Registro Oficial

Registro Oficial. 25 de JUNIO del 2001

Lunes, 25 de junio de 2001

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

\n \n \n \n
   MES DE JUNIO DEL 2001
\n \n \n \n
\n

\n
 
\n

 REGISTRO OFICIAL
ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR
Administración del Sr. Dr. Gustavo Noboa Bejarano
Presidente Constitucional de la República
\n

Lunes 25 de Junio del 2001

\n

REGISTRO OFICIAL No. 354

\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n

DR. JOSE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR

\n

\n\n

FUNCION\n LEGISLATIVA:
\n  
\n EXTRACTO
\n
 
\n
22-683 Proyecto  de Ley \n de condonación y  exoneración del  pago\n de consumo de  energía eléctrica y  agua\n potable a favor  de las instituciones de  asistencia\n social
\n  

\n\n

FUNCION\n EJECUTIVA:
\n  
\n RESOLUCIONES
\n  
\n MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
\n
 
\n
037 Exceptúase de los procedimientos\n precontractuales a la impresión de ciento cincuenta y\n cuatro mil tarjetas de visita a parques nacionales; y, adjudícase\n dicha contratación al Instituto Geográfico Militar\n
\n  
\n 038 Exceptúase de los\n procedimientos precontractuales a la impresión de cincuenta\n mil tarjetas de control migratorio; y, adjudícase dicha\n contratación al Instituto Geográfico Militar
\n  

\n\n

FUNCION\n JUDICIAL
\n  
\n CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA ESPECIALIZADA DE LO FISCAL
\n
           \n
\n Recursos de casación en los juicios seguidos por las\n siguientes personas:
\n  
\n
43-93 Exportadora e Importadora González\n Cía. Ltda. en contra del Ministro de Finanzas y Crédito\n Público y otro
\n  
\n 117-93 Cemento Nacional C.A.\n en contra del Director Nacional de Avalúos y Catastros\n
\n  
\n 7-97 Industrias Bedibel S.A.\n en contra de la Directora General del Servicio de Rentas Internas\n
\n  
\n
29-98 Compañía Intermediaria\n de Seguros S.A. en contra de la Directora General del Servicio\n de Rentas Internas
\n  
\n
41-98 Graciano Silva Fiallos en contra del\n Subsecretario General del Ministerio de Finanzas y Crédito\n Público
\n  
\n
69-98 José Peralta Hidalgo en contra\n del Subsecretario General del Ministerio de Finanzas y Crédito\n Público
\n  
\n
77-98 Marco Sánchez en contra del Subsecretario\n General del Ministerio de Finanzas y Crédito Público\n
\n  
\n
87-98 Manuel Charro Guamba en contra del Subsecretario\n General del Ministerio de Finanzas y Crédito Público\n
\n  
\n 91-98 Jaime Moscoso en contra\n del Subsecretario General del Ministerio de Finanzas y Crédito\n Público
\n  
\n 93-98 Gasolinera Oriente en\n contra del Subsecretario General del Ministerio de Finanzas y\n Crédito Público
\n  
\n 127-98 Gasolinera Siglo XXI\n en contra del Subsecretario General del Ministerio de Finanzas\n y Crédito Público
\n  
\n 145-98 Adolfo Tamayo en contra\n del Subsecretario General del Ministerio de Finanzas y Crédito\n Público

\n\n

ACUERDO\n DE CARTAGENA
\n  
\n RESOLUCION:
\n
           \n
\n
511\n Dictamen\n 06-2001 de cumplimiento por parte de la República Bolivariana\n de Venezuela por otorgar los permisos fitosanitarios para la\n importación de uvas y mandarinas procedentes de Perú\n
\n  
\n
PROCESOS:
\n
           \n
\n
53-AI-99 Acción de incumplimiento formulada\n por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra\n la República del Ecuador, por supuesto incumplimiento\n del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal,\n del artículo 155 del Acuerdo de Cartagena y de la Resolución\n 226 de la Secretaría General
\n  
\n
26-AI-2000 Acción de incumplimiento interpuesta\n por  la Secretaría General de la Comunidad \n Andina contra la  República de Colombia, por \n supuesto incumplimiento de los artículos 5o.  del \n convenio de complementación en el  sector automotor,\n celebrado entre Colombia,  Ecuador y Venezuela el 13 de \n septiembre de 1993 y  publicado mediante Resolución\n 355  de la Junta del Acuerdo de  Cartagena, y 4o.  \n del Tratado de Creación  del Tribunal de  Justicia\n de  la Comunidad Andina
\n  
\n
28-AI-2000 Acción de incumplimiento interpuesta\n por la Secretaria General de la Comunidad Andina contra la República\n de Venezuela, por supuesto incumplimiento del Art. 98 del Acuerdo\n de Cartagena; del Art. 3 del Convenio de Complementación\n en el sector automotor  suscrito entre  Colombia, Ecuador\n y Venezuela, el 13 de septiembre de 1993,  aprobado mediante\n Resolución No. 355 de  la Junta; del Art. 4 \n del Tratado de Creación del Tribunal; de  las Decisiones\n 282, 370 de  la Comisión y de la Resolución\n 172 de  la Secretaría General
\n  
\n 5-IP-2001 Interpretación\n prejudicial de los artículos 81 y 83, letra a) de la Decisión\n 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada\n por el Consejo de Estado de la República de Colombia,\n Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.\n Además, el Tribunal procederá a interpretar de\n oficio los literales d) y e) del Art. 83, y Art. 84 de la misma\n Decisión. Proceso Interno No.  6093. Actor: INVERMEC.\n Marca ACERO DIAMANTE + GRAFICA
\n  
\n
08-IP-2001 Solicitud de interpretación prejudicial\n de los artículos 81 y 82 párrafo d) de la Decisión\n 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; formulada\n por el Consejo de Estado de la República de Colombia,\n Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,\n con motivo del proceso interno No. 5477 iniciado por la Cía.\n Química Borden S.A., relativo a la nulidad del registro\n " DOMESTICO "
\n  
\n
ORDENANZA\n MUNICIPAL
\n
           \n
\n - Cantón Palenque: Reformatoria\n que reglamenta el distributivo de sueldos y salarios de los funcionarios,\n empleados y trabajadores y gastos de representación, responsabilidad\n y residencia
\n

\n \n
\n
\n

 

\n\n

CONGRESO\n NACIONAL

\n\n

EXTRACTO DEL PROYECTO DE LEY

\n\n

ART. 150 DE LA CONSTITUCION POLITICA

\n\n

NOMBRE: "DE CONDONACION Y EXONE-RACION\n DEL PAGO DE CON-SUMO DE ENERGÍA ELECTRICA Y AGUA POTABLE\n A FAVOR DE LAS INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL".

