Registro Oficial. 21 de FEBRERO del 2001

Miércoles, 21 de febrero de 2001

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

\n

\n \n \n \n
\n

 MES DE FEBRERO\n DEL 2001

\n \n \n \n
 
\n \n \n \n
\n

 REGISTRO\n OFICIAL
\n
ORGANO\n DEL GOBIERNO DEL ECUADOR
\n
Administración\n del Sr. Dr. Gustavo Noboa Bejarano
\n Presidente Constitucional de la República

\n\n

Quito,\n Miércoles 21 de Febrero del 2001 No. 271

\n\n

TRIBUNAL\n CONSTITUCIONAL

\n\n

EDMUNDO\n ARIZALA ANDRADE
\n DIRECTOR ENCARGADO
\n
\n \n \n \n
 

\n\n

FUNCION\n EJECUTlVA

\n\n

DECRETOS:
\n
 
\n
1223\n Dispónese\n que el Ministerio de Economìa y Finanzas transfiera fondos\n a favor del Banco Nacional de Fomento con el propósito\n de atender requerimientos de las organizaciones indigenas, campesinas\n y sociales
\n  
\n 1225 Autorízase al\n Gerente General de la Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado,\n para que suscriba la respectiva escritura pública con\n la Cooperativa de Vivienda Ferronorte, por la venta del inmueble\n de propiedad de dicha empresa, ubicado en el sector Pilanqui,\n parroquia San Francisco de la ciudad de Ibarra, provincia de\n Imbabura
\n  
\n 1226 Determinase que el puente\n de la Unidad Nacional Doctor Rafael Mendoza Avilés, ubicado\n en la provincia del Guayas, por ser parte de la red primaria\n de carreteras en todo lo que concierne a la contratación\n dc estudios, construcción, rehabilitación, ampliación\n y mantenimiento estará a cargo exclusivamente del Ministerio\n de Obras Públicas y Comunicaciones, conforme a las normas\n de la Ley de Caminos
\n  
\n
RESOLUCIONES:

\n\n

EMPRESA\n NACIONAL DE CORREOS:
\n
 
\n 0147 Declárase a la\n Dirección Cantonal de Francisco de Orellana, como Dirección\n Provincial de la provincia de Orellana .

\n\n

0149 Repónese al señor representante\n legal el gasto ocasionado por la utilización de otros\n medios de comunicación internacional necesarios para mantener\n permanentemente contacto con los asuntos urgentes en la empresa,\n desde el exterior en los viajes producidos con anterioridad
\n  
\n
JUNTA\n BANCARIA:
\n
 
\n JB-2001-315 Modificase la\n Codificación de las Resoluciones de la Superintendencia\n de Bancos y de la Junta Bancaria de las normas para la aplicación\n del Decreto Ejecutivo No 1168, relacionado con el Reglamento\n de Reestructuración de Créditos del Sector Productivo\n con las instituciones financieras.
\n  

\n\n

ACUERDO\n DE CARTAGENA

\n\n

RESOLUCION:
\n  
\n 461 Precios piso y techo y\n tablas aduaneras del Sistema Andino de Franjas de Precios para\n el periodo abril del 2001 - marzo del 2002 .\n

\n \n
\n

 

\n\n

No. 1223

\n\n

Gustavo Noboa Bejarano
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que el día de hoy, 7 de febrero del año 2001,\n en la Presidencia de la República se ha suscrito un acuerdo\n entre el Gobierno Nacional y las Organizaciones Indígenas,\n Campesinas y Sociales del Ecuador, con el propósito de\n atender los requerimientos de dichas organizaciones, de conseguir\n la paz ciudadana y restaurar el normal desenvolvimiento de las\n actividades del país,

\n\n

Que en el numeral 5 del citado acuerdo, el Gobierno Nacional,\n se compromete a fortalecer la capitalización del Banco\n Nacional de Fomento, para que tenga acción directa en\n el otorgamiento de créditos preferenciales a los pequeños\n y medianos productores, microempresarios, así como a las\n empresas comunitarias del campo y la ciudad; y,

\n\n

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral\n 3 del artículo 171 de la Constitución Política\n de la República, y acogiéndose a la excepción\n prevista en el artículo 61 de la Ley para la Transformación\n Económica del Ecuador,

\n\n

Decreta:

\n\n

Art. 1. - El Ministerio de Economía y Finanzas transferirá,\n con aplicación a la correspondiente partida del Presupuesto\n General del Estado, a favor del Banco Nacional de Fomento, la\n suma de US$ 10000.000 (DIEZ MILLONES DE DOLARES AMERICANOS) para\n que sean utilizados en los unes señalados en los considerandos\n que anteceden, todo esto sin perjuicio de las asignaciones que\n por otros conceptos correspondan a la citada institución\n bancaria.

\n\n

Art. 2. - De la ejecución del presente decreto que\n tendrá vigencia desde esta fecha, sin perjuicio de su\n publicación en el Registro Oficial, encárguese\n al señor Ministro de Economía y Finanzas.

\n\n

Dado en Quito, a 7 de febrero del 2001.

\n\n

f) Gustavo Noboa Bejarano, Presidente Constitucional de la\n República.

\n\n

f) Pablo Córdova Cordero, Ministro de Economía\n y Finanzas, encargado.

\n\n

Es fiel copia del original. - Lo certifico.

\n\n

f.) Marcelo Santos Vera, Secretario General de la Administración\n Pública.

\n\n

 

\n\n

No. 1225

\n\n

Gustavo Noboa Bejarano
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que la Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado, entidad\n adscrita al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones\n es propietaria de un inmueble ubicado en el sector de Pilanquí,\n parroquia San Francisco de la ciudad de Ibarra, provincia de\n Imbabura;

\n\n

Que los socios de la Cooperativa de Vivienda Ferronorte, han\n solicitado a las máximas autoridades de la Empresa Nacional\n de Ferrocarriles del Estado, la venta directa del citado inmueble\n de propiedad de esa empresa, con la finalidad de desarrollar\n un plan de vivienda a favor de las familias de los miembros de\n esa cooperativa de vivienda;

\n\n

Que mediante oficio No. 2000 - 56 de 24 de abril del 2000,\n el Gerente General de la Empresa Nacional de Ferrocarriles del\n Estado, ha manifestado que el Consejo Nacional de Ferrocarriles\n ha decidido proceder con el trámite para la venta del\n inmueble de su propiedad, a favor de la Cooperativa de Vivienda\n Ferronorte;

\n\n

Que mediante oficio No. 417 - DP - MIDUVI - I de 20 de septiembre\n del 2000, el delegado provincial del Ministerio de Desarrollo\n Urbano y Vivienda, manifiesta que la demanda de vivienda se halla\n en déficit a nivel nacional y lógicamente en la\n provincia de Imbabura y en la ciudad de Ibarra, por lo que, considera\n que las mismas pueden ser satisfechas con la venta del referido\n inmueble a favor de dicha cooperativa; y,

\n\n

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Art. 35\n B del Reglamento General de Bienes del Sector Público,

\n\n

Decreta:

\n\n

Art. 1. - Autorizase al Gerente General de la Empresa Nacional\n de Ferrocarriles del Estado, para que personalmente o mediante\n delegación, a nombre y en representación del Estado\n ecuatoriano, y bajo su entera responsabilidad, suscriba la respectiva\n escritura pública con la Cooperativa de Vivienda Ferronorte,\n por la venta del inmueble de propiedad de la referida empresa\n nacional, ubicado en el sector de Pilanquí, parroquia\n San Francisco de la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura.

