Registro Oficial. OCTUBRE16 de OCTUBRE del 2001

Martes, 16 de octubre de 2001

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

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   MES DE OCTUBRE DEL 2001
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 REGISTRO OFICIAL
ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR
Administración del Sr. Dr. Gustavo Noboa Bejarano
Presidente Constitucional de la República
\n

Martes 16 de Octubre del 2001

\n

REGISTRO OFICIAL No. 433

\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n

DR. JOSE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR

\n\n

FUNCION EJECUTIVA
\n  
\n ACUERDO:
\n  
\n MINISTERIOS DE AGRICULTURA Y DE COMERCIO EXTERIOR:
\n
 
\n 321 Dispónese que el fideicomiso\n empezará a operar a partir de quince días laborables\n de su suscripción
\n  
\n
RESOLUCIONES:
\n  
\n CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS\n - CONSEP:
\n
 
\n 046 CD Establécense los valores\n por el uso anual de la licencia del Sistema de Saldos para las\n Empresas (SISALEM)
\n  
\n
DEFENSORIA DEL PUEBLO:
\n
 
\n 017 Expídese el Reglamento\n de Contrataciones de la Defensoría del Pueblo
\n  
\n
GOBERNACION  DE\n LA  PROVINCIA DEL GUAYAS:
\n
 
\n 001 Deléganse atribuciones\n al señor ingeniero Juan Camilo Samán Salem, Secretario\n General, encargado
\n  
\n
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
\n  
\n RESOLUCIONES:
\n
 
\n 199-2001-TP Deséchase el presente \n caso por falta de competencia y ofíciase al Consejo Nacional\n de  la Judicatura a fin de que revisen  la actuación\n de los señores  miembros del Tribunal Distrital de\n lo  Fiscal No.  1 de Quito
\n  
\n 200-2001-TP Niégase por improcedente\n la acción de amparo constitucional planteada por el señor\n Julio César Dobronsky Navarro y otros
\n  
\n 201-2001-TP Revócase \n la resolución expedida por el Juez Vigésimo Cuarto\n de lo Civil de Guayaquil y deséchase el amparo propuesto\n por la señora América Monserrat Fun Sang Núñez\n y otros
\n  
\n 202-2001-TP Revócase la resolución\n venida en grado y por tanto niégase la acción propuesta\n por el Dr. Segundo Jiménez Zumárraga

\n\n

TERCERA SALA

\n\n

 015-2001-III-SALA-HD\n Deséchase la demanda plateada por Jorge Iván Gómez\n León, por improcedente
\n  
\n 016-2001-III-SALA-HD Deséchase\n la demanda plateada por Lida Antonieta Durán Borja, por\n improcedente
\n  
\n
306-2001-III-SALA-RA  Amplíase y  aclárase la petición\n formulada por  el doctor Carlos Julio  Aguinaga Aillón,\n Presidente del Tribunal Supremo Electoral
\n  
\n 310-2001-III-SALA-RA Revócase\n la resolución del Juez de instancia y concédase\n el amparo solicitado por el señor Marcos Belisario Baño\n Aguilar
\n  
\n 314-2001-III-SALA-RA No admitir el\n recurso de  hecho interpuesto por Belinda Beatriz García\n Loor de Vera
\n  
\n 315-2001-III-SALA-RA Confírmase\n la resolución pronunciada por el Juez Décimo Séptimo\n de lo Civil de El Oro, que no admite la acción de amparo\n propuesta por Alberto Teófilo Serrano Zambrano y otros\n
\n  
\n 316-2001-III-SALA-RA Confírmase\n la resolución del Juez de instancia y niégase la\n acción de amparo interpuesta por el Dr. Gonzalo Salvador\n Holguín
\n  
\n 316-2001-III-SALA-RA Amplíase\n y aclárase la petición formulada por el doctor\n Gonzalo Salvador Holguín
\n  
\n 319-2001-III-SALA-RA Revócase\n la resolución pronunciada por el Juez Quinto de lo Civil\n de Pichincha, en lo que hace relación al Partido Democracia\n Popular-Unión Demócrata Cristiana, acéptase\n la acción de amparo constitucional planteada por el doctor\n Ramiro Rivera Molina y suspéndense definitivamente los\n efectos de la resolución adoptada por la mayoría\n de los vocales del TSE
\n  
\n 320-2001-III-SALA-RA Revócase\n la resolución del Tribunal de instancia y niégase\n el amparo solicitado por la señora Yolanda Esperanza Zumárraga\n Duque
\n  
\n 321-2001-III-SALA-RA No admitir la\n acción planteada por Marcela Minchala Aguirre, por improcedente\n
\n  
\n 322-2001-III-S-RA Concédese\n el amparo solicitado por María Margarita Bermello Albán\n y otros, y suspéndense los efectos de las comunicaciones\n enviadas a los accionantes
\n  
\n 323-2001-III-SALA-RA No admitir la\n acción planteada por Marco Enith Rodríguez Rodríguez,\n por improcedente
\n  
\n 324-2001-III-SALA-RA No admitir la\n acción planteada por la Lcda. Inés Farfán\n Santana y otros, por improcedente
\n  
\n 325-2001-III-SALA-RA No admitir la\n acción planteada por Luis Andrade Quiñónez,\n por improcedente
\n  
\n  326-2001-III-SALA-RA Confírmase\n la resolución expedida por el Juez de instancia y niégase\n la acción de amparo propuesta por el doctor Gaytan Cicerón\n Ordóñez García
\n  
\n 327-2001-III-SALA-RA No admitir la\n acción planteada por Vincent Erenst, por improcedente\n
\n  
\n 328-2001-III-SALA-RA Revócase\n la resolución dictada por el Juez Undécimo de lo\n Civil de Guayaquil y concédese el amparo solicitado por\n la profesora Mildre Tatiana Véliz M. de Gallardo
\n  
\n ORDENANZAS MUNICIPALES:
\n
 
\n
Cantón\n Jama: De constitución de la\n Rmpresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
\n  
\n Cantón San Felipe de Oña:\n Que regula la determinación y cobro de la contribución\n especial de mejoras, por la construcción de obras de pavimentación,\n repavimentación, adoquinado, readoquinado, aceras y bordillos,\n apertura y ensanche de calles
\n  
\n
Cantón\n Chaguarpamba: De construcciones, embellecimiento\n y ornato\n

\n \n
\n

 

