Registro Oficial. 7 de FEBRERO del 2001

Miércoles, 07 de febrero de 2001

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

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 MES DE FEBRERO\n DEL 2001

\n \n \n \n
 
\n \n \n \n
\n

 REGISTRO\n OFICIAL
\n
ORGANO\n DEL GOBIERNO DEL ECUADOR
\n
Administración\n del Sr. Dr. Gustavo Noboa Bejarano
\n Presidente Constitucional de la República

\n\n

Quito,\n Miércoles 7 de Febrero del 2001 No. 261

\n\n

TRIBUNAL\n CONSTITUCIONAL

\n\n

EDMUNDO\n ARIZALA ANDRADE
\n DIRECTOR ENCARGADO
\n
\n \n \n \n
 

\n\n

FUNCION\n LEGISLATIVA

\n\n

LEYES:
\n
 
\n
2001-37 Ley de creación de la Universidad\n Estatal de Milagro
\n  
\n 2001-38 Ley de creación\n de la Universidad Estatal del Sur de Manabí
\n  
\n
FUNCION\n EJECUTIVA

\n\n

ACUERDOS:

\n\n

MINISTERIO\n DE ECONOMIA Y FINANZAS:
\n
 
\n 041-A Delégase al señor\n Ing. Alexander Anìbal Mejía Peñafiel, Subsecretario\n General de Economía, para que represente al señor\n Ministro en la sesión extraordinaria del Consejo de Comercio\n Exterior e Inversiones, (COMEXI)
\n 042-A Desígnase al\n señor Ing. Alexander Aníbal Mejia Peñafiel,\n Subsecretario General de Economía, como delegado ante\n el Directorio del Banco Central del Ecuador
\n  
\n 043 Delégase al señor\n Lic. Wilson Andrade, Director de Crédito Público,\n para que represente al señor Ministro en la sesión\n de la Comisión Técnica de la Agencia de Garantía\n de Depósitos, AGD.
\n  
\n
ACUERDO\n DE CARTAGENA

\n\n

RESOLUCION:
\n
 
\n 406 Por la cual se resuelven\n los recursos de reconsideración presentados por el Gobierno\n de Perú, la compañìa PFIZER y la\n Asociación ALAFARPE contra la Resolución 358 que\n dictaminó el incumplimiento por parte del señalado\n Gobierno de lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión\n 344 y otras normas del ordenamiento jurídico comunitario.\n

\n  
\n

\n \n
\n

 

\n\n

CONGRESO NACIONAL

\n\n

Quito, 31 de enero del 2001

\n\n

Oficio N0 0654 - PCN

\n\n

Señor
\n EDMUNDO ARIZALA ANDRADE
\n DIRECTOR DEL REGISTRO OFICIAL, (E)
\n En su despacho

\n\n

Señor Director:

\n\n

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 153\n de la Constitución Política de la República,\n remito a usted copias certificadas de los textos de los proyectos\n de Ley de: CREACION DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO; Y,\n CREACION DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI que el Congreso\n Nacional del Ecuador discutió y aprobó en sesión\n de 12 de diciembre del 2000.

\n\n

Cabe indicar a usted que los mencionados Proyectos de Ley\n aprobados, fueron remitidos mediante oficios Nos (1527 - PCN\n y 0528 - PCN de 14 de diciembre del 2000, respectivamente y,\n recibidos en la Presidencia de la República el 15 de los\n mismos mes y año, como se desprende del recibo que adjunto,\n sin que el señor Presidente Constitucional de la República\n se haya pronunciado en el plazo que la Constitución determina;\n por consiguiente, proceda a las correspondientes publicaciones\n en el Registro Oficial.

\n\n

Adicionalmente, adjunto las certificaciones suscritas por\n el señor Secretario General del Congreso Nacional, sobre\n las fechas de los respectivos debates.

\n\n

Atentamente,

\n\n

f.) Abg. Hugo Quevedo Montero, Presidente del Congreso Nacional.

\n\n

CERTIFICACION

\n\n

Quien suscribe, Secretario General del Congreso Nacional del\n Ecuador, certifica que el proyecto de LEY DE CREACION DE LA UNIVERSIDAD\n ESTATAL DE MILAGRO, fue discutido y aprobado, de la siguiente\n manera:

\n\n

PRIMER DEBATE: 21 - 11 ­ 2000
\n SEGUNDO DEBATE: 12 - 12 ­ 2000

\n\n

Quito, 31 de enero del 2001.

\n\n

f.) Dr. Andrés Aguilar Moscoso.

\n\n

 

\n\n

N0 2001 - 37

\n\n

EL CONGRESO NACIONAL

\n\n

Considerando:

\n\n

Que en la cuidad de Milagro, provincia del Guayas, viene funcionando\n desde el 4 de julio de 1969 la Extensión Universitaria\n de la Universidad de Guayaquil y cuenta con las Facultades de\n Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Ciencias\n Administrativas y, Ciencias Matemáticas y Físicas;

\n\n

Que Milagro, es el centro al cual converge la población\n estudiantil de varios cantones de la provincia del Guayas, Cañar\n y Chimborazo que demandan la creación de nuevas carreras\n acordes con los requerimientos del desarrollo nacional;

\n\n

Que la Extensión Universitaria de Milagro cuenta con\n un cuerpo docente experimentado, con alto nivel científico\n y académico, y posee la infraestructura indispensable\n para el eficiente cumplimiento de los fines y objetivos de la\n educación superior,

\n\n

Que es obligación del Estado promover el desarrollo\n económico, social, cultural, científico y técnico\n de las diferentes regiones del país;

\n\n

Que el CONUEP, en sesión del 28 de junio del 2000,\n ha emitido el informe favorable para la creación de la\n Universidad Estatal de Milagro, en consideración a que\n cumple con los requisitos establecidos en el artículo\n 7 de la Ley de Universidades y Escuelas Politécnicas,\n según consta en la comunicación suscrita por el\n Presidente del CONUEP;

\n\n

Que el informe emitido por el CONUEP guarda concordancia con\n lo dispuesto en la Ley de Educación Superior, Disposición\n Transitoria Decimoctava; y,

\n\n

En ejercicio de sus facultades constitucionales y. legales,\n expide la siguiente:

\n\n

 

\n\n

LEY DE CREACION DE LA UNIVERSIDAD\n ESTATAL DE MILAGRO

\n\n

Art. 1. - Créase la Universidad Estatal de Milagro\n con sede en la ciudad de Milagro, provincia del Guayas, como\n persona jurídica de derecho público, de carácter\n autónomo. Sus actividades se regularán de conformidad\n con la Constitución Política de la República,\n la Ley de Educación Superior, y las demás disposiciones\n legales y reglamentarias sobre la materia.

