Registro Oficial

Registro Oficial. SEPTIEMBRE20 de SEPTIEMBRE del 2001

Jueves, 20 de septiembre de 2001

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

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   MES DE SEPTIEMBRE DEL 2001
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 REGISTRO OFICIAL
ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR
Administración del Sr. Dr. Gustavo Noboa Bejarano
Presidente Constitucional de la República
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Jueves 20 de Septiembre del 2001

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REGISTRO OFICIAL No. 416

\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

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DR. JOSE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR

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\n\n

FUNCION\n LEGISLATIVA

\n\n

EXTRACTOS:

\n\n

23\n - 734 Proyecto\n de Ley de Sociedades de Vigilancia y Seguridad Privada

\n\n

23\n - 735 Proyecto\n de Ley de Creación del Puerto Libre de San Lorenzo en\n la provincia de Esmeraldas

\n\n

FUNCION\n EJECUTIVA

\n\n

ACUERDOS:

\n\n

MINISTERIO\n DE ECONOMIA Y FINANZAS:

\n\n

220 Autorizase la exoneración\n de los documentos precontractuales para la emisión e Impresión\n de varias especies valoradas

\n\n

MINISTERIO\n DE SALUD:

\n\n

0573 Nombrase al señor Ingeniero\n Washington Manabí Parrales Muñiz, como delegado\n ante el Directorio de la Junta de Recursos Hidráulicos\n y Obras Básicas de los cantones de Jipijapa, Paján\n y Puerto López .

\n\n

0604 Otórgase este acuerdo\n ministerial de agradecimiento y felicitación a la "Ecuadorian\n Volunteers Associaton".

\n\n

FUNCION\n JUDICIAL

\n\n

CORTE\n SUPREMA DE JUSTICIA PRIMERA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL:

\n\n

Recursos de casación\n en los juicios seguidos por las siguientes personas:

\n\n

254\n - 2001 Jorge\n Vicente Peláez Bravo en contra del Procurador General\n y otros

\n\n

256\n - 2001 Víctor\n Hugo Macas Avilés y otra en contra de Luis Humberto Barnuevo\n Valarezo y otra.

\n\n

258\n - 2001 Germania\n Catalina Taco Pérez en contra de Jaime Ramiro Yánez\n Salcedo.

\n\n

260\n - 2001 Miriam\n Yustin Jaya Loaiza en contra de Gabriel Ricardo Caamaño\n Gangotena

\n\n

262\n - 2001 Daniel\n Reinaldo Carpio Riera en contra de Blanca Luzmila Carpio Carpio

\n\n

ACUERDO\n DE CARTAGENA

\n\n

RESOLUCIONES:

\n\n

537 Suspensión de efectos\n de la Resolución 532 de la Secretaria General.
\n
\n 538 Por la cual se resuelve el recurso\n de reconsideración presentado por el Gobierno de Colombia\n contra la Resolución 519.

\n\n

539 Reclamación presentada\n contra el Gobierno de Colombia por supuesto incumplimiento del\n articulo 74 del Acuerdo de Cartagena en materia de Impuesto al\n consumo de cigarrillos.

\n\n

540 Precios de Referencia del\n Sistema Andino de Franjas de Precios para la primera quincena\n de septiembre del 2001, correspondientes a la Circular N0 155\n del 20 de agosto del 2001 .

\n\n

ORDENANZAS\n MUNICIPALES:

\n\n

-\n Cantón Rocafuerte:\n Que reglamenta la emisión de actos decisorios del Concejo.

\n\n

-\n Cantón Celica:\n Que establece la estructura y funciones de la Unidad Municipal\n de Manejo Ambiental y Desarrollo Agropecuario (UMMADA).\n

\n \n
\n

 

\n\n

CONGRESO\n NACIONAL

\n\n

EXTRACTO DEL\n PROYECTO DE LEY
\n ART. 150 DE LA CONSTITUCION POLITICA

\n\n

NOMBRE: "DE SOCIEDADES DE\n VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA".

\n\n

CODIGO: 23-734.

\n\n

AUSPICIO: H. WILFRIDO LUCERO.

\n\n

INGRESO: 03-09-2001.

\n\n

COMISION: DE LO CIVIL Y PENAL.

\n\n

FECHA DE ENVIO
\n A COMISION: 06 - 09 - 2001.

\n\n

FUNDAMENTOS:

\n\n

El articulo 183, inciso 4 de\n la Constitución Política de la República,\n encarga a la Policía Nacional la misión fundamental\n de garantizar la seguridad y el orden público, sin embargo\n de lo cual es innegable que la violencia y la delincuencia han\n recrudecido en la última década, en sus diversas\n formas y manifestaciones, haciéndose indispensable la\n adopción de otras medidas de cooperación al objetivo\n de la seguridad ciudadana.

\n\n

OBJETIVOS BASICOS:

\n\n

El Congreso Nacional debe expedir\n las normas apropiadas y necesarias para que las organizaciones\n de seguridad privada que vienen funcionando en el país,\n se sujeten a un marco jurídico que esté acorde\n con la importancia social que tienen.

\n\n

CRITERIOS:

\n\n

En el país existen varias\n organizaciones que se dedican exclusivamente a la prestación\n de servicios de seguridad de carácter privado, orientadas\n a prevenir y conjurar el delito y la violencia, vigilando y protegiendo\n a personas, instituciones y bienes, sin que tengan una norma\n jurídica adecuada ya que, solamente las ampara un simple\n reglamento que se halla publicado en el Registro Oficial N°\n 257 de 13 de febrero de 1998.

\n\n

f) Dr. Andrés Aguilar\n Moscoso, Secretario General del Congreso Nacional.

\n\n

 

\n\n

CONGRESO\n NACIONAL

\n\n

EXTRACTO DEL\n PROYECTO DE LEY
\n ART. 150 DE LA CONSTITUCION POLITICA

\n\n

NOMBRE: "DE CREACION DEL\n PUERTO LIBRE DE SAN LORENZO EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS".

\n\n

CODIGO: 23 - 735.

\n\n

AUSPICIO: H. IVAN LOPEZ SAUD.

\n\n

INGRESO: 03-09-2001.

\n\n

COMISION: DE ASUNTOS AMAZONICOS,\n DESARROLLO FRONTERIZO Y DE GALAPAGOS.

