Registro Oficial. 23 de FEBRERO del 2001

Viernes, 23 de febrero de 2001

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

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 MES DE FEBRERO\n DEL 2001

\n \n \n \n
 
\n \n \n \n
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 REGISTRO\n OFICIAL
\n
ORGANO\n DEL GOBIERNO DEL ECUADOR
\n
Administración\n del Sr. Dr. Gustavo Noboa Bejarano
\n Presidente Constitucional de la República

\n\n

Quito,\n Viernes 23 de Febrero del 2001 No. 273

\n\n

TRIBUNAL\n CONSTITUCIONAL

\n\n

EDMUNDO\n ARIZALA ANDRADE
\n DIRECTOR ENCARGADO
\n
\n \n \n \n
 

\n\n

FUNCION\n EJECUTIVA
\n  
\n DECRETO:
\n
 
\n 1240 Autorizase al Ministro\n de Economía y Finanzas, suscriba un contrato de préstamo\n y fideicomiso con el Banco del Estado, en calidad de prestamista\n y con el Banco Central del Ecuador como Agente Fiduciario, con\n aplicación al Fondo Ordinario, Sector Saneamiento Ambiental,\n destinado a cubrir la primera etapa del desfinanciamiento del\n Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario y Pluvial de la ciudad\n de Portoviejo
\n  
\n
ACUERDOS:
\n  
\n MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS:
\n
 
\n
119 Deléganse atribuciones\n al Director Nacional de Hidrocarburos
\n  
\n MINISTERIO\n DE TRABAJO:
\n
 
\n 122 Expídese el Reglamento\n para el ejercicio de la jurisdicción coactiva
\n  
\n
RESOLUCIONES:
\n  
\n SUPERINTENDENCIA DE BANCOS:
\n
 
\n SB-INSIF-2001-0071 Calificase\n al señor Julio César Navas Vaca, para que pueda\n ejercer el cargo de auditor interno en las instituciones sujetas\n a control
\n  
\n SB-INSIF-2001-0072 Calificase\n a la señorita Raquel Paulina Betancourt Ortiz, para que\n pueda ejercer el cargo de auditora interna en mutualistas y cooperativas\n de ahorra crédito sujetas a control
\n  
\n
SB-INSIF-2001-0073 Calificase al señor Aquiles Nemesio\n Alvarado Supo, para que pueda ejercer el cargo de auditor interno\n en bancos privados sujetos a control
\n  
\n SB-2001-081 Modificase la\n Resolución No JB-28 0269 de 4 de diciembre del 2000
\n  

\n\n

ACUERDO\n DE CARTAGENA
\n  
\n PROCESOS:
\n
 
\n 19-AI-99 Acción de\n incumplimiento interpuesta p la Secretaría General de\n la Comunidad Andina contra la República de Ecuador por\n aplicar una medida calificada como "gravamen" a las\n importaciones de Subregión
\n  
\n 35-AI-99 Acción de\n incumplimiento interpuesta por la Secretaría General de\n la Comunidad Andina, en contra de la República Perú,\n por incumplimiento de los artículos 5 (actualmente 4)\n del Tratado de Creación del Tribunal, 2 de la Decisiòn\n 414 de la Comisión del Acuerdo Cartagena y de las Resoluciones\n 161 y 196 de la Secretaría General
\n  
\n
9-AI-99 Solicitud de ampliación y enmienda\n de sentencia proferida en el Proceso 9-AI-98
\n  
\n
12-IP-97 Interpretación prejudicial de\n los artículos 56, 58 párrafos f) y g), 76 de la\n Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena,\n y Disposición Transitoria Cuarta de la Decisión\n 311 emanada de la misma Comisión, solicitada por el Dr.\n Augusto Maldonado Vásconez, Presidente de la Segunda Sala\n del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo\n de Quito, en el juicio intentado por el INSTITUTO FARMACOLOGICO\n COLOMBIANO, SOCIEDAD LIMITADA, contra la Resolución No.\n 386 de fecha 5 de agosto de 1992, emitida por el Ministro de\n Industrias, Comercio, Integración y Pesca del Ecuador\n (Expediente No. 6064, correspondiente al Tribunal consultante);\n e interpretación de oficio de los artículos 98\n y Disposición Transitoria Cuarta de la Decisión\n 313\n

\n \n
\n

N° 1240

\n\n

Gustavo Noboa Bejarano
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que el Directorio del Banco del Estado, mediante Resolución\n 2000 - DIR - 079 de 25 de octubre del 2000, aprobó la\n concesión de un préstamo a favor del Estado ecuatoriano,\n hasta por dos millones ochocientos quince mil ochocientos cincuenta\n dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US$\n 28 15.850), destinado a cubrir la primera etapa del desfinanciamiento\n del Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario y Pluvial de la\n ciudad de Portoviejo;

\n\n

Que la Procuraduría General del Estado, mediante oficios\n Nos. 15365 y 15512 de 28 de noviembre y 12 de diciembre del 2000,\n respectivamente, emitió dictamen favorable al proyecto\n de contrato de préstamo puesto a su consideración,\n a suscribirse entre el Banco del Estado, como prestamista, el\n Estado ecuatoriano, como prestatario y, el Banco Central del\n Ecuador, como Agente Fiduciario;

\n\n

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo\n 4 de la Ley No. 72, publicada en el Registro Oficial No. 441\n de 21 de mayo de 1990, el contrato de préstamo al que\n se refiere esta resolución, no requiere de dictamen del\n Directorio del Banco Central del Ecuador;

\n\n

Que el Ministro de Economía y Finanzas, ha expedido\n la Resolución No. STyCP - 008 de 2 de febrero del 2001;\n y,

\n\n

En ejercicio de la facultad que le confieren los artículos\n 47 de la Ley Orgánica de Administración Financiera\n y Control y 171, numeral 18 de la Constitución Política\n de la República,

\n\n

Decreta:

\n\n

Art. 1. -. Autorizase al Ministro de Economía y Finanzas,\n para que personalmente o mediante delegación, a nombre\n y en representación del Estado ecuatoriano, que intervendrá\n como prestatario, suscriba un contrato de préstamo y fideicomiso\n con el Banco del Estado, en calidad de prestamista y con el Banco\n Central del Ecuador como Agente Fiduciario, hasta por la cantidad\n de dos millones ochocientos quince mil ochocientos cincuenta\n dólares americanos (US$ 2'815.850), con aplicación\n al Fondo Ordinario, Sector Saneamiento Ambiental, destinado a\n cubrir la primera etapa del desfinanciamiento del Plan Maestro\n de Alcantarillado Sanitario y Pluvial de la ciudad de Portoviejo.

