Registro Oficial. OCTUBRE1 de OCTUBRE del 2001

Lunes, 01 de octubre de 2001

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

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   MES DE OCTUBRE DEL 2001
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 REGISTRO OFICIAL
ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR
Administración del Sr. Dr. Gustavo Noboa Bejarano
Presidente Constitucional de la República
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Lunes 1 de Octubre del 2001

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REGISTRO OFICIAL No. 423

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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n

DR. JOSE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR

\n FUNCION\n EJECUTIVA

\n\n

DECRETO:
\n  
\n 1916  Dispónese que el feriado nacional\n del 9  de octubre del presente año, correspondiente\n al día martes no se trasladará al día viernes\n de  la misma semana, pese  a lo que prescribe el Decreto\n Ejecutivo No 1487 de 4 de mayo del 2001
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\n TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
\n RESOLUCIONES:
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\n 175-2001-TP Deséchase\n la demanda de inconstitucionalidad propuesta por Luis Aureliano\n Arellano Moreta y otros

\n\n

178-2001-TP Deséchase la demanda\n de inconstitucionalidad presentada por Martha Elizabeth Acosta\n Arellano y otros 

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179-2001-TP Acéptase parcialmente  la\n demanda de inconstitucionalidad presentada por la señora\n Pilar Moncayo Escudero y otro y deséchase la demanda de\n inconstitucionalidad de los artículos 2 y 3 y la Disposición\n Transitoria del Reglamento para la Contratación Laboral\n por Horas 
\n  
\n
181-2001-TP Revócase la  sentencia venida\n en grado y  niégase la acción de \n amparo constitucional propuesta por el señor Olmedo \n Zambrano Espinel 
\n  
\n 183-2001-TP Acéptase\n la acción de amparo interpuesta  por el Calm. Guillermo\n Dueñas Iturralde
\n  
\n 186-2001-TP Deséchase \n la demanda de inconstltucionalidad parcial de  la Ley de\n Régimen  Especial para la Conservación y Desarrollo \n Sustentable de  la Provincia de  Galápagos,\n planteada por el señor Bernardo Buehs Noboa

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187-2001-TP Acéptase parcialmente\n la demanda propuesta por la Lcda Aracely Moreno Silva

\n\n

188-2001-TP Confirmase la resolución del Tribunal\n de  instancia y niégase el amparo solicitado por\n Angel Ernesto Bonilla Peñaloza y otros .

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PRIMERA\n SALA
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\n 004-RS-01-IS\n Niégase el recurso de apelación presentado por\n el señor Alejandro Noteno y  otros 

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008-AA-01-IS Deséchase la demanda de inconstitucionalidad\n de acto administrativo presentada por el Sr Hugo Anibal Correa\n Analuisa, por improcedente 

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009-AA-01-IS Deséchase la demanda de inconstitucionalidad\n presentada por el Dr Vicente Silva Vyzcarra ,

\n\n

009-HD-01-IS Confirmase la resolución venida\n en grado y niégase la acción de hábeas data\n propuesta por el Dr Bayardo Polibio Moreno Piedrahita Tates 

\n\n

010-AA-01-IS Deséchase la demanda de inconstitucionalidad\n del acto administrativo que da de  baja de las filas policiales\n al señor Wilder Alfredo Mina Cortez 

\n\n

015-HD-01-IS Confirmase la resolución venida\n en grado y niégase la acción de hábeas data\n propuesta por el señor Julio René Jaramillo Stacey

\n\n

019-HD-01-IS Confirmase  la resolución\n venida en grado y niégase la acción propuesta por\n el señor Antonio Acosta Espinoza

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019-HD-01-IS Confirmase la resolución del\n señor Juez Sexto de lo Civil de Guayaquil y deséchase\n por improcedente el recurso de hábeas data propuesto por\n el señor Gualberto Arcos Rojas 

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023-01-HC-IS Confirmase la resolución \n subida en grado y niégase el hábeas corpus\n solicitado por el señor Manuel Llagsha Lema 

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024-HC-01-IS Confirmase \n la resolución  venida en grado y  niégase\n el  hábeas corpus  solicitado por el Ab Eller\n Veas Alcívar 

\n\n

133-RA-01-IS Confirmase  la resolución\n venida en grado y deséchase  la acción de\n amparo propuesta por el señor Pedro Pablo Idrovo Herrera 

\n\n

147-RA-Ol-IS Confirmase la resolución venida\n en grado y admítese la acción de amparo constitucional\n propuesta por el señor Norman Pichardo Van Der Dijs 

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151-RA-01-IS Confirmase  la resolución\n venida en grado y niégase  por improcedente \n la acción de  amparo propuesta por el señor\n Rigoberto Eugenio Mancheno  Caicedo y otro 

\n\n

157-RA-01-IS Revócase \n la resolución  venida en grado y deséchase \n la acción de  amparo constitucional  propuesta\n por el señor  Ricardo Fernández  Salvador\n Servant 

