudad de Quito, a\n 4 de octubre del 2001.

\n\n

f.) Dr. Patricio Jamriska Jácome,\n Ministro de Salud Pública.

\n\n

Es fiel copia del documento que\n consta en el archivo del Departamento de Documentación\n y Archivo, al que me retinto en caso necesario. Lo certifico.

\n\n

Quito, a 11 de octubre del 2001.

\n\n

f) Jefe de Documentación\n y Archivo, Ministerio de Salud Pública.

\n\n

 

\n\n

No.\n 00657

\n\n

EL MINISTRO DE\n SALUD PUBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que el artículo primero\n de la Constitución Política del Estado, asegura\n la administración descentralizada del mismo;

\n\n

Que dentro de la Ley de Descentralización\n del Estado y Participación Social, se encuentra todo lo\n referente a la descentralización de funciones tanto financiera\n como administrativamente, a fin de obtener mejores resultados\n mi cuanto a rendición de informes y cuentas de las actividades\n descentralizadas;

\n\n

Que el Decreto Supremo No. 1581,\n publicado en el Registro Oficial No. 349 del 18 de junio del\n 2001, establece que las dependencias del Gobierno y del sector\n público pueden suscribir convenios con las entidades secciónales\n autónomas, de transferencia de funciones, responsabilidades\n y recursos;

\n\n

Que el Director Nacional Financiero,\n Ing. Héctor Jara, ha certificado la existencia de las\n partidas Nos. 1320-0000-A200-000-00-00-78-01-04-052-0, 1320-0000-A200-000-00-00-78-01-04-053-0,\n 1 320-0000-A200-000-00-00-78-01-04-
\n 055-0, 1320-0000-A200-000-13-11-78-01-04-058-0 y 1320-0000-A200-000-\n 13-12-78-01-04-059-0, mismas que servirán para la suscripción\n de convenios de transferencia de responsabilidades y recursos\n con los municipios de varios cantones de las provincias de Manabí\n y del Guayas;

\n\n

Que el articulo 3 del mencionado\n decreto dispone que previa la suscripción de los convenios\n se deberán emitir los correspondientes acuerdos ministeriales\n que delimiten la competencia de las entidades a participar de\n los mismos; y,

\n\n

En uso de las atribuciones concedidas\n por la Constitución Política de la República\n y por los artículos mencionados del Decreto Supremo No.\n 1581,

\n\n

Acuerda:

\n\n

Art. 1.- Autorizar y transferir\n la responsabilidad de realizar fumigaciones peridomiciliarias\n a los municipios de Rocafuerte, Olmedo, Montecristi, Puerto López\n y Naranjal, dentro de su respectiva jurisdicción, para\n lo cual los alcaldes de las municipalidades antes nombradas remitirán\n el proyecto de fumigaciones con las localidades, cronogramas\n de trabajo, materiales y equipos a ser utilizados.

\n\n

Art. 2.- Suscribir un convenio\n de cooperación inter-institucional con los municipios\n de los cantones Rocafuerte, Olmedo, Montecristi, Puerto López\n y Naranjal de las provincias de Manabí y Guayas, que permita\n llevar adelante la transferencia de responsabilidades y recursos\n suficientes para emprender un Proyecto de Fumigaciones Peridomiciliares\n de acuerdo a las necesidades de cada cantón.

\n\n

Art. 3.- Para la consecución\n de los objetivos constantes en el convenio que se suscriba, se\n contará con la asignación presupuestaria de USS\n 250.000 para el cantón Rocafuerte, US$ 250.000 para el\n cantón Olmedo, US$ 250.000 para el cantón Montecristi,\n US$ 250.000 para el cantón Puerto López y US$ 250.000\n para el cantón Naranjal, conforme consta de la certificación\n de las partidas correspondientes.

\n\n

Art. 4.- De la ejecución\n del presente acuerdo que entrará en vigencia desde su\n emisión, sin perjuicio de su publicación en el\n Registro Oficial, encárguese al Subsecretario General\n de Salud.

\n\n

Dado en el Distrito Metropolitano\n de Quito, a 5 de octubre del 2001.

