Registro Oficial

Registro Oficial. 6 de AGOSTO del 2001

Lunes, 06 de agosto de 2001

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

\n \n \n \n
   MES DE AGOSTO DEL 2001
\n \n \n \n
\n

\n
 
\n

 REGISTRO OFICIAL
ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR
Administración del Sr. Dr. Gustavo Noboa Bejarano
Presidente Constitucional de la República
\n

Lunes 6 de Agosto del 2001

\n

REGISTRO OFICIAL No. 384

\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n

DR. JOSE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR

\n\n

FUNCION\n EJECUTIVA

\n\n

RESOLUCIONES

\n\n

DIRECCION\n GENERAL DE LA MARINA MERCANTE Y DEL LITORAL:
\n  
\n
125/01\n Autorízase a terceros la ejecuciòn de las inspecciones\n de seguridad y prevención de la contaminación y\n la emisión de los consiguientes certificados para las\n naves de bandera ecuatoriana mayores de 50  TRB, dedicadas\n al tráfico nacional
\n  
\n
JUNTA\n BANCARIA:
\n  
\n
JB-2001-351\n Refórmase \n Ia Resolución No  JB-2001- 305 de 23 de enero del\n 2001.
\n  
\n JB-2001-352 Inclúyese en \n la Codificación  de Resoluciones  de la Superintendencia\n de Bancos y  de la Junta Bancaria el Subtítulo II.-\n Operaciones especiales de las asociaciones mutualistas de ahorro\n y crédito para  la vivienda.
\n  
\n JB-2001-354 Modifícase en\n Ia disposición transitoria tercera, de Is sección\n VI "Disposiciones transitorias" , del capítulo\n I "Calificación de activos de riesgo y constitución\n de provisiones por parte de Ias instituciones controladas por\n la Superintendencia de Bancos" , del título VII \n De los activos y de  los limites de crédito \n (página 113) en la Codificación de Resoluciones\n de la Superintendencia de Bancos  y de la Junta Bancaria

\n\n

FUNCION\n JUDICIAL

\n\n

CORTE\n SUPREMA DE JUSTICIA

\n\n

SEGUNDA\n SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL:
\n
 
\n Recursos de casación en los juicios seguidos por los\n siguientes personas:
\n  
\n 142-2001 Patricia del Rocío\n Flores Muñoz en contra de Martin Bahamonde Cáceres

\n\n

145-2001 Monseñor Germán\n Pavón Puente en contra de Alcídes Reinoso Utreras

\n\n

146-2001 Isaac Clotario Vélez\n Calderón en contra de Hugo Ernesto Safadi Velásquez

\n\n

147-2001 Ab Manuel Parada Gallardo\n y otros en contra de Nicolás Homero Avellán Villavicencio

\n\n

149-2001 Segundo Corinto Cedeño\n Mora en contra de la  Ing Aída Vásquez de\n Chávez

\n\n

150-2001 Magllory Lucia Baracaldo en\n contra de Eduardo Sarmiento Rodas

\n\n

155-2001 Dr Carlos Palacios Urgilés\n en contra de Guillermo Serpa Morejón

\n\n

157-2001\n Segundo Chango\n Analuisa y otro en contra de Juan Quishpe Guerra

\n\n

158-2001\n José\n Máximo León Peñafiel en contra de Victor\n Abarca Pinto

\n\n

159-2001\n Efrén\n Cueva Guerrero en contra de José Moreno Cueva y otra

\n\n

163-2001\n Cecilia del\n Pilar López  Quinteros en  contra de  Raúl\n Chiriboga  Obando

\n\n

164-2001\n Libia López\n Montenegro en contra de Laura Espín Torres

\n\n

166-2001 Mariana de Jesús Gallegos\n Merino en contra de Rodrigo Bermeo y otra

\n\n

167-2001\n Samuel Molina\n Vivanco en contra de Dalia Oliva Champutiz Mancero

\n\n

168-2001 Dr Gonzalo Vera Vera en contra\n de Lizandro Nataniel Cotera

\n\n

ACUERDO\n DE CARTAGENA

\n\n

DECISIONES:
\n
 
\n
499\n Actualización\n de la Directiva No  1 sobre  formulación y ejecución\n de la  Política Exterior  Común

\n\n

500\n Estatuto del\n Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

\n\n

501 Zonas de Integración\n Fronteriza (ZIF) en  Ia Comunidad Andina

\n\n

502\n Centros Binacionales\n de Atención en  Frontera (CEBAF) en la  Comunidad\n Andina\n

\n \n
\n

 

\n\n

125/01

\n\n

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE\n Y DEL LITORAL

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, la Dirección General de la Marina Mercante y del\n Litoral (DIGMER) como Autoridad Marítima es la responsable\n de velar por la seguridad de la vida humana en el mar y la preservación\n del medio marino,

\n\n

Que, el Gobierno de la República del Ecuador ratificó\n el Convenio Internacional sobre Línea de Carga 1966 (L66),\n con fecha 22 de octubre de 1975, el Convenio Internacional para\n la Seguridad de la Vida Humana en el Mar con fecha 10 de mayo\n de 1982 y el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación\n por los Buques (MARPOL 73) el 6 de abril de 1990;

\n\n

Que, de acuerdo con el Art. 16, numeral 3 del Convenio sobre\n Líneas de Carga, la regla 6 dcl Capítulo 1 del\n Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en\n el Mar y las regulaciones contenidas en cada uno de los anexos\n del Convenio Internacional para prevenir la contaminación\n por los buques, se puede autorizar a inspectores y a organizaciones\n debidamente calificadas, para que a nombre de la Autoridad Marítima\n puedan llevar a cabo las inspecciones reglamentadas por dichos\n convenios;

\n\n

Que, para cumplir con todos estos propósitos es necesario\n establecer el procedimiento para autorizar la prestación\n de los servicios a terceros, actividad que estará bajo\n el estricto control de la DIGMER; y,

\n\n

En uso de sus facultades legales y reglamentarias,

\n\n

Resuelve:

\n\n

Art. 1. - Autorizar a terceros la ejecución de las\n inspecciones de seguridad y prevención de la contaminación\n y la emisión de los consiguientes certificados para las\n naves de bandera ecuatoriana mayores de 50 TRB, dedicadas al\n tráfico nacional, de acuerdo a los formatos aprobados\n por La DIGMER.