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164-RA-01-IS Revócase la resolución\n del señor Juez Primero de lo Civil de Pichincha y acéptase\n la acción de amparo propuesta por el señor Jorge\n Marcelo Lagla Chuquitarco y otros 

\n\n

170-01-RA-IS Confirmase la resolución subida\n en grado y niégase el  amparo constitucional propuesto\n por Braulio Loor Marzana y otros

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175-RA-01-IS Revócase la resolución\n subida en grado y deséchase la acción de amparo\n constitucional planteada por el Abg Hernán Ulloa Parada 

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206-RA-01-IS Ratificase la resolución venida\n en grado y deséchase  la acción de amparo\n constitucional propuesta por el ingeniero Jorge Enrique Valdivieso\n Carrillo 

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209-RA-01-IS Ratifícase  la resolución \n venida en grado y deséchase  la acción \n de amparo constitucional formulada por Beatriz Yolanda Segura\n Haro 

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212-RA-01-IS Ratificase la resolución venida\n en grado y deséchase la acción de amparo constitucional\n propuesta por la licenciada Vicenta Leonor Egas Andagoya 

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215-RA-01-IS Confirmase  la resolución \n subida en  grado, y en consecuencia, deséchase \n la acción de  amparo constitucional  planteada\n por el  señor Darío Cuenca Vásquez 

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225-RA-01-IS Ratificase la resolución venida\n en grado y por consiguiente, deséchase la acción\n de amparo propuesta por el señor César Augusto\n Sánchez Castelo 

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228-RA-01-IS Niégase la resolución\n venida en grado y por consiguiente, deséchase la acción\n de amparo constitucional propuesta por Francisco Timoteo Figueroa\n Montiel 

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237-RA-01-LS Revócase  la resolución\n venida en grado y por  consiguiente, deséchase \n la acción de  amparo constitucional propuesta por\n el economista  Claudio Londres Briones Castro 

\n\n

240-RA-01-IS Confirmase\n la resolución expedida
\n por el señor Juez Primero de lo Civil de Riobamba; y,\n en consecuencia, deséchase por improcedente la acción\n de amparo constitucional propuesta por Norma Elvira Angamarca\n Angamarca 

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250-RA-01-IS Confírmase la resolución\n del señor Juez Tercero de lo Civil de El Oro, y\n consecuentemente, deséchase la acción de amparo\n propuésta por el Ingeniero Carlos Loor Mera, en su calidad\n de Presidente Ejecutivo de Petróleos y Servicios P&S\n CA

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340-RA-01-IS Revócase  la resolución \n subida en grado, en consecuencia  niégase la acción\n de  amparo constitucional  planteada por el  señor\n Freddy  Rubén Astudillo  Medina y  otros 

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397-RA-01-IS Deniégase por improcedente, el\n amparo interpuesto por la señora Nancy Patricia Tello\n Báez y confirmase en los términos de esta resolución,\n la emitida por el Juez de origen 

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400-RA-01-IS  Confírmase la resolución \n venida en grado y  en consecuencia deséchase \n por improcedente  la acción interpuesta  por\n Jorge  Enrique Aragón y otra :

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403-RA-01-IS Recházase el recurso de amparo\n del Ab Galo Patricio Nájera Andrade y confinase la resolución\n dada por la Jueza Segunda de lo Civil de Ibarra, Dra Luz Angélica\n Cervantes ,

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406-RA-01-IS Niégase \n la acción de  amparo propuesta por el  ciudadano\n Edison Roberto  Ramírez Angulo, y revócase \n la resolución  dictada por el Juez Tercero de lo \n Penal de Esmeraldas el 11 de  abril del 2000 

\n\n

407-RA-01-IS Revócase\n la resolución venida en grado y por tanto niégase\n la acción de amparo propuesta por el señor Diego\n Guzmán Espinoza 

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409-RA-01-LS Confirmase la resolución \n subida en grado, en consecuencia  niégase por improcedente \n la acción  de amparo propuesta por el señor\n Angel  Estuardo Zurita Moyano

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410-RA-01-IS Confirmase la resolución venida\n en grado y por tanto niégase la acción de amparo\n propuesta por la señora María Esmeralda Moreno\n Cárdenas 

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412-RA-01-LS Revócase la resolución\n dictada por  la Jueza Trigésima Primera de lo Civil\n de Guayaquil y consecuentemente niégase la acción\n de amparo constitucional planteada por el señor Franklin\n de la Torre Guzmán, por improcedente 

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413-RA-01-IS Confirmase la resolución venida\n en grado y por tanto niégase la acción de amparo\n propuesta por la señora Esperanza Riera Parrales de Pinto 

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415-RA-01-IS Revócase  la resolución\n venida  en grado y por tanto  niégase la acción\n de amparo propuesta por  la señora Virginia R Alcaide\n Medina 