\n\n

FECHA DE ENVIO
\n A COMISION: 06 - 09 - 2001.

\n\n

FUNDAMENTOS:

\n\n

La vigente Constitución\n Política de la República, en su trigésima\n octava disposición transitoria, disponen que "En\n las provincias de Esmeraldas y El Oro, se establecerás\n puertos libres conforme las normas que se expidan al efecto".\n Además, por Decreto 469 - A, publicado en el Registro\n Oficial No. 165 de 25 de mayo de 1962 se dispone el inmediato\n funcionamiento del puerto de San Lorenzo.

\n\n

OBJETIVOS BASICOS:

\n\n

El puerto de San Lorenzo, con\n su ubicación geográfica y estratégica, es\n el sitio más favorable para la creación de un puerto\n libre que pueda ser utilizado en condiciones de seguridad para\n entrada o salida de productos, para almacenamiento y transformación,\n como base de operaciones de intercambio comercial y para la apertura\n al comercio y la industria.

\n\n

CRITERIOS.

\n\n

La creación y establecimiento\n de un puerto libre contribuye a la superación de la crisis\n económica que atraviesan fundamentalmente ciertos sectores\n de la población que han vivido en la marginalidad, objetivo\n que debe cumplirse con la participación del Estado, la\n empresa privada y la ciudadanía, para conseguir el desarrollo\n integral del país.

\n\n

f) Dr. Andrés Aguilar\n Moscoso, Secretario General del Congreso Nacional.

\n\n

No.\n 220

\n\n

Jorge Gallardo

\n\n

MINISTRO DE ECONOMIA\n Y FINANZAS

\n\n

Considerando:

\n\n

Que el artículo 118 de\n la Ley de Régimen Tributario Interno, faculta al Ministro\n de Economía y Finanzas fijar el valor de las especies\n fiscales, incluidos los pasaportes;

\n\n

Que de conformidad con lo dispuesto\n en el artículo 1 del Decreto Legislativo No. 014, publicado\n en el Registro Oficial No. 92 de 27 de marzo de 1967, reformado\n por el artículo 9 del Decreto Supremo No. 1065 - A, publicado\n en el Registro Oficial No. 668 de 28 de octubre de 1974, Acuerdo\n Ministerial No. 68, publicado en el Registro Oficial No. 251\n de 21 de febrero de 1973; y en concordancia con lo previsto en\n el articulo 1 del Reglamento para la Emisión de Especies\n Valoradas expedido mediante Acuerdo Ministerial No. 488, publicado\n en el Registro Oficial No. 690 de 12 de octubre de 1978, el Instituto\n Geográfico Militar es el único organismo autorizado\n para que, en sus propios talleres y con la intervención\n de un delegado del Ministerio de Economía y Finanzas o\n del Ministerio de Obras Públicas, en su caso, imprima\n timbres, papel sellado, estampillas y más especies valoradas\n que la administración pública requiera;

\n\n

Que al tenor de lo prescrito\n en el artículo 2 del Decreto Legislativo No. 014 antes\n mencionado, los contratos de impresión de las especies\n referidas serán suscritos entre el ministerio correspondiente\n y el Instituto Geográfico Militar;

\n\n

Que según lo dispuesto\n en el artículo 3 del Acuerdo Ministerial No. 488, publicado\n en el Registro Oficial No. 690 de 12 de octubre de 1978, es facultad\n del Ministro de Economía y Finanzas, mediante acuerdo\n ministerial autorizar la emisión de especies valoradas;

\n\n

Que mediante Acuerdo Ministerial\n 196 de 8 de agosto del 2001, el Ministro de Economía y\n Finanzas autoriza la emisión e impresión de veinte\n y cinco mil formularios para Informe Empresarial sobre Decimotercera\n Remuneración e Informe Individual sobre el pago de la\n Decimotercera Remuneración, de veinte y cinco mil formularios\n para Informe Empresarial sobre Decimocuarta Remuneración\n e Informe Individual sobre el pago de la Decimocuarta Remuneración;\n y veinte y cinco mil formularios para Informe Empresarial sobre\n Participación de Utilidades e Informe Individual sobre\n el pago del 15% de Utilidades; Que mediante oficio No. SA 4877\n CRMYS - 2283 - 2001 de 5 de septiembre del 2001, el Subsecretario\n Administrativo del Ministerio de Economía y Finanzas solicita\n la exoneración de los documentos precontractuales para\n la impresión y emisión de los setenta y cinco mil\n formularios señalados en el considerando anterior, y.

\n\n

En ejercicio de las facultades\n que le confieren los artículos 1 del Decreto Legislativo\n No. 014, publicado en el Registro Oficial No. 92 de 27 de mano\n de 1967, reformado por el artículo 9 del Decreto Supremo\n No. 1065 - A, publicado en el Registro Oficial No. 668 de 28\n de octubre de 1974, en concordancia con lo previsto en el artículo\n 1 del Acuerdo Ministerial No. 488, publicado en el Registro Oficial\n No. 690 de 12 de octubre de 1978,

\n\n

Acuerda:

\n\n

Art. 1. - Autorizar la exoneración\n de los documentos precontractuales para la emisión e impresión\n de las especies valoradas que se detallan a continuación:

\n\n

CANTIDAD DENOMINACION

\n\n

25 000 Informe Empresarial sobre\n Decimotercera Remuneración e Informe individual sobre\n el pago de la Decimotercera Remuneración.
\n
\n 25.000 Informe Empresarial sobre Decimocuarta Remuneración\n e Informe Individual sobre el pago de la Decimocuarta Remuneración.
\n
\n 25.000 Informe Empresarial sobre Participación de Utilidades\n e Informe Individual sobre el pago del 15% de Utilidades.

\n\n

Art. 2. - El presente acuerdo\n ministerial entrará en vigencia a partir de su expedición,\n sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.'

\n\n

Dado en el Distrito Metropolitano\n de la ciudad de San Francisco de Quito, a 10 de septiembre del\n 2001.

\n\n

f) Jorge Gallardo, Ministro de\n Economía y Finanzas. Es copia, certifico.

\n\n

f.) Julio César Moscoso\n S., Secretario General del Ministerio de Economía y Finanzas.

\n\n

11 de septiembre del 2001.

