Registro Oficial. SEPTIEMBRE26 de SEPTIEMBRE del 2001

Miércoles, 26 de septiembre de 2001

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

\n \n \n \n
   MES DE SEPTIEMBRE DEL 2001
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 REGISTRO OFICIAL
ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR
Administración del Sr. Dr. Gustavo Noboa Bejarano
Presidente Constitucional de la República
\n

Miércoles 26 de Septiembre del 2001

\n

REGISTRO OFICIAL No. 420

\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n

DR. JOSE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR

\n\n

FUNCION\n LEGISLATIVA

\n\n

EXTRACTOS:
\n  
\n 23-736.-\n Proyecto de Ley de creación de la Zona Económica\n Especial de Producción y Comercio
\n  
\n 23-737.-\n Proyecto de Ley de transferencia de los bienes y de la administración\n del servicio de agua potable de los sistemas Poza Honda y La\n Estancilla, manejados por el C.R.M., a la Empresa Municipal de\n Agua Potable y Alcantarillado de Portoviejo E.M.A.P.A.P. y la\n Empresa de Agua Potable y Alcantarillado E.M.A.P.A Regional "La\n Estancilla"
\n  
\n 23-738.-\n Proyecto de Ley Interpretativa a las reformas a la Ley de Reordenamiento\n en Materia Económica en el Área Tributaria Financiera\n
\n  
\n 23-739.-\n Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Régimen\n Municipal
\n  

\n\n

FUNCION\n EJECUTIVA
\n  
\n ACUERDOS:
\n  
\n MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS:
\n
 
\n 224.-\n Desígnase al señor Econ. Mauricio Pareja Canelos,\n Subsecretario General de Economía, como delegado del señor\n Ministro en las siguientes instituciones: Directorio del Banco\n Nacional de Fomento (BNF)
\n            \n  
\n 225.-\n Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI)
\n  
\n 226.-\n Directorio del Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV)
\n  
\n 227.-\n Directorio del Banco Central del Ecuador
\n  
\n
MINISTERIO\n DE OBRAS PUBLICAS:
\n
 
\n
030.- Desígnase\n al señor abogado Pedro José Valverde Rubira, como\n delegado principal ante la Comisión de la Cuenca del Río\n Guayas "CEDEGE"
\n  
\n
RESOLUCIONES:
\n DIRECCION GENERAL DE LA MAIRINA MERCANTE Y DEL LITORAL:
\n
 
\n 131/01.-\n Refórmase el Reglamento de Carrera Profesional de los\n Empleados de las Superintendencias de los Terminales Petroleros \n
\n            \n
\n 132/01.-\n Dispónese la clasificación de los buques ecuatorianos\n de tráfico de cabotaje nacional
\n  

\n\n

FUNCION\n JUDICIAL

\n\n

CORTE\n SUPREMA DE JUSTICIA

\n\n

PRIMERA\n SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL:
\n
 
\n Recursos de casación en los juicios seguidos por las\n siguientes personas:
\n  
\n 279-2001.-\n Dr. José María Gordillo Salazar y otros en contra\n de Pedro Tatayo Guacollante
\n  
\n 280-2001.-\n Jorge Pedro Guaján Maldonado en contra de Delia María\n Guaján Tambaco y otros
\n  
\n 285-2001.-\n Carlos Gálvez Cortez en contra de Patricia Bastidas de\n Arteaga
\n  
\n 286-2001.-\n Reri  Ernesto Yumiseva Yumiseva y otra en contra  de\n Greta Consuelo Uriarte  Castro
\n  
\n 291-2001.-\n Doctor Tito Yépez  Jiménez en contra de Margarita\n Erazo de Herdoíza y otro
\n  
\n
ACUERDO\n DE CARTAGENA
\n PROCESO:
\n
 
\n 65-AN-2000.-\n Acción de Nulidad interpuesta por la Sociedad BOPP\n DEL ECUADOR CIA. LTDA., contra la Resolución No. 410,\n expedida por la Secretaria General de la Comunidad Andina, publicada\n en la Gaceta Oficial No.  582 del 14 de julio del año\n 2000
\n

\n \n
\n

 

\n\n

CONGRESO\n NACIONAL

\n\n

EXTRACTO DEL PROYECTO DE LEY
\n ART. 150 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

\n\n

NOMBRE: "DE CREACIÓN DE\n ZONA ECONÓMICA ESPECIAL DE
\n PRODUCCIÓN Y COMERCIO"..

\n\n

CÓDIGO: 23-736.

\n\n

AUSPICIO: EJECUTIVO.

\n\n

INGRESO: 12-09-2001.

\n\n

COMISIÓN: DE LO ECONÓMICO, AGRARIO. INDUSTRIAL\n Y COMERCIAL.

\n\n

FECHA DE ENVIÓ
\n A COMISIÓN: 12-09-2001

\n\n

FUNDAMENTOS:

\n\n

Es imperativo establecer regímenes especiales para\n las provincias fronterizas, y al amparo del artículo 243\n de la Constitución Política, promover un desarrollo\n socialmente equitativo, regionalmente equilibrado, ambientalmente\n sustentable y democráticamente participativo, especialmente\n en las provincias limítrofes.

\n\n

OBJETIVOS BÁSICOS:

\n\n

Es preciso impulsar la aplicación de regímenes\n especiales orientados al desarrollo económico, social,\n cultural, científico y tecnológico con la aplicación\n de tratamientos especiales en materia tributaria y arancelaria,\n para fomentar las actividades productivas nacionales.

\n\n

CRITERIOS:

\n\n

El denominado "Plan Colombia" aplicado en el vecino\n país del norte, ha afectado a la región fronteriza\n generando problemas en la industria y en el comercio, con altos\n niveles de desempleo, marcado desequilibrio macroeconómico\n y un deficiente crecimiento productivo, que agravan la situación\n de esa región de la Patria.

\n\n

f.) Dr. Andrés Aguilar Moscoso, Secretario General\n del Congreso Nacional.

\n\n

 

\n\n

CONGRESO\n NACIONAL

\n\n

EXTRACTO DEL PROYECTO DE LEY
\n ART. 150 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

\n\n

NOMBRE: "DE TRANSFERENCIA DE LOS\n BIENES Y DE LA ADMINISTRA-ClON DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE\n LOS SISTEMAS
\n POZA HONDA Y LA ESTAN-CILLA, MANEJADOS POR EL
\n C.R.M., A LA EMPRESA MUNI-CIPAL DE AGUA POTABLE Y
\n ALCANTARILLADO DE PORTO-VIEJO E.M.A.P.A.P. Y LA EM-PRESA DE AGUA\n POTABLE Y ALCANTARILLADO E.M.A.P.A.
\n REGIONAL "LA ESTANCILLA".