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416-RA-01-IS Confírmase la resolución\n venida en grado y por tanto niégase la acción de\n amparo propuesta por el señor Washington Fabián\n Garcia Alvarez y otros 

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418-RA-01-LS Confirmase la resolución subida\n en grado, en consecuencia niégase la acción de\n amparo propuesta por la señora Olimpia Yolanda Vásquez\n Cevallos 

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419-RA-01-IS Confirmase la resolución venida\n en grado y por tanto niégase la acción de amparo\n propuesta por el señor Jorge Oswaldo Vásquez Cadena 

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421-RA-01-LS Recházase por improcedente la\n acción de amparo propuesta por la señora Juana\n María Alvarado Salazar y revócase la resolución\n subida en grado 

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422-RA-01-IS Confirmase la resolución venida\n en grado y por tanto niégase la acción de amparo\n propuesta por la señorita Paola Alexandra Mantilla Moscoso 

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426-RA-01-IS Confirmase la resolución venida\n en grado y por tanto niégase la acción de amparo\n propuesta por el señor Sergio Joaquín Moreno Echeverri 

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428-RA-01-LS Niégase el recurso de amparo\n propuesto por el Lic Julio César Dobronsky Navarro, en\n su calidad de Director Ejecutivo y representante legal de la\n Asociación de Instituciones Financieras del Ecuador AIFE\n y confirmase la resolución subida en grado.

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429-RA-01-IS Confirmase la resolución venida\n en grado y por tanto acéptase la acción de amparo\n propuesta por la señora Olga Peñafiel Pinos. 

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430-RA-01-IS Confirmase la resolución venida\n en grado y por tanto niégase la acción de amparo\n propuesta por el Ing. Luis Alvarez Hernández, Presidente\n de la Asociación Nacional de Empresas de Seguridad Integral\n e Investigación ANESI. 

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431-RA-01-IS Confirmase la resolución subida\n en grado, en consecuencia niégase la acción de\n amparo constitucional propuesta por el senor Servio Rolendio\n Granda Granda, por improcedente. 

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434-RA-01-IS Niégase el amparo constitucional\n solicitado por el señor Pedro Armando Pesantez Bustamante,\n representante de la empresa Retumir Cía. Ltda. y ratificase\n el fallo dictado por el Juez Décimo Cuarto de lo Civil\n de El Oro .

\n\n

435-RA-01-IS Recházase la acción de\n amparo propuesta por el Sgto. Fernando Barreiro Castillo y confinase\n la decisión del Juez Primero de lo Penal del Azuay de\n archivar el proceso. 

\n\n

436-RA-01-IS Confirmase la resolución del\n Juez Segundo de lo Civil de Pichincha y  recházase\n la acción de amparo propuesta por el doctor Ramiro Telmo\n Recalde. 

\n\n

437-RA-01-IS Confirmase  la resolución\n subida en grado, en consecuencia niégase por improcedente\n la acción de amparo propuesta por el señor José\n María López Quituizaca. 

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438-RA-01-IS Confírmase la resolución\n venida en grado y por  tanto niégase la acción\n de amparo propuesta por Maria Graciela  Matamba Puerta en\n su calidad de procuradora común de los otros accionantes. 

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440-RA-01-IS Niégase \n la acción de amparo propuesta por el abogado Víctor\n Alejandro Ponce Moreira en su calidad de procurador judicial\n de la señora Crisanta Melisa Zambrano Macías y\n confirmase la resolución subida en grado. 

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441-RA-01-IS Confírmase\n la resolución venida en grado y por tanto niégase\n la acción de amparo propuesta por el Dr Gonzalo Parra\n Flores. 

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444-RA-01-IS Confirmase la resolución venida\n en grado y por tanto niégase la acción de amparo\n propuesta por el señor Gustavo Jiménez Santillán. \n
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\n 447-RA-01-IS\n Confirmase la resolución venida en grado y por tanto niégase\n la acción de amparo propuesta por Luz Amparito Gallo López. 

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450-RA-01-IS Revócase la resolución\n venida en grado y por tanto concédese la acción\n de amparo  al señor Antonio Humberto Damiani Pizza. 

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453-RA-01-1S Confirmase la acción venida en\n grado y por tanto niégase la acción de amparo propuesta\n por el Dr Miguel Rodrigo Cahuasquí Bastidas 

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458-RA-01-I.S Confirmase la resolución dictada\n por el señor Juez Segundo de lo Civil de Pichincha; en\n consecuencia niégase la acción desamparo propuesta\n por el señor Julio César Ballesteros Espín\n y otros 

\n\n

459-RA-01-IS Revócase la resolución\n venida en grado y por tanto acéptase parcialmente la acción\n de amparo propuesta por el Ing. Luis Enrique Mancheno Moreano.\n  \n

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\n

 

\n\n

N0\n 1916

\n\n

Gustavo Noboa\n Bejarano
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

\n\n

En ejercicio\n de la facultad que le confiere el Art. 23 de la Ley de Regulación\n Económica y Control del Gasto Público,

\n\n

Decreta:

\n\n

ARTÍCULO PRIMERO.- Dispónese\n que el feriado nacional del 9 de octubre del presente año,\n correspondiente al día martes no se trasladará\n al día viernes de la misma semana, pese a lo que prescribe\n el Decreto Ejecutivo No. 1487 de 4 de mayo del 2001.