\n\n

CODIGO: 22 - 683.

\n\n

AUSPICIO: H. KAISER AREVALO BARZALLO.

\n\n

INGRESO: 07 - 06 - 2001.

\n\n

COMISION: DE LO ECONOMICO, AGRARIO, INDUSTRIAL Y COMERCIAL.

\n\n

FECHA DE ENVIO
\n A COMISION: 08 - 06 - 2001.

\n\n

FUNDAMENTOS:

\n\n

La sociedad mecanizada y globalizada ha debilitado el núcleo\n familiar, por lo que son comunes los casos de personas pertenecientes\n a los grupos vulnerables abandonados a su suerte por sus familiares,\n en instituciones de asistencia público, dichas entidades\n que pretenden llenar el vacío que dejan los familiares\n de los desvalidos, merced a la actual crisis económica\n están en grave riesgo de paralizarse, aumentando la indigencia\n en el país.

\n\n

OBJETIVOS BÁSICOS:

\n\n

Para fomentar el deporte se ha expedido una ley que exonera\n a los escenarios públicos del pago por consumo de energía\n eléctrica y de agua potable, siendo un acto de justicia\n y solidaridad, condonar y exonerar dichos pagos a las instituciones\n de asistencia social.

\n\n

CRITERIOS:

\n\n

Las instituciones de asistencia social adeudan millonarias\n cuentas por la utilización de servicios básicos\n y las subvenciones privada y estatal no cubren sus necesidades\n elementales, para atender a personas pertenecientes a los grupos\n vulnerables.

\n\n

f.) Dr. Andrés Aguilar Moscoso, Secretario General\n del Congreso Nacional.

\n\n

 

\n\n

No. 037

\n\n

EL MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, de conformidad con el artículo 27 del Reglamento\n a la Ley Forestal y de Conservación de Areas Naturales\n y Vida Silvestre, dispone que la emisión de los derechos\n de ingreso de turistas y de utilización de servicios de\n las áreas naturales, es de exclusiva facultad del Ministerio\n de Economía y Finanzas,

\n\n

Que, el artículo 118 de la Ley de Régimen Tributario\n Interno manifiesta que es facultad del Ministro de Finanzas y\n Crédito Público fijar el valor de las especies\n fiscales, incluidos los pasaportes;

\n\n

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo\n 1 del Decreto Legislativo No. 014, publicado en el Registro Oficial\n No. 92 de 27 de marzo de 1967, reformado por el artículo\n 9 del Decreto Supremo No. 1065 - A, publicado en el Registro\n Oficial No. 668 de 28 de octubre de 1974, en concordancia con\n lo previsto en el artículo 1 del Acuerdo Ministerial No.\n 488, publicado en el Registro Oficial No. 690 de 12 de octubre\n de 1978. el Instituto Geográfico Militar es el único\n organismo autorizado para que, en sus propios talleres y con\n la intervención de un delegado del Ministerio de Economía\n y Finanzas o del Ministerio de Obras Públicas, en su caso,\n imprima timbres, papel lineado, estampillas y más especies\n valoradas que la Administración Pública requiera;

\n\n

Que, al tenor de lo prescrito en el artículo 2 del\n Decreto Legislativo No. 014 antes mencionado, los contratos de\n impresión de especies referidas, serán suscritos\n entre el Ministerio correspondiente y el Instituto Geográfico\n Militar;

\n\n

Que, mediante memorando No. 094 de 28 de marzo del 2001, el\n Jefe de Economía y Finanzas de la División de Especies\n Fiscales de la Subsecretaría de Tesorería de la\n Nación del Ministerio de Economía y Finanzas, recomienda\n la emisión e impresión de 154.000 tarjetas de visita\n a parques nacionales, de acuerdo a las especificaciones señaladas\n en el memorando de la referencia;

\n\n

Que, en oficio No. SPYC - DNT - 2000 1087 de 30 de marzo del\n 2001, el Subsecretario de Tesorería de la Nación,\n Enc., manifiesta, estar de acuerdo con la emisión e impresión\n de las especies detalladas en el citado memorando No. 094;

\n\n

Que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 3 del\n Acuerdo Ministerial No. 488, publicado en el Registro Oficial\n No. 690 de 12 de octubre de 1978, el Ministro de Economía\n y Finanzas mediante Acuerdo Ministerial No. 107 de 25 de abril\n del 2001, autorizó la impresión y emisión\n de ciento cincuenta y cuatro mil tarjetas de visita a parques\n nacionales;

\n\n

Que, con oficio No. 2001 - 387 - IGM - lE - f de 16 de mayo\n del 2001, el Director del Instituto Geográfico Militar,\n remite al Ministerio de Economía y Finanzas, la cotización\n correspondiente a la impresión de las especies valoradas\n cuya emisión fue autorizada con Acuerdo Ministerial No.\n 107 de 25 de abril del 2001;

\n\n

Que, según se desprende de la certificación\n de fondos No. 1 74 - CEP - DP - 200 1 de 18 de mayo del 2001,\n existen los fondos suficientes para la impresión de las\n especies valoradas referidas en el párrafo anterior, en\n la partida presupuestaria No. 1130 - 0000 - F450 - 000 - 00 -\n 00 - 530299 - 002 - 0 denominada "Servicios Generales M\n E F

\n\n

Que, conforme lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley\n de Cartografía Nacional, publicada en el Registro Oficial\n No. 643 de 4 de agosto de 1978, el Instituto Geográfico\n Militar es una entidad de derecho público y personería\n jurídica, autonomía administrativa y patrimonio\n propio;

\n\n

Que, el literal k) del artículo 6 de la Codificación\n de la Ley de Contratación Pública, exceptúa\n de los procedimientos precontractuales a los contratos "que\n celebren el Estado con entidades del sector público, éstas\n entre sí, o aquel o éstas con empresas cuyo capital\n suscrito pertenezca, por lo menos en las dos terceras partes,\n a entidades de derecho público o de derecho privado con\n finalidad social o pública"; y,