\n\n

 

\n\n

N°\n 0573

\n\n

EL MINISTRO\n DE SALUD PUBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que mediante decreto legislativo,\n publicado en el Registro Oficial No. 48 de 19 de octubre de 1979,\n se restablece la Junta de Recursos Hidráulicos, Fomento\n y Desarrollo de los cantones de Jipijapa y Paján;

\n\n

Que en el Registro Oficial No.\n 693 de 11 de mayo de 1995, se publica la Ley Reformatoria al\n Decreto Legislativo promulgado en el Registro Oficial No. 48\n de 19 de octubre de 1979, que sustituye la "JUNTA DE RECURSOS\n HIDRAULICOS, FOMENTO Y DESARROLLO DE LOS CANTONES DE JIPIJAPA\n Y PAJAN", por "JUNTA DE RECURSOS HIDRAULICOS Y OBRAS\n BASICAS DE LOS CANTONES DE JIPIJAPA, PAJAN Y PUERTO LOPEZ";

\n\n

Que la letra g) del artículo\n 5 del decreto legislativo, publicado en el Registro Oficial No.\n 48 de 19 de octubre de 1979, que no ha sido reformado, dispone\n que el Directorio de la Junta estará integrado por un\n representante designado por el Ministerio de Salud Pública;

\n\n

Que para los fines establecidos\n en los programas de este Portafolio, se hace necesario designar\n un delegado del Ministerio de Salud Pública, como representante\n ante la Junta de Recursos Hidráulicos y Obras Básicas\n de los cantones de Jipijapa, Paján y Puerto López;\n y,

\n\n

En ejercicio de sus atribuciones\n legales,

\n\n

Acuerda:

\n\n

Art. 1 Nombrar al señor\n ingeniero Washington Manabí Parrales Muñiz, para\n que represente a esta Cartera de Estado, ante el Directorio de\n la Junta de Recursos
\n Hidráulicos y Obras Básicas de los cantones de\n Jipijapa, Paján y Puerto López, como representante\n principal.

\n\n

Art. 2 Derógase todas\n las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan\n al presente acuerdo.

\n\n

Art. 3 El presente acuerdo entrará\n en vigencia, a partir de la fecha de su suscripción, sin\n perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

\n\n

Comuníquese en Quito,\n a 31 de agosto del 2001.

\n\n

f) Dr. Patricio Jamriska Jácome,\n Ministro de Salud Pública.

\n\n

Es fiel copia del documento que\n consta en el archivo del Departamento de Documentación\n y Archivo al que me remito en caso necesario. Lo certifico en\n Quito, a 12 de septiembre del 2001.

\n\n

f.) Jefe de Documentación\n y Archivo. - Ministerio de Salud Pública.

\n\n

 

\n\n

N0\n 0604

\n\n

EL MINISTERIO\n DE SALUD PUBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que 'Ecuadorian Volunteers Associaton"\n E.V.A. ha donado máquinas de diálisis y varias\n cajas de piezas que fueron enviadas para uso de los hospitales\n del Ministerio de Salud Pública del Ecuador y un remanente\n de dicha donación al Hospital de la Policía y al\n Hospital de la Cruz Roja de Manta;

\n\n

Que la "Ecuadorian Volunteers\n Associaton" ha donado 30 máquinas de diálisis\n y varias cajas de piezas para ser distribuidas en las diferentes\n unidades de salud del país;

\n\n

Que el Ministerio de Salud, tiene\n la obligación de reconocer a las instituciones y personas\n que han dedicado sus mayores esfuerzos en favor de la salud pública\n ecuatoriana como es el caso de la distinguida "Ecuadorian\n Volunteers Associaton" por su aporte en beneficio de los\n más necesitados; y,

\n\n

En ejercicio de las atribuciones\n concedidas por el Art. 176 de la Constitución Política\n de la República y el Art. 16 del Estatuto de Régimen\n Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva,

\n\n

Acuerda:

\n\n

Art. 1. - Otorgar este acuerdo\n ministerial de AGRADECIMIENTO Y FELICITACION a la "ECUADORIAN\n VOLUNTEERS ASSOCIATON", como reconocimiento al valioso aporte\n para con los que menos tienen el mismo que se ha cristalizado\n en la donación de bienes para varias casas asistenciales\n que funcionan en el país, significando éste un\n aporte excepcional a favor del mejoramiento de la calidad de\n vida y de la salud de los ecuatorianos más desposeídos.

\n\n

Art. 2. - El presente acuerdo\n ministerial se lo entregará en el acto que se realizará\n para el efecto.

\n\n

Art. 3. - De la ejecución\n del presente acuerdo que entrará en vigencia a partir\n de la fecha de suscripción encargase a la Dirección\n Nacional de Comunicación Social de este Portafolio.

\n\n

Dado en el Distrito Metropolitano\n de Quito, a 5 de septiembre del 2001.

\n\n

f.) Dr. Patricio Jamriska Jácome,\n Ministro de Salud Pública.

\n\n

Es fiel copia del documento que\n consta en el archivo del Departamento de Documentación\n y Archivo al que me remito en caso necesario. Lo certifico en\n Quito, a 12 de septiembre del 2001.

\n\n

f.) Jefe de Documentación\n y Archivo. - Ministerio de Salud Pública.

\n\n

 

\n\n

No.\n 254 - 2001

\n\n

Dentro del juicio especial No.\n 198 - 2000 por resolución de contrato e indemnización\n de daños y perjuicios, que sigue Jorge Vicente Peláez\n Bravo Gerente y representante de la compañía Aduanas\n Privadas del Austro ADUAUSTRO S.A. en contra de el Procurador\n General, como representante legal del Estado, el Subsecretario\n Nacional de Aduanas, el Director Nacional del Servicio de Aduanas\n y el Ministro de Finanzas y Crédito Público, se\n ha dictado lo siguiente:

\n\n

CORTE SUPREMA\n DE JUSTICIA
\n PRIMERA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

