Registro Oficial. 28 de FEBRERO del 2001

Miércoles, 28 de febrero de 2001

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

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 MES DE FEBRERO\n DEL 2001

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\n \n \n \n
\n

 REGISTRO\n OFICIAL
\n
ORGANO\n DEL GOBIERNO DEL ECUADOR
\n
Administración\n del Sr. Dr. Gustavo Noboa Bejarano
\n Presidente Constitucional de la República

\n\n

Quito,\n Miércoles 28 de Febrero del 2001 No. 274

\n\n

TRIBUNAL\n CONSTITUCIONAL

\n\n

EDMUNDO\n ARIZALA ANDRADE
\n DIRECTOR ENCARGADO
\n
\n \n \n \n
 

\n\n

FUNCION\n EJECUTIVA

\n\n

ACUERDOS:

\n\n

MINISTERIO\n DE ECONOMIA Y FINANZAS:
\n  
\n O63 Delégase al señor\n doctor Edgar Acosta Grijalva, Subsecretario General Jurìdico,\n para que represente al señor Ministro en la sesión\n extraordinaria de la Junta Directiva del Instituto Nacional Autónomo\n de
\n Investigaciones Agropecuarias (INIAP)
\n  
\n 064 Delégase al señor\n economista Stalin Nevárez Rivadeneira, Subsecretario General\n de Finanzas, encargado, para que represente al señor Ministro\n en la sesión de la Comisión Ejecutiva del Banco\n del Estado.
\n  
\n
MINISTERIO\n DE SALUD:
\n
 
\n
0009 Declárase como emergente y excepciónase\n de los procedimientos precontractuales, la adquisición\n de suero antiofidico
\n  
\n
0015 Ratificase el contenido y alcance del\n Acuerdo Ministerial No 01726 del 13 de octubre de 1999 que se\n refiere a la Desconcentración de la Administración\n y Gestión de Personal a nivel nacional
\n  
\n 0016 Derógase el Acuerdo\n Ministerial N' 00594-A de 1 de diciembre del 2000
\n  
\n 0022 Créase el Programa\n Nacional de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia\n .
\n  
\n
RESOLUCION:

\n\n

JUNTA\n BANCARIA:
\n
 
\n
JB-2001-316\n Modificase\n la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia\n de Bancos y de la Junta Bancaria: "Normas para la constitución\n y funcionamiento de la Unidad de Reestructuración de Créditos\n ­ URC
\n  
\n
ACUERDO\n DE CARTAGENA

\n\n

PROCESOS:
\n
 
\n
16-AI-99 Acción de incumplimiento\n interpuesta por la Secretaria General contra la República\n de Venezuela al aplicar esta, mediante Decreto No. 2484 del 15\n de abril de 1998 aranceles nacionales distintos al Arancel Externo\n Común, en contravención a los artículos\n 90 y 98 del Acuerdo de Cartagena, 5' del Tratado de Creación\n de este Tribunal, asi como la Decisión. 370 de la Comisión\n de la Comunidad Andina y de la Resolución 095 de la Secretaria\n General
\n  
\n 45-IP-98 Solicitud de interpretación\n prejudicial de los artículos 81, 82 párrafo h),\n 83 párrafo b) y 128 de la Decisión 344 de la Comisión\n del Acuerdo de Cartagena, proveniente de la Sala de lo Contencioso\n Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado\n de la República de Colombia, Consejero Ponente Dr. Manuel\n Urueta Ayola, formulada con motivo de la acción de nulidad\n ejercida por la empresa IMPRESORA COLOMBIANA S.A. IMPRECOL S.A.,\n contra el registro de la marca "IMPRECOL", correspondiente\n al proceso interno No. 4.300; e interpretación de oficio\n por este Tribunal del articulo 113 y de la Disposición\n Final Unica, de la misma Decision 344
\n  
\n 33-IP-2000 Interpretación\n prejudicial de los articulos 81, 83, literales a), b), d) y e);\n 96, 102, 128, 146 y 147 de la Decisión 344 de la\n Comisión del Acuerdo de Cartagena y del articulo 5' del\n Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena,\n solicitada por el Consejo de Estado de la República de\n Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección\n Primera. Proceso Interno No. 4954. Actor: MAX MARA FASHION GROUP\n S.R.L. Marca: MAXMARA
\n  
\n AVISO\n JUDICIAL:
\n
 
\n Muerte presunta del señor Diego\n Hernández Niacasa (lera. publicación)
\n

\n \n
\n

 

\n\n

No. 063

\n\n

EL MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS

\n\n

En uso de las atribuciones que le concede el Art. 25 de la\n Ley Orgánica de Administración Financiera y Control,

\n\n

Acuerda:

\n\n

Articulo único.- Delegar al señor Dr. Edgar\n Acosta Grijalva, Subsecretario General Jurídico de esta\n Cartera de Estado, para que me represente en la sesión\n extraordinaria de la Junta Directiva del Instituto Nacional Autónomo\n de Investigaciones Agropecuarias (INIA.P). a realizarse el día\n jueves 8 de febrero del 2001.

\n\n

Comuníquese.- Quito, 7 de febrero del 2001.

\n\n

f) Pablo Córdova Cordero, Ministro de Economía\n y Finanzas. Enc.

\n\n

Es copia, certifico.

\n\n

f.) Julio César Moscoso S. Secretario General del Ministerio\n de Economía y Finanzas.

\n\n

No. 064

\n\n

EL MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS

\n\n

En uso de las atribuciones que le concede el Art. 25 de la\n Ley Orgánica de Administración Financiera y Control,
\n Acuerda:

\n\n

Articulo único.- Delegar al señor Econ. Stalin\n Nevárez Rivadeneira, Subsecretario General de Finanzas,\n encargado, para que me represente, en la sesión de la\n Comisión Ejecutiva del Banco del Estado, a realizarse\n el día jueves 8 de febrero del 2001.

\n\n

Comuníquese.- Quito. 8 de febrero del 2001.

\n\n

f.) Pablo Córdova Cordero, Ministro de Economía\n y Finanzas, Enc.

\n\n

Es copia, certifico.

\n\n

f.) Julio César Moscoso S., Secretario General del\n Ministerio de Economía y Finanzas.