\n\n

En ejercicio de la facultad que le confieren el literal k)\n del artículo 6 de la Ley de Contratación Pública,\n y el artículo 3 de su reglamento general,

\n\n

Resuelve:

\n\n

Art. 1. - Exceptuar, de los procedimientos precontractuales\n a la impresión de ciento cincuenta y cuatro mil tarjetas\n de visita a parques nacionales, y, adjudicar dicha contratación\n al Instituto Geográfico Militar, por un valor total de\n diecisiete mil doscientos cuarenta y ocho dólares de los\n Estados Unidos de América (US$ 17.248,00) más el\n valor del impuesto al valor agregado IVA, de acuerdo al siguiente\n detalle:

\n\n

VALOR EN DOLARES CANTIDAD
\n US$ 0.20 20.000
\n US$ 0.40 47.000
\n US$ 0.60 6.000
\n US$ 0.80 37.500
\n USS 1.20 6.000
\n US$ 1.60 1.000
\n US$ 3.50 2.500
\n USS 5.00 10.000
\n US$ 7.00 8.000
\n US$ 10.00 8.000
\n US$ 20.00 8.000

\n\n

Art. .2. - La presente resolución entrará en\n vigencia a partir de su expedición.

\n\n

Dado en el Distrito Metropolitano de la ciudad de San Francisco\n de Quito, a 5 de junio del 2001.

\n\n

f.) Jorge Gallardo, Ministro de Economía y Finanzas.\n Es copia, certifico.

\n\n

f) Julio César Moscoso S., Secretario General del Ministerio\n de Economía y Finanzas.

\n\n

5 de junio del 2001.

\n\n

 

\n\n

No. 038

\n\n

EL MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, de conformidad con el artículo 7 del Reglamento\n a la Ley de Migración, los ecuatorianos para abandonar\n el país, deberán obtener la autorización\n de salida del servicio de migración de la Policía\n Nacional, que será extendida en el formulario denominado\n tarjeta de control migratorio, previa la presentación\n del pasaporte válido y vigente, y una vez que comprueben\n que pueden cumplir con los requisitos legales de admisión\n en el país de destino, de acuerdo con la calidad migratoria\n invocada;

\n\n

Que, el artículo 118 de la Ley de Régimen Tributario\n Interno manifiesta que es facultad del Ministro de Finanzas y\n Crédito Público fijar el valor de las especies\n fiscales, incluidos los pasaportes;

\n\n

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo\n 1 del Decreto Legislativo No. 014, publicado en el Registro Oficial\n No. 92 de 27 de marzo de 1967, reformado por el artículo\n 9 del Decreto Supremo No. 1065 - A, publicado en el Registro\n Oficial No. 668 de 28 de octubre de 1974, en concordancia con\n lo previsto en el artículo 1 del Acuerdo Ministerial No.\n 488, publicado en el Registro Oficial No. 690 de 12 de octubre\n de 1978, el Instituto Geográfico Militar es el único\n organismo autorizado para que, en sus propios talleres y con\n la intervención de un delegado del Ministerio de Economía\n y Finanzas o del Ministerio de Obras Públicas, en su caso,\n imprima timbres, papel lineado, estampillas y más especies\n valoradas que la Administración Pública requiera;

\n\n

Que, al tenor de lo prescrito en el artículo 2 del\n Decreto Legislativo No. 014 antes mencionado, los contratos de\n impresión de especies referidas, serán suscritos\n entre el Ministerio correspondiente y el Instituto Geográfico\n Militar;

\n\n

Que, mediante memorando No. 134 de 10 de mayo del 2001, el\n Jefe de Economía y Finanzas de la División de Especies\n Fiscales de la Subsecretaria de Tesorería de la Nación\n del Ministerio de Economía y Finanzas, recomienda la emisión\n e impresión de cincuenta mil tarjetas de control migratorio;

\n\n

Que, en oficio No. SPYC - DNT ­ 2001 1579 de 11 de mayo\n del 2001, el Subsecretario de Tesorería de la Nación,\n Enc., manifiesta, estar de acuerdo con la emisión e impresión\n de cincuenta mil tarjetas de control migratorio de acuerdo con\n las características detalladas en el memorando No. 134\n de 10 de mayo del 2001;

\n\n

Que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 3 del\n Acuerdo Ministerial No. 488, publicado en el Registro Oficial\n No. 690 de 12 de octubre de 1978, el Ministro de Economía\n y Finanzas mediante Acuerdo Ministerial No. 129 de 15 de mayo\n del 2001 autorizó la impresión y emisión\n de cincuenta mil tarjetas de control migratorio;

\n\n

Que, con oficio No. 2001 - 410 - IGM - f de 16 de mayo del\n 2001, el Director del Instituto Geográfico Militar, remite\n al Ministerio de Economía y Finanzas, la cotización\n correspondiente a la impresión de las especies valoradas\n cuya emisión fue autorizada con Acuerdo Ministerial No.\n 129 de 15 de mayo del 2001;

\n\n

Que, según se desprende de la certificación\n de fondos No. 1 73 - CEP - DP - 200 1 de 18 de mayo del 2001,\n existen los fondos suficientes para la impresión de las\n especies valoradas referidas en el párrafo anterior, en\n la partida presupuestaria No. 11 30 - 0000 - F450 - 000 - 00\n - 00 - 530299 - 002 - 0 denominada "Servicios Generales\n M E F";

\n\n

Que, conforme lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley\n de Cartografía Nacional publicada en el Registro Oficial\n No. 643 de 4 de agosto de 1978, el Instituto Geográfico\n Militar es una entidad de derecho público y personería\n jurídica, autonomía administrativa y patrimonio\n propio;

\n\n

Que, el literal k) del artículo 6 de la Codificación\n de la Ley de Contratación Pública, exceptúa\n de los procedimientos precontractuales a los contratos "que\n celebren el Estado con entidades del sector público, éstas\n entre sí, o aquel o éstas con empresas cuyo capital\n suscrito pertenezca, por lo menos en las dos terceras partes,\n a entidades de derecho público o de derecho privado con\n finalidad social o pública"; y,

\n\n

En ejercicio de la facultad que le confieren el literal k)\n del artículo 6 de la Ley de Contratación Pública,\n y el artículo 3 de su reglamento general,

\n\n

Resuelve:

\n\n

Art. 1. - Exceptuar, de los procedimientos precontractuales\n a la impresión de cincuenta mil tarjetas de control migratorio,\n y, adjudicar dicha contratación al Instituto Geográfico\n Militar, por un valor total de dos mil seiscientos cincuenta\n dólares de los Estados Unidos de América (US$ 2650,00)\n más el valor del impuesto al valor agregado IVA.