\n\n

Art. 2. - Las inspecciones que se mencionan en el artículo\n anterior' se realizarán anualmente, observando las disposiciones\n de los convenios internacionales de la OMI, a saber: Solas 74/78,\n Marpol 73/78 y Línea de Carga 1966, en lo que sea aplicable\n para cada tipo de buque.

\n\n

Art. 3. - Las autorizaciones que otorgará la DIGMER\n será a organizaciones que reúnan los requisitos\n referenciales establecidos en esta resolución, los mismos\n que a continuación se indican:

\n\n

a. La empresa deberá cumplir con los siguientes requisitos:

\n\n

o Presentar copia certificada de la escritura de constitución\n de la compañía, cuyo objeto social deberá\n ser compatible con la actividad marítima.

\n\n

o Registro único de contribuyentes.

\n\n

o Copia certificada del nombramiento dcl representante legal\n de la compañía inscrito en el Registro Mercantil.

\n\n

o Demostrar el haber proporcionado servicio técnico\n - marítimo a compañías navieras nacionales.

\n\n

o Disponer de una infraestructura suficiente y adecuada, debiendo\n tener su domicilio principal en Guayaquil.

\n\n

o Contar con inspectores calificados, que cumplan con el perfil\n exigido por la DIGMER.

\n\n

o Certificado actualizado de ser socio de la respectiva Cámara\n de la Producción.

\n\n

b. Los inspectores deben cumplir con el siguiente perfil profesional:

\n\n

o Tener preparación profesional equivalente a Capitán,\n Primer Oficial, Jefe de Máquinas, Ingeniero Naval, Ingeniero\n Mecánico o un Ingeniero afín al área marítima;\n o que sin tener titulo acrediten haber realizado los cursos referentes\n a los convenios Marpol, Solas y Línea de Carga; y, una\n experiencia de por lo menos 5 años.

\n\n

o Tener una sólida experiencia en el trabajo a bordo\n de buques.

\n\n

o Deberá tener experiencia en inspecciones respecto\n a los convenios Solas, Marpol y Línea de Carga.

\n\n

o Estado físico compatible con la actividad a cumplir.

\n\n

o Haber participado en cursos de capacitación sobre\n los convenios internacionales marítimos.

\n\n

o Tener entrenamiento por parte de sociedades clasificadoras\n u organizaciones especializadas en el campo técnico -\n marítimo.

\n\n

o Otros documentos relacionados con la actividad que abonen\n a su perfil profesional.

\n\n

Art. 4. - Para el cabal y estricto cumplimiento de las inspecciones\n de seguridad y prevención de la contaminación por\n las empresas autorizadas, la DIGMER elaborará y entregará\n los respectivos formatos de inspección de acuerdo al tipo\n y clase de nave.

\n\n

Art. 5. - Los períodos de validez de los certificados\n conferidos por las empresas autorizadas, estarán sujetos\n a las condiciones siguientes:

\n\n

Cuando de la inspección anual mandatoria, la nave no\n presenta novedades que limiten la operación segura, tendrá\n una validez de un año.

\n\n

En caso presentare novedades no relevantes se le extenderá\n un certificado provisional con validez de 90 días.

\n\n

Art. 6. - Las naves que se encuentran con certificados provisionales\n serán sometidas a una nueva inspección, con el\n objeto de verificar que se han corregido las novedades y obtener\n el certificado de inspección que le autorice a navegar;\n en caso no hayan solucionado sus novedades quedarán "impedidas\n de navegar".

\n\n

Art. 7. - Los modelos de formatos de inspección serán\n entregados por la Autoridad Marítima a las empresas calificadas\n y sobre el contenido de los mismos se efectuarán las inspecciones\n de seguridad correspondiente al tipo de embarcación.

\n\n

El Certificado de la Inspección que entregarán\n las empresas a los usuarios, será de un modelo único\n elaborado por la DIGMER.

\n\n

Art. 8. - Las tarifas a pagarse por los usuarios por las inspecciones\n de seguridad y prevención de la contaminación serán\n las siguientes:

\n\n

o US$ 0,50 por cada TRB de la nave inspeccionada.

\n\n

o En caso de reinspecciones de naves para verificación\n de solución de las novedades de la inspección anterior,\n deberán cancelar US$ 0,25 por cada TRB de la nave.

\n\n

Art. 9. - La DIGMER cuando lo estime conveniente realizará\n las auditorías que fueren menester para verificar la idoneidad\n de las inspecciones realizadas por las empresas calificadas.

\n\n

En el caso que se detecten anomalías o irregularidades\n en el otorgamiento de los certificados de inspección,\n la DIGMER suspenderá en forma provisional hasta un año\n a la empresa infractora; y, en caso de reincidencia en forma\n definitiva.

\n\n

Art. 10. - Las empresas calificadas obligatoriamente entregarán\n mensualmente un informe detallado a la Autoridad Marítima\n sobre naves inspeccionadas y reinspeccionadas.

\n\n

Art. 11. - La DIGMER coordinará con las empresas calificadas\n para la entrega de la información técnica requerida\n para ejecutar las inspecciones.

\n\n

Art. 12. - Los gastos de movilización de los inspectores\n que realizarán las inspecciones anuales dentro del periodo\n ordinario serán a cargo de la empresa calificada, y, en\n caso de reinspecciones o inspecciones fuera del período\n ordinario, serán de cargo del armador.

\n\n

Art. 13. - Esta resolución entrará en vigencia\n a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial.

\n\n

Dada en Guayaquil, en la Dirección General de la Marina\n Mercante y del Litoral, a los diecinueve días del mes\n de julio del año dos mil uno.

\n\n

f.) Gonzalo Vega Valdiviezo, Contralmirante, Director General\n de la Marina Mercante.

\n\n

Certifico que la copia que antecede es conforme a su original.\n - Lo certifico.

\n\n

f.) El Secretario.

\n\n

Guayaquil, a 24 de julio del 2001.

