Registro Oficial

Registro Oficial. 24 de ABRIL del 2001

Martes, 24 de abril de 2001

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

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   MES DE ABRIL\n DEL 2001

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 REGISTRO OFICIAL
ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR
Administración del Sr. Dr. Gustavo Noboa Bejarano
Presidente Constitucional de la República
\n

 Martes 24 de Abril del 2001

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REGISTRO OFICIAL No. 312

\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n

DR. JOSE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR

\n\n

FUNCION\n EJECUTIVA:

\n\n

ACUERDO

\n\n

MINISTERIO\n DE AGRICULTURA
\n
 
\n 091 Dispónese la publicaciòn\n de la lata plaguicida y productos afines de agrìcola registrados\n hasta del 2000, en el Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria-\n SESA
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RESOLUCIONES:

\n\n

ACUERDO\n DE CARTAGENA

\n\n

473 Decano de reconsideración presentado\n por el Gobierno de Perú contra la Resolución 419\n de la Secretaria General

\n\n

474\n Recurso\n de reconsideración presentado por el Gobierno de Perù\n contra la Resoluciòn 441 de la Secretaria General

\n\n

ORDENANZA\n MUNICIPAL

\n\n

-\n Cantòn San Vicente:\n De uso del\n espacio de la vìa pùblica\n

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N°\n 091

\n\n

EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que con Decreto Ejecutivo N0 939, publicado en el Registro\n Oficial N0 233 de 15 de julio de 1993, se expide el Reglamento\n General de Plaguicidas y Productos Afines de Uso Agrícola;

\n\n

Que el citado reglamento en el Art. 15 establece la obligatoriedad\n de publicar en el Registro Oficial los plaguicidas que se encuentren\n inscritos en el registro del Ministerio de Agricultura y Ganadería,\n para que éstos puedan ser comercializados libremente:

\n\n

Que con memorando N0 138 SESA de 6 de febrero del 2001, el\n Director General del SESA, solicita expedir el presente acuerdo\n ministerial con la finalidad de publicar los plaguicidas y productos\n afines de uso agrícola registrados en el Servicio Ecuatoriano\n de Sanidad Agropecuaria; y,

\n\n

En ejercicio de la facultad conferida en el Art. 176 de la\n Constitución Política del Ecuador,

\n\n

Acuerda:

\n\n

Artículo único. - Disponer la publicación\n de la lista de plaguicidas y productos afines de uso agrícola,\n registrados hasta diciembre del 2000, en el Servicio Ecuatoriano\n de Sanidad Agropecuaria, SESA, según el documento que\n se adjunta y forma parte de este acuerdo.

\n\n

Comuníquese y publíquese. - Dado en Quito, a\n 4 de abril del 2001.

\n\n

f) lng. Galo Plaza Pallares, Ministro de Agricultura y Ganadería.

\n\n

Ministerio de Agricultura y Ganadería. - Es fiel copia\n del original. - Lo certifico. - f.) Director Administrativo Financiero.\n - Quito, 4 de abril del 2001.

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(Anexo 24ABT1;2)

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RESOLUCION\n 473

\n\n

Recurso de Reconsideración presentado\n por el Gobierno de Perú contra la Resolución 419\n de la Secretaria General

\n\n

LA SECRETARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA,

\n\n

VISTOS: El Capitulo V del Acuerdo de Cartagena, la Decisión\n 425 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores\n y la Resolución 4 1 9 de la Secretaría General;\n y,

\n\n

CONSIDERANDO: Que, con fecha 9 de agosto del 2000, la Secretaría\n General emitió la Resolución 419, publicada el\n 11 de agosto del 2000 en la Gaceta Oficial No. 591, mediante\n la cual se determinó que el cobro de derechos específicos\n por parte del Gobierno de Perú, establecidos mediante\n el Decreto Supremo 0016 - 91 - AG, del 30 de abril de 1991, a\n las importaciones de los siguientes productos:

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MAIZ

\n\n

1005.90.11.00 Maíz duro, amarillo
\n 1005.90.12.00 Maíz duro, blanco
\n 1005.90.90.90 Los demás
\n 1007.00.90.00 Sorgo

\n\n

ARROZ
\n 1006.10.90.00 Los demás
\n 1006.20.00.00 Arroz descascarillado
\n 1006 .30.00.00 Arroz blanqueado, incluso pulido
\n 1006.40.00.00 Arroz partido

\n\n

AZUCAR
\n 1701.11.90.00 Azúcar de caña, en bruto
\n 1701.12.00.00 Azúcar de remolacha
\n 1701 .99.00.90 Los demás azúcares, refinados

\n\n

LACTEOS
\n 0402.10.10.00 En envases inmediatos de contenido neto inferior\n o igual a 2,5 Kg.
\n 0402.10.90.00 Las demás
\n 0402.21.11.00 En envases inmediatos de contenido neto inferior\n o igual a 2,5 Kg.
\n 0402.21.19.00 Las demás
\n 0402.21.91.00 En envases inmediatos de contenido neto inferior\n o igual a 2,5 kg.
\n 0402.21.99.00 Las demás
\n 0402.29. 11.00 En envases inmediatos de contenido neto inferior\n o igual a 2,5 kg.
\n 0402.29.19.00 Las demás
\n 0402.29.91.00 En envases inmediatos de contenido neta inferior\n o igual a 2,5 Kg.
\n 0402.29.99.00 Las demás
\n 0405.90.10.00 Mantequilla (manteca) deshidratada

\n\n

Originarios de los Países Miembros, constituye un 'gravamen"\n a los efectos del Capitulo V sobre Programa de Liberación\n del Acuerdo de Cartagena. En la misma Resolución antes\n referida, se le otorgó al Gobierno de Perú un plazo\n de veinte (20) días calendario para que cumpla con el\n levantamiento de las restricciones antes señaladas;

\n\n

Que, con fecha 18 de septiembre del 2000, el Gobierno de Colombia\n se dirigió a la Secretaria General señalando que\n no obstante haber vencido el plazo otorgado al Gobierno de Perú\n en la Resolución 419, dicho Gobierno continuaba cobrando\n el derecho específico al que se refiere dicha Resolución,\n adjuntando copia de la Declaración de Aduana 4200204 donde\n consta dicho cobro. La comunicación fue reiterada el 20\n de septiembre del 2000;

\n\n

Que, con fecha 25 de septiembre del 2000, el Gobierno de Perú\n solicitó, dentro del término legal previsto en\n el artículo 44 de la Decisión 425, la reconsideración\n de la Resolución 419 de la Secretaria General, bajo los\n argumentos siguientes:

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1. "La Decisión 414 al establecer el cronograma\n de desgravación en su artículo 1°, estableció\n que la misma se aplicada sobre la base de los "gravámenes"\n aplicados por el Perú a la importación de productos\n provenientes de terceros países.

