Registro Oficial. SEPTIEMBRE21 de SEPTIEMBRE del 2001

Viernes, 21 de septiembre de 2001

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

\n \n \n \n
   MES DE SEPTIEMBRE DEL 2001
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 REGISTRO OFICIAL
ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR
Administración del Sr. Dr. Gustavo Noboa Bejarano
Presidente Constitucional de la República
\n

Viernes 21 de Septiembre del 2001

\n

REGISTRO OFICIAL No. 417

\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n

DR. JOSE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR

\n\n

FUNCION\n EJECUTIVA
\n

\n ACUERDOS:
\n  
\n MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL:
\n
           \n
\n
3353.- Expídese el Reglamento\n de Autogestión Financiera para los servicios que proporciona\n a las personas naturales y jurídicas
\n  
\n 3354.- Expídese el Instructivo\n para la aprobación, control y extinción de las\n personas jurídicas de derecho privado, con finalidad social\n y sin fines de lucro, constituidas al amparo de lo dispuesto\n en el Título XXIX del Libro I del Código Civil \n
\n            \n  
\n 3371.- Refórmase el Acuerdo\n Ministerial No.  015 de 29 de noviembre del  2000 
\n            \n
\n FUNCION\n JUDICIAL

\n\n

CORTE\n SUPREMA DE JUSTICIA
\n PRIMERA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL:
\n
           \n
\n Recursos de casación  en los  juicios seguidos\n por las siguientes Personas.    
\n  
\n 264-2001.- Kerly Vanessa Navas Mora\n en contra de Dolores Guadalupe Navas Raffo y otra \n
\n  
\n 266-2001.- Fabián Esteban\n Patiño Sánchez en contra de Franklin Teddy Albuja\n Maldonado
\n  
\n 268-2001.- Econ Nicolás Alvear\n Haro en contra de Interoceánica Compañía\n Anónima de Seguros y Reaseguros.
\n  
\n
ACUERDO\n DE CARTAGENA
\n  
\n PROCESOS:
\n
 
\n 19-IP-2001.- Interpretación\n prejudicial de los artículos 81, 82, literales a), d),\n e) y h); 83, literales a), d) y e) y artículo 95 inciso\n segundo, de la Decisión 344 de la Comisión del\n Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal\n de lo Contencioso Administrativo, Distrito 1, (Quito) de la República\n del Ecuador, Expediente Interno 4359-852-97-ED Actora: Sociedad\n UNILEVER NV Marca: DISEÑ0 SANDUCHE 
\n            \n  
\n 38-IP-2001.- Solicitud de interpretación\n prejudicial de los artículos 81, 82, literal a) y 83,\n literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del\n Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la\n República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,\n Sección Primera Expediente Interno No 5678 Actor: Industria\n de Diseño Textil SA INDITEX SA Marca: ZARA 
\n  
\n
AVISOS\n JUDICIALES:
\n
           \n
\n
Juicio\n de expropiación seguido\n por la I.Municipalidad del Cantón Guano en contra de los\n herederos presuntos y desconocidos de José Vicente Buenaño\n Coba (1ra publicación) 
\n            \n  
\n Muerte presunta del señor\n Jorge Humberto Paz (2da publicación)
\n  
\n Muerte presunta del señor\n César Heraclio Cruz Cruz (3ra.Publicación.)
\n  
\n
Juicio\n de expropiación seguido\n por la M.I. Municipalidad de Guayaquil en contra de Víctor\n Manuel Rojas Robles y otros (3ra.publicación)
\n  
\n
Juicio\n de insolvencia rehabilitación seguido por Diners Club del Ecuador S.A.\n en contra del señor Astolfo Jácome Guerrero (3ra.\n Publicación).\n

\n \n
\n

 

\n\n

N0 3353

\n\n

Pablo Romero Quezada
\n SUBSECRETARIO GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, la Norma Técnica de Control Interno N0 138-1 establecida\n en el Acuerdo 017- CG, expedido por la Contraloría General\n del Estado el 11 de abril de 1994, publicada en el Registro Oficial\n N0 430 de 28 de abril de 1994, establece la obligación\n del Estado de recuperar los costos que demanda la prestación\n de los servicios públicos en general, incluidos aquellos\n actos administrativos generadores de ingresos de carácter\n no tributario;

\n\n

Que, el Ministerio de Economía y Finanzas, con Acuerdo\n Ministerial N0 18 de marzo de 1999, publicado en el Registro\n Oficial N0 157 de 26 de marzo de 1999, establece las normas para\n viabilizar la utilización de los recursos de autogestión\n financiera de las entidades y organismos del Gobierno Central\n para la reestructuración, reducción de personal,\n modernización, capacitación y desarrollo institucional;

\n\n

Que, el artículo 2 de la Ley de Defensa del Consumidor,\n publicada en el Registro Oficial N0 116 de 10 de julio del 2000,\n al definir proveedor, faculta a los organismos públicos\n fijar los derechos por los servicios prestados;

\n\n

Que, el artículo 11 de la Ley para la Promoción\n de la Inversión y Participación Ciudadana, publicada\n en el Suplemento del Registro Oficial N0 144 de 18 de agosto\n del 2000, dispone que las instituciones del Estado podrán\n establecer el pago de tasas por los servicios de control, inspecciones,\n autorizaciones, permisos, licencias u otros de similar naturaleza,\n a fin de recuperar los costos que demanda el servicio;

\n\n

Que, el Ministerio de Economía y Finanzas, adjunto\n a oficio circular N0 3295 SP- 2001 de 20 de junio del 2001, emite\n las políticas presupuestarias para el año 2002\n que deben ser observadas de manera obligatoria por las entidades\n del sector público, siendo parte de éstas los ingresos\n de autogestión;

\n\n

Que, es necesario normar un régimen general de autogestión\n financiera del Ministerio de Bienestar Social por los servicios\n que este Portafolio proporciona a las personas naturales y jurídicas,\n de manera que se aplique criterios únicos, homogéneos\n y equitativos;

\n\n

Que, de conformidad con el literal a) del articulo 2 del Acuerdo\n Ministerial N0 001 -N de febrero 15 del 2000, el señor\n Ministro de Bienestar Social delegó al señor Subsecretario\n General de Bienestar Social la suscripción, a su nombre\n y representación de los actos, convenios o contratos en\n materias relacionadas con las actividades a su cargo; y,

\n\n

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral\n 6 del Art. 179 de la Constitución Política de la\n República,

\n\n

Acuerda:

\n\n

Expedir el siguiente Reglamento de Autogestión Financiera\n para los servicios que el Ministerio de Bienestar Social proporciona\n a las personas naturales y jurídicas.