\n\n

Art. 2. - La Universidad Estatal de Milagro se organizará\n inicialmente con las modalidades presencial y a distancia y con\n las siguientes unidades académicas:

\n\n

En la modalidad presencial:

\n\n

a) Ciencias de la Educación;

\n\n

b) Ciencias Administrativas y Comerciales; y,

\n\n

c) Ciencias de la Ingeniería.

\n\n

En la modalidad a distancia:

\n\n

a) Gerencia Educativa.

\n\n

La Universidad Estatal de Milagro podrá crear nuevas\n unidades académicas, en los niveles de pregrado y posgrado,\n de acuerdo con las necesidades regionales y sus disponibilidades\n financieras.

\n\n

Art. 3. - Constituye patrimonio de la Universidad Estatal\n de
\n Milagro:

\n\n

a) Todos los activos, muebles e inmuebles que posee la Extensión\n Universitaria de Milagro para su funcionamiento;

\n\n

b) Los recursos que constan como fondos propios, de cuentas\n descentralizadas, carreras autofinanciadas y recursos de autogestión,

\n\n

c) Los ingresos con los que cuenta actualmente la Extensión\n Universitaria de Milagro;

\n\n

d) Las rentas que le corresponden como partícipe de\n los tributos y demás asignaciones que por las leyes y\n decretos se entregan a las universidades y escuelas politécnicas\n del país;

\n\n

e) Los recursos que obtenga como fruto de la prestación\n de servicios, consultoría, investigaciones;

\n\n

f) Los recursos que provengan de legados y donaciones que\n le hicieren a cualquier titulo personas naturales, y las donaciones\n de personas jurídicas, nacionales o internacionales; y,

\n\n

g) Los demás recursos que se le asignen mediante leyes\n o decretos especiales.

\n\n

Art. 4. - El presupuesto para el año 2001 de la Universidad\n de Guayaquil para la Extensión Universitaria de Milagro,\n se convertirá en el presupuesto de la Universidad Estatal\n de Milagro, a efecto de lo cual en el presupuesto del Gobierno\n Central deberá establecerse las respectivas transferencias\n de partidas.

\n\n

Su cuantía está dada por el fondo de operación\n del presupuesto mencionado y la participación que le asigne\n la Universidad de Guayaquil en las cuentas de desarrollo para\n el año 2001, así como los incrementos que el Ministerio\n de Economía y Finanzas realice a dicho presupuesto.

\n\n

Art. 5. - La Universidad Estatal de Milagro concederá\n becas a los estudiantes destacados y de escasos recursos económicos,\n en un porcentaje mínimo del 10% de los alumnos matriculados,\n de acuerdo a la normatividad que expida al efecto.

\n\n

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

\n\n

PRIMERA. - El doctor Rómulo Minchala, ejercerá\n interinamente la función de Rector y conjuntamente con\n los miembros del Consejo de Extensión de la Universidad\n de Guayaquil, se encargarán de la organización\n de la Universidad y la formulación del estatuto, en el\n plazo máximo de 90 días contados a partir de la\n publicación de esta Ley en el Registro Oficial y lo someterá\n a aprobación del CONESUP.

\n\n

SEGUNDA. - Hasta tanto la Universidad Estatal de Milagro cuente\n con el estatuto debidamente aprobado, se regirá por la\n Ley de Educación Superior y el Estatuto de la Universidad\n de Guayaquil, en lo que fuere aplicable.

\n\n

TERCERA. - El personal docente, administrativo y de servicio\n de la Extensión Universitaria de Milagro pasará\n sin trámite alguno a formar parte de la Universidad Estatal\n de Milagro. Las conquistas y derechos adquiridos por los servidores\n universitarios cuando formaban parte de la Universidad de Guayaquil,\n incluyendo el tiempo de servicios y los aportes específicos\n para la jubilación complementaria serán totalmente\n reconocidos y de responsabilidad exclusiva de la nueva universidad\n que se crea mediante esta Ley.

\n\n

CUARTA. - Los estudiantes que actualmente pertenecen a la\n Extensión Universitaria de Milagro pasarán automáticamente\n a formar parte de la nueva universidad, en consecuencia se reconocen\n los estudios realizados y más derechos y obligaciones\n a que hubiere lugar.

\n\n

QUINTA. - La Universidad de Guayaquil transfiere a la Universidad\n Estatal de Milagro todos los activos, muebles e inmuebles que\n posee la Extensión Universitaria de Milagro.

\n\n

SEXTA. - La Universidad de Guayaquil transfiere a la Universidad\n Estatal de Milagro los recursos financieros de los fondos de\n aportes personales para la jubilación complementaria,\n aportes patronales y personales para el fondo de cesantía\n de los docentes, empleados y trabajadores.

\n\n

Artículo Final. - La presente Ley entrará en\n vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

\n\n

Dada en la cuidad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano,\n en la sala de sesiones del Congreso Nacional a los doce días\n del mes de diciembre del año dos mil.

\n\n

f) Abg. Hugo Quevedo Montero, Presidente.

\n\n

f) Dr. Andrés Aguilar Moscoso, Secretario General.

\n\n

CERTIFICO que la copia que antecede es igual al texto aprobado\n por el Congreso Nacional y remitido a la Presidencia de la República.

\n\n

Quito, 31 de enero del 2001.

\n\n

f) Dr. Andrés Aguilar Moscoso, Secretario General.

\n\n

CERTIFICACION

\n\n

Quien suscribe, Secretario General del Congreso Nacional,\n certifica que el proyecto de LEY DE CREACION DE LA UNIVERSIDAD\n ESTATAL DEL SUR DE MANABI, fue discutido y aprobado de la siguiente\n manera:

\n\n

PRIMER DEBATE: 15 - 11 ­ 2000
\n SEGUNDO DEBATE: 12 - 12 - 2000

\n\n

Quito, 31 de enero del 2001.

\n\n

f) Dr. Andrés Aguilar Moscoso.