\n\n

Art. 2. - El Gerente General de la Empresa Nacional de Ferrocarriles\n del Estado, se responsabilizará por el cumplimiento de\n los respectivos trámites legales y administrativos, hasta\n la suscripción y registro de la respectiva escritura pública.

\n\n

Art. 3. - De la ejecución del presente decreto que\n entrará en vigencia a partir de su publicación\n en el Registro Oficial, encárguese al Ministro de Obras\n Pública y Comunicaciones.

\n\n

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, el 7 de febrero del\n 2001.

\n\n

f) Gustavo Noboa Bejarano, Presidente Constitucional de la\n República.

\n\n

f) José Machiavello Almeida, Ministro de Obras Públicas\n y Comunicaciones.

\n\n

Es fiel copia del original. - Lo certifico.

\n\n

f) Marcelo Santos Vera, Secretario General de la Administración\n Pública.

\n\n

 

\n\n

No. 1226

\n\n

Gustavo Noboa Bejarano
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que el puente de la Unidad Nacional Doctor Rafael Mendoza\n Avilés, ubicado en la provincia del Guayas, constituye\n una de las obras esenciales de integración vial, por consiguiente\n es parte de la red fundamental de carreteras que se encuentran\n a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones;

\n\n

Que el Art. 2 de la Ley de Caminos expresa que todos los caminos\n están bajo el control del Ministerio de Obras Públicas,\n sin perjuicio de las obligaciones que, respecto de ellos, deban\n cumplir otras instituciones o los particulares;

\n\n

Que el Art. 1 del Decreto Ejecutivo No. 860, publicado en\n el Registro Oficial 186 de 18 de octubre del 2000, establece\n que la red de vías primaria y secundaria a nivel nacional,\n será administrada única y exclusivamente por el\n Ministerio de Obras Públicas, a excepción de aquellas\n que, en la actualidad se encuentren entregadas en concesión\n por los respectivos gobiernos seccionales, en cuyo caso se estará\n a lo acordado en los respectivos contratos.

\n\n

Que el puente de la Unidad Nacional, constituye un proyecto\n prioritario en el campo de la vialidad y requiere por tanto la\n inmediata y adecuada atención técnica que permita\n soportar cargas sísmicas que ahora se conocen y que no\n fueron con-sideradas en su diseño original para preservar\n la integridad de la estructura y el servicio esencial que presta;\n y,

\n\n

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos\n 171, numeral 9 de la Constitución Política y 11,\n literal f) reformado del Estatuto del Régimen Jurídico\n Administrativo de la Función Ejecutiva,

\n\n

Decreta:

\n\n

Art. 1. - Determinase que el puente de la Unidad Nacional\n doctor Rafael Mendoza Avilés, ubicado en la provincia\n del Guayas, por ser parte de la red primaria de carreteras, en\n todo lo que concierne a la contratación de estudios, construcción,\n rehabilitación, ampliación y mantenimiento, estará\n a cargo exclusivamente del Ministerio de Obras Públicas\n y Comunicaciones, conforme a las normas de la Ley de Caminos.

\n\n

Art. Final. - De la ejecución del presente decreto,\n que entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación\n en el Registro Oficial, encárguese el señor Ministro\n de Obras Públicas y Comunicaciones.

\n\n

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, el 7 de febrero del\n 2001.

\n\n

f.) Gustavo Noboa Bejarano, Presidente Constitucional de la\n República.

\n\n

f) José Machiavello Almeida, Ministro de Obras Públicas\n y Comunicaciones.

\n\n

Es fiel copia el original. - Lo certifico.

\n\n

f.) Marcelo Santos Vera, Secretario General de la Administración\n Pública.

\n\n

 

\n\n

No. 147

\n\n

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA\n NACIONAL DE CORREOS

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, de acuerdo al Decreto Ejecutivo 1494, publicado en el\n Suplemento del Registro Oficial No. 321 de 18 de noviembre de\n 1999, emitido por el señor Presidente Constitucional de\n la República, mediante el cual dispone la delegación\n de los servicios postales, actualmente a cargo de la Empresa\n Nacional de Correos a la iniciativa privada, además dispone\n la supresión de la misma;

\n\n

Que, de conformidad con el Registro Oficial No. 372 del día\n jueves 30 de julio del año 1998, el Congreso Nacional\n expidió la Ley de Creación de la Provincia de Orellana;

\n\n

Que, debido a la creación de la provincia de Orellana,\n la Dirección Cantonal de la Empresa Nacional de Correos,\n de la ciudad de Francisco de Orellana, ha quedado como cabecera\n provincial; y,

\n\n

Que, el representante legal de la empresa en uso de sus facultades\n legales y reglamentarias,

\n\n

Resuelve:

\n\n

Art. 1. - Declarar a la Dirección Cantonal de Francisco\n de Orellana, como Dirección Provincial de la provincia\n de Orellana.

\n\n

Art. 2. - Declarar que la Dirección Provincial de Francisco\n de Orellana, tendrá las mismas atribuciones y funciones\n que el resto de direcciones provinciales, de acuerdo a lo que\n establece el Reglamento Orgánico Funcional de la Empresa\n Nacional de Correos.

\n\n

Dado y firmado en la ciudad de Quito, a los treinta días\n del mes de agosto del alío dos mil.

\n\n

f) Ing. Gonzalo Vargas San Martín, representante legal\n de la Empresa Nacional de Correos.

\n\n

Es fiel copia del original. - Certifico.

\n\n

f) Lic. Jorge Canelos Valdivieso, Secretario General de Correos.

\n\n

1 de febrero del 2001.