\n\n

No. 009

\n\n

EL MINISTRO DE SALUD PUBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que mediante memorando No. SEP-lO-l221 de 16 de noviembre\n del 2000, el Director Nacional de Epidemiología informa\n al Director General de Salud que las unidades de salud del país\n están totalmente desprovistas de suero antiofídico;

\n\n

Que de conformidad con el articulo 42 de la Constitución\n de la República es deber del Estado, garantizar el derecho\n a la salud, su promoción y protección;

\n\n

Que el Código de Salud en su articulo 96 establece\n la obligación del Estado de fomentar y promover la salud\n individual y colectiva;

\n\n

Que el literal a) del artículo 6 de la Ley de Contratación\n Pública, artículo 4 del reglamento a dicha ley\n y titulo cuarto del Reglamento Unico de Contrataciones del Ministerio\n de Salud Pública, prevén la emergencia médica\n o sanitaria como causa de excepción a los procedimientos\n precontractuales; y,

\n\n

En ejercicio de sus atribuciones legales,

\n\n

Acuerda:

\n\n

Art. 1.- Declarar como emergente y excepcionar de los procedimientos\n precontractuales, la adquisición de suero antiofídico,\n de acuerdo a lo prescrito en los literales a) y j) del artículo\n 6 de la Ley de Contratación Pública.

\n\n

Art. 2.- De la ejecución del presente acuerdo; encárgase\n al Subsectetario General de Salud, Director General de Salud\n y Director Nacional de Epidemiología.

\n\n

Art. 3.- El presente acuerdo entrará en vigencia, a\n partir de la fecha de su suscripción, sin perjuicio de\n su publicación en el Registro Oficial.

\n\n

Comuníquese en Quito, a 30 de enero del 2001.

\n\n

f) Dr. Patricio Jamriska J., Ministro de Salud Pública.

\n\n

Es fiel copia del documento que consta en el archivo del Departamento\n de Documentación y Archivo al que me remito en caso necesario.

\n\n

Lo certifico.- En Quito. 7 de febrero del 2001.

\n\n

f.) Jefe de Documentación y Archivo, Ministerio de\n Salud Pública.

\n\n

No. 0015

\n\n

EL MINISTRO DÉ SALUD PUBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, el articulo 124 de la Constitución Política\n de la República, determina que la Administración\n Pública se organizará y desarrollará de\n manera descentralizada y desconcentrada;

\n\n

Que, el literal b) del articulo 5 de la Ley de Modernización\n del Estado establece como principio y norma general la descentralización\n y desconcentración de las actividades administrativas;

\n\n

Que, los artículos 26, 27 y 28 dc la Ley Especial de\n Descentralización del Estado obliga a cada entidad y organismo\n del sector público a establecer e implementar programas\n permanentes de desconcentración de funciones y recursos,\n a través de la transferencia de una o más de sus\n atribuciones a otros órganos dependientes;

\n\n

Que, el artículo 18 del Estatuto del Régimen\n Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva,\n faculta a los ministros secretarios de Estado, delegar atribuciones\n y deberes a funcionarios y empleados de su Portafolio dentro\n de la esfera de su competencia cuyo efecto será el traslado\n de la competencia al órgano desconcentrado;

\n\n

Que; mediante Acuerdo Ministerial Nro. 1726 del 13 de octubre\n de 1999, el señor Ministro de Salud a esa fecha emite\n el Instrumento Legal Unico de Desconcentración de la Gestión\n y Administración de los Recursos Humanos a nivel nacional;\n y,

\n\n

En uso de las atribuciones que le confiere la ley,

\n\n

Acuerda:

\n\n

Art. 1.- Ratificar el contenido y alcance del Acuerdo Ministerial\n Nro. 01726 del 13 de octubre de 1999 que se refiere a la Desconcentración\n de la Administración y Gestión de Personal a Nivel\n Nacional.

\n\n

Art. 2.- En el contexto de la Modernización del Estado,\n transferir al señor Subsecretario General de Salud, la\n facultad de actuar como Autoridad Nominadora de la Planta Central\n del Ministerio de Salud Pública en la administración\n y gestión de personal y como tal, ejercer las atribuciones\n previstas en la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa,\n su Reglamento de Aplicación, Ley de Remuneraciones de\n los Servidores Públicos, reglamento correspondiente y\n leyes conexas, Código del Trabajo, Ley de Servicios Personales\n por Contrato, leyes escalafonarias y sus respectivos reglamentos.\n así como asumir las responsabilidades que dicha transferencia\n implica.

\n\n

Art. 3.- En consecuencia el señor Subsecretario General\n de Salud nombrará, aceptará renuncias, contratará,\n trasladará provisional y definitivamente, aplicará\n todo tipo de sanciones, declarará la cesación definitiva\n de funciones. concederá licencias y permisos, y otros\n movimientos al personal de planta central.

\n\n

Art. 4.- Se exceptúan de esta facultad: los nombramientos,\n remociones, aceptación de renuncias y cesación\n definitiva de funciones de los puestos de libre nombramiento\n y remoción de planta central, de los puestos de subsecretarios\n y directores provinciales de Salud que continuarán siendo\n suscritos por el titular.

\n\n

Art. 5.- Para la designación de las autoridades nominadoras\n de las jefaturas de áreas y directores de hospitales que\n es competencia de los señores directores provinciales\n de Salud; consultarán de manera obligatoria al titular\n de este Portafolio.

\n\n

Art. 6.- De la ejecución del presente acuerdo ministerial\n que entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción,\n encárguese al señor Subsecretario General de Salud\n y señora Directora de Gestión de Personal. Publíquese\n en el Registro Oficial.

\n\n

Comuníquese en Quito, a 31 de enero del 2001.

\n\n

f) Dr. Patricio Jamriska Jácome, Ministro de Salud\n Pública.

\n\n

Es fiel copia del documento que consta en el archivo del Departamento\n de Documentación y Archivo, al que me remito en caso necesario.

\n\n

Lo certifico.- Quito. 7 de febrero deI 2001.

\n\n

f.) Jefe de Documentación y Archivo, Ministerio de\n Salud Pública.