\n\n

CÓDIGO: 23-737.

\n\n

AUSPICIO: H. MARCELO FARFÁN Y H.WILFRIDO LUCERO.

\n\n

INGRESO: 12-09-2001.

\n\n

COMISIÓN: DE DESCENTRALIZACIÓN, DESCONCENTRACIÓN\n Y RÉGIMEN SECCIONAL.

\n\n

FECHA DE ENVIÓ
\n A COMISIÓN: 13-09-2001.

\n\n

FUNDAMENTOS:

\n\n

Es urgente atender la demanda de servicios básicos\n de los habitantes de los cantones de la provincia de Manabí\n que, por muchos años se han mantenido al margen de un\n servicio eficiente de agua potable y en consecuencia se han visto\n frenadas las oportunidades de desarrollo socioeconómico\n regional.

\n\n

OBJETIVOS BÁSICOS:

\n\n

Es preciso que el C.R.M., la Empresa Municipal de Agua Potable\n y Alcantarillado de Portoviejo, la Empresa Regional EMAPA "La\n Estancilla", ejerzan de manera efectiva y definitiva la\n administración de los recursos en los fines para los que\n fueron creados.

\n\n

CRITERIOS:

\n\n

Es necesario viabilizar los propósitos mencionados\n proveyendo un instrumento normativo que, recogiendo los criterios\n de la técnica, permita y obligue a actuar con racionalidad\n y agilidad durante el proceso de transferencia en cada caso particular.

\n\n

f) Dr. Andrés Aguilar Moscoso, Secretario General del\n Congreso Nacional.

\n\n

 

\n\n

CONGRESO\n NACIONAL

\n\n

EXTRACTO DEL PROYECTO DE LEY
\n ART. 150 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

\n\n

NOMBRE: "INTERPRETATIVA A LAS REFORMAS\n A LA LEY DE REORDENAMIENTO EN MATERIA ECONÓMICA EN EL\n ÁREA TRIBUTARIA FINANCIERA"

\n\n

CÓDIGO: 23-738.

\n\n

AUSPICIO: H. ALEJANDRO AGUAYO.

\n\n

INGRESO: 13-09-2001.

\n\n

COMISIÓN: DE LO TRIBUTARIO, FISCAL Y BANCARIO.

\n\n

FECHA DE ENVIÓ
\n A COMISIÓN: 14-09-2001.

\n\n

FUNDAMENTOS:

\n\n

Mediante la Ley de Reordenamiento en Materia Económica\n en el Área Tributaria -Financiera, se estableció\n la publicación obligatoria de la calificación de\n riesgo por las compañías calificadoras, con el\n objeto de que el depositante conozca la calidad de institución\n en la que depositará sus ahorros.

\n\n

OBJETIVOS BÁSICOS:

\n\n

Cuando no se haya contratado compañías calificadoras\n de riesgo, se dispondrá que la publicación deberá\n hacerla la Superintendencia de Bancos.

\n\n

CRITERIOS:

\n\n

La redacción del inciso octavo del artículo\n 38 de la mencionada ley, es oscura y ocasiona una falsa interpretación\n particular al considerarse que la obligación de publicar\n trimestralmente, únicamente es de las calificadoras de\n riesgo y no del Superintendente de Bancos. El Congreso Nacional\n tiene la atribución de interpretar con carácter\n de obligatorio la ley.

\n\n

f.) Dr. Andrés Aguilar Moscoso, Secretario General\n del Congreso Nacional.

\n\n

 

\n\n

CONGRESO\n NACIONAL

\n\n

EXTRACTO DEL PROYECTO DE LEY

\n\n

ART. 150 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

\n\n

NOMBRE: "REFORMATORIA A LA LEY\n ORGÁNICA DE RÉGIMEN MUNICIPAL".

\n\n

CÓDIGO: 23-739.

\n\n

AUSPICIO: EJECUTIVO.

\n\n

INGRESO: 13-09-2001.

\n\n

COMISIÓN: DE DESCENTRALIZACIÓN, DESCONCENTRACIÓN\n Y RÉGIMEN SECCIONAL.

\n\n

FECHA DE ENVIÓ
\n A COMISIÓN: 14-09-2001.

\n\n

FUNDAMENTOS:

\n\n

Es conveniente actualizar, simplificar y racionalizar el Sistema\n Tributario Municipal del Ecuador.

\n\n

OBJETIVOS BÁSICOS:

\n\n

Se requiere reformar el Sistema Legal Tributario Municipal\n para facilitar la incorporación de procesos ágiles\n en beneficio de todos los contribuyentes.

\n\n

CRITERIOS:

\n\n

Es deber del Estado impulsar el desarrollo armónico\n del país, mediante.la descentralización, la desconcentración\n y el fortalecimiento de las entidades seccionales en función\n de asegurar la generación de sus propios recursos financieros\n y la participación en las rentas del Estado.

\n\n

f.) Dr. Andrés Aguilar Moscoso, Secretario General\n del Congreso Nacional.

\n\n

 

\n\n

N°\n 224

\n\n

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

\n\n

En uso de las atribuciones que le confiere\n la ley,

\n\n

Acuerda:

\n\n

ARTICULO ÚNICO.- Designar delegado, en representación\n del Ministerio de Economía y Finanzas, ante el Directorio\n del Banco Nacional de Fomento (BNF), al señor economista\n Mauricio Pareja Canelos, Subsecretario General de Economía\n de esta Cartera de Estado.

\n\n

Comuníquese - Quito, 13 de septiembre del 2001.

\n\n

f) Jorge Gallardo, Ministro de Economía y Finanzas.\n Es copia, certifico.

\n\n

f.) Julio César Moscoso S., Secretario General del\n Ministerio de Economía y Finanzas.

\n\n

13 de septiembre del 2001.

\n\n

 

\n\n

N°\n 225

\n\n

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

\n\n

En uso de las atribuciones que le confiere\n la ley,

\n\n

Acuerda:

\n\n

ARTICULO ÚNICO.- Designar delegado, en representación\n del Ministerio de Economía y Finanzas, ante el Consejo\n de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI), al señor\n economista Mauricio Pareja Canelos, Subsecretario General de\n Economía de esta Cartera de Estado.

\n\n

Comuníquese.- Quito, 13 de septiembre del 2001.

\n\n

f) Jorge Gallardo, Ministro de Economía y Finanzas.\n Es copia, certifico.