\n\n

No. 321

\n\n

LOS MINISTROS DE AGRICULTURA Y GANADERÍA,\n DE COMERCIO EXTERIOR. INDUSTRIALIZACIÓN, PESCA Y COMPETITIVIDAD

\n\n

Considerando:

\n\n

Que el Decreto Ejecutivo No. 1803, expedido el 27 de agosto\n del año 2001 y publicado en el Registro Oficial No. 405\n del 5 de septiembre del mismo año, establece en su disposición\n final que se encarga de su ejecución a los ministerios\n de Agricultura y Ganadería, de Comercio Exterior, de Industrialización\n y Pesca; y,

\n\n

Que habiéndose obtenido la versión final del\n contrato de fideicomiso bananero, con la participación\n de los productores y exportadores, en el cual la Corporación\n Financiera Nacional actúa en calidad de fiduciaria del\n mismo y que en consideración al número tanto de\n productores como de exportadores y el trámite operativo\n que debe realizar la fiduciaria para su administración,\n es necesario la expedición de un acuerdo interministerial\n mediante el cual se contemplen los aspectos de dicha administración,

\n\n

Acuerdan:

\n\n

Art. 1.- El fideicomiso empezará a operar a partir\n de 15 (quince) días laborables de su suscripción,\n tiempo que se dedicará para cumplir con los requisitos\n de constitución y legalización.

\n\n

Art. 2.- Tanto productores y exportadores podrán seguir\n comercializando banano hasta que se adhieran al fideicomiso en\n un plazo máximo de 60 (sesenta) días calendario\n a partir de la suscripción del fideicomiso. Los convenios\n de adhesión para los productores serán de exclusiva\n responsabilidad de cada uno de los gremios de conformidad con\n lo resuelto en el Comité de Inversión del Fideicomiso\n Bananero.

\n\n

En caso de los convenios de adhesión para los exportadores\n estos deberán tener la jurisdicción y solemnidad\n del contrato de fideicomiso original.

\n\n

Art. 3.- Una vez que haya transcurrido el plazo máximo\n correspondiente, los productores y exportadores no podrán\n comercializar banano por fuera del fideicomiso, ya que éste\n es el mecanismo único de conformidad con el Decreto Ejecutivo\n No. 1803 que entró en vigencia el 27 de agosto del 2001.

\n\n

Art. 4.- Todo productor y exportador, para suscribir un convenio\n de adhesión y operar a través del fideicomiso,\n deberá estar debidamente registrado en el Ministerio de\n Agricultura y Ganadería.

\n\n

En uso de sus atribuciones legales, expiden el presente acuerdo\n interministerial en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano,\n a 27 de septiembre del 2001.

\n\n

f.) Galo Plaza Pallares, Ministro de Agricultura y Ganadería.

\n\n

f) Richard Moss Ferrerira, Ministro de Comercio Exterior,\n Industrialización, Pesca y Competitividad.

\n\n

Ministerio de Agricultura y Ganadería.- Es fiel copia\n del original.

\n\n

Lo certifico.

\n\n

f) Director Administrativo Financiero, MAO. 28 de septiembre\n del 2001.

\n\n

 

\n\n

No. 046\n CD

\n\n

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL CONSEJO NACIONAL\n DE CONTROL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS CONSEP

\n\n

Considerando:

\n\n

Que el 17 de septiembre de 1990 se promulgó en el Registro\n Oficial No. 523 la Ley sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas;
\n
\n Que de acuerdo con el Art. 9 de las citada ley, el Consejo Nacional\n de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas,\n es una persona jurídica autónoma de derecho público,\n dotado de patrimonio y fondos propios;

\n\n

Que el Art. 5 de la Ley No. 25, promulgada en el Registro\n Oficial No. 173 (Segundo Suplemento), de 15 de octubre de 1997,\n establece como atribución del Consejo Directivo del CONSEP,\n el aprobar los valores que debe cobrar la citada institución\n por los servicios o trabajos que no sean de carácter administrativo;

\n\n

Que el Art. 11 de la Ley para la Promoción de la Inversión\n y Participación Ciudadana, publicada en el Suplemento\n del Registro Oficial No. 144 de 18 de agosto del 2000, establece\n que las instituciones del Estado podrán establecer el\n pago de tasas por sus servicios, a fin de recuperar los costos\n en los que incurrieren para este propósito;

\n\n

Que la Norma Técnica de Control Interno No. 138-1 establecida\n en el Acuerdo 017-CG, expedido por la Contraloría General\n del Estado el 11 de abril de 1994, publicada en el Registro Oficial\n No. 430 de 28 de abril de 1994, establece la obligación\n del Estado de recuperar los costos que demanda la prestación\n de los servicios públicos en general;

\n\n

Que es necesario fijar los valores por los servicios que presta\n el CONSEP a través de las direcciones nacionales de Informática\n y de Control y Fiscalización, a las empresas importadoras,\n exportadoras, comercializadoras y otras, naturales o jurídicas,\n de sustancias controladas; y,

\n\n

En uso de las facultades que le confiere la ley,

\n\n

Resuelve:

\n\n

Art. 1.- Establecer los valores por el uso anual de la licencia\n del Sistema de Saldos para las Empresas (SISALEM), de acuerdo\n con la siguiente tabla:

\n\n

Personas costo en dólares
\n Jurídicas importadoras 100
\n Naturales importadoras 80
\n Jurídicas comercializadoras 70
\n Naturales comercializadoras 50
\n Otras 20

\n\n

Art. 2.- Para facilitar el control y mantenimiento de cupos,\n el reporte de transacciones y demás que se facilitan con\n el uso de la licencia descrita, el CONSEP entregará a\n las empresas calificadas un CD que contiene el marco legal y\n reglamentario un manual de instalación y del usuario y\n el programa SISALEM, incluye además el servicio de actualización.

\n\n

Art. 3.- La documentación exigida para estos trámites\n deberá presentarse mi el CONSEP conjuntamente con los\n formularios respectivos, previo el pago del valor correspondiente.

\n\n

Art. 4.- Los montos fijados por los servicios determinados\n en esta resolución, serán recaudados por la Dirección\n Nacional Financiera del CONSEP la cual establecerá el\n sistema de cobro en las jefaturas regional y zonales; estos valores,\n pasarán a ser parte del presupuesto de la institución.

\n\n

Art. 5.- Las direcciones nacionales de Informática\n y de Control y Fiscalización se encargarán de fijar\n el procedimiento a aplicarse para dar cumplimiento a esta resolución\n en las jefaturas regional y zonales.

\n\n

La presente resolución entrará en vigencia el\n 1 de enero del 2002, sin perjuicio de su publicación en\n el Registro Oficial.