\n\n

No. 0016

\n\n

EL MINISTRO DE SALUD PUBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que el artículo 3 de la Ley de Producción, Importación,\n Comercialización y Expendio de Medicamentos Genéricos\n de Uso Humano, publicada en el Registro Oficial No. 59 de 17\n de abril del 2000, dispone que el Consejo Nacional de Fijación\n y Revisión de Precios de Medicamentos de Uso Humano esté\n integrado por el Ministro de Salud Pública, quien lo presidirá.\n o su delegado permanente;

\n\n

Que de conformidad con el artículo 176, Capitulo 3.\n Titulo VII de la Constitución Política de la República,\n los ministros de Estado representarán al Presidente de\n la República en los asuntos propios del Ministerio a su\n cargo, esto en concordancia con lo dispuesto en el último\n inciso del artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 3, publicado\n en el Registro Oficial No. 3 de 26 de enero del 2000, que modifica\n el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo\n de la Función Ejecutiva,

\n\n

Que mediante Acuerdo Ministerial No. 00594-A de 1 de diciembre\n del 2000, se designa al doctor Diego Castillo Aguirre, como delegado\n permanente del ex-Ministro de Salud Pública al Consejo\n Nacional de Fijación y Revisión de Precios de Medicamentos\n de Uso Humano, para que preside dicho cuerpo colegiado; y,

\n\n

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,

\n\n

Acuerda:

\n\n

Art 1.- Derogar expresamente el Acuerdo Ministerial No.00594-A\n de 1 de diciembre del 2000, mediante el cual se designó\n al doctor Diego Castillo Aguirre como delegado permanente del\n ex-Ministro de Salud Pública al Consejo Nacional de Fijación\n y Revisión de Precios de Medicamentos de Uso Humano, para\n que preside dicho cuerpo colegiado.

\n\n

Art. 2.- El Ministro de Salud Pública designará\n en forma oportuna a su delegado permanente al Consejo Nacional\n de Fijación y Revisión de Precios de Medicamentos\n de Uso Humano.

\n\n

Art. 3.- El presente acuerdo ministerial, entrará en\n vigencia a partir de la fecha de su suscripción.

\n\n

Dado en Quito, a 31 de enero del 2001.

\n\n

f.) Dr. Femando Patricio Jamriska Jácome, Ministro\n de Salud Pública.

\n\n

Es fiel copia del documento que consta en el archivo del Departamento\n de Documentación y Archivo, al que me remoto en caso necesario.

\n\n

Lo certifico.-En Quito, 7 de febrero del 2001.

\n\n

f.) Jefe de Documentación y Archivo, Ministerio de\n Salud Pública.

\n\n

 

\n\n

No. 0022

\n\n

EL MINISTRO DE SALUD PUBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia,\n manda que toda mujer ecuatoriana tiene derecho a la atención\n de salud gratuita y de calidad durante su embarazo parto y postparto;\n de igual manera que se otorgue sin costo la atención de\n salud a los recién nacidos, menores de cinco años,\n como una acción de salud pública, responsabilidad\n del Estado;

\n\n

Que el Ministerio de Salud Pública, según lo\n dispone la ley antes citada, es copartícipe en la ejecución\n de la misma;

\n\n

Que se requiere reforzar la estructura administrativa del\n órgano del Ministerio de Salud Pública encargado\n de ejecutar la ley, en el ámbito de su competencia, y.

\n\n

En ejercicio de sus atribuciones legales,

\n\n

Acuerda:

\n\n

Art 1 - Crear el PROGRAMA NACIONAL DE MATERNIDAD GRATUITA\n Y ATENCION A LA INFANCIA, para que ejecute la Ley de Maternidad\n Gratuita y Atención a la Infancia, en el ámbito\n de competencia del Ministerio de Salud Pública.

\n\n

Art. 2.- El programa dependerá directamente del Ministro\n de Salud Pública y contará con un Director que\n optimizará la utilización de recursos, para cumplir\n eficientemente con el objetivo legal de atención de la\n salud de la mujer durante el embarazo y recién nacidos\n menores de cinco años.

\n\n

De la ejecución de este acuerdo, que entrará\n en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio\n de su publicación en el Registro Oficial, encárguese\n el Director del Programa, el Director General de Salud y el Director\n Nacional Financiero del Ministerio de Salud Pública.

\n\n

Dado en la ciudad de Quito, el día de hoy 17 de enero\n del 2001.

\n\n

f.) Dr. Femando Bustamante Riofrío, Ministro de Salud\n Pública.

\n\n

Es fiel copia del documento que consta en el archivo del Departamento\n de Documentación y Archivo, al que me remito en caso necesario.

\n\n

Lo certifico.-En Quito, a 7 de febrero del 2001.

\n\n

f) Jefe de Documentación y Archivo, Ministerio de Salud\n Pública.

\n\n

 

\n\n

No. JB-2001-316

\n\n

LA JUNTA BANCARIA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que mediante Decreto Ejecutivo No 1168, publicado en el Registro\n Oficial No. 257 del 1 de febrero del 2001, el Presidente de la\n República expidió el "Reglamento de reestructuración\n de créditos del sector productivo con las instituciones\n financieras";
\n Que en el artículo 4 del mencionado decreto, se establece\n que para coadyuvar a la reestructuración de créditos\n se deberá conformar en la Superintendencia de Bancos,\n la "Unidad de Reestructuración de Créditos",\n la cual actuará como órgano facilitador de los\n procesos de negociación existentes dentro de la reestructuración\n de créditos;

\n\n

Que en concordancia con lo dispuesto en el decreto ejecutivo.\n invocado y de conformidad con lo previsto en la letra b) del\n artículo 175 de la Codificación de la Ley General\n de Instituciones del Sistema Financiero, la Junta Bancaria, en\n sesión celebrada el 1 de febrero del 2001, aprobó\n la presente resolución, y,

\n\n

En ejercicio de sus atribuciones legales,

\n\n

Resuelve:

\n\n

ARTlCULO 1.- Incorporar en el subtitulo VIII "Disposiciones\n generales a otras normas", del titulo XIV "Disposiciones\n generales" de la Codificación de Resoluciones de\n la Superintendencia de Bancos y de la Junta Bancaria, el siguiente\n capítulo:

\n\n

"CAPITULO XIV.- NORMAS PARA LA CONSTI-TUCION Y FUNCIONAMIENTO\n DE LA UNIDAD DE REESTRUCTURACION DE CREDITOS - URC

\n\n

SECCION 1- ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REESTRUCTURACION\n DE
\n CREDITOS.

\n\n

ARTÍCULO 1.- Confórmase, dentro de Ja Superintendencia\n de Bancos, la Unidad de Reestructuración de Créditos,\n la cual velará por el cumplimiento de las normas que regulan\n el programa de reestructuración de créditos; supervisará\n el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por los participantes;\n y. actuará como facilitadora en los procesos de reestructuración.

\n\n

ARTÍCULO 2.- La Unidad de Reestructuración de\n Créditos tendrá ámbito de acción\n nacional, y estará administrada por: un Director General\n designado por la Junta Bancaria y el personal de apoyo necesario\n para su funcionamiento, que será contratado por el Superintendente\n de Bancos a pedido del Director General

\n\n

El Director General informará por lo menos mensualmente\n sobre el desarrollo de los programas, bajo absoluta confidencialidad,\n al Superintendente de Bancos y por medio de él a la Junta\n Bancaria.