\n\n

f) Julio César Moscoso S., Secretario General del Ministerio\n de Economía y Finanzas.

\n\n

13 de septiembre del 2001.

\n\n

 

\n\n

N0 226

\n\n

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

\n\n

En uso de las atribuciones que le confiere\n la ley,

\n\n

Acuerda:

\n\n

ARTICULO 1.- Dejar sin efecto el Acuerdo Ministerial N0 036-A,\n expedido el 18 de enero del 2001.

\n\n

ARTICULO 2.- Designar delegado, en representación del\n Ministerio de Economía y Finanzas, ante el Directorio\n del Banco Ecuatoriano de la Vivienda, (BEV), al señor\n economista Mauricio Pareja Canelos, Subsecretario General de\n Economía de esta Cartera de Estado.

\n\n

Comuníquese.- Quito, 13 de septiembre del 2001.

\n\n

f) Jorge Gallardo, Ministro de Economía y Finanzas.\n Es copia, certifico.

\n\n

f.) Julio César Moscoso S., Secretario General del\n Ministerio de Economía y Finanzas.

\n\n

13 de septiembre del 2001.

\n\n

 

\n\n

N0 227

\n\n

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.

\n\n

En uso de las atribuciones que le confiere\n la ley,

\n\n

Acuerda:

\n\n

ARTICULO 1.- Dejar sin efecto el Acuerdo Ministerial N0 042-A\n de 24 de enero del 2001.

\n\n

ARTICULO 2.- Designar delegado, en representación del\n Ministerio de Economía y Finanzas, ante el Directorio\n del Banco Central del Ecuador, al señor economista Mauricio\n Pareja Canelos, Subsecretario General de Economía de esta\n Cartera de Estado.

\n\n

Comuníquese.- Quito, 13 de septiembre del 2001.

\n\n

f) Jorge Gallardo, Ministro de Economía y Finanzas.\n Es copia, certifico.

\n\n

f.) Julio César Moscoso S., Secretario General del\n Ministerio de Economía y Finanzas.

\n\n

13 de septiembre del 2001.

\n\n

 

\n\n

N°\n 030

\n\n

EL MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

\n\n

Considerando:

\n\n

Que mediante Decreto Supremo 2672, publicado en el Registro\n Oficial N" 645 del 13 de diciembre de 1965, se crea la Comisión\n de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del Río Guayas\n "C.E.D.E.G.E."; y,

\n\n

En uso de las atribuciones legales que le asiste,

\n\n

Acuerda:

\n\n

ARTICULO ÚNICO.- Designar al señor abogado Pedro\n José Valverde Rubira, en calidad de representante principal\n del señor Ministro de Obras Públicas ante la Comisión\n de la Cuenca del Río Guayas "C.E.D.E.G.E.".

\n\n

Comuníquese y publíquese.- Dado en la ciudad\n de Quito, a 13 de septiembre del 2001.

\n\n

f.) lng. José Macchiavello Almeida, Ministro de Obras\n Públicas y Comunicaciones.

\n\n

 

\n\n

No. 131/01

\n\n

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA\n MERCANTE Y DEL LITORAL

\n\n

Considerando:

\n\n

Que mediante Resolución No. 474/96 del 31 de julio\n de 1996, esta Dirección General expidió el "Reglamento\n de Carrera Profesional de los Empleados de las Superintendencias\n de los Terminales Petroleros", mediante las resoluciones\n Nos. 660/99 y 030/00 del 6 de abril de 1999 y 22 de mayo del\n 2000 respectivamente, se expidieron reformas al mencionado reglamento;

\n\n

Que es menester armonizar las disposiciones emitidas en el\n mencionado reglamento, en lo referente a las dietas que perciben\n los miembros de la Junta Directiva de las superintendencias de\n los terminales petroleros, por lo que es necesario modificar\n el numeral 4.3 del mismo reglamento; y,

\n\n

En uso de la facultad contemplada en el Art. 5, literal b)\n de la Ley General de Puertos,

\n\n

Resuelve:

\n\n

Art. 1.- Modificar el numeral 4.3 "Dietas", del\n Reglamento de carrera profesional de los empleados de las superintendencias\n de los terminales petroleros, reformado mediante la Resolución\n No. 030/00 del 22 de mayo del 2000, el mismo que dirá:

\n\n

"4.3 "Dietas"

\n\n

a) Es el valor que se paga a los Miembros de la Junta Directiva\n de la Superintendencias de los Terminales Petroleros, incluyendo\n a los señores Superintendentes y Asesor Jurídico\n por su participación en las sesiones de dicho cuerpo colegiado;

\n\n

b) La participación en cada una de las sesiones de\n la Junta Directiva de la Superintendencia, dará derecho\n a percibir una dieta, la misma que será pagada de la siguiente\n manera:

\n\n

- Miembros de la Junta Directiva, incluido el Superin-tendente:\n 64.7% de la Base de Cálculo vigente.

\n\n

- Asesor Jurídico: 55.6% de la Base de Cálculo\n vigente;

\n\n

c) El monto de las dietas, en ningún caso excederá\n del límite contemplado en las disposiciones pera percepción\n de dietas vigentes para el sector público, esto es, no\n más del 25% del sueldo básico mensual del funcionario\n o empleado; y,

\n\n

d) Los miembros del comité de contrataciones, concurso\n privado de precios, de adquisiciones y de consultoría,\n percibirán las dietas establecidas en los respectivos\n reglamentos".

\n\n

Art. 2.- Las disposiciones constantes en la presente resolución\n entrarán en vigencia a partir del 15 de septiembre del\n 2001, para las superintendencias de los terminales petroleros\n de Balao, La Libertad y El Salitral.

\n\n

Art. 3.- Derógase la Resolución No. 030/00 del\n 22 de mayo del 2000.

\n\n

Dada en Guayaquil, en esta Dirección General, a los\n cinco días del mes de septiembre del año dos mil\n uno.

\n\n

f.) Gonzalo Vega Valdiviezo, Contralmirante, Director General.

