Registro Oficial. 6 de FEBRERO del 2001 Suplemento

Martes, 06 de febrero de 2001

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

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 MES DE FEBRERO\n DEL 2001

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 REGISTRO\n OFICIAL
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ORGANO\n DEL GOBIERNO DEL ECUADOR
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Administración\n del Sr. Dr. Gustavo Noboa Bejarano
\n Presidente Constitucional de la República

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Quito,\n Martes 6 de Febrero del 2001 No. 260

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SUPLEMENTO

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TRIBUNAL\n CONSTITUCIONAL

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EDMUNDO\n ARIZALA ANDRADE
\n DIRECTOR ENCARGADO
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TRIBUNAL\n CONSTITUCIONAL

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RESOLUCIONES:
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006-2001-\n TP Declárase\n la inconstitucionalidad de la resolución de 5 de abril\n de 1994, con la que el Director Ejecutivo del ex-Instituto Ecuatoriano\n de Reforma Agraria y Colonización, hoy INDA, adjudicó\n a favor de Luz Aurora Fajardo un lote de terreno, ubicado en\n la parroquia Javier Loyola, cantón Azogues, provincia\n del Cañar, declaratoria que conlleva la revocatoria del\n acto
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007-2001-TC Deséchase por improcedente la\n demanda de inconstitucionalidad propuesta por los señores\n Pedro de la Cruz y Marco Murillo, tendiente a obtener la declaratoria\n de inconstitucionalidad de la Ley para la Transformación\n Económica del Ecuador, y por consiguiente suspéndense\n sus efectos
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008-2001-TP Inadmítese el amparo constitucional\n propuesto por el doctor Rene Marcelo Larco Daza
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012-2001-TP Deséchanse por improcedentes las\n demandas de inconstitucionalidad planteadas contra el convenio\n entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno\n de los Estados Unidos de América, concerniente al acceso\n y uso de las instalaciones en la Base de la Fuerza Aérea\n Ecuatoriana en Manta para actividades aéreas antinarcóticos.
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015-2001-TP Confirmase la resolución\n expedida por el Juez Segundo de lo Civil de Pichincha con la\n que niega el recurso de amparo constitucional propuesto por el\n señor Iván Montesinos Montesinos
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\n 017-2001-TP Inadmitese la\n acción planteada por improcedente
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018-2001-TP Deséchase la demanda de inconstitucionalidad\n por improcedente\n

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Nro. 006-2001-IP

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"EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

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En el caso signado ccii el Nro. 734\n - 99 - AA

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ANTECEDENTES: Los cónyuges Juan Custodio Zumba y Maria\n Culquicóndor comparecen ante el Presidente del Tribunal\n Constitucional manifestando que el Director Ejecutivo del que\n fuera Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización,\n mediante providencia de abril 5 de 1994, adjudica a Luz Aurora\n Fajardo un lote de terreno sin número, superficie de 1.58\n hectáreas, ubicado en Sumbahuayco, parroquia de Javier\n Loyola, cantón Azogues, provincia del Cañar, bajo\n la afirmación que es baldío por disposición\n de la Ley.

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Sostienen que el acto administrativo es inconstitucional porque\n el terreno materia de la adjudicación perteneció\n en propiedad a Francisco Matute, a cuyo fallecimiento quedaron\n como herederos sus hijos Hipólito, Maria Lucrecia y María\n Leonor Matute Flores. Hipólito contrajo matrimonio con\n Luz Aurora Fajardo Fajardo. Maria Lucrecia y Maria Leonor celebraron\n escritura pública de compra - venta a favor de los comparecientes,\n mientras que Hipólito Matute y su cónyuge Luz Aurora\n Fajardo, pretendiendo adueñarse del lote de terreno referido\n han iniciado un juicio pidiendo se les declare dueños\n por prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio,\n bajo la afirmación de que habían mantenido más\n de treinta años de posesión del terreno con ánimo\n de señores y dueños, juicio en el que se les hizo\n extensivo a los promitentes compradores. En sentencia de primera\n y segunda instancias, luego de reconocer que el terreno perteneció\n a Francisco Matute y a sus tres herederos, rechazaron las demandas\n de prescripción. Agregan que el acto administrativo de\n adjudicación otorgado por el Director Ejecutivo del IERAC\n se produjo en una época en que entre Luz Aurora Fajardo\n y los comparecientes se encontraban ventilando el juicio de prescripción\n adquisitiva, habiéndose producido una grave interferencia\n del Director Ejecutivo del IERAC en las atribuciones propias\n de la Función Judicial y han transgredido las normas que\n consignan los artículos 30 y 199 de la Constitución\n Política de la República y 46 de la Ley de Desarrollo\n Agrario.

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El Defensor del Pueblo emite informe favorable para que el\n Tribunal Constitucional tramite la demanda de inconstitucionalidad\n planteada por Juan Custodio Zumba y Maria Culquicóndor.

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El ingeniero Jorge Víctor Cevallos, Director Ejecutivo\n del Instituto Nacional de Desarrollo Agrario, contesta la demanda\n con la que se le corrió traslado.

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Considerando:

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Que, el Tribunal Constitucional, de acuerdo con el numeral\n 2 del artículo 276 de la Constitución Política\n de la República, es competente para conocer y resolver\n en este caso;

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Que, la causa se ha tramitado de acuerdo con las normas pertinentes\n y no existe inobservancia de solemnidad sustancial alguna que\n pueda influir en la resolución de la causa, por lo que\n se declara su validez;

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Que, los cónyuges Hipólito Matute Flores y Luz\n Aurora Fajardo Fajardo, el 13 de abril de 1989, presentan ante\n el Juez de lo Civil una demanda en contra de Leonor y Lucrecia\n Matute Flores como vendedores y en contra de Juan Custodio Zumba\n Torres Cóndor como compradores, alegando prescripción\n extraordinaria adquisitiva de dominio sobre el lote de terreno;

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Que, subordinada a sorteo la demanda mencionada, su conocimiento\n le correspondió al Juez Primero de lo Civil de Azogues,\n cuyo titular, luego del trámite respectivo, en la sentencia\n expedida el 16 de agosto de 1991, declara sin lugar la demanda\n de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio\n propuesta por Hipólito Matute Flores y Luz Aurora Fajardo\n en contra de Leonor y Lucrecia Matute Flores y de Juan Custodio\n Zumba Torres y Manuela Culquicóndor;