\n\n

El honorario del Director General será determinado\n por la Junta Bancaria.

\n\n

Se autoriza al Superintendente de Bancos para que incluya\n en el presupuesto especial de la institución, los costos\n que demandarán el funcionamiento de la Unidad de Reestructuración\n de Créditos y la difusión publicitaria del programa\n de reestructuración de créditos.

\n\n

ARTlCULO 3.- El Director General provendrá del sector\n privado y requerirá: título profesional en derecho,\n o en economía, o en finanzas, o en administración\n de empresas o en áreas afines, con grado de maestría\n o superior, otorgado por universidades nacionales o internacionales\n de reconocido
\n prestigio; y. experiencia de por lo menos cinco años en\n cargos de dirección y responsabilidad. El ejercicio de\n tales cargos por más de 10 años podrá suplir\n el requerimiento de maestría.

\n\n

Los responsables de administración de casos deberán\n se! profesionales en derecho, o en economía, o en finanzas,\n o en administración de empresas o en áreas atines;\n con títulos di especialización otorgados por universidades\n nacionales internacionales de reconocido prestigio; en materias\n atines con las actividades de la URC; y, contar con experiencia\n profesional mínima de cinco tos en áreas afines\n a la reestructuración. Una experiencia de 5 años\n en funciones de alta responsabilidad, podrá sustituir\n el requerimiento de título de especialización.

\n\n

El Director General y los funcionarios de la URC deberán\n presentar, antes de la suscripción de prestación\n de servicios profesionales a la Superintendencia de Bancos, una\n declaración juramentada de sus bienes y que tienen absoluta\n independencia e imparcialidad para desempeñar tales funciones,\n a la vez que se obligarán a mantener aquéllas durante\n todo el tiempo que presten sus servicios profesionales.

\n\n

El personal de la URC será contratado temporalmente\n mediante la modalidad de servicios profesionales por honorarios,\n sin embargo personal, de carrera, técnico o de apoyo de\n la Superintendencia de Bancos podrá participar en la IJRC,\n mediante acciones administrativas internas.

\n\n

ARTÍCULO 4.- El Director General y demás personal\n que actúen en la URC, mientras presten sus servicios profesionales,\n no podrán ser accionistas o socios, directores, funcionarios,\n consultores, asesores o empleados de ninguna de las instituciones\n sujetas al control de la Superintendencia de Bancos, ni de la\n Agencia de Garantía de Depósitos, ni de las personas\n jurídicas o naturales que sean deudores sometidos al programa\n de reestructuración.

\n\n

Si el cónyuge o parientes dentro del cuarto grado civil\n le consanguinidad o segundo de afinidad, del personal de la URC\n fueren accionistas o socios, directores, funcionarios o empleados\n de algunas de las instituciones o personas mencionadas en el\n inciso primero de este artículo, dicho funcionario está\n obligado a dar a conocer, por escrito, tal circunstancia al Superintendente\n de Bancos de la unidad. Deberá además excusarse\n de intervenir en los asuntos que tengan relación con esas\n personas, bajo pena terminación unilateral del contrato

\n\n

ARTÍCULO 5.- Son funciones de la Unidad de Reestructuración\n de Créditos las siguientes:

\n\n

5.1 Intervenir activamente en los procesos de reestructuración\n de créditos, mediante la aplicación de estrategias\n que permitan obtener acuerdos entre las partes, motivando al\n mayor número de deudores y acreedores a participar en\n el programa a fin de concretar los respectivos acuerdos;
\n 5.2 Actuar como facilitadora en los procesos de reestructuración,\n cuando las partes soliciten su asistencia;
\n 5.3 Disponer en un plazo máximo (de 5 días\n hábiles la revisión ajuste de los aspectos negociados\n entre deudores y acreedores que a su juicio afecten al interés\n público;

\n\n

5.4 Absolver consultas y dar trámite a las solicitudes\n que realicen los deudores o acreedores en la aplicación\n práctica de las normas que regulan el "Programa de\n reestructuración de créditos";

\n\n

5.5 Receptar la notificación de cualquiera de las partes\n de la no conformación del comité de acreedores,\n o la no concurrencia de algunos de sus miembros y disponer su\n conformación en los plazos establecidos;

\n\n

5.6 Sugerir la lista de expertos facilitadores, mediadores\n o árbitros a los que podrán acudir los deudores\n y acreedores, para los efectos estipulados en el artículo\n 3 del Parágrafo II, de la Sección II, del presente\n capítulo;

\n\n

5.7 Poner en conocimiento del Superintendente de Bancos el\n incumplimiento por parte de las instituciones financieras de\n sus obligaciones dentro de la ejecución de procesos de\n reestructuración de créditos, a efectos de que\n disponga los conectivos o sanciones a que hubiere lugar;

\n\n

5.8 Recopilar, evaluar y salvaguardar la información\n recibida en la Unidad, en el desarrollo de los procesos de reestructuración\n de créditos;

\n\n

5.9 Evaluar trimestralmente la ejecución de los procesos\n de reestructuración que llevan a cabo los comités,\n de acuerdo con los criterios que al efecto se adopten; y,

\n\n

5.10 Las demás que establezcan la Junta Bancaria y/o\n el Superintendente de Bancos.

\n\n

ARTÍCULO 6.- El personal de la URC, los acreedores\n y los facilitadores quedan obligados a guardar el sigilo bancario\n previsto cii la ley y solo podrán usar la información\n que reciban para efectos de los respectivos procesos de reestructuración\n de créditos

\n\n

SECCION II.- OPERATIVIDAD Y PROCEDI-MIENTOS APLICABLES A LA\n REESTRUCTURACION

\n\n

PARAGRAFO 1- DEL COMITE DE ACREEDORES

\n\n

ARTÍCULO 1.- En la primera sesión de acreedores\n se procederá a la constitución formal del comité\n se procederá a su constitución formal y a la determinación\n del porcentaje de acreencias de cada miembro, de acuerdo al procedimiento\n establecido en las secciones 1 y E del capitulo XIII, de esta\n Codificación.

\n\n

Con el fin de determinar el nivel de endeudamiento del deudor\n y el porcentaje del monto consolidado de los créditos\n a reestructurarse que corresponde a cada acreedor, éstos\n presentarán al comité mi desglose detallado de\n todas las obligaciones del deudor, incluyendo las operaciones\n activas y contingentes con sus respectivos intereses, comisiones\n devengadas y gastos legales incurridos, cuando fuere del caso.\n Este desglose debe venir acompañado de los
\n soportes documentarios pertinentes, con el fin de que el resto\n de acreedores efectúen las comprobaciones y observaciones\n respectivas.