\n\n

 

\n\n

N0 132/01

\n\n

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA\n MERCANTE Y DEL LITORAL

\n\n

Considerando:

\n\n

Que la Dirección General de la Marina Mercante y del\n Litoral (DIGMER) como Autoridad Marítima ecuatoriana es\n la responsable de velar por la seguridad de la vida humana en\n el mar y la prevención de la contaminación de las\n aguas;

\n\n

Que el Ecuador es signatario del acuerda latinoamericano sobre\n control de buques por el Estado Rector del puerto, conocido como\n el Acuerdo de Villa del Mar, mediante el cual los países\n pertenecientes a la Red Operativa de Cooperación Regional\n de Autoridades Marítimas de Sudamérica, México,\n Panamá y Cuba (ROCRAM) se comprometen al control de los\n buques de bandera extranjera que ingresan a sus aguas con el\n objetivo de impedir la operación de buques subestandar\n que puedan atentar a la seguridad marítima y al medio\n marino;

\n\n

Que se hace necesario que la DIGMER tome medidas adicionales\n para asegurarse que los buques de bandera ecuatoriana que realizan\n el tráfico de cabotaje nacional (interno) cumplan también\n con todas las disposiciones contenidas en los convenios internacionales\n y acuerdos regionales para impedir la operación de buques\n subestandar o deficientes

\n\n

Que las sociedades clasificadoras de buques cumplen un doble\n rol a través de la clasificación de los buques\n para efectos de los seguros y cuyas inspecciones y certificaciones\n contribuyen a prevenir los accidentes en el mar;

\n\n

Que el último inciso del Art. 127 del Reglamento a\n la Actividad Marítima, también obliga a las empresas\n navieras que sirven en el tráfico interno, a cumplir con\n las disposiciones de ese artículo, entre las cuales se\n exige, que las naves deberán contar con la clasificación\n expedida por una sociedad clasificadora reconocida internacionalmente;

\n\n

Que para cumplir con todos estos propósitos, se hace\n necesario emitir disposiciones adicionales encaminadas a impedir\n la operación de buques subestandar o deficientes en aguas\n ecuatorianas; y,

\n\n

En uso de sus facultades legales y reglamentarias,

\n\n

Resuelve:

\n\n

Art. 1.- Todos los buques de bandera nacional que operan en\n el tráfico de cabotaje (nacional) deberán también\n obtener su Clasificación (Clase) otorgada por una de las\n sociedades clasificadoras de buques reconocidas internacionalmente.

\n\n

Art. 2.- Para efectos de la aplicación del artículo\n anterior, se considerará a los buques que a continuación\n se detalla:

\n\n

BUQUES DE PASAJEROS.- Los que estén autorizados a transportar\n de 12 pasajeros en adelante en cabinas como turistas, bajo la\n modalidad de tour-crucero o tour-navegable.

\n\n

BUQUES TANQUES DE HIDROCARBUROS.- Los que tengan un Tonelaje\n de Registro Bruto (TRB) de 150 en adelante.

\n\n

BUQUES DE CARGA GENERAL Y PESQUEROS.- Los que tengan un Tonelaje\n de Registro Bruto (TRB) de 500 en adelante.

\n\n

Art. 3.- Se fijan los piazos que a continuación se\n detalla para que los buques se encuentren clasificados por una\n de las sociedades clasificadoras reconocidas internacionalmente:

\n\n

ÿ A partir de enero del año 2002 para los buques\n de pasajeros que transportan de 36 pasajeros en adelante como\n turistas y para los buques tanques de hidrocarburos de un T.R.B.\n de 1000 en adelante.

\n\n

ÿ A partir de enero del año 2003 para los buques\n de pasajeros que transportan de 16 pasajeros, en adelante como\n turistas, para los buques tanques de hidrocarburos de un T.R.B.\n de 150 en adelante y para los buques de carga general y pesqueros\n de un T.R.B. de 500 en adelante.

\n\n

ÿ A partir de enero del año 2004 para los buques\n de pasajeros que transportan de 12 pasajeros en adelante como\n turistas bajo la modalidad de tour-crucero o toar-navegable.

\n\n

Art. 4.- A partir del mes de enero del año 2002 la\n Sociedad Clasificadora y el armador deberán informar directamente\n a la DIGMER sobre el Estado de Clasificación (Status)\n del buque. El incumplimiento de las disposiciones de esta resolución\n será motivo para que la Autoridad Marítima no otorgue\n el permiso de tráfico al buque.

\n\n

Art. 5.- En las inspecciones anuales de seguridad se verificará\n la vigencia de los certificados de clasificación otorgados\n por la Sociedad Clasificadora del buque.

\n\n

Art. 6.- Esta resolución entrará en vigencia\n a partir de su publicación en el Registro Oficial.

\n\n

Dada en Guayaquil, en la Dirección General de la Marina\n Mercante y del Litoral, a los cuatro días del mes de septiembre\n del año dos mil uno.

\n\n

f.) Gonzalo Vega Valdiviezo, Contralmirante, Director General\n de la Marina Mercante.

\n\n

 

\n\n

No. 279-2001

\n\n

Dentro del juicio ordinario No. 124-2001\n que por reivindicación sigue el Dr. José María\n Gordillo Salazar, mandatario de Jorge Vidal Montenegro y Flor\n Elisa López en contra de Pedro Tatayo Guacollante, se\n ha dictado lo que sigue:

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n PRIMERA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

\n\n

Quito, 24 de julio del 2001; las 10h30.