\n\n

Art. 1.- El Ministerio de Bienestar Social, a través\n de las direcciones nacionales, subsecretarías regionales\n y direcciones provinciales, propenderá a autofinanciar\n sus programas, proyectos, equipamientos, fortalecimiento institucional\n y bienestar social, mediante la emisión y venta de especies\n valoradas, por los servicios prestados a personas naturales y\n jurídicas, conforme el siguiente cuadro:

\n\n

(Anexo 21SET1)

\n\n

Art. 2.- La Dirección Nacional Financiera es la unidad\n responsable del análisis gestión y supervisión\n del régimen de autogestión financiera.

\n\n

Art. 3.- Las especies valoradas se elaborarán en la\n planta central en las imprentas autorizadas por el Servicio de\n Rentas Internas y mantendrán un número cronológico,\n cuya secuencia será controlada por la Dirección\n Nacional Financiera y las jefaturas financieras de las subsecretarías\n regionales y de las direcciones provinciales, las que estarán\n identificadas por código y número.

\n\n

Art. 4.- El Director Nacional Financiero será responsable\n de la distribución de dichas especies valoradas a las\n respectivas jefaturas financieras.

\n\n

Art. 5.- Las especies valoradas serán firmadas por\n el Director Nacional Financiero, jefes financieros a quienes\n hagan sus veces, y por los funcionarios responsables de la administración\n de caja de las subsecretarías regionales y direcciones\n provinciales.

\n\n

Art. 6.- La recepción, custodia, distribución,\n control, venta e inventario de las especies valoradas en la administración\n central, regional y provincial es función y responsabilidad\n del Director Nacional Financiero, jefes financieros, tesoreros\n o quienes hagan sus veces en las respectivas jurisdicciones,\n los mismos que tendrán responsabilidades pecuniarias,\n civiles y penales en caso de inobservancia a estas funciones.

\n\n

Art. 7.- Se establecerán registros de ingresos y egresos,\n sellaje, resellaje, venta, distribución y liquidación\n de las especies valoradas, de conformidad con lo establecido\n en las normas técnicas de Control Interno y en el Reglamento\n General de Bienes del Sector Público.

\n\n

 

\n\n

El Subsecretario General de Bienestar Social y subsecretarios\n regionales del Austro y del Litoral, podrán solicitar\n al Ministro de Economía y Finanzas reformas presupuestarias\n financiadas con los recursos de autogestión por la venta\n de las especies valoradas en su jurisdicción.

\n\n

Art. 8.- Los ingresos fiscales obtenidos por el Ministerio\n de Bienestar Social en aplicación del Régimen de\n Autogestión Financiera, serán depositados diariamente\n en la Cuenta Auxiliar de Ingresos propios dentro de la Cuenta\n Corriente Unica del Tesoro Nacional, aperturada contando con\n la autorización del Ministerio de Economía y Finanzas\n y del Banco Central del Ecuador.

\n\n

El 100% de los ingresos que recauden las subsecretarías\n regionales y las direcciones provinciales del Ministerio de Bienestar\n Social pertenecerán a ellas, debiendo depositar en una\n cuenta denominada CUENTA AUXILIAR DE INGRESOS PROPIOS DEL MINISTERIO\n DE BIENESTAR SOCIAL, aperturada para tal efecto.

\n\n

Los jefes financieros, administradores de caja, o quienes\n hagan sus veces en las subsecretarías regionales y direcciones\n provinciales informarán por escrito a la Dirección\n Nacional Financiera sobre los valores depositados, en un plazo\n máximo de 24 horas.

\n\n

Art. 9.- El Subsecretario General de Bienestar Social, previo\n estudio e informes respectivos, está facultado para resolver\n los asuntos no contemplados en el presente acuerdo ministerial.

\n\n

DISPOSICIONES GENERALES

\n\n

Art. 10.- Los recursos de autogestión se utilizarán\n en programas y proyectos de modernización y desarrollo\n institucional, capacitación y bienestar social, y se regirán\n por las leyes, reglamentos y normas de aplicación.

\n\n

Art. 11.- Prohíbase el cobro de un valor distinto al\n determinado en este acuerdo ministerial para cualquier acto administrativo\n o de valor alguno por otro acto administrativo no contemplado\n en el presente acuerdo ministerial.

\n\n

Art. 12.- La inobservancia de las disposiciones del presente\n acuerdo, causará el establecimiento de las correspondientes\n responsabilidades civiles y penales en contra del Director Financiero,\n jefes financieros, administradores de caja o quienes hagan sus\n veces en la matriz del Ministerio, subsecretarías regionales\n y direcciones provinciales.

\n\n

Art. 13.- El Subsecretario General del Ministerio podrá,\n en cualquier momento solicitar la práctica de auditorias\n específicas, relacionadas con los ingresos de autogestión\n financiera.

\n\n

Art. 14.- La utilización de los recursos de autogestión\n contemplados en el presente acuerdo ministerial se sujetará\n a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Administración\n Financiera y Control, Ley de Presupuesto del Sector Público\n y Reglamento, normas establecidas por el Ministerio de. Economía\n y Finanzas mediante los acuerdos N° 074 y 018 de marzo 27\n de 1997 y marzo 24 de 1999, respectivamente; y, las políticas\n presupuestarias para el año 2002, emitidas por el Ministerio\n de Economía y Finanzas, adjunto al oficio circular N0\n 3295 SP -2001 de 20 de junio del 2001.

\n\n

Art. 15.- El presente acuerdo ministerial entrará en\n vigencia a partir de la fecha de suscripción, sin perjuicio\n de su publicación en el Registro Oficial.

\n\n

Encárguense de su ejecución las direcciones:\n Administrativa Financiera, Planificación y las subsecretarías\n regionales y direcciones provinciales de Bienestar Social.

\n\n

Art. 16.- Derógase cualquier disposición que\n estuviese en oposición del presente acuerdo ministerial.

\n\n

Comuníquese y publíquese.- Dado en el Distrito\n Metropolitano de Quito, a 12 de septiembre del 2001.

\n\n

f) M.A.E. Pablo Romero Quezada, Subsecretario General de Bienestar\n Social.

\n\n

Ministerio de Bienestar Social.

\n\n

Es fiel copia del original.- Lo certifico:

\n\n

f) Daniel Jacho Barrera, Jefe de Archivo.

