Registro Oficial. 18 de ENERO del 2001

Jueves, 18 de enero de 2001

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

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\n \n \n \n
   MES DE ENERO DEL 2001
\n \n \n \n
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REGISTRO\n OFICIAL
\n
ORGANO\n DEL GOBIERNO DEL ECUADOR

\n\n

Administración\n del Sr. Dr. Gustavo Noboa Bejarano
\n Presidente Constitucional de la República

\n\n

Jueves\n 18 de Enero del 2001 - No. 247

\n\n

TRIBUNAL\n CONSTITUCIONAL

\n\n

EDMUNDO\n ARIZALA ANDRADE
\n DIRECTOR ENCARGA

\n\n

 

\n\n

FUNCION\n EJECUTIVA

\n\n

ACUERDOS:
\n MINISTERIO DE SALUD:
\n
 
\n Delégase al Dr. Germán Herrera para que asista\n a las reuniones de la Comisión Ecuatoriana de Energía\n Atómica
\n  
\n 0597-A Concédese el\n aval institucional al "Tercer congreso internacional de\n medicina familiar comunitaria y actualización médica\n odontológica, Primer curso de salud pública, Tercer\n simposio de odontologia, Tercer seminario taller de enfermeria\n y Primer concurso nacional de trabajos de investigación",\n eventos que se llevaron a cabo del 10 al 15 de diciembre del\n año 2000
\n  
\n 0593 Expídese el Manual\n de Operaciones del Proyecto de Modernización de los Servicios\n de Salud (MODERSA), que norma el funcionamiento de este proyecto\n .
\n  
\n 609 Dispónese que la\n Comisión Asesora de Productos Naturales de Uso Medicinal\n estará integrada de conformidad al articulo 3 del Acuerdo\n Ministerial N' 1281 .
\n  
\n
MINISTERIO\n DE TRABAJO:

\n\n

Expídese\n el Reglamento de\n aprobación de las fundaciones, corporaciones y entidades\n económicas microempresariales .
\n  
\n
RESOLUCION:
\n TRIBUNAL CONSTITUCIONAL:
\n
 
\n 195-2000-TP Declárase\n la inconstitucionalidad, por vicios de forma, de la Ley N 99-46\n Interpretativa a la Ley Especial de Rehabilitación del\n Banco de Préstamos S.A., en liquidación .
\n  
\n
FUNCION\n JUDICIAL

\n\n

CORTE\n SUPREMA DE JUSTICIA

\n\n

 PRIMERA\n SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL:
\n
 
\n Recursos de casación en los juicios laborales seguidos\n por las siguientes personas:

\n\n

183-2000 Benito Amador Peñarreta en contra\n de la Municipalidad de Shushufindi

\n\n

187-2000 Ing. Edison Rodrigo Toledo Echeverria\n en contra de Petroproducción

\n\n

244-2000 Eulogio Cedeño Romero\n en contra de la Municipalidad de Guayaquil

\n\n

247-2000 Felipe Eleuterio Jurado Mora\n en contra de la fábrica de papel La Reforma C.A. y otros

\n\n

254-2000 Nicolás Alberto Morla Pacheco\n en contra de Industria Cartonera Ecuatoriana S.A.

\n\n

258-2000 Eduardo Benìtez Cervantes\n en contra de la fábrica de papel La Reforma C.A. y otros

\n\n

275-2000 Eduardo Pacheco Recalde en contra de\n la Municipalidad de Guayaquil
\n  
\n
\n

\n \n
\n

No. 0597

\n\n

EL MINISTRO DE SALUD PUBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que de conformidad al Art. 176, Capítulo 3, Título\n VII de la Constitución Política, los ministros\n de Estado, representan al Presidente de la República en\n los asuntos propios del Ministerio a su cargo, esto en concordancia\n con lo dispuesto en el inciso último del Art. 1 del Decreto\n Ejecutivo No. 03, publicado en el Registro Oficial No. 3 de 26\n de enero del 2000; que modifica el Estatuto de Régimen\n Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva,\n y de acuerdo a lo previsto en el Título XXIX del Libro\n 1 del Código Civil;

\n\n

Que el Art. 96 del Código de la Salud, establece que\n el Estado fomentará y promoverá la salud individual\n y colectiva, por lo que compete al Ministerio de Salud integrar\n y formar parte de todo organismo que incida sobre la salud de\n los ecuatorianos;

\n\n

Que entre los miembros de la Comisión Ecuatoriana de\n Energía Atómica está un representante del\n Ministerio de Salud Pública;

\n\n

Que mediante oficio No. 001121 de 15 de noviembre del 2000;\n el Director Ejecutivo de la Comisión Ecuatoriana de Energía\n Atómica, solicité a esta Cartera de Estado designar\n un delegado a dicho organismo:

\n\n

Que el Dr. Germán Herrera, Radiólogo del Hospital\n del Sur de este Portafolio, posee suficientes conocimientos en\n esta materia y ha demostrado profesionalismo en sus labores;\n y.