\n\n

 

\n\n

N0 JB\n - 2001 - 351

\n\n

LA JUNTA BANCARIA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que en el subtítulo III "De la vinculación"\n del título VII "De los activos y de los limites de\n crédito" de la Codificación de Resoluciones\n de la Superintendencia de Bancos y Junta Bancaria, consta el\n capítulo 1 "Determinación de vinculación\n de las personas naturales y jurídicas por propiedad, administración\n o presunción con las instituciones del sistema financiero\n controladas por la Superintendencia de Bancos";

\n\n

Que mediante Resolución N0 JB - 2001 - 305 de 23 de\n enero del 2001, se interpretó que los créditos\n vinculados a una institución del sistema financiero, que\n en virtud de legítimos acuerdos sean adquiridos por otra\n entidad controlada, perderán la calidad de vinculados,\n salvo que existan causales directas de vinculación del\n crédito con la institución adquirente;

\n\n

Que es necesario aclarar la disposición del considerando\n precedente, con el propósito de precautelar los principios\n aprobados por a Junta Bancaria;

\n\n

Que la Junta Bancaria, en sesión celebrada el 10 de\n julio del 2001, aprobó la presente resolución;\n y,

\n\n

En ejercicio de sus atribuciones legales,

\n\n

Resuelve:

\n\n

ARTICULO 1. - Reformar la Resolución N0 JB - 2001 -\n 305 de 23 de enero del 2001, incorporando como segundo inciso\n del artículo 1, el siguiente:

\n\n

"Para que se produzcan los efectos señalados en\n el inciso anterior, la transferencia de cartera debe ser en firme,\n sin pacto de recompra ni recurso".

\n\n

ARTICULO 2. - La presente resolución entrará\n en vigencia a partir de su publicación en el Registro\n Oficial.

\n\n

Comuníquese y publíquese en el Registro Oficial.\n - Dada en la Superintendencia de Bancos, en Quito, Distrito Metropolitano,\n a los diez días del mes de julio del año dos mil\n uno.

\n\n

f) Miguel Dávila Castillo, Presidente de la Junta Bancaria.

\n\n

Lo certifico: Quito, Distrito Metropolitano, a los diez días\n del mes de julio del año dos mil uno.

\n\n

f.) Diego Navas Muñoz, Secretario de la Junta Bancaria.

\n\n

Superintendencia de Bancos. Certifico que es fiel copia del\n original.

\n\n

f) Dr. Diego Fernando Navas Muñoz, Secretario General.

\n\n

18 de julio del 2001.

\n\n

 

\n\n

N0JB -\n 2001 - 352

\n\n

LA JUNTA BANCARIA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que el primer inciso del artículo 195 de la Codificación\n de a Ley General de Instituciones del Sistema Financiero dispone,\n que además de las operaciones autorizadas con las excepciones\n mencionadas en el artículo 2 de esta ley, las asociaciones\n mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda podrán\n efectuar inversiones en proyectos específicos orientados\n al desarrollo de la vivienda y construcción. Estas inversiones\n no podrán exceder del cincuenta por ciento (50%) de su\n patrimonio técnico;

\n\n

Que es necesario normar el alcance, las inversiones en proyectos\n específicos; y,

\n\n

En el ejercicio de la atribución legal que le otorga\n la letra b) del artículo 175 de la Codificación\n de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero,

\n\n

Resuelve:

\n\n

ARTICULO 1. - En el titulo XIII "De las disposiciones\n especiales para las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito\n para la vivienda" de la Codificación de Resoluciones\n de la Superintendencia dé Bancos y de la Junta Bancaria,\n incluir el siguiente subtítulo:

\n\n

"SUBTITULO II. - OPERACIONES ESPECIALES DE LAS ASOCIACIONES\n MUTUALISTAS DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA

\n\n

ARTICULO 2. - En el subtítulo II "Operaciones\n especiales de las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito\n para la vivienda", del título XIII "De las disposiciones\n especiales para las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito\n para la vivienda", incluir el siguiente capítulo:

\n\n

"CAPITULO 1 - NORMAS PARA LA APLICACIÓN DEL ARTICULO\n 195 DE LA CODIFICACION DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL\n SISTEMA FINANCIERO

\n\n

SECCION 1. - DISPOSICIONES GENERALES

\n\n

ARTICULO 1. - Las inversiones que las asociaciones mutualistas\n de ahorro y crédito para la vivienda realicen en proyectos\n específicos orientados al desarrollo de la vivienda y\n la construcción, podrán cumplirse en efectivo o\n con el aporte de bienes que sirvan para el cumplimiento del propósito\n del proyecto.

\n\n

ARTICULO 2. - El señor Superintendente de Bancos dictará\n las resoluciones reformatorias al Catálogo Unico de Cuentas\n que fueren pertinentes, a fin de que dichas inversiones sean\n plenamente identificables durante las labores de supervisión,\n vigilancia y control.

\n\n

SECCION II. - DISPOSICION FINAL

\n\n

ARTICULO 1. - Los casos de duda en la aplicación del\n presente capítulo, serán resueltos por el Superintendente\n de Bancos o la Junta Bancaria, según el caso.

\n\n

SECCION III - DISPOSICION TRANSITORIA

\n\n

Las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para\n la vivienda deberán, dentro de los plazos o términos\n concedidos por el Superintendente de Bancos en ejercicio de la\n atribución señalada en el artículo 2 de\n la sección primera de este capitulo y sin que éstos\n puedan exceder del 31 de agosto del 2001, reclasificar los montos\n que hasta tales fechas se hayan destinado a la inversión\n en proyectos específicos orientados al desarrollo de la\n vivienda y la construcción y registrarlos en las nuevas\n cuentas contables que para el efecto se hayan creado.

\n\n

ARTICULO 3. - La presente resolución entrará\n en vigencia a partir de su publicación en el Registro\n Oficial.

\n\n

Comuníquese y publíquese en el Registro Oficial.\n - Dada en la Superintendencia de Bancos, en Quito, Distrito Metropolitano,\n a los diez días del mes de julio del año dos mil\n uno.

\n\n

f.) Miguel Dávila Castillo, Presidente de la Junta\n Bancaria.

\n\n

Lo certifico: Quito, Distrito Metropolitano, a los diez días\n del mes de julio del año dos mil uno.

\n\n

f.) Diego Fernando Navas Muñoz, Subsecretario de la\n Junta Bancaria.

\n\n

Superintendencia de Bancos. Certifico que es fiel copia del\n original

\n\n

f) Dr. Diego Fernando Navas Muñoz, Secretario General.

\n\n

18 de julio del 2001.