\n\n

Quito, julio 5 del 2001, las\n 10h00

\n\n

VISTOS: Aduanas Privadas del\n Austro, ADUAUSTRO SA., por medio de su Gerente y representante\n legal, Jorge Vicente Peláez Bravo, deduce recurso de casación\n contra el auto dictado por la Primera Sala de la Corte Superior\n de Cuenca, en el juicio que sigue contra el Procurador General,\n como representante legal del Estado, el Subsecretario Nacional\n de Aduanas, el Director Nacional del Servicio de Aduanas, el\n Ministro de Finanzas y Crédito Público, por resolución\n de contrato de concesión y el pago de indemnizaciones.\n - Aduce que en el auto se violan las siguientes normas de derecho:\n el artículo 38 de la Ley de Modernización del Estado;\n el artículo 98 del Reglamento Sustitutivo a la Ley de\n Modernización; los artículos 25 y 30, numeral segundo\n del Código de Procedimiento Civil y el articulo 24, ordinal\n undécimo de la Constitución Política de\n la República del Ecuador. - El recurso lo fundamenta en\n la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación.\n - Concedido el recurso, sube a la Corte Suprema de Justicia,\n y, por el sorteo de ley, se radica la competencia en esta Primera\n Sala de lo Civil y Mercantil, la que en providencia de 20 de\n septiembre del 2000 acepta a trámite el recurso. Concluida\n la sustanciación, atento el estado de la causa para resolver\n se considera: PRIMERO. - El 15 de agosto de 1995, el Estado Ecuatoriano,\n por medio de la Subsecretaria de Aduanas del Ministerio de Finanzas\n y Crédito Publico, por una parte, y, por otra, la empresa\n Aduanas Privadas del Austro ADUAUSTRO S.A. celebraron contrato\n de concesión. La concesionaria, ADUAUSTRO S.A., aduciendo\n que el Estado Ecuatoriano ha incumplido sus obligaciones contractuales,\n demanda al Subsecretario Nacional de Aduanas del Ministerio de\n Finanzas, al Director Nacional del Servicio de Aduanas, al Ministro\n de Finanzas y Crédito Público y al Procurador General\n la resolución del contrato y, consecuentemente, el pago\n de indemnización por perjuicios en el que se comprenderán\n los de lucro cesante y daño emergente. - Esta demanda\n la presentan ante el Tribunal Distrital No. 3 de lo Contencioso\n Administrativo, con sede en Cuenca. Dicho Tribunal acepta a trámite\n la demanda y lo prosigue normalmente hasta el momento de dictar\n sentencia; en este estado, se inhibe de conocer la causa y remite\n el proceso para que asuma su competencia uno de los jueces de\n lo Civil, de acuerdo'con el sorteo respectivo. El Juez Decimosexto\n de lo Civil del ~ en auto de 18 de abril del 2000, se inhibe\n de conocer la causa. - Este auto, subido por apelación\n de la actora, es confirmado en todas sus partes por la Primera\n Sala de la Corte Superior de Cuenca, con los siguientes fundamentos:\n "TERCERO. - El artículo 30 del Código de Procedimiento\n Civil en su numeral 2do. establece que además del Juez\n del domicilio del demandado, son competentes asimismo, el del\n lugar en donde se celebró el contrato pero bajo la condición\n establecida en el sentido de que tal competencia rige si es que\n al tiempo de la demanda está en él presente el\n demandado o su procurador general o especial para el asunto a\n tratarse, pero en el caso que conocemos el demandado fue citado\n en la ciudad de Quito. CUARTO. - Para este caso en consecuencia\n de lo señalado tiene plena aplicación lo establecido\n por el artículo 25 del indicado cuerpo adjetivo de leyes\n y que dice: "Toda persona tiene derecho para no ser demandado\n 'sino ante el juez de su fuero". QUINTO. - Débese\n igualmente considerar lo ordenado por el artículo 24 ordinal\n undécimo de la Constitución Política del\n Estado el mismo que dice expresamente: "Para asegurar el\n debido proceso deberán observarse las siguientes garantías\n básicas, sin menoscabo de otras que establezcan la Constitución,\n los instrumentos internacionales, las leyes y la jurisprudencia...\n Numeral 11, ninguna persona podrá ser distraída\n de su juez competente ni juzgada por tribunales de excepción\n o por comisiones especiales que se creen para el efecto...".\n SEGUNDO. - La jurisdicción, esto es el poder de administrar\n justicia, dice el artículo 1 del Código de Procedimiento\n Civil, consiste en la potestad pública de juzgar y hacer\n ejecutar lo juzgado, en una materia determinada potestad que\n corresponde a los magistrados y jueces establecidos por las leyes.\n Competencia es la medida dentro de la cual la referida potestad\n está distribuida entre los diversos tribunales y juzgados,\n por razón del territorio, de las cosas, de las personas\n y de los grados. El inciso octavo del artículo 3 del mismo\n código agrega: "Jurisdicción legal es la que\n nace únicamente de la ley". En esta virtud, hemos\n de buscar en la ley a cual Juez o Tribunal le correspondía\n conocer y resolver la demanda propuesta por ADUAUSTRO SA., que\n concierne a una controversia derivada de un contrato de concesión\n celebrado con el Estado. - A la fecha en que se presentó\n la demanda: 20 de diciembre de 1996, se hallaba vigente el artículo\n 38 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones\n y Prestación de Servicios Públicos por parte de\n la iniciativa privada, cuyo inciso primero decía: "Procesos.\n - Los tribunales distritales de lo Contencioso Administrativo\n y Fiscal, dentro de la esfera de su competencia, conocerán\n y resolverán de todas las demandas y recursos derivados\n de actos, contratos y hechos que hayan sido expedidos, suscritos\n o producidos por el Estado y otras entidades del sector público.