\n\n

Art. 2. - La presente resolución entrará en\n vigencia a partir de su expedición.

\n\n

Dado en el Distrito Metropolitano de la ciudad de San Francisco\n de Quito, a 5 de junio del 2001.

\n\n

f.) Jorge Gallardo, Ministro de Economía y Finanzas.

\n\n

Es copia, certifico.

\n\n

f) Julio César Moscoso S., Secretario General del Ministerio\n de Economía y Finanzas.

\n\n

5 de junio del 2001.

\n\n

 

\n\n

No. 43\n - 93

\n\n

EN EL JUICIO DE PAGO INDEBIDO QUE SIGUE\n LA SEÑORA EDITH GONZALEZ, REPRESENTANTE LEGAL DE EXPORTADORA\n E IMPORTADORA GONZALEZ CIA. LTDA. EN CONTRA DEL MINISTRO DE FINANZAS\n Y CREDITO PUBLICO.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SALA ESPECIALIZADA DE LO FISCAL

\n\n

Quito, 16 de mayo del 2001;las 08h15

\n\n

VISTOS: La licenciada Edith González, representante\n legal de Exportadora e Importadora González Cia. Ltda.,\n el 23 de septiembre de 1980, interpone recurso de casación\n en contra de la sentencia de 12 de los propios mes y año,\n expedida por la Tercera Sala del Tribunal Fiscal, dentro del\n juicio No. 6146 - 1193 - 1015 de pago indebido propuesto por\n la empresa en contra del Ministro de Finanzas y del Gerente del\n Banco Central. Concedido el recurso, la actora ha determinado\n los puntos a los que se contrae con escrito de 16 de octubre\n de 1980 y el Gerente del Banco Central y el Ministro de Finanzas\n han producido las correspondientes contestaciones con los escritos\n de 23 de los propios mes y año y del 5 de noviembre de\n 1980, en su orden. Habiéndose pedido los autos para resolver,\n se considera: PRIMERO. - Esta Sala es competente para conocer\n el recurso en conformidad a lo previsto en el inciso segundo\n de la Disposición Transitoria Décimo Sexta de la\n Ley No. 20, publicada en el Suplemento del Registro Oficial 93\n de 23 de diciembre de 1992. SEGUNDO. - La empresa fundamenta\n el recurso en la causal 5 del Art. 329 del Código Tributario\n y en el escrito que determina los puntos a los que se contrae\n el mismo sustente: que el Art. 10 del Decreto Supremo 2183, publicado\n en el Registro Oficial 517 de 31 de enero de 1978 es una norma\n tributaria; que el Art. 447 del Código Tributario, establece\n que sus normas prevalecerán sobre otros cuerpos legales,\n por lo que no es aplicable al caso las disposiciones del Código\n Civil; que el Art. 444 del Código Tributario deroga las\n normas que se le opongan; que al Art. 1 del Decreto Supremo mencionado\n debe aplicarse el Art. 11 del Código Tributario, norma\n que prevé que los plazos o términos se computarán\n continuos cuando se los expresa en meses o años y en días\n hábiles cuando se expresan en días; que el plazo\n establecido en el Art. 1° aludido es suspensivo, pues, durante\n ese lapso se mantiene suspensa la aplicación de la escala\n impositiva establecida en el Acuerdo 000393 de julio de 1977,\n que el efecto habría sido diferente si el Art. 10 de la\n referencia se hubiese referido a meses en lugar de días;\n que el registro de los contratos de venta del café, la\n obtención de los permisos de importación y la liquidación\n de los impuestos sólo puede hacerse en días y horas\n laborables, lo cual explica que el plazo de sesenta días\n previsto en el indicado Art. 1° se refiera a días\n hábiles; y, que las entidades demandadas no han opuesto\n la excepción respecto a la afirmación de la empresa\n de que el plazo en cuestión debe computarse en conformidad\n al Art. 11 del Código Tributario. Concluye solicitando\n se case la sentencia impugnada, pues, al expedírsela se\n ha violado el Art. 11 del Código Tributario. El Banco\n Central en su contestación alega: que el plazo contemplado\n en el Art. 1° del Decreto Supremo 2183 nada tiene relación\n con el transcurso de días hábiles o no hábiles\n y debe calcularse con calendario en mano; que el papel de ese\n plazo es determinar el número de exportaciones las cuales\n se realizan tanto en días hábiles como en días\n inhábiles; y, que el plazo mencionado está en relación\n al hecho puro y simple de las exportaciones no en relación\n a ninguna obligación o trámite tributario. El Ministro\n de Finanzas en su contestación argumente; que el plazo\n contemplado en el decreto supremo indicado se ha de entender\n simple y llanamente como sesenta días calendario sin que\n sea admisible la aplicación que se pretende del Art. 11\n del Código Tributario; que la interpretación del\n Art. 11 del Código Tributario que procura la empresa,\n rifle con el Art. 12 del propio Código que se refiere\n a la significación económica de las leyes tributarias;\n y, que con anterioridad se han expedido fallos sobre el tema\n discutido los cuales constituyen precedente que debe aplicarse\n al tenor del Art. 293 del Código Tributario. TERCERO.\n - La discrepancia entre la empresa y las entidades demandadas\n se contrae así el periodo de tiempo previsto en el Art.\n 10 del Decreto Supremo 2183 se ha de calcular como plazo, es\n decir tomando en cuenta todos los días o si se ha de calcular\n como término, vale decir tomando en cuenta, únicamente\n los días hábiles. La clarificación de este\n punto servirá para establecer si la empresa pudo o no\n beneficiarse con la reducción de la tarifa impositiva\n en la exportación de café y en consecuencia establecer\n si tienen derecho a que se le devuelvan los valores pagados por\n impuesto a la exportación. CUARTO. - Para resolver el\n diferendo es necesario referirse a la naturaleza de la disposición\n contenida en el numeral 1° del Decreto Supremo 2183, publicado\n en el Registro Oficial 517 de 31 de enero de 1978, cuyo tenor\n literal es como sigue: "Durante 60 días contados\n a partir del 15 de diciembre de 1977, los impuestos que deben\n satisfacer todas las exportaciones de café crudo o verde,\n tostado en grano, tostado molido, cáscara y cascarilla\n de café, serán liquidados aplicándose la\n más baja escala (26.5 por ciento advalorem FOB) de la\n tabla impositiva mediante Acuerdo Interministerial No. 00393\n de 29 de julio de 1977, ratificada mediante Acuerdo Interministerial\n No. 820 de 8 de agosto del mismo año y promulgado en el\n Registro Oficial No. 407 de 24 de agosto de 1977; por tanto declárase\n válidas las autorizaciones para exportación otorgadas\n desde esa fecha, en las condiciones constantes en este artículo.\n - En consecuencia, durante el período antes anotado, suspéndense\n la vigencia del artículo 1° del Decreto Supremo No.\n 1392 de 4 de mayo de 1977, promulgado en el Registro Oficial\n No. 338 de fecha 17 de los mismos mes y año". La\n norma transcrita es de carácter tributario, pues, modifica\n la tarifa impositiva que se había venido aplicando a la\n exportación de café. El artículo 4 del Código\n Tributario que se encontraba vigente a la época, prevé\n que las leyes tributarias, entre otros elementos, determinarán",\n la cuantía del tributo o la forma de establecerla".\n Tal disposición es claramente aplicable al presente caso.\n El artículo 11 del Código Tributario se aparte\n del sistema general consignado en el Código Civil y estatuye\n que no existe diferencia entre plazos y términos; únicamente\n cabe distinguir entre períodos de tiempo "plazos\n o términos" al decir de este artículo, que\n se expresan en años o meses y aquellos otros que se expresan\n en días. En la disposición transcrita se prevé\n el período de tiempo de sesenta días, no el de\n dos meses. En consecuencia en el caso que se dilucida, debía\n contarse sólo los días hábiles, de lo que\n se deduce que la tarifa aplicable a las exportaciones efectuadas\n por la empresa actora debían satisfacer la tarifa más\n baja de la escala, o sea el 26.5 por ciento ad valórem\n FOB. Habiendo en los hechos pagado una tarifa mayor, hecho que\n no se discute, se encuentra que existe un pago excesivo. La sentencia\n impugnada, respecto de la diferencia forma de contar lo sesenta\n días viola el artículo 11 del Código Tributario.\n En mérito de las consideraciones expuestas, la Sala de\n lo Fiscal de la Corte Suprema, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE\n DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, casa la sentencia\n expedida por la Tercera Sala del Tribunal Fiscal de 12 de septiembre\n de 1980 y se ordena restituir a la empresa los valores pagados\n en exceso con los intereses respectivos, en conformidad al artículo\n 21 del Código Tributario. Notifíquese, publíquese\n y devuélvase.