\n\n

Es claro que la Comisión de la CAN, en uso de las facultades\n extraordinarias que le otorgó el Protocolo de Sucre, definió\n los términos del Programa de Liberación para el\n Perú, determinando que el Perú desgravada gradualmente\n las subpartidas señaladas en los siete anexos de la Decisión\n 414, sobre la base de la totalidad de los gravámenes que\n aplica a las importaciones de países de fuera de la Subregión.

\n\n

2. Asimismo, el Programa de Liberación del Acuerdo\n de Cartagena fue diseñado con el objetivo de eliminar\n los gravámenes y restricciones de todo orden que incidan\n sobre la importación de productos originarios de la Subregión\n y, en este sentido, fue aplicado a los demás Países\n Miembros.

\n\n

3. El Perú cuenta en la actualidad con dos niveles\n de Derechos Ad Valorem CIF, una tasa de 12% y otra equivalente\n al 20%. Asimismo, cuenta con una sobretasa del 5% que afecta\n a un grupo de partidas arancelarias, pertenecientes a los dos\n niveles de Derechos Ad Valorem. Por otro 'lado, existe un mecanismo\n llamado Sistema de Derechos Específicos Variables, mediante\n el cual un reducido grupo de partidas (20) están sujetas\n a una sobretasa variable según las fluctuaciones de los\n precios internacionales de referencia de dichos productos. Cabe\n destacar que estas partidas se encuentran comprendidas dentro\n del grupo de partidas gravadas con la sobretasa fija del 5%.\n (el subrayado es nuestro).

\n\n

4. Lo referido en el numeral anterior conforma el conjunto.\n de derechos aduaneros que el Perú aplica a las importaciones\n de terceros países, constituyéndose en gravámenes\n de acuerdo a la definición contenida en el referido Capitulo\n V del Programa de Liberación del Acuerdo de Cartagena.\n (subrayado nuestro).

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5. Por ello, desde la aprobación de la Decisión\n 414 el Perú aplica las preferencias acordadas en el cronograma\n de desgravación, a las importaciones provenientes de los\n Países Miembros, sobre la base de los gravámenes\n aplicados a terceros países.

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6. Cabe destacar que este tratamiento preferencial sólo\n se le otorga a nuestros socios andinos, ya que en ningún\n otro acuerdo comercial se ha concedido la desgravación\n de los derechos específicos, es decir, únicamente\n se desgrava el arancel.

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7. Asimismo, mediante la Resolución 069, citada como\n antecedente de la Resolución 419 impugnada, la Secretaria\n General reconoce como válido el argumento presentado por\n el Perú en 'el presente caso, al pronunciarse expresamente\n como sigue:

\n\n

"Que aun en el supuesto negado que quedaran dudas sobre\n el hecho de que la situación excepcional de Perú\n no comprendiera el tratamiento aplicable a las restricciones\n al comercio, éstas son resueltas definitivamente por la\n Decisión 414. que expresamente se refiere en su parte\n resolutiva únicamente a los gravámenes, los cuales\n se sujetan a cronograma especial de desgravación

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8. Concluye el Gobierno de Perú señalando que:

\n\n

a) Los términos en los que el Perú aplicará\n el Programa de Liberación se hallan plasmados en la Decisión\n 414.

\n\n

b) La última parte del articulo 1 de la Decisión\n 414 dispone que la aplicación de los márgenes de\n preferencia acordados se realiza sobre los gravámenes\n que el Perú impone a terceros países. Al respecto.\n el Perú se halla cumpliendo plenamente lo dispuesto en\n esta Decisión andina.

\n\n

c) El artículo 72 del Acuerdo de Cartagena no restringe\n el significado del término gravamen siendo esta definición\n la base para el Programa de Liberación establecido por\n la Comisión, para ser aplicado al comercio del Perú\n con los demás Países Miembros.

\n\n

Que, con fecha 16 de octubre del 2000, el Gobierno de Perú,\n de conformidad con el artículo 68 de la Decisión\n 425, solicitó la designación de un experto especial,\n con la finalidad de que formule un informe en el caso materia\n del presente pronunciamiento;

\n\n

Que, con fecha 17 de octubre del 2000, mediante comunicación\n SG - F/4.2. 1/02455/2000 la Secretaría General acusó\n recibo de la solicitud del Gobierno de Perú antes referida,\n informándole que. de conformidad con el articulo 68 de\n la Decisión 425. en el procedimiento de reconsideración\n de la Resolución 419 se designaba como experto especial\n al Dr. Jorge Vega Castro;

\n\n

Que, con fecha 16 de noviembre del 2000, el experto especial\n Dr. Jorge Vega Castro emitió el Informe de Experto Especial\n No. 001 - 2000 solicitado por el Gobierno recurrente, señalando\n que:

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1. El Protocolo de Sucre del 25 de junio de 1997 establece\n que el Programa de Liberación para d comercio entre el\n Perú y los demás Países Miembros será\n reprogramado de tal manera de lograr el pleno funcionamiento\n de la zona de libre comercio a más tardar el 31 de diciembre\n del 2005. Con este propósito dicho Protocolo establece\n una situación de excepción a lo dispuesto en el\n Artículo 75 del Acuerdo de Cartagena que señal\n a que el Programa de Liberación es automático e\n irrevocable. En otras palabras, el Protocolo de Sucre permite\n retroceder los avances del Programa de Liberación para\n el intercambio comercial entre el Perú y los demás\n Países Miembros reconociendo, por tanto, la aplicación\n de gravámenes para dicho intercambio y su respectivo proceso\n de liberación.

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2. "Al momento de la aprobación de la Decisión\n 414 se facultó al Perú y al resto de los Países\n Miembros para que, en su intercambio comercial mutuo, apliquen\n gravámenes a las importaciones, sobre los cuales se deberían\n establecer los respectivos márgenes de preferencia.