\n\n

f) Dr. Patricio Janiriska Jácome,\n Ministro de Salud Pública.

\n\n

Es fiel copia del documento que\n consta en el archivo del Departamento de Documentación\n y Archivo, al que me remito en caso necesario. Lo certifico.

\n\n

Quito, a 11 de octubre del 2001.

\n\n

f.) Jefe de Documentación\n y Archivo, Ministerio de Salud Pública.

\n\n

N0\n 091-2001

\n\n

EL DIRECTORIO\n DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

\n\n

En uso de las atribuciones que\n le confieren los artículos 17 y 89 de la Ley de Régimen\n Monetario y Banco del Estado, expide la siguiente regulación:

\n\n

ARTICULO 1. En el Capítulo\n II (Requerimiento y Posición de Encaje), del Título\n Segundo (Encaje) del Libro 1 (Política Monetaria - Crediticia)\n de la Codificación de Regulaciones del Banco Central del\n Ecuador (Pág. 8.0), sustitúyase la disposición\n transitoria constante al final del artículo 5, por la\n siguiente:

\n\n

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

\n\n

No obstante lo dispuesto en el\n artículo 3 del presente capítulo, durante las semanas\n de encaje comprendidas entre el jueves 11 de octubre y el miércoles\n 7 de noviembre del 2001, los bancos privados, Banco Nacional\n de Fomento, instituciones financieras públicas y mutualistas\n sujetos al control de la Superintendencia de Bancos tendrán\n un encaje de 4% para todos los depósitos y captaciones,\n constituidos de la siguiente manera:

\n\n

Hasta 1.6% con obligaciones para\n encaje emitidas por la Corporación Financiera Nacional,\n con vencimiento de hasta un año, las que deberán\n obligatoriamente mantenerse en custodia del Banco Central del\n Ecuador.

\n\n

Hasta un 0.4% con obligaciones\n para encaje emitidas por la Corporación Financiera Nacional\n para canjear los Bonos de Reactivación Económica\n (BRE) que forman parte del encaje o con los mismos BRE. En ambos\n casos, estos títulos deberán obligatoriamente mantenerse\n en custodia del Banco Central del Ecuador. Las IFI que no dispongan\n de estos títulos deberán continuar encajando este\n 0.4% en efectivo.

\n\n

El saldo restante, a criterio\n de cada institución sujeta a encaje podrá ser distribuido\n entre las disponibilidades de efectivo en la caja de los bancos\n privados, Banco Nacional de Fomento, instituciones financieras\n públicas y mutualistas y los saldos en la cuenta comente\n que mantenga la respectiva entidad financiera en el Banco Central.

\n\n

En las localidades en donde el\n Banco Central no tenga oficinas, se tomarán en cuenta\n para la constitución del encaje los depósitos realizados\n en el Banco Nacional de Fomento o en otros bancos privados de\n las correspondientes plazas.

\n\n

Si los depósitos de encaje\n se realizaren en los bancos o en las oficinas del Banco Nacional\n de Fomento de la plaza, estas instituciones encajarán\n el ciento por ciento de tales depósitos, ya sea como depósitos\n en su cuenta corriente en el Banco Central y/o como efectivo\n en su propia caja.

\n\n

La presente disposición\n transitoria tendrá vigencia hasta el miércoles\n 7 de noviembre del 2001, en consecuencia, a partir del 8 de noviembre\n del 2001, regirá lo dispuesto en el artículo 3\n del presente capítulo. En caso de que se considere conveniente,\n el Directorio del Banco Central podrá rever esta medida\n antes de la fecha indicada.

\n\n

ARTICULO 2. Esta regulación\n entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin\n perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

\n\n

Dada, en la ciudad de Guayaquil,\n al 8 de octubre del 2001.

\n\n

EL PRESIDENTE.

\n\n

Mauricio Yépez Najas.

\n\n

LA PROSECRETARIA.

\n\n

Ivette Charvet Montúfar.

\n\n

SECRETARIA GENERAL.- DIRECTORIO\n BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Quito, 10 de octubre del 2001.- Es\n copia del documento que reposa en los archivos del Directorio.-\n Lo certifico.- f.) Ivette Çharvet Montúfar, Prosecretaria\n del Directorio.