\n\n

13 de septiembre del 2001.

\n\n

 

\n\n

N0 3354

\n\n

M.A.E. Pablo Romero Quezada
\n SUBSECRETARIO GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, el numeral 19 del Art. 23 de la vigente Constitución\n Política de la República del Ecuador consagra el\n derecho a la libre Asociación con fines pacíficos;

\n\n

Que, el Art. 596 y siguientes del Código Civil reafirma\n el principio de la libertad de asociación y concede a\n las personas sin distinción alguna, el derecho de constituir\n corporaciones y fundaciones de asistencia social; así\n como reconoce la facultad de la autoridad que otorgó personería\n jurídica para disolverlas a pesar de la voluntad de sus\n miembros;

\n\n

Que, mediante Decreto Ejecutivo N0 339 de 28 de noviembre\n de 1998, publicado en el Registro Oficial N0 77 de noviembre\n 30 del mismo año, el Presidente de la República,\n delegó la facultad para que cada Ministro de Estado, de\n acuerdo a la materia que les competa, aprueben los estatutos\n y las reformas a los mismos, de las organizaciones que se constituyan\n al amparo de lo dispuesto en el Título XXIX, Libro I del\n Código Civil, así como para disolverlas;

\n\n

Que, mediante Acuerdo Ministerial N0 2117 de agosto 10 de\n 1999, publicado en el Registro Oficial N0 260 del 23 de agosto\n de 1999, el Arq. Guillermo Celi Dávila, Ministro de Bienestar\n Social delegó la facultad de conceder personería\n jurídica a las organizaciones sociales, dentro del proceso\n de desconcentración administrativa, a las subsecretarías\n de Quito, Guayaquil y Cuenca, así como a las direcciones\n provinciales de Chimborazo, Manabí, El Oro y Esmeraldas;

\n\n

Que, mediante Acuerdo Ministerial N0 1667 de noviembre 30\n del 2000. se crearon las direcciones provinciales de Bienestar\n Social, en aquellas provincias en las cuales no existían\n tales dependencias, otorgándoles la facultad para aprobar\n los estatutos, las reformas a los mismos, registrar directivas\n y, registrar ingreso y salida de socios de las organizaciones\n sociales;

\n\n

Que, mediante Acuerdo Ministerial N0 001- N de febrero 15\n del 2000, el señor Ministro de Bienestar Social, delegó\n al Subsecretario General la emisión de los instrumentos\n legales necesarios para la mejor gestión administrativa\n de esta Cartera de Estado; y,

\n\n

En uso de las facultades conferidas en el inciso segundo del\n Art. 16 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo\n de la Función Ejecutiva,

\n\n

Acuerda:

\n\n

Expedir el Instructivo para la aprobación, control\n y extinción de las personas jurídicas de derecho\n privado, con finalidad social y sin fines de lucro, constituidas\n al amparo de lo dispuesto en el Titulo XXIX del Libro I del Código\n Civil.

\n\n

TITULO I

\n\n

DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES CON FINALIDAD SOCIAL\n Y SIN FINES DE LUCRO

\n\n

CAPITULO I

\n\n

ORGANIZACIONES QUE PUEDEN CONSTITUIRSE

\n\n

Art. 1.- Las personas naturales y/o jurídicas, podrán\n constituir en el Ministerio de Bienestar Social, corporaciones,\n fundaciones y otras formas organizativas con finalidad social\n y sin fines de lucro, en ejercicio del derecho constitucional\n de libre asociación con fines pacíficos, amparadas\n en las disposiciones del Titulo XXIX, Libro I del Código\n Civil.

\n\n

Las organizaciones pueden ser:

\n\n

1.- Corporaciones, tales como: Asociaciones, clubes, comités,\n centros, etc., con un mínimo de once personas naturales\n o cinco personas jurídicas.

\n\n

2.- Fundaciones, con un mínimo de cinco personas naturales\n y/o jurídicas.

\n\n

Art. 2.- Se pueden constituir también organismos de\n integración parroquial, cantonal, provincial y regional,\n denominados federaciones o uniones; y de integración nacional\n denominados confederaciones o uniones nacionales.

\n\n

Las federaciones y confederaciones agruparán organismos\n de base de similar naturaleza; las uniones agruparán organizaciones\n de base con fines análogos. En cualquier caso se requerirá\n un mínimo de cinco personas jurídicas legalmente\n reconocidas.

\n\n

CAPITULO II

\n\n

DE LOS REQUISITOS

\n\n

Art. 3.- Para constituir jurídicamente una organización\n no gubernamental, con finalidad social y sin fines de lucro,\n se deberá presentar la solicitud dirigida al señor\n Ministro de Bienestar Social, firmada por el representante legal,\n adjuntando en un solo expediente, los siguientes documentos debidamente\n certificados por el Secretario de la organización:

\n\n

3.1 Acta de la Asamblea Constitutiva de la organización\n en formación, legalizada por el Presidente y Secretario\n provisionales, la misma que deberá contener expresamente:

\n\n

a) La voluntad de los socios para constituir la misma;

\n\n

b) La nómina de la directiva provisional; y,

\n\n

c) Los nombres completos, números de los documentos\n de identidad, domicilio y firmas de todos los socios fundadores.

\n\n

3.2 Estatuto original y una copia, el mismo que deberá\n contener al final, la certificación del Secretario provisional,\n en la que se indique con exactitud las dos fechas de estudio\n y aprobación del mismo, las que además deberán\n ser posteriores a la fecha del Acta de la Asamblea Constitutiva.

\n\n

Art. 4.- Las fundaciones deberán aperturar una Cuenta\n de Integración de Capital, a nombre de la organización,\n por un valor de cuatrocientos dólares norteamericanos,\n para lo cual se deberá solicitar una certificación\n de que la documentación se halla en trámite en\n esta Cartera de Estado.

\n\n

Art. 5.- Para el caso de los organismos de integración\n a los que se refiere el Art. 2 del, presente instructivo, cada\n organización fundadora deberá presentar además\n de los documentos del Art. 3, los siguientes documentos certificados\n por el Secretario de la organización:

\n\n

5.1 Acta de Asamblea en la que conste la decisión de\n participar en la constitución de la organización\n de integración, con los nombres completos, números\n del documento de identidad y firmas respectivas de los socios\n asistentes a la misma, así como la designación\n de los delegados;

\n\n

5.2 Copia certificada de la directiva y el nombramiento del\n representante legal; y,

\n\n

5.3 Copia certificada del acuerdo ministerial o instrumento\n legal que acredite la personería jurídica, o de\n existir, la última reforma del estatuto, legalmente aprobada.