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3. ". . .se sostiene que el Perú si está\n facultado a imponer gravámenes a las importaciones originarias\n de la Subregión, ya que como se mencionó así\n lo establece la Decisión 414 en el último párrafo\n de su articulo 1

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4. Respecto a lo señalado en la Resolución 419\n en torno a que "la imposición de derechos específicos\n a productos agrícolas no se encuentra amparada en el ordenamiento\n jurídico andino" en el Informe se señala que\n "... en la normativa andina vigente no se ha encontrado\n ninguna disposición expresa que prohíba la aplicación\n de derechos específicos a la importación, y no\n habría entonces sustento legal para dicha aseveración\n contenida en la Resolución 419".

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5. "Los aranceles a la importación de bienes pueden\n expresarse va sea en términos de ad valórem o en\n específicos. En ambos casos se trata de gravámenes\n que tienen el mismo efecto de encarecer las importaciones respecto\n a su valor de adquisición en el país de origen.\n Es cierto que el derecho ad valórem tiene ventajas en\n su administración fiscal, y por ello es más utilizado,\n pero los países pueden y suelen aplicar cualquiera de\n ambos tipos de aranceles o una combinación de éstos\n a sus importaciones. El GATT así como la Cámara\n de Comercio Internacional (CCI), por ejemplo, reconocen y aceptan\n ambos, y hasta permiten que los márgenes de preferencia\n puedan aplicarse ya sea sobre tarifas ad valórem o especificas".

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En este sentido, el Perú viene aplicando derechos ad-valórem\n y específicos a varios productos agrícolas desde\n el año 1991, y éstos se encontraban plenamente\n vigentes al momento de aprobarse la Decisión 414.

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6. "El mismo Acuerdo de Cartagena no distingue entre\n derechos ad - valórem y específicos, y considera\n ambos como gravámenes.

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7. "El Tribunal Andino de Justicia tampoco distingue\n a los derechos específicos de los ad - valórem.

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En consecuencia, siendo el derecho específico tan gravamen\n como el derecho ad - valórem, no cabe cuestionar la validez\n de uno frente al otro".

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8. "'Tampoco se ha encontrado en la normativa andina\n definición alguna que permita diferenciar un arancel "fijo'\n de otro "no fijo", lo cual nos lleva a concluir que\n ambos (fijos y variables o no fijos) son por igual gravámenes,\n incluidos por lo tanto en la definición de la Decisión\n 414".

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9. ". . .Se puede sostener que el punto de partida de\n este proceso de desgravación debería ser con base\n en los niveles, de gravámenes aplicables a la importación\n de terceros países en el momento de la entrada en vigencia\n de dicha Decisión (...). Cualquier alteración unilateral\n de tales gravámenes implicaría un retroceso a este\n programa de liberación especial y constituida un incumplimiento\n al mismo. En consecuencia, todo gravamen aplicado por el Perú\n a las importaciones provenientes de los Países Miembros\n que constituya una carga mayor a la fecha de entrada en vigencia\n de la Decisión 414, sería calificada como un incumplimiento\n o una restricción al comercio.".

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10. "Bajo esta premisa, podría aceptarse y ratificarse\n la validez de la Resolución 4 19, en cuanto ésta\n cuestiona el cobro de los derechos específicos aplicados\n por el Perú en base al Decreto Supremo 083 - 98 - EF del\n 5 de agosto de 1998. En efecto, esta norma fue expedida con posterioridad\n a la dación de la Decisión 414, y podría\n ser declarada como un incumplimiento a la normativa andina en\n la medida que establezca gravámenes mayores a los vigentes\n el 30 de julio de 1997".

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11. En cuanto al tema de la equidad, señala el experto\n que no cabe en su informe evaluar si el balance del resultado\n global de las negociaciones que condujeron a la aplicación\n de la Decisión 414, fue finalmente equitativo para todos\n los países, pues tal Decisión responde a los términos\n aceptados por todos los Países Miembros con base en los\n resultados de una negociación que se realizó de\n conformidad con los avances de las reuniones previas a su adopción\n y no en las condiciones prevalecientes al inicio de su negociación.

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12. "Sin embargo, las eventuales asimetrías existentes\n por diferencias arancelarias entre el Perú y los demás\n Países Miembros se deberían resolver con base en\n el espíritu del "Acuerdo Global: Perfeccionamiento\n de la Integración Andina" y lo dispuesto en la Decisión\n 415".

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13. Se concluye que:

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a) "al no estar expresamente prohibido en la normativa\n andina vigente, y estar más bien autorizado por el Protocolo\n de Sucre y la Decisión 414. el Perú puede aplicar\n gravámenes en la modalidad de derechos específicos\n a las importaciones de bienes agropecuarios originarios de los\n demás Países Miembros, conforme a su legislación\n interna vigente a la fecha de aprobación de dicha Decisión".

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b) "sin embargo, cualquier modificación por parte\n del Perú, que implique un tratamiento menos favorable\n que el vigente a dicha fecha, respecto a las importaciones de\n bienes originarios de la Subregión, debería de\n considerarse como un incumplimiento al Programa de Liberación\n por parte de dicho país".

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Que, teniendo en cuenta lo anterior, la Secretaria General\n ha procedido a realizar el siguiente análisis:

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1. ARGUMENTOS PRINCIPALES:

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1.1. Argumento del Gobierno de Perú

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Entiende el Perú que la desgravación de que\n trata la Decisión 414 se refiere a los gravámenes\n en general y cita uno de los considerandos de la Resolución\n 069 como elemento para argumentar que la Secretaria General ampara\n su posición.

\n\n

El Gobierno de Perú atribuye al término "gravamen"\n a que se refiere el último párrafo del articulo\n 1 de la Decisión 414, el mismo alcance y significado que\n dicho término adquiere en el contexto del articulo 72\n del Acuerdo de Cartagena. El razonamiento de ese País\n Miembro descansa en consecuencia en una utilización circular\n de los términos "Programa de Liberación"\n y "gravamen", del Protocolo de Sucre, los artículos\n 75, 71 y 72 del Acuerdo y en el mencionado párrafo de\n la Decisión 414. en ese orden.

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Así entiende el mencionado Gobierno que el término\n "gravamen" de la Decisión 414 incluye todo tipo\n de derecho aduanero y cualesquier otros recargos de efectos equivalentes,\n sean de carácter fiscal, monetario o cambiado, y en general\n cualquier cargo adicional al arancel o distinto de éste\n que incida sobre las importaciones, según la amplia definición\n que ha quedado consagrada en la jurisprudencia administrativa\n y judicial del Acuerdo.