\n\n

 

\n\n

Nro.\n 209-2001-TP

\n\n

"EL TRIBUNAL\n CONSTITUCIONAL En el caso signado con el Nro. 001-2001-OI

\n\n

ANTECEDENTES: El doctor José\n Cordero Acosta, en su calidad de Presidente del Congreso Nacional,\n en cumplimiento a la disposición contenida en el artículo\n 154 de la Constitución, remite al Tribunal Constitucional\n copias certificadas del texto del Proyecto de Ley de Seguridad\n Social, así como el oficio No. 1. 1 330-DAJ-200 1-4023\n de 24 de agosto del 2001 el mismo que contiene la objeción\n parcial hecha por el Presidente de la República al Proyecto\n de Ley de Seguridad Social, para que el Tribunal Constitucional\n lo dictamine.

\n\n

Mediante Resolución No.\n R-23-l 11 de 12 de septiembre del 2091 el Congreso Nacional resolvió\n remitir a este Tribunal el oficio No. T. 1330-DAJ-2001-4023 de\n 24 de agosto del 2001 suscrito por el Presidente de la República\n el que contiene las objeciones realizadas al Proyecto de Ley\n de Seguridad Social, en el que aparecen tanto objeciones fundamentadas\n en la conveniencia del Proyecto como en planteamientos de inconstitucionalidad.

\n\n

Mediante providencia de 13 de\n septiembre del 2001, las 12h00, el Presidente del Tribunal Constitucional\n dispuso oficiar al Presidente del Congreso Nacional a fin de\n que remita copia certificada del Proyecto original de la Ley\n de Seguridad Social presentado al Congreso Nacional y de las\n actas de las sesiones en que la Legislatura conoció y\n aprobó dicho proyecto de Ley de las actas en las que conoció\n la objeción presidencial y en las que se aprobó\n la Resolución No. R-23-l 11, además de oficiar\n al Presidente del Tribunal Supremo Electoral a fin de que se\n remita copia certificada de los textos de las preguntas y los\n resultados de la o las consultas populares sobre la temática\n referida a la Seguridad Social.

\n\n

En providencia de 18 de septiembre\n del 2001, las 16h00, el Pleno del Tribunal Constitucional resolvió\n admitir a trámite la solicitud de dictamen presentada\n y previo el sorteo respectivo que el expediente pase a la Primera\n Comisión del Tribunal para que emita el correspondiente\n informe.

\n\n

Con providencia de 24 de septiembre\n del 2001, las 09h00, la Primera Sala del Tribunal, constituida\n como comisión, avoca conocimiento de la causa y dispone\n correr traslado con el contenido de la objeción de inconstitucionalidad\n al Presidente de la República, Presidente del Congreso\n Nacional y Comisión Interventora del IESS, a. fin de que\n dentro del término de cinco días formulen observaciones\n sobre su contenido.

\n\n

El Presidente del Congreso Nacional,\n al respecto, adjunte copias certificadas del oficio N° 065\n de 29 de agosto del 2001, suscrito por el diputado León\n Roldós Aguilera, y su anexo denominado "Ayuda memoria.-\n Objeción parcial del Ejecutivo al Proyecto de Ley de Seguridad\n Social", signado por varios diputados. En dicho anexo se\n señala que, del total de objeciones, se identifican diez\n por inconstitucionalidad: la 3ª sobre las letras g, b y\n d del Proyecto de Ley de Seguridad Social; la 6, sobre el articulo\n 26 del proyecto; la 16ª, sobre el articulo 72; la 20ª,\n sobre las letras b, c y d del articulo 103; la 36ª, el articulo\n 177; la 43ª, sobre el articulo 210; la 47ª, sobre el\n artículo 217; la 48ª, sobre el articulo 218; la 49ª,\n sobre el articulo 219; y la 55ª, sobre los artículos\n 257 al 275 del Proyecto de Ley de Seguridad Social aprobado por\n el Congreso Nacional.