\n\n

CAPITULO III

\n\n

DEL ESTATUTO Y SU APROBACION

\n\n

Art. 6.- El estatuto deberá contener básicamente\n los siguientes datos:

\n\n

6.1 Nombre y domicilio de la organización;

\n\n

6.2 Objetivo y fines específicos, claramente determinados\n y vinculados a los objetivos y políticas de esta Cartera\n de Estado;

\n\n

6.3 Clases de socios;

\n\n

6.4 Derechos y obligaciones de los socios;

\n\n

6.5 Régimen disciplinario;

\n\n

6.6 Régimen de solución de controversias;

\n\n

6.7 Causales para la pérdida de la calidad de socio;

\n\n

6.8 Estructura y organización interna;

\n\n

6.9 Régimen económico;

\n\n

6.10 Causas para disolución y procedimiento para la\n liquidación; y,

\n\n

6.11 Determinación de que los bienes sociales en caso\n de disolución, serán entregados a una organización\n con fines sociales.

\n\n

Art. 7.- Si la documentación cumple con los requisitos\n exigidos en el presente instructivo y el estatuto no se contrapone\n a las disposiciones legales, se elaborará el acuerdo ministerial\n que conceda personería jurídica a la organización\n en formación.

\n\n

CAPITULO IV

\n\n

DE LA DIRECTIVA

\n\n

Art. 8.- Las organizaciones que hayan obtenido personería\n jurídica en esta Cartera de Estado, pondrán en\n conocimiento del Ministerio de Bienestar Social la nómina\n de la directiva, en un plazo máximo de quince días\n posteriores a la fecha de elección, para el registro estadístico\n respectivo.

\n\n

CAPITULO V

\n\n

DEL INGRESO Y SALIDA DE SOCIOS

\n\n

Art. 9.- Los representantes legales de las organizaciones\n a las que se refiere el presente instructivo, pondrán\n en conocimiento del Ministerio de Bienestar los documentos relativos\n al ingreso y salida de socios, para el registro estadístico\n respectivo.

\n\n

CAPITULO VI

\n\n

DE LA REFORMA DEL ESTATUTO

\n\n

Art. 10.- Para obtener la aprobación de las reformas\n del estatuto, a más de la solicitud, se adjuntarán\n en un solo expediente, los siguientes documentos notariados:

\n\n

10.1 Copia certificada del estatuto vigente;

\n\n

10.2 Copia certificada del acuerdo ministerial de concesión\n de personería jurídica o de aprobación de\n las últimas reformas al estatuto;

\n\n

10.3 Acta de la asamblea en la que se resolvió reformar\n el estatuto, con los nombres, números de documento de\n identidad y firma de los socios presentes, debidamente certificada\n por el Secretario;

\n\n

10.4 Acta de las dos asambleas en las que se estudiaron y\n aprobaron las reformas, en la que deberán constar específica\n y detalladamente las reformas introducidas, así como los\n nombres completos, números de los documentos de identidad\n y firmas de los socios asistentes;

\n\n

10.5 Estatuto con la incorporación de las reformas;\n y,

\n\n

10.6 Copia certificada de la directiva en funciones.

\n\n

TITULO II

\n\n

DE LA DISOLUCIÓN

\n\n

CAPITULO I

\n\n

Art. 11.- Son causales de disolución de las organizaciones\n constituidas bajo el régimen de esta Cartera de Estado,\n a más de las establecidas en el Estatuto Social, las siguientes:

\n\n

11.1 Utilizar la organización para objetivos de carácter\n proselitista-religioso o político;

\n\n

11.2 Incumplir o desviar los fines para los cuales fue constituida\n la organización;

\n\n

11.3 Comprometer la seguridad e intereses del Estado; y,

\n\n

11.4 Disminuir el número de socios a menos del mínimo\n establecido para cada organización.

\n\n

Art. 12.- Cuando llegare a conocimiento de esta Secretaría\n de Estado que la organización ha incurrido en cualquiera\n de las causales de disolución, se instaurará un\n procedimiento investigativo de los hechos, que podrá seguírselo\n a petición de parte o de oficio, en el que se contará\n necesariamente con las partes involucradas y, de comprobarse\n la veracidad de las infracciones, se procederá a disolver\n la organización.

\n\n

Art. 13.- Cuando la disolución fuere decidida por la\n Asamblea General de Socios, se comunicará de este hecho\n al Ministerio de Bienestar Social, adjuntando copias certificadas\n de las actas respectivas, firmadas por los socios asistentes,\n con la indicación de nombres completos y números\n de los documentos de identidad.

\n\n

Art. 14.- Una vez acordada la disolución, se establecerán\n los mecanismos y procedimientos para llevar a cabo la liquidación\n correspondiente, observando siempre en primera instancia las\n disposiciones que para el efecto y para el destino de los bienes\n determine el Estatuto Social. En los demás casos se estará\n a lo determinado en el Código Civil.

\n\n

DISPOSICIONES GENERALES

\n\n

PRIMERA: Los conflictos internos de las organizaciones aprobadas\n por esta Cartera de Estado y de éstas entre sí,\n deberán ser resueltos de conformidad con las disposiciones\n estatutarias; y, en caso de persistir, se someterán a\n la Ley de Arbitraje y Mediación, publicada en el Registro\n Oficial N0 145 de septiembre 4 de 1997, cuya acta será\n entregada en el Ministerio, para el registro estadístico\n respectivo, sin perjuicio de acudir ante los jueces ordinarios.

\n\n

SEGUNDA: Las organizaciones no gubernamentales que reciban\n subvenciones presupuestarias del Estado, se someterán\n a la supervisión de la Contraloría General del\n Estado y a la normativa legal aplicable.

\n\n

TERCERA: El nombre de una organización no podrá\n ser igual al de otra que se encuentre legalmente constituida\n en esta Secretaría de Estado, el mismo que deberá\n ser establecido de conformidad con lo establecido en el Art.\n 1 de la Constitución Política de la República\n del Ecuador.

\n\n

CUARTA: Del cumplimiento del presente instructivo encárguense\n las subsecretarias de Bienestar Social, con sede en Quito, Guayaquil\n y Cuenca, las direcciones provinciales y demás dependencias\n ministeriales que tuvieren facultad para realizar los trámites\n a los que se refiere el presente instructivo.