\n\n

 

\n\n

N0 JB\n - 2001 - 354

\n\n

LA JUNTA BANCARIA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que en el subtítulo II "De la calificación\n de activos de riesgo y constitución de provisiones".\n del titulo VII "De los activos y de los límites de\n crédito", de la Codificación de Resoluciones\n de la Superintendencia de Bancos y Junta Bancaria, consta el\n capitulo I "Calificación de activos de riesgo y constitución\n de provisiones por parte de las instituciones controladas por\n la Superintendencia de Bancos"

\n\n

Que es necesario revisar dicha norma con el propósito\n de establecer un requerimiento de provisión mínimo\n de las inversiones en papeles del Estado o más entidades\n del sector público, y registradas hasta el vencimiento;\n y,

\n\n

En el ejercicio de la atribución legal que le otorga\n la letra b) del artículo 175 de la Codificación\n de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero,

\n\n

Resuelve:

\n\n

ARTICULO 1. - Incluir en la disposición transitoria\n tercera de la sección VI "Disposiciones transitorias",\n del capítulo I "Calificación de activos de\n riesgo y constitución de provisiones por parte de las\n instituciones controladas por la Superintendencia de Bancos",\n del subtitulo II "De la calificación de activos de\n riesgo y constitución de provisiones", del titulo\n VII "De los activos y de los límites de crédito",\n (página 113) de la Codificación de Resoluciones\n de la Superintendencia de Bancos y Junta Bancaria, la siguiente:\n "Los títulos valores a los que se refiere el inciso\n precedente y que se encuentren registrados en las instituciones\n del sistema financiero en la cuenta "Mantenidas hasta el\n vencimiento", deberán constituir provisiones por\n el 15%.".

\n\n

ARTICULO 2. - La presente resolución entrará\n en vigencia a partir de su publicación en el Registro\n Oficial.

\n\n

Comuníquese y publíquese en el Registro Oficial.\n - Dada en la Superintendencia de Bancos en Quito. Distrito Metropolitano,\n a los diez días del mes de julio del año dos mil\n uno.

\n\n

f) Miguel Dávila Castillo, Presidente de la Junta Bancaria.

\n\n

Lo certifico: Quito, Distrito Metropolitano, a los diez días\n del mes de julio del año dos mil uno.

\n\n

f.) Diego Navas Muñoz, Secretario de la Junta Bancaria.

\n\n

Superintendencia de Bancos. Certifico que es fiel copia del\n original.

\n\n

f) Dr. Diego Fernando Navas Muñoz, Secretario General.

\n\n

18 de julio del 2001.

\n\n

 

\n\n

N°\n 142 - 2001

\n\n

ACTORA: Patricia Flores.
\n DEMANDADO: Martín Bahamonde.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

\n\n

Quito, a 3 de abril del 2001; a las\n 09h40.

\n\n

VISTOS: Ha venido a conocimiento de esta Sala este juicio\n verbal sumario, en que se ha entablado acción posesoria\n de amparo, por parte de Patricia del Rocío Flores Muñoz\n sobre un bien raíz ubicado en la calle Machala N0 2633\n de la ciudad de Quito, en contra de Martín Bahamonde Cáceres,\n sosteniendo que los familiares de su conviviente tratan por todos\n los medios de despojarme de la posesión que la vengo manteniendo\n y en especial el demandado con amenazas de actitudes de hecho.\n El Juzgado Cuarto de lo Civil de Pichincha, sede Quito, en sentencia\n (fs. 63 y vta., de primer grado), acepta la demanda amparando\n la posesión de la actora, que ha sido revocada por la\n Tercera Sala de la Corte Superior de Quito, desechando la demanda\n por no aparecer que haya tenido ánimo de señora\n y dueña (fs. 13 y vta, de segundo grado). La actora, objeta\n la sentencia de última instancia, deduciendo recurso de\n casación (fs. 15 a 16 de segundo grado), al considerar\n que el fallo infringe las disposiciones contenidas en los Arts.\n 734, 980. 982, 985 del Código Civil, fundamentando el\n recurso en la causal tercera del Art. 3 de la Ley de Casación,\n transcribiendo textualmente la disposición antes mencionada,\n alegando más adelante que erróneamente se han interpretado.\n Admitido a trámite el escrito de casación, este\n ha sido contestado fundamentadamente por parte del demandado,\n quien sostiene haberse producido una nulidad en la concesión\n del recurso de casación al no haber solicitado fijación\n de caución; añadiendo que existe ilegitimidad de\n personería pasiva, ya que no se citó con la demanda\n a la totalidad de los demandados, es decir, a todos los herederos\n presuntos y desconocidos de Antonio Leonardo Bahamonde Cáceres\n (fs. 5 a 6 de este cuaderno). Agotado el trámite, corresponde\n resolver, al hacerlo, se considera: PRIMERO. - La Sala ha asegurado\n la competencia en atención al 'Art. 200 de la Constitución\n y al Art. 1 de la Ley de Casación. SEGUNDO. - La casación,\n es un recurso extraordinario, que busca precautelar por un lado\n la legalidad de las decisiones judiciales' puestas a conocimiento\n al analizar un caso determinado, y por otro busca consolidar\n la seguridad jurídica. La materia de estudio en este procedimiento\n es por un lado el recurso de casación propiamente, la\n sentencia que ha sido objetada y la contestación fundamentada\n del recurso deducido constituyendo las tres actuaciones mencionadas,\n los elementos principales que debe tener en cuenta el Tribunal\n de Casación para realizar el control de la legalidad en\n la sentencia. TERCERO. - Martín Bahamonde Cáceres\n al contestar el recurso admitido, alega nulidad por no haberse\n solicitado la fijación de caución y así\n impedir la ejecución de la sentencia, mas carece de asidero\n legal, dado que es facultad del recurrente rendir caución,\n sin ser requisito obligatorio relacionado a la inadmisibilidad\n del recurso. La nulidad por falta de citación con la demanda\n a los demandados, que reclama, tampoco ha lugar, en vista de\n que la acción posesoria, que persigue recuperar, prevenir\n o precautelar la posesión en que se encuentre una persona\n determinada, se la entabla contra la o las personas que producen\n el atentado o enturbian la posesión, sin que iniciada\n la calidad de propietarios o sucesorios en el derecho de dominio\n que puedan tener los demandados. CUARTO. - La recurrente funda\n su recurso en la causal 3ra. del Art. 3 de la Ley de Casación,\n pero señala normas sustantivas como las que presuntamente\n han sido violadas por el Tribunal de Alzada, que específicamente\n norman la posesión y el ejercicio de la acción\n posesoria, pero sin señalar disposición alguna,\n sustantiva o procedimental, que configuren el sistema de evaluación\n probatoria, en forma general en todo juicio o particularmente\n en un proceso entablado en base de la acción posesoria.\n Además, no puede este Tribunal de Casación suplir\n la deficiencia que trae la exposición de la recurrente\n tanto más, que sub limite el Tribunal de instancia al\n rechazar la demanda, no comete error judicial, puesto que la\n actora Flores Muñoz ha reconocido dominio ajeno, en la\n persona de quien en vida se llamó Leonardo Bahamonde Cáceres,\n atinente al inmueble ubicado en la calle Machala N0 2633, objeto\n de la acción posesoria analizada, que obra en copias certificadas\n del expediente de desahucio (fs. 55 a 60 de primer grado). Por\n lo expuesto, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA\n Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se rechaza el recurso de casación\n por carecer de base legal. Se deja a salvo los derechos que pudiera\n tener la actora por su relación de conviviente que asegura\n ha mantenido. Sin costas. Publíquese. Notifíquese.\n Cúmplase con el Art. 19 de la Ley de Casación.