\n El administrado afectado por tales actividades, presentará\n su denuncia o recurso ante el tribunal que ejerce jurisdicción\n en el lugar de su domicilio. El procedimiento aplicable será\n el previsto en la ley de la materia". En vista de que la\n actora - administrada - tenía su domicilio en la ciudad\n de Cuenca, es incuestionable que el Tribunal Distrital No. 3\n de lo Contencioso Administrativo con sede en esa ciudad, era\n competente cara conocer resolver la controversia. Mientras se\n estaba tramitando el proceso, el Plenario de las Comisiones Legislativas,\n en ejercicio de sus facultades constitucionales, expidió\n la Ley No. 77, publicada en eL Suplemento del RO. No. 290 de\n 3 de abril de 1998; en la cual se reforma tácitamente\n el artículo 38 de la Ley de Modernización del Estado\n cuando dice: "Art. las causas por controversias derivadas\n de contratos suscritos por el Estado u otros organismos o entidades\n del sector público, serán conocidas y resueltas\n por los juzgados y cortes superiores y los recursos que en ella\n se interpusieren, para ante la Corte Suprema de Justicia por\n las salas especializadas en las respectivas ramas. Estos procesos\n que actualmente se encuentran en. trámite ante la jurisdicción\n de lo contencioso administrativo, se remitirán a los jueces\n y cortes superiores respectivas para que continúen la\n sustanciación de la causa y dicten las resoluciones correspondientes".\n Por haberse presentado dudas en la aplicación de la Ley\n No. 77, la Corte Suprema de Justicia, en uso de la atribución\n que le concede el artículo 15 de la Ley Orgánica\n de la Función Judicial, dicta la resolución con\n carácter general y obligatorio, publicada en el RO, No.\n 120 de 1 de febrero de 1999, que continúe las siguientes\n disposiciones: "PRIMERA. - Las causas por controversias\n derivadas de contratos suscritos por el Estado y otras entidades\n del sector público serán conocidas y resueltas:\n en primera instancia, por los jueces de lo civil, y en segunda\n instancia, por las cortes superiores. Los recursos de casación\n serán conocidos y resueltos por las Salas de lo Civil\n y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia... En forma transitoria,\n se observarán las modalidades contenidas en las reglas\n siguientes: Segunda. - Las causas que, actualmente, se hallan\n en trámite en la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia,\n Cortes Superiores y tribunales distritales, esto es cii las que\n aún no se ha pronunciado sentencia o auto definitivo,\n se remitirán a los jueces de lo civil correspondientes,\n directamente o previo el respectivo sorteo según el caso.\n El juez de lo civil, una vez que avoque conocimiento de una causa,\n continuará el trámite inherente hasta su terminación\n en primera instancia. De la sentencia o auto definitivo habrá\n recurso de apelación o de consulta, según la ley\n ante la corte superior respectiva .. . SEXTA. - El cambio de\n competencia en razón del grado o del trámite a\n que se refieren las reglas precedentes no será causa para\n declaratoria de nulidad de los procesos, por consiguiente, el\n nuevo juez o tribunal que avoque conocimiento de los mismos continuará\n el trámite que corresponda". - "Esta resolución\n transitoria de la Corte Suprema de Justicia es confirmada por\n el inciso segundo del articulo 29 de las Reformas a la Ley de\n Modernización del Estado, publicadas en el Suplemento\n del RO). 144 de 18 de agosto del 2000, que dice: "Los procesos\n para la solución de controversias iniciados con anterioridad\n a la vigencia de esta Ley, que actualmente se encuentran en trámite\n ante los jueces de lo civil y cortes superiores, continuarán\n sustanciándose hasta su terminación y ejecución\n en esos mismos órganos judiciales. Los recursos de casación\n interpuestos serán resueltos por las mismas salas que\n los conocen a la vigencia de esta Ley". TERCERO. - En el\n caso sub lite, el proceso concierne a la controversia generada\n en las relaciones jurídicas del contrato de concesión\n anteriormente mencionado. El contrato de concesión es\n un contrato típicamente administrativo y, por tanto, se\n rige por las reglas del derecho público y, en forma supletoria,\n por las normas del derecho civil privado. - Este contrato de\n concesión está normado por la Ley de Modernización\n del Estado y su Reglamento y, además, por las normas específicas\n de la Ley Orgánica de Aduanas y el Reglamento al artículo\n 81 de esta ley. - El articulo 38 de la Ley de Modernización\n del Estado, establece una competencia territorial especial para\n los contratos suscritos por el Estado y las demás entidades\n y organismos del sector público: el lugar del domicilio\n del administrado; es decir sienta un concepto diametralmente\n opuesto al del articulo 27 del Código de Procedimiento\n Civil, que establece que el Juez del lugar donde tiene su domicilio\n el demandado es el competente para conocer de las causas que\n contra este se provoquen. Igual oposición mantiene con\n el ordinal segundo del artículo 30 del mismo código.\n CUARTO. - En acatamiento de lo dispuesto por la Ley No. 77, aclarado\n por la resolución de la Corte Suprema de Justicia, transcritas\n en el considerando precedente, el Tribunal Distrital No. 3 de\n lo Contencioso Administrativo actuó correctamente al remitir\n el proceso a los jueces de lo Civil del Azuay, para que avoque\n conocimiento al que le tocare por sorteo. A este Juez, o sea\n al Decimosexto de lo Civil del Azuay, le correspondía\n asumir el conocimiento de la causa y dictar la sentencia respectiva;\n pero contrariando los mandatos legales mencionados, se inhibe\n de conocer la causa por considerar que es incompetente en razón\n de lo dispuesto por los artículos 25, 27 y 30 numeral\n 2do. del Código de Procedimiento Civil. 'Este auto es\n confirmado por la Primera Sala de la Corte Superior de Cuenca,\n con similares argumentos del inferior, como consta del auto que\n se reproduce en el considerando primero. El artículo segundo\n de la Ley No. 77 y la resolución aclaratoria dictada por\n la Corte Suprema de Justicia tienen una finalidad eminentemente\n práctica: Evitar que los procesos o controversias derivados\n de contratos suscritos por el Estado y demás entidades\n y organismos del sector público, en vista de la inestabilidad\n legislativa sobre la competencia, estuvieren pasándose\n de los juzgados de lo Civil a los tribunales contenciosos administrativos,\n o viceversa, en una suerte de juego de llorón en que el\n proceso pasa de manó en imano sin llegar a resolverse\n el fondo o mérito de la controversia; con las demoras\n y exasperaciones consiguientes de los litigantes; de allí,\n que resulta censurable la inhibición para conocer de esta\n litis del Juez Decimosexto de lo Civil del Azuay y la confirmación\n de esa inhibición por la Primera Sala de la Corte Superior\n de Cuenca. QUINTO. - Por lo explicado en los considerados precedentes,\n en el auto dictado por la Corte Superior de Cuenca, el 27 de\n junio del 2000 (fojas 7 del cuaderno de segundo nivel) se ha\n aplicado indebidamente los artículos 30, numeral 2do.