\n\n

 

\n\n

No. 0149

\n\n

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA\n NACIONAL DE CORREOS

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, la Empresa Nacional de Correos es una entidad de derecho\n público, con personería jurídica, con patrimonio\n propio, presupuesto especial y autonomía administrativa\n y financiera, y que de acuerdo al Decreto Ejecutivo 1494. publicado\n en el Suplemento del Registro Oficial No. 321 de 18 de noviembre\n de 1999, emitido por el señor Presidente Constitucional\n de la República, mediante el cual dispone la delegación\n de los servicios postales actualmente a cargo de la Empresa Nacional\n de Correos a la iniciativa privada, y la supresión de\n la misma encargándose de este proceso al Consejo Nacional\n de Modernización del Estado CONAM;

\n\n

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 4 del mencionado\n Decreto Ejecutivo No. 1494, la Empresa Nacional de Correos deberá\n continuar operando y ejerciendo la representación postal\n oficial del Estado, hasta que culmine el proceso de delegación;

\n\n

Que, el señor representante legal de la empresa, en\n virtud del encargo de la representación postal oficial\n del Estado ecuatoriano, tiene que cumplir con una serie de compromisos\n internacionales, los que le obligan a ausentarse del país,\n siendo necesaria su comunicación diaria con la empresa\n para el despacho de los asuntos que merezcan atención\n urgente debiendo hacerlo por medio de la conexión internacional\n del servicio de telefonía móvil celular al servicio\n de la máxima autoridad;

\n\n

Que, la empresa CONECEL SA., quien presta el servicio de telefonía\n móvil celular a la Empresa Nacional de Correos, en la\n persona de su máxima autoridad, no cuenta con el servicio\n denominado "roaming internacional" en algunos países\n a los cuales ha tenido que viajar el señor representante\n legal, debiendo para ello hacer uso el señor representante\n legal de su servicio personal de telefonía móvil\n celular en la empresa OTECEL S.A.. por lo que ha tenido que cubrir\n de su propio peculio los gastos ocasionados con el objeto de\n no perder la comunicación con la empresa; y,

\n\n

Que, en uso de sus facultades legales y reglamentarias,

\n\n

Resuelve:

\n\n

Art. 1 . - Reponer al señor representante legal el\n gasto ocasionado por la utilización de otros medios de\n comuni-cación internacional necesarios para mantener permanente\n contacto con los asuntos urgentes de la Empresa Nacional de Correos\n desde el exterior en los viajes producidos con anterioridad a\n la vigencia de la presente resolución.

\n\n

Art. 2. - Disponer que cuando el señor representante\n legal de la Empresa Nacional de Correos, por el cumplimiento\n de compromisos internacionales, tenga que trasladarse a otro\n país con el cual la empresa CONECEL S.A. no tenga servicio\n de "roaming internacional" de telefonía móvil\n celular, pueda ser contratado este servicio con otra empresa\n que tenga la capacidad para proveerlo mientras dure su ausencia,\n debiendo estos gastos correr por cuenta de la empresa, para lo\n cual el Departamento Financiero realizará las gestiones\n del caso.

\n\n

Art. 3. - Esta resolución entrará en vigencia\n a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial.

\n\n

Dado y firmado en la ciudad de Quito a los cinco días\n del mes de septiembre del año dos mil.

\n\n

f.) Ing. Gonzalo Vargas San Martín, representante legal\n de la Empresa Nacional de Correos.

\n\n

Es fiel copia del original. - Certifico.

\n\n

f) Lic. Jorge Canelos Valdivieso, Secretario General de Correos.

\n\n

1 de febrero del 2001.

\n\n

 

\n\n

No. JB\n - 2001 - 315

\n\n

LA JUNTA BANCARIA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 1168, publicado en el Registro\n Oficial No. 257 del 1 de febrero del 2001, el señor Presidente\n Constitucional de la República expidió el "Reglamento\n de reestructuración de créditos del sector productivo\n con las instituciones financieras";

\n\n

Que el articulo 14 del citado decreto ejecutivo determina\n que la Junta Bancaria dicte las resoluciones de carácter\n general que sean necesarias para la aplicación de la reestructuración\n de créditos;

\n\n

Que de conformidad con lo dispuesto en la letra b) del articulo\n 175 de la Codificación de la Ley General de Instituciones\n del Sistema Financiero, Junta Bancaria, en sesión celebrada\n el 1 de febrero del 2001, aprobó la presente resolución;\n y,

\n\n

En ejercicio de sus atribuciones legales,

\n\n

Resuelve:

\n\n

ARTICULO 1. - Cambiar la denominación del subtitulo\n VIII "Disposiciones generales a otras leyes" por "Disposiciones\n generales a otras normas".

\n\n

ARTICULO 2. - Incorporar en el subtitulo VIII "Disposiciones\n generales a otras normas", del titulo XIV "Disposiciones\n generales" (página 288.36) de la Codificación\n de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y de la Junta\n Bancaria, el siguiente capítulo:

\n\n

"CAPITULO XIII. - NORMAS PARA LA APLICACIÓN DEL\n DECRETO EJECUTIVO No. 1168, PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL\n No 257 DEL 1 DE FEBRERO DEL 2001, QUE CONTIENE EL REGLAMENTO\n DE REESTRUCTURACION DE CREDITOS DEL SECTOR PRODUCTIVO CON LAS\n INSTITUCIONES FINANCIERAS

\n\n

SECCION 1 - PRINCIPIOS GENERALES

\n\n

ARTICULO 1. - A la reestructuración de créditos\n a que se refiere este capítulo podrán acogerse\n las personas que tuvieren al 31 de diciembre del 2000, con una\n o varias instituciones financieras públicas o privadas,\n incluidas las off - shore, pasivos consolidados superiores a\n cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América.

\n\n

La reestructuración de créditos se efectuará\n de acuerdo con el proceso establecido en este capítulo\n dentro del cual deudores y acreedores que integrarán un\n comité en caso de existir más de un acreedor, buscarán\n alcanzar acuerdos libres y voluntarios, mutuamente beneficiosos.\n De tratarse de un único acreedor, el proceso se realizará\n de manera bilateral y directa.

\n\n

El inicio del proceso no implicará la suspensión\n de las obligaciones del deudor que deberá seguir cumpliéndolas\n estrictamente, en las condiciones vigentes, hasta alcanzar el\n acuerdo de reestructuración.