\n\n

Art. 2. - Los términos y condiciones financieras del\n contrato de crédito que se autoriza celebrar por el artículo\n precedente, son las siguientes:

\n\n

PRESTAMISTA: Banco del Estado.

\n\n

PRESTATARIO: Estado ecuatoriano.

\n\n

BENEFICIARIO: Municipio de Portoviejo.

\n\n

MONTO: Hasta US$ 2'8 15.850.

\n\n

INTERÉS: La tasa de interés será fijada\n de acuerdo con la resolución del Directorio del Banco\n del Estado, No. 2000 - DIR - 006 de 10 de enero del 2000, reajustable\n trimestralmente a partir de la fecha de entrega del primer desembolso\n (15% a la fecha de aprobación del crédito).

\n\n

INTERÉS POR 1.1 veces la tasa de interés vigente\n
\n MORA: en el Banco del Estado, durante la semana en que se haga\n exigible el pago del dividendo.

\n\n

COMISIÓN DE 1 por ciento anual sobre los
\n COMPROMISO: saldos no desembolsados, de acuerdo con la resolución\n del Directorio del Banco del Estado No. 93 - BdE - 26, de 18\n de marzo de 1993.

\n\n

PLAZO: Diez (10) años, contados a partir de la fecha\n de entrega del primer desembolso.

\n\n

FORMA DE Trimestral (cada 90 días), mediante
\n PAGO: cuotas fijas, conforme a la tabla de amortización\n respectiva.

\n\n

Art. 3. - El servicio de amortización, intereses y\n demás costos financieros del préstamo que se autoriza\n celebrar por el Art. 1 de esta resolución, lo realizará\n el Estado ecuatoriano con cargo a las partidas Nos. 1990 - 0000\n - F900 - 000 - 13 - 02 - 960202 - 111 - 0, y 1 990 - 0000 - F900\n - 13 - 12 - 560202 - 111 - 0 del Presupuesto General del Estado\n para el presente año; y en los años subsiguientes,\n con aplicación al Presupuesto del Gobierno Central, Capítulo\n Deuda Pública Interna, para lo cual el Ministerio de Economía\n y Finanzas señalará las partidas correspondientes\n que permitan el pago total y oportuno de las obligaciones que\n contrae. Para tal servicio, el Ministerio de Economía\n y Finanzas suscribirá el respectivo contrato de fideicomiso\n con el Banco Central del Ecuador, comprometiendo los recursos\n que fueren necesarios de la Cuenta Corriente Única del\n Tesoro Nacional.

\n\n

Art. 4. - De la ejecución del presente decreto, que\n entrará en vigencia a partir de su publicación\n en el Registro Oficial, encárguese el Ministro de Economía\n y Finanzas.

\n\n

Dado en el Palacio de Gobierno, en Quito, a 15 de febrero\n del 2001.

\n\n

f.) Gustavo Noboa Bejarano, Presidente Constitucional de la\n República.

\n\n

f) Jorge Gallardo, Ministro de Economía y Finanzas.\n Es fiel copia del original. - Lo certifico.

\n\n

f) Marcelo Santos Vera, Secretario General de la Administración\n Pública.

\n\n

 

\n\n

No. 119

\n\n

EL MINISTRO DE ENERGÍA Y MINAS

\n\n

Considerando:

\n\n

Que el Art. 179, numeral 6 de la Constitución Política\n de la República del Ecuador preceptúa que corresponde\n a los ministros de Estado expedir las normas, acuerdos y resoluciones\n que requiera la gestión ministerial;

\n\n

Que el Art. 56 del Estatuto Jurídico Administrativo\n de la Función Ejecutiva establece que las atribuciones\n propias de las diversas autoridades de la administración\n serán delegables en los órganos de inferior jerarquía,\n excepto las que se encuentren prohibidas por ley o por decreto\n y que la delegación será publicada en el Registro\n Oficial;

\n\n

Que mediante Acuerdo Ministerial No. 110, publicado en el\n Registro Oficial No. 240 de 9 de enero del 2001, esta Secretaría\n de Estado expidió el Estatuto Orgánico del Ministerio\n de Energía y Minas;

\n\n

Que para facilitar la aplicación de dicho estatuto\n orgánico y consolidar el control y fiscalización\n de las operaciones hidrocarburíferas, se requiere desconcentrar\n las funciones de la Dirección Nacional de Hidrocarburos;

\n\n

Que para el cumplimiento del fin expresado en el considerando\n precedente es necesario delegar al Director Nacional de Hidrocarburos\n la facultad de asignar procesos y subprocesos a las direcciones\n regionales de hidrocarburos; y,

\n\n

En ejercicio de las atribuciones que le confieren el Art.\n 179, numeral 6 de la Constitución Política de la\n República del Ecuador, y los Arts. 16, último inciso\n y 56 del Estatuto Jurídico Administrativo de la Función\n Ejecutiva,

\n\n

Acuerda:

\n\n

Art. 1. - Delegar al Director Nacional de Hidrocarburos la\n atribución para que pueda organizar los procesos o subprocesos\n asignados a las direcciones regionales de hidrocarburos, que\n constan en el Art. 4 del Estatuto Orgánico del Ministerio\n de Energía y Minas, publicado en el Registro Oficial No.\n 240 de 9 de enero del 2001, de acuerdo con las necesidades de\n las actividades de control a cargo de la Dirección Nacional\n de Hidrocarburos

\n\n

Art. 2. - La organización de los procesos o subprocesos\n se establecerá en los instructivos que para el efecto\n expida el Director Nacional de Hidrocarburos, de cuya expedición\n se informará al Ministro de Energía y Minas.

\n\n

Art. 3. - Este acuerdo ministerial entrará en vigencia\n desde la fecha de su expedición sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial.

\n\n

Art. 4. - De la ejecución del presente acuerdo ministerial\n se encarga al señor Director Nacional de Hidrocarburos.

\n\n

Comuníquese y publíquese. - Dado, en el Distrito\n Metropolitano de Quito, a 29 de enero del 2001.

\n\n

f.) Ing. Pablo Terán Ribadeneira.

\n\n

Es fiel copia del original. - Lo certifico. - Quito, a 31\n de enero del 2001.

\n\n

f.) Director General Administrativo.

\n\n

 

\n\n

N° 122

\n\n

Ab. Martín Insua Chang
\n MINISTRO DE TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, por la falta de una reglamentación adecuada, se\n han presentado inconvenientes en el ejercicio de la jurisdicción\n coactiva otorgada por el artículo 628 del Código\n del Trabajo, a este Ministerio;

\n\n

Que, se hace necesario establecer reglas claras de procedimiento\n a fin de que la implementación coactiva pueda desarrollarse\n sin obstáculos y sea controlada eficientemente;

\n\n

Que, es importante impulsar la descentralización administrativa\n reforzando las áreas jurídicas internas, y modernizando\n la integración de los juzgados de coactiva; y,

\n\n

En uso de las atribuciones constantes en el artículo\n 179, numeral 6 de la Constitución Política del\n Estado,

\n\n

Acuerda:

\n\n

Expedir el siguiente: "REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO DE\n LA JURISDICCIÓN COACTIVA".