\n\n

ARTÍCULO SEGUNDO.- El\n presente decreto entrará en vigencia a partir de su promulgación\n en el Registro Oficial.

\n\n

Dado en el Palacio Nacional,\n en Quito, a septiembre 25 del 2001.

\n\n

f.) Gustavo Noboa Bejarano, Presidente\n Constitucional de la República.

\n\n

f.) Martín Insua Chang,\n Ministro de Trabajo y Recursos Humanos.

\n\n

Es fiel copia del original.-\n Lo certifico.

\n\n

f) Marcelo Santos Vera, Secretario\n General de la Administración Pública.

\n\n

 

\n\n

Nro.\n 175-2001-TP

\n\n

"EL TRIBUNAL\n CONSTITUCIONAL

\n\n

En el caso signado\n con el Nro. 001-2001-TC

\n\n

ANTECEDENTES: Los señores\n Luis Aureliano Arellano Moreta, Marco Barahona Córdova,\n Rafael Ascanta, Alejandro Ramos y Jorge Ernesto Sánchez\n Huera, previo informe del Defensor del Pueblo, interponen ante\n el Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad\n en sus calidades de presidentes y representantes legales de las\n juntas de agua potable de La Bolsa, Peguche (o Miguel Egas Cabezas)\n Carabuela, Regional La Compañía y Barrio El Milagro.

\n\n

Manifiestan que el inciso primero\n del artículo 62 reformado de la Ley Reformatoria a la\n Ley de Régimen del Sector Eléctrico, promulgada\n en el Suplemento del Registro Oficial No. 261 de 19 de febrero\n de 1998 disponía: "El Estado promoverá los\n Proyectos de Desarrollo de Electrificación Rural y Urbano-Marginales,\n preferentemente en las provincias de frontera, en la Amazonia\n y en Galápagos, adoptando, para el efecto, los mecanismos\n necesarios incluyendo el otorgamiento de subsidios obligatorios\n directos a los consumidores sobre el costo de las obras; y similar\n tratamiento se otorgará sobre el costo y el consumo de\n energía eléctrica destinados a la provisión\n de agua potable, a las poblaciones ubicadas en las provincias\n fronterizas, en la Amazonia, Galápagos y en las zonas\n urbano-marginales y rurales".

\n\n

Pero mediante el artículo\n 67 de la Ley para la Promoción de la Inversión\n y la Participación Ciudadana (Trole II) promulgada en\n el Suplemento del Registro Oficial No. 144 de 18 de agosto del\n 2000, la mencionada disposición fue reemplazada por otra,\n limitando la intervención del Estado solamente a la promoción\n de proyectos de desarrollo de electrificación rural y\n urbano-marginal y las obras de electrificación destinadas\n a la provisión de agua potable de dichas áreas.

\n\n

Mediante la antedicha Ley (Trole\n II) se suprimió el subsidio por lo que se violenta los\n derechos colectivos de los pueblos indígenas consagrados\n en el Capítulo V del Título III de la Constitución\n Política de la República, particularmente lo dispuesto\n en los numerales 4 y 13 del artículo 84, que faculta a\n los pueblos indígenas a participar del uso, usufructo,\n administración y conservación dé los recursos\n renovables que se hallen en sus tierras. Es público y\n notorio que para la Reformatoria de la Ley de Régimen\n del Sector Eléctrico no se consultó el criterio\n de las comunidades indígenas involucradas, contrariando\n al artículo 246 de la Constitución que establece\n que el Estado debe promover el desarrollo de las empresas comunitarias,\n cuya propiedad pertenezca a la comunidad, como medio de combatir\n la marginalidad económica y social.

\n\n

De acuerdo a la norma inconstitucional\n del artículo 67 de la Ley para la Promoción de\n la Inversión y Participación Ciudadana, la empresa\n EMELNORTE ha resuelto cobrar el consumo de energía a las\n comunidades que representamos.

\n\n

Con estos antecedentes y de acuerdo\n al artículo 276, numeral 1 de la Constitución Política\n del Estado y artículos 18 y demás de la Ley del\n Control Constitucional demandan la inconstitucionalidad por el\n fondo de la totalidad del artículo 67 de la Ley para la\n Promoción de la Inversión y Participación\n Ciudadana (Trole II), promulgada en el Registro Oficial No. 144\n de 18 de agosto del 2000.