\n\n

La Comisión Interventora\n del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social observa, a su vez,\n que con la codificación constitucional publicada el 11\n de agosto de 1998, en caso de objeción por inconstitucionalidad\n formulada por el Presidente de la República en el procedimiento\n de formación de la ley, es el Jefe del Estado quien debe\n solicitar el dictamen correspondiente al Tribunal Constitucional,\n y que era en la anterior codificación en que el Congreso\n Nacional realizaba dicha petición, pues no se distinguían\n los trámites en la materia, como silo hace el texto constitucional\n vigente en los artículos 153 y 154, por lo que el Congreso\n Nacional no tiene facultades para enviar las objeciones al Tribunal,\n pues para ello éstas deben tener la calificación\n expresa de que se han basado en la inconstitucionalidad del proyecto,\n lo que no ha ocurrido en la especie, por lo que la disposición\n contenida en el articulo 27 de la Ley del Control Constitucional\n resulta inconsistente con la Constitución, por lo que\n se debe aplicar la jerárquicamente superior, como lo señala\n el artículo 272 del Código Político. Añade\n que mediante la Resolución N0 R-23-111, aprobada por el\n Congreso Nacional el 12 de septiembre del 2001, la Legislatura\n ha presupuesto, de manera errada, que existe objeción\n por inconstitucionalidad, insistiendo en que no puede ejercer\n una atribución que ya no corresponde desde la reforma\n constitucional de 1998. Agrega que el Congreso Nacional ha señalado\n que existen algunas objeciones por inconstitucionalidad y otras\n por inconveniencia, y que, luego del análisis corresponderían\n a éstas las objeciones números 3, 6, 16, 20, 36,\n 43, 47, 48, 49 y 55 del oficio N° 1. 1330-DAJ-2001-4023,\n de 24 de agosto del 2001.

\n\n

En lo principal, señala\n la Comisión Interventora del IESS que algunas de las objeciones\n señaladas no se sustentan en razones de constitucionalidad,\n ni el Presidente de la República ha invocado principios\n constitucionales para objetar y en determinados casos ha realizado\n citas marginales al Código Político que no las\n convierte en objeciones de inconstitucionalidad y que, en el\n fondo, se sustentan en razones de conveniencia o de oportunidad\n del proyecto, tanto así que plantea los respectivos textos\n alternativos, pues en la objeción por inconstitucionalidad\n es indispensable que la observación e fundamente en la\n existencia de inconsistencias entre el texto aprobado y un precepto\n de la Constitución, de tal modo que si la referencia se\n elimina, la objeción desaparece.

\n\n

El Presidente de la República\n argumente que las objeciones que presentó al Proyecto\n de Ley de Seguridad Social se realizaron por razones de inconveniencia\n y no por inconstitucionalidad, pues, de ser así, habría\n solicitado el dictamen del Tribunal Constitucional, añadiendo\n que el articulo 27 de la Ley del Control Constitucional es incompatible\n con la Constitución, por lo que la Resolución del\n Congreso Nacional se encuentra fuera de las atribuciones de la\n Legislatura.

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, de conformidad con lo que\n dispone el Art. 276, número 4 de la Constitución\n el Tribunal es competente para dictaminar sobre las objeciones\n de inconstitucionalidad que realice el Presidente de la República\n respecto de proyectos de ley aprobados por el Congreso Nacional;\n sin embargo, dadas las circunstancias particulares que se han\n dado en el presente caso es necesario hacer una referencia a\n éstas para analizarlas y fijar de modo inequívoco\n la competencia de este organismo;

\n\n

Que, el pedido de dictamen al\n Tribunal Constitucional sobre las objeciones de inconstitucionalidad\n del Presidente de la República no fue solicitado por éste\n sino por el Congreso Nacional, a donde hablan sido enviadas el\n total de objeciones presidenciales. El Presidente de la República\n invocó el Art. 153 de la Constitución como fundamento\n de su actuación. El Congreso Nacional, en sus deliberaciones,\n encontró que dentro del texto presidencial, conteniendo\n las diversas objeciones al proyecto de Ley de Seguridad Social,\n existían objeciones que hacían referencia a la\n Constitución, en el sentido de que tal o cual disposición\n legal la contradecían o no eran conformes a la Ley Fundamental\n o estaban prohibidas por ella;