\n\n

En ejercicio de sus atribuciones legales.

\n\n

Acuerda:

\n\n

Delegar al Dr. Germán Herrera para que en representación\n del Ministerio de Salud Pública, asista a las reuniones\n de la Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica.

\n\n

El presente acuerdo entrara en vigencia a partir de su suscripción.

\n\n

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 5 de diciembre\n del 2000.

\n\n

f) Dr. Fernando Bustamante Riofrío, Ministro de Salud\n Pública.

\n\n

Es fiel copia del documento que consta en el archivo del Departamento\n de Documentación y Archivo al que me remito en caso necesario.

\n\n

Lo certifico. - En Quito, 3 de enero del 2001.

\n\n

f) Lcda. Mendoza O., Jefa de Documentación y Archivo,\n Ministerio de Salud Pública.

\n\n

No. 0597 - A

\n\n

EL MINISTRO DE SALUD PUBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que el segundo inciso del artículo 43 de la Constitución\n Política de la República, dispone que el Estado\n promoverá la cultura por la salud y la vida;

\n\n

Que el artículo 96 del Código de la Salud señala\n que el Estado fomentará y promoverá la salud individual\n y colectiva;

\n\n

Que en la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, se\n llevará a cabo el "Tercer Congreso Internacional\n de Medicina Familiar Comunitaria y Actualización Médica\n Odontológica, Primer Curso de Salud Pública, Tercer\n Simposio de Odontología, Tercer Seminario Taller de Enfermería\n y Primer Concurso Nacional de Trabajos de Investigación",\n eventos que se llevarán a cabo del 10 al 15 de diciembre\n del año 2000; los mismos que son organizados por la Asociación\n Nacional de Médicos y Odontólogos del Seguro Social\n Campesino y la Asociación de Médicos y Odontólogos\n del Seguro Social Campesino del Chimborazo;

\n\n

Que el Coordinador Nacional de Estomatología (E), mediante\n memorando No. SET. 10.2000.313 de 21 de noviembre del 2000; emite\n criterio técnico favorable para que el Ministerio de Salud\n Pública avale el citado curso;

\n\n

Que es deber de este Ministerio, brindar el apoyo necesario\n para la realización de este tipo de eventos;

\n\n

Que de conformidad con el artículo 176, Capítulo\n 3, Título VII de la Constitución Política\n de la República, los ministros de Estado representarán\n al Presidente de la República, en los asuntos propios\n del Ministerio a su cargo, esto en concordancia con lo dispuesto\n en el último inciso del articulo 1 del Decreto Ejecutivo\n No. 3, publicado en el Registro Oficial No. 3 de 26 de enero\n del 2000, que modifica el Estatuto del Régimen Jurídico\n Administrativo de la Función Ejecutiva; y,

\n\n

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,

\n\n

Acuerda:

\n\n

Art. 1. - Conceder el aval institucional al "Tercer Congreso\n Internacional de Medicina Familiar Comunitaria y Actualización\n Médica Odontológica, Primer Curso de Salud Pública,\n Tercer Simposio de Odontología, Tercer Seminario Taller\n de Enfermería y Primer Concurso Nacional de Trabajos de\n Investigación", eventos que se llevarán a\n cabo del 10 al 15 de diciembre del año 2000, los mismos\n que son organizados por la Asociación Nacional de Médicos\n y Odontólogos del Seguro Social Campesino y la Asociación\n de Médicos y Odontólogos del Seguro Social Campesino\n del Chimborazo.

\n\n

Art. 2. - El presente acuerdo ministerial entrará en\n vigencia a partir de la fecha de su suscripción, sin perjuicio\n de su publicación en el Registro Oficial.

\n\n

Dado en Quito, a 5 de diciembre del 2000.