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

N0 2001\n - 38

\n\n

EL CONGRESO NACIONAL

\n\n

Considerando:

\n\n

Que es responsabilidad del Estado impulsar a los pueblos hacia\n una educación superior, con la finalidad de formar profesionales\n de alto nivel académico, científico, tecnológico\n y cultural, capaces de intervenir eficazmente en los procesos\n de desarrollo regional y nacional;

\n\n

Que la provincia de Manabí, en razón de la especial\n distribución de su población, requiere el reordenamiento\n de la educación superior en la región sur;

\n\n

Que la zona sur de Manabí dispone de recursos humanos\n de significativo valor, los que deben ser debidamente aprovechados\n con orientación técnica y preparación académica\n que permitan los más altos rendimientos;

\n\n

Que en la ciudad de Jipijapa, desde hace dieciocho años\n viene funcionando la Extensión Universitaria de la Universidad\n Técnica de Manabí con las carreras de Ingeniería\n Forestal e Ingeniería del Medio Ambiente;

\n\n

Que la Extensión Universitaria de la Universidad Laica\n Eloy Alfaro de Manabí, viene funcionando con sus cursos\n regulares desde hace un año con las facultades de Administración\n Agropecuaria, Ecoturismo y Computación;

\n\n

Que con la creación de la Universidad Estatal del Sur\n de Manabí, las extensiones mencionadas pasan a fusionarse\n en la universidad que se crea;

\n\n

Que es obligación del Estado promover el desarrollo\n económico, social, cultural, científico y técnico\n de las diferentes regiones del país;

\n\n

Que el CONUEP, en sesión del 27 de julio del 2000,\n ha emitido el informe favorable para la creación de la\n Universidad Estatal del Sur de Manabí, en consideración\n a que cumple con los requisitos establecidos en el artículo\n 7 de la Ley de Universidades y Escuelas Politécnicas,\n según consta en la comunicación suscrita por el\n Presidente del CONUEP;

\n\n

Que en informe emitido por el CONUEP guarda concordancia con\n lo dispuesto en la Ley de Educación Superior, Disposición\n Transitoria Decimoctava; y,

\n\n

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales,\n expide la siguiente:

\n\n

LEY DE CREACION DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI

\n\n

Art. 1. - Créase la Universidad Estatal del Sur de\n Manabi, con sede en la ciudad de Jipijapa, como persona jurídica\n de derecho público, de carácter autónomo.\n Sus actividades se regularán de conformidad con la Constitución\n Política de la República, la Ley de Educación\n Superior, y las demás disposiciones legales y reglamentarias\n sobre la materia.

\n\n

Art. 2. - La Universidad Estatal del Sur de Manabí,\n contará inicialmente con las siguientes Unidades Académicas:

\n\n

Ingeniería Forestal;
\n Ingeniería del Medio Ambiente;
\n Administración Agropecuaria;
\n Ecoturismo; e,
\n Informática y Sistemas.

\n\n

La Universidad Estatal del Sur de Manabí podrá,\n de acuerdo con la Ley y las disponibilidades financieras, establecer\n otras unidades académicas que respondan a los requerimientos\n de la región.

\n\n

Art. 3. - Constituye patrimonio de la Universidad Estatal\n del Sur de Manabí:

\n\n

a) Todos los bienes, activos, asignaciones presupuestarias\n y mas ingresos con los que cuentan actualmente la Extensión\n de la Universidad Técnica de Manabí, y la Extensión\n de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, que pasarán\n al uso y disposición de la Universidad que se crea en\n virtud de la presente Ley;

\n\n

b) Las rentas que le corresponde como partícipe en\n los tributos y demás asignaciones que por las leyes y\n decretos se entregan a las universidades y escuelas politécnicas\n del país;

\n\n

c) Los recursos que obtenga colmo producto de convenios, por\n venta de servicios y de consultoría;

\n\n

d) Los recursos que provengan de legados y donaciones que\n le hicieren a cualquier título personas naturales, y las\n donaciones de personas jurídicas, gobiernos seccionales,\n entidades nacionales o internacionales; y,

\n\n

e) Los demás recursos que se le asignen mediante leyes\n o decretos especiales.

\n\n

Art. 4. - La Universidad Estatal del Sur de Manabí\n concederá becas a los estudiantes destacados y de escasos\n recursos económicos, en un porcentaje mínimo del\n 10% de los alumnos matriculados, de acuerdo a la normatividad\n que expida al efecto.

\n\n

Art. 5. - Los municipios de Jipijapa, 24 de Mayo, Paján\n y Puerto López, concederán becas para cursar los\n estudios en la Universidad Estatal del Sur de Manabí,\n al 10% de los bachilleres graduados con una calificación\n de sobresaliente y de escasos recursos económicos, de\n sus respectivas municipalidades. Los montos de las becas deberán\n constar en los respectivos presupuestos de los organismos seccionales.

\n\n

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

\n\n

PRIMERA. - Se encarga interinamente del Rectorado al ingeniero\n Jorge Clímaco Cañarte Murillo, quien conjuntamente\n con dos profesionales integrantes del Comité de Gestión\n pro universidad que tengan experiencia académica o administrativa,\n designados por este organismo, integrarán una Comisión\n Especial cuya responsabilidad será la organización\n de la Universidad y la elaboración del estatuto, en el\n plazo de noventa días contados a partir de la publicación\n de la presente Ley en el Registro Oficial, para su aprobación\n en el CONESUP.

\n\n

SEGUNDA. - Hasta que sea aprobado su estatuto, la Universidad\n Estatal al del Sur de Manabí se sujetará para su\n organización a las disposiciones establecidas en la Ley\n de Educación Superior y en el estatuto de la Universidad\n Técnica de Manabí, en todo aquello que fuere aplicable.

\n\n

TERCERA. - El personal docente, administrativo y de servicio\n de las extensiones de las Universidades Técnicas de Manabí\n y Laica Eloy Alfaro de Manabí, pasarán sin trámite\n alguno a formar parte de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.

\n\n

CUARTA. - Los estudiantes que actualmente pertenecen a las\n extensiones de las Universidades Técnica de Manabí\n y Laica Eloy Alfaro de Manabí pasarán automáticamente\n a formar parte de la nueva universidad, en consecuencia se reconocen\n los estudios realizados y más derechos y obligaciones\n a que hubiere lugar.

\n\n

Artículo Final. - La presente Ley entrará en\n vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

\n\n

Dada en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano,\n en la sala de sesiones del Congreso Nacional a los doce días\n del mes de diciembre del año dos mil.

\n\n

f) Abg. Hugo Quevedo Montero, Presidente.

\n\n

f) Dr. Andrés Aguilar Moscoso, Secretario General.

\n\n

CERTIFICO que la copia que antecede es igual al texto aprobado\n por el Congreso Nacional y remitido a la Presidencia de la República.

\n\n

Quito, 31 de enero del 2001.

\n\n

f) Dr. Andrés Aguilar Moscoso, Secretario General.

\n\n

 

\n\n

041 - A

\n\n

EL MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS

\n\n

En uso de las atribuciones que le concede\n el Art. 25 de la Ley Orgánica de Administración\n Financiera y Control,

\n\n

Acuerda:

\n\n

Artículo único. - Delegar al señor Ing.\n Alexander Aníbal Mejía Peñafiel, Subsecretario\n General de Economía, de esta Cartera de Estado, para que\n me represente en la sesión extraordinaria del Consejo\n de Comercio Exterior e Inversiones, (COMEXI), a realizarse el\n día miércoles 24 de enero del año en curso.