\n\n

No podrán acogerse a este mecanismo las personas cuyos\n créditos hayan sido reprogramados en plena conformidad\n con lo dispuesto en la Ley para la Transformación Económica\n del Ecuador, Decreto No. 267, publicado en el Registro Oficial\n de 4 de abril del 2000 y resolución de la Junta Bancaria\n No JB - 2000 - 222 que contiene la sección II "Reprogramación\n de pasivos de las personas naturales y jurídicas con deudas\n superiores a US $ 50.000", del capitulo XI "Normas\n para la aplicación del programa de reprogramación\n de pasivos de la Ley para la Transformación Económica\n del Ecuador" del subtitulo VIII "Disposiciones generales\n a otras normas", del titulo XIV "Disposiciones generales",\n de esta Codificación.

\n\n

Se excluyen del mecanismo de reestructuración de créditos\n las operaciones vigentes o vencidas, referentes a sobregiros,\n operaciones contingentes y las realizadas mediante la utilización\n de tarjetas de créditos.

\n\n

Las operaciones contingentes, en su origen, que la institución\n financiera hubiese cancelado por cuenta del cliente, a consecuencia\n de lo cual han pasado a ser operaciones de crédito directo,\n podrán optar por el mecanismo de reestructuración\n contenida en este capítulo.

\n\n

Se incluye en este mecanismo la cartera entregada por las\n instituciones financieras, en fideicomiso, en cuyo caso el constituyente\n será considerado como acreedor, con la concurrencia del\n beneficiario del fideicomiso respectivo; dada esta situación,\n el constituyente y el beneficiario designarán un solo\n representante para integrar el comité de acreedores.

\n\n

ARTICULO 2. - El acuerdo de reestructuración será\n consecuencia del análisis caso por caso de la viabilidad\n de la actividad económica y de la capacidad de pago de\n cada deudor, en el cual el comité dc acreedores y el deudor\n podrán estipular la constitución de nuevas garantías;\n modificaciones en los plazos y/o las tasas de interés;\n y, en general, la aplicación de mecanismos financieros\n de mercado y transaccionales que permitan optimizar la recuperación\n de los créditos en favor de las respectivas instituciones\n acreedoras. En la aplicación de las alternativas de reestructuración\n se observarán las limitaciones legales a las que se encuentren\n sujetas las instituciones integrantes del comité.

\n\n

ARTICULO 3. - Las personas naturales o jurídicas que\n integren un grupo económico según lo previsto en\n las letras a), b) o c) del articulo 76 de la Codificación\n de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, serán\n consideradas como un solo deudor. Así mismo, las instituciones\n financieras y sus respectivas off - shore serán consideradas\n como un solo acreedor.

\n\n

ARTICULO 4. - Las resoluciones del comité de acreedores\n deberán tomarse con una votación favorable que\n represente más de la mitad de los votos de los acreedores\n y las dos terceras partes del monto total de las deudas a reestructurarse.

\n\n

Todas las entidades del sector público financiero,\n incluyendo aquellas de propiedad de éstas, o bajo su control\n o administración, así como las instituciones financieras\n que se encuentren bajo la administración de la Agencia\n de Garantía de Depósitos, y de las que ésta\n sea propietaria, tendrán, todas ellas en conjunto, un\n solo representante que actuará en el respectivo comité\n de acreedores. Dicho representante, salvo acuerdo entre tales\n instituciones, será el delegado de la entidad que mantenga\n la mayor acreencia. El representante tendrá un solo voto\n en el comité de acreedores y se presumirá que cuenta\n con todas las atribuciones legales para tomar las decisiones\n que dicho comité requiera. Esta regla también se\n aplicará al representante de cada uno de los grupos financieros.

\n\n

Los bancos abiertos de propiedad total o parcial de la Agencia\n de Garantía de Depósitos que sean administrados\n por firmas internacionales, tendrán sus respectivos e\n individuales representantes.

\n\n

ARTICULO 5. - Los acuerdos no podrán afectar a garantías\n u otros derechos legalmente constituidos a favor de uno o más\n acreedores excepto con la aprobación de éstos.

\n\n

Las condiciones específicas del acuerdo de reestructuración\n podrán ser diferentes entre los acreedores que integran\n el comité, considerando solamente criterios objetivos\n que se relacionen con el valor real del crédito respecto\n de cada uno de los acreedores, tales como garantías constituidas.\n Los acuerdos a los que llegue el comité serán obligatorios\n para todos los miembros del comité y el deudor.

\n\n

ARTICULO 6. - Para dar inicio al proceso de reestructuración\n de créditos el deudor deberá entregar, a todas\n sus instituciones financieras acreedoras, la solicitud de reestructuración\n cuyo texto consta en el anexo 1, dentro del periodo de aplicación\n señalado en el Decreto Ejecutivo No. 1168. Adicionalmente,\n acompañará a la solicitud una propuesta de refinanciamiento\n a la que adjuntará la información prevista en el\n anexo 3. El aviso entregado a las instituciones financieras,\n incluirá a sus off ­
\n shore.

\n\n

Las instituciones financieras acreedoras estarán obligadas\n a conferir constancia de la recepción de la solicitud\n de reestructuración y a integrarse al respectivo comité\n de acreedores.

\n\n

Todo deudor que presente una solicitud de reestructuración\n deberá entregar copia de ésta, con la constancia\n de recepción de la institución financiera de mayor\n acreencia, en cualquiera de las oficinas de la Superintendencia\n de Bancos, las cuales la remitirán a la Unidad de Reestructuración\n de Créditos.

\n\n

Igualmente, cualquier acreedor puede dar inicio al proceso\n de reestructuración, siguiendo los pasos establecidos\n en este capítulo.

\n\n

ARTICULO 7. - La institución financiera que según\n la última información disponible en la central\n de riesgos registre la mayor acreencia convocará a todas\n las instituciones financieras acreedoras de dicho deudor, que\n consten en la solicitud, así como a las que se hallaren\n registradas en la central de riesgos, dentro del término\n de 48 horas subsiguientes a la recepción de la mencionada\n solicitud de reestructuración, para constituir el comité\n de acreedores.

\n\n

ARTICULO 8. - En caso de que no se constituya el comité\n de acreedores en un plazo de hasta 10 días hábiles,\n el deudor o cualquiera de sus acreedores informarán del\n particular a la Unidad de Reestructuración de Créditos,\n la misma que dispondrá que todas las instituciones financieras\n acreedoras, en el término de 48 horas, integren el comité\n e inicien el proceso de reestructuración. A falta de aviso\n por parte del deudor o de cualquiera de los acreedores, la URC\n podrá disponer de oficio la integración del comité.

\n\n

En caso de que una institución financiera debidamente\n notificada, no participe en el comité de acreedores, la\n Superintendencia de Bancos dispondrá que los créditos\n del deudor en dicha institución sean provisionados con\n el 100%, sin variar por ese hecho la calificación asignada,\n sin perjuicio de que el proceso continúe con el resto\n de acreedores.