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Bajo tal entendido, según el Gobierno peruano, éste\n estaría habilitado a imponer cualquier tipo de carga a\n las importaciones, en cualquier momento, por sola disposición\n de su legislación interna, a condición que la misma\n sea también impuesta a terceros, ya que la Decisión\n 414 así lo habría habilitado.

\n\n

Un tercer elemento del razonamiento del Gobierno del Perú\n radica en el hecho que la habilitación para imponer cualquier\n tipo de cargo no se sujeta a una obligación de "stand\n still". Se implica de los alegatos de dicho gobierno que\n cuando en el párrafo final del artículo 1 de la\n Decisión 414 se señala que los márgenes\n de preferencia se harán efectivos "al momento del\n despacho de las mercaderías", ello significa que\n los niveles de gravámenes así como la lista de\n productos sujetos a los mismos podrían variarse en cualquier\n momento ya que la única obligación para el Gobierno\n del Perú es que el cobro se corresponda con los mismos\n gravámenes aplicables a importaciones de terceros en la\n fecha del despacho a consumo de las mercaderías.

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Con base en el razonamiento señalado,' el Gobierno\n del Perú concluye por lo tanto que el cobro de derechos\n específicos es conforme con la Decisión 414.

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1.2. Razonamiento del Experto Especial

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En su informe el experto especial designado al caso difiere\n parcialmente del razonamiento contenido en la Resolución\n 419. así como de la posición pretendida por el\n Gobierno recurrente.

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Con respecto a la amplitud del término "gravamen"\n de la Decisión 414, entiende el experto que éste\n debe ser utilizado en su sentido amplio, por mandato de la Decisión\n 414 y el Protocolo de Sucre, ya que este último habría\n habilitado la reprogramación del Programa de Liberación,\n introduciendo una excepción a la automaticidad e irrevocabilidad\n del mismo. Agrega además que el carácter específico\n del gra-vamen no desvirtúa su naturaleza arancelaria,\n no existiendo norma andina que prohíba su aplicación,\n del mismo modo que tampoco existe - norma andina que distinga\n entre gravámenes fijos y no fijos.

\n\n

Con respecto a la existencia o no de una obligación\n de "stand still", el experto especial entiende que\n el Perú si se encuentra sujeto a tal obligación\n por cuanto ello emana de la lógica de todo compromiso\n de liberalización del comercio.

\n\n

1.3. Razonamiento de la Resolución 419

\n\n

En la Resolución 419, la Secretaria General consideró\n inadmisible la interpretación amplia del párrafo\n final del artículo 1 de la Decisión 414, propuesta\n por el Gobierno del Perú, entendiendo en consecuencia\n que el término "gravamen" no cobijaba a aquellos\n distintos del arancel fijo, ámbito este último\n al cual se circunscribe la liberación de que trata la\n mencionada norma. Asimismo indicó, por las mismas razones,\n que Perú no se encontraba suspendido de la obligación\n de cumplimiento del compromiso de "stand still" del\n artículo 84 del Acuerdo, por lo que tampoco se encontraba\n facultado para variar la incidencia del tributo y hacerlo más\n gravoso.

\n\n

Subyace a lo señalado por la Resolución 419\n que si bien en principio "no cabe distinguir donde la norma\n no lo hace", por lo que bien podría señalarse\n que cuando el párrafo final del articulo 1 se refiere\n a "gravámenes" implica cualquier tipo de gravamen\n y que cuando señala que la preferencia es aplicable al\n momento de la importación, ese es el único límite\n temporal aplicable, ese tipo de lectura conllevaría forzosamente\n a vulnerar lo dispuesto en los artículos 72 y 84 del Acuerdo\n de Cartagena, normas a las cuales la Primera Disposición\n Transitoria del Protocolo de Sucre no se refiere expresamente\n y que no podrían entenderse como tácitamente comprendidas\n en la Disposición, por cuanto la habilitación de\n Sucre es una norma de excepción.

\n\n

Así pues, de acuerdo con la Resolución 419,\n una interpretación literal y amplia del último\n párrafo del artículo 1 de la Decisión 414\n excedería el marco legal al cual se encuentra subordinado,\n por lo que la única interpretación posible en cuanto\n a su contenido y alcances es una de carácter restringido.

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Con base en dicho razonamiento, la Resolución 4 1 9\n calificó la imposición de derechos específicos\n como un gravamen en los términos del artículo 72\n del Acuerdo y confirió al Perú un plazo de veinte\n días hábiles para dejarlos sin efecto con respecto\n a las importaciones originarias de la Subregión.

\n\n

En adición a lo señalado, el razonamiento de\n la citada Resolución tuvo en cuenta, entre otros, los\n siguientes elementos:

\n\n

- Tratamiento histórico: Desde la creación del\n Acuerdo de Cartagena, el Programa de Liberación ha distinguido\n el tratamiento del componente arancelario de los demás\n gravámenes a la importación, sujetando el primero\n a una desgravación programática que se plasmó\n en diversas Decisiones que adoptaron y modificaron los cronogramas\n de liberación arancelaria, en tanto que los segundos fueron\n objeto de la prohibición absoluta del articulo 72 del\n Acuerdo, con la' sola y única excepción de las\n tasas equivalentes a los servicios prestados.

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- Concepto finalista: La finalidad del Protocolo de Sucre,\n en esa parte, fue lograr el pleno funcionamiento de la Zona de\n Libre Comercio. La finalidad del articulo 72 del Acuerdo es salvaguardar\n la vigencia de la zona de libre comercio prohibiendo la aplicación\n de gravámenes de cualquier índole al comercio intrasubregional.\n Ambas finalidades no son excluyentes sino complementarias.

\n\n

- Concepto jerárquico: La Decisión 414 se subordina\n al Protocolo de Sucre. En tal sentido, cualquier interpretación\n o aplicación de la primera se circunscribe al marco del\n segundo.

\n\n

- Regla hermenéutica aplicable a las normas de excepción:\n Toda norma de excepción (Primera Disposición Final\n del Protocolo de Sucre y su reglamento, la Decisión 414)\n debe interpretarse en el sentido más restringido posible.\n No es admisible la extensión analógica de la norma\n de excepción a situaciones no clara y expresamente contempladas\n por aquella.