\n\n

Dado en la sala de sesiones del Consejo Directivo del CONSEP,\n en Quito, a los 5 de septiembre del 2001.

\n\n

f) Dr. José Ramón Jiménez Carbo, Procurador\n General del Estado, Presidente del Consejo Directivo del CONSEP.

\n\n

f) Ing. Miguel Enríquez López, Secretario Ejecutivo,\n Secretario del Consejo Directivo del CONSEP.

\n\n

Certifico que es fiel copia del original que reposa en los\n archivos del CONSEP.- Quito, 13 de septiembre del 2001.

\n\n

f.) Secretario, Jefe Documentación y Archivo.

\n\n

 

\n\n

No. 017

\n\n

Dr. Rubén Chávez del Pozo
\n DEFENSOR DEL PUEBLO, SUBROGANTE

\n\n

Considerando:

\n\n

Que en el Registro Oficial No. 272 del 22 de febrero del 2001,\n se publica la Codificación de la Ley de Contratación\n Pública y en el Capitulo II de los Procedimientos Precontractuales,\n en su artículo 4 establece los procedimientos comunes\n para la licitación y el concurso público de ofertas,\n determinando los correspondientes coeficientes para cada caso,\n inclusive, para los que no superen las cuantías previstas\n en el concurso público de ofertas;

\n\n

Que mediante la Resolución No. 0016 del 9 de junio\n de 1999, se expide el Reglamento para el Funcionamiento de la\n Comisión Asesora de Contrataciones de la institución;

\n\n

Que mediante la Resolución No. 0022 del 23 de julio\n de 1999, se expide el Reglamento para las Contrataciones sometidas\n al procedimiento de concurso privado de precios de la Defensoría\n del Pueblo;

\n\n

Que a través de la Resolución No. 006 del 9\n de abril del 2001, se reforman los montos establecidos en las\n resoluciones Nos. 0016 y 0022 del 9 de junio y del 23 de julio\n de 1999, respectivamente, de conformidad con lo que determina\n el articulo 4 y sus literales a) y b); y,

\n\n

En uso de la facultad que le confiere el artículo 8,\n literal c) de la Ley Orgánica de la Defensoría\n del Pueblo,

\n\n

Resuelve:

\n\n

Expedir el siguiente Reglamento de Contrataciones de la Defensoria\n del Pueblo.

\n\n

Art. 1.- Este reglamento tiene por objeto regular el ámbito\n de competencia, la integración y funciones de la Comisión\n Asesora de Contrataciones y del Comité de Contrataciones\n de la Defensoría del Pueblo, y determinar el procedimiento\n a seguir para la adquisición de bienes, ejecución\n de obras y prestación de servicios que requiera la institución,\n de conformidad con la cuantía del presupuesto referencial,\n en aplicación de la Ley de Contratación Pública,\n su reglamento general y demás normas jurídicas\n pertinentes.

\n\n

CAPITULO 1

\n\n

DE LA COMISIÓN ASESORA DE CONTRATACIONES

\n\n

Art. 2.- COMISIÓN ASESORA DE CONTRATACIONES.- Se establece\n la Comisión Asesora de Contrataciones de la Defensoría\n del Pueblo

\n\n

Art. 3.- INTEGRACIÓN Y QUORUM.- Serán miembros\n de la Comisión Asesora de Contrataciones de la Defensoría.\n del Pueblo:

\n\n

a) El Defensor Adjunto Primero, o su delegado;

\n\n

b) El Coordinador Nacional para la fuerza pública y\n establecimientos penitenciarios, o su delegado; y,

\n\n

c) El Director Nacional Financiero, o su delegado.

\n\n

La comisión estará presidida por el Defensor\n Adjunto Primero, y en caso de ausencia, la presidirá el\n Coordinador Nacional para la fuerza pública y establecimientos\n penitenciarios.

\n\n

El Secretario de la comisión será un funcionario\n de la Defensoría del Pueblo designado por el Presidente\n de la Comisión Asesora de Contrataciones. Será\n responsable de mantener el expediente completo de cada proceso\n de adquisición, numerado cada uno de sus folios, de principio\n a fin; de elaborar las actas junto con los anexos y más\n documentos referidos en el acta que los haya conocido la comisión\n y en general los archivos de la comisión de todos los\n asuntos que conozca la misma, que serán organizados cronológicamente.

\n\n

El quórum para las sesiones de la Comisión Asesora\n de Contrataciones se establecerá con la asistencia de\n todos sus miembros integrantes. Los votos de los miembros se\n definirán afirmativa o negativamente

\n\n

Art. 4.- ÁMBITO.- La Comisión Asesora de Contrataciones\n actuará cuando las contrataciones de adquisición\n de bienes, ejecución de obra y prestación de servicios,\n tengan una cuantía mayor a la del cupo asignado para el\n Director Nacional Administrativo contemplado en el Reglamento\n de Egresos de la institución; y, no exceda el monto establecido\n en el literal b) del articulo 4 de la Ley de Contratación\n Pública.

\n\n

La Comisión Asesora de Contrataciones conocerá\n y analizará las ofertas presentadas en el respectivo concurso,\n luego del examen comparativo y de selección sugerirá\n al Defensor del Pueblo la oferta más conveniente a los\n intereses institucionales, para que la máxima autoridad\n seleccione al adjudicatario, según su propio criterio.

\n\n

La comisión también intervendrá en los\n procesos administrativos a que haya lugar cuando el Defensor\n del Pueblo, por causas legales resuelva exonerar de los procedimientos\n precontractuales a los contratos de adquisición de bienes,\n ejecución de obras y prestación de servicios que\n deba celebrar la institución, así como también\n tratándose de la contratación de seguros.

\n\n

Art. 5.- TRAMITE PREVIO.- El Director Nacional Administrativo\n elaborará previamente las bases para el concurso, la misma\n que será aprobada por la Comisión Asesora de Contrataciones.\n Cumplido lo anterior, formulará invitación directa\n a las personas naturales o jurídicas que se encuentren\n inscritas en el Registro de Proveedores Calificados, preferiblemente,\n sin perjuicio de que pueda invitar adicionalmente a otros que\n no se encuentren registrados.

\n\n

Corresponderá al Director Nacional Administrativo obtener\n por lo menos tres cotizaciones sobre el bien, obra o servicio\n objeto de la contratación en las casas comerciales u otros\n establecimientos que consten en el Registro de Proveedores Calificados,\n preferiblemente, sin perjuicio de que pueda obtener cotizaciones\n adicionales fuera de los que se hayan registrado.