\n\n

Fdo.) Dres. Hernán Quevedo Terán, Alfredo Contreras\n Villavicencio y José Vicente Troya Jaramillo, Ministros\n Jueces.

\n\n

Certifico. - f) Dr. Fausto Murillo Fierro, Secretario.

\n\n

Es conforme con el original. - Quito, 30 de mayo del 2001.

\n\n

f) Dr. Fausto Murillo Fierro, Sala de lo Fiscal, Secretario.

\n\n

 

\n\n

No. 117\n - 93

\n\n

EN EL JUICIO DE IMPUGNACION QUE SIGUE\n EL SEÑOR CARLOS ROMO LEROUX, REPRESENTANTE DE LA CEMENTO\n NACIONAL CA. EN CONTRA DEL DIRECTOR NACIONAL DE AVALUOS Y CATASTROS.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SALA ESPECIALIZADA DE LO FISCAL

\n\n

Quito, 15 de mayo del 2001; las 17h45.

\n\n

VISTOS: El Dr. Manuel Velasco Enríquez, Procurador\n del Director Ejecutivo de Avalúos y Catastros del Ministerio\n de Finanzas el 16 de julio de 1991, interpone recurso de casación\n de la sentencia No. 2940 dictada por la Segunda Sala del Tribunal\n Fiscal de la República el 11 de junio de 1991. Concedido\n el recurso el recurrente ha determinado los puntos sobre los\n que se contrae el recurso que ha sido aceptado por le Tribunal\n de Casación conformado por las salas Tercera y Primera\n del Tribunal Fiscal de acuerdo a lo establecido en el Art. 330\n del Código Tributario vigente a esa fecha, una vez que\n la empresa La Cemento Nacional ha dado contestación al\n traslado corrido con el recurso interpuesto, al haberse pedido\n autos para resolver, se considera: PRIMERO. - La Sala es competente\n para conocer el recurso según lo previsto en el inciso\n 2do. de la Disposición Transitoria Sexta de la Ley No.\n 20, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 93 de\n 23 de diciembre de 1992, reformatoria de la Constitución\n Política de la República. SEGUNDO. - El Procurador\n del Director de Avalúos y Catastros del Ministerio de\n Finanzas sostiene que en sentencia de la que recurre ha violado\n el Art. 338 de la Ley de Régimen Municipal, norma que\n estima ha sido mal aplicada porque su literal b) establece que\n si las instalaciones industriales situadas en un predio rústico\n tienen por finalidad la elaboración de productos con materia\n prima extraña a la producción del predio, no figurarán\n en el catastro de la propiedad rural sea cual sea su valor y\n el rendimiento neto que de ellas se obtenga estará sujeto\n al impuesto a la renta. Considera que el cemento que produce\n La Cemento Nacional no es un producto agropecuario y que las\n únicas instalaciones industriales que no causan el impuesto\n predial son las que sirven para el procesamiento de productos\n agropecuarios como manda el literal a) del citado Art. 338 y\n que por esos motivos los edificios y más instalaciones\n de la empresa La Cemento Nacional no gozan de la exención\n del tributo sino que deben formar parte del avalúo del\n predio y tributar el impuesto predial rústico ya que incluso\n la empresa ha pagado ese impuesto en 1985 y 1986 en que se consideraron\n las edificaciones, como lo hacen las instalaciones industriales\n del país. Piensa que con la sentencia dictada por la Segunda\n Sala del Tribunal Fiscal se causa perjuicio irreparable a los\n municipios del país. Que en la sentencia recurrida se\n mencionan otras sentencias las que, en su opinión corresponden\n a casos muy distintos porque se refieren a infraestructuras de\n urbanizaciones, etc., y que el hecho imponible en el impuesto\n predial rústico constituye el valor del predio en la forma\n señalada por el Art. 338 de la Ley de Régimen Municipal\n y porque según el Art. 293 del Código Tributario\n las sentencias dictadas constituyen precedentes que deben tomarse\n en cuenta para no incurrir en fallos contradictorios. Pide que\n se deje sin efecto la sentencia recurrida. En el escrito con\n el que la empresa La Cemento Nacional contesta el traslado corrido\n con el recurso de casación interpuesto argumente que,\n según conste de la fundamentación del recurso,\n éste se contrae a un solo punto de la sentencia, de los\n siete puntos que contiene, el mismo que se relaciona con el punto\n relativo a la orden de eliminar de la base de cálculo\n o material, imponible, los valores correspondientes a las construcciones\n e instalaciones indus-triales que se encuentran en el predio\n Cerro Blanco situado en la parroquia Chongón y en concreto\n se opone a la declaratoria de nulidad del titulo de crédito\n emitido con violación de los artículos 150 y 151\n numeral 4 del Código Tributario. Que respecto del recurso\n interpuesto debe señalar que según el Art. 329\n del Código Tributario, el recurso de casación sólo\n tendrá lugar por violación de leyes tributarias\n en los casos que taxativamente señala ese artículo\n y que la sentencia recurrida no ha violado disposición\n legal alguna de carácter tributario por el hecho tributario\n por el hecho de no haberse considerado que