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- Criterio lógico: Las normas deben ser utilizadas\n dentro del contexto para el cual fueron previstas. El articulo\n 72 del Acuerdo contiene la definición de un término\n que hace parte de una norma prohibitiva que no contempla excepciones\n en su aplicación (salvo las relativas a las tasas), destinada\n a evitar la imposición de cualquier tipo de gravamen al\n comercio entre los Países Miembros. Se desnaturalizaría\n su contenido y alcance si se pretende utilizarla con fines permisivos,\n esto es, para autorizar a un País Miembro a conducirse\n exactamente del modo contrario, aplicando cualquier tipo de gravamen\n al comercio intrasubregional.

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- Criterio de autoridad: El Tribunal de Justicia del Acuerdo\n de Cartagena, único intérprete auténtico\n y vinculante de las normas andinas, ya señaló los\n alcances de la Decisión 414, entendiendo que la misma\n sólo se refiere á la desgravación arancelaria\n y no afecta otras normas del Capitulo V del Acuerdo, según\n lo ha indicado en' la sentencia del Proceso I - AI - 97. En consecuencia,\n los artículos 72 y 84 del Acuerdo se encuentran plenamente\n vigentes para el Perú, por lo que éste debe acatarlos,\n según ha señalado también dicho Tribunal.

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2. HECHOS ESTABLECIDOS DURANTE LA INVESTIGACION:

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Durante la investigación, tanto de la Resolución\n 419 como de la presente Resolución, han quedado establecidos\n los siguientes hechos:

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a) Tanto el Gobierno del Perú, el Experto Especial\n y la Secretaría General coinciden en calificar a los derechos\n específicos de que trata la Resolución 419 y el\n subsecuente Recurso de Reconsideración, como un gravamen;

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b) El Gobierno del Perú y la Secretaría General\n coinciden en señalar que el derecho especifico, en tanto\n gravamen se inscribe dentro de la definición contenida\n en el artículo 72 del Acuerdo (aun cuando luego atribuyen\n a este hecho consecuencias opuestas). El Experto Especial le\n atribuye, particularmente, el carácter de un gravamen\n arancelario, opinión que se trata en detalle más\n adelante;

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c) El señalado gravamen se viene aplicando a las importaciones\n de productos originarios de los demás Países Miembros\n de la Subregión.

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d) El señalado gravamen ha sido objeto de variación\n desde su creación en 1991 y asimismo con posterioridad\n a la adopción del Protocolo de Sucre y la Decisión\n 414, habiéndose incrementado su incidencia en algunos\n casos.

\n\n

En efecto, mediante los Decretos Supremos 083 - 98 - EF de\n 5 de agosto de 1998, 133 - 99 - EF de 11 de agosto de 1999 y\n 134 - 2000 - EF de 8 de noviembre del 2000, se registraron variaciones\n en la metodología de cálculo de las tablas aduaneras\n de los precios promedio mensual y de los precios de referencia\n del maíz, azúcar blanco y leche entera en polvo,\n que han tenido como efecto incrementar el margen de protección,\n respecto del existente al 30 de julio de 1997 y que fuera establecido\n mediante el Decreto Supremo 005 - 97 - EF de 30 de enero de ese\n mismo año; -

\n\n

e) El gravamen en referencia es variable, es decir, el monto\n del derecho específico que Perú aplica a las importaciones\n de los productos amparados en la norma de dicho país no\n es fijo, adoptando valores diferentes cada cierto número\n de días al amparo de la misma disposición legal.\n Así, el derecho específico que aplicó Perú\n a la fecha de entrada en vigencia de la Decisión 414,\n ha sufrido incrementos y disminuciones en fechas posteriores,\n como resultado de la propia naturaleza del sistema y como resultado\n de las modificaciones introducidas a la metodología;

\n\n

f) La preferencia arancelaria dispuesta por la Decisión\n 414 Perú la hace efectiva al momento de la importación\n de la mercadería; y,

\n\n

g) La preferencia arancelaria dispuesta por la Decisión\n 414 Perú la aplica sobre la totalidad de los gravámenes\n vigentes, esto es, sobre la sumatoria del arancel, sobretasa\n y derecho especifico.

\n\n

3. ANÁLISIS

\n\n

Revisados los elementos referidos en los plintos precedentes,\n así como los aspectos procesales seguidos para la adopción\n de la Resolución 419, esta Secretaria General encuentra\n que habiéndose observado el debido procedimiento legal\n y no existiendo discrepancia en cuanto a los hechos, debe circunscribirse\n en su análisis a la justificación jurídica\n de la aplicación del gravamen denominado "Derecho\n Especifico" y su posibilidad de seguir siendo aplicado a\n la luz del ordenamiento jurídico comunitario.

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3.1. Precisiones al razonamiento de la Resolución 419\n Al respecto se deben hacer tres precisiones:

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a) Si bien la evolución histórica del Programa\n de Liberación demuestra que se ha distinguido entre el\n arancel y los demás gravámenes, habiendo sido el\n primero objeto de una desgravación paulatina y programática\n en tanto que los segundos fueron objeto de la prohibición\n absoluta del articulo 72 del Acuerdo, esto ocurrió luego\n de que se estableciera un pinito inicial de desgravación\n y se acordara un cronograma de desgravación. A tal efecto,\n los Países Miembros, por simplificación, decidieron\n consolidar la serie de gravámenes vigentes en aquel momento\n - entré ellos, derechos específicos - , en un único\n arancel ad valórem a partir del cual se comprometieron\n en un desmonte paulatino y gradual.

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En efecto, para llevar a cabo lo que se denominó "Programa\n de Liberación", se agruparon los productos en diferentes\n "modalidades" sujetas a sus propios plazos y formas\n de desgravación, con el objetivo final de llegar al arancel\n cero. Las modalidades del Programa fueron las siguientes: a)\n Productos incluidos en el Programa de Integración Industrial;\n b) Productos incluidos en la lista común del artículo\n 4 del Tratado de Montevideo; c) Productos que no se producen\n en ningún País de la Subregión; y, d) Productos\n no comprendidos en los literales anteriores que fueron sujetos\n a desgravación automática.

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Los plazos y formas de desgravación variaron según\n se tratara de países de mayor o menor desarrollo relativo.

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Con base en la Decisión 324, Bolivia, Colombia y Venezuela\n culminaron el Programa de Liberación y. por ende, la formación\n de la Zona de Libre Comercio, el 30 de septiembre de 1992, eliminando\n los gravámenes para aquellos productos que a esa fecha\n aún mantenían en las transacciones intrasubregionales.\n Ecuador, por su parte culminó dicho Programa el 30 de\n septiembre 'de 1992 con respecto a Bolivia y Colombia y el 31\n de enero de 1993 con respecto a Venezuela, Así pues, fue\n en esta fecha que se consolidó el Programa de Liberación\n y se estableció plenamente la zona de libre comercio de\n todos los Países Miembros, con excepción de Perú.