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Que, la Corte Superior de Azogues, mediante sentencia expedida\n el 5 de julio de 1994, confirma íntegramente la sentencia\n llegada en grado en cuanto declara sin lugar la acción\n planteada tendiente a que se declare la prescripción adquisitiva\n del bien individualizado en la demanda;

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Que, por su parte el Director Ejecutivo del Instituto Ecuatoriano\n de Reforma Agraria y Colonización, con la providencia\n expedida el 5 de abril de 1994 adjudica, sin hipoteca, a Luz\n Aurora Fajardo, el lote de terreno que es materia de la demanda\n presentada en este Tribunal;

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Que, en el orden cronológico en el que se han desenvuelto\n las circunstancias consignadas en las consideraciones precedentes\n se demuestra a las claras que el Director Ejecutivo del Instituto\n Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización interfirió\n en el asunto propio de la Función Judicial, pues, mientras\n se encontraba en trámite el juicio planteado por prescripción\n extraordinaria adquisitiva de dominio en la Función Judicial\n de Azogues, en el que era actora Luz Aurora Fajardo, el Director\n Ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización,\n Autoridad Administrativa, adjudicaba a favor de Luz Aurora Fajardo\n el mismo lote de terreno del que había solicitado se declare\n la prescripción extraordinaria de dominio. Son en consecuencia,\n manifiestas las violaciones de los artículos 30, 119 y\n 199 inciso primero de la Constitución Política\n de la República; y,

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Por todo lo expuesto y en ejercicio de sus atribuciones,

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Resuelve:

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1.- Declarar la inconstitucionalidad de la resolución\n de 5 de abril de 1994, expedida a las 12h00, con la que el Director\n Ejecutivo del que fuera Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria\n y Colonización, hoy INDA, adjudicó a favor de Luz\n Aurora Fajardo el lote de terreno sin número de 1.58 hectáreas\n de superficie, ubicado en el sector Sumbahuayco, Parroquia Javier\n Loyola, Cantón Azogues, Provincia del Cañar, declaratoria\n que conlleva la revocatoria del acto.

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2. - Dejar a salvo del derecho de las partes.

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3. - Promulgar esta Resolución en el Registro Oficial.-\n Notifíquese".

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f) Dr. René de la Torre Alcívar, Presidente.

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Razón: Siento por tal, que la resolución que\n antecede fue aprobada con cinco votos a favor correspondientes\n a los doctores Luis Chacón, Luis Mantilla, Marco Morales,\n Hernán Rivadeneira y Hernán Salgado y tres votos\n en contra de los doctores Oswaldo Cevallos, Carlos Helou y René\n de la Torre Alcívar y sin contar con la presencia del\n doctor Guillermo Castro, en sesión de tres de enero del\n dos mil uno. - Lo certifico.

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f) Dr. Fausto Garcés Pástor, Secretario General.

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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. - Es fiel copia del original. - Quito,\n a 31 de enero del 2001. - f) El Secretario General.

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VOTO SALVADO DE LOS DOCTORES OSWALDO CEVALLOS, CARLOS HELOU\n Y RENE DE LA TORRE ALCÍVAR

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"EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL En el caso signado con el\n Nro. 734 - 99 - AA

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Con los antecedentes expuestos en el voto de mayoría,\n discrepamos con la resolución adoptada por las siguientes\n razones:

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Que, del estudio del texto del escrito inicial se concluye\n que los actores no han determinado la norma constitucional que\n se habría inobservado en la expedición del acto\n administrativo emanado del que fuera Instituto Ecuatoriano de\n Reforma Agraria y Colonización, lo cual impide el análisis\n de la inconstitucionalidad demandada.

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Que, del análisis del expediente se concluye, además,\n que el objeto de la presente acción fue litigado ante\n los jueces competentes.

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En consecuencia se debería: desechar la demanda de\n inconstitucionalidad presentada, promulgar esta Resolución\n en el Registro Oficial y notificar a las partes.

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f) Dr. Oswaldo Cevallos Bueno, Vocal.

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f.) Dr. Carlos Helou Cevallos. Vocal.

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f.) Dr. René de la Torre Alcívar, Vocal.

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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. - Es fiel copia del original. - Quito,\n a 31 de enero del 2001. - f) El Secretario General.

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Nro. 007-\n 2001- TP

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"EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

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En el caso signado con el Nro. 021 -\n 2000 - TC

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ANTECEDENTES: Los señores Pedro de la Cruz y Marco\n Murillo como Procuradores Comunes de más de mil ciudadanos,\n de conformidad con lo dispuesto en los artículos 276 y\n 277 de la Constitución Política de la República\n y artículos 12 y 18 de la Ley del Control Constitucional,\n demandan la Inconstitucionalidad de la Ley para la Transformación\n Económica del Ecuador promulgada en el Suplemento del\n Registro Oficial Nro. 34 de lunes 13 de marzo del 2000, en razón\n a que dicha ley adolece de vicios de inconstitucionalidad El\n artículo 264 de la Constitución Política\n de la República prescribe que la unidad monetaria del\n Ecuador es el sucre y que tiene poder liberatorio ilimitado,\n que por la Ley para la Transformación Económica\n del Ecuador, el sucre ha dejado de ser la unidad monetaria del\n país, al reformarse los cinco primeros artículos\n de la Ley de Régimen Monetario y del Banco del Estado.\n Que según la reforma a los artículos 4 y 5 de la\n Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, constante\n en el artículo 1 de la Ley para la Transformación\n Económica del Ecuador, las operaciones financieras realizadas\n por o a través de las instituciones del sistema financiero\n público o privado, se deben estipular obligatoriamente\n en dólares de los Estados Unidos y no en sucres y las\n obligaciones con personas naturales y/o jurídicas o instituciones\n que no sean del sistema financiero, pueden estipularse en cualquier\n moneda extranjera; con lo que el sucre ha dejado de ser medio\n de pago con poder liberatorio ilimitado y de aceptación\n forzosa, como lo dispone el artículo 264 de la Constitución\n Política de la República. Que se puede advertir\n la incoherencia de la Ley, que faculte al acreedor optar por\n recibir sus créditos en sucres o en dólares o cualquier\n moneda extranjera, cuando la Disposición Transitoria Décima\n Primera de la Ley, establece que una vez que el Banco Central\n haya retirado de circulación los sucres dejan de tener\n valor por no haberlos canjeado con dólares en el plazo\n de 180 días, sin que se pueda reemplazarlos, toda vez\n que el Banco Central ya no podrá emitir billetes, según\n lo dispuesto en el último inciso del articulo 1 de la\n Ley. El sucre ha dejado de ser unidad de cuenta, por la reforma\n del artículo 217 de la Ley Orgánica de Administración\n Financiera y Control, que consta en los literales h) y j) del\n artículo 95 de la Ley para la Transformación Económica\n del Ecuador, normas que están recogidas igualmente en\n la Disposición General Primera a Sexta. Al intervenir\n en forma directa en contra de la autonomía técnica\n y administrativa del Banco Central, la referida Ley viola la\n disposición del artículo 261 de la Constitución.\n Se está violando el artículo 148 de la Constitución,\n que dispone que los proyectos de ley deberán referirse\n a una sola materia y añade que los proyectos que se refieran\n a más de una materia no serán tramitados. El artículo\n 46 de la Ley para la Transformación Económica del\n Ecuador, reforma el artículo 3 de la Ley de Hidrocarburos\n y en su inciso 3 dispone que solo el Presidente de la República\n ha de firmar los decretos por los cuales se autoriza a las empresas\n privadas que tengan contratos de exploración y explotación\n de hidrocarburos para realizar actividades de transporte, refinación,\n industrialización y comercialización. Que la vigencia\n de la Ley para la Transformación Económica del\n Ecuador ha agudizado los procesos inflacionarios y las tasas\n de interés activas se han incrementado al 20%.