\n\n

Artículo 1.- La jurisdicción coactiva señalada\n por la ley al Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos, se aplicará\n para la recaudación de las multas impuestas por las direcciones\n regionales e inspecciones provinciales del trabajo del país.

\n\n

La recaudación judicial de la coactiva, será\n ejercida por el Ministro de Trabajo y Recursos Humanos, a través\n de la Dirección de Asesoría Jurídica y los\n departamentos legales a nivel nacional.

\n\n

Articulo 2.- El Director de Asesoría Jurídica\n o los abogados que realicen las funciones de asesores legales\n en el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos, tendrán\n la calidad de jueces de coactiva, y ejercerán su jurisdicción\n y competencia en el mismo ámbito territorial que los directores\n regionales del trabajo.

\n\n

Articulo 3.- Para efectos de la coactiva, los directores regionales,\n los subdirectores o los inspectores del trabajo, emitirán\n directamente las órdenes de cobro y las enviarán\n a los funcionarios facultados para ejercerla, quienes iniciarán\n sin más trámite los juicios respectivos, de conformidad\n con las normas del Código de Procedimiento Civil.

\n\n

Toda orden de cobro, expedida por las autoridades anotadas,\n serán refrendadas por el Director Financiero del Ministerio.\n Dicha orden se considerará como suficiente titulo de crédito.

\n\n

Recibidos los títulos de crédito, los funcionarios\n facultados para ejercer la coactiva, emitirán el auto\n de pago, concediéndole al deudor 3 días para que\n cumpla o proponga las excepciones de que se crea asistido.

\n\n

Artículo 4. - El depósito de los valores se\n realizará en una cuenta especial que se abrirá\n a nombre del Juzgado y cuyos titulares serán el Juez y\n Secretario del mismo.

\n\n

Los valores recaudados por la vía coactiva en concepto\n de multas, serán entregados al Secretario del Juzgado,\n quien los remitirá dentro de un término máximo\n de 48 horas al Director Financiero del Ministerio de Trabajo\n y Recursos Humanos.

\n\n

Previamente se deducirán los rubros correspondientes\n a intereses, honorarios y costas procésales.

\n\n

Articulo 5. - Iniciado el proceso coactivo, al dictarse el\n auto de pago, el Juez de Coactiva, ordenará que el deudor\n cancele el capital, los intereses, la mora, el valor de las citaciones,\n los honorarios, las costas procesales, peritajes y los demás\n rubros establecidas en la ley.

\n\n

El auto de pago, irá firmado por el Juez de Coactiva,\n el Secretario y el abogado del Juzgado.

\n\n

Articulo 6. - En cada razón de citación se hará\n constar el lugar, nombre de la persona que recibe el auto de\n pago, la fecha y la hora, así como el nombre del citador\n y su firma.

\n\n

En caso de no ser la citación en persona, se seguirán\n para el efecto, las reglas del Código de Procedimiento\n Civil.

\n\n

Articulo 7. - Todos los juzgados, se integrarán con\n el siguiente personal: a) Juez de Coactiva; b) Secretario; c)\n Depositario Judicial; d) Alguacil; e) Abogados; f) Citador.

\n\n

Las personas detalladas en los literales b), c), d), e) y\n f) podrán ser contratados por el Juez de Coactiva, mediante\n la celebración de convenios de prestación de servicios\n civiles. La suscripción de los respectivos contratos no\n generará relación de dependencia con la institución.

\n\n

En los juzgados de coactiva, donde por el bajo flujo de juicios\n coactivos, no sea necesaria la contratación de un citador,\n será el Secretario quien realice las correspondientes\n citaciones o notificaciones.

\n\n

Articulo 8. - Cada Juzgado contará con un Secretario\n quien será caucionado, y será nombrado por el Juez\n de Coactiva. La contratación deberá realizarse\n necesariamente en la persona de un doctor en jurisprudencia o\n abogado.

\n\n

El Secretario, a más de sustanciar el proceso, se halla\n facultado para emitir certificaciones, citar a los deudores,\n impulsar el juicio, intervenir en los embargos, secuestros o\n retenciones, recibir la consignación o pago de los valores\n establecidos por la ley, y las demás que le asigne el\n Juez de Coactiva.

\n\n

Articulo 9. - Para los casos de apremio o embargo, se nombrará\n un Alguacil y un Depositario Judicial, los cuales percibirán\n sus derechos de acuerdo con la ley, y el segundo, será\n caucionado.

\n\n

Articulo 10. - Los montos de los honorarios y las costas procesales\n por cada juicio, serán fijados por el Juez de Coactiva,\n según la siguiente tabla:

\n\n

a) Si la deuda se recupera una vez dictado el auto de pago\n o el auto de embargo, el Secretario del Juzgado y el abogado\n externo, recibirán cada uno la suma de 20 dólares\n de los Estados Unidos de América;

\n\n

b) Si la deuda se recaudare al ejecutarse o luego de ejecutado\n el embargo, o como resaltado del remate de bienes, se ordenará\n que se pague el valor de 30 dólares al Secretario del\n Juzgado, 40 dólares al abogado externo, y 10 dólares\n para el Alguacil, quien recibirá el mismo una vez ejecutado\n el embargo;

\n\n

c) El Depositario presentará una planilla al Juez de\n Coactiva, por el bodegaje y la custodia de los bienes embargados\n para su aprobación;

\n\n

d) Si el producto del remate, no cubriere la obligación\n total, y hasta que el deudor cancele la misma, el Juez de Coactiva\n ordenará que se pague al personal contratado el 50% de\n los honorarios que les correspondería mientras se ordenan\n las medidas cautelares que fueren necesarias para cubrir el monto\n total de la deuda; y,

\n\n

e) El citador percibirá como honorarios la suma de\n 2 dólares por cada citación que realice, valor\n que se pagará después de concluidas dichas diligencias.

\n\n

Para el efecto, se nombrará un perito, el cual presentará\n su informe en el término máximo de 48 horas, quien\n si solamente se tratara de un informe de liquidación,\n recibirá como honorarios el valor de 5 dólares.\n Si se tratase de otro tipo de informe pericial, el Juez de Coactiva,\n regulará los honorarios de los peritos que deban nombrarse\n dentro del proceso coactivo, según los aranceles fijados\n de acuerdo a la especialización o en su defecto de acuerdo\n al tipo de bienes y cuantía del juicio.