\n\n

VISTOS: Pedro Tatayo Guacollante interpone recurso de casación\n de la sentencia dictada por la Primera Sala de la Corte Superior\n de Justicia de Quito dentro del juicio ordinario que por reivindicación\n sigue en su contra el Dr. José María Gordillo Salazar,\n mandatario de Jorge Vidal Montenegro y Flor Elisa López.\n Por el sorteo de ley ha correspondido su conocimiento a esta\n Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia\n y una vez cumplido el trámite establecido en la Ley de\n Casación, para resolver se considera: PRIMERO.- El recurrente\n funda el recurso en las causales primera, segunda, tercera, cuarta\n y quinta del artículo 3 de la Ley de Casación y\n estima como infringidos los artículos 87, 117, 119, 122,\n 246, 252, 277, 353, 355, 873 del Código de Procedimiento\n Civil; los artículos 157, 708, 717, 721, 734, 735,736,\n 74.8, 758, 953, 972, 1727, 1738, 1781, 1784, 2051 del Código\n Civil. SEGUNDO.- Como el recurso se funda, entre otras causales,\n en la segunda prevista en el artículo 3 de la Ley de.\n Casación, esta alegación debe ser examinada en\n primer lugar, puesto que si se demuestra que en la sentencia\n se ha producido una aplicación indebida, una falta de\n aplicación o una errónea interpretación\n de normas procésales, que hayan viciado el proceso de\n nulidad insanable o provocado indefensión, y que uno de\n estos vicios hubiere influido en la decisión de la causa,\n sin que la respectiva nulidad hubiere quedado convalidada legalmente,\n al Tribunal de Casación, sin examinar las otras alegaciones,\n le corresponde proceder según lo establecido en el segundo\n inciso del artículo 14 de la misma ley: "Cuando se\n trate de casación por la causal segunda del artículo\n 3, la Corte Suprema anulará el fallo y remitirá\n dentro de un término de cinco días el proceso al\n Juez u órgano judicial al cual tocaría conocerlo\n en caso de recusación de quién pronunció\n la providencia casada, a fin de que conozca la causa desde el\n punto en que se produjo la nulidad sustanciándolo con\n arreglo a derecho". TERCERO.-En el recurso de casación\n interpuesto, el recurrente señala que "se violó\n el artículo 87 del Código de Procedimiento Civil;\n pues no se notificó a los herederos de mi cónyuge,\n a pesar de que consta en autos el certificado de defunción\n del cual aparece que el fallecimiento de María Magdalena\n Simbaña, tuvo lugar en esta ciudad de Quito, el 7 de diciembre\n de 1997, y también consta la petición pertinente,\n solemnidad sustancial que exige el numeral 4 del artículo\n 355 en relación con el artículo 353 ibídem\n que tarea como consecuencia la anulación del proceso".\n La omisión que el recurrente señala se refiere\n a la "citación de la demanda al demandado o a quien\n legalmente le represente" y esta violación no se\n produjo en el proceso, pues consta de autos que oportunamente\n se citó a quien en ese momento procesal era el demandado,\n es decir a Pedro Tatayo por sus propios derechos y por los que\n representaba de su cónyuge, ya que en aquella época\n la mujer casada era incapaz de presentarse a juicio sin autorización\n del marido. Ciertamente que a fojas 201 del cuaderno de segundo\n nivel aparece una partida de defunción, con la cual se\n acredite el fallecimiento de la demandada, y el pedido expreso\n de que se cuente con ellos mediante notificación (fojas\n 202), lo cual no se ha realizado; pero este petitorio ha sido\n presentado una vez concluida la sustanciación del proceso\n y pedidos los autos para sentencia, por lo cual la falta de notificación\n no influyó en la decisión de la causa. CUARTO.-\n El artículo 87 del Código de Procedimiento Civil\n dice: "Cuando falleciere alguno de los litigantes, se notificará\n a sus herederos para que comparezcan al juicio. A quienes fueren\n conocidos se les notificará en persona o por una sola\n bolete y a quienes fueren desconocidos o no se pudiere determinar\n su residencia, mediante una sola publicación en la forma\n y con los efectos señalados por el artículo 86.\n La notificación se hará con la providencia en que\n se dispone contar con los herederos en el juicio. La publicación\n por la prensa contendrá únicamente un extracto\n de aquélla". Al no haberse notificado a los herederos\n de María Magdalena Simbaña, se ha inaplicado el\n artículo citado y se ha producido además el vicio\n contemplado en el numeral sexto del artículo 355 del Código\n de Procedimiento Civil, el cual se refiere a la omisión\n de la "notificación a la partes del auto de prueba\n y la sentencia", por lo cual los herederos de la demandada\n no han podido utilizar los mecanismos pertinentes para impugnar\n la sentencia. Por estas consideraciones, ADMINISTRANDO JUSTICIA\n EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, aceptando\n el recurso de casación interpuesto, se declara la nulidad\n de lo actuado a partir de la notificación con la\n sentencia dictada por la Primera Sala de Conjueces de la Corte\n Superior de Justicia de Quito. Notifíquese, publíquese\n y conforme el segundo inciso del artículo 14 de la Ley\n de Casación, remítase el proceso al órgano\n judicial al cual tocaría conocerlo en caso de recusación\n de quién pronunció la providencia casada, a fin\n de que conozca la causa desde el punto en que se produjo la nulidad,\n sustanciándolo con arreglo a derecho, para lo cual una\n vez notificados los herederos de la demandada y transcurrido\n el término del emplazamiento, se notificará con\n la sentencia a todas las partes procésales.

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Fdo.) Dres. Galo Galarza Paz, Santiago Andrade Ubidia y Ernesto\n Albán Gómez, Ministros Jueces.

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Certifico.- Dra. Isabel Garrido Cisneros, Secretaria Relatora.

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ACLARACIÓN

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Dentro del juicio ordinario No. 124-2001 que por reivindicación\n sigue el Dr. José María Gordillo Salazar, mandatario\n sustituto de Jorge Vidal Montenegro y Flor Elisa López\n en contra de Pedro Tatayo, se ha dictado lo que sigue:

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n PRIMERA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

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Quito, 30 de agosto del 2001; a las 10h00.

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VISTOS: Pedro Tatayo Guacollante solicite aclaración\n y ampliación de la sentencia expedida por esta Sala dentro\n del juicio que sigue en su contra el doctor José Maria\n Gordillo Salazar. Una vez que se ha satisfecho el traslado, para\n resolver se considera: PRIMERO: El artículo 273 del Código\n de Procedimiento Civil dice: "Sentencia es la decisión\n del Juez acerca del asunto o asuntos principales del juicio",\n mientras que el artículo 274 del mismo código señala:\n "Auto es la decisión del Juez sobre algún\n incidente del juicio". Es decir que la providencia que debe\n expedirse para resolver él o los asuntos de fondo que\n se discuten en un juicio es siempre una sentencia.- SEGUNDO:\n Esta Sala en las resoluciones No. 233-96, publicada en el Registro\n Oficial No. 130 de 15 de marzo del 2000, y No. 150-97 de 30 de\n mayo del 2000; entre otras, ha sostenido que: "Al ser la\n casación un recurso supremo y extraordinario que se interpone\n respecto de una sentencia ejecutoriada, que origina un nuevo\n debate entre la resolución impugnada y la ley, constituye\n una nueva acción cuyo objeto es obtener la anulación\n de la sentencia emitida por el Tribunal de instancia, por considerar\n que en ella se han infringido determinadas normas legales".\n El recurso de casación no pretende entonces continuar\n un juicio, pues éste se halla concluido al haberse dictado\n una sentencia que se encuentra ejecutoriada, sino que inicia\n en realidad un proceso distinto en el que la fundamentación\n y las causales invocadas constituyen las pretensiones que deben\n ser resueltas como cuestiones de fondo, y que, en consecuencia,\n exigen siempre la expedición de una sentencia.- TERCERO:\n En cuanto a la petición de que se decida sobre las costas,\n esta Sala hace la siguiente consideración: si bien el\n demandado puso en conocimiento del Tribunal de instancia el fallecimiento\n de otro de los demandados, omitió señalar quienes\n son sus herederos, los que sin duda alguna deben ser conocidos\n por él noticiaste ya que la fallecida era su cónyuge,\n y el lugar en el que debía notificárseles, incumpliendo\n de esta manera sus deberes de lealtad procesal. Por esta razón,\n sobre él debería recaer la condena de las cosas\n procésales de la nulidad declarada. Sin embargo, como\n ha señalado esta Sala en resoluciones de casación,\n como la No. 550-96, publicada en el Registro Oficial No. 30 de\n 20 de septiembre de 1996 y en la No. 600-96, publicada en el\n Registro Oficial No. 31 de 23 de septiembre de 1996, en este\n caso debe aplicarse el principio que prohíbe la "reformatio\n in peius", principio generalmente admitido por la doctrina.\n En efecto, al haber sido el demandado quien interpuso el recurso\n de casación que fue admitido a trámite, esta Sala\n considera que no se puede empeorar su situación con respecto\n a la decisión precedente imponiéndole la condena\n en costas. Por todo lo expuesto, se rechaza la solicitud de aclaración\n y ampliación por improcedentes. Notifíquese.