\n\n

La aprobación de organizaciones de integración\n de segundo grado, de carácter parroquial, cantonal y provincial,\n deberán ser atendidos por las respectivas subsecretarías\n o direcciones provinciales, según el caso, las demás\n serán de competencia de la Dirección de Asesoría\n Jurídica de la ciudad de Quito.

\n\n

QUINTA: Dejase sin efecto el Acuerdo Ministerial N0 0509,\n de junio 1 de 1998, publicado en el Registro Oficial N0 337 de\n 11 de junio de 1998.

\n\n

SEXTA: Los trámites contemplados en el presente instructivo\n serán atendidos por el Ministerio de Bienestar Social\n en el plazo de quince días hábiles contados desde\n la fecha de recepción en la Dirección, Departamento\n o Unidad Jurídica respectiva, previo visto bueno del funcionario\n asignado para la revisión de los expedientes. Si no hubiere\n seguimiento de la parte interesada, dentro del plazo de treinta\n días hábiles posteriores a la fecha de recepción,\n se dará de baja la documentación presentada. De\n la misma manera se procederá, si después de un\n pronunciamiento del Ministerio respecto al trámite, no\n hubiere cumplimiento por parte del usuario de los requerimientos\n indicados.

\n\n

SEPTIMA: Una vez que los trámites hayan sido atendidos\n favorable o desfavorablemente, según el caso, las únicas\n personas autorizadas para retirar la documentación despachada\n son: a) El representante legal, con la presentación del\n documento de identidad; y, b) Un delegado del representante legal,\n con la presentación de la autorización escrita\n de éste.

\n\n

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

\n\n

PRIMERA: Las organizaciones que hasta la fecha de promulgación\n del presente instructivo hayan ingresado los documentos para\n obtener personería jurídica, aprobación\n de reformas de estatutos, registro de directiva, registro de\n nuevos socios y salida de socios, se regirán por las disposiciones\n constantes en el Acuerdo Ministerial N0 0509 de junio 1 de 1998.

\n\n

SEGUNDA: Refórmase el literal m) del Art. 3 del Acuerdo\n Ministerial N0 1667 de noviembre 30 del 2000, que determina la\n facultad de los subsecretarios regionales y directores provinciales\n para aprobar los estatutos de organizaciones sociales de primer\n grado, ampliando la misma a fin de que los referidos funcionarios\n aprueben los estatutos, reformas, registro de directiva, ingreso\n y salida de socios y demás trámites referentes\n a organizaciones sociales de integración de segundo grado,\n de carácter parroquial, cantonal y provincial.

\n\n

El presente acuerdo entrará en vigencia a partir de\n la fecha de suscripción sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial.- Dado en Quito, a 12 de septiembre del\n 2001.

\n\n

f.) M.A.E. Pablo Romero Quezada, Subsecretario General de\n Bienestar Social.

\n\n

Ministerio de Bienestar Social.

\n\n

Es fiel copia del original.-Lo certifico:

\n\n

f.) Daniel Jacho Barrera, Jefe de Archivo.

\n\n

13 de septiembre del 2001.

\n\n

 

\n\n

N°\n 3371

\n\n

Pablo Romero Quezada
\n MINISTRO DE BIENESTAR SOCIAL, ENCARGADO

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, mediante convenio de Cooperación Técnica\n No Reembolsable ATN/SF-6693-EC, suscrito con el Banco Interamericano\n de Desarrollo, BID, el Estado Ecuatoriano, a través del\n Ministerio de Bienestar Social, asumió la obligación\n de ejecutar la fase inicial del Programa denominado "Sistema\n de Identificación y Selección de Beneficiarios\n de Programas Sociales";

\n\n

Que, mediante Acuerdo Ministerial N0 0015-N de 29. de noviembre\n del 2000, se creó la Unidad Técnica del Sistema\n de Identificación y Selección de Beneficiarios\n de Programas Sociales, que para el ejercicio de sus funciones\n goza de autonomía técnica, administrativa, económica\n y financiera, cuyo objetivo es diseñar, ejecutar, dar\n seguimiento y evaluar la base de datos de núcleos familiares\n ecuatorianos, según su caracterización socioeconómica,\n que permita una mejor focalización de actuales y futuros\n programas sociales;

\n\n

Que, el 20 de marzo del 2001 se celebró entre el Estado\n Ecuatoriano y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, el\n Convenio de Préstamo de Cooperación Técnica\n N0 1261/OC-EC, para cooperar en la ejecución de un proyecto\n consistente en la implantación de un sistema individual\n de identificación de beneficiarios de programas sociales,\n cuyo organismo ejecutor es el Ministerio de Bienestar Social;

\n\n

Que, el acápite V del anexo A del citado convenio de\n préstamo estipula que la ejecución del proyecto\n estará a cargo de un Consejo de Administración,\n el cual será la autoridad máxima de la Unidad Ejecutora,\n la misma que tendrá la estructura institucional estipulada;

\n\n

Que, el articulo 2. literal a del Acuerdo Ministerial N0 001-N\n de 15 de febrero del 2000, establece entre las delegaciones de\n la Subsecretaría General de Bienestar Social la de suscribir\n a nombre del Ministro de Bienestar Social los actos, convenios\n o contratos en materias relacionadas con actividades a su cargo;\n y,

\n\n

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo\n 179, numeral 6 de la Constitución de la República\n y articulo 5 del Decreto Ejecutivo N0 614 de 26 de julio del\n 2000,

\n\n

Acuerda:

\n\n

Reformar el Acuerdo Ministerial N0 015 de 29 de noviembre\n del 2000.

\n\n

Art. 1.- Añádase después del primer inciso\n del Art. 1, lo siguiente:

\n\n

Corresponde a la Unidad Técnica del Sistema de Identificación\n y Selección de Beneficiarios de Programas Sociales, SELBEN,\n la ejecución del proyecto objeto del
\n Convenio de Préstamo de Cooperación Técnica\n N0 1261/OC -EC.

\n\n

Art. 2.- Sustitúyase el artículo 5 por el siguiente\n texto: En la Unidad Técnica del Sistema de Identificación\n y Selección de Beneficiarios de Programas Sociales, SELBEN,\n habrá un nivel rector, integrado por un Consejo de Administración,\n cuyos miembros, con derecho a voz y voto, serán:

\n\n

a) El Ministro de Bienestar Social o su delegado, quien lo\n presidirá;

\n\n

b) El Ministro de Economía y Finanzas o su delegado;

\n\n

c) Un representante del Consejo Nacional de Modernización;\n y,

\n\n

d) Dos representantes designados por los ministerios que conforman\n el frente social.