\n\n

Comuníquese. - Quito, 24 de enero del 2001.

\n\n

f) Jorge Gallardo, Ministro de Economía y Finanzas.

\n\n

Es copia, certifico.

\n\n

f) Julio César Moscoso S., Secretario General del Ministerio\n de Economía y Finanzas.

\n\n

26 de enero del 2001.

\n\n

 

\n\n

042 - A

\n\n

EL MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS

\n\n

En uso de las atribuciones que le confiere\n la ley,

\n\n

Acuerda:

\n\n

Articulo único. - Designar delegado, en representación\n del Ministerio de Economía y Finanzas, ante el Directorio\n del Banco Central del Ecuador, al señor Ing. Alexander\n Aníbal Mejía Peñafiel, Subsecretario General\n de Economía de esta Cartera de Estado.

\n\n

Comuníquese. - Quito, 24 de enero del 2001.

\n\n

f.) Jorge Gallardo, Ministro de Economía y Finanzas.\n Es copia, certifico.

\n\n

f) Julio César Moscoso S., Secretario General del Ministerio\n de Economía y Finanzas.

\n\n

26 de enero del 2001.

\n\n

 

\n\n

043

\n\n

EL MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS

\n\n

En uso de las atribuciones que le concede\n el Art. 25 de la Ley Orgánica de Administración\n Financiera y Control,

\n\n

Acuerda:

\n\n

Artículo único. - Delegar al señor Lic.\n Wilson Andrade, Director de Crédito Público de\n esta Cartera de Estado, para que me represente en la sesión\n de la Comisión Técnica de la Agencia de Garantía\n de Depósitos AGD, a realizarse el día jueves 25\n de enero del 2001.

\n\n

Comuníquese. - Quito, 25 de enero del 2001.

\n\n

f.) Jorge Gallardo, Ministro de Economía y Finanzas.\n Es copia, certifico.

\n\n

f) Julio César Moscoso S., Secretario General del Ministerio\n de Economía y Finanzas.

\n\n

26 de enero del 2001.

\n\n

RESOLUCION 406

\n\n

Por la cual se resuelven los Recursos de reconsideración\n presentados por el Gobierno de Perú, la compañía\n PFIZER y la Asociación ALAFARPE contra la Resolución\n 358 que dictaminó el incumplimiento por parte del señalado\n Gobierno de lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión\n 344 y otras normas del ordenamiento
\n jurídico comunitario

\n\n

LA SECRETARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA,

\n\n

VISTOS: El artículo 52 del Acuerdo de Cartagena, los\n artículos 4, 24 y 25 del Tratado de Creación del\n Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Decisión\n 344 que contiene el Régimen Común sobre Propiedad\n Industrial, la Decisión 425 que contiene el Reglamento\n de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General,\n las Resoluciones 079 y 358 de la Secretaría General, y\n los recursos de reconsideración presentados por el Gobierno\n del Perú la compañía PFIZER Research &\n Development Co. N.V/S.A. (en adelante PFIZER) y la Asociación\n Nacional de Laboratorios Farmacéuticos (en adelante ALAFARPE);\n y,

\n\n

CONSIDERANDO: Que, con el objeto de organizar la controversia\n en torno a este asunto dado que se plantean cuestiones tanto\n de índole procesal como de carácter sustantivo,\n la Secretaría General considera adecuado estructurarlo\n de la siguiente manera:

\n\n

1. HECHOS

\n\n

2. CUESTIONES PREVIAS

\n\n

2.1 La Competencia de la Secretaría General:

\n\n

2.1.1 El sistema de solución de controversias de la\n Comunidad Andina, en lo concerniente al procedimiento administrativo\n por incumplimiento y al proceso judicial por incumplimiento,\n tiene como base la obligación de los Países Miembros\n de cumplir con el ordenamiento jurídico andino.

\n\n

2.1.2 Competencia de la Secretaría General para adelantar\n procedimientos administrativos por incumplimiento de normas que\n forman parte del ordenamiento jurídico andino, por parte\n de los Países Miembros.

\n\n

2.2 La legitimación activa de las partes recurrentes.

\n\n

2.3 Las nulidades del procedimiento de incumplimiento.

\n\n

2.3.1 La facultad de la Secretaría General para disponer\n la actuación de pruebas.

\n\n

2.3.2 El principio de congruencia en el trámite del\n procedimiento administrativo por incumplimiento.

\n\n

2.4 La acumulación de Recursos.

\n\n

3. CONTEXTO GENERAL

\n\n

3.1 Concepto de Uso en el Derecho de Patentes, según\n la doctrina y la jurisprudencia.

\n\n

3.2 El Patentamiento del Uso en la legislación comparada.

\n\n

3.3 La Patente del "Viagra".

\n\n

4. EL PATENTAMIENTO DE LOS USOS EN LA DECISION 344

\n\n

4.1 El concepto de Invención y los requisitos de Patentabilidad.

\n\n

4.2 Las prohibiciones y exclusiones de Patentabilidad en la\n Decisión 344.

\n\n

4.3 La relación entre el artículo 1 y el artículo\n 16 de la Decisión 344.

\n\n

4.3.1 La supuesta redundancia.

\n\n

4.3.2 La complementariedad.

\n\n

4.3.3 La excepción.

\n\n

5. EL "VIAGRA" Y LAS CONDICIONES DE PATENTABILIDAD\n SEGUN LA DECISION 344. LEGALIDAD DE LA PATENTE A LA LUZ DEL ORDENAMIENTO\n JURIDICO ANDINO

\n\n

6. LOS ALEGATOS DE LAS PARTES RECURRENTES

\n\n

6.1 La legalidad del patentamiento de los segundos usos en\n el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

\n\n

6.2 Vulneración del Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad\n Intelectual relacionados con el Comercio (en adelante ADPIC)\n de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

\n\n

6.3 Naturaleza de la patente peruana.

\n\n

6.4 Supuesto error en la Resolución 358, con relación\n a la calificación de la patente.

\n\n

6.5 Supuesto exceso de facultades de la Secretaría\n General.

\n\n

6.6 Facultades de las Oficinas Nacionales Competentes en materia\n de Propiedad Industrial.

\n\n

6.7 La Resolución 079 de la Secretaría General.

\n\n

7. CONSIDERACIONES FINALES

\n\n

8. CONCLUSION

\n\n

1. HECHOS

\n\n

1. Con fecha 03 de noviembre de 1999, la Secretaría\n General recibió un escrito de la Asociación de\n Industrias Farmacéuticas de Origen y Capital Nacionales\n (en adelante ADIFAN), por medio del cual se informó que\n la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Instituto\n Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección\n de la Propiedad Intelectual (en adelante INDECOPI) del Perú,\n mediante Resolución 000050 del 29 de enero de 1999, otorgó\n "patente de invención al producto denominado PIRAZOLOPIRIMIDINONA\n para el tratamiento de la impotencia" a favor de la sociedad\n PFIZER (el subrayado es nuestro).