\n\n

El Director Nacional Administrativo elaborará el cuadro\n comparativo de ofertas, en el cual hará constar cualitativa\n y cuantitativamente en detalle las partes y piezas, tiempo de\n entrega, forma de pago, garantías, validez de la oferta\n y demás características de las mismas.

\n\n

Estarán exentas del requisito de cotización,\n las adquisiciones de bienes o la prestación de servidos\n respecto de los cuales una persona natural o jurídica\n acredite distribución exclusiva en el mercado, o aquellas\n que a juicio del Defensor del Pueblo sean consideradas de necesidad\n inmediata o urgente para la institución.

\n\n

Art. 6.- PROCEDIMIENTO.- La Comisión Asesora de Contrataciones\n se reunirá en sesión, previa convocatoria de su\n Presidente y analizará la conveniencia institucional de\n la adquisición de bienes, la ejecución de obras\n y la prestación de servicios, con sujeción a la\n Ley de Contratación Pública, su reglamento general\n y demás normas jurídicas aplicables.

\n\n

En la reunión se analizarán las ofertas válidamente\n presentadas, junto con el cuadro comparativo que para el efecto\n preparará el Director Nacional Administrativo.

\n\n

La Comisión Asesora de Contrataciones podrá\n declarar desierto el concurso, en caso de considerar que las\n ofertas recibidas no convienen a los intereses institucionales,\n de igual manera, procederá si no se hubieran presentado\n ofertas.

\n\n

En los demás casos, la comisión determinará\n la forma más conveniente de adjudicación, la misma\n que será sugerida al Defensor del Pueblo, acompañando\n el expediente para que tome la decisión final, quien además,\n podrá solicitar asesoría de funcionarios técnicos\n de la institución o fuera de ella.

\n\n

La resolución de la Comisión Asesora de Contrataciones,\n se tomará por mayoría de votos, de la cual se dejará\n constancia en el acta que será suscrita por todos sus\n miembros. Al margen de esta acta constará la decisión\n final del Defensor del Pueblo.

\n\n

Art. 7.- INSTRUMENTACIÓN.- Realizada la adjudicación\n por el Defensor del Pueblo, corresponderá al Director\n Nacional Administrativo, solicitar al adjudicatario la presentación\n de las garantías correspondientes, para posteriormente\n remitir los antecedentes al Presidente de la Comisión\n Asesora de Contrataciones para la elaboración del contrato\n y a la Dirección Nacional Financiera para que efectúe\n el pago.

\n\n

CAPITULO II

\n\n

DEL CONCURSO PUBLICO DE OFERTAS Y LA LICITACIÓN

\n\n

Art. 8.- ÁMBITO.- La adquisición de bienes,\n suministros y materiales, la ejecución de obras y la prestación\n de servicios, cuya cuantía requiera de los procedimientos\n establecidos en la Ley de Contratación Pública,\n ya sea concurso público de ofertas o licitación,\n serán conocidas por el Comité de Contrataciones.

\n\n

Art. 9.- INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE CONTRATACIONES.-\n El Comité de Contrataciones de la Defensoría del\n Pueblo estará integrado por los siguientes miembros:

\n\n

a) El Defensor del Pueblo o su delegado, quien lo presidirá;

\n\n

b) El Defensor Adjunto Primero o su delegado; y,

\n\n

c) Tres técnicos designados de conformidad con el artículo\n 9 de la Ley de Contratación Pública.

\n\n

Actuará como Secretario, el funcionario designado por\n el Comité de Contrataciones.

\n\n

Art. 10.- DESIGNACIÓN DE MIEMBROS TÉCNICOS.\n -La designación de los tres miembros técnicos del\n Comité de Contrataciones corresponde al Defensor del Pueblo,\n quien los nominará de la siguiente manera:

\n\n

a) Dos técnicos de entre los funcionarios de la institución\n que acrediten tener conocimientos especializados o experiencia\n en la materia objeto de contratación. De ser necesario,\n se solicitará por escrito al titular de otra entidad pública\n especializada en la respectiva materia, la nominación\n de dos técnicos quienes serán designados como miembros\n del comité; y,

\n\n

b) El tercer técnico se designará a base de\n la nominación que formule a petición escrita del\n Defensor del Pueblo, el Presidente del Colegio Profesional a\n cuyo ámbito de actividades corresponda la mayor participación\n en el proyecto, de acuerdo con la naturaleza contractual.

\n\n

El comité podrá solicitar el asesoramiento de\n técnicos de dentro o fuera de la institución, en\n aspectos concretos relacionados con el proceso precontractual\n en trámite.

\n\n

Art. 11.- FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONTRATACIONES.-\n Las funciones que cumpla el Comité de Contrataciones se\n regirán por las disposiciones pertinentes de la Ley de\n Contratación Pública y su reglamento general.

\n\n

Art. 12.- CONVOCATORIA Y QUORUM.- La convocatoria a los miembros\n del comité se hará por escrito, por lo menos con\n un día hábil de anticipación e incluirá\n el orden del día y los documentos relacionados con el\n asunto a tratarse en la sesión.

\n\n

El quórum para las sesiones del comité se establecerá\n con cuatro de sus miembros asistentes. El voto será obligatorio\n y su pronunciamiento será afirmativo o negativo. En caso\n de empate, se resolverá con el voto dirimente del Presidente.

\n\n

Art. 13.- ACTAS.- De cada sesión del comité\n se levantará una acta suscrita por todos sus miembros\n asistentes. En ella constarán las resoluciones del comité,\n así como un resumen de las deliberaciones. El Secretario\n del comité mantendrá un archivo de las actas, anexos\n y más documentos que fueren conocidos en cada sesión.

\n\n

Las sesiones del comité tendrán carácter\n privado. Sin embargo, en los casos previstos en la ley o cuando\n el comité lo decidiere, podrán realizarse sesiones\n públicas.

\n\n

Art. 14.- PROCEDIMIENTO.- El procedimiento que debe seguir\n el Comité de Contrataciones para la adjudicación\n de los contratos, será el contemplado en la Ley de Contratación\n Pública y en su reglamento general, según se trate\n de concurso público de ofertas o licitación.

\n\n

Art. 15.- COMISIÓN TÉCNICA.- En la licitación\n o concurso público de ofertas, el Comité de Contrataciones\n designará una Comisión Técnica para la evaluación\n de las ofertas, integrada por los profesionales que se requieran\n a criterio del comité. Ningún miembro del comité\n podrá integrar tal comisión.