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El doctor Gustavo Noboa Bejarano, Presidente Constitucional\n de la República, manifieste que con la finalidad de demostrar\n la improcedencia de la demanda presentada, es necesario dejar\n constancia de la situación económica del país\n en el período comprendido a partir del mes de noviembre\n de 1998 al mes de enero del 2000, lo que generaba una alza desmedida\n de la paridad cambiaría, devaluación que afectó\n al sector real de la economía. Debido a la ausencia de\n una política económica estable, se generaba la\n ausencia de nuevos créditos internacionales, lo que hacía\n difícil la renegociación de la deuda externa, ante\n lo cual el Ecuador adoptó un nuevo modelo económico;\n y a partir de la expedición de la Ley los indicadores\n económicos se muestran positivos para el país.\n Que el artículo 277, numeral 5 de la Constitución\n Política de la República señala que pueden\n presentar las demandas de inconstitucionalidad mil ciudadanos\n en goce de derechos políticos, y en ninguna de las providencias\n de calificación de la demanda y de notificación,\n consta que el Tribunal haya examinado o verificado que los denunciantes\n se encuentren en goce de derechos políticos.

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Los actores de la demanda sostienen que la Ley para la Transformación\n Económica para el Ecuador, viola el artículo 264\n de la Constitución Política de la República\n que prescribe que la moneda del Ecuador es el sucre, lo que carece\n de fundamentación jurídica, pues el artículo\n 242 dispone que "La organización y funcionamiento\n de la economía responderán a los principios de\n eficiencia, solidaridad, sustentabilidad y calidad, a fin de\n asegurar a los habitantes una existencia digna de iguales derechos\n y oportunidades para acceder al trabajo, a los bienes y servicios\n y a la propiedad de los medios de producción", por\n lo que la Ley para la Transformación Económica\n para el Ecuador guarda total armonía con las normas constitucionales\n citadas. Que en lo que se refiere a que esta ley viola la soberanía\n económica del Ecuador, cabe citar que la adopción\n de un nuevo modelo económico para el Ecuador, tomado en\n base a expresas normas constitucionales y legales, jamás\n puede violar la soberanía del Ecuador, ni atenta contra\n lo dispuesto en el artículo 1 de la Constitución\n Política del Estado. El argumento de que el sucre ha perdido\n su poder liberatorio es incongruente, por cuanto el Banco Central\n sigue manteniendo sucres y emitiendo moneda fraccionaria, en\n tal virtud el sucre en ningún momento por efectos de la\n expedición de esta ley ha perdido su poder liberatorio;\n que el sucre sigue siendo una unidad de valor, y lo que se ha\n hecho es evitar que se siga devaluando con relación a\n las monedas internacionales, por lo que la Ley es positiva para\n dicha unidad monetaria. No se ha violado la autonomía\n del Banco Central del Ecuador, pues la relación de cambio\n establecida en la Ley para la Transformación Económica\n para el Ecuador, fue aprobada por el Directorio del Banco Central\n del Ecuador, en uso de sus facultades constitucionales y legales.\n En lo que se refiere a la violación del artículo\n 148 de la Constitución Política de la República,\n fue el Congreso Nacional el que aprobó la Ley para la\n Transformación Económica del Ecuador que es un\n solo cuerpo legal, y mereció su tratamiento para su discusión\n y aprobación prevista en la Constitución y en la\n Ley Orgánica de la Función Legislativa y su Reglamento,\n por lo que no existe inconstitucionalidad del mencionado cuerpo\n legal. Las alegaciones de los actores carecen de fundamento respecto\n de la supuesta violación a los artículos 176 y\n 178 de la Constitución Política, por cuanto el\n Tribunal Constitucional mediante Resolución Nro. 1 29\n - 2000 - TP de 24 de julio del 2000, desechó la demanda\n de inconstitucionalidad planteada sobre el mismo tema, por no\n ser inconstitucionales las disposiciones impugnadas. En base\n a las consideraciones constitucionales y legales expuestas, niega\n los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda propuesta\n y solicite que se rechace la demanda presentada en contra de\n la Ley para la Transformación Económica del Estado.