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Fdo.) Dres. Galo Galarza Paz, Santiago Andrade Ubidia y Ernesto\n Albán Gómez, Ministros Jueces.

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Certifico.- Dra. Isabel Garrido Cisneros, Secretaría\n Relatora.

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RAZÓN: Es fiel copia de su original.- Certifico.- Quito,\n 30 de agosto del 2001.

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f) Dra. Isabel Garrido Cisneros, Secretaria Relatora de la\n Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema.

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No. 280-2001

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Dentro del juicio ordinario por nulidad\n de escritura No. 148- 2001, que sigue Pedro Guaján Maldonado\n en contra de Delia Maria, María Salvadora y José\n Pedro Guaján Tambaco, se ha dictado lo siguiente:

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n PRIMERA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

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Quito, julio 26 del 2001; las 10h00.

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VISTOS: Delia María Guaján, en su calidad de\n procuradora común de los demandados, deduce recurso de\n casación contra la sentencia dictada por la Segunda Sala\n de la Corte Superior de Ibarra, en el juicio ordinario de nulidad\n de escritura pública seguido por Jorge Pedro Guaján\n Maldonado en contra de Delia María, María Salvadora\n y José Pedro Guaján Tambaco. Aduce que en la sentencia\n se han transgredido los artículos 26 y 29 de la Ley Notarial\n y los artículos 117, 119, 168 y siguientes del Código\n de Procedimiento Civil.-Fundamente el recurso en la causal tercera\n del artículo 3 de la Ley de Casación.- Por concedido\n el recurso sube a la Corte Suprema de Justicia y se radica la\n competencia, por el sorteo de ley, en esta Primera Sala de lo\n Civil y Mercantil, la que en providencia de 27 de jumo del 2001,\n acepte a trámite el recurso. Concluida la sustanciación,\n atento el estado de la causa, para resolver se considera: PRIMERO.-\n Cuando la demanda contiene una pretensión de naturaleza\n indivisible, esto es, que no puede escindirse en partes o fracciones\n de manera que surte efecto para unas personas y para otras no,\n como sucede en la pretensión de que se declare la nulidad\n de una escritura pública que contiene un acto o contrato,\n se debe contar en el proceso con todos a quienes la sentencia\n de fondo o mérito surte efectos en su contra; porque de\n no ser así no se integra el debido contradictorio, lo\n que origina la consecuencia que el sentenciador se vea imposibilitado\n de dictar sentencia de fondo o mérito, o sea, tenga que\n abstenerse de decidir sobre la pretensión deducida en\n la demanda y se vea abocado a dictar sentencia inhibitoria, desde\n luego la sentencia inhibitoria haría tránsito solo\n de cosa juzgada formal, de tal suerte que el interesado, subsanado\n el error, puede volver a proponer demanda sobre la misma cuestión.\n SEGUNDO.- En vista de que sigue siendo frecuente que los litigantes\n confundan legitimo contradictor con ilegitimidad de personería,\n vale la pena aclarar una vez más que la una y la otra\n son fenómenos jurídicos distintos. Legitimo contradictor,\n llamado por la doctrina legitimatio ad causam es, respecto del\n actor, la persona que de conformidad con la ley sustancial está\n legitimada para que por sentencia de fondo o mérito se\n resuelva si existe o no el derecho o la relación jurídica\n sustancial pretendida en la demanda, y, respecto del demandado,\n es la persona que conforme a la ley sustancial está legitimada\n para discutir u oponerse a dicha pretensión del actor.\n No existe debida legitimación en el juicio en dos casos:\n 1) Cuando el actor o el demandado son personas distintas a quien\n le corresponde formular sus pretensiones o contradecirlas; y,\n 2) Cuando aquellos debieron ser parte en una litis pero en concurrencia\n con otras personas que no han comparecido al proceso (litis consorcio\n necesario).- La legitimación de la causa es una condición\n para el éxito de la pretensión y su omisión\n no es causa para la nulidad procesal. En cambio, la legitimidad\n de personería, llamada por la doctrina legitimatio ad\n processum, es una solemnidad sustancial común a todos\n los juicios e instancias prevista en el numeral 3ero. del artículo\n 355 del Código de Procedimiento Civil. Su omisión\n acarrea la nulidad del proceso conforme dispone el artículo\n 58 del código citado. Hay ilegitimidad de personería\n cuando comparecen a juicio en los siguientes supuestos: 1) Por\n si solo quien no es capaz de hacerlo (la capacidad de una persona\n consiste en poder obligarse por sí misma, y sin el ministerio\n o autorización de otra, Art. 1488 inciso final del Código\n Civil); 2) El que afirma ser representante legal y no lo es (son\n representantes legales de una persona, el padre, o la madre bajo\n cuya potestad vive, su tutor o curador, y lo son de las personas\n jurídicas, las designadas en el Art. 598 del Código\n Civil); 3) El que afirma ser procurador y no tiene poder (son\n procuradores judiciales los mandatarios que tienen poder para\n comparecer en juicio. Art. 40 del Código de Procedimiento\n Civil); 4) El procurador cuyo poder es insuficiente; y, 5) El\n que gestiona a nombre de otro sin poder pero con oferta de ratificación\n (Gestor de negocios) y no se ratifica su gestión. TERCERO.-\n El cumplimiento de los requisitos formales en el otorgamiento\n de una escritura pública es de obligación exclusiva\n del Notario que interviene en su autorización y redacción;\n la omisión de esas formalidades le acarrea al Notario,\n por tanto, responsabilidades civiles, así como también\n disciplinarias que pueden ser hasta de destitución. Es\n indudable, entonces, que en el proceso en el que se debate la\n nulidad de una escritura pública ha de contarse ineludible\n y necesariamente con el Notario ante el cual se otorgó;\n puesto que de otra manera, no se le daría la oportunidad\n de defenderse en forma oportuna y efectiva, con la plenitud de\n derechos que corresponden a las partes y fundamentalmente no\n se observaría la garantía del debido proceso preceptuada\n por el artículo 24, numeral 10 de la Constitución\n Política de la República del Ecuador, de que nadie\n podrá ser privado del derecho de defensa en ningún\n estado o grado del procedimiento. En esta virtud, de no contarse\n con el Notario no habría la debida formación del\n necesario contradictor y la legitimación en la causa sería\n incompleta, lo que impedirla al sentenciador dictar sentencia\n de fondo o mérito. En el caso sub lite, José Pedro\n Guaján Maldonado en su libelo de demanda (fojas 4 del\n cuaderno de primer nivel) formula la pretensión de que\n se declare la nulidad de la escritura pública otorgada\n el 31 de octubre de 1989, ante el Notario de Cotacachi Nelson\n Bolívar Serpa Tamayo, que contiene el contrato de compraventa\n por el cual José Pedro Guaján Maldonado vende a\n José Pedro, Delia Maria y María Salvadora Guaján\n Tumbaco, el lote de terreno denominado Guanga-loma, ubicado en\n la parroquia Sagrario, cantón Cotacachi. La nulidad pretendida\n la sustente en que en dicha escritura se ha omitido la formalidad\n prevista en el artículo 29, numeral 11 de la Ley Notarial,\n en correspondencia con el artículo 48 de la misma ley,\n es decir, por la omisión del requisito formal de no haber\n suscrito la escritura un testigo a ruego de los otorgantes que\n no sabían firmar. Por lo explicado en los considerándos\n precedentes, en este proceso debía contarse con el Notario\n de Cotacachi Nelson Bolívar Serpa Tamayo, quien autorizó\n y redactó dicha escritura pública. Al no haberse\n contado con él, como sucede en la litis materia de este\n recurso, existe una indebida integración del contradictorio\n y la Segunda Sala de la Corte Superior de Ibarra estaba impedida\n de dictar sentencia de fondo y declarar la nulidad de la escritura\n pública pretendida, como lo ha hecho. Lo procedente era\n que rechace la demanda por no haberse contado con el mencionado\n Notario, es decir dictar sentencia inhibitoria. Por las consideraciones\n expuestas, la Primera Sala de la Corte Suprema de Justicia, ADMINISTRANDO\n JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,\n casa la sentencia recurrida y, en su reemplazo, rechaza la demanda\n por no haber la debida formación del necesario contradictor\n y, por tanto, una legitimación en la causa incompleta.\n Sin costas. En mérito de lo dispuesto por el artículo\n 17 de la Ley de Casación, devuélvase el monto de\n la caución depositada a la recurrente. Notifíquese\n y devuélvase.