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Entre tanto y desde la segunda mitad del año 1992,\n Perú había decidido suspender el cumplimiento de\n sus obligaciones con respecto al Programa de Liberación,\n lo que se formalizó mediante la Decisión 321. Previo\n a la adopción de la señalada norma, Perú\n había completado prácticamente la totalidad del\n Programa de Liberación, quedando formalmente subsistente\n sólo el desmonte del conjunto residual de la lista de\n excepciones de cincuenta subpartidas, aunque en términos\n reales existía un remanente mayor de 600 subpartidas por\n desmontar.

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Cabe recordar que según lo señalado en el artículo\n 85 del Acuerdo, los productos incluidos en dicha lista debían\n quedar totalmente liberados de gravámenes y otras restricciones\n y amparados en el arancel externo mínimo común\n o en el arancel externo coman, según correspondiera, el\n 31 de diciembre de 1995, pudiendo mantener, con posterioridad\n a dicha fecha, un conjunto residual no superior a 75 items de\n la Nabalalc. - Sin embargo, mediante las Decisiones 281 y 301\n se decidió acelerar tales compromisos, reduciendo la lista\n de excepciones a 50 subpartidas Nandina a nivel de ocho dígitos,\n y eliminar el conjunto residual, luego de una reducción\n gradual que debía empezar a partir de 1992, a más\n tardar el 31 de diciembre de 1995, según el cronograma\n que aprobara el siguiente Consejo Presidencial Andino.

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Producida la suspensión, Perú sujetó\n las importaciones subregionales al cobro de su arancel nacional,\n derechos específicos y sobretasas. Los compromisos de\n la desgravación arancelaría suspendidos fueron\n luego reasumidos paulatinamente a través de los Convenios\n Bilaterales avalados por las Decisiones 321 a 387. Dichos Convenios\n (con variaciones según el caso) fueron administrando también\n la aplicación de los derechos específicos, tal\n como veremos más adelante,

\n\n

Finalmente, se suscribe el Protocolo de Sucre, el cual tuvo\n por uno de sus objetivos "legalizar" la situación\n jurídica de las Decisiones que trataron la suspensión\n del Perú, habida cuenta que las mismas vulneraban frontalmente\n el artículo 75 del Acuerdo. En dicha norma se habilitó\n a la Comisión a acordar los términos de la nueva\n desgravación, lo cual se hizo efectivo con la Decisión\n 414. A partir de ese momento, Perú reasume plenamente\n sus compromisos ante el Acuerdo, salvo en lo que respecta al\n arancel externo común.

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La Secretaria General observa en consecuencia que la situación\n en que se encontraba el Perú, a la fecha de la suscripción\n y entrada en vigencia temporal del Protocolo de Sucre y de adopción\n de la Decisión 414, es equivalente, en los hechos, a la\n de un nuevo "punto inicial de desgravación",\n lo que tendría por efecto el reconocimiento de la existencia\n de los derechos específicos, habida cuenta que dichos\n gravámenes estaban siendo aplicados a los demás\n Países Miembros, con su consentimiento, a dicha fecha\n y que la continuidad de su ulterior aplicación se sujeta\n a lo señalado en el Acuerdo de Cartagena y normativa comunitaria\n derivada;

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b) Respecto a las consideraciones del Tribunal de Justicia\n en torno a la Decisión 414, citadas en la Resolución\n 419 como criterio de autoridad, es necesario señalar tal\n como se señala en la citada Resolución, en efecto,\n en la Sentencia 1 - AN - 97 ese máximo organismo consideró\n que el sentido de la suspensión del Programa de Liberación\n tuvo un desenvolvimiento más acorde con la desgravación\n arancelaria que con otras restricciones al comercio y ratificó\n la plena aplicabilidad, incluso para el Perú, de los demás\n artículos del Capitulo V del Acuerdo.

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En la sentencia 5 - AN - 97 ese mismo Tribunal reiteró\n ese criterio y más precisamente señaló que\n la Decisión 414 ".. empieza a vislumbrar la situación\n con respecto a la liberación de gravámenes arancelados...",\n que el manejo de la situación del Perú sólo\n alcanza las obligaciones del Programa de Liberación referidas\n a la desgravación arancelaria y que no afecta otras normas\n que forman parte del Capítulo V del Programa de Liberación.

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Concordantemente en el Proceso 36 - A1 - 99 el Tribunal volvió\n a concluir en el punto 1.2.7 de la sentencia, que la Decisión\n 414 de' lo que trata es de la Liberación Arancelaria General\n o Comunitaria del Perú con respecto a los demás\n Países Miembros de la Comunidad Andina, sin perjuicio\n de mantenerse vigentes aquellos beneficios arancelarios más\n favorables que se hubieran pactado a la luz de los Convenios\n Bilaterales que se suscribieran al amparo de la Decisión\n 321,

\n\n

Queda pues claro que, en criterio del Tribunal, la Decisión\n 414 se circunscribe en cuanto a sus alcances y - aplicación\n a lo que exclusivamente concierne a la liberación de gravámenes\n arancelarios y más específicamente al cronograma\n de su desgravación, sin perjuicio de dejar subsistentes\n los mayores beneficios alcanzados en los Convenios Bilaterales,\n los cuales se mantienen.

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Este entendido ha sido avalado por la conducta ulterior seguida\n por los Países Miembros y la Secretaria General y por\n las manifestaciones del propio Gobierno del Perú, quien\n por ejemplo, durante la audiencia oral del señalado Proceso\n 36 - AI - 99, manifestó que el articulo 1 de la Decisión\n 414 aborda el tratamiento arancelario que rige las relaciones\n entre el Perú y los Países Miembros1, según\n quedó consignado en el recuento elaborado por el propio\n Tribunal.

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Sin embargo, la Secretaria General debe observar asimismo\n que si bien el Tribunal ha acotado el alcance de la Decisión\n 414, circunscribiéndola a la desgravación arancelaria,\n la Resolución 419 hace referencia mas bien al "arancel\n fijo", concepto de alcances más restringidos que\n el de "gravamen arancelado". En tal sentido, cabe precisar\n que si bien el concepto de arancel fijo tiene su base en el tratamiento\n histórico del tema y se corresponde con la forma de manejó\n del Programa de Liberación hasta el momento previo a la\n suspensión del Perú, dicho concepto no puede derivarse\n del criterio de autoridad, que como ya se ha visto considera\n un ámbito algo más amplio.