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El Director de Patrocinio, Delegado del Procurador General\n del Estado, impugna la calificación de la demanda hecha\n mediante providencia de 15 de junio del 2000, notificada el 18\n de julio del 2000, por la Presidencia de la Segunda Comisión\n del Tribunal Constitucional, por incumplir el requisito señalado\n en él numeral 5 del artículo 277 de la Constitución\n Política de la República. En lo principal niega\n expresamente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda,\n porque la Ley para la Transformación Económica\n del Ecuador guarda conformidad con la Constitución de\n la República. Los denunciantes manifiestan que la ley\n es inconstitucional y crea inseguridad jurídica porque\n reforma varias leyes relativas a distintas materias (artículo\n 23, numerales 26 y 148 de la Constitución); porque sus\n disposiciones "representan la renuncia a la soberanía\n monetaria y someten al Ecuador a nuevas formas de colonialismo\n y neocolonialismo" Del artículo 155 de la Constitución\n Política de la República se colige que es el Presidente\n de la República el único competente, sin limitaciones,\n para calificar la urgencia económica de ciertos proyectos\n de ley, y la única limitación en esta clase de\n proyectos es que no puede enviar más de uno 'al mismo\n tiempo, salvo que se hubiere decretado el estado de emergencia,\n por lo que es improcedente impugnar el proyecto bajo el supuesto\n de que no implica una urgencia económica. Que la Constitución\n Política de la República no impone la limitación\n de que el proyecto debe versar solo sobre un asunto o debería\n tener un limitado número de reformas, y que la Ley para\n la Transformación Económica del Ecuador tiene como\n única materia la económica y el ordenamiento jurídico\n es uno solo, está interconectado y las reformas a unas\n leyes inciden sobre otras. El artículo 244, numeral 1,\n de la Constitución Política de la República,\n indica que se deberá garantizar el desarrollo de las actividades\n económicas mediante un orden jurídico e instituciones\n que las. promuevan, fomenten y generen confianza. Las actividades\n empresariales pública y privada recibirán el mismo\n tratamiento legal. Se garantizarán la inversión\n nacional y extranjera en iguales condiciones"; deber estatal\n que se cumple con las reformas contenidas en la denominada Ley\n para la Transformación Económica del Ecuador. Que\n al contrario de lo que sostienen los denunciantes, la Ley para\n la Transformación Económica del Ecuador, al reformar\n los artículos 4 y 5 de la Ley de Régimen Monetario\n y Banco del Estado, no contravienen la Constitución Política\n de la República, ni elimina el sucre ni le resta facultades\n al Banco Central, lo que establece es un régimen monetario\n de plena circulación de las divisas internacionales y\n su libre transferencia al exterior. También se equivoca\n la demanda al sostener que el artículo 1 de la Ley para\n la Transformación Económica del Ecuador, que reforma\n los artículos 4 y 5 de la Ley para el Régimen Monetario\n y Banco del Estado, obliga a estipular las operaciones financieras\n de los bancos en dólares, pues el artículo no menciona\n el dólar de los Estados Unidos de América, sino\n se refiere en forma general a monedas extranjeras o a la que\n se hubiere pactado. Los demandantes se refieren a una supuesta\n violación de los artículos 176 y 178 de la Constitución\n Política de la República, ilegalidad que es improcedente.\n Por lo expuesto solícita se rechace la injustificada demanda:

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Considerando:

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Que, el Tribunal es competente para conocer y resolver el\n presente caso, al tenor de lo que dispone el artículo\n 276, numeral 1 de la Constitución y artículo 12\n numeral 1 de la Ley del Control Constitucional;

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Que, no se observa omisión de solemnidad sustancial\n que influya en la causa, por lo que se declara su validez;

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Que, es importante resaltar que el Juez Constitucional debe\n considerar varios principios conjuntamente con la doctrina constitucional\n de carácter internacional, tales como: El de la unidad\n de la Constitución; por la cual, no se puede interpretar\n a la Norma Suprema, en forma aislada sino como un verdadero conjunto\n constitucional, en armonía con los convenios internacionales\n legalmente aprobados. La concordancia práctica, por la\n cual, los bienes constitucionales protegidos deben ser coordinados\n y ponderados en un momento dado y frente a un caso concreto,\n se tiene que establecer prioridades. La eficacia integradora\n de la Constitución; en virtud de la cual, se logra la\n unidad política como medio de paz, armonía social\n y un desarrollo justo y equitativo. La fuerza normativa de la\n Constitución que aparece en la Norma Suprema del Estado\n Ecuatoriano, en la que se reconoce su supremacía cuyas\n normas prevalecen sobre cualquier otra que debe guardar conformidad\n con sus disposiciones ya que en caso contrario carece de valor;

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Que, sobre el planteamiento de los demandantes, en lo atinente\n a que la Ley para la Transformación Económica del\n Ecuador conculca el artículo 148 de la Constitución,\n es necesario considerar que el señor Presidente de la\n República, posee facultades para proponer proyectos de\n urgencia económica como en este caso, pues así\n lo determina el artículo 155 de la Norma Suprema al estatuir:\n "El Presidente de la República podrá enviar\n al Congreso Nacional proyectos de ley calificados de urgencia\n en materia económica. En este caso, el Congreso deberá\n aprobarlos, modificarlos o negarnos, dentro de un plazo máximo\n de treinta días, contados a partir de su recepción.\n El trámite para la presentación, discusión\n y aprobación de estos proyectos será el ordinario,\n excepto en cuanto a los plazos anteriormente establecidos. Mientras\n se discute un proyecto calificado de urgente, el Presidente de\n la República no podrá enviar otro, salvo que se\n haya decretado el estado de emergencia". La Ley para la\n Transformación Económica del Ecuador, está\n dirigida a una sola materia que tiene sin duda alguna carácter\n económico y para su vertebración técnico\n legal, tite necesario reformar otros cuerpos legales que conforman\n la normatividad jurídica del país; todo ello teniendo\n como base constitucional el artículo 171, numeral 4 de\n la Norma Suprema al establecer que el Presidente de la República\n debe "participar en el proceso de formación y promulgación\n de las leyes, en la forma prevista en esta Constitución".\n El Primer Mandatario ha observado un deber primordial del Estado\n como es el de "preservar el crecimiento sustentable de la\n economía, y el desarrollo equilibrado y equitativo en\n beneficio colectivo" prescrito en el artículo 3,\n numeral 4 ibídem. Cabe agregar que aunque la Ley para\n la Transformación Económica del Ecuador parezca\n inconveniente a juicio de un sector de ecuatorianos, no significa\n que sea inconstitucional;