\n\n

ARTÍCULO 2.- Los acreedores integrantes del comité\n no podrán abstenerse en la votación y lo harán\n a favor o en contra del plan de reestructuración sometido\n a consideración. Todo voto en contra de un plan propuesto\n deberá ser debidamente sustentado. Los votos de los representantes\n ausentes se sumarán a la mayoría.

\n\n

Para asegurar que la votación del representante que\n acudiere a nombre de un acreedor, éstos deberán\n declarar que no se encuentran incursos en los casos de inhabilidad\n antes enunciados.

\n\n

En el evento que tal declaración del representante\n apareciere falsa, la votación obtenida y que con el concurso\n de ese representante hubiere obtenido mayoría será\n inválida siempre que fuere determinante para haber obtenido\n dicha mayoría

\n\n

ARTÍCULO 3.- El comité de acreedores será\n presidido por el representante de la institución financien\n de mayor acreencia, salvo que se encuentre incurso en los casos\n de inhabilidad antes enunciados; el presidente dirigirá\n las sesiones y nombrará un secretario, dentro de los miembros\n del comité, quien será el responsable de elaborar\n las actas de
\n cada sesión, comunicar las resoluciones del comité,\n enviar las informaciones pertinentes a la URC. así como\n de cualquier otra función que el comité le asigne.

\n\n

ARTÍCULO 4.- Basándose en el análisis\n de la documentación facilitada por el deudor conforme\n a lo requerido en el Capítulo XIII, del presente subtitulo,\n así como en cualquier otra información aportada\n por los representantes, el comité:

\n\n

4.1 Determinará la elegibilidad del deudor para la\n reestructuración de sus deudas;

\n\n

4,2 Aceptará tramitar la negociación con el\n deudor en los términos del acuerdo entre acreedores incluido\n en el anexo No. 1 del presente. capítulo. En caso contrato,\n determinará las modificaciones necesarias para que dichos\n términos sean aceptables al comité. El secretario\n remitirá acta del acuerdo entre acreedores a la URC en\n un tiempo máximo de 3 días hábiles;

\n\n

4.3 Analizará las limitaciones expuestas por el deudor\n en su solicitud relativa a los términos en que suscribirá\n el acuerdo deudor - acreedor (anexo 2) y tomará una decisión\n sobre la postura que mantendrá el comité con respecto\n a las mismas durante la primera reunión con el deudor;
\n 4.4 Decidirá sobre la información adicional que,\n en su caso, sea necesaria recabar del deudor, y,

\n\n

4.5 Deteminará la fecha para la primera reunión\n con el deudor, señalándose los pinitos a tratar,\n el lugar, fecha y hora en que ella se efectuará. La comunicación\n de estos aspectos al deudor deberá efectuarse por lo menos\n con 5 días hábiles de anticipación a la\n fecha señalada. El tiempo para la convocatoria a la primera\n reunión con el deudor por paste del comité de acreedores\n no podrá ser mayor a 10 días hábiles desde\n la recepción de la solicitud de reestructuración\n por parte del deudor.

\n\n

ARTÍCULO 5.- Las decisiones del comité de acreedores\n no afectarán los derechos reales de garantía ya\n constituidos a favor de un acreedor, salvo aceptación\n expresa de éste.

\n\n

ARTÍCULO 6.- Durante la primera reunión del\n comité de acreedores con el deudor, los representantes\n de los acreedores y el deudor firmarán el acuerdo deudor\n -acreedores que consta en el anexo 2 de este capitulo, introduciendo\n cuantas modificaciones consideren oportunas, de común\n acuerdo entre las partes.

\n\n

Igualmente, las partes determinarán el calendario para\n la negociación de las condiciones de la reestructuración\n en el plazo original de 30 días hábiles, se aceptarán\n ampliaciones de plazos previo acuerdo entre las partes, debiendo\n reportarse esta ampliación a la URC.

\n\n

El acuerdo de extensión de plazo se podrá realizar\n siempre y cuando el plazo original no hubiere expirado.

\n\n

ARTÍCULO 7.- Al llegarse a un acuerdo entre el deudor\n y el comité de acreedores en cuanto a la reestructuración\n de créditos dentro el 'plazo previsto, el secretario del\n comité remitirá a la IJRC el acuerdo de reestructuración\n debidamente suscrito por las partes.

\n\n

ARTÍCULO 8.- En caso de que el comité de acreedores\n o el deudor decidieren, unilateralmente o de común acuerdo,\n dar por finalizada la negociación para la reestructuración\n de créditos, notificarán dicha decisión\n a la URC en el tiempo máximo de 3 días hábiles\n desde la adopción de dicha decisión.

\n\n

Si habiéndose agotado todos los plazos previstos no\n se hubiera alcanzado un acuerdo de reestructuración, el\n comité de acreedores informará a la URC en el tiempo\n máximo de 3 días hábiles desde la expiración\n del plazo, las razones por las cuales no se han solicitado la\n ampliación del mismo y se da por concluido el proceso\n de negociación directa

\n\n

No obstante lo anotado en el inciso anterior, cualquiera de\n las partes podrá solicitar el concurso de la URC, para\n acceder al proceso de negociación con intervención\n de ésta, de acuerdo a lo establecido en el artículo\n 1 de la Sección II, del Capitulo XIII, del presente subtítulo.

\n\n

PARAGRAFO III- DE LA INTERVENCION DE LA URC

\n\n

ARTÍCULO 1.- Cuando la intervención de la URC\n sea necesaria, el Director General o su delegado presidirá\n las reuniones entre el deudor y el comité de acreedores\n que se realicen conforme a lo dispuesto en este capitulo.

\n\n

La ¡JRC recabará del deudor y del secretario\n del comité de acreedores cuanta información considere\n necesaria para realizar su fijación facilitadora.

\n\n

ARTÍCULO 2.- La asistencia de los miembros del comité\n de acreedores y del deudor a la primera reunión convocada\n por la URC es obligatoria. La ausencia injustificada estará\n sujeta a las sanciones previstas en la Codificación de\n la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero y en las\n normas referentes a reestructuración de créditos.

\n\n

La URC iniciará su intervención sobre la base\n del texto del acuerdo deudor - acreedores que consta en el anexo\n 2, incorporado de cuantas modificaciones hubieran sido ya acordadas\n entre las partes y las que pudiera sugerir.