\n\n

Actuará en la Secretaría del Consejo de Administración,\n sin derecho a voto, el Coordinador de la Unidad Técnica\n del Sistema de Identificación y Selección de Beneficiarios\n de Programas Sociales, SELBEN. Para que sesione el Consejo de\n Administración será necesaria la presencia de por\n lo menos tres de sus miembros, entre los cuales deberá\n constar el Presidente o su delegado, quien tendrá voto\n dirimente.

\n\n

La Secretaría del Consejo de Administración\n convocará a sesiones por disposición de la Presidencia\n del Consejo con al menos 24 horas de antelación.

\n\n

Son funciones del Consejo de Administración de la Unidad\n Técnica del Sistema de Identificación y Selección\n de Beneficiarios de Programas Sociales, SELBEN:

\n\n

a) Revisar, aprobar y seguir los planes de trabajo específicos\n que les sean presentados por el nivel operativo y técnico\n del proyecto;

\n\n

b) Revisar, aprobar y evaluar los informes bimensuales de\n avance y resultados, así como la gestión y avance\n en la aplicación de los instrumentos de captura de la\n información;

\n\n

c) Revisar y aprobar la normativa para el uso y administración\n de la base de datos de los beneficiarios;

\n\n

d) Aprobar los contratos y prácticas de auditoría\n externa, que pudieran ser exigidos en convenios internacionales;\n y,

\n\n

e) Dictar las normas necesarias para el funcionamiento del\n SELBEN.

\n\n

Art. 3.- Antepóngase al primer inciso del Art. 7, el\n siguiente inciso:

\n\n

El Coordinador Nacional de la Unidad Técnica del Sistema\n de Identificación y Selección de Beneficiarios\n de Programas Sociales, SELBEN, será designado por el Ministro\n de Bienestar Social con quien se suscribirá un contrato\n de consultoría, según las estipulaciones constantes\n en el Conve-nio de Préstamo de Cooperación Técnica\n N0 1261/OC-EC.

\n\n

Art. 4.- Añádase después del Art. 7 el\n siguiente nuevo texto que se numerará como Art. 8.

\n\n

Serán funciones del Coordinador Nacional, las siguientes:

\n\n

a) Cumplir con las decisiones del Consejo Administrativo;

\n\n

b) Coordinar diariamente las actividades del Proyecto SELBEN;

\n\n

c) Representar a la Unidad Técnica del Sistema de Identificación\n y Selección de Beneficiarios de Programas Sociales, SELBEN\n en todo asunto judicial y extrajudicial, teniendo la facultad\n de comparecer en juicio como actor o demandado, pudiendo someter\n los asuntos a jurisdicción ordinaria o a mecanismos alternativos\n de solución de conflictos de acuerdo con la Ley de Arbitraje\n y Mediación, o a lo que determinen los contratos de préstamo\n que financien a SELBEN, por lo que tiene la facultad de transigir;

\n\n

d) Suscribir todo tipo de actos, contratos y convenios, así\n como despachar todos los asuntos inherentes a su función\n en SELBEN, de conformidad con los reglamentos e instructivos\n que para el efecto dicte el Consejo Administrativo; y,

\n\n

e) Dirigir, administrar y supervisar las actividades del SELBEN,\n coordinar y controlar su funcionamiento y de los distintos sistemas\n institucionales y adoptar las medidas más adecuadas para\n garantizar una administración y gestión eficientes.

\n\n

El presente acuerdo ministerial entrará en vigencia\n a partir de la presente fecha sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial.- Dado en Quito, el 17 de julio del 2001.

\n\n

f) M.A.E. Pablo Romero Quesada, Ministro de Bienestar Social,\n encargado.

\n\n

Ministerio de Bienestar Social.

\n\n

Es fiel copia del original.- Lo certifico:

\n\n

f.) Daniel Jacho Barrera, Jefe de Archivo.

\n\n

13 de septiembre del 2001.

\n\n

 

\n\n

No. 264-2001

\n\n

Dentro del juicio especial de nombramiento\n de administrador común No. 165-2001, propuesto por Kerly\n Navas Mora en contra de Dolores Navas Raffo y Ruth Mora Carrión,\n se ha dictado lo que sigue:

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n PRIMERA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

\n\n

Quito, a 13 de julio del 2001; las 11h00.