\n\n

Cuando se hubieren deducido y tramitado excepciones ante la\n justicia ordinaria, y el coactivado litigante fuere condenado\n en costas, éste pagará tales costas, al igual que\n las generadas en el juicio coactivo, así como los honorarios\n correspondientes.

\n\n

Artículo 11. - El Ministerio de Trabajo y Recursos\n Humanos asignará a cada Juzgado los bienes necesarios\n para el ejercicio de su función. El valor recaudado por\n las costas judiciales será destinado a garantizar el funcionamiento\n del Juzgado.

\n\n

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: Derógase el Acuerdo\n Ministerial N° 080, publicado en el R. O. 898 del 20 de marzo\n de 1992.

\n\n

El presente reglamento entrará en vigencia a partir\n de su suscripción, sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial.

\n\n

Dado en Quito, a 8 de febrero del 2001

\n\n

f) Ab. Martín Insua Chang, Ministro de Trabajo y Recursos\n Humanos.

\n\n

No. SB\n - INSIF - 2001 - 0071

\n\n

Jorge Molina Naboa.
\n INTENDENTE NACIONAL DE SUPERVISIÓN DE INSTITUCIONES FINANCIERAS,\n ENCARGADO

\n\n

Considerando:

\n\n

Que según lo dispuesto en el articulo 84 de la Codificación\n de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, corresponde\n a la Superintendencia de Bancos calificar la idoneidad y experiencia\n del auditor interno;

\n\n

Que en el Subtítulo III "Auditorias", del\n Título VIII "De la contabilidad, información\n y publicidad" de la Codificación de Resoluciones\n de la Superintendencia de Bancos y de la Junta Bancaria, consta\n el Capitulo II "Normas para la calificación de los\n auditores internos de las entidades sujetas al control de la\n Superintendencia de Bancos"

\n\n

Que el señor Julio César Navas Vaca, ha presentado\n la solicitud y documentación respectivas para su calificación\n como auditor interno, el que reúne los requisitos exigidos\n en las normas reglamentarias pertinentes;

\n\n

Que con memorando No. IT - DEP - 2000 - 979 de 21 de diciembre\n del 2000, el Director de Estadística y Productos de esta\n Superintendencia, informa que revisadas las bases de datos de\n la central de riesgos, cuentas corrientes cerradas y cheques\n protestados, el señor Julio César Navas Vaca, no\n ha sido reportado con hechos negativos por las instituciones\n del sistema financiero;

\n\n

Que con memorando No. DN - 2001 - 0061, la Dirección\n de Normatividad presentó el informe favorable para la\n calificación del señor Julio César Navas\n Vaca;

\n\n

Que con resolución No. ADM - 2001 - 5277 de 17 de enero\n del 2001, se encarga las funciones de Intendente Nacional de\n Supervisión de Instituciones Financieras, al señor\n licenciado Jorge Washington Molina Noboa, y,

\n\n

En ejercicio de las atribuciones legales,

\n\n

Resuelve:

\n\n

ARTICULO ÚNICO.- Calificar al señor Julio César\n Navas Vaca, portador de la cédula de ciudadanía\n No. 050125277 - 9, para que pueda ejercer el cargo de auditor\n interno en las instituciones sujetas al control de la Superintendencia\n de Bancos.

\n\n

Comuníquese y publíquese en el Registro Oficial.\n - Dada en la Superintendencia de Bancos, en Quito, Distrito Metropolitano,\n al primer día del mes de febrero del año dos mil\n uno.

\n\n

f) Jorge Molina Noboa, Intendente Nacional de Supervisión\n de Instituciones Financieras, encargado.

\n\n

Lo certifico. - Quito, Distrito Metropolitano, al primer día\n del mes de febrero del año dos mil uno.

\n\n

f.) Julio Maya Rivadeneira, Secretario General.

\n\n

Superintendencia de Bancos. - Certifico que es fiel copia\n del original.

\n\n

f.) Dr. Julio Maya Rivadeneira, Secretario General.

\n\n

6 de febrero del 2001.

\n\n

 

\n\n

No. SB\n - INSIF - 2001 - 0072

\n\n

Jorge Molina Noboa
\n INTENDENTE NACIONAL DE SUPERVISIÓN DE INSTITUCIONES FINANCIERAS,\n ENCARGADO

\n\n

Considerando:

\n\n

Que según lo dispuesto en el artículo 84 de\n la Codificación de la Ley General de Instituciones de\n Sistema 'Financiero, corresponde a la Superintendencia de Bancos\n calificar la idoneidad y experiencia del auditor interno;

\n\n

Que en el Subtítulo III "Auditorias", del\n Titulo VIII "De la contabilidad, información y publicidad"\n de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia\n de Bancos y de la Junta Bancaria, consta el Capitulo II "Normas\n para la calificación de los auditores internos de las\n entidades sujetas al control de la Superintendencia de Bancos";

\n\n

Que la señorita Raquel Paulina Betancourt Ortiz, ha\n presentado la solicitud y documentación respectivas para\n su calificación como auditora interna, la que reúne\n los requisitos exigidos en las normas reglamentarias pertinentes;

\n\n

Que con memorando No. IT - DEP - 2000 - 892 de 14 de noviembre\n del 2000, el Director de Estadística y Productos de esta\n Superintendencia, informa que revisadas las bases de datos de\n la central de riesgos, cuentas corrientes cerradas y cheques\n protestados, la señorita Raquel Paulina Betancourt Ortiz,\n no ha sido reportada por las instituciones del sistema financiero;

\n\n

Que con memorando No. DN - 2001 - 0058, la Dirección\n de Normatividad presentó el informe favorable para la\n calificación de la señorita Raquel Paulina Betancourt\n Ortiz;

\n\n

Que con Resolución No. ADM - 2001 - 5277 de 17 de enero\n del 2001, se encarga las funciones de Intendente Nacional de\n Supervisión de Instituciones Financieras, al señor\n licenciado Jorge Washington Molina Noboa; y,

\n\n

En ejercicio las atribuciones legales,

\n\n

Resuelve:

\n\n

ARTICULO ÚNICO. - Calificar a la señorita Raquel\n Paulina Betancourt Ortiz, portadora de la cédula de ciudadanía\n No. 060235483 - 9, para que pueda ejercer el cargo de auditora\n interna en las mutualistas y cooperativas de ahorro y crédito\n sujetas al control de la Superintendencia de Bancos.

\n\n

Comuníquese y publíquese en el Registro Oficial.\n - Dada en la Superintendencia de Bancos, 'en Quito, Distrito\n Metropolitano, el primer día del mes de febrero del año\n dos mil uno.

\n\n

f) Jorge Molina Noboa, Intendente Nacional de Supervisión\n de Instituciones Financieras, encargado.