\n\n

Si las partes aceptan, firmarán el acuerdo deudor -\n acreedores se continuará con la negociación del\n programa de reestructuración, el cual deberá finalizarse\n dentro del tiempo de diez días hábiles a contarse\n desde la fecha de presentación de la solicitud de intervención\n de la URC.

\n\n

En caso de que en la primera reunión o en las reuniones\n que hubiesen acordado celebrar no se concretare el acuerdo deudor\n - acreedor, o en el caso de que. formalizado dicho acuerdo, las\n partes no hubieren convenido en un programa de reestructuración\n en el tiempo de diez días hábiles mencionado en\n el inciso anterior, la IJRC comunicará a las partes que\n ha concluido el proceso de reestructuración.

\n\n

ARTÍCULO 3.- Al inicio de las negociaciones con la\n asistencia de la URC las partes deberán decidir, si las\n controversias o diferencias que entre si se presenten a lo largo\n de la negociación, puedan resolverse por medio del arbitraje\n de equidad; sin perjuicio de que tal convenio arbitral pueda\n ser adoptado en cualquier momento del proceso. De ser así.\n y salvo acuerdo expreso entre las partes. tales arbitrajes estarán\n sometidos a las reglas que a continuación se expresan:

\n\n

3.1 En la primera reunión de acreedores, luego de formalizarse\n la constitución del comité, éste podrá\n elegir un árbitro, quien solucionará las posibles\n discrepancias que puedan darse entre acreedores;

\n\n

3.2 En la primera reunión acreedor - deudor, el comité\n de acreedores y el deudor designarán un árbitro\n por cada uno, debiendo éstos nombrar, máximo en\n 3 días hábiles, a un tercero que será el\n dirimente. Si no hicieran este nombramiento en el tiempo indicado,\n cualquiera de las partes podrá pedir a la URC que por\n sorteo, que deberá efectuarse máximo en 3 días\n hábiles, seleccione a este tercer árbitro de entre\n una lista de árbitros designados por los centros de arbitraje\n legalmente establecidos.
\n Esta lista deberá estar formulada hasta 5 días\n después de publicada esta resolución,

\n\n

3.3 La aceptación por parte de los árbitros\n designados equivaldrá a su posesión en tales funciones\n y deberá incluir una declaración, bajo juramento,\n en la que indiquen estar facultados a desempeñar su cargo\n con independencia e imparcialidad;

\n\n

3.4 Los árbitros no podrán separarse de tales\n funciones salvo por las causales establecidas en la Ley de Mediación\n y Arbitraje. En caso de separación de un árbitro,\n su reemplazo será nombrado por quien hubiese hecho la\n designación original, en el tiempo máximo de tres\n días hábiles. La separación de un árbitro\n no interrumpirá ni suspenderá el decurso de los\n tiempos aquí establecidos;
\n 3.5 Los árbitros tendrán la más amplia libertad\n para decidir sobre los procedimientos a seguir en el arbitraje.\n También podrán, silo estiman conveniente, solicitar\n la asistencia secretarial y más auxilios operativos a\n cualquier centro de arbitraje legalmente establecido, sin que\n ello implique que el arbitraje adquiera carácter de administrado.

\n\n

3.6 Los árbitros decidirán, en el laudo, la\n forma y tiempo en que los costos del arbitraje deban ser suplidos\n por las partes, incluyendo sus propios honorarios, los cuales\n sumados, por todos los arbitrajes en que intervengan entre las\n mismas partes, no podrán ser superiores al 1% de ¡as\n deudas respectivas. Sin perjuicio de lo anterior, al inicio de\n las actuaciones arbitrales, los árbitros podrán\n exigir que la parte que dio inicio al arbitraje satisfaga anticipadamente\n los costos, como requisito para dar inicio a tales actuaciones.\n Los costos en que incurra el deudor, cuando no hubieran sido\n satisfechos con anterioridad, podrán ser incluidos en\n el plan de reestructuración, en caso de ser aprobado;

\n\n

3.7 La sede del arbitraje será la del domicilio de\n la entidad financiera cuya acreencia sea mayor, sin perjuicio\n de que los árbitros puedan reunirse entre si o con las\n partes en cualquier lugar.

\n\n

3.8 Las partes expondrán a los árbitros sus\n puntos de vista sobre la materia en controversia, pudiendo éstos\n solicitarles las explicaciones que consideren necesarias;

\n\n

3.9 El laudo será expedido en un tiempo máximo\n de 5 días hábiles, contado desde la presentación\n de la controversia;

\n\n

3.10 Si el laudo no fuere expedido en el tiempo establecido\n en el numeral 3.8 anterior, caducarán los nombramientos\n de los árbitros. En ese caso, terminará el arbitraje\n sin acuerdo entre las partes ni laudo; y,

\n\n

3.11 Todas las actuaciones arbitrales serán mantenidas\n bajo confidencialidad.

\n\n

El sometimiento al arbitraje para resolver cualquier diferencia\n entre las partes no suspenderá las negociaciones entre\n ellas respecto de los otros asuntos materia de discusión.

\n\n

ARTÍCULO 4.-. En ningún caso el proceso de negociación
\n realizado con la facilitación de la URC podrá durar\n más de 60 días hábiles, aun cuando la demora\n obedezca a las actuaciones arbitrales antes reguladas, salvo\n acuerdo expreso de las partes.

\n\n

 

\n\n

SECCION - DISPOSICIONES GENERALES

\n\n

ARTÍCULO 1.- La infracción no subsanable a las\n normas que regulan los programas establecidos en el presente\n capítulo, así como a los acuerdos aquí establecidos\n y en el plan de reestructuración aprobado, será\n razón suficiente para que el acuerdo sea declarado sin\n efecto por la URC.

\n\n

ARTÍCULO 2.- Las normas referentes al comité\n de acreedores se entenderán aplicables al acreedor único,\n si fuere del caso y en lo que sean pertinentes.

\n\n

ARTÍCULO 3.- En caso de que las instituciones financieras\n privadas transfieran las acreencias vencidas según lo\n determinado en el artículo 9 del Decreto Ejecutivo No.\n 1168, publicado en el Registro Oficial No. 257 del 1 de febrero\n del 2001, a una institución pública con jurisdicción\n coactiva, esta transferencia deberá realizarse a través\n de un convenio de venta de activos.