\n\n

VISTOS: Dolores Guadalupe Navas interpone recurso de hecho\n ante la negativa a su recurso de casación presentado contra\n el auto dictado por la Primera Sala de la Corte Superior de Justicia\n de Machala, dentro del juicio de nombramiento de administrador\n común propuesto por Kerly Vanessa Navas Mora en contra\n de la recurrente y de Ruth Mary Mora Carrión. Radicada\n que se halla la competencia en esta Sala en virtud de la nota\n de sorteo correspondiente, para resolver sobre la prosedibilidad\n del recurso, se considera: PRIMERO.- En cumplimiento de lo que\n dispone el inciso tercero del articulo 9 reformado de la Ley\n de Casación, y en atención a que, (conforme lo\n ha declarado en múltiples resoluciones este Tribunal),\n el recurso de hecho no es en realidad un medio impugnatorio de\n naturaleza jurisdiccional sino más bien un recurso vertical\n de queja contra el juzgador de última instancia que, a\n criterio de quien lo interpone, ha denegado infundadamente el\n recurso de casación, la Sala ha de realizar el examen\n de la admisibilidad o inadmisibiidad del recurso de casación\n denegado, para en base a ello declarar si admite o rechaza la\n queja objeto del recurso de hecho y dar paso o no al proceso\n de casación. Con el fin de efectuar este estudio, la Sala\n revisará el análisis que el Tribunal de instancia\n efectuó del escrito de fundamentación, para determinar\n si éste cumple o no con los cuatro requisitos que son\n indispensables para la procedibilidad del recurso extraordinario\n y supremo de casación: a) que la parte que lo interpone\n esté legitimada activamente para ello, es decir, que haya\n sufrido agravio en la sentencia; b) que la providencia impugnada\n sea de aquellas susceptibles del recurso; c) respecto del tiempo\n de su presentación, que se lo haya interpuesto en el término\n señalado por el articulo 5 de la ley de la materia; y,\n d) que el escrito de fundamentación cumpla con los requisitos\n de forma que imperativamente dispone el artículo 6 de\n la Ley de Casación. SEGUNDO.- En la especie, el recurso\n de casación ha sido interpuesto dentro del término\n legal, por quien ostenta legitimación activa para hacerlo,\n sin embargo el auto recurrido no es una providencia susceptible
\n de dicho recurso por los siguientes motivos. TERCERO.-Dolores\n Guadalupe Navas Raffo interpone recurso de casación del\n auto dictado el 5 de abril del 2001, por la Primera Sala de la\n Corte Superior de Justicia de Machala, en la que revoca el auto\n subido en grado y dispone que el señor Juez de la causa\n señale día y hora para que se practique el nombramiento\n de administrador común de los bienes dejados por Miguel\n Rodrigo Navas Serrano. Sobre el tema, esta Sala, en el fallo\n dictado dentro del juicio de nombramiento de administrador común\n No. 147-98, Resolución No. 449-98, publicado en el Registro\n Oficial No. 40 de 5 de octubre de 1998, se ha pronunciado en\n el sentido de que en todos los casos en que, existiendo una comunidad,\n si los comuneros no se ponen de acuerdo en la forma de administrar\n los bienes comunes y ante la imposibilidad de la autocomposición,\n deben acudir al Juez para que él realice la heterocomposición,\n y si los herederos que han obtenido la posesión efectiva\n no se ponen de acuerdo en la forma de administrar los bienes\n sucesorios, hay ya contradicción y si alguno de ellos\n acude al Juez solicitándole la designación de administrador\n común, es porque no hay acuerdo, por lo que, en todos\n los casos en que se emplea el mecanismo judicial para la designación\n de un administrador común amparándose en lo que\n dispone el articulo 688 del Código de Procedimiento Civil,\n se está ante un proceso contencioso pero que no es de\n conocimiento porque la intervención del Juez es exclusivamente\n en forma supletoria a la voluntad de los comuneros y no es para\n producir una declaración de certeza sobre una situación\n jurídica. Por lo tanto, al acudir los herederos ante el\n Juez para que se nombre administrador común, a falta de\n acuerdo entre éstos, el trámite es especial, y\n está previsto en el artículo antes citado y concluirá\n con la designación de administrador común, sea\n por la mayoría de los herederos en el porcentaje que esta\n norma señala, sea por el Juez en ejercicio de la potestad\n soberana que el legislador le ha conferido, y eventualmente con\n la determinación y constitución de fianza por el\n administrador, a instancias de los herederos que no contribuyeron\n con su voto a su designación, y nada más; en ningún\n caso el Juez dictará resolución sobre el derecho\n de los herederos ni su calidad, ya que ello no se discute dentro\n del presente proceso, y de darse el caso, deberá proponérselo\n dentro de un juicio de conocimiento como lo dispone el inciso\n segundo del artículo 653 del Código de Procedimiento\n Civil, o como cuestión de previa resolución dentro\n del juicio de partición al tenor de lo que expresamente\n dispone el artículo 652 ibídem. Por lo tanto al\n darle la ley al Juez la atribución de nombrar administrador\n común de los bienes hasta que se realice la partición\n y éste lo realiza de conformidad con la ley, el ejercicio\n de esta potestad no puede estar ni está sujeta a revisión\n de otro órgano jurisdiccional, de tal manera que no es\n posible impugnar tal decisión. Cabe resaltar que resultaría\n absurdo pretender que al no haber acuerdo para la designación\n de administrador común, ésta se realice después\n de sustanciarse un proceso de lato conocimiento (juicio ordinario)\n ya que la situación que se trata de solucionar es emergente\n para que no desaparezcan o se deterioren los bienes de la sucesión,\n por lo que debe nombrarse a la persona que asuma la administración\n con la mayor celeridad, esta es la ratio legis del trámite\n sumarísimo que contempla el articulo 688 del Código\n de Procedimiento Civil, y las disposiciones legales obedecen\n siempre a un orden lógico y su interpretación debe\n realizarse en todo caso en forma sistemática e integrada\n a la realidad social a la cual se aplica esa regla de conducta.\n CUARTO.- El artículo 2 la Ley de Casación vigente\n dice: "Procedencia.- El recurso de casación procede\n contra las sentencias y autos que pongan fin a los procesos de\n conocimiento, dictados por, las cortes superiores, por los tribunales\n distritales de lo fiscal y de lo contencioso administrativo.\n Igualmente procede respecto de las providencias expedidas por\n dichas cortes o tribunales en la fase de ejecución de\n las sentencias dictadas en los procesos de conocimiento, si tales\n providencias resuelven puntos esenciales no controvertidos en\n el juicio o no decididos en el fallo, o contradicen lo ejecutoriado".\n En la especie, la providencia impugnada no está dentro\n de lo establecido en el articulo transcrito, pues no se trata\n de un juicio de conocimiento, ni tampoco es una providencia que\n ponga fin al proceso, y por lo tanto no es susceptible del recurso\n supremo y extraordinario de casación. En consecuencia,\n al haber sido debidamente negado el recurso de casación,\n se RECHAZA el recurso de hecho interpuesto por Dolores Navas\n y se ordena devolver el proceso al Tribunal de origen. En cumplimiento\n de lo que dispone el artículo 17 de la Ley de Casación,\n modificado por el artículo 14 de la Ley Reformatoria promulgada\n en el Registro Oficial No. 39 de 8 de abril de 1997, proceda\n el Tribunal a quo a entregar el valor de la caución a\n la parte perjudicada por la demora. Notifíquese.

\n\n

Fdo.) Dres. Galo Galarza Paz, Santiago Andrade Ubidia y Ernesto\n Albán Gómez, Ministros Jueces.

\n\n

RAZON: Es fiel copia de su original.- Certifico.- Quito, 16\n de julio del 2001.

\n\n

f.) Dra. Isabel Garrido Cisneros, Secretaria Relatora de la\n Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema.

\n\n

 

\n\n

No. 266-2001

\n\n

Dentro del juicio ordinario' No. 135-2001,\n que por prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio\n sigue Fabián Esteban Patiño en contra de Franklin\n Albuja Maldonado, se ha dictado lo que sigue:

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n PRIMERA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

\n\n

Quito, 16 de julio del 2001; las 11h30.