\n\n

ARTICULO 9. - El proceso de negociación entre el comité\n y el deudor durará un máximo de treinta días\n hábiles, contados desde la integración de comité,\n salvo el caso que las partes acuerden por escrito prorrogar el\n mismo por el tiempo que estimen conveniente y comuniquen del\n particular a la Unidad de Reestructuración de Créditos,\n determinando el cronograma de la negociación, en el que\n constará la fecha limite para suscribir el acuerdo de\n reestructuración.

\n\n

SECCION II. - PROCEDIMIENTO CON LA ACTUACION DE LA UNIDAD\n DE REESTRUCTURACIÓN DE CREDITOS - URC

\n\n

ARTICULO 1 - Si las partes no llegaren a un acuerdo dentro\n del plazo previsto en el artículo 9. de la sección\n 1, cualquiera de ellas podrá pedir dentro del tiempo de\n cinco días hábiles a contarse desde la finalización\n de dicho plazo, que la Unidad de Reestructuración de Créditos\n intervenga, para que actúe como facilitadora en un nuevo\n proceso de negociación.

\n\n

En los casos en que el comité de acreedores esté\n integrado exclusivamente por las instituciones detalladas en\n el inciso segundo del articulo 4 de la sección 1, cada\n entidad estará representada por un delegado y el proceso\n se llevará a cabo en todo momento con la participación\n de la URC, cuyo representante informará permanentemente\n del proceso al Director General, quien podrá íntervenir\n directamente en el mismo o detenerlo, de estimarlo pertinente\n o de considerar que se estaría afectando el interés\n público. La URC deberá continuar el proceso de\n negociación agotando todos los esfuerzos para lograr el\n acuerdo de reestructuración, dentro de los plazos previstos\n para este propósito. Igual procedimiento se seguirá\n en los casos en que el único acreedor sea una de las instituciones\n antes referidas.

\n\n

Esta disposición no será aplicada a los bancos\n abiertos de propiedad parcial o total de la Agencia de Garantía\n de Depósitos, que se encuentren administrados por firmas\n internacionales, los mismos que seguirán los procedimientos\n propios de los bancos privados operativos.

\n\n

La actuación de la Unidad incluirá asistencia\n y asesoría directa a los deudores y a los miembros del\n comité de acreedores sobre posibles alternativas de solución\n a los problemas que surjan en las negociaciones entre las partes,\n con el propósito de que éstos alcancen acuerdos\n definitivos y mutuamente beneficiosos.

\n\n

Una vez presentado el pedido. la Unidad de Reestructuración\n de Créditos convocará a las partes en un tiempo\n de hasta cuico días hábiles, dentro del cual se\n informará el procedimiento de negociación al que\n deben someterse, el cual contemplará al menos lo siguiente:

\n\n

1.1 Un convenio entre acreedores que fije los límites\n de su actuación en la negociación; y,

\n\n

1.2 Un convenio entre deudor - acreedor que establezca las\n reglas con las cuales se llevará a cabo la negociación,\n que incluya un mecanismo de resolución de conflictos y\n un cronograma de cumplimiento del proceso de negociación.

\n\n

Estos convenios deberán concretarse en un tiempo de\n hasta 10 días hábiles adicionales.

\n\n

ARTICULO 2. - De no concretarse los convenios en el plazo\n establecido, la Unidad de Reestructuración de Créditos\n comunicará al deudor y a los acreedores que ha finalizado\n el proceso de negociación. De igual manera, si se incumpliere\n cualquiera de los acuerdos o cronogramas referidos en el artículo\n anterior, la URC citará inmediatamente a las partes con\n el propósito de solucionar el incumplimiento; de no solucionarse\n el mismo en esa reunión, la Unidad de Reestructuración\n de Créditos declarará finalizado el proceso.

\n\n

ARTICULO 3. - Al suscribir el convenio de reestructuración\n con el deudor, el comité de acreedores lo comunicará\n a la Unidad de Reestructuración de Créditos adjuntando\n una copia del acuerdo suscrito y el detalle de las operaciones\n reestructuradas, en los términos que constan en el anexo\n 2.

\n\n

ARTICULO 4. - Para los deudores que se encuentren en proceso\n de reestructuración de sus obligaciones, la calificación\n de riesgo no se modificará por el hecho de que se sometan\n al proceso, y se mantendrá hasta que finalice la negociación.

\n\n

Una vez alcanzado el acuerdo de reestructuración, cada\n institución financiera podrá mejorar en una categoría\n dichos créditos, previo análisis del deudor.

\n\n

Si el deudor con créditos reestructurados requiere\n nuevos créditos para capital de trabajo a corto plazo.\n con el propósito de que continúe desarrollando\n sus actividades productivas, a estas nuevas operaciones no se\n les asignará la calificación otorgada a los créditos\n reestructurados y la evaluación se efectuará sobre\n la base de la capacidad de pago y las garantías adecuadas\n otorgadas. Estas nuevas operaciones no se contabilizarán\n en la cuenta "créditos reestructurados".

\n\n

SECCION III. - DISPOSICIONES GENERALES

\n\n

ARTICULO 1. - Para el caso de reestructuraciones a las que\n se acojan grupos económicos, definidos como tales por\n las letras a), b) o c) del artículo 76 de la Codificación\n de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, todos\n los integrantes del grupo deberán presentar a sus acreedores,\n junto con la respectiva solicitud de reestructuración,\n informa-ción financiera y económica suficiente\n respecto de cada uno de ellos, que al menos comprenda lo previsto\n en el anexo 3.

\n\n

ARTICULO 2. - Toda persona cuyas deudas sean reestructuradas\n queda obligada a la observancia de los siguientes principios\n básicos, en cuanto fueren aplicables según su naturaleza\n jurídica:

\n\n

2.1 Mantener transparencia en su relación crediticia,\n así como a presentar sus estados financieros elaborados\n con sujeción a principios de contabilidad generalmente\n aceptados, los que serán dictaminados por auditores externos.

\n\n

Si fueren personas jurídicas, deberán observar\n un buen gobierno corporativo, que incluya la protección\n de socios o accionistas minoritarios;

\n\n

2.2 Cuando por resolución del comité de acreedores\n se exija cambiar administradores del deudor, éste quedará\n obligado a efectuar tal sustitución, debiendo, para la\n designación de los nuevos administradores, contar con\n opinión favorable del referido comité;

\n\n

2.3 Durante el plazo de los créditos reestructurados,\n los deudores no podrán distribuir dividendos, participaciones\n o utilidades en efectivo, ni pagar los préstamos que hubieren\n recibido de sus accionistas o socios o de las empresas o firmas\n a las que se refiere las letras a), b) o c) del articulo 76 de\n la Codificación de la Ley General de Instituciones del\n Sistema Financiero. Tampoco podrán otorgar garantías\n ni préstamos a sus socios, directores y demás administradores.