\n\n

-Fdo.) Dres. Olmedo Bermeo Idrovo, Bolívar Guerrero\n Armijos y Bolívar Vergara Acosta, (Ministros Jueces).

\n\n

f) Dr. Carlos Rodríguez García, Secretario Relator,\n que certifico.

\n\n

RAZON; Siento por tal que las dos copias que anteceden son\n auténticas, ya que fueron tomadas del juicio original\n N0 47 - 2000 que sigue Patricia del Rocío Flores contra\n Martín Bahamonde. Resolución N0 142 - 2001, cuyo\n cuadernillo de casación reposa en esta Secretaría.\n - Quito, a 5 de julio del 2001.

\n\n

f.) Dr. Carlos Rodríguez García, Secretario\n Relator de Segunda Sala de lo Civil.

\n\n

N0 145\n - 2001

\n\n

ACTOR: Mons. Germán Pavón\n Puente.
\n DEMANDADO: Alcídes Reinoso Utreras.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

\n\n

Quito, a 3 de abril del 2001; a las 10h10.

\n\n

VISTOS: Ha venido a conocimiento de la Sala este juicio verbal\n sumario, que por terminación de relaciones locativas sigue\n monseñor Germán Pavón Puente, en calidad\n de obispo de la Diócesis de Tulcán, en contra de\n Alcides Reinoso Utreras, relacionado al primer piso del edificio\n "La Dolorosa", ubicado en la Av. Coral entre Panamá\n y Venezuela, de la ciudad de Tulcán, para que funcione\n exclusivamente una panadería. El demandado Reinoso Utreras\n deduce recurso de casación (fs. 8 y vta, de segundo grado),\n objetando la sentencia expedida por la Corte Superior de Justicia\n de Tulcán (fs. 6 a 7 de segundo nivel), porque violenta\n las disposiciones contenidas en el Art. 28, literales a) y d)\n de la Ley de Inquilinato, fundando su recurso en las causales\n 1ra.y 3ra. del Art. 3 de la Ley de Casación, alegando\n "una errónea interpretación de las normas\n de derecho, incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios\n en estas sentencias; y, por cuanto además existe una indebida\n aplicación y errónea interpretación de los\n preceptos jurídicos aplicables a la valoración\n de la prueba, por cuanto han conducido a una equivocada aplicación\n de normas de derecho en esta sentencia" (sic). Agotada la\n sustanciación en este nivel, corresponde resolver, al'\n hacerlo, se considera: PRIMERO. - La competencia de la Sala se\n halla asegurada en atención del Art. 200 de la Constitución,\n en concordancia con el Art. 1 de la Ley de Casación y\n por el sorteo de 3 de julio del 2000 (fs. 1 de este cuaderno).\n SEGUNDO. - El Art. 28 de la Ley de Inquilinato, establece las\n causales para la terminación del contrato de arrendamiento\n por parte del arrendador, antes del vencimiento legal o convencional.\n Las letras a) y d), en su orden norman las causales de falta\n de pago de dos mensualidades y el destino distinto o ilícito\n del local arrendado, que se aseguran infringidos, no han sido\n violentados, por las razones siguientes: 2.1. En cuanto a la\n mora de las pensiones arrendaticias, resulta impertinente acusar\n tal violación puesto que el fallo analizado en modo alguno\n se funda en la causal a) del Art. 28 de la Ley de Inquilinato,\n para haber declarado terminada la locación. Además,\n no aparece documento alguno dentro del proceso que justifique\n el pago de las pensiones locativas que se aseguran insolutas,\n como tampoco sobre que éstas hayan sido pagadas, y siendo\n lo uno y lo otro lo que las partes alegan, correspondía\n a éstas probar sus respectivos asertos en atención\n al Art. 117 del Código de Procedimiento Civil. 2.2. En\n cuanto a la segunda, ciertamente el fallo analizado, basa la\n aceptación de la acción, en dicha causa de terminación\n de la locación, que se configura cuando el local arrendado\n se le ha dado por el arrendatario un destino diverso al convenido.\n En la especie, la inspección judicial afectada por el\n Juzgado Tercero de lo Civil del Carchi (fs. 32 vta, a 33 de primer\n grado), establece claramente que en el bien arrendado, se encuentran\n "camas, muebles y enseres que determinan claramente que\n el mezanine está siendo ocupado en calidad de vivienda\n del demandado y su familia (sic). TERCERO. - Esta Sala reiteradamente\n ha sostenido, constituyendo precedente jurisprudencial obligatorio,\n que no cabe la casación de oficio, no pudiendo suplir\n las deficiencias y falta de formalidad que debe respetar el recurso\n extraordinario de casación. Se le une, que no puede la\n Sala - a su arbitrio elegir la causal que ha sido perpetrada,\n si se apoya el recurso en los tres defectos que establecen en\n las causales 1ra. o 3ra. del Art. 3 de la Ley de Casación.\n En síntesis, el recurrente al señalar que se ha\n violado las normas de derecho, debió determinar las referentes\n a la evaluación de la prueba que alude, especificando,\n si esta equivocación se produjo por acción u omisión\n y la forma que incidiendo en la parte dispositiva, lo que no\n exhibe el escrito de recurso. Por lo expuesto, ADMINISTRANDO\n JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,\n se rechaza el recurso de casación deducido, por carecer\n de base legal. Sin costas, ni multas ni daños y perjuicios.\n Publíquese. Notifíquese. Cúmplase con el\n Art. 19 de la Ley de Casación.