\n\n

Lo certifico. - Quito, Distrito Metropolitano, al primer día\n del mes de febrero del año dos mil uno.

\n\n

f) Julio Maya Rivadeneira, Secretario General.

\n\n

Superintendencia de Bancos. - Certifico que es fiel copia\n del original.

\n\n

f.) Dr. Julio Maya Rivadeneira, Secretario General.

\n\n

6 de febrero del 2001.

\n\n

 

\n\n

No. SB\n - INSIF - 2001 - 0073

\n\n

Jorge Molina Noboa
\n INTENDENTE NACIONAL DE SUPERVISIÓN DE INSTITUCIONES FINANCIERAS,\n ENCARGADO

\n\n

Considerando:

\n\n

Que según lo dispuesto en el artículo 84 de\n la Codificación de la Ley General de Instituciones del\n Sistema Financiero, corresponde a la Superintendencia de Bancos\n calificar la idoneidad y experiencia del auditor interno;

\n\n

Que en el Subtítulo III "Auditorias", del\n Título VIII "De la contabilidad, información\n y publicidad" de la Codificación de Resoluciones\n de la Superintendencia de Bancos y de la Junta Bancaria, consta\n el Capítulo II "Normas para la calificación\n de los auditores internos de las entidades sujetas al control\n de la Superintendencia de Bancos";

\n\n

Que el señor Aquiles Nemesio Alvarado Supo, ha presentado\n la solicitud y documentación respectivas para su calificación\n como auditor interno, el que reúne los requisitos exigidos\n en las normas reglamentarias pertinentes;

\n\n

Que con memorando No. IT - DEP - 2000 - 978 de 21 de diciembre\n del 2000, el Director de Estadística y Productos de esta\n Superintendencia, informa que revisadas las bases de datos de\n la central' de riesgos, cuentas corrientes cerradas y cheques\n protestados, el señor Aquiles Nemesio Alvarado Supo, no\n ha sido reportado por las instituciones del sistema financiero;

\n\n

Que con memorando No. DN - 2001 - 0062, la Dirección\n de Normatividad presentó el informe favorable para la\n calificación del señor Aquiles Nemesio Alvarado\n Supo;

\n\n

Que con Resolución. No. ADM - 2001 - 5277 de 17 de\n enero del 2001, se encarga las funciones de Intendente Nacional\n de Supervisión de Instituciones Financieras, al señor\n licenciado Jorge Washington Molina Noboa; y,

\n\n

En ejercicio las atribuciones legales,

\n\n

Resuelve:

\n\n

ARTICULO ÚNICO. - Calificar al señor Aquiles\n Nemesio Alvarado Supo, portador de la cédula de ciudadanía\n No. 090257225 - 4, para que pueda ejercer el cargo de auditor\n interno en los bancos privados sujetos al control de la Superintendencia\n de Bancos.

\n\n

Comuníquese y publíquese en el Registro Oficial.\n - Dada en la Superintendencia de Bancos, en Quito, Distrito Metropolitano,\n al primer día del mes de febrero del año dos mil\n uno.

\n\n

f.) Jorge Molina Noboa, Intendente Nacional de Supervisión\n de Instituciones Financieras, encargado.

\n\n

Lo certifico. - Quito, Distrito Metropolitano, al primer día\n del mes de febrero del año dos mil uno.

\n\n

f) Julio Maya Rivadeneira, Secretario General.

\n\n

Superintendencia de Bancos. - Certifico que es fiel copia\n del original.

\n\n

f) Dr. Julio Maya Rivadeneira, Secretario General.

\n\n

6 de febrero del 2001.

\n\n

No. SB\n - 2001 - 081

\n\n

Alejandro Maldonado García
\n SUPERINTENDENTE DE BANCOS, SUBROGANTE

\n\n

Considerando:

\n\n

Que en la expedición de la Resolución N°\n JB - 2000 - 269 de 4 de diciembre del 2000, se ha deslizado un\n error de numeración en el Capítulo Xliii del Subtitulo\n VIII "Disposiciones Generales a otras leyes" del Titulo\n XIV "Disposiciones Generales" de la Codificación\n de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y de la Junta\n Bancaria;

\n\n

Que es necesario regularizar la referida numeración;\n y,

\n\n

En ejercicio de sus atribuciones legales,

\n\n

Resuelve:

\n\n

ARTICULO 1. - Sustituir en el artículo 1 de la Resolución\n N° JB - 2000 - 0269 de 4 de diciembre del 2000, la frase\n "Capitulo XIII" por "Capítulo XVII".

\n\n

ARTICULO 2. - La presente resolución entrará\n en vigencia a partir de su publicación en el Registro\n Oficial.

\n\n

Comuníquese y publíquese en el Registro Oficial.\n - Dada en la Superintendencia de Bancos, en Quito, Distrito Metropolitano,\n a los cinco días del mes de febrero del dos mil uno.

\n\n

f.) Alejandro Maldonado García, Superintendente de\n Bancos, subrogante.

\n\n

Lo certifico. - Quito, Distrito Metropolitano, a los cinco\n días del mes de febrero del año dos mil uno.

\n\n

f) Julio Maya Rivadeneira, Secretario General.

\n\n

Superintendencia de Bancos. - Certifico que es fiel copia\n del original.

\n\n

f.) Dr. Julio Maya Rivadeneira, Secretario General. 7 de febrero\n del 2001.

\n\n

 

\n\n

N°\n 19 - AI - 99

\n\n

Acción de Incumplimiento interpuesta\n por la Secretaria General de la Comunidad Andina contra la República\n de Ecuador, por aplicar una medida calificada como "gravamen'\n a las importaciones de la Subregión

\n\n

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en la acción\n de incumplimiento interpuesta por la Secretaria General contra\n la República del Ecuador, al considerar que ésta\n ha aplicado una medida calificada como gravamen a las importaciones,\n contraviniendo el artículo 5 (actual 4) del Tratado de\n Creación del Tribunal, del Capitulo V del Acuerdo de Cartagena\n sobre el Programa de Liberación, y las Resoluciones 139,\n 179 y 212 de la Secretaría General.

\n\n

Quito, a los 2 días del mes de junio del año\n 2000.

\n\n

VISTOS:

\n\n

El escrito SG/2.3/081 - 99 del 12 de mayo de 1999, mediante\n el cual la Secretaria General de la Comunidad Andina interpone\n acción de incumplimiento contra la República de\n Ecuador por supuesta inobservancia del artículo 5 (actual\n 4) del Tratado de Creación del Tribunal, del Capítulo\n V del Acuerdo de Cartagena sobre el Programa de Liberación,\n así como de las Resoluciones 139, 179 y 212 de la Secretaría\n General.