\n\n

Los accionistas o socios de las empresas deudoras deberán\n capitalizar los saldos que se encuentren en la cuenta "aportes\n para futuras capitalizaciones" y quedan obligados a pagar\n de inmediato el saldo del capital suscrito no pagado; y,

\n\n

2.4 Los acreedores podrán designar especialistas financieros\n u operativos que supervisen el cumplimiento de las obligaciones\n reestructuradas, los compromisos derivados de la reestructuración\n y participar en los directorios con voto.

\n\n

El comité de acreedores podrá requerir la entrega\n por parte del deudor de una declaración juramentada ante\n Juez o Notario Público que incluya el detalle de sus activos\n y pasivos de cualquier tipo que mantenga en el país o\n en el exterior. Tal declaración también podrá\n ser requerida a los socios que representen más del 10%\n del capital social, así como a los directores, representantes\n legales o apoderados generales de los deudores que sean personas\n jurídicas.

\n\n

ARTICULO 3. - Cuando un crédito se encuentre vencido\n y no se hubiere solicitado la reestructuración dentro\n del plazo establecido, la institución acreedora iniciará\n inmediatamente las acciones coercitivas de cobro correspondientes.\n De igual manera se actuará en caso de, habiéndose\n solicitado la reestructuración, el proceso hubiese resultado\n fallido o se hubiese incumplido el acuerdo de reestructuración.\n Las instituciones acreedores ejercerán sus acciones de\n cobro antes indicadas en la vía coactiva o en la que conforme\n a la ley a cada una de ellas corresponda.

\n\n

ARTICULO 4. - Las operaciones que conforme el artículo\n anterior deban ser ejecutadas, se recalificarán en la\n categoría E. Las nuevas operaciones concedidas a tales\n deudores mantendrán la calificación de E, con el\n 100% de provisión.

\n\n

ARTICULO 5. - Las instituciones financieras, incluidas las\n off - shore, podrán negociar cartera de crédito\n con instituciones públicas o privadas, a las que en consecuencia\n corresponderán todos los derechos de cobro inherentes\n a dicha cartera, los que ejercerán en la vía de\n ejecución que a dichas instituciones correspondan, incluida\n la coactiva, si fuere del caso.

\n\n

ARTICULO 6. - Los créditos reestructurados deberán\n ser reportados a la central de riesgos de la Superintendencia\n de Bancos y constarán en la calificación trimestral\n de activos de nesgo de cada una de las instituciones financieras\n acreedoras, como "créditos reestructurados".\n De ser declarados de plazo vencido, deberán reportarse\n como "créditos reestructurados vencidos".

\n\n

ARTICULO 7. - Los deudores podrán pagar sus obligaciones\n vencidas con el sistema financiero, con certificados u otros\n títulos a su nombre u orden, emitidos por las instituciones\n de
\n dicho sistema, los mismos que, de encontrarse también\n vencidos serán compensados, conforme a la ley, a su valor\n nominal por las respectivas emisoras o sus off - shore.

\n\n

Los certificados o títulos emitidos por otras instituciones\n financieras, abiertas o cerradas, podrán ser aceptados\n por las instituciones financieras para pago de créditos\n al valor de mercado o al valor libremente acordado entre las\n partes.

\n\n

Los bonos del Estado serán recibidos por las instituciones\n financieras, incluidas las off - shore, a valor de mercado para\n el pago de estas obligaciones crediticias, dejando a salvo las\n limitaciones de orden legal respecto a esta facultad.

\n\n

ARTICULO 8. - Los deudores mientras estén sometidos\n a procesos de concurso preventivo no podrán reestructurar\n sus créditos, de acuerdo con estas normas.

\n\n

La presentación de la solicitud de reestructuración\n y/o la firma del convenio implicarán la renuncia del deudor\n al proceso de concurso preventivo en que se encuentre y/o a acogerse\n a un nuevo proceso.

\n\n

ARTICULO 9. - Las instituciones financieras que se encuentren\n recuperando créditos por la vía judicial o coactiva,\n deberán igualmente participar en el comité de acreedores\n del respectivo deudor.

\n\n

ARTICULO 10. - El personal de la URC, los acreedores y los\n facilitadores quedan obligados a guardar el sigilo bancario previsto\n en la Ley y solo podrán usar la información que\n reciban para efectos de los respectivos procesos de reestructuración\n de los créditos.

\n\n

ARTICULO 11. - Durante la vigencia de este programa, las instituciones\n financieras no aplicarán políticas de reestructuración\n de créditos, distintas a las establecidas en este capítulo.

\n\n

SECCION IV. - DISPOSICION FINAL

\n\n

ARTICULO 1. - Los casos de duda que se presenten en la aplicación\n del presente capítulo, serán absueltos por la Junta\n Bancaria o el Superintendente de Bancos, según los casos.

\n\n

SECCION V. - DISPOSICION TRANSITORIA

\n\n

Las instituciones financieras abiertas de propiedad total\n o parcial de la Agencia de Garantía de Depósitos\n se someterán. dentro de los procesos de reestructuración,\n a todas las normas, principios y limitaciones que rigen a las\n instituciones financieras cerradas sometidas a procedimientos\n de saneamiento hasta que se encuentren bajo la administración\n de las firmas internacionales escogidas mediante el procedimiento\n acordado con el Banco Mundial, luego de lo cual podrán\n equiparar las mismas condiciones de negociación que rigen\n para la banca privada.

\n\n

Sin embargo de lo establecido en el inciso anterior y hasta\n que operen las referidas administraciones internacionales, las\n instituciones de propiedad de la Agencia de Garantía de\n Depósitos podrán igualmente equiparar tales condiciones\n de negociación, siempre que se trate de procesos de reestructuración\n en los que el comité de acreedores se encuentre integrado\n también por instituciones financieras privadas que no\n pertenezcan a la Agencia de Garantía de Depósitos\n y participe en el mismo un representante de la Unidad de Reestructuración\n de Créditos.

\n\n

ARTICULO 3. - Esta resolución entrará en vigencia\n a partir de su publicación en el Registro Oficial.

\n\n

Comuníquese y publíquese en el Registro Oficial.\n - Dada en la Superintendencia de Bancos, en Quito, Distrito Metropolitano,\n el primer día del mes de febrero del año dos mil\n uno.