\n\n

2. Con fecha 9 de noviembre de 1999, la Secretaría\n General abrió la correspondiente investigación\n solicitada por ADIFAN mediante comunicación SG/F/2.1t2685/1999.

\n\n

3. Con fecha 17 de diciembre de 1999, la Secretaría\n General de la Comunidad Andina remitió al Ministerio de\n Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales\n Internacionales del Perú (en adelante MITINCI la Nota\n de Observaciones SG ­ F/2.1/02978 - 1999, en la cual se manifiesta\n que el Gobierno del Perú, al haber otorgado patente de\n segundo uso mediante la Resolución 000050 del 29 de enero\n de 1999 del INDECOPI. estaría incurriendo en un incumplimiento\n de obligaciones emanadas de las normas que conforman el ordenamiento\n jurídico de la Comunidad Andina, en particular del artículo\n 4 del Tratado de Creación del Tribunal, de la Decisión\n 344 y de la Resolución 079 de la Secretaría General,\n dando un plazo de 20 días calendario para su respuesta.

\n\n

4. Con fecha 10 de enero del 2000, el Gobierno del Perú\n solicitó prórroga en el plazo para contestar la\n Nota de Observaciones SG ­ F/2.1/02978 - 1999, la cual fue\n concedida el mismo día mediante comunicación SG\n ­ F/2. 1/00010 - 2000.

\n\n

5. Con fecha 21 de enero del 2000, el Gobierno del Perú\n remitió el Oficio 006 - 2000 - MITINCI/VMINCI, en el cual\n se adjunte el Informe Técnico 001 - 2000/0114, elaborado\n por el INDECOPI a propósito del presente caso, dando respuesta\n a la Nota de Observaciones SG - F/2. 1/02978 - 1999.

\n\n

6. Con fecha 11 de febrero de 2000 la Secretaría General\n emitió la Resolución 358 que contiene el Dictamen\n 09 - 2000 de Incumplimiento por parte del Gobierno del Perú\n en la aplicación de la Decisión 344, Régimen\n Común sobre Propiedad Industrial. Dicha Resolución\n fue publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N0\n 535 del 15 de febrero de 2000.

\n\n

7. Con fecha 10 de febrero de 2000, fue recibido el facsímil\n 023/2000 del Director Ejecutivo de la Asociación Nacional\n de Laboratorios Farmacéuticos - ALAFARPE - (en adelante\n ALAFARPE), en el que manifestó su preocupación\n "como gremio representativo de las empresas farmacéuticas\n de investigación por el procedimiento de denuncia iniciado\n por ADIFAN", y comunicó a la Secretaría General\n su decisión de apersonarse dentro del proceso con la finalidad\n de ser oída y notificada de las actuaciones adelantadas\n por la Secretaría General.

\n\n

8. Con fecha 11 de febrero de 2000, mediante facsímil\n SG-F/2. 1/331/2000, la Secretaría General informó\n a ALAFARPE que debía acreditar ser titular de un derecho\n subjetivo o de un interés legítimo para apersonarse\n al procedimiento. Sin perjuicio de ello, en la misma comunicación\n se le indicó al Director Ejecutivo de ALAFARPE que se\n le recibirla el día 23 de febrero de 2000 "para escuchar\n los puntos que tenga a bien exponer respecto a los asuntos que\n (...) considere esenciales para su Asociación".

\n\n

9. Con fecha 11 de febrero de 2000, mediante facsímil\n SG- - F/2. 1/329/2000, la Secretaría General remitió\n al Gobierno peruano ya ADIFAN la solicitud de ALAFARPE.

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10. Con fecha 11 de febrero de 2000, ALAFARPE presentó\n su escrito N0 1 solicitando apersonamiento en el procedimiento\n administrativo por incumplimiento adelantado contra la República\n de Perú.

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11. Con fecha 14 de febrero de 2000, la Secretaría\n General, mediante facsímil SG - F/2. 1/0336/2000 comunicó\n a ALAFARPE que el simple hecho de pertenecer las empresas farmacéuticas\n de investigación a dicha agremiación y ser a su\n vez titulares de patentes en algunos Países Miembros de\n la Comunidad Andina, "no conlleva que su Asociación\n pueda ser considerada como parte 'interesada' en este procedimiento\n especifico, toda vez que no se ha acreditado cuál es el\n interés legítimo particular y concreto protegido\n que podría verse afectado en caso de un pronunciamiento\n de este organismo comunitario".

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12. Con fecha 21 de febrero de 2000, mediante comunicación\n Of. N° 028/2000 ALAFARPE confirmó su asistencia a\n la audiencia concedida por la Secretaría General.

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13. Con fecha 22 de febrero de 2000, ALAFARPE remitió\n el escrito N0 2 indicando las razones por las cuales considera\n que se debe reconocer su interés legítimo para\n actuar en el procedimiento administrativo debido a que se afectada\n los derechos derivados de la patente de segundo uso conferida\n a PFIZER, así como los derechos expectaticios de sus demás\n asociados.

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14. Con fecha 22 de febrero de 2000, el apoderado de PFIZER\n solicitó copia del expediente alegando ser su representada\n parte interesada en el presente procedimiento, habida cuenta\n que el título concedido por el INDECOPI fue expedido a\n favor de dicha compañía.

\n\n

15. Con fecha 24 de febrero de 2000 se recibió en la\n sede de la Secretaría General a los representantes de\n ALAFARPE. A dicha reunión también asistió\n el apoderado de PFIZER. Si bien en esa ocasión ni ALAFARPE\n ni PFIZER habían sido reconocidos como partes interesadas\n en el procedimiento, se les recibió con el propósito\n de escuchar sus planteamientos y explicarles cómo operaba\n el mecanismo de solución de controversias de la Comunidad\n Andina.

\n\n

16. Con fecha 25 de febrero de 2000, el apoderado de PFIZER\n hizo llegar a la Secretaría General sus poderes de representación,\n señalando que estaría analizando la posibilidad\n de apersonarse en el expediente y presentar recursos impugnativos.

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\n\n

17. Con fecha 25 de febrero de 2000, mediante facsímil\n N° SG - F/2. 1/000446/2000, la Secretaría General\n informó a ALAFARPE que se le reconocía interés\n legítimo para actuar en el presente procedimiento.