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Que, la Ley para la Transformación Económica\n del Ecuador, al reformar la Ley de Régimen Monetario y\n Banco del Estado, se limita a ratificar que el régimen\n monetario se encuentra sujeto a las directrices del Banco Central\n del Ecuador y que se fundamenta en el principio de plena circulación\n de las divisas internacionales en el país y su libre transferibilidad\n al exterior. Reafirma lo antedicho, el contenido de la Disposición\n General Quinta de la Ley Reformatoria a la Ley para la Transformación\n Económica del Ecuador al determinar que: "Toda obligación\n en sucres que surja de la aplicación de contratos, convenios\n o pactos, sean éstos financieros, comerciales, laborales\n o de cualquier índole, que se celebre a partir del 11\n de enero del año 2000, deberá ser pagada en dólares\n de los Estados Unidos de América o en sucres, en la cantidad\n necesaria para adquirir la misma cantidad de dólares que\n se hubiesen podido adquirir con la paridad de S/. 25.000.oo por\n cada dólar", así como con lo establecido en\n el artículo 1 de la Ley Reformatoria, publicada en el\n Suplemento del Registro Oficial Nro. 48 de 32 de marzo del 2000,\n que sustituye el tercer inciso del artículo 1 de la Ley\n de Régimen Monetario y Banco del Estado;

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Que, las argumentaciones de los demandantes referente a narcotráfico,\n blanqueo de dineros y negocios ilícitos que en su opinión,\n trae consigo la expedición de la Ley para la Transformación\n Económica del Ecuador, no es admisible en razón\n de que estos aspectos tienen la debida cobertura y están\n tipificados y reprimidos por la Ley 108 de Sustancias Estupefacientes\n y Sicotrópicas y por el Código Penal vigente, en\n donde tiene un papel protagónico tanto la Función\n Judicial como el Ministerio Público, en base a lo estatuido\n en el TITULO VIII, Capítulos 1 y 2 y TITULO X, Capitulo\n 3 de la Norma Suprema del Estado Ecuatoriano;

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Que, es necesario tener en cuenta que la disposición\n contenida en el artículo 46, inciso tercero, de la Ley\n para la Transformación Económica del Ecuador relacionada\n con contratos para exploración y explotación de\n hidrocarburos debe contar con la autorización directa\n del Presidente de la República previo informe del Ministro\n del ramo, obedece evidentemente a una atribución del Primer\n Mandatario puntualizada en el artículo 171, numeral 9\n de la Constitución que señala: "Dirigir la\n administración pública y expedir las normas necesarias\n para regular la integración, organización y procedimientos\n de la Función Ejecutiva" que se complementa con lo\n establecido en el articulo 11, literal a) del Estatuto del Régimen\n Jurídico de la Función Ejecutiva que determina:\n "Dirigir y resolver sobre los asuntos superiores fundamentales\n de la Función Ejecutiva y del Estado Ecuatoriano, de acuerdo\n a la Constitución y la Ley, y,

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Por las consideraciones expuestas y en ejercicio de sus atribuciones,

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Resuelve:

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1.- Desechar por improcedente la demanda de inconstitucionalidad\n propuesta por los señores Pedro de la Cruz y Marco Murillo\n como Procuradores Comunes de más de mil ciudadanos, tendiente\n a obtener la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley para\n la Transformación Económica del Ecuador, promulgada\n en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 34 de lunes 13 de\n marzo del 2000, y la consiguiente suspensión de sus efectos.\n En consecuencia, se ordena el archivo de la causa signada con\n el Nro. 021 - 2000 - TC.

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2. - Publicar la presente resolución en el Registro\n Oficial. -Notifíquese".

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f.) Dr. René de la Torre Alcívar, Presidente.

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Razón: Siento por tal, que la resolución que\n antecede fue aprobada con cinco votos a favor correspondientes\n a los doctores Ricardo Vanegas, Luis Chacón, Carlos Helou,\n Luis Mantilla y René de la Torre y tres votos en contra\n de los doctores Marco Morales, Hernán Rivadeneira y Hernán\n Salgado y sin contar con la presencia del doctor Oswaldo Cevallos,\n en sesión de diez de enero del dos mil uno. - Lo certifico.

\n\n

f) Dr. Fausto Garcés Pástor, Secretario General.

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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. - Es fiel copia del original. - Quito,\n a 31 de enero del 2001. ­ f) El Secretario General.

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VOTO SALVADO DE LOS DOCTORES MARCO MORALES TOBAR Y HERNÁN\n RIVADENEIRA JÁTIVA EN EL CASO 021 - 2000 - TC

\n\n

Nos apartamos del criterio de la mayoría del Tribunal\n Constitucional a base de las siguientes consideraciones:

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Respecto de las reglas de interpretación constitucional\n señaladas en el voto de la mayoría, hacernos presente\n lo señalado en el voto salvado del doctor Marco Morales\n Tobar a la Resolución 193 - 2000 - TP, en los casos signados\n con los números 029 - 2000 - TC y 032 - 2000 - TC, en\n el que se manifiesta lo siguiente:

\n\n

"De modo general, se asume que la labor interpretativa\n tiene por objeto desentrañar el correcto sentido y alcance\n de los preceptos nominativos, en este caso del texto constitucional.

\n\n

La interpretación de la Constitución es auténtica\n cuando deviene del órgano legislativo y tiene la particularidad\n de ser realizada con carácter general y obligatorio, de\n conformidad con los artículos 130, número 4, y\n 284 de la Constitución, lo que no implica, en lo absoluto,\n que solo el Congreso Nacional tenga la potestad de interpretar\n las nominas de la Constitución: todo órgano del\n poder público interpreta las normas al momento de aplicarla,\n precisamente, para desentrañar su correcto sentido y alcance.\n De esta manera, la interpretación será, además\n y entre otras, doctrinaria en el momento en el que los juristas\n a través de su estudio y análisis emiten su pensamiento\n y judicial, cuando los órganos jurisdiccionales interpretan\n las normas en orden a administrar justicia en los casos concretos\n que se les proponen.

\n\n

Básicos para la interpretación de la Constitución\n son los siguientes cánones: gramatical, cuando se interpreta\n apegándose al frío enunciado del texto constitucional,\n la que se realiza inclusive de manera restrictiva si se aparta\n a la norma interpretada del contexto normativo e incluso del\n resto del ordenamiento jurídico; la histórica,\n basada en la historia fidedigna del establecimiento de la norma;\n teleológica o finalista, en la cual prevalece el elemento\n dogmático por sobre el orgánico, esto es, la declaración\n de derechos y los principios básicos de la institucionalidad\n del Estado por sobre el establecimiento y organización\n del poder del Estado a través de sus instituciones políticas,\n en la cual se toma en cuenta el elemento valórico o axiológico:\n la interpretación práctica, por medio de la cual\n se concretan los objetivos del constituyente, canon o principio\n de interpretación que rechaza la existencia de normas\n programáticas con el objeto que se de cumplimiento al\n proyecto constitucional; la interpretación sistemática,\n que considera que la Constitución es un todo orgánico,\n por lo que se rechaza toda interpretación desencajada,\n que saque del contexto a una norma constitucional determinada\n y que, eventualmente, puede llevar a la anulación de otros\n preceptos constitucionales; la interpretación progresiva\n o progresista, en que, para interpretar, se tiene presente no\n solo el momento en que se gestó la norma. sino su aplicación\n a la situación presente, en que se torna en cuenta el\n elemento sociológico, pues la Constitución es el\n reflejo de un orden político determinado.