\n\n

La contestación de la demanda presentada tanto por\n el Procurador General del Estado como por el Ministro de Comercio\n Exterior, Industrialización y Pesca de Ecuador el 4 y\n el 17 de junio de 1999, respectivamente.

\n\n

Las pruebas aportadas por las partes; el acta de audiencia\n pública celebrada el 9 de septiembre de 1999; los escritos\n de conclusiones; y demás documentos que cursan en el expediente.

\n\n

Con vista de todo lo cual este Tribunal pasa a realizar un\n resumen, tal como aparece de los autos, de los hechos y de las\n argumentaciones de las partes, así como de los pedimentos\n formulados por las mismas, tanto en el libelo de demanda como\n en las conclusiones.

\n\n

a) Antecedentes

\n\n

El 9 de junio de 1997 el Gobierno de la República del\n Ecuador publicó en el Registro Oficial No. 82 la Ley N°\n 12 de Comercio Exterior e Inversiones 'LEXI", parcialmente\n reformada luego por la Ley 24, publicada a su vez en el Registro\n Oficial N° 165 del 2 de octubre de 1997. Esta Ley Reformatoria\n creó en su articulo 1° una cuota del "0.25 por\n mil sobre el valor FOB de toda importación", destinada\n a la provisión de recursos para el funcionamiento de la\n Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones\n CORPEI.

\n\n

La Secretaria General de la Comunidad Andina, mediante comunicación\n SG/AJ/F913 - 98 dirigida al Gobierno del Ecuador, hizo conocer\n a éste la apertura de una investigación a efectos\n de determinar la existencia de un gravamen, consistente en la\n aplicación de una cuota redimible del 0.25 por mil sobre\n el valor FOB de toda importación, incluyendo las provenientes\n de los demás países de la Comunidad Andina. En\n la fecha indicada se puso también en conocimiento de los\n demás países miembros el inicio de la investigación.

\n\n

Los gobiernos de Perú y Colombia remitieron sus comentarios\n sobre la medida adoptada por Ecuador, manifestando que la misma\n constituye un gravamen a las importaciones y que resulta contraria\n a los objetivos y mecanismos del Programa de Liberación\n del Acuerdo de Cartagena.

\n\n

Una vez que el Gobierno de Ecuador expuso sus argumentos,\n la Secretaría General emitió la Resolución\n N° 139 del 14 de octubre de 1998, mediante la cual fue calificada\n como un "gravamen" al comercio subregional, para efectos\n del Programa de Liberación, la cuota redimible aplicada\n por ese país.

\n\n

Contra la citada resolución, el Gobierno del Ecuador\n interpuso recurso de reconsideración, que fue resuelto\n mediante otra, N° 179 del 14 de enero de 1999, confirmatoria\n de la precedente y que el plazo máximo de un mes calendario\n para que cesara el señalado cobro del gravamen a las importaciones.

\n\n

Al considerar que la cuota redimible estaba generando un incumplimiento\n del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, la Secretaría\n General emitió la Nota de Observaciones SG.F/2.1/321 -\n 99 del 18 de marzo de 1999 por la que se confirió un plazo\n de diez días para que el Gobierno de Ecuador diera respuesta.

\n\n

En contestación a las observaciones formuladas, el\n 5 de abril de 1999 el Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización\n y Pesca del Ecuador informó a la Secretaria General que\n "al no estar conforme con las resoluciones 139 y 179 de\n la Secretaria General, ha presentado la pertinente demanda de\n nulidad ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina".

\n\n

El 9 de abril de 1999 la Secretaria General expidió\n el Dictamen de Incumplimiento 10 - 99, amparado por la Resolución\n 212 y publicado en la Gaceta Oficial N° 425, mediante el\n cual se determinó que la inobservancia por el Gobierno\n del Ecuador de la Resolución 139, confirmada por la 179,\n constituye un incumplimiento de las obligaciones emanadas de\n las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la\n Comunidad Andina, en particular del Capítulo V del Acuerdo\n de Cartagena, del artículo 5 (actual 4) del Tratado de\n Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo y de las\n propias resoluciones 139 y 179. El señalado Dictamen 10\n - 99 concedió a la República del Ecuador un plazo\n de diez días para que pusiera fin al incumplimiento.

\n\n

b) La demanda

\n\n

Con la presente acción, la Secretaría General\n pretende que este Tribunal se pronuncie sobre el incumplimiento\n de la República del Ecuador, en los términos del\n Dictamen 10 - 99, al no levantar la aplicación de un "gravamen'\n a las importaciones, calificado como tal previamente por ese\n Órgano Comunitario, gravamen consistente en el cobro de\n la cuota redimible del 0,25 por mil sobre el valor FOB de las\n importaciones, establecida para la provisión de recursos\n destinados a la Corporación de Promoción de Exportaciones\n e Inversiones del Ecuador (CORPEI).

\n\n

La actora considera asimismo que la medida adoptada por la\n República del Ecuador, supuestamente originada en la expedición\n de la Ley 12 de 1997, reformada por la Ley 24 del mismo año,\n incumple, en primer término, el Capitulo y del Acuerdo\n de Cartagena sobre el Programa de Liberación destinado\n a eliminar los gravámenes y las restricciones de todo\n orden que incidan sobre la importación de productos originarios\n del territorio de cualquier país miembro (Artículo\n 71).

\n\n

Señala que la Resolución 139 analizó\n y expuso, a la luz del Programa de Liberación, una serie\n de elementos que sirvieron de base para determinar la verdadera\n naturaleza jurídica de la cuota redimible exigida por\n la República de Ecuador a todos las importaciones. Esta\n cuota obligatoria' constituiría un recargo de efecto equivalente\n a un derecho aduanero y por lo tanto se ubicaría dentro\n de lo que el articulo 72 del Acuerdo de Cartagena define como\n "gravamen'.

\n\n

Destaca la oportunidad que ha tenido el Gobierno del Ecuador\n para dar cumplimiento al ordenamiento jurídico andino,\n tomando en cuenta que han transcurrido casi ocho meses a partir\n de la fecha en la cual se abrió la correspondiente investigación,\n que dio lugar a la Resolución 139.

\n\n

Al referirse al incumplimiento de las resoluciones 139 y 179,\n la actora indica que tales actos forman parte del ordenamiento\n de la Comunidad Andina y que disfrutan de una presunción\n de legalidad, mientras no sean válidamente impugnados.\n De tal manera que el Gobierno ecuatoriano quedó obligado\n a no seguir aplicando la medida calificada como 'gravamen"\n a las importaciones provenientes de los demás países\n miembros.