\n\n

Que, tanto en la respuesta escrita\n del Presidente de la República como en la exposición\n oral de su representante se sostuvo que el Primer Mandatario\n no había objetado la referida ley por razones de inconstitucionalidad,\n que todas sus objeciones parciales obedecían a razones\n de conveniencia y de oportunidad, que a ello se debe la invocación\n del Art. 153 de la Constitución y el envío de textos\n alternativos;

\n\n

Que, el Tribunal Constitucional\n observa que hay una contradicción entre dichas afirmaciones\n -en el sentido antes señalado- por cuanto en el texto\n presidencial de objeción parcial si hay razonamientos\n numerosos que indican la existencia de inconstitucionalidades,\n aunque a veces se omite concretar el número del articulo\n constitucional violado;

\n\n

Que, en estas circunstancias,\n este Tribunal considera que es competente para conocer y emitir\n el dictamen respectivo sobre aquellas objeciones basadas en razones\n de inconstitucionalidad, no obstante que la legitimación\n activa corresponde al Presidente de la República según\n el párrafo primero que sigue al número 5 del Art.\n 277 de la Constitución. Este Tribunal hace presente que\n si se establecen objeciones a un proyecto de ley, éstas\n no pueden señalar sin consecuencias jurídicas que\n hay contradicción con la Ley Fundamental del Estado, pues\n esas referencias no pueden ser tenidas como de mero carácter\n complementario o marginal dentro de la argumentación.\n En un Estado social de derecho la Constitución es su eje\n fundamental que da validez y unidad a todo el ordenamiento jurídico;

\n\n

Que, el articulo 154 de la Constitución\n señala que "si la objeción se fundamentare\n en la inconstitucionalidad total o parcial del proyecto, éste\n será enviado al Tribunal Constitucional para que emita\n su dictamen", lo que configura el denominado control preventivo\n y obligatorio de constitucionalidad de las leyes, también\n llamado control directo, en virtud del cual toda cuestión\n de constitucionalidad que se presenta dentro de esa fase del\n procedimiento de formación de la ley debe ser conocido\n por esta Magistratura, sin que quepa discrecionalidad;

\n\n

Que, en virtud de la reforma\n constitucional aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente,\n publicada en el Registro Oficial N° 1 de 11 de agosto de\n 1998, no son aplicables las disposiciones contenidas en los artículos\n 27 y 28 de la Ley del Control Constitucional, por lo que se han\n continuado, de modo general, los procedimientos seguidos en la\n tramitación del caso N° 001-2000-OI;

\n\n

Que, no obstante lo señalado\n en el considerando precedente, este Tribunal expresa que no se\n ha omitido solemnidad sustancial alguna que pueda incidir en\n este dictamen, por lo que se declara la validez de todo lo actuado,

\n\n

Que, tratándose en el\n presente caso de objeciones de inconstitucionalidad, se deberá\n esperar el dictamen de este Tribunal pues, en el evento que confirme\n la inconstitucionalidad parcial del proyecto, el Congreso Nacional\n deberá realizar las enmiendas necesarias, tal como lo\n dispone el inciso primero del articulo 154 del texto constitucional,\n por lo que, en la especie y tal como se señaló\n en la Resolución N° 026-2000-TP, será el Congreso\n Nacional quien tome la decisión de adoptar los textos\n alternativos presentados por el Presidente de la República\n en la objeción en comento, "cuestión que no\n corresponde al Tribunal, que se concretará únicamente\n a analizar las objeciones cuyo fundamento es la inconstitucionalidad\n y dar su dictamen";

\n\n

Que, de conformidad con los artículos\n 154 y 276, número 4, es de competencia exclusiva de este\n Tribunal dictaminar sobre las objeciones de inconstitucionalidad\n realizadas al Proyecto de Ley de Seguridad Social, más\n no respecto de las formuladas por motivos de conveniencia. Entre\n las objeciones presidenciales hay algunas en que se hace referencia\n a los preceptos constitucionales, sin embargo se lo hace para\n sustentar los argumentos de conveniencia o de oportunidad, y\n esta clase de objeciones no ameritan pronunciamiento alguno por\n parte del Tribunal;

\n\n

Las objeciones presidenciales\n fundadas en motivos de inconstitucionalidad son las siguientes:\n *1

\n\n

1.- En la primera objeción,\n señala el Presidente de la República que en el\n proyecto aprobado por el Congreso se suprimen las gerencias reemplazándolas\n por "direcciones", en contravención "lo\n cual contraviene el mandato constitucional sobre la reorganización\n y la modernización del IESS.", pues se pretende perpetuar\n las direcciones que son instancias de autoridad de la vieja estructura\n orgánica.