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Fdo.) Dres. Galo Galarza Paz, Santiago Andrade Ubidia y Ernesto\n Albán Gómez, Ministros Jueces.

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Esta copia es igual a su original.- Certifico.- Quito, 26\n de julio del 2001.

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f.) Dra. Isabel Garrido Cimeros, Secretaria Relatora.

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No. 285-2001

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En el juicio verbal sumario (recurso\n de casación) No 68-2001 que, por cobro de dinero, sigue\n el Contralmirante Carlos Gálvez Cortez en contra de Patricia\n Bastidas de Arteaga, por sus propios derechos y como representante\n legal de la Agencia de Viajes ETNOTOUR Cia. Ltda., se ha dictado\n lo siguiente:

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n PRIMERA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

\n\n

Quito, 31 de julio del 2001; las 10h05.

\n\n

VISTOS: Patricia Bastidas, por sus propios derechos y como\n Gerente y representante legal de la Agencia de Viajes Etnotour\n Cía. Ltda., interpone recurso de casación de la\n sentencia dictada por la Tercera Sala de la H. Corte Superior\n de Justicia de Quito, que reforma la del inferior y condena a\n la compañía demandada al pago de la cantidad de\n 11.200 dólares de los Estados Unidos de América\n y los intereses legales vigentes para dólares a partir\n de la fecha de citación con la demanda, dentro del juicio\n verbal sumario que, por cobro de dinero, propuso el Contralmirante\n Carlos Gálvez Cortez en contra de la recurrente, por sus\n propios derechos, y como representante legal de la Agencia de\n Viajes Etnotour CIA. Ltda. Dicho recurso es concedido, por lo\n que el proceso sube a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia.\n Habiéndose radicado la competencia por el sorteo de ley\n en esta Primera Sala de lo Civil y Mercantil, mediante auto de\n 13 de mano del 2001 lo admitió a trámite y, concluida\n la etapa de sustanciación de este proceso de casación,\n para resolver se considera: PRIMERO: Este Tribunal de Casación,\n reafirmándose en lo resuelto en casos anteriores, considera\n que el ámbito de competencia dentro del cual puede actuar\n está dado por el propio recurrente en la determinación\n concreta, completa y exacta de una o más de las causales\n sustentadas por el artículo 3 de la Ley de Casación.\n En tal virtud, la Sala se limite a analizar la acusación\n de que en la sentencia dictada por el Tribunal de última\n instancia se han infringido las normas contenidas en los artículos\n 23 (numerales 26 y 27) y 24 (numeral 17) de la Constitución\n Política de la República, artículos 30,\n 1590, 1594 y 1595 del Código Civil; artículos 96,\n 119, 123, 198 numeral cuarto, 203, 280, 278, 355, 358 y 359 inciso\n tercero del Código de Procedimiento Civil; artículos\n 763, 766,789 y 808 del Código de Comercio, así\n como las causales en las que se ha fundamentado el recurso presentado,\n es decir, la primera, segunda, tercera y quinte del artículo\n 3 de la Ley de Casación.- SEGUNDO: En caso de que se acuse\n al fallo casado de hallarse incurso entre otras en la causal\n segunda del artículo 3 de la ley de la materia, este cargo\n se ha de examinar en primer lugar, a fin de establecer si procede\n o no; si se la rechaza, es pertinente entrar al estudio de las\n causales restantes; pero si prospera, le está vedado al\n juzgador de casación el seguir adelante con su análisis\n y entrar a resolver sobre el fondo de la controversia, sino que,\n declarando la nulidad procesal a partir del instante en que el\n vicio se produjo, ha de reenviar el proceso en cumplimiento de\n lo que dispone el artículo 15 de la Ley de Casación.\n En su impugnación, el recurrente acusa al fallo de última\n instancia de no haber analizado "la ilegitimidad de personería\n de la parte demandada, cuando la actora demanda en el libelo\n inicial tanto a la compareciente como representante legal de\n la agencia de viajes Etnotour, cuanto por mis propios derechos,\n siendo la legitimidad de personería una solemnidad sustancial\n común a todos los juicios e instancias. El legítimo\n contradictor en la presente causa, frente a la paste actora,\n es la persona jurídica denominada Etnotuor Cía.\n Ltda. y la compareciente, por mis propios derechos, nada tiene\n que ver en la relación jurídica comercial existente\n entre el propietario del yate Amigo y la agencia de viajes, por\n lo tanto, fue aventurado e ilegal el presentar la demanda en\n mi contra, lo que conlleva a la existencia de ilegitimidad de\n personen, pues es obvio que las acciones no pueden presentarse\n indiscriminadamente contra cualquier persona que no tenga ninguna\n vinculación en el asunto litigioso, como en efecto ha\n ocurrido. De tal manera que al incurrirse en ilegitimidad de\n personería, el proceso carece de validez, por lo que el\n fallo ha dejado de aplicar el Art. 355 del Código de Procedimiento\n Civil ecuatoriano, en concordancia con el Art. 358, y tercer\n inciso del Art. 359 del mismo cuerpo legal.". Al respecto,\n se anota: En la sentencia de última instancia, se lee\n en