\n\n

Finalmente, alega que el incumplimiento del Gobierno del Ecuador\n reclamado por la Secretaría General se refiere además\n a la Resolución 212, publicada en la Gaceta Oficial del\n Acuerdo de Cartagena No. 425, que contiene el Dictamen de Incumplimiento\n 10 - 99.

\n\n

La Secretaría General solicita, además, expresamente\n la condenatoria en costas a la demandada.

\n\n

c) La Contestación de la Demanda por el Procurador\n General del Estado

\n\n

La República del Ecuador, por intermedio del Director\n Nacional de Patrocinio del Estado (encargado), al contestar la\n demanda como delegado del Procurador General del Estado, realiza\n un análisis de los artículos 71 al 75 del Acuerdo\n de Cartagena y se refiere a algunas nociones interpretativas\n sobre el concepto de "gravamen" emitidas por este Tribunal.

\n\n

Considera que la norma comunitaria (Art. 72 del Acuerdo de\n Cartagena) en forma expresa restringe el concepto de "gravamen"\n a la noción de "derechos aduaneros" y, por remisión\n de este último a la idea de "impuesto". Afirma\n que la "cuota redimible" creada por la Ley de Comercio\n Exterior e Inversiones no es un "tributo impuesto por el\n fisco" y, por lo tanto, tampoco un derecho aduanero ni un\n gravamen.

\n\n

Alega además que "la norma ecuatoriana prevé\n la reducción de la cuota por decisión simplemente\n administrativa y no por ley", de manera que no cabría\n insistir en que se trata de un tributo.

\n\n

Concluye expresando que es evidente que el artículo\n 72 del Acuerdo de Cartagena debe ser interpretado en forma restrictiva\n por cuanto los derechos aduaneros o cualesquier otros recargos\n con efecto equivalente de carácter fiscal, monetario o\n cambiario son los únicos que pueden sancionarse como restricciones\n al comercio subregional, y en tal sentido, si la cuota redimible\n de la CORPEI no califica como una medida de este tipo, no puede\n ser sancionada bajo los alcances del Programa de Liberación.

\n\n

d) Conclusiones de la Actora

\n\n

Como consecuencia de la audiencia pública celebrada\n el 9 de septiembre de 1999, la Secretaría General presentó\n su escrito de conclusiones en el que ratifica los alegatos constantes\n en la demanda y reitera su pretensión de declaratoria\n de incumplimiento por parte de la República del Ecuador.

\n\n

Plantea como cuestión previa - y solícita al\n respecto el correspondiente pronunciamiento del Tribunal - la\n existencia de una doble representación judicial de la\n República del Ecuador: la primera, en cabeza del Director\n Nacional de Patrocinio del Estado y delegado del Procurador General\n del Estado, a quien se señaló como parte demandada\n en el presente proceso; y, la segunda, en cabeza del Ministro\n de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca del Ecuador,\n quien procedió a presentar un escrito de contestación\n a la demanda y estuvo presente en la audiencia del 9 de septiembre\n de 1999.

\n\n

En cuanto a los asuntos de derecho debatidos en el proceso,\n la Secretaría General afirma que la medida ecuatoriana\n correspondería a una contribución parafiscal, la\n que según la clasificación más ortodoxa\n consiste en exacciones recabadas por ciertos entes públicos\n para asegurar su funcionamiento autónomo; contribuciones\n que se caracterizan por el hecho de que no se incluya su producto\n en los presupuestos nacionales, que no sean recaudadas por organismos\n específicamente fiscales del Estado, que no ingresen a\n las tesorerías estatales sino a los entes recaudadores\n de los fondos y no sean administradas por el Estado sino por\n estas entidades. Por ello la actora no considera admisible el\n argumento de la demandada de que la Secretaria General calificó\n como "impuesto o tributo", la cuota redimible a favor\n de la CORPEI.

\n\n

Señala que la demandada informó acerca de la\n modificación a la Ley de Comercio Exterior e Inversiones\n LEXI, a través de la Ley 22, publicada en el Registro\n Oficial 156 de 25 de marzo de 1999. De esta modificación\n se desprende que el Ecuador, lejos de acatar las resoluciones\n 139, 179 y 212, reiteró la vigencia de la medida. Sobre\n este asunto la actora expresa que la nueva reforma a la Ley de\n Comercio Exterior e Inversiones pudo haber señalado que\n la cuota no es aplicable a las importaciones provenientes de\n los países miembros de la Comunidad Andina y no lo hizo;\n por lo que solícita que el Tribunal se refiera a la configuración\n de la 'flagrancia" a que se refiere el artículo 57\n de la Decisión 425.

\n\n

Acerca de los argumentos de la parte demandada que atacan\n la legalidad de las resoluciones 139 y 179, la actora estima\n que dichos planteamientos no deben ser considerados por el Tribunal\n en esta causa.

\n\n

e) Intervención oral de la demandada en la audiencia

\n\n

La República del Ecuador en la audiencia celebrada\n el 9 de septiembre de 1999 insistió en los argumentos\n expuestos al contestar la demanda, con especial énfasis\n en los siguientes:

\n\n

La demandada hubiera deseado de la Secretaria General un procedimiento\n y una actitud más objetiva dado el papel sui generis que\n cumple en este y cualquier otro proceso, al ser a un mismo tiempo\n parte procesal y un órgano comunitario que administra,\n en cierta forma, justicia al dictar Resoluciones o pronunciarse\n sobre conflictos concretos.

\n\n

La República de Ecuador admite que la cuota redimible,\n en la acepción más amplia y elemental del concepto,\n es un "gravamen", pero no de aquellos gravámenes\n a los que se refiere el Capítulo V del Programa de Liberación\n del Acuerdo de Cartagena. La referida cuota no es una medida\n fiscal, monetaria ni cambiaria, siendo estas características\n las únicas que interesan para la calificación de\n un "gravamen - Si se quiere incluir de alguna manera a esta\n cuota redimible en cualquiera de los supuestos previstos en el\n articulo 72 del Acuerdo, estaría más próxima\n al de una tasa o "recargo análogo" que se correspondería\n con el costo aproximado de los servicios prestados por la CORPEI,\n al igual que sucedería, por ejemplo, con la obligatoria\n afiliación, que existe en efecto, a las Cámaras\n de la Producción.

\n\n

Los servicios que presta la CORPEI, previstos en la Ley de\n Comercio Exterior e Inversiones, tales como asesoría,\n oportunidades de ganar mercado, reuniones empresariales, en beneficio\n del sector productivo, no son confundibles con los fines del\n Estado ecuatoriano, los cuales están consagrados en la\n Constitución Política.

\n\n

La cuota redimible no afecta solamente a las importaciones\n sino también a las exportaciones, con todos los países\n del mundo y no únicamente con los países del área\n andina.