\n\n

Que, para dilucidar el cuestionamiento\n fundamental de inconstitucionalidad que se plantea en esta objeción,\n se debe tomar en cuenta el antiguo aforismo aristotélico\n de que "las cosas en derecho son lo que son y no lo que\n se les denomina", por lo que se deben tener presente las\n características de las instituciones jurídicas,\n en cada caso.

\n\n

Al respecto, los términos\n "gerencia" y "dirección" no son más\n que denominaciones, las que, en su contenido, se deben definir\n con sus respectivas funciones y responsabilidades, por lo que\n no se puede sustentar un requerimiento de inconstitucionalidad\n en el mero cambio de denominaciones que en el proyecto de ley\n aprobado por el Congreso Nacional se realizan al proyecto original\n presentado por la Comisión Interventora del Instituto\n Ecuatoriano de Seguridad Social. En este punto se desecha la\n objeción de inconstitucionalidad.

\n\n

2.- En la tercera objeción,\n respecto del literal b) del articulo 10 del Proyecto, señala\n el Primer Mandatario que "En cumplimiento del precepto constitucional\n el Seguro General Obligatorio deberá extender la protección\n a todas las personas que reciben ingresos regulares con relación\n de dependencia laboral o sin ella; y silos no asalariados solo\n se afiliarán discrecionalmente, cuando lo soliciten, se\n estará incumpliendo dicho precepto y se restringirá\n aún más la ya precaria cobertura...

\n\n

Que, la letra b del articulo\n 10 del Proyecto de Ley de Seguridad Social, dispone lo siguiente:

\n\n

"Art. 10.- REGLAS DE PROTECCIÓN\n Y EXCLUSIÓN.- En la aplicación de los programas\n de aseguramiento obligatorio, se observarán las siguientes\n reglas de protección y exclusión:

\n\n

b. El trabajador autónomo,\n el profesional en libre ejercicio, el administrador o patrono\n de un negocio, el dueño de una empresa unipersonal, el\n menor independiente, que voluntariamente se afiliaren al IESS,\n estarán protegidos contra todas las contingencias enunciadas\n en el artículo 3 de esta Ley, excepto la de cesantía;".

\n\n

Que, del universo poblacional,\n existe un sector que está obligado a afiliarse al IESS,\n y son quienes prestan sus servicios en relación de dependencia,\n lo cual es indudable, tal como existen otros sectores que sin\n tener relación de dependencia ejercen actividades económicas\n y que también deben afiliarse, pero, por otra parte, existe\n un sector de la población económicamente activa\n que por su propia actividad económica no requieren de\n la cobertura de la seguridad social y, por tanto, no se les puede\n obligar a afiliarse, y son, precisamente, los empresarios, los\n administradores o patronos, entre otros, sin que, por otra parte,\n se les pueda impedir una afiliación voluntaria, como no\n lo hace la del Proyecto de Ley de Seguridad Social, lo que no\n implica discrecionalidad;
\n ----------------
\n 1 Para fines de análisis el Tribunal cita parte de los\n argumentos expuestos por el señor Presidente de la República\n y destaca las frases relacionadas con el señalamiento\n de inconstitucionalidad.