\n\n

Me parece que a la Constitución. no se la debe interpretar\n tomando únicamente, el contenido aislado de sus textos,\n que en el presente caso podría o no ser el contrariado,\n sino su contexto ubicado en la realidad actual del Estado que\n dicha Constitución rige".

\n\n

Es claro y evidente que la Constitución establece nominas\n básicas en materia de régimen monetario que deben\n ser desarrolladas y, naturalmente, respetadas por las nominas\n inferiores, so pena de alterar el principio de regularidad del\n ordenamiento jurídico positivo, como ocurre con la impugnada\n Ley para la Transformación Económica del Ecuador.

\n\n

Así, el artículo 264 de la Constitución\n señala que "La unidad monetaria es el sucre ",\n disposición constitucional que es burlada por la Ley para\n la Transformación Económica del Ecuador, pues,\n a pesar de señalarse en el inciso segundo del artículo\n 1 de la Ley impugnada una "relación fija e inalterable\n de veinticinco mil sucres por cada dólar" a línea\n seguida se establece que "El Banco Central del Ecuador canjeará\n los dólares que le sean requeridos a la relación\n de cambio establecida, retirando de circulación Los sucres\n recibidos", disposición que sumada a la prohibición\n de emitir nuevos sucres por parte del Banco Central del Ecuador,\n establecida en el inciso tercero del artículo 1 de la\n Ley para la Transformación Económica del Ecuador,\n implica de manera indefectible que el sucre, como unidad monetaria\n del Ecuador, ha quedado solo en la letra de la Constitución,\n disposición a la que se le ha privado de vigencia efectiva\n por determinación de la Ley.

\n\n

En este mismo sentido, la emisión de moneda fraccionaria\n por parte del Banco Central del Ecuador "solo podrá\n ser sacada a circulación como canje de circulante de sucres\n ", lo que evidencia la intención del Legislador de\n eliminar al sucre como unidad monetaria nacional, pues esta moneda\n es sacada de circulación para emitir una moneda fraccionaria\n que no tiene relación con el sucre.

\n\n

Como señalan los accionantes, la moneda tiene tres\n funciones, principalmente, y son: medio de pago, unidad de cuenta\n y reserva de valor.

\n\n

Múltiples nominas de la Ley para la Transformación\n Económica del Ecuador eliminan al sucre como moneda con\n aquellas funciones.

\n\n

Así, el artículo 4 de la Ley para la Transformación\n Económica del Ecuador señala que "Todas las\n operaciones financieras realizadas por o a través de instituciones\n del sistema financiero se expresarán en dólares\n de los Estados Unidos de América, pero podrán cumplirse\n o ejecutarse en moneda nacional o en dólares de los Estados\n Unidos de América a la relación de cambio establecida\n en el artículo 1 de esta Ley".

\n\n

Como se puede evidenciar, el sucre es eliminado como unidad\n de cuenta, pues las operaciones en el sistema financiero no se\n expresan en sucres sino en dólares y el señalamiento\n de que se pueden cumplir o ejecutar en moneda nacional es imposible\n pues, por disposición de la misma Ley para la Transformación\n Económica del Ecuador, los sucres han salido de circulación;\n inconstitucionalidad que se repite y agrava en el artículo\n 5 del mismo cuerpo nominativo, pues, si la obligación\n se ha pactado en moneda extranjera ésta puede ser pagada\n en moneda nacional, es decir en sucres, "con el consentimiento\n o a pedido del acreedor", con lo cual el sucre no tiene\n poder liberatorio ilimitado, pues en este caso se limita su poder\n liberatorio por voluntad del acreedor.

\n\n

A la eliminación del sucre como unidad de cuenta, reserva\n de valor y medio de pago se dirigen las disposiciones generales\n primera a sexta de la Ley para la Transformación Económica\n del Ecuador: la contabilidad de las personas naturales y jurídicas,\n públicas y privadas, se debe llevar y expresar en dólares\n de los Estados Unidos; los contratos que celebren las instituciones\n del Estado se pactan en dólares; las declaraciones de\n impuestos y las retenciones se efectúan en dólares;\n se convierten las obligaciones pasivas y activas. Se señala\n que el pago de estas obligaciones se puede realizar en sucres,\n ante lo cual debo insistir que ello es imposible por disposición\n de la misma Ley impugnada.

\n\n

El artículo 264 de la Constitución señala\n que "La emisión de moneda con poder liberatorio ilimitado\n será atribución exclusiva del Banco Central. '\n norma que es claramente vulnerada por el inciso tercero del artículo\n 1 de la Ley para la Transformación Económica del\n Ecuador que establece que "El Banco Central del Ecuador\n no podrá realizar la emisión de nuevos sucres,\n salvo moneda fraccionaria que solo podrá ser sacada a\n circulación como canje de circulante de sucres y billetes,\n actualmente existentes

\n\n

La citada disposición de la Ley para la Transformación\n Económica del Ecuador implica, por decir lo menos, limitación\n o restricción de las facultades del Banco Central del\n Ecuador para emitir moneda con poder liberatorio ilimitado, pues,\n además, el inciso cuarto del artículo 1 de la Ley\n impugnada establece que el órgano emisor no puede fabricar\n ni emitir billetes nuevos. Con ello, por una parte, se le restringe,\n a través de una nota legal, de la atribución exclusiva\n del Banco Central del Ecuador de emitir moneda, sea en metálico\n o en papel moneda, establecida en la misma Constitución.\n Por otra Parte. a dicha restricción se suma el hecho de\n que el Banco Central del Ecuador solo puede emitir moneda fraccionaria,\n no billetes, con la condición de que se realice como canje\n del circulante de sucres y billetes, actualmente existentes.