\n\n

VISTOS: Fabián Esteban Patiño Sánchez\n interpone recurso de casación de la sentencia dictada\n el 21 de marzo del 2001, por la Cuarta Sala de la Corte Superior\n de Justicia de Cuenca, dentro del juicio ordinario que por prescripción\n extraordinaria adquisitiva de dominio sigue el recurrente en\n contra de Franklin Teddy Albuja Maldonado. Concedido que ha sido\n el recurso, por el sorteo de ley ha correspondido su conocimiento\n a esta Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema\n de Justicia, que para resolver considera: PRIMERO: En su escrito\n de interposición y fundamentación del recurso de\n casación, el recurrente invoca como infringidos los artículos\n 705, 734, 736, 737, 1767, 1753, 2416, 2422, 2432 del Código\n Civil y funda su recurso en la causal primera del artículo\n 3 de la Ley de Casación.- SEGUNDO: En el fallo de segundo\n nivel consta lo siguiente: "El actor acompaña a su\n demanda el documento que en original y copia obran a fs. 2 y\n 3 de los autos, del que aparece ser el titular de dominio del\n vehículo motocicleta, cuya prescripción demanda,\n desde el 16 de febrero de 1994, del que además añade\n mantiene posesión con el ánimo de señor\n y dueño, encontrándose consolidado en si el dominio\n y la posesión del vehículo, sin que en consecuencia,\n proceda la acción de prescripción por la cual se\n adquiere el dominio de bienes ajenos". Con relación\n a esta afirmación, el recurrente considera que "el\n error del razonamiento judicial es entonces, el de sostener que\n por la naturaleza del contrato y por la tradición efectuada\n sobre el bien materia del contrato, no existe posesión,\n pues, a su entender «el momento en que suscribió\n el contrato de compraventa... y procedió a la entrega\n del automotor...» se vuelve improcedente la prescripción".\n El Tribunal de segundo nivel, sostiene que el accionante tenía\n la propiedad y que por tanto no podría prescribir un bien\n que estaba en su patrimonio; pero previamente debía considerar\n la razón por la cual el actor había iniciado un\n juicio de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio.\n Conforme se desprende de la simple lectura de la demanda y del\n recurso de casación, el actor no se consideraba dueño,\n pese a que, a primera vista, tenía un título trasláticio\n de dominio y se le había entregado el bien, sino que se\n consideraba únicamente poseedor con justo título.\n En efecto, para ser dueño no es suficiente contar con\n un título trasláticio de dominio, como es el contrato\n de compraventa, pues dicho contrato por sí solo no otorga\n la calidad de dueño, ya que sus efectos se limitan a generar\n obligaciones reciprocas a cargo de cada uno de los contratantes.\n En tal virtud el comprador, como principal obligación,\n debe pagar el precio, según lo declara el artículo\n 1838 del Código Civil; mientras que para el vendedor,\n de conformidad con lo que dispone el artículo 1791 ibídem,\n sus obligaciones se reducen a dos: la entrega o tradición\n y el saneamiento de la cosa vendida. Unicamente la tradición\n transmite el dominio. Sin embargo, debe advertirse que, para\n que la tradición produzca sus efectos traslativos del\n dominio, es necesario que el tradente sea verdadero dueño\n de la cosa que se entrega por él o a su nombre, y si no\n lo es, no se adquirirán por medio de la tradición\n otros derechos que los que tenga el mismo tradente sobre la cosa\n entregada. Todo esto porque nadie puede transmitir más\n de lo que tiene. Por esta razón, si el vendedor es dueño\n transferirá el derecho de dominio; si es titular únicamente\n de una parte de los derechos y acciones fincados en el bien,\n tan sólo transferirá esos derechos y acciones;\n si es poseedor solo transmitirá el estado posesorio y\n si no es dueño ni poseedor, no transmitirá nada.\n Este criterio ha sido sostenido por esta Sala en la Resolución\n No. 89-99, publicada en el Registro Oficial No. 159 de 30 de\n marzo de 1999.- TERCERO: En la sentencia impugnada no se analiza\n la cuestión señalada en el considerando anterior,\n es decir si quien aparece como vendedor es realmente el dueño\n del bien, pues del contrato de compraventa materia de la litis\n no surge dato alguno que establezca su dominio, por lo cual no\n se habría producido la tradición. En consecuencia,\n esta Sala de Casación estima que efectivamente la sentencia\n pronunciada por la Cuarta Sala de la. Corte Superior de Cuenca\n debe ser casada, pues al no haber realizado el análisis\n indicado, confunde la naturaleza del dominio y de la posesión\n y los derechos que asisten al propietario y al poseedor, que\n están claramente diferenciadas en nuestra legislación,\n precisamente en las disposiciones legales citadas por el recurrente,\n las mismas que no han sido debidamente aplicadas. En consecuencia,\n y de acuerdo con lo dispuesto en el primer inciso del articulo\n 14 reformado de la Ley de Casación, a esta Sala le corresponde\n casar la sentencia impugnada y asumir la calidad de Tribunal\n de instancia y dictar la sentencia que corresponda con el mérito\n de los hechos establecidos en la sentencia.- CUARTO: El actor\n demanda la prescripción ordinaria adquisitiva de dominio\n la que para ser declarada necesita que se cumplan los siguientes\n requisitos generales: a) posesión regular exclusiva no\n interrumpida; y, b) posesión por el tiempo que señala\n la ley, y que en este caso es de tres años para bienes\n muebles y de cinco para inmuebles (articulo 2432 del Código\n Civil). De esta manera, el primer requisito, indispensable para\n que proceda la prescripción ordinaria, es la posesión\n regular, que conforme señala el articulo 736 del Código\n Civil es "la que procede de justo titulo y ha sido adquirida\n de buena fe". Y la buena fe, según señala\n el articulo 740 del Código Civil "es la conciencia\n de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos,\n exentos de fraude y de cualquier otro vicio. Así, en los\n títulos translativos de dominio la buena fe supone la\n persuasión de haberse recibido la cosa de quien tenía\n la facultad de enajenarla, y de no haber habido fraude ni otro\n vicio en el contrato". Conforme ha señalado esta\n Sala en Resolución No. 133-99, publicada en el Registro\n Oficial No. 162 de 5 de abril de 1999, la buena fe constituye\n "piedra angular y regla fundamental del derecho de las obligaciones\n es, básicamente, una norma de comportamiento, implica\n un deber de recto comportamiento de acuerdo a la equidad, constituye,\n en definitiva, «una regla objetiva de honradez del comercio\n jurídico» (Von Thur, citado por Camacho Evangelista,\n La buena fe en el cumplimiento de las obligaciones, Granada,\n 1962. Pág. 32). Camacho Evangelista (Op. Cit., Pág.\n 20) señala que la buena fe obligacional "exige que\n se realice no sólo lo que se debe en razón de la\n obligación, sino que se cu

 

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