\n\n

18. Con fecha 28 de febrero de 2000, ALAFARPE remitió\n su escrito No. 3 reiterando su interés legitimo para actuar\n y solicitando un trato igual en el sentido de que si ADIFAN pudo\n presentar la denuncia y ésta fue admitida por la Secretaría\n General al considerar que "contaba con interés legítimo\n para accionar, igual derecho tiene ALAFARPE de ser PARTE INTERESADA\n en el presente procedimiento al tener EL MISMO INTERES LEGITIMO\n que ADIFAN", pues ambas asociaciones representan a la industria\n farmacéutica.

\n\n

19. Con fecha 28 de febrero de 2000, mediante facsímil\n SG. ­ -F/2.1/447/2000, la Secretaría General comunicó\n a PFIZER que habla acreditado interés legítimo\n para actuar y le remitió copias del expediente.

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20. Con fecha 28 de febrero de 2000, el apoderado de PFIZER\n solicitó una audiencia en la Secretaría General.

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21. Con fecha 29 de febrero de 2000, el apoderado de PFIZER\n acusó recibo de las copias del expediente remitidas por\n la Secretaría General y remitió el poder de representación\n que le concedió PFIZER para solicitar copia de los documentos\n emitidos por la Secretaría General en otros procedimientos\n administrativos que adelantaba referentes al mismo asunto con\n respecto a otros Países Miembros.

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22. Con fecha 2 de marzo de 2000, la Secretaría General\n convocó a una audiencia con representantes de PFIZER de\n cuatro Países Miembros, para el 6 de ese mismo mes.

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23. Con fecha 3 de marzo de 2000, el apoderado de PFIZER confirmó\n la asistencia a la audiencia referida anteriormente.

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24. Con fecha 6 de marzo de 2000 se realizó la audiencia\n solicitada por PFIZER en la sede de la Secretaría General.

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En dicha Audiencia el apoderado de PFIZER manifestó\n a la Secretaría General la preocupación de su representada\n ante la emisión de la Resolución 358 de la Secretaría\n General, la misma que causa un perjuicio enorme para los intereses\n de su compañía, en aspectos económicos y\n de investigación. Señaló que en la mencionada\n Resolución se cuestiona la situación específica\n de una patente para el nuevo uso que se descubrió para\n un producto, la que ha sido autorizada en todos los países\n del mundo; siendo las únicas excepciones, hasta ahora,\n la de Colombia y la Resolución 358 de la Secretaría\n General.

\n\n

Señaló además que con dicha actitud se\n desestimula la investigación y el desarrollo de productos\n para el bienestar de la Comunidad Andina, para la salud de la\n comunidad mundial.

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En opinión de PFIZER, para la Secretaría General\n de la Comunidad Andina la llamada patentabilidad de nuevo uso\n o segundo uso, es procedente en la medida en que exista novedad,\n altura inventiva y aplicación industrial, posición\n que ha sido manifestada en la Resolución 079. Señaló\n PFIZER que tanto en la Resolución 358, la Nota de Observaciones\n al Gobierno del Perú, la respuesta del Gobierno del Perú\n a la Nota de Observaciones, y la denuncia que formuló\n ADIFAN, se habla de una patente de segundo uso, no de compuesto,\n o procedimiento de fabricación del compuesto; salvo en\n la parte resolutiva de la citada Resolución 358, en la\n que se dictaminó el incumplimiento por la concesión\n de Perú de una patente para un compuesto. PFIZER indica\n que el Perú nunca concedió patente para un compuesto\n sino una patente de segundo uso.

\n\n

Añadió PFIZER que en la aludida Resolución\n no sólo se vela por el cumplimiento de la norma andina,\n sino que se interpretaba derecho de carácter interno,\n como por ejemplo si hubo o no examen de novedad apropiado. Señaló\n además que la Decisión 344 encarga o faculta a\n las oficinas nacionales competentes establecer los requisitos\n de novedad, de altura inventiva y aplicación industrial,\n así como la distinción entre el examen de fondo\n y el examen definitivo. Sin embargo, no existe ninguna normativa\n que regule la forma en la que deben hacerse los exámenes\n de novedad, altura inventiva, y qué se entiende por aplicación\n industrial. Opinó PFIZER que por razones de capacidad\n técnica algunos países hacen unos exámenes\n más exhaustivos que otros. Sin embargo, en el caso de\n Perú, éste presenta con claridad que hubo 4 exámenes\n periciales, dos parcialmente favorables, el tercero denegatorio\n en su integridad, y el cuarto concesorio respecto de 7 de 9 reivindicaciones,\n y en este cuarto examen hubo un pronunciamiento preciso, respecto\n de que había novedad, que había altura inventiva\n y que había aplicación industrial. Para PFIZER,\n la Resolución 358 debió señalar las pautas\n a seguir en los exámenes de novedad y altura inventiva,\n mas no decir que en el caso de Perú se ha otorgado la\n patente sin examen de novedad, porque eso no era correcto.

\n\n

Añadió el representante de PFIZER que si cualquier\n persona interesada estimaba que se concedió la patente\n careciendo ésta de alguno de los tres requisitos establecidos,\n se debió plantear previamente un recurso interno, tal\n como sucedió en el caso del pipeline, en el que primero\n existió un reclamo interno contra el Decreto Ejecutivo\n del Presidente de la República de Ecuador, y luego se\n emitió la decisión judicial interna. Posteriormente\n la Junta declaró el incumplimiento, y finalmente el mismo\n fue ratificado por el Tribunal andino.

\n\n

Considera que es un principio reconocido el no poder recurrir\n a un organismo comunitario o a un organismo internacional sin\n el agotamiento de los recursos internos.

\n\n

Finalmente, a su parecer el patentamiento de usos está\n expresamente permitido por el articulo 16 de la Decisión\n 344, y además porque ello se encuentra recogido en ADPIC,\n vigente en el Ecuador desde 1996.

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25. Con fecha 17 de marzo de 2000, el apoderado de PFIZER\n solicitó una nueva audiencia con el Secretario General\n de la Comunidad Andina.

\n\n

26. Con fecha 20 de marzo de 2000, la Secretaría General\n anunció a PFIZER la celebración de la audiencia\n solicitada, la cual tendría lugar el 31 de marzo de 2000.

\n\n

27. Con fecha 22 de marzo de 2000, el apoderado de PFIZER\n confirmó la asistencia a la audiencia del 31 de marzo\n de 2000. Igualmente, anunció el nombre de los representantes\n de PFIZER que acudirían a la misma, mediante escrito del\n 28 de ese mismo mes.