\n\n

El Presidente de la República\n a través de su procuradora judicial contesta manifestando\n que la Ley para la Promoción de la Inversión y\n Participación Ciudadana ya ha sido analizada por el Tribunal\n Constitucional como consta en la Resolución No. 1 93-2000-TP,\n por lo que ésta causa ejecutoria y no tendrá efecto\n retroactivo y de ello no habrá recurso alguno. Además\n los demandantes no representan a los pueblos indígenas\n ni uno en particular como ellos afirman en su demanda son presidentes\n y representantes legales de las juntas de agua potable por lo\n que de acuerdo al Capítulo 5 del Título III en\n lo que se refiere a los "derechos colectivos" el artículo\n 84 supuestamente violado de la Constitución reconoce a\n los pueblos indígenas como parte del Estado ecuatoriano\n y les concede el derecho de autodefinirse como nacionalidades\n de raíces ancestrales. El subsidio que existía\n en la Ley del Régimen del Sector Eléctrico y que\n fue eliminado por la Ley Trole II no es un derecho colectivo\n reconocido a algún pueblo indígena o afroamericano.\n Por lo que de acuerdo al artículo 62 de la Ley del Régimen\n del Sector Eléctrico no tiene relación alguna con\n el reconocimiento de los derechos colectivos previstos en el\n artículo 84 de la Constitución Política\n del Estado. El subsidio que existía en la ley y que fue\n suprimido, no tiene rango constitucional, al igual que otros\n subsidios o regímenes de excepción que tuvo como\n objetivo promover la electrificación rural y urbano marginal.

\n\n

El contenido del artículo\n 62 de la Ley del Régimen del Sector Eléctrico vigente\n no contraviene el precepto constitucional del artículo\n 246 de la Constitución Política de la República.\n Ninguno de los incisos del mencionado artículo conculca\n los derechos, impide o dificulta el desarrollo de empresas comunitarias\n o de autogestión.

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, el Tribunal es competente\n para conocer y resolver el presente caso, de conformidad con\n lo que dispone el artículo 276, número 1 de la\n Constitución;

\n\n

Que, no se ha omitido solemnidad\n sustancial alguna que pueda incidir en la resolución de\n la causa por lo que se declara su validez;

\n\n

Que, antes de la reforma impugnada,\n el artículo 62 de la Ley de Régimen del Sector\n Eléctrico establecía: "El Estado promoverá\n los Proyectos de Desarrollo de Electrificación Rural y\n Urbano-Marginales, preferentemente en las provincias de frontera,\n en la Amazonia y en Galápagos, adoptando, para el efecto,\n los mecanismos necesarios, incluyendo el otorgamiento de les\n subsidios obligatorios directos a los consumidores sobre el costo\n de las obras; y similar tratamiento se otorgará sobre\n el costo de las obras y el consumo de energía eléctrica\n destinados a la provisión de agua potable, a las poblaciones\n ubicadas en las provincias fronterizas, en la Amazonia, Galápagos\n y en las zonas urbano-marginales y rurales" (el subrayado\n no es del texto);

\n\n

La antedicha disposición\n fue sustituida por el artículo 67 de la Ley para la Promoción\n de la Inversión y de la Participación Ciudadana,\n cuyo primer inciso contiene una regulación semejante pero\n elimina lo relativo a los subsidios. El impugnado artículo\n 67 señala que: "El Estado promoverá proyectos\n de desarrollo de electrificación rural y urbano -marginal,\n y las obras de electrificación destinadas a la provisión\n de agua potable, preferentemente en las poblaciones ubicadas\n en las provincias fronterizas, en la Amazonia y Galápagos";

\n\n

Que, el subsidio implica el socorro,\n ayuda o auxilio extraordinario de carácter económico,\n el mismo que, en la especie, se encontraba previsto por disposición\n de la ley en beneficio de un segmento de la sociedad, por lo\n que implicaba un privilegio, es decir, una excepción a\n la norma de aplicación general, al exonerar o liberar\n del pago de la energía eléctrica a los grupos determinados\n en cl sustituido artículo 62 de la Ley de Régimen\n del Sector Eléctrico, exención de la que la generalidad\n de personas no gozaban;

\n\n

Esta clase de privilegios son\n otorgados por el Estado para promover el desarrollo de cierto\n segmento y teniendo en cuenta las posibilidades económicas\n del Estado; por otro lado, tal como el legislador otorga un subsidio\n lo puede eliminar, sin que esta situación afecte norma\n constitucional alguna;

\n\n

Además, como se observa,\n los subsidios tienen la finalidad de promover el desarrollo de\n un segmento social, por lo que tienen el carácter de extraordinarios,\n no pudiendo plantearse su permanencia ad infinitum ni exigirse\n que no se elimine su otorgamiento, pues los fondos que lo financian\n los obtiene el mismo Estado y se entiende que beneficiarán\n a toda la población del país mediante la prestación\n de servicios públicos;