\n\n

Las funciones de la Comisión Técnica serán\n las señaladas en los artículos 24 y 25 de la Ley\n de Contratación Pública.

\n\n

Los técnicos designados como miembros del Comité\n de Contrataciones o integrantes de comisiones técnicas,\n que no pertenezcan a la Defensoría del Pueblo tendrán\n derecho a percibir en concepto de dietas por cada sesión\n a la que asistieren, un emolumento cuyo monto será determinado\n por el comité, en los limites establecidos en el artículo\n 46 de la Lev de Servido Civil y Carrera Administrativa.

\n\n

DISPOSICIONES GENERALES

\n\n

Art. 16.- En todo lo no previsto en este reglamento se estará\n a lo dispuesto en la Ley de Contratación Pública,\n su reglamento general y el Reglamento General de Bienes del Sector\n Público.

\n\n

Art. 17.- Las adquisiciones de bienes, suministros, materiales,\n la ejecución de obras y la contratación de servicios\n no podrán subdividirse en cuantías menores al monto\n global al que ascienda el valor total de las mismas, como mecanismo\n para eludir los procedimientos precontractuales. La inobservancia\n de esta disposición dará lugar al establecimiento\n de las responsabilidades pertinentes, de acuerdo a la Ley de\n Contratación Pública.

\n\n

Art. 18.- Corresponde al Defensor del Pueblo calificar y decidir\n la aplicación de régimen de excepciones, previo\n informe del Director Nacional Administrativo.

\n\n

Art. 19.- El Director Nacional Administrativo convocará\n por lo menos una vez al año a los proveedores de bienes\n y servicios a nivel nacional, con el objeto de mantener actualizado\n su Registro de Proveedores.

\n\n

Art. 20.- Los servidores de la Defensoría del Pueblo\n no podrán a nombre de la institución realizar pedidos\n a casas comerciales, efectuar adquisiciones, contratar la prestación\n de servicios o ejecución de obras, que no se ajusten a\n las disposiciones de la Ley de Contratación Pública,\n de su reglamento general y del Reglamento de Egresos de la Defensoría\n del Pueblo; su inobservancia conlleva la responsabilidad que\n por tal hecho contempla el artículo 62 de la indicada\n ley y las sanciones administrativas o penales a que hubiere lugar.

\n\n

Art. 21.- La recepción de los bienes, obras o servicios\n se cumplirá en conformidad con lo dispuesto en el Título\n V, Capítulo V de la Ley de Contratación Pública.\n Las actas de entrega-recepción deberán ser suscritas,\n por el contratista y por la comisión designada por el\n Defensor del Pueblo.

\n\n

Art. 22.- El control y seguimiento sobre la ejecución\n de los contratos, según su naturaleza, será responsabilidad\n del Director Nacional Administrativo, Director Nacional Financiero,\n y el Presidente de la Comisión Asesora de Contrataciones,\n en el ámbito de su competencia.

\n\n

Art. 23.- Los miembros y Secretario de los comités,\n asesores y miembros de las comisiones técnicas no podrán\n ser parientes entre si, dentro del cuarto grado de consanguinidad\n y segundo de afinidad.

\n\n

Si se presentan ofertas en las que tengan intereses las personas\n referidas anteriormente, por ser socios o accionistas de una\n empresa participante o que tengan parentesco en los grados antedichos,\n con las personas naturales oferentes deberán excusarse.\n El Presidente de la comisión o comité, según\n el caso, designará a sus reemplazos o pedirá tal\n nominación al colegio profesional respectivo.

\n\n

Art. 24.- La determinación del tipo de garantía\n que debe presentarse en los contratos se hará de acuerdo\n a lo dispuesto por los artículos del 66 al 84 de la Ley\n de Contratación Pública.

\n\n

Art. 25.- Las adquisiciones y arrendamiento de bienes inmuebles\n se realizarán conforme lo dispone la Ley de Contratación\n Pública, su reglamento general y el Reglamento
\n General de Bienes del Sector Publico.

\n\n

Art. 26.- El Defensor del Pueblo resolverá los casos\n que no estuvieren previstos en este reglamento, con sujeción\n a las disposiciones contenidas en la Ley de Contratación\n Publica, su reglamento general y más normas conexas.

\n\n

Art. 27.- Deróganse las resoluciones Nos. 0016 del\n 9 de junio de 1999, 0022 del 23 de julio de 1999, 006 del 9 de\n abril del 2001, 013 y 014 del 13 de agosto del 2001, respectivamente.

\n\n

Art. 28.- Esta resolución regirá a partir de\n la fecha de su expedición, sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial.

\n\n

Dado en Quito, a 24 de septiembre del 2001.

\n\n

f) Dr. Rubén Chávez del Pozo, Defensor del Pueblo,\n subrogante.

\n\n

Esta copia es igual al original que reposa en el archivo de\n esta Defensoría del Pueblo y a la cual me remito en caso\n necesario

\n\n

Lo certifico.

\n\n

f) Walter Tacle A., Director Nacional Administrativo, Defensoría\n del Pueblo.

\n\n

 

\n\n

No. 001

\n\n

Dr. Roberto Hanze Salem
\n GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS

\n\n

Considerando:

\n\n

Que es función del Gobernador de la provincia del Guayas\n dirigir, organizar, coordinar y controlar la gestión de\n la institución y delegar atribuciones cuando lo considere\n pertinente,

\n\n

Que es necesario reducir el alto volumen de trabajo que tiene\n que despachar el Gobernador, a fin de agilitar los actos administrativos\n inherentes a los movimientos del personal de la institución;\n y,

\n\n

En uso de la facultad establecida en el articulo 35 de la\n Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación\n de Servicio Público por parte de la Iniciativa Privada,\n en concordancia con el articulo 56 del Estatuto de Régimen\n Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva,
\n Resuelve:

\n\n

PRIMERO: Delegar al señor ingeniero Juan Camilo Samán\n Salem, Secretario General de la Gobernación del Guayas,\n encargado, la suscripción de las acciones de personal\n relativas a los siguientes movimientos: Vacaciones; licencia\n con sueldo por: enfermedad, calamidad doméstica, lactancia,\n estudios, seminarios, reuniones, conferencias, pasantías\n y visitas de observación en el exterior o en el país:\n licencias sin, sueldos por: prestación de servicios en\n otras instituciones dentro o fuera del país, para efectuar\n estudios de educación y docencia universitaria; sanciones\n administrativas: amonestaciones y multas; cambio y traslado administrativo;\n subrogaciones y encargo de funciones, con excepción de\n los jefes departamentales de la Gobernación; así\n como el control de asistencia de los empleados cuando el caso\n amerita.