la empresa La Cemento\n Nacional tributó en 1985 y 1986 sobre el valor de las\n construcciones e instalaciones ubicadas en el predio Cerro Blanco,\n ni por el hecho de que otros contribuyentes hayan venido tributando\n sobre construcciones industriales no destinadas al procesamiento\n de productos agropecuarios, ya que los errores de hecho y de\n derecho en que incurren los contribuyentes no son fuentes del\n Derecho Tributario tu son normas legales. Que la sentencia recurrida\n tampoco ha violado disposición legal alguna de carácter\n tributario por el hecho de que como consecuencia de la misma\n los municipios del país dejen de recaudar (indebidamente)\n el impuesto predial sobre construcciones e instalaciones industriales\n para procesar materias primas no producidas en los respectivos\n predios y que en la forma en que se ha planteado el recurso,\n seria la ley y no la sentencia judicial la que ha causado lo\n que impropiamente denominase perjuicio, por el recurrente. Que\n respecto de la supuesta violación del Art. 338 de la Ley\n de Régimen Municipal en la sentencia recurrida el recurrente\n expresa que no son elementos deducibles para establecer la base\n imponible del impuesto predial rústico las instalaciones\n y construcciones industriales situadas en el predio Cerro Blanco,\n no existe razón alguna para recurrir de la sentencia puesto\n que lo que dice la norma contenida en la letra b) del Art. 338\n citada, es que las instalaciones industriales no deben formar\n parte del catastro, cualquiera fuese su valor, es decir que esa\n maquinaria e instalaciones no son elementos integrantes del avalúo\n del predio rústico y por ende no están gravadas\n con el impuesto predial, situación que se repite en la\n letra a) del mismo Art. 338 y que no pueden confundirse como\n hace el recurrente con las situaciones de exoneración\n del impuesto reguladas por el Art. 343 de la Ley de Régimen\n Municipal, ya que se trata de situaciones jurídicas distintas\n y de lo que se concluye que la sentencia recurrida no ha hecho\n otra cosa que aplicar en debida forma lo establecido por el Art.\n 338 de la Ley de Régimen Municipal. Que, de otra parte,\n existe jurisprudencia similar a la sentencia recurrida la que,\n obrando de autos ponen de manifiesto que la sentencia las tuvo\n en consideración por ser precedentes de aplicación\n de la ley. Por lo anotado pide desechar el recurso. TERCERO.\n - De acuerdo a lo que disponía el Art. 329 del Código\n Tributario, derogado en diciembre de 1992, el recurso de casación\n sólo podía interponerse por violación de\n leyes tributarias en cualquiera de los casos determinados en\n el citado artículo. Examinado el recurso interpuesto por\n el Procurador del Director de Avalúos y Catastros del\n Ministerio de Finanzas en contra de la sentencia dictada por\n la Segunda Sala del Tribunal Fiscal de la República el\n 11 de junio de 1991, poniendo término al juicio No. 11454\n seguido por La Cemento Nacional, no se encuentra identificación\n con ninguna de las situaciones establecidas en el Art. 329 del\n Código Tributario, ya que en el escrito de fundamentación\n ni siquiera se hace referencia a una o más de tales situaciones\n que son pasadas por alto teniendo en cuenta que el recurso de\n casación tiene por objeto examinar las presuntas violaciones\n de la ley que se pudieron haber cometido en la sentencia. El\n recurrente debe por su parte demostrar que esos supuestos se\n han dado efectivamente, lo cual no sucede en el presente caso,\n motivo por el cual el recurso resulta infundado y falto de sustentación\n legal. CUARTO. - La Sala de lo Fiscal de la Corte Suprema de\n Justicia tiene dictados fallos de casación en asuntos\n similares en los que se hace una clara diferenciación\n entre lo que postulan los artículos 338 y 343 de la Ley\n de Régimen Municipal que trata de situaciones jurídicas\n distintas, ya que mientas la primera norma regula las situaciones\n de hechos que no integran la base imponible del impuesto predial\n rústico, la segunda norma se refiere a situaciones de\n exoneración de ese impuesto, es decir casos en los que\n se causa el impuesto pero que por dispensa legal no se lo debe\n pagar, tal es el caso del fallo No. 119 - 93 de 24 de junio de\n 1998, publicado en el Registro Oficial No. 377 de 6 de agosto\n de 1998 en que el recurso se interpuso precisamente por la Oficina\n de Avalúos y Catastros del Ministerio de Finanzas, que\n a la final se lo desestimó. La sentencia recurrida no\n ha violado el Art. 338 de la Ley de Régimen Municipal\n que ha sido aplicado correctamente. En mérito a lo que\n queda expuesto, la Sala de lo Fiscal de la Corte Suprema de Justicia,\n ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD\n DE LA LEY, desecha el recurso interpuesto. Sin costas. Notifíquese,\n publíquese y devuélvase.