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Complementariamente, la Secretaría General debe considerar\n que, de acuerdo con las citadas sentencias, la adopción\n de la Decisión 414 no afecta la plena aplicación\n de otras normas del ordenamiento jurídico andino, en particular\n las que forman parte del Capítulo V del Acuerdo de Cartagena,\n las cuales los Países Miembros, incluyendo a Perú,\n están obligados a acatar, debiéndose tener en cuenta\n además los beneficios arancelarios más favorables\n establecidos en los Convenios Bilaterales.

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Cabe señalar que en la ya citada sentencia 1 - AN -\n 97 el Tribunal andino acota el sentido de la suspensión\n del Programa de Liberación, entendido en cuanto a que\n una afectación' de la desgravación arancelaria\n no puede afectar la filosofía "libre - cambista"\n que constituye pilar fundamental del Acuerdo Andino y la acta\n de la liberación comercial para llegar al establecimiento\n del mercado común. De otro lado, resulta por demás\n interesante indicar que el Tribunal consideró que la referencia\n al Programa de Liberación que hiciera la Decisión\n 321 es equívoca y que sobre esta circunstancia prevalece\n el principio general de la libre circulación de mercancías.

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Así indicó: "No puede este Tribunal convenir\n en el argumento de la parte demandada (folio 125) sobre justificación\n para la adopción de medidas de restricción al comercio,\n en el sentido de que el - Perú se halla

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1 Así señaló "Con respecto al Acuerdo\n Bilateral suscrito entre Perú y Bolivia .131 de julio\n de 1997, afirma que no es exacto adular que "al no se incluyó\n a los bienes del Anexo VII de la referida Decisión éstos\n se encuentran dentro del tratamiento arancelario del artículo\n 1 de la misma, hecho expresamente reconocido por el Gobierno\n de Bolivia". (subrayado nuestro).

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"desincorporado de l zona de libre comercio", porque\n esta suspensión se montó sobre la base de los programas\n de desgravación arancelaria y porque aun si se aceptara\n la efectividad de la referencia equívoca que la Decisión\n 321 hizo al programa de liberación, por encima de ésta\n prevalece el principio general de libre circulación de\n mercancías que los propios países en conflicto\n comercial han reconocido dentro del acuerdo bilateral suscrito\n por ellos. -

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De acuerdo con dicha sentencia, el Tribunal considera además\n que la afectación de la desgravación arancelaria\n no puede a su turno afectar la filosofía del Acuerdo y\n la acta del increado común y que por encima de cualquier\n referencia equívoca al término "Programa de\n Liberación", se encuentra el principio de la libre\n circulación de mercaderías.

\n\n

En conexión con lo anterior, la Secretaría General,\n de acuerdo con el criterio de autoridad, debe considerar en su\n análisis no únicamente el tratamiento propiamente\n dicho del Programa de Liberación, lo cual tuvo lugar hasta\n el momento previo a la suspensión del Perú en lo\n que respecta a ese país miembro, sino también la\n normativa comunitaria, bilateral y nacional (en tanto avaladas\n estas dos últimas por la normativa comunitaria), que administró\n dicho periodo de suspensión, hasta el momento de la suscripción\n del Protocolo de Sucre y de la adopción de la Decisión\n 414, esto último, como resultado de la sentencia del Proceso\n 1 - AN - 96. En dicha sentencia, donde planteada la nulidad de\n la Decisión 387, norma que se encontraba vigente a la\n fecha de la suscripción del Protocolo de Sucre y que trataba\n precisamente la suspensión del Perú del Programa\n de Liberación, entre otros aspectos, y analizada de oficio\n la conformidad de sus predecesoras con el ordenamiento jurídico\n andino superior, el Tribunal concluyó que con la suscripción\n del Protocolo de Sucre se había producido una "purga\n de ilegalidad" de las Decisiones 321 a 387, incluida la\n Decisión 414. Así pues, dichas normas y, consiguientemente,\n los convenios bilaterales, quedaron jurídicamente convalidados\n con efectos "ex tune".

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El Tribunal señaló en esa oportunidad que:

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"El fenómeno jurídico denominado "Purga\n de Ilegalidad". emparentado con el tema de la convalidación,\n según el cual se considera no viciada de nulidad una norma\n jurídica ilegal en el momento de su nacimiento, si la\n norma quebrantada ha desaparecido de la vida jurídica\n por derogatoria, subrogación o declaración de inexequibilidad\n o nulidad, producidas antes de que el juez hubiere proferido\n el fallo. También si ha recibido sustento legal posterior\n a su expedición. La "Purga de ilegalidad" produce\n efectos hacia el pasado, en cuanto atribuye validez a la disposición\n convalidada desde su origen, es decir, con efectos "ex tune".\n La convalidación es, según lo dicho, un fenómeno\n jurídico universalmente aceptado, en virtud del cual,\n cumplidas ciertas pautas, el legislador, o quien tenga la competencia\n para ello dentro del respectivo ordenamiento jurídico,\n que sería en principio y salvo excepciones, el autor de\n la actuación viciada, enmienda ciertos errores de forma\n o de fondo cometidos al expedir actos genéricos, mediante\n la confirmación, ratificación o revalidación\n de éstos, o confiriéndoles el sustento legal de\n que carecían al momento de su expedición.

\n\n

En el sub exámine se ha dicho que, por una parte, la\n Decisión 387 materia de la demanda fue objeto de derogación\n expresa por parte de otra Decisión de la Comisión,\n la 414, la cual en la práctica sustituye a la primera.\n También, que ésta dice tener apoyo en las modificaciones\n que al Acuerdo de Cartagena fueron introducidas por el Tratado\n Público denominado "Protocolo de Sucre", con\n lo que todo lo que hubiera podido tener de irregular la expedición\n de la Decisión 387 habría quedado saneado o convalidado,\n en aplicación de la teoría anteriormente expuesta\n de la "purga de ilegalidad", que este Tribunal Comunitario\n no tiene - reparo en considerar susceptible de aplicación\n al caso concreto...