\n\n

La propiedad de estos activos será transferida a la\n institución pública, la que procederá a\n la recuperación de los créditos así adquiridos\n de acuerdo con las leyes y normas emitidas para el efecto. Esta\n transferencia será negociada en las condiciones que libremente\n pacten las partes.

\n\n

SECCION IV.- DISPOSICION FINAL

\n\n

ARTÍCULO 1.- Los casos de duda en cuanto a estas disposiciones,\n serán absueltos por la Junta Bancaria o el Superintendente\n de Bancos, según sea el caso.

\n\n

SECCION y.- DISPOSICION TRANSITORIA

\n\n

La Unidad de Reestructuración de Créditos funcionará\n hasta el 31 de diciembre del 2001, plazo que podrá prorrogarse,\n por una sola vez, por un período que no exceda de doce\n meses, a criterio de la Junta Bancaria.".

\n\n

ARTÍCULO 2.- Esta resolución entrará\n en vigencia a partir de su publicación en el Registro\n Oficial,

\n\n

Comuníquese y publíquese en el Registro Oficial.-\n Dada en la Superintendencia de Bancos, en Quito, Distrito Metropolitano,\n al primer día del mes de febrero del año dos mil\n uno

\n\n

f) Alejandro Maldonado García, Presidente de\n la Junta Bancaria.

\n\n

Lo certifico Quito, Distrito Metropolitano, al primer cha\n del mes de febrero del año dos mil uno.

\n\n

f.) Pablo Cobo Luna, Secretado de la Junta Bancaria, Ad-hoc.\n Superintendencia de Bancos.

\n\n

Certifico que es fiel copia del original

\n\n

f) Dr. Julio Maya Rivadeneira, Secretario General.

\n\n

2 de febrero deI 2001.

\n\n

ANEXO No. 1

\n\n

ACUERDO ENTRE ACREEDORES - PLAN DE VOTOS
\n Y PROCEDIMIENTO DE DECISIONES

\n\n

Este Acuerdo se suscribe entre todas las instituciones financieras\n debidamente representadas, en adelante "Acreedores",\n quienes se someten a las siguientes estipulaciones.

\n\n

SeccIón 1. Definiciones

\n\n

(a) Marco normativo.- El Decreto Ejecutivo No. 1168, publicado\n en el Registro Oficial No. 257 de 1 de febrero del 2001, constituyen\n el mareo normativo para la reestructuración de las deudas\n superiores a US $ 50.000;

\n\n

(b) Plan propuesto.- Significa un plan para la reestructuración\n financiera y de negocios de un deudor; y,

\n\n

(c) Plan aprobado.- Significa el plan de reestructuración\n aprobado por votación del comité de acreedores.

\n\n

Sección 2. Aplicabilidad

\n\n

Este acuerdo debe ser aceptado por todos los acreedores del\n deudor cuya lista consta a continuación:
\n Sección 3. Comité de acreedores

\n\n

Los acreedores acuerdan establecer, en la primera reunión\n que sostengan, un comité de acreedores conformado por\n todos los asistentes, quienes elegirán un presidente y\n éste a un secretario, quienes se encargarán de\n todos los aspectos concernientes al impulso del programa.

\n\n

Sección 4. Votaciones

\n\n

Las decisiones para la aprobación del plan, así\n como todas las demás a que haya lugar se tomarán\n con el voto favorable de más del 50% del número\n de acreedores que representen al menos las 2/3 partes del monto\n de las obligaciones pendientes de pago.

\n\n

Todos ¡os acreedores votarán a favor o en contra\n de cualquier plan sometido a consideración dentro de los\n limites del cronograma del proceso u otros plazos establecidos\n por la URC. Todo voto en contra de un plan propuesto deberá\n ser debidamente sustentado. Las ausencias se sumarán a\n la mayoría.

\n\n

En todos los casos en que el acreedor, o su representante,\n tuviere cualquier conflicto de intereses, como por ejemplo, ser\n socio, director, agente o empleado del deudor, seré excluido\n de la votación respectiva.

\n\n

Sección 5. Procedimientos pan el comité de acreedores\n en el proceso de reestructuración

\n\n

El procedimiento a seguir en el proceso de reestructuración\n respectivo será el que conste en el acuerdo deudor - acreedor.\n el cual se entiende incorporado al presente documento.

\n\n

Sección 6. Buena Fe

\n\n

Los acreedores sujetos a este Acuerdo actuarán de buena\n fe estarán sujetos al marco legal

\n\n

Sección 7. Comunicaciones

\n\n

Las comunicaciones relacionadas con este acuerdo deber realizarse\n por escrito y se harán efectivas de acuerdo a la fe de\n recepción.

\n\n

Sección 8. Ley aplicable

\n\n

Este Acuerdo será dado y deberá ser interpretado\n y ejecutado en concordancia con las leyes ecuatorianas.

\n\n

Sección 9. Término

\n\n

Este acuerdo debe permanecer con efectos plenos hasta la finalización\n de las obligaciones adquiridas por las partes en virtud del "Acuerdo\n deudor - acreedor sobre el proceso de reestructuración\n de los créditos" y la ejecución del "Plan\n aprobado'.

\n\n

Las pastes, después de haber leído y entendido\n todos los términos y condiciones aquí expuestos,\n se suscriben a este Acuerdo.

\n\n

Los acreedores.

\n\n

ANEXO No.2

\n\n

ACUERDO DEUDOR- ACREEDOR SOBRE EL
\n PROCESO DE REESTRUCTURACION

\n\n

 

\n\n

Este Acuerdo se suscribe entre:

\n\n

(1) El deudor, que presentó su aviso para la reestructuración\n voluntaria de sus créditos consolidadas con el sistema\n financiero ecuatoriano por un importe superior a los US $ 50.000\n en los términos normados por el Decreto Ejecutivo ¡168,\n publicado en el Registro Oficial No. 257 deI 1 de febrero del\n 2001 y en el Capítulo XIII del presente subtítulo.

\n\n

(2) Las instituciones financieras acreedoras que constan en\n el acuerdo entre acreedores, o cualquier otra institución\n financiera que en cualquier momento acepte adherirse a los términos\n y condiciones señaladas y recogidas en el referido acuerdo,\n previa aprobación del resto de acreedores.

\n\n

Para promover un proceso de reestructuración eficiente\n las partes desean establecer procedimientos, limites de tiempo\n y mecanismos de resolución concernientes a la reestructuración\n de la obligación del deudor, se acuerda lo siguiente:

\n\n

Sección 1. Definiciones

\n\n

(a) Grupo económico.- Por grupo económico se\n entiende a los deudores a los que se refieren las letras a).\n b) o c) del artículo 76 de la Codificación de la\n Ley General de Instituciones del Sistema Financiero.