\n\n

f) Alejandro Maldonado García, Presidente de la Junta\n Bancaria.

\n\n

Lo certifico: Quito, Distrito Metropolitano, el primer día\n del unes de febrero del año dos mil uno.

\n\n

f) Pablo Cobo Luna, Secretario de la Junta Bancaria Ad - Hoc.

\n\n

Superintendencia de Bancos. - Certifico que es fiel copia\n del original. - f) Dr. Julio Maya Rivadeneira, Secretario General.\n - 2 de febrero del 2001.

\n\n

(Anexo 21FET1)

\n\n

Anexo No. 3

\n\n

INFORMACION MINIMA REQUERIDA AL DEUDOR

\n\n

A. - Estructura de recursos

\n\n

o Detalle de las deudas vigentes y vencidas que mantuviere\n el deudor a la fecha de presentación de la solicitud,\n sea como deudor principal con las instituciones del sistema financiero\n y con otros acreedores (incluyendo contingentes y obligaciones\n fuera de balance); plazo de vencimiento original y destino de\n cada una de ellas;

\n\n

o Estado del trámite de cobro judicial o extrajudicial\n de cada una de esas deudas; y.

\n\n

o Detalle de cualquier emisión de obligaciones y condiciones\n de la misma.

\n\n

B. - Estados financieros

\n\n

o De los últimos tres años.

\n\n

o Proyectados por los siguientes 12 meses.

\n\n

C. - Plan de negocios

\n\n

o Análisis sectorial y perfil del deudor.

\n\n

o Resultados históricos y situación financiera\n actual.

\n\n

o Proyecciones de la empresa.

\n\n

o Principales acuerdos por los últimos tres años.

\n\n

NOTA. - Estos requisitos se exigirán a las personas\n naturales dedicadas a actividades productivas, en lo que fueren\n aplicables.

\n\n

 

\n\n

RESOLUCION 461

\n\n

Precios Piso y Techo y Tablas Aduaneras\n del Sistema Andino de Franjas de Precios para el periodo abril\n del 2001 - marzo del 2002

\n\n

LA SECRETARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA,

\n\n

VISTAS: Las Decisiones 371, 375, 383, 384, 392, 402, 403,\n 410,411, 413, 422, 430, 432, 433, 453, 465, 468, 469, 470 y 482\n de la Comisión de la Comunidad Andina; las resoluciones\n 367 y 389 de la Junta; y la Resolución 425 de la Secretaría\n General;

\n\n

CONSIDERANDO: Que la Decisión 371 de la Comisión\n del Acuerdo de Cartagena estableció el método para\n el cálculo de los Precios Piso y Techo y las Tablas Aduaneras\n del Sistema Andino de Franjas de Precios;

\n\n

Que, de acuerdo con los artículos 19 y 21 de la referida\n Decisión corresponde a la Secretaría General de\n la Comunidad Andina fijar mediante resolución dichos precios\n para cada producto marcador adjuntando las tablas aduaneras correspondientes;

\n\n

Que la Secretaría General realizó las consultas\n a que se refieren los artículos 19 y 21 de la citada Decisión,

\n\n

Resuelve:

\n\n

Articulo 1. - Fijar en los siguientes niveles los precios\n piso y techo de las franjas establecidas en la Decisión\n 371, para el periodo comprendido entre el primero de abril del\n 2001 y el 31 de marzo del 2002, obtenidos con base en las series\n dé precios históricos y demás parámetros\n que se especifican en el Anexo 1 de la presente resolución:

\n\n

Producto Marcador Piso CIF Techo CIF
\n (USD/t) (USD/t)

\n\n

Aceite crudo de palma 519 662
\n Aceite crudo de soya 497 624
\n Arroz blanco 319 387
\n Azúcar blanco 324 409
\n Azúcar crudo 245 306
\n Carne de cerdo 1 434 1 839
\n Cebada 135 169
\n Leche entera 2 160 2 480
\n Maíz amarillo 156 197
\n Maíz blanco 138 182
\n Soya en grano 253 314
\n Trigo 157 207
\n Tozos de pollo 1 371 1 522

\n\n

Articulo 2. - Establecer las tablas aduaneras a que se refiere\n el articulo 21 de la Decisión 371, las cuales se adjuntan\n como Anexo II a la presente resolución con sus Notas Explicativas.

\n\n

Articulo 3. - En cumplimiento del articulo 17 de la Decisión\n 425 de la Comisión, comuníquese a los Países\n Miembros la presente resolución.

\n\n

Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los quince días\n del mes de diciembre del año dos mil.

\n\n

VICTOR MANUEL RICO FRONTAURA
\n Director General
\n Encargado de la Secretaria General

\n\n

(Anexo 21FET;5)

\n\n

Anexo II

\n\n

TABLAS ADUANERAS DEL SISTEMA ANDINO DE FRANJAS DE PRECIOS\n PARA EL PERIODO ABRIL DEL 2001 - MARZO DEL 2002

\n\n

NOTAS EXPLICATIVAS

\n\n

PROPOSITO

\n\n

Las tablas aduaneras que se presentan a continuación\n tienen como propósito facilitar a los funcionarios de\n aduana y a los importadores la liquidación de los derechos\n variables adicionales y de las rebajas arancelarias aplicables\n a los productos del Sistema Andino de Franjas de Precios, de\n acuerdo con las normas y procedimientos establecidos en la Decisión\n 371 de la Comisión de la Comunidad Andina.

\n\n

DEFINICIONES

\n\n

Productos marcadores. - Son aquellos productos agropecuarios\n cuyos precios internacionales se utilizan para el cálculo\n de las franjas del sistema andino. Los productos marcadores y\n los mercados de referencia utilizados como fuente para obtener\n los precios internacionales están definidos en el Anexo\n 1 de la Decisión 371, en las Decisiones 384, 411, 432\n y 433 y en la Resolución 389 de la Junta del Acuerdo de\n Cartagena.

\n\n

Productos vinculados. - Son los productos obtenidos mediante\n transformación o mezcla de productos marcadores, o que\n pueden reemplazar, en el uso industrial o en el consumo, a un\n producto marcador o derivado.

\n\n

Productos del Sistema Andino de Franjas de Precios. - Es el\n conjunto de productos marcadores y vinculados pertenecientes\n al Sistema Andino de Franjas de Precios. Se clasifican en 148\n subpartidas NANDINA.

\n\n

Arancel Normal. - Es el gravamen ad - valórem (en términos\n porcentuales) establecido en la Decisión 465 de la Comisión\n del Acuerdo de Cartagena, Anexos 1, 2, 3 6 4, el que corresponda;\n y' en el caso de los productos que figuran en la Nómina\n de Bienes No Producidos en la Subregión, la tarifa que\n se establezca en virtud del articulo 4 de la Decisión\n 370.