\n\n

El delegado, está obligado a observar las disposiciones\n legales y reglamentarias que norman estos actos administrativos\n delegados.

\n\n

SEGUNDO: El delegado informará por escrito y en forma\n mensual al señor Gobernador, sobre los movimientos realizados\n a base de la presente delegación.

\n\n

TERCERO: El delegado estará obligado a observar las\n disposiciones legales y reglamentarias que resulten pertinentes\n en el ejercido de su cargo, bajo su directa y exclusiva responsabilidad.

\n\n

CUARTO: Comuníquese lo anterior al Jefe de Recursos\n Humanos de esta Gobernación y al resto de jefes departamentales.

\n\n

QUINTO: La presente resolución entrará en vigencia\n de manera inmediata, sin perjuicio de su publicación en\n el Registro Oficial.

\n\n

Dado y firmado en la ciudad de Santiago de Guayaquil, a los\n veintiún días del mes de septiembre del año\n dos mil uno.

\n\n

f.) Dr. Roberto Hanze Salem, Gobernador de la provincia del\n Guayas.

\n\n

 

\n\n

Nro. 199-2001-TP

\n\n

"EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n\n

En el caso signado con el Nro. 871-98-15

\n\n

ANTECEDENTES: El señor Antonio Roa, en su calidad de\n Gerente General de la empresa INTRANS ECUADOR SA., ha comparecido\n ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 1 deduciendo demanda\n en contra del Director General de Rentas por haber dictado la\n Resolución No. 03821 del 26 de agosto de 1997, la que\n impugna sirviéndose de argumentos de los que merecen especial\n atención, los siguientes: a) Que el 13 de febrero de 1997\n su representada impugnó la resolución indicada,\n en consideración a que el articulo 14 de la Ley No. 93,\n publicada en el Registro oficial No. 794 del 22 de agosto de\n 1995, que crea la figura de los contribuyentes especiales, lo\n hace con el propósito de constituirles en agentes de retención\n del impuesto al valor agregado de sus proveedores, lo que implica\n que el contribuyente debe ser sujeto del IVA con tarifa 10 por\n ciento; que su empresa rinde solamente servicios que están\n gravados con tarifa 0 por ciento y únicamente compra útiles\n de escritorio y similares, cuyo volumen de transacciones no amerita\n ser considerada como contribuyente especial; b) Que el articulo\n 14 de la Ley No. 93 añade un numeral al articulo 61 de\n la Ley de Régimen Tributario Interno, con el fin de crear\n la categoría de contribuyentes especiales, exclusivamente\n para las empresas que deben pagar el IVA, por sus adquisiciones\n a sus proveedores de bienes y servicios, a las que se les instituye\n en agentes de retención de dicho impuesto; c) Que el articulo\n 14 del Decreto Ejecutivo No. 3283, publicado en el Suplemento\n del Registro Oficial No. 826 del 21 de noviembre de 1995, estableció\n que los contribuyentes especiales deben retener sobre las adquisiciones\n de bienes gravados, el 30 por ciento del valor del IVA que se\n les hubiere facturado y el 70 por ciento en el caso de servicios\n facturados; d) Que el punto de partida de la Administración\n Tributaría para calificar a un contribuyente de especial,\n es el examen objetivo de sus adquisiciones de bienes y servicios\n y no la simple arbitrariedad de la Administración Tributaria,\n como sostiene la Dirección General de Rentas; y es indudable,\n como dice el accionante, que el propio articulo 14 de la Ley\n 93 es contrario al principio de igualdad tributaria, constante\n tanto en el articulo 67 de la Constitución Política\n como en el articulo 6 del Código Tributario, habiéndosele\n colocado a la empresa que representa en una situación\n de excepción frente a la generalidad de los contribuyentes;\n e) Que el Director General de Rentas, por medio de su procuradora,\n la doctora Ana Mercedes Navas, al contestar la demanda, luego\n de negar los fundamentos de hecho y de derecho, ha sostenido\n que la Administración Tributaria considera que el artículo\n 14 de la Ley No. 93 no constituye requisito para ser estimado\n contribuyente especial, sino que establece una obligación\n para los contribuyentes especiales, que es la de actuar como\n agente de retención del IVA de sus proveedores. Que de\n conformidad con el artículo 115, numeral 6 de la Ley de\n Régimen Tributario Interno, el Director General puede\n modificar la organización interna de su Dirección\n y que es, en ese contexto, que ha creado las delegaciones de\n contribuyentes especiales para atender a un grupo de contribuyentes.-\n Con estos antecedentes la Segunda Sala del Tribunal Distrital\n de lo Fiscal No. 1, expide sentencia el 2 de diciembre de 1998,\n dictada a las 09h25, en la que manifiesta que de conformidad\n con el inciso final del artículo 274 de la Constitución\n Política de la República, ejecutoriada la sentencia,\n por Secretaría, como suficiente informe, se transcriba\n el fallo y se remita copia debidamente certificada, con la razón\n de su ejecutoria, al señor Presidente del Tribunal Constitucional,\n a fin que resuelva lo que corresponda.

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, del examen de los autos se establece que los preceptos\n jurídicos que la sentencia de la Segunda Sala del Tribunal\n Distrital de lo Fiscal No. 1, declaras inaplicables por contrarios\n a la Constitución, fueron el fundamento de la demanda\n presentada por el señor Antonio Ron, Gerente General de\n la empresa INTRANS ECUADOR S.A., en contra del Director General\n de Rentas;

\n\n

Que, la disposición del inciso primero del artículo\n 274 de la Constitución Política de la República,\n es aplicable cuando en el transcurso de un procedimiento judicial\n asomare que un precepto jurídico es contrario a las normas\n de la Constitución, más no cuando ese precepto\n jurídico ha sido, como en el caso, el fundamento de la\n demanda;

\n\n

Que, por no haberse cumplido el presupuesto enunciado en la\n consideración anterior, el Tribunal Constitucional no\n tiene competencia para conocer y resolver aplicando la norma\n contenida en el inciso segundo del artículo 274 de la\n Carta Magna; y,

\n\n

En ejercicio de sus atribuciones,

\n\n

Resuelve:

\n\n

1. Desechar el presente caso por falta de competencia y oficiar\n al Consejo Nacional de la Judicatura con copias del expediente\n a fin de que revisen la actuación de los señores\n miembros del Tribunal Distrital de lo Fiscal N0 1 de Quito.