\n\n

El mismo artículo 264 de la Constitución establece\n que la relación de cambio del sucre con otras monedas\n "será fijada por el Banco Central", lo que ha\n sido anulado en la práctica por la Ley para la Transformación\n Económica del Ecuador, al señalar "una relación\n fija e inalterable de veinticinco mil sucres por cada dólar".\n Entonces, la tasa de cambio entre el sucre y el dólar\n de los Estados Unidos de América ya no es fijada por el\n Banco Central del Ecuador, sino por el Legislador, el que ha\n asumido una competencia que se encuentra entregada por la Constitución\n al instituto emisor.

\n\n

El hecho de que el Directorio del Banco Central del Ecuador,\n en su momento, aceptó el nuevo sistema monetario no es\n argumento para desvirtuar esta inconstitucionalidad, pues impide\n al mismo Banco Central del Ecuador determinar a futuro y sucesivamente\n la Lasa de cambio, sea a través de una Lasa de cambio\n tija, como en apariencia establece la Ley para la Transformación\n Económica del Ecuador, o la libre notación, o bien\n el sistema de bandas cambiarias, entre otras.

\n\n

En este aspecto, se debe sumar el hecho de que la política\n monetaria, que es función del Banco Central del Ecuador,\n de conformidad con el articulo 261 de la Constitución,\n queda trunca, pues no es el instituto emisor ecuatoriano quien\n fija la política monetaria si la unidad monetaria que\n circula es extranjera.

\n\n

Intentar fundamentar la constitucionalidad de las normas impugnadas\n de la Ley para la Transformación Económica del\n Ecuador en la materia, basándola en las mismas disposiciones\n de la Constitución, como son aquellas que se refieren\n a los principios de la organización y funcionamiento de\n la economía y a los objetivos permanentes de la economía,\n establecidos en los artículos 242 y 243 del Código\n Político, implica el establecimiento de una interpretación\n constitucional absolutamente desencajada o asistemática\n del Texto Fundamental, pues priva de su vigencia efectiva. principalmente,\n a los artículos 261 y 264 de la Constitución en\n la forma señalada en este voto salvado.

\n\n

En definitiva, señalar que porque la Ley para la Transformación\n Económica del Ecuador hace referencia al sucre éste\n no ha desaparecido es ignorar la realidad de los hechos; por\n disposición de la ley impugnada el sucre ha desaparecido\n y ha perdido sus características como moneda.

\n\n

Debo hacer presente que no compete al Tribunal Constitucional\n analizar cuestiones de conveniencia sino, exclusivamente, la\n conformidad formal y material del texto normativo impugnado con\n la Constitución, por lo que no puede basar sus resoluciones,\n de manera implícita o explícita, en las ventajas\n o desventajas que se contienen en las nominas sometidas a su\n pronunciamiento.

\n\n

Respecto del inciso tercero del artículo 46 de la Ley\n para la Transformación Económica del Ecuador, relacionada\n con que los contratos de exploración y explotación\n de hidrocarburos debe contar con la autorización directa\n del Presidente de la República previo informe del Ministerio\n del ramo, el voto de mayoría señala que dicha disposición\n responde a la atribución del Jefe del listado de dirigir\n la administración pública y expedir las nominas\n necesarias puma regular la integración, organización\n y procedimiento de la Función Ejecutiva, disposición\n complementada por el articulo 11. letra a, del Estatuto del Régimen\n Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva\n que establece que el Presidente de la República tiene\n la atribución de dirigir y resolver sobre los asuntos\n superiores fundamentales de la Función Ejecutiva x del\n Estado Ecuatoriano, de acuerdo a la Constitución y la\n Ley.

\n\n

Debernos hacer presente que el número 9 del artículo\n 171 de la Constitución confiere, por una parte, una atribución\n propia del Presidente de la República en un sistema de\n gobierno republicano presidencialista. esto es, a más\n de sus funciones de gobierno, la de administrar el Estado. La\n disposición constitucional en referencia determina y establece\n la potestad reglamentaria autónoma del Presidente de la\n República, la que se ejerce, en este caso, para la regulación\n de la integración, organización y procedimientos\n en la Función Ejecutiva, de la cual es su único\n titular, es decir, respecto de los aspectos orgánicos\n de este poder del Estado

\n\n

Mediante la disposición legal impugnada, el transporte\n de hidrocarburos por oleoductos, poliducto y gasoductos, su refinación,\n industrialización, almacenamiento y comercialización\n puede ser realizada por empresas nacionales o extranjeras, tengan\n o no contratos de exploración y explotación de\n hidrocarburos, previa autorización directa expedida por\n el Presidente de la República, mediante decreto ejecutivo,\n previo informe del Ministro del ramo, actividad que es calificada\n por el propio inciso tercero del articulo 46 de la ley impugnada\n como un servicio público.

\n\n

El articulo 249 de la Constitución señala que\n es responsabilidad del Estado "la provisión de servicios\n públicos de agua potable y de riego, saneamiento, fuerza\n eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, facilidades portuarias\n y otros de naturaleza similar", el mismo que puede ser prestado\n directamente por el Estado o, indirectamente, "por delegación\n a empresas mixtas o privadas, mediante concesión, asociación,\n capitalización, traspaso de la propiedad accionaria o\n cualquier otra forma contractual, de acuerdo con la ley".

\n\n

Tal como señaló este Tribunal en la declaratoria\n de inconstitucionalidad del inciso primero del articulo 17 de\n la Ley para la Promoción de la Inversión y la Participación\n Ciudadana, en este caso se estaría determinando una figura\n no prevista por la Constitución Política de la\n República para la prestación de este servicio público.\n Estimamos que las resoluciones del Tribunal Constitucional deben\n guardar coherencia entre sí, y en este caso se debe declarar\n la inconstitucionalidad del inciso tercero del artículo\n 46 de la Ley para la Transformación Económica del\n Ecuador.

\n\n

Respecto de la alegada inconstitucionalidad por la forma de\n la Ley para la Transformación Económica del Ecuador,\n estimo violatorio del artículo 148 de la Constitución\n el hecho de que un mismo cuerpo legal contenga más de\n una sola materia, reformando tanto nominas de Derecho Público,\n como las leyes de Régimen Monetario, Régimen Tributario\n Interno, de Presupuestos, etcétera, como nominas de Derecho\n Privado, como el Código de Comercio y la Ley de Compañías,\n entre otras. Estos cuerpos normativos no guardan más relación\n entre sí que la derivada del principio de unidad del ordenamiento\n jurídico.