\n\n

-Fdo.) Dres. Olmedo Bermeo Idrovo, Bolívar Guerrero\n Armijos y Bolívar Vergara Acosta, Ministros Jueces.

\n\n

f.) Dr. Carlos Rodríguez García, Secretario\n Relator, que certifica.

\n\n

RAZON: Las dos copias que anteceden son auténticas,\n ya que fueron tomadas del juicio original N0 169 - 2000, que\n sigue: Mons. Germán Pavón Puente, contra Alcides\n Ramoso Utreras. Resolución N0 145 - 2001. - Quito, a 5\n de julio del 2001.

\n\n

f) Dr. Carlos Rodríguez García, Secretario Relator\n de Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de\n Justicia.

\n\n

 

\n\n

N0 146\n - 2001

\n\n

ACTOR: Issac Vélez Calderón.
\n DEMANDADO: Hugo Ernesto Safady.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

\n\n

Quito, a 3 de abril del 2001; a las 10h20.

\n\n

VISTOS: Póngase en conocimiento de las partes la recepción\n del proceso. En lo principal, el demandado Hugo Ernesto Safadi\n Velásquez ha interpuesto recurso de casación, el\n catorce de septiembre del dos mil, fs. 4 y 5 del cuaderno de\n segundo nivel, objetando la sentencia dictada por la Cuarta Sala\n de la Corte Superior de Justicia de Portoviejo, el 7 de septiembre\n del mismo año, que revoca la sentencia dictada por el\n señor Juez Vigésimo Primero de lo Civil de Manabí,\n y acepta la demanda, dentro del juicio verbal sumario que por\n pago de valores sigue en su contra Isaac Clotario Vélez\n Calderón. El recurso ha sido concedido el 20 de septiembre\n del 2000, y se radicó la competencia por sorteo de 12\n de febrero del 2001. Con estos antecedentes, en aplicación\n al mandato del Art. 7 de la Ley Reformatoria a la Ley de Casación,\n publicada en el RO. N0 39 de 8 de abril de 1997, corresponde\n pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso y examinado el\n escrito de Hugo Ernesto Safadi Velásquez en que interpone\n recurso de casación, se establece: que reúne los\n requisitos de procedencia, oportunidad y legitimación\n previstos en los Art. 2, 4 y 5 reformados de la Ley de Casación,\n pero no cumple con las exigencias de formalidades prescritas\n en el Art. 6, numeral 3 de la Ley de Casación; pues, la\n recurrente cita la causal tercera como fundamento de su petición,\n y determina los vicios de falta de aplicación o errónea\n interpretación de los preceptos jurídicos a la\n valoración de la prueba. Circunstancia que resulta de\n todo ilógica y contradictoria, puesto que no se puede\n invocar los vicios de falta de aplicación y errónea\n interpretación de los preceptos jurídicos aplicables\n a la valoración de la prueba, a la vez, puesto estos son\n independientes, y autónomos y excluyentes entre sí,\n y tiene origen en fuentes distintas. En consecuencia, se rechaza\n el recurso de casación interpuesto, por falta de requisitos.\n - Notifíquese.

\n\n

Fdo.) Dres. Olmedo Bermeo Idrovo, Bolívar Guerrero\n Armijos y Bolívar Vergara Acosta, Ministros Jueces.

\n\n

f.) Dr. Carlos Rodríguez García, Secretario\n Relator, que certifica.

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RAZON: La copia que antecede es auténtica, ya que fue\n tomada del juicio original N0 41 - 2001 que sigue Isaac Vélez\n Calderón, contra Hugo Ernesto Safady. Resolución\n N0 146 - 2001. - Quito, a 5 de julio del 2001.

\n\n

f.) Dr. Carlos Rodríguez García, Secretario\n Relator de la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte\n Suprema de Justicia.

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N0 147\n - 2001

\n\n

ACTORES: Vicente Jaramillo Fierro y\n otra.
\n DEMANDADO: Nicolás Avellán Villavicencio.

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

\n\n

Quito, a 3 de abril del 2001; a las 10h30.

\n\n

VISTOS: Póngase en conocimiento de las partes la recepción\n del proceso. En lo principal, el demandado Nicolás Homero\n Avellán Villavicencio, ha interpuesto recurso de casación\n el 24 de agosto del 2000, (fs. 11 y 12 del cuaderno de segundo\n nivel) objetando la sentencia dictada por la Tercera Sala de\n la Corte Superior de Justicia de Guayaquil, expedida el 12 de\n junio del 2000, a las 09h00, en el juicio verbal sumario, que\n por terminación de contrato de arrendamiento, sigue en\n su contra el Ab. Manuel Parada Gallardo, en su calidad de Apoderado\n Especial y Procurador Judicial de Vicente Jaramillo Fierro y\n Ana Parada Palaquibay. La resolución impugnada que confirma\n la sentencia dictada por el Juez Quinto de lo Civil de Guayaquil,\n que acepta la demanda. El recurso fue concedido el 25 de octubre\n del 2000 y se ha radicado la competencia por sorteo de 8 de enero\n del 2001. Procede pronunciarse acerca de la admisibilidad del\n recurso, al efecto se considera: En aplicación al Art.\n 7 de la Ley de Casación, publicada en el RO. N0 39 de\n 8 de abril de 1997, y examinado el escrito presentado por Nicolás\n Homero Avellán Villavicencio, en que interpone el aludido\n recurso, se establece que cumple con los requisitos de procedencia,\n legitimación y oportunidad que establecen los Arts. 2,\n 4, y 5 (r); pero incumple con los requisitos formales previstos\n en el Art. 6 de la ley de la materia puesto que el demandado\n y recurrente al interponer su recurso de casación, invoca\n como fundamento del mismo la regla 5ta. del Art. 3, como causal,\n que establece: "Cuando la sentencia o auto no contuvieren\n los requisitos exigidos por la ley o en su parte dispositiva\n se adoptan decisiones contradictorias o incompatibles".\n En la especie, el recurrente hace un enunciado general del cargo\n o infracción que contiene la sentencia impugnada, remitiéndose\n a la causal 5ta. que contempla el Art. 3, pero no precisa en\n ningún apartado de su escrito de impugnación cuáles\n son los requisitos exigidos por la ley y no contenidos en la\n sentencia recurrida; como tampoco indica cuáles son las\n decisiones contradictorias o incompatibles que contiene la misma\n resolución impugnada; elementos sin los cuales este Tribunal\n de Casación no puede decidir sobre si se ha violado o\n no disposición de orden sustantiva o de orden procedimental,\n que amerite un análisis exhaustivo que conduzca a corregir\n la ilegalidad cometida por el Tribunal de instancia. Es preciso\n recordar que es obligación del impugnante determinar en\n forma precisa y clara cuáles son las disposiciones que\n el juzgador de nivel inferior ha omitido o contravenido al dictar\n su resolución; aspectos que permitirán emitir un\n pronunciamiento lo más acertado sobre la ilegalidad impugnada.\n En consecuencia, por no reunir las formalidades exigidas en la\n ley, se rechaza el recurso de casación interpuesto. -\n Notifíquese.