\n\n

Que, en definitiva, quienes por\n su actividad económica deben afiliarse al seguro social,\n deben hacerlo obligatoriamente, mientras que a quienes no corresponde\n la cobertura, se les permite la afiliación voluntariamente,\n situación que debe ser regulada por la normativa propia\n de la seguridad social, como ocurre en la especie, todo ello\n en cumplimiento de lo ordenado en el inciso segundo del artículo\n 57 de la Constitución que dispone que la protección\n del seguro general obligatorio se extenderá progresivamente\n a toda la población, con relación de dependencia\n laboral o sin ella, conforme lo permitan las condiciones generales\n del sistema, las que, se insiste, deben ser desarrolladas en\n la ley respectiva. Por lo que el articulo 10, en su letra b)\n del proyecto de ley no contiene inconstitucionalidad alguna.

\n\n

3.- En la cuarta objeción,\n relativa al artículo 18 del proyecto, el señor\n Presidente de la República afirma que: "Si se omite\n la referencia a la Contraloría General del Estado como\n organismo de control, se contradice al Art. 211 De La Constitución\n Política de la República...

\n\n

Que, en efecto, el artículo\n 18 del Proyecto de Ley de Seguridad Social no señala que\n la Contraloría General del Estado ejerza facultades fiscalizadoras\n respecto de la
\n seguridad social, entregándole tai atribución a\n la Superintendencia de Bancos y Seguros;

\n\n

Que, el artículo 211 dé\n la Constitución prevé, entre otros organismos de\n control, a la Contraloría General del Estado, con atribuciones\n para controlar ingresos, gastos, inversión, utilización\n de recursos, administración y custodia de bienes públicos,\n además de realizar auditorias de gestión a las\n entidades y organismos del sector público y sus servidores,\n debiéndose pronunciar sobre la legalidad, trasparencia\n y eficiencia de los resultados institucionales, extendiéndose\n su acción al sector privado respecto de los bienes, rentas\n u otras subvenciones de carácter público de que\n disponga;

\n\n

Que, los ingresos provenientes\n de los aportes de los afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad\n Social, así como los fondos de reserva, provienen de la\n relación de trabajo y, por tanto, no constituyen ingresos\n fiscales o públicos, ni son ingresos de carácter\n tributario

\n\n

Que, si bien los aportes son\n recursos que provienen de la relación de trabajo, no siendo\n procedente que se sujeten a la fiscalización de Contraloría,\n debe existir un control, como en todo Estado de Derecho, lo que\n no se omite en el Proyecto de Ley de Seguridad Social, pues la\n fiscalización del manejo de estos recursos queda en manos\n de la Superintendencia de Bancos y Seguros, la que, de conformidad\n con el artículo 222 del texto constitucional, es un organismo\n encargado de controlar instituciones públicas y privadas,\n a fin de que las actividades económicas y los servicios\n que se presten, en la especie en materia de seguridad social,\n se sujeten a la ley y atiendan al interés general, por\n lo que en el articulo 18 del proyecto de ley, no existe inconstitucionalidad

\n\n

4.- En la sexta objeción,\n manifiesta el señor Presidente de la República\n que en el artículo 26, "se ha introducido un elemento\n ajeno a la competencia del órgano de gobierno del IESS,\n pues, según lo que ordena La Constitución Política\n de la República el planeamiento estratégico y la\n inversión de las reservas técnicas del Seguro General\n Obligatorio corresponde a la Comisión Técnica de\n Inversiones, mientras que los negocios provisionales y su planeamiento\n estratégico se refieren a los Seguros Generales administrados\n por IESS... ". La disposición objetada expresa lo\n siguiente:

\n\n

Art. 26.- COMPETENCIA.- El Consejo\n Directivo es el órgano máximo de gobierno del IESS,\n responsable de las políticas para la aplicación\n del Seguro General Obligatorio. Tiene por misión la expedición\n de las normativas de organización y funcionamiento de\n los seguros generales administrados por el IESS, el planeamiento\n estratégico del ahorro previsional, la regulación\n y supervisión de las direcciones de los seguros generales\n y especiales aplicados por el IESS, y la fiscalización\n de los actos de la administración del IESS.