\n\n

Luego de admitir la vigencia y el obligatorio cumplimiento\n que merecen las resoluciones 139 y 179, al igual que todo el\n ordenamiento jurídico andino, alega que las mismas están\n siendo impugnadas ante este Tribunal, por lo que solícita\n que se resuelva previamente el proceso 12 - AN - 99 dentro del\n cual 'el Estado ecuatoriano" ha planteado la acción\n de nulidad de las mencionadas resoluciones, proceso que incluso\n es cronológicamente anterior al actual.

\n\n

El Procurador General del Estado, a pesar de haber estado\n representado en la audiencia, no ratificó el escrito de\n conclusiones presentado por el abogado patrocinador del Ministro.

\n\n

Considerando:

\n\n

Que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente\n para conocer de la presente controversia en virtud de las previsiones\n de los artículos 23 y 24 de su Tratado de Creación,\n en concordancia con las normas del Capítulo I, Título\n 2°, de su Estatuto (Decisión 184 de la Comisión\n del Acuerdo de Cartagena) y del Título II de su Reglamento\n Interno, en las que se regula lo pertinente a la Acción\n de Incumplimiento.

\n\n

Que se han observado las formalidades inherentes a la misma,\n sin que exista irregularidad procesal alguna que invalide lo\n actuado.

\n\n

Que el estado de la causa es el de dictar sentencia, previo\n el riguroso cumplimiento de las formalidades establecidas en\n los artículos 74 al 79 del Reglamento Interno del Tribunal,\n para lo cual estima necesario referirse a los siguientes aspectos:

\n\n

I. CUESTIONES PREVIAS

\n\n

En el curso del proceso las partes han puesto de relieve las\n siguientes cuestiones que requieren un pronunciamiento previo\n a la decisión de fondo de la presente acción de\n incumplimiento.

\n\n

PRIMERA: Representación de la República del\n Ecuador.

\n\n

En la audiencia pública y en su escrito de conclusiones\n la Secretaría General solícita del Tribunal que\n aborde como una cuestión previa la situación planteada\n con la contestación a la demanda y en el trámite\n de audiencia, de que existiría una doble representación\n judicial de la República del Ecuador: por una parte, el\n delegado del Procurador General del Estado; y, por otra, el Ministro\n de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca del Ecuador.

\n\n

El representante del Ministro de Comercio Exterior, Industrialización\n y Pesca en la audiencia pública manifestó que,\n si bien de acuerdo con el ordenamiento jurídico ecuatoriano\n el Procurador General del Estado es el representante judicial\n de la República del Ecuador, el Ministerio de Comercio\n Exterior, Industrialización y Pesca es el órgano\n competente para todo lo relativo a la estructura de la Comunidad\n Andina, razón por la cual la Secretaría General\n solicitó que la notificación de la demanda se haga\n extensiva a dicho Ministerio.

\n\n

El Tribunal observa:

\n\n

De acuerdo con el artículo 83 del Estatuto que lo rige,\n los países miembros se comprometieron a designar y comunicar\n al Tribunal, antes del treinta y uno de enero de mil novecientos\n ochenta y cuatro, las autoridades nacionales que les representarán\n en las acciones y los procedimientos previstos por el Tratado\n y el Estatuto.

\n\n

En acatamiento de esta disposición la República\n del Ecuador, el 22 de febrero de 1984 y mediante oficio N°\n 22 - 84 DICR del Ministerio de Relaciones Exteriores, acreditó\n su representación en los siguientes términos: "De\n conformidad con el Art. 83, de la Decisión 184 de la Comisión\n del Acuerdo de Cartagena, aprobatoria del Estatuto de ese Tribunal\n de Justicia, cúmpleme informar... que los señores\n Procurador General de la Nación y Subprocurador General\n respectivamente, serán las Autoridades Nacionales competentes\n que representarán al Estado ecuatoriano en las acciones\n y procedimientos previstos por el Tratado que crea el Tribunal\n de Justicia del Acuerdo de Cartagena y su Estatuto, como Principal\n y Alterno... Los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Industrias,\n Comercio e Integración intervendrán como organismos\n de asesoramiento en las acciones y procedimientos mencionados...".

\n\n

No obstante, de autos se desprende que los abogados concurrentes\n a la audiencia pública, aduciendo representar a la demandada,\n carecían, en los términos referidos en el párrafo\n anterior, de facultad suficiente para representar a la República\n de Ecuador. Sin embargo, al haberse producido temporáneamente\n y en la forma pautada por la legislación ecuatoriana la\n ratificación por autoridad competente, de las intervenciones\n de aquellos cmi la señalada diligencia, quedó salvada\n entonces la legitimidad de dicha representación a los\n fines de intervenir en la señalada audiencia; así\n se declara expresamente.

\n\n

SEGUNDA: Solicitud de resolución previa de la acción\n de nulidad (12 - AN - 99) interpuesta por la CORPEI contra actos\n emanados de la Secretaria General.

\n\n

En la audiencia pública el representante de la República\n Ecuador solicitó que el Tribunal, antes de la decisión\n del fondo del asunto en sentencia definitiva, resolviera el proceso\n 12 - AN - 99 dentro del cual "el Estado ecuatoriano"\n ha planteado la acción de nulidad de las mencionadas Resoluciones,\n el mismo que incluso es cronológicamente anterior al de\n autos.

\n\n

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68\n del Reglamento Interno, este órgano judicial es el único\n llamado a resolver el orden de decisión definitiva de\n los procesos, en razón de lo cual el pedimento formulado\n por la demandada resulta improcedente, así la acción\n de nulidad haya sido interpuesta en fecha anterior a la demanda\n presentada en incumplimiento por la Secretaria General.

\n\n

Por otra parte, los procesos de incumplimiento y de nulidad,\n no obstante su complementariedad, se distinguen plenamente en\n cuanto a su naturaleza y finalidades, por lo que el ejercicio\n de la primera no puede estar supeditado a la resolución\n de la segunda. A partir de la sentencia dictada el 30 de octubre\n de 1996 (Proceso 1 - AI - 96: Secretaria General contra la República\n del Ecuador; sentencia publicada en la Gaceta Oficial N°\n 423 del 31 de marzo de 1999) este Tribunal ha considerado que\n la naturaleza de la acción de incumplimiento es esencialmente\n contenciosa y la sentencia que de ella se derive no sólo\n es declarativa en el sentido de limitarse a la mera declaración\n de la existencia de un derecho o de una obligación, sino\n que también está llamada a imponer el cumplimiento\n de una prestación de hacer o de no hacer. A diferencia\n de la acción de incumplimiento, el proceso de nulidad\n en el contencioso comunitario andino tiene una naturaleza esencialmente\n objetiva (Proceso 1 - AN - 96; Junta del Acuerdo de Cartagena\n contra el art

 

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