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Fdo.) Dres. Olmedo Bermeo Idrovo, Bolívar Guerrero\n Armijos y Bolívar Vergara Acosta, (Ministros Jueces).

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f) Dr. Carlos Rodríguez García, Secretario Relator,\n que certifica.

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RAZON: La una fotocopio que antecede es igual y fue tomada\n del juicio original N0 4 - 2001, que sigue Vicente Jaramillo\n Fierro y otra, contra Nicolás Avellán Villavicencio.\n Resolución N0 147 - 2001.

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Quito, a 5 de julio del 2001.

\n\n

f) Dr. Carlos Rodríguez García, Secretario Relator\n de Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de\n Justicia.

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N°\n 149 - 2001

\n\n

ACTOR: Segundo Cedeño Zamora.
\n DEMANDADA: Aída Vásquez de Chávez.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

\n\n

Quito, a 3 de abril del 2001; a las\n 10h50.

\n\n

VISTOS: Ha llegado a esta Sala por recurso de casación\n interpuesto por la parte demandada, Ing. Alda Vásquez\n de Chávez dentro del juicio de prescripción adquisitiva\n de dominio, que en su contra sigue Segundo Corinto Cedeño\n Mora; encontrándose la causa en estado de resolver, para\n hacerlo, se hacen las siguientes consideraciones: PRIMERO. -\n Esta Sala es competente para conocer y resolver el presente juicio\n en virtud del mandato constitucional constante en el Art. 200,\n en relación con el Art. 1 de la Ley de Casación\n y del sorteo de ley de fecha 29 de julio de 1996. SEGUNDO. -\n La casacionista contrae el recurso a impugnar la sentencia subida\n en grado, por violación de los artículos 117, 118,\n 119, 125 primer inciso y 127 del Código de Procedimiento\n Civil y el artículo 7 y 2423 del Código Civil,\n aduciendo errónea interpretación y errónea\n aplicación de los preceptos jurídicos aplicables\n a la valoración de la prueba. TERCERO. - La Ley de Casación\n vigente a la época de interponer el presente recurso establecía\n la obligatoriedad de ciertos requisitos formales constantes en\n el artículo 6 de la Ley de Casación en el numeral\n 3, determinación de las causales en que se funda, nuestra\n ley tiene cinco causales, entendiéndose por tal, al motivo,\n a la circunstancia específica, previamente establecida\n en la ley para que proceda el recurso. Cada una de las causales\n contienen en sí mismas los denominados cargos o vicios\n de que puede adolecer una sentencia, por manera que, el que impugna\n una sentencia por vía de casación, debe hacerlo\n con fundamento en las causales establecidas por la ley, indicando\n por qué cargo o vicio censura el fallo subido en grado;\n al decir de Humberto Murcia Bailén: "las causales\n de casación vienen a constituir el piso o la base sobre\n las cuales se deben edificar los cargos, los ataques, las objeciones,\n o las censuras, términos, éstos, que al fin y al\n cabo, son sinónimos, y que el recurrente le formula a\n la sentencia impugnada", mal puede entonces proceder un\n recurso al que le falta la base o el sustento. Al señalar\n la ley (Art. 6) requisitos obligatorios para que el recurso de\n casación admitido sea examinado en el fondo, su falta\n u omisión impide al juzgador resolver sobre las cuestiones\n de fondo contenidas en el recurso, por lo que al ser la casación\n un recurso extraordinario, eminentemente formal y de aplicación\n estricta, este Tribunal no puede corregir de oficio las omisiones\n del recurrente, peor, aún en el caso de inferir la Sala\n a qué causal debió referirse el accionante, los\n vicios que imputa a la sentencia impugnada son contradictorios\n entre sí, pues éstos, gozan de autonomía\n e individualidad no pudiendo existir a la vez errónea\n interpretación y errónea aplicación de los'\n mismos preceptos jurídicos, ya que la errónea interpretación\n ocurre cuando el precepto, la disposición legal es la\n precisa para el caso, pero el juzgador ad - quem le dio un sentido\n o alcance que no le corresponde; y, la indebida aplicación\n ocurre cuando el juzgador hace obrar un precepto o disposición\n legal en un caso que ésta no regula o contempla. Sin necesidad\n de otras consideraciones, la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil\n ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD\n DE LA LEY, rechaza el recurso de casación interpuesto,\n por no reunir los requisitos exigibles de procedibilidad del\n recurso. Notifíquese.

\n\n

Fdo.) Dres. Olmedo Bermeo Idrovo, Bolívar Guerrero\n Armijos y Bolívar Vergara Acosta, (Ministros Jueces).

\n\n

f) Dr. Carlos Rodríguez García, Secretario Relator,\n que certifica.

\n\n

RAZON: La dos fotocopias que anteceden son iguales y fueron\n tomadas del juicio original N° 259 - 96, que sigue Segundo\n Cedeño Zamora, contra Alda Vásquez de Chávez.\n Resolución N0 149 - 2001.

\n\n

Quito, a 5 de julio del 2001.

\n\n

f.) Dr. Carlos Rodríguez García, Secretario\n Relator de Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema\n de Justicia.

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N0 150\n - 2001

\n\n

ACTORA: Magllory Martínez Baracaldo.
\n DEMANDADO: Galo Sarmiento Rodas.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

\n\n

Quito, a 3 de abril del 2001; a las 11h00.