\n\n

Que, el inciso quinto del artículo\n 59 de la Constitución señala que las inversiones\n del IESS con recursos provenientes del seguro general obligatorio\n serán realizadas en el mercado financiero por una comisión\n técnica nombrada por el organismo técnico administrativo\n del IESS;

\n\n

Que, por una parte, la disposición\n objetada, en ningún momento deja al Consejo Directivo,\n como máximo órgano de gobierno del IESS, la facultad\n de invertir los recursos provenientes del seguro general obligatorio\n y, por otra, la Comisión Técnica de Inversiones\n que nombrará el IESS es una comisión ejecutora\n de las políticas de inversión que serán\n realizadas en el mercado financiero, políticas que han\n de emanar del organismo máximo del IESS, conforme el mandato\n del artículo 58 del texto constitucional, especialmente\n en su inciso tercero, que le otorga la potestad de crear y promover\n la formación de instituciones administradoras de recursos.\n En razón de lo expresado no existe inconstitucionalidad\n en el artículo 26 del proyecto de ley.

\n\n

5.- La décimo primera\n objeción, respecto de las atribuciones de la Comisión\n Técnica de Inversiones contenida en la letra g) del articulo\n 47 del proyecto, el Primer Mandatario indica que: "debe\n guardar concordancia con las normas contenidas en el articulo\n 59 y en la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución\n Política de la Republica que dispone la separación\n patrimonial de los fondos y reservas de los seguros sociales\n aplicados por el IESS... ". El articulo 47, letra g, del\n Proyecto de Ley de Seguridad Social dispone:

\n\n

"Art. 47.- ATRIBUCIONES\n Y DEBERES.- La
\n Comisión Técnica de Inversiones tendrá los\n siguientes deberes y atribuciones:

\n\n

g. Realizar las inversiones del\n IESS y del Régimen Solidario del Sistema de Pensiones;"

\n\n

 

\n\n

Que, de conformidad con la cuarta\n disposición transitoria de la Constitución, los\n fondos de las aportaciones realizadas para las distintas prestaciones\n se mantendrán en forma separada y no se utilizarán\n en prestaciones diferentes de aquellas para las que fueron creados;

\n\n

Que, en primer lugar, se debe\n tener presente que el Presidente de la República fundamenta\n su objeción en una disposición transitoria contenida\n en el texto constitucional y que, tal como lo ha señalado\n este Tribunal, las disposiciones transitorias, como su denominación\n lo indica, no son de carácter permanente y, por tanto,\n tienen vigencia durante el régimen de transición\n de un sistema a otro, para armonizar la situación jurídica\n precedente a las nuevas normas, para respetar derechos adquiridos,\n no declarar la retroactividad absoluta de los preceptos innovadores,\n etcétera, es decir, la disposición transitoria\n regirá, de modo general, hasta la expedición de\n la ley que regule todo lo atinente a la materia, tal como se\n realiza en la especie con el Proyecto de Ley de Seguridad Social;

\n\n

Que, en todo caso, no solo que\n la disposición legal objetada se concreta a la aplicación\n del inciso quinto del articulo 59 de la Constitución,\n que ordeña que todas las inversiones en el mercado financiero\n sean realizadas por la Comisión Técnica de Inversiones,\n sin distinción de la procedencia de los aportes, que no\n dejen de formar parte de los recursos del IESS, sino que no altera\n la separación de fondos provenientes de las aportaciones\n realizadas para las distintas prestaciones ni dispone que se\n los utilice para prestaciones diversas de aquellas para las que\n fueron creados. Por lo expuesto, no hay fundamento para declarar\n la Inconstitucionalidad del articulo 47 del proyecto de ley.

\n\n

6.- En la décimo cuarta\n objeción referente al artículo 63, Inciso primero,\n del Proyecto de Ley de Seguridad Social, el Presidente de la\n República expresa que la disposición implica: "que\n se cobrará doble interés, lo cual está prohibida\n por el articulo 244, número 4, de la Constitución\n Política de la República y por otras leyes."\n El inciso primero del artículo objetado señala\n lo siguiente:

\n\n

"Art. 63.- PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS.-\n El IESS podrá conceder a sus afiliados y jubilados préstamos\n quirografarios, hasta por un monto equivalente a diez (10) salarios\n mínimos de aportación, a una tasa de interés\n que en ningún caso será inferior a la suma de la\n tasa pasiva referencial del Banco Central del Ecua

 

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