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...Aplicando los anteriores elementos teóricos y normativos\n a la situación examinada se observa que la Decisión\n 414 fue expedida con apoyo en un tratado que se aplica de manera\n provisional en relación con la materia por ella regulada\n por voluntad expresa de quienes lo suscribieron y que, por tanto,\n como una consecuencia necesaria de lii aplicación de la\n teoría de purga de la ilegalidad, antes expuesta, las\n previsiones que ella contiene, en cuanto subrogan disposiciones\n contenidas en los instrumentos irregularmente expedidos y contenidos\n en Decisiones anteriores a la que es objeto de la demanda, en\n virtud de la convalidación producida por quien tenía\n la facultad para hacerlo, deben merecer la calificación\n en esta sentencia, de encontrarse ajustadas a la legalidad.

\n\n

Como consecuencia de haberse presentado el fenómeno\n de la legalidad sobrevenida, el cual sanea los vicios de las\n normas demandadas desde el momento en que entraron en vigencia,\n según enseña dicha teoría, debe declarar\n el Tribunal que la norma acusada, durante el tiempo en que estuvo\n vigente, se considera ajustada al ordenamiento jurídico\n andino...".

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Así pues, la Secretaria General debe considerar finalmente\n en su análisis, como parte del criterio de autoridad,\n los gravámenes arancelarios que fueran administrados durante\n la suspensión del Perú por vía de tales\n Acuerdos. Tal es el caso de los derechos específicos variables\n de que trata la presente Resolución; y,

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c) La Secretaria General encuentra que la Resolución\n 419 no consideró la cuestión relativa al concepto\n técnico legal del "Gravamen Arancelado" a fin\n de determinar, en función de ello, la naturaleza jurídica\n de los derechos específicos variables. A los efectos del\n presente caso, este elemento debe ser considerado en detalle.

\n\n

3.2. Concepto de "gravamen arancelario"

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La Resolución 419 no consideró el concepto técnico\n y legal del término "gravamen arancelario",\n debido a que dicha Resolución partió de la base\n de considerar, en su concepción más restringida,\n que el ámbito de la Decisión 414 se circunscribía\n al arancel fijo. Bajo esa perspectiva, asumió - de manera\n lógica que los derechos específicos variables -\n y en general cualquier otro gravamen distinto del ad valórem\n constituía un adicional al arancel, lo cual automáticamente\n los colocaba bajo la órbita del artículo 72 del\n Acuerdo y subsecuentemente de la prohibición absoluta\n de aplicación.

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Cabe señalar que dicha percepción tuvo en cuenta\n lo que figura en la Ley General de Aduanas del Perú y\n su reglamento. Si tomamos las referencias vigentes a la fecha\n del Protocolo de Sucre, esto es el Decreto Legislativo N0 809\n del 19 de abril de 1996 y el Decreto Supremo N0 121 - 96 - EF\n del 24 de diciembre de 1996, tales normas definen los "derechos\n de aduana o arancelarios" como todos los Impuestos establecidos\n en el Arancel de Aduanas a las mercancías que entren al\n territorio aduanero, y los distingue de los demás tributos\n aplicados a la importación de mercancías. Así\n por ejemplo, el artículo 13 de la Ley General de Aduanas\n describe tales derechos señalando que "la base imponible\n para la aplicación de los derechos arancelarios se determinará\n conforme al sistema de valoración vigente. La tasa arancelaria\n se aplicará de acuerdo con el Arancel de Aduanas y demás\n normas pertinentes y que la base imponible y las tasas de los\n demás impuestos se aplicarán conforme a las normas\n propias de cada uno de ellos. Los derechos arancelarios y demás\n impuestos se aplican sobre la mercancía' declarada.".

\n\n

En ese mismo sentido, el Decreto Supremo N0 119 - 97 - EF\n del 29 de septiembre de 1997, que aprueba el Arancel de Aduanas\n del Gobierno de Perú, lo presenta tabulado en tres columnas\n que corresponden a:

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1. - Código de Subpartida Nacional.

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2. - Descripción de la mercancía.

\n\n

3. - Derecho de Aduana Ad - Valórem;

\n\n

No figura una columna que corresponda al derecho especifico\n variable. En el mismo Decreto Supremo se establece que dentro\n de las reglas para la aplicación del Arancel de Aduanas\n que "los derechos fijados por el Arancel de Aduanas son\n de carácter ad valórem, aplicables por el valor\n CIF de las mercancías, siempre que se cumplan con las\n condiciones señaladas para la determinación del\n precio normal, con aplicación de los criterios contenidos\n en las 'Reglas sobre Valoración de Mercancías".

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Por su partes el articulo 3 del Decreto Supremo N0 01691 AG,\n distingue en su texto entre el derecho específico aplicable\n y los derechos de importación.

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Ahora bien, la Secretaria General debe precisar que si bien\n es cierto que existe una distinción normativa clara entre\n lo que la ley peruana concibe como derecho arancelario y los\n demás tributos aplicables a la importación, es\n necesario reconocer que el derecho arancelario puede ser sólo\n un tipo de "gravamen arancelario" término este\n último que, como se ha dicho, resulta más comprensivo\n y amplio.

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Así pues, debiendo revisar nuevamente las bases documentales\n de tal razonamiento, la Secretaría General no encontró\n ni en el Protocolo de Sucre, ni en la Decisión 414, ni\n en el propio Acuerdo de Cartagena una definición o una\n indicación de lo que debe entenderse como "gravamen\n arancelario", pero si ubicó ciertas indicaciones\n en otros instrumentos y en los Convenios Bilaterales y en los\n dispositivos internos de instrumentación que se emitieron\n durante el periodo de suspensión, respecto del tratamiento\n de los derechos específicos variables. Así por\n ejemplo (los resaltados son de la Secretaría General):

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i) En la Decisión 387. Perfeccionamiento de la Integración\n Andina, se indica en el artículo 2 que se debe "Avanzar\n en el perfeccionamiento del libre comercio mediante la ampliación\n de los Acuerdos Bilaterales suscritos por el Perú y los\n demás países andinos. Para tal fin emprenderán\n negociaciones bilaterales a partir del primer trimestre de 1996,\n con los objetivos de incorporar al libre comercio las corrientes\n actuales de comercio, procurar la homogenización de los\n avances en los acuerdos y privilegiar su multilateralización.\n Estas negociaciones - lograrán profundizaciones anuales\n de los mencionados acuerdos, tendientes a la efectiva liberalización\n de la totalidad del comercio"

 

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