\n del Código de Procedimiento Civil, y el artículo\n 25 ibídem; en cambio, se ha dejado de aplicar lo dispuesto\n en el inciso segundo del artículo 1 de la Ley No. 77,\n publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 290 da 3\n de abril de 1998, y la resolución de la Corte Suprema\n de Justicia, publicada en el Registro Oficial No. 120 de 1 de\n febrero del 1999, en correspondencia con el articulo 38 de la\n Ley de Modernización del Estado. - Por todo lo dicho,\n procede el recurso de casación interpuesto por ADUAUSTRO\n S.A. y, con arreglo al artículo 14 de la misma ley, a\n esta Sala le toca dictar la sentencia que corresponde en lugar\n del auto mencionado, dictado por la Primera Sala de la Corte\n Superior de Cuenca. SEXTO. - Aduanas Privadas del Austro, ADUAUSTRO\n S.A., en su libelo de demanda (fojas 30 a 32 del cuaderno de\n primer nivel) afirma: Que en virtud del contrato de concesión\n aduanera, suscrito el 15 de agosto de 1995, por el Estado, a\n través de la Subsecretaria General de Aduanas, con ADUAUSTRO\n SA., esta empresa privada quedó facultada para el almacenamiento\n temporal de mercaderías de importación y exportación\n por el tiempo de cinco años. Que durante un año\n ADUAUSTRO ejerció plenamente sus obligaciones contractuales,\n mas la decisión unilateral de la. Subsecretaría\n de Aduanas de prohibir el tránsito de mercancías\n desde Guayaquil a Cuenca, adoptada en el mes de agosto de 1996,\n impidió de hecho la continuación de las actividades\n en la concesionaria, y la continuación del contrato mismo,\n reduciéndolo en cuatro años. Que ha sido la administración\n la que ha incumplido en sus obligaciones contractuales, una en\n especial: la de brindar facilidades y asistencia técnica\n a la empresa para el cabal funcionamiento de la concesión,\n señalada en el quinto inciso del artículo 81 de\n la Ley Orgánica de Aduanas y en la letra h) del articulo\n 6 del reglamento para la aplicación de la norma principal.\n Que evidentemente, al ordenar la suspensión del envío\n de mercaderías que debían ser almacenadas y custodiadas\n por la concesionaria, no es facilitarle su trabajo sino impedirlo.\n Es una franca violación de las obligaciones legales y\n contractuales por parte del Servicio de Aduanas. Que esa decisión\n constituye además una virtual revocación y terminación\n unilateral del contrato, cuando restan cuatro años para\n que expire el plazo de la concesión. Que por el contrario\n ADUAUSTRO S.A. cumplió a cabalidad sus obligaciones contractuales,\n entre ellas la presentación y renovación de las\n garantías. Que tales hechos causan enormes perjuicios\n a la concesionaria, que por una parte ha realizado cuantiosas\n erogaciones para equiparse, instalarse y funcionar, otras más\n para enfrentar emergentemente los desfases provocados por la\n decisión administrativa. Que tales perjuicios deben ser\n resarcidos por el Estado en conformidad con las disposiciones\n contenidas en el artículo 23 de la Codificación\n de la Constitución Política de la República\n y en el artículo 1532 del Código Civil. Con estos\n antecedentes formula las siguientes pretensiones: "a. La\n resolución del contrato de concesión de servicios\n aduaneros celebrado el 15 de agosto de 1995 entre el Estado Ecuatoriano\n representado por el Subsecretario de Aduanas del Ministerio de\n Finanzas y Crédito Público y la empresa Aduanas\n Privadas del Austro Aduaustro S.A. para el almacenamiento temporal\n de mercaderías de importación y exportación,\n por incumplimiento de las obligaciones legales y contractuales\n del primero. b. Como consecuencia, el pago de indemnizaciones\n por perjuicios en el que se comprenderán los de lucro\n cesante y daño emergente". - Citado el Procurador\n General, que es el representante judicial del Estado y por ende\n de las entidades y organismos del sector público sin personalidad\n jurídica, no contesta la demanda, falta de contestación\n que, de acuerdo con el artículo 107 del Código\n de Procedimiento Civil, se considera como negativa simple de\n los fundamentos de la demanda. - Así queda trabada la\n litis, y para resolverla se hacen los razonamientos constantes\n en los considerados siguientes: SEPTIMO. - La pretensión\n de la actora está fundada en el artículo 1532 del\n Código Civil que dice: "En los contratos bilaterales\n va envuelta la condición resolutoria de no cumplirse por\n uno de los contratantes lo pactado. Pero, en tal caso, podrá\n el otro contratante pedir, a su arbitrio, o la resolución\n o el cumplimiento del contrato, con indemnización de perjuicios".\n - Se trata, pues, de la condición resolutoria tácita,\n que para su procedencia debe reunir los siguientes presupuestos:\n 1. - El contrato debe ser bilateral; esto es, en el contrato\n deben estipularse obligaciones reciprocas, conforme define el\n artículo 1482 del Código Civil. No hay condición\n resolutoria tácita en los contratos unilaterales. 2. -\n Incumplimiento imputable al deudor de una obligación.\n - El incumplimiento no siempre acarrea responsabilidades para\n el deudor, porque hay casos en que éste deja de cumplir\n sin que por ello deba indemnización. Es preciso, por tanto,\n que el incumplimiento dañoso sea imputable al deudor,\n y lo es, cuando de su parte hay dolo, o sea la intención\n de no cumplir su obligación, o culpa, cuando de su parte\n hay falta de diligencia o cuidado para cumplir. No le será\n imputable en los casos liberatorios de responsabilidad, de los\n cuales el más importante es el caso fortuito o fuerza\n mayor. 3. - El deudor debe estar en mora. Sin mora no hay indemnización\n de perjuicios, como establece el articulo 1600 del Código\n Civil que dice: "Se debe la indemnización de perjuicios\n desde que el deudor se ha constituido en mora, o si la obligación\n es de no hacer desde el momento de la contravención.".