la parte resolutiva: ".. . se reforma la resolución\n venida en grado y se dispone que Etnotour, por medio de su representante\n legal, pague a Carlos Gálvez Cortez la suma de once mil\n doscientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica\n ($11 .200,oo), saldo del contrato que tuvo vigencia entre él,\n 25 de diciembre de 1994 y el 6 de enero de 1995, con el interés\n legal vigente para dólares desde la fecha de citación\n con la demanda. Por las razones expuestas se desestima el pago\n de sesenta dólares, saldo de un segundo contrato y se\n desecha la demanda respecto de Patricia Bastidas, por sus propios\n derechos" (fojas 101 vta.). De la simple lectura de esta\n parte del fallo impugnado, se observa que la acusación\n de la recurrente carece de sentido, ya que el Tribunal ad quem\n precisamente revoca la parte de la sentencia de primera instancia\n (fojas 92 vta.) en la que se mandaba a pagar la cantidad demandada\n tanto a la sociedad demandada (Etnotour Cía. Ltda.) como\n a Patricia Bastidas, por sus propios derechos, condenándose\n en segunda instancia únicamente a la sociedad demandada,\n Etnotour Cía. Ltda., para que cancele por medio de su\n representante legal (sea quien sea la persona que ostente esta\n función societaria a la época de ejecución\n de la sentencia), la cantidad de dinero reclamada, es decir,\n se condena a la persona jurídica al pago de las obligaciones\n contraídas para que las cancele a través de su\n medio legitimo de expresión, o sea el órgano de\n actuación frente a terceros cual es el representante legal.\n Además, se anote que la recurrente ha incurrido en la\n tan generalizada confusión entre lo que constituye la\n falta de legitimatio ad processum o capacidad de las partes para\n actuar por sus propios derechos o en representación de\n otra persona, con lo que constituye la falte de legitimatio ad\n causam, que consiste en que ". . el actor debe ser la persona\n que pretende ser el titular del derecho sustancial discutido,\n y el demandado el llamado por la ley a contradecir u oponerse\n a la demanda, pues es frente a ellos que la ley permite que el\n Juez declare, en sentencia de mérito, si existe o no la\n relación jurídica sustancial objeto de la demanda,\n sentencia que los obliga y produce cosa juzgada sustancial...",\n como lo ha declarado este Tribunal en múltiples resoluciones\n (No. 405-99 de 13 de julio de 1999, Registro Oficial No. 273\n de 9 de septiembre de 1999; No. 516-99 de 15 de octubre de 1999,\n R.O. No. 335 de 9 de diciembre de 1999; No. 314 de 25 de julio\n del 2000, Registro Oficial No. 140 de 14 de agosto del 2000).\n Cuando hay falte de legitimatio ad causam no existe razón\n para declarar la nulidad procesal, ya que el proceso será\n perfectamente válido, sino que ha de dictarse una sentencia\n desestimatoria por no existir la relación sustancial entre\n actor y demandado. No procede, por lo tanto, el cargo de la recurrente\n de que el fallo se halla incurso en la causal segunda del artículo\n 3 de la Ley de Casación.- TERCERO: La recurrente sostiene\n que en el fallo de primera instancia se ha producido la transgresión\n de los artículos 96 y 280 del Código de Procedimiento\n Civil, ya que se notificó dicho fallo a los cuatro días\n de haber sido dictado, cuando el artículo 96 del código\n citado prescribe que las providencias deber notificarse a más\n tardar dentro de veinticuatro horas de dictadas; y porque la\n sentencia del inferior no expresa con claridad los fundamentos\n o motivos en que se basa, ni se hace en ella un debido análisis\n de la prueba que consta en el proceso, en contravención\n de lo que dispone el artículo 280 ibídem. Al respecto,\n la Sala observa: esta acusación no procede, toda vez que\n son cargos formulados en contra de la sentencia de primera instancia\n y la Ley de Casación, en el inciso primero de su artículo\n 2 reformado, claramente determina que el recurso extraordinario\n procede contra las sentencias y autos que pongan fin a los procesos\n de conocimiento, dictados por las cortes superiores, por los\n tribunales distritales de lo Fiscal y de lo Contencioso Administrativo;\n en el presente caso, la sentencia de segunda instancia ni siquiera\n hace suya la motivación del inferior, ni confirma en todas\n sus partes la sentencia de primera instancia, por lo que estos\n cargos devienen en improcedentes; adicionalmente, se hace notar\n a la recurrente que el artículo 96 del Código de\n Procedimiento Civil ha sancionado con multa su transgresión,\n por lo que no procede declaratoria alguna de nulidad por éste\n motivo; y respecto del artículo 280 del mismo cuerpo legal,\n la misma parte debe recordar que la transgresión de esta\n norma procedimental tampoco ocasiona la nulidad procesal, sino\n que la resolución de primer nivel defectuosamente estructurada\n deberá ser sustituida por el Tribunal de alzada mediante\n resolución que cumpla con el precepto constitucional de\n debida fundamentación (artículo 24 N° 13),\n y en caso de que el fallo de última instancia adolezca\n de este vicio podrá ser acusado en casación con\n fundamento en lo que disp

 

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