\n\n

En el caso en especie también\n debe tenerse presente que el otorgamiento de un subsidio rompe\n el principio de igualdad desde que, el subsidio implica un privilegio\n de carácter económico que se ha concedido a un\n grupo determinado aunque hayan razones que pretendan explicarlo;\n e inclusive, si se piensa que este privilegio entraña\n un beneficio, se trata de un beneficio del cual no goza la generalidad\n de la población. El establecimiento de una norma de excepción\n a una regla general no puede ser dictada arbitrariamente, es\n decir en vulneración del principio de igualdad. Por lo\n expuesto, la eliminación de una norma de excepción\n que contiene un privilegio es una facultad del legislador que,\n en su momento la otorgó;

\n\n

Que, los accionantes alegan que\n la eliminación del subsidio viola el artículo 84\n de la Constitución que establece: "El Estado reconocerá\n y garantizará a los pueblos indígenas, de conformidad\n con esta Constitución y la ley, el respeto al orden público\n y a los derechos humanos, los siguientes derechos colectivos:\n y señala en el numeral cuatro: "Participar en el\n uso, usufructo, administración y conservación de\n los recursos naturales renovables que se hallen en sus tierras".\n Al respecto, no se observa que el primer inciso del artículo\n 62 sustituido por la norma impugnada viole este principio constitucional,\n pues los proyectos para proveer de energía eléctrica\n a los sectores urbano-marginales y rurales no se realizan con\n el uso de los recursos naturales existentes en las comunidades\n representadas por los accionantes. Lo que se establece en dicho\n artículo es que el Estado deberá promover esos\n proyectos para dotar de electrificación y agua potable\n a las provincias fronterizas, es decir, se prevé que las\n comunidades de esos sectores tengan todos los servicios básicos,\n y desde ese punto de vista, no se están violando sus derechos;

\n\n

Los derechos de los pueblos indígenas\n que protege la Constitución, en la Sección respectiva,\n hacen referencia a su identidad y tradiciones; la propiedad y\n posesión sobre sus tierras; la administración de\n los recursos naturales que se encuentren en las mismas; la conservación\n de sus prácticas para proteger la biodiversidad y de sus\n formas de convivencia; y, la propiedad de sus conocimientos ancestrales;\n derechos que no se violan con el precepto legal antes transcrito;

\n\n

Que, con respecto al numeral\n 13 del artículo 84 de la Constitución, referente\n a la formulación de planes y proyectos para el mejoramiento\n económico y social de los pueblos indígenas y a\n un adecuado financiamiento por parte del Estado, tampoco se advierte\n que él artículo impugnado viole esta norma, pues\n el mismo establece formas de financiamiento del Estado para los\n proyectos de electrificación a que se refiere. El financiamiento\n por parte del Estado para proyectos que beneficien a la comunidad\n en general y a determinados grupos como el caso de los pueblos\n indígenas en particular, debe ser entendido como la obtención\n de recursos económicos para costear las obras necesarias;\n los subsidios que puede otorgar el Estado son extraordinarios,\n como queda dicho anteriormente, y dependen del poder económico\n del mismo. Por esta razón, el financiamiento de que habla\n la norma constitucional no se refiere al otorgamiento de subsidios\n obligatorios, sino al establecimiento de medidas que le permitan\n costear los proyectos necesarios en beneficio de las comunidades\n protegidas por el artículo 84 de la Carta Suprema;

\n\n

Que, los accionantes representan\n a las juntas de agua potable que proveen de ese servicio á\n las comunidades indígenas de Otavalo e Ibarra, utilizando\n motores eléctricos que no pagaban consumo de energía\n eléctrica por haber sido beneficiarios del subsidio eliminado\n respecto de un servicio público sujeto al pago de tarifas,\n de conformidad con el artículo 249, inciso segundo de\n la Constitución Política del Ecuador. El artículo\n 62 de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico se\n refiere a la promoción de proyectos de electrificación\n que benefician directamente a las comunidades rurales y urbano-marginales.\n Las juntas administradoras de agua potable, como las representadas\n por los accionantes, son empresas de autogestión, por\n lo cual, tienen libertad para buscar la mejor manera de financiar\n sus propios proyectos para beneficio de sus comunidades. Los\n derechos protegidos por la Constitución para pueblos indígenas\n no implican el que el Estado solvente todas sus necesidades económicas,\n porque por una parte no puede hacerlo, y por otra parte no tendría\n sentido garantizar su posibilidad de formar este tipo de empresas,\n si ellas no buscan la superación de la comunidad en base\n a su propio esfuerzo;