\n El elemento de la mora resulta de primordial importancia en el\n presente juicio, porque del contenido de la demanda se infiere\n que la pretensión medular de ADUAUSTRO SA., no es propiamente\n la resolución del contrato, ya que a su decir: "Se\n ha producido una virtual terminación del contrato por\n decisión unilateral de la Subsecretaría Nacional\n de Aduanas sin existencia de causa legal o contractual que lo\n justifique y ello causa enormes perjuicios a la empresa . - De\n acuerdo con el artículo 1594 del Código Civil el\n deudor está en mora: "1) Cuando no ha cumplido la\n obligación dentro del término estipulado salvo\n que la ley, en casos especiales, exija que se requiera al deudor\n para constituirle en mora". Es la llamada mora contractual\n expresa, por cuanto en el contrato las partes fijan el momento\n del cumplimiento, con 'lo cual se considera que el acreedor ha\n manifestado explícitamente a su deudor que hasta esa fecha\n puede esperarlo, y que desde que se vence el incumplimiento le\n ocasionará pago de perjuicios. Es una aplicación\n del aforismo: "De que el día requiere por el hombre".\n - "2) Cuando la cosa no ha podido ser dada o ejecutada sino\n dentro de cierto espacio de tiempo, y el deudor lo ha dejado\n pasar sin darla o ejecutarla". - Es la llamada mora contractual\n tácita, porque hay un verdadero plazo sobrentendido; no\n se fija un plazo determinado, pero el plazo se supone o sobrentiende\n del contexto de las declaraciones la voluntad de las 'partes.\n El daño aparece de manifiesto si así no se hace.\n - "3) En los demás casos, cuando el deudor ha sido\n judicialmente reconvenido por el actor". - El ordinal tercero\n del articulo 1594 contiene en verdad una regla general en materia\n de mora, aunque el legislador la haya colocado en tercer lugar,'\n porque cualquier situación no comprendida en los ordinales\n primero y segundo necesita para la constitución en mora\n del deudor el requerimiento judicial. Si no hay requerimiento\n judicial no hay mora. - Hay que tomar en cuenta que el ordinal\n tercero del articulo 1594 del Código Civil exige que la\n reconvención ha de ser judicial, por consiguiente, cualquier\n requerimiento extrajudicial, por serio y público que sea\n (como la publicación en un periódico de amplia\n circulación), y aún el reconocimiento del deudor\n de estar en retardo no lo coloca en mora. Ciertamente, que esta\n exigencia del requerimiento judicial es muy rigurosa y en algunos\n casos puede resultar injusta, pero dada la imperatividad de la\n norma, el requisito de requerimiento judicial no puede omitirse.\n Por suerte, el ordinal quinto del artículo 101 del Código\n de Procedimiento Civil ha dejado en claro, al tratar sobre los\n efectos de la citación, que la citación con la\n demanda constituye al deudor en mora. En muchas resoluciones\n judiciales todavía se prescinde del ordinal quinto del\n articulo 101 del Código de Procedimiento Civil, para calificar\n la mora siguiendo la doctrina de tratadistas extranjeros cuyas\n legislaciones no contemplan la citación de la demanda\n como constitutiva de mora del deudor. Al respecto, el doctor\n Juan Isaac Lovato dice: "La mora es la tardanza en el cumplimiento\n de una obligación desde que es exigible por lo común\n de pagar cantidad líquida y vencida... La disposición\n que estudiamos se refiere al numeral 3ero. que acabamos de transcribir.\n La frase "judicialmente reconvenido", equivale a demandado\n o con mayor precisión "citado con la demanda"\n (Programa Analítico de Derecho Procesal Ecuatoriano, tomo\n V. Editorial Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quito. 1962. Pág.\n 71). 4. - El acreedor, a su vez, debe haber cumplido, al tiempo\n de proponerse la acción, sus obligaciones, o allanado\n a cumplirlas en la forma y tiempo debidos. Así dispone,\n en forma clara y terminante, el articulo 1595 del Código\n Civil que dice: "En los contratos bilaterales ninguno de\n los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado,\n mientras el otro no lo cumple por su parte, o no se allana a\n cumplirlo en la forma y tiempo debidos". - Sobre este requisito\n Luis Claro Solar al comentar el Código Civil Chileno,\n que es igual al nuestro, dice: "La constitución en\n mora del deudor es, por lo mismo, indispensable para que pueda\n prosperar la acción resolutoria del contrato. Quien puede\n demandar la resolución es el acreedor de la obligación\n no cumplida, el otro contratante que, por su parte, ha cumplido\n lo pactado, o se allana a cumplirlo en la forma y tiempos debidos.\n En los contratos bilaterales, y más generalmente, en los\n contratos a titulo oneroso, ambos contratantes deben cumplir\n oportunamente con las obligaciones que han contraído;\n y ninguno de ellos puede considerarse moroso silos Otros no se\n manifiestan dispuestos a cumplir las que ha ellos les corresponde.\n "En los contratos bilaterales, dice el articulo 1552 (1595\n del Código Civil Ecuatoriano), ninguno de los contratantes\n está en mora mientras el otro no lo cumple por su parte,\n o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos".\n Si el demandante no hubiere cumplido sus propias obligaciones\n ¿Cómo podría exigir que el demandado cumpliera\n las suyas, y por los mismo, pedir la resolución del contrato?".\n (Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado. Volumen\n y. De las Obligaciones. Editorial Nomos. Bogotá. 1988.\n Págs. 184 y 185). OCTAVO. - En el contrato de concesión\n celebrado entre el Estado, por medio del Subsecretario de Aduanas\n del Ministerio de Finanzas y Crédito Público, por\n una parte, y ADUAUSTRO SA., por otra, se establecen obligaciones\n tanto para la una como la otra parte; esto es, son acreedores\n y deudores recíprocos de prestaciones determinadas. -\n Para efectos del presente juicio, destacamos las siguientes obligaciones:\n a) El contrato fue celebrado el 15 de agosto de 1995, fecha en\n la cual se hallaba vigente la Ley Orgánica de Aduanas,\n publicada en el RO. No. 396 de 10 de marzo de 1994 (actualmente\n derogada) cuyo articulo 81 inciso quinto dice: "El Estado\n prestará a las empresas encargadas de hacer el servicio\n aduanero, toda la ayuda que ésta requiera para el cumplimiento\n de sus funciones y especialmente en el caso de ilícitos\n y para efectos de vigilancia". Esta norma legal quedó\n incorporada al contrato en mérito de la regla 188 del\n artículo 7 del Código Civil que dispone: "En\n todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes\n al tiempo de su celebración". En consecuencia, el\n Estado por medio de la