\n\n

2. Publicar en el Registro Oficial.- Notifíquese".

\n\n

f.) Dr. Marco Morales Tobar, Presidente.

\n\n

Razón: Siento por tal, que la resolución que\n antecede fue aprobada con cinco votos a favor correspondientes\n a los doctores Oswaldo Cevallos, Luis Chacón, Luis Mantilla,\n Hernán Salgado y Marco Morales y con la ausencia de los\n doctores Guillermo Castro, René de la Torre, Carlos Helou\n y Hernán Rivadeneira, en sesión de dos de octubre\n del dos mil uno.- Lo certifico.

\n\n

f) Dra. Elizabeth Ell Egas, Secretaria General (E).

\n\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- .Es fiel copia del original.- Quito,\n a 10 de octubre del 2001.- f.) El Secretario General.

\n\n

 

\n\n

Nro. 200-2001-TP

\n\n

"EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n\n

En el caso signado con el Nro. 1119-2000-RA

\n\n

ANTECEDENTES: El señor Julio César Dobronsky\n Navarro y otros, fundamentados en los artículos 95 de\n la Constitución y 46 y siguientes de la Ley del Control\n Constitucional, interponen acción de amparé contra\n el Superintendente de Bancos. Manifiestan los accionantes que\n el Seguro Especial para los servidores de la Superintendencia\n de Bancos fue creado mediante Decreto Ejecutivo No. 1546, luego\n por Decreto Supremo 1086 el Presidente de la República\n otorgó al referido seguro especial la categoría\n de Persona Jurídica de Derecho Privado, decretos que no\n han sido derogados por ninguna ley posterior, sino más\n bien ratificados. El Fondo de Previsión, ha sido creado\n por Resolución No. 80-410-ADM del señor Superintendente\n de Bancos como un servicio social de carácter institucional\n a favor de los servidores de la Superintendencia de Bancos, con\n el objeto de entregar al personal prestaciones y servicios complementarios\n respecto a los proporcionados tanto por el régimen general\n obligatorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, como\n por el seguro especial de la Superintendencia de Bancos. Que\n los servidores de la Superintendencia de Bancos, por unanimidad,\n propusieron a la Superintendencia de Bancos y a la Junta Bancaria,\n la fusión de los dos sistemas de protección social\n internos, fusión que fue aprobada con su nueva denominación\n Seguro Especial Ampliado de los Servidores de la Superintendencia\n de Bancos, mediante Resolución N0 SB-JB-96-007 de 6 de\n agosto de 1996, resolución cuyo articulo 3 establece que\n el funcionamiento, control y administración de este Seguro\n serán reglamentados por el Superintendente de Bancos.\n Que, mediante Resolución No. 98-3604-ADM de 27 de abril\n de 1998 el Intendente General de Bancos, considerando que mediante\n resolución de 27 de octubre de 1987, se estableció\n el seguro de cesantía en beneficio de sus servidores (actualmente\n Seguro Especial Ampliado) expide el reglamento de seguro de cesantía\n a favor de los servidores en cuyo artículo sexto dice:\n El monto de seguro de cesantía para los funcionarios y\n para quienes se separen de la Superintendencia de Bancos para\n acogerse a los beneficios de la jubilación, bajo el sistema\n de seguro especial ampliado, será del doble del beneficio\n calculado, consecuentemente la suma de la cesantía no\n podrá exceder de 16.000 unidades de valor constante vigentes\n al primero de enero de cada año. Que la Junta Bancaria,\n mediante Resolución N0 JB-2000-257 de 31 de agosto del\n 2000 declara entre otras cosas que son nulos, por no tener competencia\n quienes los dictaron, todos los actos y liquidaciones referente\n a la cesantía de los servidores de la Superintendencia\n de Bancos que se hubieren efectuado contrariando las disposiciones\n contenidas en la resolución de la Junta Bancaria; que\n el acto ilegitimo de la Junta Bancaria viola derechos fundamentales\n reconocidos y garantizados en la Constitución Política\n consagrados en los artículos 23 numeral 26, 24 numeral\n 1; articulo 35; 97; 130 numeral 5; 141 numeral 6 y 7 y artículo\n 222. En la audiencia pública realizada el Superintendente\n de Bancos fundamente su defensa en que el recurso de amparo es\n improcedente por cuanto la resolución impugnada se encuentra\n debidamente motivada conforme dispone la Ley de Modernización\n del Estado. Que en sus considerandos se explica los antecedentes\n por los cuales la Junta Bancaria resolvió en cuatro artículos\n aspectos relativos al fondo de cesantía en lo que respecte\n a su cuantía y beneficiarios teniendo financiamiento exclusivo\n de la institución, esto es, los servidores no han aportado\n un solo centavo para su financiamiento siendo así por\n el hecho de que todo egreso relativo a este rubro debe constar\n en el presupuesto de la institución. La Junte Bancaria\n a la que por ley le corresponde aprobar el presupuesto de la\n Superintendencia de Bancos, es la competente para resolver sobre\n la materia. El Juez Vigésimo Primero de lo Civil de Pichincha\n resuelve conceder la acción de amparo constitucional,\n resolución que ni apelada por el Superintendente de Bancos.

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, el Tribunal es competente para conocer y resolver este\n caso de acuerdo con el numeral 3 del articulo 276 de la Constitución\n Política de la República;

\n\n

Que, para que el recurso de amparo constitucional proceda\n es necesario que concurran en forma simultánea los siguientes\n elementos: a).- Acto u omisión ilegítimos de autoridad\n administrativa; b).- Que ese acto u omisión viole o pueda\n violar cualquier derecho consagrado en la constitución,\n convenio o tratado internacional vigente; y, c).- Que el acto\n u omisión de modo inminente amenace con causar un daño\n grave;

\n\n

Que, los señores Julio Cesar Dobronsky Navarro, Jaime\n Troncoso Berrú y Fernando Carrillo Ureña en el\n libelo de demanda de amparo constitucional (fs. 17, 18 y 19),\n solicitan que se "deje sin efecto la Resolución No.\n IB-2.000-257 de 31 de agosto del 2000 dictada por la Junta Bancaria...";

\n\n

Que, el Juez Vigésimo Primero de lo Civil de Pichincha,\n en la resolución pronunciada el 6 de noviembre del 2000,\n expresa: "Por todo lo expresado corresponde emitir la resolución\n concerniente a este amparo constitucional y es que se deja sin\n efecto la Resolución No. JB-2.000-257 de la Junta Bancaria\n del Ecuador suscrita por el señor Luis Luna Osorio en\n su calidad de Presidente encargado";

\n\n

Que, del texto de la demanda de amparo constitucional y de\n la resolución emitida por el Juez Vigésimo Primero\n de lo Civil de Pichincha se establece, sin temor a dudas, que\n los actores se equivocan al plantear amparo constitucional toda\n vez que, con este acción, se persigue la suspensión\n del acto u omisión ilegitimo y no el dejar sin "efecto"\n o revocar el acto u omisión; y,

\n\n

En ejercicio de sus atribuciones,

\n\n

Resuelve:

\n\n

1. Negar, por improcedente, la acción de amparo constitucional\n planteada por los señores Julio Cesar Dobronsky Navarro,\n Jaime Troncoso Berrú y Fernando Carrillo Ureña.