\n\n

VISTOS: Ha venido a conocimiento de la Sala, este juicio verbal\n sumario en que ha entablado la acción de divorcio por\n Magllory Lucía Baracaldo contra Eduardo Sarmiento Rodas,\n fundada en las causales 2da., 3era., 4ta. y 11va. del Art. 109\n del Código Civil (fs. 3 de primer grado). La Quinta Sala\n de la Corte Superior de Justicia de Quito, ha citado sentencia\n (fs. 9 y vta, de segunda instancia), revocando la del inferior\n y en su lugar rechaza la demanda. Inconforme con esta decisión,\n la actora deduce recurso de casación objetando la sentencia,\n determinando como normas infringidas los Arts. 119, 121, 211,\n 853 y 1062 del Código de Procedimiento Civil, fundándose\n en las causales 1ra, y 3ra. del Art. 3 de la Ley de Casación.\n Agotado el trámite en este nivel, corresponde resolver,\n al hacerlo se considera: PRIMERO. - La competencia de la Sala\n se halla asegurada en atención al Art. 200 de la Constitución,\n en armonía con el Art. 1 de. la Ley de Casación.\n SEGUNDO. - La Sala en aplicación del Art. 9 (r) de la\n Ley de Casación, debe calificar la admisión o el\n rechazo, del recurso, al efecto, se considera: 2.1. El recurso\n ha sido deducido dentro del término legal, por parte procesal\n legitimada, que ha recibido agravio, dentro de un juicio de conocimiento,\n tomándolo, oportuno, y legitimado. 2.2. Revisado el recurso,\n textualmente dice: "2. Las normas de derecho infringidas\n corresponden a los Arts. 119, 121, 211, 853 y 1062 del Código\n de Procedimiento Civil. 3. Fundo el presente recurso en la causal\n primera y tercera del Art. 3 de la Ley de Casación, publicada\n en el Registro Oficial N0 192 de 18 de mayo de 1993", de\n esta transcripción, se concluye que la recurrente, técnicamente\n no ha especificado cuál de las tres circunstancias, contenidas\n en las causales 1ra. y 3ra. del Art. 3 de la Ley de Casación,\n se ha producido, ya que las mismas contienen situaciones y presupuestos\n diferentes, contradictorios y hasta excluyentes, dado que las\n normas legales anotadas corresponden a una ley procesal, en donde\n determinarse la forma en que ha conducido una equivocada aplicación\n o a la no aplicación de normas de derecho en la sentencia,\n situación que no aparece. Sin embargo, la lectura del\n recurso, permite extraer la expresión "apreciado\n en conjunto determinar la justificación de la causal 11va.,\n inciso 1ro. del Art. 109 del Código Civil, sin embargo\n al pronunciarse sentencia se ha emitido la aplicación\n de ese principio de apreciación de la prueba" (sic),\n que a atender de la recurrente fundamenta la falta de aplicación\n de la sana crítica en la valoración probatoria.\n Mas, no se encuentra que tal vicio la procedendo, se haya configurado\n en la sentencia cuestionada, dado que en el considerando cuarto\n se limita el Tribunal de Alzada a ejercer la facultad establecida\n en el inciso final del Art. 119, valorando las testificales que\n han estimado decisivas para fallar; además, que al parecer\n la accionante busca que se valore nuevamente la prueba actuada,\n hecho éste que no le esta facultado al Tribunal de Casación,\n por ser atribución privativa de los jueces de instancia.\n Por lo expuesto, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA\n Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se rechaza el recurso de casación\n por falta de base legal. Sin costas. Publíquese. Notifíquese.\n Cúmplase con el Art. 19 de la Ley de Casación.

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-Fdo.) Dres. Olmedo Bermeo Idrovo, Bolívar. Guerrero\n Armijos y Bolívar Vergara Acosta, (Ministros Jueces).

\n\n

f) Dr. Carlos Rodríguez García, Secretario Relator,\n que certifica.

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RAZON: La copia que antecede es auténtica, ya que fue\n tomada del juicio original N0 1176 - 93 que sigue Magllory Martínez\n Baracaldo, contra Galo Sarmiento Rodas. Resolución N0\n 150 - 2001.

\n\n

Quito, a 5 de julio del 2001.

\n\n

f.) Dr. Carlos Rodríguez García, Secretario\n Relator de Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema\n de Justicia.

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N° 155 - 2001

\n\n

ACTOR: Carlos Palacios Urgilés.
\n DEMANDADO: Guillermo Serpa Morejón.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

\n\n

Quito, a 11 de abril del 2001; a las 08h20.

\n\n

VISTOS: Interpone recurso de casación el accionante\n Dr. Carlos Palacios Urgilés, objetando el fallo pronunciado\n por la Tercera Sala de la Corte Superior de Justicia del Azuay,\n que revoca la sentencia dictada por el Juez Segundo de lo Civil\n de Cuenca, en el juicio ordinario propuesto contra Guillermo\n Serpa Morejón, en base de un cheque protestado con la\n leyenda de anulado. Como el juicio se encuentra en estado de\n resolución, se considera: PRIMERO. - La Sala es competente\n para conocer el recurso de casación interpuesto en virtud\n de lo dispuesto en el Art. 200 de la Constitución Política\n de la República, que está en relación con\n el Art. 1 de la Ley de Casación, toda vez que el juicio\n fue sorteado el 26 de febrero de 1996, correspondiendo su conocimiento\n a la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil. SEGUNDO. - El recurrente\n manifiesta que se han infringido las siguientes normas legales\n sustantivas y procesales como la de los Arts. 13, 24. 27,41,44,45\n de la Ley de Cheques; 125, 117, 127, 119 del Código de\n Procedimiento Civil; y, 2241 del Código Civil. Fundamenta\n su recurso en las causales primera, segunda y tercera de la Ley\n de Casación, sin mencionar el artículo ni precisar\n el vicio imputado de los tres que señalan las referidas\n causales del Art. 3. Apoya su recurso en que el demandado manifiesta\n que consta de autos que hizo anular el cheque, pero que de acuerdo\n con las certificaciones adjuntas, nunca hizo el demandado la\n denuncia respectiva a la autoridad competente; además\n que en la confesión judicial rendida por el demandado\n se probó que fue él mismo quien giró el\n cheque, razón por la cual el Juez de primera instancia\n hace relación a lo dispuesto en el Art. 2241 del Código\n Civil, situación en la que ha incurrido el demandado y\n que no ha sido analizado ni violada. Concluye que su confesión\n judicial señala que el cheque materia de esta causa fue\n endosado

 

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