\n\n

28. Con fecha 30 de marzo de 2000, fue recibido por la Secretaría\n General de la Comunidad Andina el oficio 040 - MITINCI/VMINCI/DNINCI,\n remitido por el MITINCI, mediante el cual se solicita la reconsideración\n de la Resolución 358, con fundamento en el escrito preparado\n por el INDECOPI. En el recurso, el Gobierno peruano manifiesta\n lo siguiente:

\n\n

a) La solicitud de patente respecto de la invención\n "Pirazolopirimidona para el Tratamiento de la Impotencia"\n consiste en "la utilización del Sildenafil Citrato\n en la fabricación de un medicamento identificado con la\n marca Viagra, el mismo que es utilizado para el tratamiento curativo\n o profiláctico de la disfunción eréctil,\n segunda aplicación de los compuestos objeto de la Invención\n que ya eran utilizados para el tratamiento de la angina."\n (el resaltado es del INDECOPI;

\n\n

b) En opinión del Gobierno del Perú, tanto el\n Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina como la Secretaría\n General han establecido expresamente que sí se puede conceder\n patentes de segundo uso;

\n\n

c) Afirma el Gobierno recurrente que el INDECOPI otorgó\n la patente en cuestión debido a que estimó que\n "se trataba de un nuevo uso, distinto al comprendido en\n el estado de la técnica, que cumplía con los tres\n requisitos de patentabiidad.". Señala el escrito\n que "la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías\n del INDECOPI, a efectos de evaluar la solicitud de patente que\n se cuestiona, ha tomado en consideración todos los requisitos\n de patentabiidad previstos en la legislación nacional,\n (el subrayado es de la Secretaría General) habiendo incluso\n en virtud de dicha evaluación rechazado aquellas reivindicaciones\n que no se ajustaban a ley, y concediendo por otra parte aquellas\n referidas a un uso posterior de un procedimiento ya patentado\n (el subrayado es del INDECOPI, puesto que éste cumplía\n plenamente con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación\n industrial, tal como lo establecen los artículos 1°\n y 16° de la Decisión 344", lo cual, afirma el\n escrito, ha quedado demostrado con el Informe Técnico\n N0 001 - 2000/OIN, "el mismo que fue sustento de la respuesta\n a la Nota de Observaciones (...)";

\n\n

d) Manifiesta el Gobierno peruano que debe tenerse presente\n el documento preparado por la OMPI denominado "Bases de\n discusión para un examen de la Decisión 344 de\n la Comisión del Acuerdo de Cartagena", documento\n que establece en el análisis del artículo l6 de\n la Decisión 344 que: "...Sin embargo, si determinado\n uso de un producto o de un procedimiento conocido resolviera\n un problema técnico, y esa solución no fuese conocida\n no obvia para una persona versada en la materia, podría\n reivindicarse el producto o procedimiento que se encuentra en\n el estado de la técnica, sino únicamente su nuevo\n uso o aplicación. Ello tendría que quedar definido\n en las reivindicaciones";

\n\n

e) Ajuicio del Gobierno recurrente, en tanto el uso cumpla\n con los requisitos objetivos de patentabilidad "(...), la\n invención caracterizada por un nuevo uso será una\n invención en los términos de la ley y en tal sentido,\n plenamente patentable en el contexto legal vigente.".

\n\n

Por ello, en su opinión, la Resolución 358 no\n versa "en si se puede o no conceder patentes de segundo\n uso. (...). sino más bien en determinar si la patente\n cuestionada es o no novedosa", esto es, si el Gobierno peruano\n evaluó debidamente los requisitos de patentabilidad de\n la solicitud presentada por PFIZER. (el subrayado es de la Secretaría\n General);

\n\n

f) El Gobierno peruano afirma que la Secretaría General\n ha excedido las facultades que se le conceden toda vez que no\n cuenta con atribuciones para pronunciarse sobre el fondo (evaluar\n si determinada invención es patentable) y no ha realizado\n un examen pericial sobre el caso. Agrega que, dentro del procedimiento\n administrativo conforme a la normativa andina vigente, el examen\n de patentabilidad es competencia de las Oficinas Nacionales,\n las cuales "tienen plena autonomía para realizar\n y concluir los exámenes, a efectos de determinar la patentabilidad\n de las solicitudes que son presentadas ante sus instancias administrativas.\n Es decir, que dentro de un procedimiento administrativo, conforme\n a la normativa andina vigente, el examen de patentabilidad es\n competencia exclusiva de cada Oficina Nacional Competente (...)".

\n\n

En ese sentido, la Secretaría General "mal podría\n pronunciarse sobre la validez de un examen pericial de novedad",\n pues no cuenta con tales facultades legales ni técnicas\n para el efecto. Agrega que aceptar lo anterior, "además\n de desnaturalizar las funciones de la Secretaría General,\n implica una vulneración a la seguridad jurídica\n y una apropiación de facultades jurisdiccionales reservadas\n a los Países Miembros";

\n\n

g) Señala el Gobierno peruano que la Secretaría\n General es el órgano ejecutivo de la Comunidad Andina,\n y tiene facultad de emitir dictámenes motivados en el\n caso de incumplimiento 'de obligaciones, pero no se le conceden\n facultades jurisdiccionales o competencia para dirimir conflictos,\n interpretar normas, solucionar controversias o pronunciarse sobre\n el fondo de temas reservados a la
\n autonomía de los Países Miembros. Agrega que al\n estar concebida como el órgano ejecutivo, no actúa\n como órgano jurisdiccional, pues dichas funciones le corresponden\n al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Además,\n las facultades atribuidas a la Secretaría General por\n los artículos 24 y 25 del Tratado del Tribunal, limitan\n a la Secretaría General a evaluar aquellos casos en que\n algún País Miembro no respete los compromisos asumidos\n en virtud de los convenios internacionales suscritos y normas\n de integración, o pretenda desconocer, inaplicar o desacatar\n las Decisiones o Resoluciones de los órganos comunitarios\n competentes, pero no implican la atribución potestades\n para efectuar cuestionamientos de fondo referentes a resoluciones\n administrativas de los Países Miembros, o facultades para\n ser el auténtico intérprete de las normas andinas.