\n\n

2. Dejar a salvo los derechos de los actores para proponer\n las acciones que estimen pertinentes;

\n\n

3. Devolver el expediente al Juzgado de origen para los fines\n consiguientes.

\n\n

4. Publicar en el Registro Oficial.- Notifíquese".

\n\n

f) Dr. Marco Morales Tobar, Presidente.

\n\n

Razón: Siento por tal, que la resolución que\n antecede fue aprobada con cinco votos a favor correspondientes\n a los doctores Oswaldo Cevallos, Luis Chacón, Luis Mantilla,\n Hernán Salgado y Marco Morales; y con la ausencia de los\n doctores Guillermo Castro, René de la Torre, Carlos Helou\n y Hernán Rivadeneira, en sesión de dos de octubre\n del dos mil uno.- Lo certifico.

\n\n

f) Dra. Elizabeth Ell Egas, Secretaria General (E).

\n\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- Es fiel copia del original.- Quito,\n a 10 de octubre del 2001.- f) El Secretario General.

\n\n

 

\n\n

Nro. 201-2001-TP

\n\n

"EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL En\n el caso signado con el Nro. 127-2001-RA

\n\n

ANTECEDENTES: La señora América Monserrat Fun\n Sang Nuñez y otros, fundamentados en los artículos\n 95 de la Constitución y 46 y siguientes de la Ley del\n Control Constitucional, interponen acción de amparo contra\n la Junta Interventora del IESS y la Directora de la Región\n II del IESS, ante el Juez Vigésimo Cuarto de lo Civil\n de Guayaquil y solicitan se les pague la indemnización\n por concepto de la no devolución de las joyas que fueron\n sustraídas. A fojas 10 a 14 manifiestan los accionantes\n que desde que las joyas del Monte de Piedad fueron robadas con\n fecha 23 de diciembre de 1999 entre los cuales se encontraban\n las que habían empeñado, al no haber sido recuperadas,\n se buscaba una alternativa para ser indemnizados conforme corresponde.\n Las fórmulas de un arreglo con el IESS, siempre destacaron\n aceptar una indemnización conforme al obsoleto e inconstitucional\n artículo 21 del Reglamento del Monte de Piedad de la Caja\n de Pensiones vigente desde el año 1995, que textualmente\n señala "Si el Monte estuviere en la imposibilidad\n de devolver el objeto dado en prenda abonará por toda\n indemnización el valor deducido, previamente, en todos\n los casos, lo que el prestatario se hallare debiendo, por capital,\n intereses y derechos. El valor del avalúo más el\n 90% de recargo". Que intempestivamente con la resolución\n de la Junta Interventora de pagar una obsoleta indemnización\n la cual es inconstitucional y violatorio de elementales derechos\n humanos. Que se violentan disposiciones constitucionales que\n garantizan el derecho de propiedad, los cuales se encuentran\n en el articulo 23 numeral 23; igualmente, la resolución\n de la Junta Interventora del IESS, ejecutada por la Directora\n de la Regional II, transgrede lo dispuesto en el artículo\n 30 de la Constitución que determina que la propiedad constituye\n un derecho que el Estado reconocerá y garantizará.\n De la misma manera la decisión de cancelar el gramo oro\n conforme el articulo 21 del Reglamento para los Montes de Piedad\n transgrede lo dispuesto en el articulo 3 ordinal 5 de la Constitución,\n al señalar que uno de los deberes del Estado es erradicar\n la pobreza y promover el progreso económico, social y\n cultural de sus habitantes; lo dispuesto en el articulo 18 de\n la Constitución; el artículo 17 de la Declaración\n Universal de los Derechos Humanos que dispone que toda persona\n tiene- derecho a la propiedad individual y colectiva, agregando\n "Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad".\n Finalmente el artículo 21 del Pacto de San José\n de Coste Rica que señala que toda persona tiene derecho\n al uso y goce de sus bienes; ninguna persona puede ser privada\n de sus bienes excepto mediante el pago de una indemnización\n justa; tanto la usura, como cualquier otra forma de explotación\n del hombre por el hombre deben ser prohibidas por la ley. Que\n por todas las consideraciones expuestas es evidente que existe\n una violación de las normas constitucionales y normas\n constantes en pactos internacionales suscritos por el Estado.\n La Junta Interventora del IESS y la Directora Regional II del\n IESS por intermedio de su abogado defensor fundamente su defensa\n en que el recurso de amparo es improcedente por cuanto nadie\n ha desconocido la propiedad de los bienes dados en prenda, nadie\n los ha expropiado como se desprende de la demanda, nadie ha privado\n de la propiedad a ninguno de los demandantes, justamente con\n el mencionado articulo 21 del Reglamento de los Montes de Piedad\n de la Caja de Pensiones, el IESS está salvaguardando él\n legitimo derecho de los prestatarios del Monte de Piedad, pues\n en aquel artículo expresamente se señala la manera\n en la cual se debe indemnizar en caso de que el Monte de Piedad\n se encuentre imposibilitado de devolver los objetos dados en\n prenda. Este artículo no hace más que precautelar\n los intereses de aquellos prestatarios y por ninguna razón\n puede considerarse que el mismo agrede la garantía constitucional\n del derecho de propiedad que por ningún motivo se encuentra\n conculcado. Cada uno de los reclamantes suscribió un contrato\n con el IESS- en el momento que dio uno de sus bienes en prenda;\n de acuerdo con la regla décima octava del articulo 7 del\n Código Civil, en todo contrato se incorporan las leyes\n vigentes al tiempo de su celebración. Los demandantes\n deseaban que la comisión hiciere caso omiso del a

 

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