\n\n

(b) Plan de reestructuración aprobado.- Significa un\n plan propuesto que recibe la aprobación requerida por\n el comité de acreedores y por el deudor.

\n\n

(c) Marco normativo para la reestructuración.- Son\n las normas a que se halla sujeta la reestructuración de\n la deuda corporativa en Ecuador, esto es, el Decreto Ejecutivo\n No. 1168, publicado en el Registro Oficial No. 257 del 1 de febrero\n deI 2001, el Capitulo XIII del presente subtitulo, y las resoluciones\n que le fueren aplicables.

\n\n

(d) Plazo de ejecución del plan.- Significa el periodo\n desde la fecha de la aprobación de cada plan, hasta el\n cumplimiento total de las obligaciones adquiridas bajo el plan\n de reestructuración, y la cancelación total de\n la deuda reestructurada.

\n\n

(e) Plan propuesto.- Significa el plan para la reestructuración\n financiera y del negocio de un deudor. Este plan debe al menos\n prever:

\n\n

- Que el valor presente neto del crédito reestructurado\n para los acreedores en su conjunto no puede ser inferior al valor\n actual de realización de las garantías constituidas\n de comprobada existencia;

\n\n

- Un trato justo para todos los acreedores en cuanto a los\n nuevos aportes que éstos acuerden efectuar para la viabilidad\n del deudor o en cualquier otro aspecto del plan;

\n\n

- Su conformidad con el marco normativo para la reestructuración.

\n\n

(f) Aprobación requerida del plan.- Significa aprobación\n del plan propuesto por votación en una reunión\n de acreedores, más del 50% de los acreedores que represente\n por lo menos las 2/3 partes del montó del endeudamiento.

\n\n

Sección 2. Convocatoria de la primera reunión\n de deudor - acreedores balo este Acuerdo

\n\n

El comité de acreedores (o en su caso la URC) convocará\n a la primera reunión de deudor - acreedores mediante comunicación\n al deudor, señalándole los pinitos a tratar, el\n lugar, fecha y hora en que ella se efectuara, por lo menos con\n 5 días hábiles de anticipación a la fecha\n señalada.

\n\n

Sección 3. Primera reunión de deudor - acreedores

\n\n

En la primera reunión de deudor - acreedores, el presidente\n del comité de acreedores (o la URC en caso de haber solicitado\n su intervención) conducirá la reunión, y\n por secretaría comunicará a todos los participantes\n de los resultados de la primera reunión de acreedores,\n indicando la decisión de éstos sobre las limitaciones\n expuestas por el deudor en su solicitud relativa a los términos\n en que suscribiría el presente acuerdo, en el caso de\n existir, y toda información que a su juicio resulte pertinente.

\n\n

En caso de no llegar a un acuerdo, cualquiera de las partes\n puede acudir al arbitraje en los términos de la sección\n 6 del presente acuerdo.

\n\n

Sección 4. Provisión e información confidencial

\n\n

Dentro del marco para la reestructuración, el deudor\n debe proporcionar al comité de acreedores toda la información\n necesaria sobre los asuntos relevantes para el análisis\n de la situación financiera actual del deudor con el fin\n de examinar su viabilidad, o capacidad de pago si se trata de\n una persona natural. Esta información debe incluir pero\n no limitarse a los temas señalados en el anexo No. 3 del\n Capitulo XIII del presente subtitulo.
\n Todo aquel que con ocasión de la reprogramación\n conozca
\n cualquier información que no sea pública, y que\n fuere entregada por las partes, debe guardar la debida confidencialidad\n y no usarla sino exclusivamente en el proceso de reestructuración\n de los créditos.

\n\n

Sección 5. Prohibiciones

\n\n

Desde la firma del presente acuerdo el deudor se compromete\n a no realizar ninguna de las actividades siguientes, sin el consentimiento\n escrito del comité de acreedores, a no ser de aquellas\n requeridas por el giro ordinario del negocio.

\n\n

- Asumir deudas adicionales (sin aprobación del comité);

\n\n

- Hacer cualquier inversión o incurrir en nuevos gastos\n fuera del curso ordinario de sus negocios;

\n\n

- Disponer de cualquier capital fiera del curso ordinario\n de sus negocios;

\n\n

- Prestar dinero o garantizar las obligaciones de cualquier\n persona,

\n\n

- Entrar en cualquier transacción con cualquier persona\n vinculada;

\n\n

- Constituir cualquier garantía, ceder cuentas por\n cobrar u otros activos;

\n\n

- Hacer cualquier pago preferente, incluyendo a los acreedores;

\n\n

- Hacer cualquier pago en forma de dividendos, garantías\n y préstamos a sus accionistas, directores y demás\n administradores, funcionarios y personas relacionadas;

\n\n

- Sustraer cualquier activo de la jurisdicción de las\n cortes de Ecuador, y.

\n\n

- Someterse a la Ley de Concurso Preventivo.

\n\n

Sección 6. Arbitraje

\n\n

Para solucionar los desacuerdos sobre cualquier tema entre\n el deudor y los acreedores sujetos a este acuerdo, cualquiera\n de ellos podrá acudir, durante el periodo de negociación,\n al arbitraje al que se refiere el artículo 3 del parágrafo\n II de la sección f) del presente capitulo.

\n\n

Sección 7. Transferencia de créditos

\n\n

Cualquier acreedor que durante las negociaciones del plan\n de reestructuración o durante su ejecución, transfiera\n alguno de sus créditos, debe notificar por escrito a las\n otras partes, y el o los que adquieran, lo sustituirán\n en todos los derechos y obligaciones, incluyendo los que resulten\n de este acuerdo.

\n\n

Sección 8. Votación del plan propuesto e implementación\n del Plan de reestructuración

\n\n

Si el plan propuesto recibe aprobación, éste\n será de obligatorio cumplimiento para todas las partes,\n incluyendo los acreedores que hubieren votado en contra.

\n\n

Sección 9. Renuncia a reclamaciones y acciones judiciales

\n\n

Ningún acreedor podrá iniciar proceso alguno\n de carácter patrimonial, ni solicitar medida cautelar\n alguna contra el deudor desde la fecha en que se suscribe el\n presente acuerdo hasta el momento en que se alcance un acuerdo\n de reestructuración o se dé por terminado el proceso\n de negociación de la reestructuración, en los términos\n del Decreto Ejecutivo No. 1168, publicado en el Registro Oficial\n No. 257 del 1 de

 

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