\n\n

Al contener la Ley para la Transformación Económica\n del Ecuador la reforma directa a diversas materias desarrolladas\n en más de catorce cuerpos nominativos, la vicia de inconstitucionalidad\n respecto de la forma, pues la reforma a todos y cada uno de dichos\n cuerpos legales debió ser iniciada en proyectos de ley\n reformatoria separadas y no obtener su trámite en conjunto,\n razón por la cual se ha violentado el articulo 148 de\n la Constitución.

\n\n

Con estas consideraciones, estimamos que la impugnada Ley\n para la Transformación Económica del Ecuador, publicada\n en Suplemento del Registro Oficial No. 34 de 13 de marzo del\n 2000, debió ser declarada inconstitucional y dejada sin\n efectos.

\n\n

f) Dr. Marco Morales Tobar. Vocal.

\n\n

f.) Dr. Hernán Rivadeneira Játiva, Vocal.

\n\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. - Es fiel copia del original. - Quito,\n a 31 de enero del 2001. ­
\n f.) El Secretario General.

\n\n

VOTO SALVADO DEL DOCTOR HERNÁN SALGADO PESANTES EN\n EL CASO N0 021 - 2000 - TC

\n\n

Con los antecedentes establecidos en la resolución\n de mayoría respecto de la acción de inconstitucionalidad\n de la Ley para la Transformación Económica del\n Ecuador, discrepo en forma total con lo resuelto, en virtud de\n los razonamientos de inconstitucionalidad expuestos en la deliberación\n que pueden resumirse en dos puntos.

\n\n

1. - En cuanto a la forma: La referida ley tiene como propósito\n reformar diversas materias contenidas en diferentes leyes que\n corresponden tanto al ámbito del Derecho Público\n como al Privado e incluso a una rama mixta o social como es lo\n laboral, así tenemos:

\n\n

1) Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado.
\n 2) Ley General de Instituciones del Sistema Financiero.
\n 3) Ley de Reordenamiento en Materia Económica en el Area\n Tributario Financiera.
\n 4) Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas.
\n 5) Ley de Hidrocarburos.
\n 6) Ley de Régimen del Sector Eléctrico.
\n 7) Ley Especial de Telecomunicaciones.
\n 8) Ley de Presupuestos del Sector Público.
\n 9) Ley de Contratación Pública.
\n 10) Ley Orgánica de Aduanas.
\n 11) Ley Orgánica de Administración Financiera y\n Control.
\n 12) Código del Trabajo.
\n 13) Ley de Consultoría.
\n 14) Código de Comercio.
\n 15) Ley de Compañías.
\n 16) Ley General de Seguros, entre otras.

\n\n

Que una sola Ley se refiera a diversas materias, aunque la\n finalidad sea reestructurar económicamente al Estado,\n viola la nomina del Art. 148 de la Constitución que ordena\n "Los proyectos de Ley deberán referirse a una sola\n materia...". Ni siquiera la finalidad económica puede\n ser la misma en materia laboral, en telecomunicaciones o en hidrocarburos,\n emulo comercial o en la LOAFIC, etc. Las materias son varias\n y diferentes, incluso lo es el fin perseguido. En un Estado democrático\n de Derecho lo prudente es reformar esta norma constitucional,\n si se quiere proceder del modo en que se ha actuado.

\n\n

2. - En lo relativo al fondo: En la impugnada ley, diversas\n disposiciones eliminan el Sucre como moneda del Ecuador, en clara\n contradicción con el Art. 264 de la Constitución\n que dispone "La unidad monetaria es el Sucre.." y le\n otorga "poder liberatorio ilimitado ".

\n\n

Al momento actual, este es un hecho irrefutable que no puede\n ser puesto en duda. Vale repetir que los países que valoran\n su Constitución y la respetan proceden, previamente, a\n realizar las reformas que requiere el texto de la Ley Fundamental\n para adoptar las medidas que se consideran necesarias. De esta\n obligación no están exentos ni la Función\n Ejecutiva ni la Función Legislativa. Y, sí existe\n el control de constitucional - presupuesto básico de un\n Estado democrático de Derecho - debe hacer efectivo ese\n control.

\n\n

f.) Dr. Hernán Salgado Pesantes, Vocal.

\n\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. - Es fiel copia del original. - Quito,\n a 31 de enero del 2001. - f.) El Secretario General.

\n\n

 

\n\n

Nro. 008- 2001- TP

\n\n

"TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n\n

En el caso signado con el Nro. 1204\n - 99 - RA

\n\n

ANTECEDENTES: El doctor René Marcelo Larco Daza fundamentado\n en los artículos 95 de la Constitución y 46 y siguientes\n de la Ley del Control Constitucional, interpone recurso de amparo\n contra el Comisario Metropolitano de la Zona del Valle de los\n Chillos, ante el Juzgado Cuarto de lo Civil de Pichincha, mediante\n el cual solícita por inconstitucionales se deje sin efecto\n las órdenes de clausura del local que es parte del juicio\n de amparo posesorio y cualquier orden de derrocamiento y desalojo\n emitido por el Comisario.

\n\n

A fojas 5 - 6 manifieste el accionante que en 1997 el Comité\n Pro - mejoras del barrio Corazón de Jesús con su\n asesoramiento presentaron una demanda de amparo posesorio, posteriormente\n una de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio\n contra el Municipio de Quito. Que al estar el juicio muy avanzado\n y sin poder demostrar que el objeto es de propiedad del Municipio,\n por la fuerza trataron de arrebatarles el terreno valiéndose\n del Comisario Municipal de la Zona del Valle de los Chillos,\n quien emite una providencia en la que les conceden 30 días\n para presentar planos y permisos de construcción, le imponen\n una multe de S/. 198.000 que al pagarla ascendió a S/.\n 203.000 y amenazaron con derrocar la construcción. Que\n por no presentar los documentos el Comisario acompañado\n de numerosos elementos de la fuerza pública armados, con\n un tractor y de más funcionarios armados, sin aviso ni\n comunicación alguna procedieron a iniciar el derrocamiento\n de la obra sin respetar la presencia de mujeres, niños\n y ancianos, afortunadamente pudo impedir la destrucción\n debido a que aun no se cumplía el plazo. Que al no conseguir\n su objetivo hizo colocar sellos de seguridad en el cerramiento\n del local para que no se pueda realizar ninguna actividad. Que\n trató de conseguir los permisos municipales, pero no lo\n logró puesto que argumentan que el terreno es de propiedad\n municipal. Que e

 

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