\n\n

Derecho Variable Adicional. - Es el gravamen ad - valórem\n (en términos porcentuales) que se suma al arancel normal,\n siempre que el precio de referencia CIF del producto marcador\n sea inferior al precio piso CIF.

\n\n

Rebaja Arancelaria. - Es el gravamen ad - valórem (en\n términos porcentuales) que se resta al arancel normal,\n siempre que el precio de. referencia CIF del producto marcador\n sea superior al precio techo CIF.

\n\n

Arancel total o Gravamen total. - Es el arancel normal más\n el derecho variable adicional, o menos la rebaja arancelaria,\n según corresponda.

\n\n

Precio de Referencia CIF - Es el precio internacional CIF\n de un producto marcador. Este precio se utiliza para determinar\n los porcentajes ad - valórem del derecho variable adicional\n o de la rebaja arancelaria que corresponde aplicar a cada importación\n del producto marcador y de sus vinculados. El precio de referencia\n constituye, además, la base gravable para la aplicación\n de los derechos de importación de los productos marcadores.

\n\n

APLICACION

\n\n

Las tablas aduaneras establecidas en la presente resolución\n se aplican a las importaciones de los productos comprendidos\n en el Sistema Andino de Franjas de Precios, cuyo detalle se presenta\n - en el apéndice de este Anexo, cuando dichas importaciones\n procedan de países que no son miembros de la Comunidad\n Andina.

\n\n

Los derechos variables adicionales y las rebajas arancelarias\n estipulados en las presentes Tablas están sujetos a las\n siguientes limitaciones:

\n\n

1. Conforme lo establecen el literal a) del articulo 15 y\n numeral 1 del Anexo 5 de la Decisión 371, modificado mediante\n la Decisión 430, los Países Miembros podrán\n limitar la magnitud de los derechos variables a lo necesario\n para el cumplimiento de sus compromisos vigentes sobre acceso\n a los mercados, asumidos ante la Organización Mundial\n de Comercio (OMC) con anterioridad al 31 de enero de 1996, teniendo\n en cuenta las salvaguardias aplicables en la Organización\n Mundial de Comercio.

\n\n

2. Mediante la Decisión 468 Colombia y Ecuador podrán\n limitar la aplicación de los Derechos Variables Adicionales\n para los productos clasificados en la subpartida NANDINA 1005.90.11\n Maíz duro amarillo, excepto para la siembra, hasta un\n nivel tal que el arancel total no resulte superior al arancel\n promedio ponderado mensual al cual Colombia, Ecuador y Venezuela\n efectúan sus importaciones para el mismo producto.

\n\n

3. La Decisión 470 autoriza a los Países Miembros\n que aplican el SAFP a limitar los Derechos Variables Adicionales\n para los productos clasificados en las subpartidas NANDINA 1001.10.90\n y 1001.90.20 hasta un nivel tal que el arancel total para sus\n importaciones no resulte superior al 35%.

\n\n

4. De conformidad con lo dispuesto en los artículos\n 11 (literal c) y 14 de la Decisión 371, y en la Resolución\n 367 de la Junta, las rebajas arancelarias solo podrán\n aplicarse hasta reducir a cero el arancel normal del respectivo\n producto. Asimismo, la rebaja arancelaria de los productos vinculados\n en ningún caso podrá exceder la rebaja arancelaria\n aplicada al correspondiente producto marcador.

\n\n

5. La Decisión 453 establece que en los nuevos acuerdos\n comerciales que suscriban los Países Miembros con terceros\n países o en la renegociación. de los existentes,\n las preferencias que se otorguen en los productos del SAFP se\n aplicarán al arancel fijo que indica la Decisión\n 465, y al resultado de esa operación se le sumará\n en su integridad el Derecho Variable Adicional o se le restará\n en su integridad la rebaja arancelaria que se establece en el\n SAFP, hasta reducir a cero el arancel del producto.

\n\n

DESCRIPCION DE LAS TABLAS

\n\n

Se ha elaborado una tabla aduanera para cada una de las trece\n franjas aprobadas por la Decisión 371. El titulo de cada\n tabla identifica el producto marcador correspondiente.

\n\n

Cada tabla aduanera tiene dos partes: En la parte superior\n se indican las subpartidas NANDINA a las cuales debe aplicarse\n los derechos variables adicionales y las rebajas arancelarias\n que se especifican en la tabla. Las subpartidas están\n agrupadas en tres categorías (A. B y C), de acuerdo con\n el nivel de Arancel Externo Común asignado en el Anexo\n 1 de la Decisión 465 (20%, 15% y 10%, respectivamente).\n Se muestra en negrilla y subrayada la subpartida en la cual se\n clasifica el producto marcador.

\n\n

En la parte inferior, en la columna denominada "Precio\n de referencia CIF", se presenta un rango de posibles valores\n del precio de referencia del producto marcador, expresado en\n dólares de Estados Unidos de América por tonelada.\n Dicho rango incluye el precio piso y el precio techo, separados\n por la expresión "HASTA".

\n\n

En la columna denominada "Derecho Variable Adicional\n (+) o Rebaja ( - )" se presenta la tarifa ad - valórem\n que corresponde sumar o restar a la tarifa del arancel normal,\n cuando el precio de referencia asume el valor indicado en la\n primera columna. La columna de derechos o rebajas se subdivide\n en A, B y C. Cada una de éstas se aplica al grupo de subpartidas\n identificadas con la misma letra en la parte superior de la tabla.

\n\n

Al final del conjunto de tablas se incluye como apéndice\n la relación de los productos del Sistema Andino de Franjas\n de Precios en orden de código NANDINA, con su descripción,\n la franja de precios a la cual pertenece y la Tabla Aduanera\n que se le aplica. Allí también se muestra en negrilla\n la subpartida en la cual se clasifica el producto marcador de\n cada franja.

\n\n

FORMA DE UTILIZACION

\n\n

En el momento de liquidar los derechos de importación\n correspondientes a un embarque de un producto determinado, se\n procede de la siguiente manera:

\n\n

1. Se verifica si la subpartida NANDINA correspondiente a\n dicho producto se encuentra incluida en la lista de productos\n pertenecientes al Sistema Andino de Franjas de Precios, y si\n es Producto Marcador o Producto Vinculado (consultar el Apéndice\n de esta resolución).

\n\n

2. En caso afirmativo, se consulta la tabla aduanera de la\n franja de precios correspondiente. En la columna denomina

 

Change password



Loading..