\n\n

Fdo.) Dres. Hernán Quevedo Terán, Alfredo Contreras\n Villavicencio y José Vicente Troya Jaramillo, Ministros\n Jueces.

\n\n

Certifico. - f) Dr. Fausto Murillo Fierro, Secretario.

\n\n

Es conforme con el original. - Quito, 30 de mayo del 2001.

\n\n

f) Dr. Fausto Murillo Fierro, Sala de lo Fiscal, Secretario.

\n\n

 

\n\n

No. 7\n - 97

\n\n

EN EL JUICIO DE IMPUGNACION QUE SIGUE\n EL SEÑOR MAURO GARCIA RIOS, REPRESENTE DE INDUSTRIAS LAS\n BEDIBEL S.A. EN CONTRA DE LA DIRECTORA GENERAL DEL SERVICIO DE\n RENTAS INTERNAS.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SALA ESPECIALIZADA DE LO FISCAL

\n\n

Quito, 26 de marzo del 2001; las 09h00.

\n\n

VISTOS: El Dr. Rodolfo Carabajo Rivas, Procurador de la Autoridad\n Fiscal, mediante escrito de obra de fs. 82 a 87 del cuaderno\n de instancia, interpone recurso de casación de la sentencia\n expedida por la Tercera Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal\n No. 1 de Quito, el 2 de diciembre de 1996, mediante la cual,\n reconociendo la aceptación tácita producida, respecto\n al recurso de reposición que ha presentado el Sr. Mauro\n García Ríos, Gerente General y representante legal\n de Industrias Bedibel S.A., deja sin efecto las resoluciones\n Nos. 3181 y 9249 de 27 de mayo de 1994 y de 22 de agosto de 1995,\n por las cuales se le imponía al actor las multes en concepto\n de no presentación de las declaraciones de impuesto al\n IVA y retenciones en la fuente por los años de 1990 a\n 1993 en los meses que en las mismas resoluciones se indica. -\n Señala como causal del recurso la primera del Art. 3 de\n la Ley de Casación, que prevé la aplicación\n indebida, falte de aplicación o errónea interpretación\n de normas de derecho en la sentencia, que han sido determinantes\n en su parte dispositiva y como norma de derecho infringida, la\n del Art. 2 del Código Tributario que establece que las\n disposiciones de este Código y las demás leyes\n tributarias prevalecerán sobre toda otra norma de leyes\n generales o especiales y que solo podrán ser modificadas\n o derogadas por disposición expresa de otra ley destinada\n específicamente a tales fines. Manifiesta que esta disposición\n no ha sido acatada en la sentencia y que en su lugar se' aplicó\n el plazo establecido en la Ley de Modernización, pese\n a que los plazos (para el silencio administrativo negativo),\n establecidos en el Código Tributario no han sido derogados.\n - Fundamente el recurso además, alegando la incompetencia\n del Tribunal Distrital de lo Fiscal para conocer de la impugnación\n en referencia pues estima que el mismo es un órgano de\n resolución de los conflictos sobre negativas, diferencias\n y en general sobre asuntos litigiosos, mas no para conocer hechos\n no controvertidos, como sería la aceptación tácita\n del recurso presentado. alega también que 'no existe derogación\n expresa de los artículos 102, 125, 126, 136 y 137 del\n Código Tributario por el Art. 21 de la Ley 05 en virtud\n de que el Art. 2 del Código Tributario norma especial\n sobre la materia establece que las disposiciones que este cuerpo\n legal y demás leyes tributarias, solo podrán ser\n modificadas o derogadas por disposición expresa de otra\n ley destinada específicamente a times tributarios. Arguye\n que el artículo 21 de la Ley 05 solo se refiere a la Administración\n Fiscal y no a la Administración Tributaria, formulando\n al efecto una serie de disquisiciones para establecer las diferencias\n entre una y otra. - Finalmente argumente la imposibilidad de\n aplicar el Art. 21 (de la Ley 05) toda vez que, estima que la\n aceptación tácita de las peticiones reclamos o\n recursos interpuestos por los contribuyentes, constituyen un\n imposible jurídico, qué daría lugar a que\n los contribuyentes contrariando disposiciones legales de carácter\n tributario, que tienen la calidad de especiales y especialísimas,\n puedan llevar a la administración a verdaderos absurdos\n (SIC). - Concedido que ha sido el recurso y enviado el expediente\n a esta Sala Especializada de lo Fiscal de la Corte Suprema de\n Justicia, mediante providencia del 27 de enero de 1997, se ha\n dispuesto correr traslado con el mismo al señor Mauro\n García Ríos, Gerente General - al de Industrias\n Bedibel S.A., concediéndole el plazo de quince días\n hábiles para que le conteste fundamentalmente, quien,\n al hacerlo, en su escrito de contestación que obra de\n fs. 35 a 38 del cuaderno de casación manifiesta: que el\n recurso de casación propuesto no cumple con los requisitos\n señalados en la ley para su procedencia, pues el numeral\n 4 del Art. 6 de la Ley de Casación establece que en el\n escrito de interpretación del recurso deberá obligatoriamente\n constar los fundamentos n que, se apoya al igual que la explicación\n sobre la forma en que cada una de las causales expuestas en el\n mismo ha influido en la parte dispositiva de la sentencia. -\n Que el recurso planteado por la Administración Tributaria\n pretende fundamentarse en la primera causal del Art. 3 de la\n Ley de Casación que prevé la aplicación\n indebida, falta de aplicación o errónea interpretación\n de las normas de derecho en la sentencia y que han sido determinantes\n en su parte dispositiva, sin que se haya llegado a precisar la\n supuesta aplicación indebida,, las normas que han dejado\n de aplicarse o las que han sido erróneamente interpretadas,\n así como tampoco la forma como los supuestos errores han\n influido en la parte dispositiva de la sentencia. - Que la única\n y somera invocación que el recurrente hace a la primera\n causal del Art. 3 de la Ley de Casación, no le libera\n de la obligación de señalar expresamente en que\n consistieron los errores de los ministros juzgadores del Tribunal\n Distrital de lo Fiscal y de que modo ellos influyeron en la disposición\n contenida en la sentencia, pues la norma invocada contiene alternativas\n que no pueden alegarse en su conjunto. - Que la casación\n propuesta no solo es improcedente en la forma sino también\n en el fondo, en virtud de las reflexiones que sobre cada uno\n de estos aspectos formula en el numeral quinto de su escrito\n de contestación al recurso. - Finalmente señala\n que, como de las exposiciones constantes en su escrito ha quedado\n claro que en la sentencia no ha existido aplicación indebida\n o impertinente de las normas legales señaladas y ni siquiera\n una referencia incorrecta peor aún una aplicación\n inoportuna por lo cual solícita, que la Sala desecha la\n casación propuesta. - Pedidos que han sido los autos para\n resolver se considera: PRIMERO. - La Sala es competente para\n conocer el recurso en conformidad al Art. 1 de la Ley de Casación.