Subsecretaría de Aduanas quedó\n como deudor de ADUAUSTRO S.A. acreedora, de lo señalado\n expresamente por el inciso quinto del artículo 8 de la\n Ley Orgánica de Aduanas anteriormente transcrito. Esta\n obligación del Estado ha sido incumplida el momento en\n que el Subsecretario Nacional de Aduanas ha enviado a la Administradora\n de Aduanas del Primer Distrito, el oficio incorporado a fojas\n 23 del cuaderno del primer nivel, en la que dispone: "Vista\n las necesidades del servicio y en atención a mejorar la\n administración de la aduana, dispongo que usted no autorice\n el tránsito de ninguna clase de mercadería hasta\n el distrito de la ciudad de Cuenca, hasta segunda orden que de\n manera oportuna impartiré.". b) A su vez, ADUAUSTRO\n S.A. ha quedado como deudora del Estado, acreedor, de la siguiente\n prestación estipulada en la cláusula tercera del\n contrato (fojas 17 a 20 del cuaderno del primer nivel): "La\n concesionaria para responder ante la aduana por los eventuales\n daños o pérdidas de las mercancías, así\n como por el pago de los tributos aduaneros, presentará\n una garantía por cuatrocientos millones de sucres (S/.\n 400'000.000), la misma que deberá ser aceptada por el\n administrador central respectivo y contendrá de manera\n expresa la estipulación que autorice a la aduana, sin\n restricción, condición o limitación alguna,\n a hacerla efectiva cuando la obligación garantizada se\n incumpla total o parcialmente . ADUAUSTRO S.A., el 18 de agosto\n de 1995 ha presentado la garantía bancaria del Banco del\n Pacífico S.A. El plazo de vigencia 'de esta garantía\n es por trescientos noventa días, que ampara al garantizado\n sus derechos ante la administración de aduanas, que incluyen\n los treinta días adicionales para efectos de la ejecución\n de esta garantía. Vencido este plazo, la garantía\n quedó caducada y, consiguientemente, ADUAUSTRO SA. estuvo\n obligada a renovarla lo cual no ha llegado a hacerlo. Del documento\n agregado a 62 vlta. fojas del cuaderno de primer nivel aparece\n que se iniciaron los trámites para la renovación\n de la garantía, y el Quinto Distrito de Aduanas de Cuenca,\n el 8 de octubre de 1996, fijó como monto de la garantía\n que debe rendir dicha concesionaria en la suma de SI. 120'000.000.\n Pero ADUAUSTRO SA., en vez de rendir la caución a que\n estaba obligada, propone la demanda de resolución del\n contrato y el pago de indemnización de daños y\n perjuicios el 20 de diciembre de 1996. Es decir ADUAUSTRO SA.\n propone la demanda no obstante haber dejado de cumplir la prestación\n pactada en la cláusula tercera del contrato, no haberse\n allanado a cumplirlo. - En esta virtud falta el elemento constitutivo\n el de mora establecido por el artículo 1595 del Código\n Civil, y por esta razón las pretensiones de la actora\n devinieron en improcedentes. NOVENO. - Vale mencionar que el\n último inciso del artículo 8 del Reglamento para\n la Aplicación del artículo 81 de la Ley Orgánica\n de Aduanas, vigente al tiempo de la celebración del contrato\n y presentación de la demanda, disponía lo siguiente:\n "La empresa concesionaria' podrá solicitar la rescisión\n del contrato, por incumplimiento del Ministerio de Finanzas y\n Crédito Público de su obligación de otorgar\n las facilidades y asistencia, establecidas en el contrato, según\n el artículo 6, letra h) de este Reglamento". Esta\n acción de rescisión contemplada en el derecho administrativo\n tiene las mismas características jurídicas que\n la condición resolutoria tácita prevista por el\n articulo 1532 del Código Civil. La rescisión según\n nuestro derecho civil privado tiene el significado de nulidad\n relativa, de allí que para evitar la confusión\n entre los alcances de los términos "rescisión"\n y "resolución", en el Reglamento Sustitutivo\n a la Ley de Modernización del Estado se ha reemplazado\n la acción de rescisión, como originalmente constaba,\n con la acción de resolución. Ni la Ley de Modernización\n del Estado ni ninguna otra de derecho público establece\n los elementos jurídicos de la acción resolutoria\n tácita en los contratos bilaterales administrativo; por\n ello son aplicables en forma supletoria las reglas del Código\n Civil al respecto; como manda el articulo 4 de ese código.\n - En los contratos de tracto sucesivo, como el de concesión\n celebrado entre el Estado y ADUAUSTRO S.A., la acción\n de resolución tiene efectos especiales que difieren de\n los de la resolución común por tal motivo en estos\n supuestos la doctrina le llama con más propiedad "de\n terminación de contrato" en lugar de "resolución\n de contrato". Lo que caracteriza a los contratos de trato\n sucesivo es que las obligaciones de las partes se van cumpliendo\n y renovando periódicamente y por ello la terminación\n opera hacia el futuro. El contrato se extingue, deja de producir\n efectos, pero no se alteran los ya generados, ellos quedan firmes.\n Lo que difiere la terminación de la resolución\n es que ésta tiene efectos retroactivos mientras que aquella\n no tiene efecto retroactivo. Por las consideraciones expuestas,\n la Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de\n Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y\n POR AUTORIDAD DE LA LEY, caso el auto recurrido dictado por la\n Primera Sala de la Corte Superior de Cuenca y, en su reemplazo,\n rechaza la demanda. Sin costas. Notifíquese y devuélvase.

\n\n

Fdo.) Dres. Galo Galarza Paz,\n Santiago Andrade Ubidia y Ernesto Albán Gómez,\n Ministros Jueces.

\n\n

RAZON: Esta copia es igual a\n su original.

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Certifico.

\n\n

Quito, 5 de julio del 2001.

\n\n

f.) Dra. Isabel Garrido Cisneros,\n Secretaria Relatora.

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\n\n

No.\n 256 - 2001

\n\n

Dentro del juicio\n ordinario por prescripción adquisitiva extraordinaria\n de dominio No. 180 - 2000, que sigue Víctor Hugo Macas\n Avilés y Carmen Zambrano en contra de Luis Humberto Barnuevo\n Valarezo y Julia Esperanza Romero Mora, se ha dictado lo siguiente:

\n\n

CORTE SUPREMA\n DE JUSTICIA
\n PRIMERA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

\n\n

Quito, julio 9 del 2001; las\n 10h00.

\n\n

VISTOS: Víctor Hu

 

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