\n\n

En ese sentido, la Secretaría General "debiera\n tener en consideración que para un adecuado funcionamiento\n del sistema de propiedad industrial, la vía para cuestionar\n la concesión indebida de una patente es la Nulidad, conforme\n al ordenamiento jurídico legal andino. Utilizar otros\n mecanismos ajenos, como en el presente proceso lo único\n que genera es inseguridad jurídica, desconcierto y un\n precedente negativo muy peligroso para la protección de\n las inversiones privadas y la credibilidad del sistema comunitario\n andino" (el destacado es del Gobierno peruano);

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h) A juicio del Gobierno recurrente, la Secretaría\n General supone una falta de novedad de la invención como\n sustento para declarar un incumplimiento de la normativa andina\n al considerar que el Perú ha concedido una patente que\n ya se encontraba contenida en el estado de la técnica;

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i) Señala que la Secretaría General no tuvo\n a la vista el expediente técnico para resolver, basándose\n únicamente en el mérito de la Resolución\n de la Superintendencia de Colombia, sin tomar en consideración\n que para hacer suya una posición debiera tener un asidero\n firme e incuestionable, haciendo mal la Secretaría General\n en comparar como casos iguales, los supuestos de análisis\n legal de las Oficinas Peruana y Colombiana;

\n\n

j) Afirma el señalado Gobierno en su recurso que en\n la patente otorgada por el Perú no se está protegiendo\n el químico SILDENAFIL sino únicamente el nuevo\n uso aplicado en el tratamiento de la disfunción eréctil,\n quedando claro que la patente está enfocada únicamente\n a proteger un uso que cumple con los requisitos de patentabilidad\n (Segundo Uso Terapéutico) (el subrayado es de la Secretaría\n General).

\n\n

Precisa, asimismo, que "el uso que se encuentra en el\n estado de la técnica accesible al público, y por\n ,tanto conocido, es el uso en el tratamiento de desórdenes\n cardiovasculares, mientras que el nuevo uso es en el tratamiento\n de la disfunción eréctil; existiendo así\n dos distintas aplicaciones o usos para la misma sustancia (...)";

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k) En lo que respecta al nivel inventivo, el Informe Técnico\n que reposa en el expediente tramitado por INDECOPI concluyó\n que el nuevo uso tiene un nivel inventivo, al haberse demostrado\n una acción farmacológica inesperada, por tratarse\n de un campo distante al mencionado en el estado de la técnica.

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El recurso señala que en cuanto a "la aplicación\n industrial de éste nuevo uso, se determinó que\n el proceso de elaboración de la patente puede ser fabricado\n en los laboratorios farmacéuticos, por lo que se deduce\n su aplicación industrial".

\n\n

l) En opinión del Gobierno recurrente, la Secretaría\n General ha incurrido en error al considerar que el Perú\n ha concedido patente a un producto, ya que el texto de la Resolución\n N0 000050 ­ 1999/OIN - INDECOPI no se refiere a un producto.\n Añade que si bien es cierto que la mencionada Resolución\n no hace una especificación en ese sentido, la documentación\n técnica del expediente esclarece que no se ha concedido\n patente a un producto.

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Manifiesta el Gobierno peruano que, si bien el título\n de la invención es "PIRAZOLOPIRIMIDINONA PARA EL\n TRATAMIENTO DE LA IMPOTENCIA" no se está patentando\n el compuesto químico PIRAZOLO-PIRIMIDINONA, sino el nuevo\n uso de dicho compuesto para el tratamiento de una enfermedad.

\n\n

Considera el recurso que si se tratara de una patente a un\n producto se debería decretar la nulidad de la misma, pues\n se estaría contraviniendo de esta manera lo estipulado\n por el artículo 52 de la Decisión 344, que establece\n que "La autoridad competente podrá decretar, de oficio\n o a petición de parte, la nulidad de la patente, previa\n audiencia de las partes interesadas, siempre que.' a) Haya sido\n concedida en contravención de cualquiera de las disposiciones\n de la presente Decisión (...)".

\n\n

m) Por otro lado, indica que con el precedente de la Resolución\n 358, la Secretaría General se estaría constituyendo\n en una instancia administrativa dentro del sistema del régimen\n común de propiedad industrial andino, a efectos de cuestionar\n la validez de los derechos que son concedidos por las Oficinas\n Nacionales Competentes de los Países Miembros;

\n\n

n) Concluye el recurso del Gobierno peruano afirmando lo siguiente:

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i) El Gobierno peruano otorgó el título de la\n patente en cuestión, por corresponder a un nuevo uso que\n cumplía con los tres requisitos de patentabilidad;

\n\n

ii) El examen de patentabilidad, y por ende, de la novedad,\n es competencia exclusiva de las oficinas nacionales competentes\n de cada País Miembro;

\n\n

iii) La Secretaria General, como órgano ejecutivo de\n la Comunidad Andina, carece de facultades juris-diccionales o\n competencia para dirimir conflictos, interpretar normas, solucionar\n controversias o pronunciarse sobre el fondo de temas reservados\n a la autonomía de los Países Miembros;

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iv) La Secretaría General ha excedido sus atribuciones\n al cuestionar la falta de un requisito de patentabilidad de invención\n para un segundo uso;

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v) La vía para cuestionar la concesión indebida\n de la patente es la nulidad, conforme al ordenamiento andino;

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vi) La patente concedida por Perú no protege un producto\n conocido, sino que se refiere a un nuevo uso que cumple con los\n requisitos de patentabilidad y,

\n\n

vii) No queda claro para el Gobierno peruano "la manera\n de superar dicho incumplimiento sin que se vulnere el ordenamiento\n jurídico andino".

\n\n

29. Con fecha 29 de marzo de 2000, fue recibido por la Secretaría\n General de la Comunidad Andina el escrito remitido por el apoderado\n de PFIZER por el cual interpuso recurso de reconsideración\n contra la Resolución 358 de la Secretaría General.\n En su escrito, PFIZER se refiere a la legitimación para\n actuar y a la petición de que se revoque la Resolución\n 358, señala los antecedentes del caso en lo concerniente\n al trámite de la solicitud en el Perú y las acciones\n adelantadas en defensa de los derechos de la patente en ese País\n Miembro; asimismo, alude a la Nota de Observaciones emitida por\n la Secretaría General. Cabe resaltar que PFIZER manifiesta\n que la patente se confiere luego del tercer informe de perito,\n el mismo que después de evaluar nuevamente las reivindicaciones\n corregidas conforme a sus indicaciones previas, y evaluar los\n requisitos de patentabilidad en concordancia con los alcances\n del artículo 4 del Decreto Supremo No. 0l0 - 97 - ITINCI\n que aclara la aplicación del artículo 43 del Decreto\n Legislativo N0 823, según le fuera indicado por la Oficina,\n se pronuncia ahora si a favor de la patente. Posteriormente,\n el apoderado de PFIZER pasa a plantear los argumentos del recurso\n interpuesto contra la Resolución 358. Dichos argumentos\n se pueden resumir así:

\n\n

a) En oposición a lo manifestado por el Gobierno Peruano,\n en opinión de PFIZER, el debate fundamental para la Secretaría\n General deb

 

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