\n SEGUNDO. - De las exposiciones anteriores, tanto de la Autoridad\n Tributaria proponente del recurso 'como de la contestación\n al mismo presentada por parte del Gerente General y representante\n legal del Industrias Bedibel S.A., conste y aparece que la disposición\n legal que el recurrente estima ha sido indebidamente aplicada\n en la sentencia, es la contenida en el Art. 21 de la Ley 05,\n reformatoria de la Ley No. 051, reformatoria a su vez de la Ley\n de Régimen Tributario Interno, y que está promulgada\n en el Registro Oficial No. 396 de 10 de marzo de 1994, qué\n manda sustituir la disposición primera final de la Ley\n 51 por la siguiente: "A partir del 1 de enero de 1995, en\n todos los casos en que el Código Tributario y demás\n leyes prevean o no plazos específicos para resolver o\n atender peticiones, reclamaciones o recursos de los contribuyentes,\n la Administración Fiscal tendrá el plazo de ciento\n veinte días para pronunciarse. - Si vencido el plazo señalado\n en el artículo anterior no hubiere pronunciamiento expreso\n respecto de las peticiones, reclamaciones o recursos que se presenten\n a partir de la fecha indicada, el silencio administrativo se\n considerará como aceptación tácita de los\n mismos. - El funcionario por cuya causa se hubiera producido\n una aceptación tácita, por silencio administrativo,\n podrá ser removido de su cargo, sin perjuicio de las acciones\n a que haya lugar contra él de conformidad con las normas\n legales pertinentes". - El recurrente, sustente la inaplicabilidad\n e impertinencia de la norma transcrita a la especie, amparado\n a su vez, en el contenido del Art. 2 del Código Tributario\n que dispone: "las disposiciones de éste Código\n y las demás leyes tributarias, prevalecerán sobre\n toda otra norma, de leyes generales o especiales y solo podrán\n ser modificadas o derogadas por disposición expresa de\n otra ley destinada específicamente a tales ítems.\n - En consecuencia, no serán aplicables por la Administración\n ni por los órganos jurisdiccionales las leyes y decretos\n que de cualquier manera contravenga este precepto". - Con\n fundamento en esta disposición, el recurrente sostiene\n que las normas del Art. 102 del Código Tributario que\n establece como consecuencia de la falta de resolución\n de la Autoridad Tributaría en los plazos fijados en los\n artículos 125, 136 y 137 del mismo Código, la denegación\n tácita de la petición, reclamación o recurso\n respectivo y facultando al interesado al ejercicio de la acción\n que corresponda, se encuentra vigente por no haber sido como\n no podían ser derogado por el tantas veces citado Art.\n 21 de la Ley 05. - No es ni puede ser aceptable el razonamiento\n ni punto de vista del recurrente que queda antes expuesto, entre\n otras por las siguientes acotaciones: a) La disposición\n del Art. 21 de la Ley 05 que anteriormente quedó transcrita,\n contiene efectivamente una reforma al texto del Art. 102 del\n Código Tributario cuando en forma clara dispone que a\n partir del 1 de enero de 1995 en todos los casos, sin excepción\n alguna, en que el Código Tributario y demás leyes\n prevean o no plazos especiales para resolver o atender las peticiones,\n reclamaciones o recursos de los contribuyentes, la Administración\n Fiscal tendrá el plazo de ciento veinte días para\n pronunciarse y que de no hacerlo en este plazo se ha de tener\n este silencio o falta de pronunciamiento expreso de la administración,\n como una aceptación del reclamo o recurso formulado. Claramente\n se observa del tenor literal del artículo en mención\n que el Legislador está cambiando sustancialmente el contenido\n del tantas veces referido artículo 102 del Código\n Tributario en dos aspectos fundamentales a saber primero, en\n cuanto señala un 'plazo máximo único dentro\n del cual la administración debe contestar las peticiones,\n reclamaciones o recursos del contribuyente esto es en ciento\n veinte 'días a contarse de la fecha de su presentación\n y segundo en cuanto establece como consecuencia del incumplimiento\n de este plazo la aceptación tácita a favor del\n contribuyente, respecto al contenido de su solicitud, recurso\n o planteamiento. - Pretender que en base a la disposición\n del artículo 20 del Código Tributario que dispone\n que las normas del Código Tributario solo pueden ser derogadas\n en forma expresa por otra ley tributaria, equivaldría\n como lo ha venido manteniendo esta Sala en otros fallos similares\n a restar la facultad que la Constitución de la República\n otorga en el numeral 5 del artículo 130 al Congreso Nacional\n para, "Expedir, reformar y derogar las leyes e interpretarlas\n con carácter generalmente obligatorio.". - No cabe\n duda que la norma del Art. 21 de la Ley 05 que venimos comentando,\n contiene no una reforma tácita de los artículos\n 102, 125, 136 y 137 del Código Tributario, sino una derogación\n de los mismos y sustitución terminante de su contenido,\n si se considera que derogación tácita es aquella\n en la cual la norma posterior es contradictoria o incompatible\n con la anterior en tanto que la derogación expresa es\n aquella en la cual, categóricamente el Legislador deja\n sin efecto la ley anterior para sustituirle por la posterior,\n tal y como efectivamente sucede en la especie, en la cual el\n artículo 21 largamente mencionado de la Ley 05, en forma\n categórica, establece un nuevo plazo para' la atención\n a los requerimientos peticiones o reclamaciones de los contribuyentes\n por parte de la administración y señala una nueva\n y diferente consecuencia jurídica para el evento del no\n cumplimiento de estos plazos, cual es la aceptación tácita\n del reclamo. - La sentencia recurrida al haber aplicado el contenid

 

Change password



Loading..