\n\n

Que, si bien los peticionarios\n no han argumentado acerca de la inconstitucionalidad de los cinco\n incisos restantes del impugnado artículo 67, este Tribunal\n observa que el segundo inciso se refiere al financiamiento de\n los programas de electrificación rural, el que dice, estará\n a cargo del Fondo de Electrificación Rural y Urbano-Marginal\n y del Fondo Especial de Conexiones de Servicios (Decreto 459-B,\n RO. 831, 24-VI-75). Que sucesivamente se incrementará\n con el resultado de la facturación del 10% adicional sobre\n el valor neto facturado a los consumidores comerciales e industriales.\n Establece además que el retraso en el pago causará\n intereses de mora que podrán recaudarse por la vía\n coactiva. De esta disposición no se encuentra violación\n a precepto constitucional alguno, al contrario, se observa que\n la ley está previendo el financiamiento de los proyectos\n de electrificación a favor de las provincias fronterizas\n de la Amazonia y de Galápagos, con fondos creados el primero\n por la misma ley, y el segundo a través de decreto, es\n decir, se trata de un financiamiento que no parte de las mismas\n comunidades beneficiadas y que se establece para proveerles del\n servicio; y por otra parte, ese financiamiento se incrementará\n con un valor adicional que será pagado por sectores económicamente\n más fuertes, por lo que se pone en práctica el\n principio de solidaridad y de equidad en las tarifas tal como,\n se insiste, señala el inciso segundo del artículo\n 249 de la Constitución;

\n\n

Que, el tercer inciso del artículo\n impugnado se refiere a la identificación y planificación\n de los proyectos y a las entidades encargadas de las mismas,\n las que se someterán a la aprobación de CONELEC.\n El cuarto inciso señala que el Fondo de Electrificación\n financiará los proyectos y que su operación y mantenimiento\n estará a cargo de las empresas de distribución.\n El quinto inciso establece que todo esto será aprobado\n por el CONELEC y el sexto inciso señala que el Presidente\n de la República debe reglamentar todo lo relativo al financiamiento,\n facturación y administración de los fondos previstos.\n Nuevamente se observa que estas disposiciones no violan las normas\n constitucionales pues lo que hacen es nominar el financiamiento\n y administración delos fondos que servirán para\n realizar los proyectos de electrificación que, en definitiva,\n beneficiarán a las comunidades de los sectores señalados\n en el primer inciso del mismo artículo ; cabe repetir\n que al no ser financiados esos proyectos en su totalidad con\n la facturación que se cobre a esas comunidades, sino con\n fondos creados para el efecto, y con el producto de la facturación\n a otros sectores, no se violan los derechos constitucionales\n de las comunidades de las provincias fronterizas de la Amazonia\n o de Galápagos. La reglamentación prevista en la\n ley es sin duda necesaria para que los proyectos puedan efectivamente\n realizarse, para así cumplir con el deber del Estado de\n proveer de ese servicio a todos los sectores del país,\n como lo dispone el inciso primero del artículo 249 de\n la Constitución Política;

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Que, los accionantes mencionan\n también en su demanda que el artículo 67 de la\n Ley para la Promoción de la Inversión y de la Participación\n Ciudadana viola el artículo 246 de la Constitución\n que establece: "El Estado promoverá el desarrollo\n de empresas comunitarias o de autogestión, como cooperativas,\n talleres artesanales, juntas administradoras de agua potable\n y otras similares, cuya propiedad y gestión pertenezcan\n a la comunidad o a las personas que trabajan permanentemente\n en ellas, usan sus servicios o consumen sus productos".\n Del texto del artículo impugnado no se observa que se\n atente contra esta norma constitucional, porque el otorgar o\n no subsidios a las comunidades rurales y urbano-marginales, no\n obstaculiza que ellas se organicen y conformen empresas, cooperativas,\n talleres o juntas administradoras de agua potable, más\n aún si la norma impugnada se refiere a proyectos de electrificación,\n por otra parte, tampoco se advierte que se atente contra el derecho\n a utilizar los servicios que prestan las mismas comunidades a\n través de la autogestión, o que se les prohíba\n consumir sus J productos; lo que se hace es establecer el financiamiento\n necesario para emprender en obras que van a beneficiar a esas\n comunidades;

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Que, por último, se hace\n presente que, mediante la sustitución del artículo\n 62 de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico a\n través del impugnado artículo 67 de la Ley para\n la Promoción de la Inversión y de la Participación\n Ciudadana se ha eliminado o derogado el otorgamiento del subsidio\n y, tal como lo ha señalado este Tribunal en reiterados\n fallos, al conocer y resolver una demanda de inconstitucionalidad\n se puede suspender total o parcialmente los efectos de una norma,\n tal como lo dispone el número 1 del artículo 276\n de la Constitución, por lo que no se puede restablecer\n la norma anterior si ya fue derogada, en la especie, el privilegio\n del subsidio; y,

\n\n

En ejercicio de sus atribuciones,

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Resuelve:

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1. Desechar la demanda de inconstitucionalidad\n propuesta por Luis Aureliano Arellano Morete y otros en contra\n del artículo 67 de la Ley para la Promoción de\n la Inversión y de la Participación Ciudadana.

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2. Publicar en el Registro Oficial.-\n Notifíquese.".

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f.) Dr. Marco Morales Tobar,\n Presidente.

\n\n

Razón: Siento por tal,\n que la resolución que antecede fue aprobada con cinco\n votos a favor correspondientes a los doctores Oswaldo Cevallos,\n Luis Chacón, René de la Torre, Carlos Helou y Hernán\n Salgado; y cuatro votos salvados de los doctores Ricardo Vanegas,\n Luis Mantilla, Hernán Rivadeneira y Marco Morales, en\n sesión de once de septiembre del dos mil uno.- Lo certifico.

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f) Dr. Fausto Garcés Pástor,\n Secretario General.

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VOTO SALVADO DE LOS DOCTORES\n MARCO MORALES TOBAR, LUIS MANTILLA ANDA, HERNÁN RIVADENEIRA\n JÁTIVA Y RICARDO VANEGAS ARMENDÁRIZ

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"EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

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En el caso signado con el Nro.\n 001-2001-TC

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Con los antecedentes señalados\n en el informe de mayoría nos apartamos del mismo en razón\n de las siguientes consideraciones:

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Que, según el artículo\n 1 de la Constitución Política, el Ecuador "es\n un estado social de derecho", la finalidad del Estado Ecuatoriano\n es la justicia social, dentro de la cual, se conjugan la libertad\n e igualdad, el respeto a los derechos humanos dentro de los que\n se encuentran los derechos de tercera generación como\n son los de solidaridad del medio ambiente y la paz.

\n\n

Que, el artículo 3 de\n la Constitución establece entre los deberes primordiales\n del Estado: "4. Preservar el crecimiento sustentable de\n la economía, y el desarrollo equitativo en beneficio colectivo.\n 5. Erradicar la pobreza y promover el progreso económico,\n social y cultural de sus habitantes". El crecimiento sustentable\n de la economía debe entenderse como el uso y utilización\n de los recursos naturales, la satisfacción de las necesidades\n primarias de la comunidad de una manera equitativa y equilibrada,\n dando un tratamiento justo, igualitario y solidario.

\n\n

Que, el artículo 242 de\n la Carta Política señala: " La organización\n y el funcionamiento de la economía responderán\n a los principios de eficiencia, solidaridad, sustentabilidad\n y calidad, a fin de asegurar a los habitantes una existencia\n digna e iguales derechos y oportunidades para acceder al trabajo,\n a los bienes y servicios; y a la propiedad de los medios de producción".\n Este principio constitucional tiene íntima relación\n con el cumplimiento de los objetivos de la economía que\n el artículo 243 de la Ley Suprema señala, entre\n los cuales, en su numeral 4 dice: "La eliminación\n de la indigencia, la superación de la pobreza, la reducción\n del desempleo y subempleo; el mejoramiento de la calidad de vida\n de los habitantes, y la distribución equitativa de la\n riqueza". Esa distribución equitativa de la riqueza\n ha ser entendida dentro del concepto de solidaridad que debe\n contener un estado social de derecho, principios sin los cuales\n no podría garantizarse que toda la población pueda\n acceder, en igualdad de condiciones, a la prestación satisfactoria\n de los servicios públicos que debe prestar el Estado.

\n\n

Que, el artículo 249 de\n la Norma Suprema establece que será de responsabilidad\n del Estado "la provisión de servicios públicos\n de agua potable y de riego, saneamiento, fuerza eléctrica,\n telecomunicaciones, viabilidad, facilidades portuanas y otros\n de naturaleza similar... El Estado garantizará que los\n servicios públicos, prestados bajo su control y regulación,\n respondan a principios de eficiencia, responsabilidad, universalidad,\n accesibilidad, continuidad y calidad; y velará para que\n sus precios o tarifas sean equitativos".

\n\n

Que, la dotación de energía\n eléctrica, su producción, generación, transmisión\n y comercialización es un servicio público que está\n bajo la regulación del Estado y en la actualidad es otorgado\n por el Estado. Si los servicios públicos responden a los\n principios de eficiencia por cuanto se ha de procurar el logro\n de los objetivos propuestos; responsabilidad, en orden a que\n los órganos que los prestan deben cuidar que sean eficientes;\n universalidad, es decir, que todos los habitantes del Estado\n puedan acceder a ellos, sin discrimen de condición social,\n económica, política o cultural; accesibilidad,\n en tanto en cuanto se pueda conseguir el servicio con facilidad;\n continuidad, es decir, permanente; calidad, pues los servicios\n públicos deben lograr el mayor nivel de bienestar de los\n habitantes de un país; el Estado deberá buscar\n la manera de que se cumpla con todos estos principios, sin que\n ello afecte su obligación de hacerlos llegar a todos los\n sectores del país.

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Que, los precios y tarifas, dice\n la norma, serán equitativos, es decir, deben ser fijados\n en base a los principios de igualdad y equilibrio, de modo que\n no sean un obstáculo para que ciertos segmentos de la\n sociedad que no tienen capacidad económica suficiente,\n puedan acceder a ellos al igual que el resto de la sociedad.

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Que, es evidente que las comunidades\n indígenas no tienen la suficiente capacidad económica\n que les asegure el libre e igualitario acceso a los servicios\n p

 

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