\n\n

f) Dr. Fernando Bustamante Riofrío, Ministro de Salud\n Pública.

\n\n

Es fiel copia del documento que consta en el archivo del Departamento\n de Documentación y Archivo, al que remito en caso necesario.

\n\n

Lo certifico. - Quito, a 3 de cimero del 2001.

\n\n

f) Lcda. Mendoza O. Jefa de Documentación y Archivo,\n Ministerio de Salud Pública.

\n\n

 

\n\n

No. 0593

\n\n

EL MINISTRO DE SALUD PUBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que mediante Acuerdo Ministerial No. 2310 expedido el 7 de\n septiembre de 1995, publicado en el Registro Oficial No. 937\n de 2 de mayo de 1996, se creó la Unidad Coordinadora del\n Proyecto de Reforma del Sector Salud. Modernización de\n la Red Hospitalaria, dependiente del Ministerio de Salud Pública;

\n\n

Que con Acuerdo Ministerial No. 003561 - A de 29 de febrero\n de 1996. se reorganiza la Unidad Coordinadora del Proyecto de\n Reforma del Sector Salud. Modernización de la Gestión\n Hospitalaria;

\n\n

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 155 del 23 de septiembre\n de 1998, publicado en el Registro Oficial No. 38 de 1 de octubre\n de 1998. se autoriza al Ministro de Finanzas y Crédito\n Público, para que personalmente o mediante delegación,\n a nombre y representación del Presidente de la República\n del Ecuador en calidad de prestatario, suscriba con el Banco\n Interamericano de Reconstrucción y Fomento BIRF, en calidad\n de prestamista un contrato de préstamo. Los recursos de\n este préstamo se destinarán para financiar la ejecución\n del Proyecto de Modernización de los Servicios de Salud\n "MODERSA". a cargo del Ministerio de Salud Pública.\n consejos provinciales y municipios, en calidad de organismos\n ejecutores;

\n\n

Que el convenio de préstamo establece el compromiso\n de mantener en el Proyecto la Unidad de Administración;\n razón por la que a partir del mes de enero de 1999 funciona\n la Unidad Administrativa - Financiera;

\n\n

Que es necesario expedir el Manual de Operaciones del Proyecto\n de Modernización de los Servicios de Salud "MODERSA"\n que norma el funcionamiento del Proyecto "MODERSA";

\n\n

Que el Banco Mundial mediante comunicación de 6 de\n noviembre del 2000, emite la correspondiente no objeción\n al Proyecto del Manual de Operaciones del Proyecto del Modernización\n de los Servicios de Salud "MODERSA", el mismo que ha\n sido elaborado y revisado por esta Cartera de Estado;

\n\n

Que mediante memorando No. SDI - DT - 165 - 2000 de 6 de noviembre\n del 2000, el Coordinador del Proyecto "MODERSA", solicita\n la elaboración de este acuerdo ministerial;

\n\n

Que de conformidad con el artículo 176, Capítulo\n III, Título VII de la Constitución Política\n de la República, los ministros de Estado representarán\n al Presidente de la República en los asuntos propios del\n Ministerio a su cargo, esto en concordancia con lo dispuesto\n en el último inciso del articulo 1 del Decreto Ejecutivo\n No. 3, publicado en el Registro Oficial No. 3 de 26 de enero\n del 2000, que modifica el Estatuto del Régimen Jurídico\n administrativo de la Función Ejecutiva; y,

\n\n

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,

\n\n

Acuerda:

\n\n

Art. 1. - Expedir el Manual de Operaciones del Proyecto de\n Modernización de los Servicios de Salud "MODERSA',\n que norma el funcionamiento de este proyecto, dependiente del\n Ministerio de Salud Pública.

\n\n

Art. 2. - De la ejecución del presente acuerdo ministerial\n que entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción\n sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial,\n encárguese a la Subsecretaría de Desarrollo Institucional.

\n\n

Dado en Quito, a 5 de diciembre del 2000.

\n\n

f.) Dr. Fernando Bustamante Riofrío Ministro de Salud\n Pública.

\n\n

Es fiel copia del documento que consta en el archivo del Departamento\n de Documentación y Archivo al que me remito en caso necesario.

\n\n

Lo certifico. - En Quito, a 3 de enero del 2001.

\n\n

f) Lcda. Mendoza O., Jefa de Documentación y Archivo\n Ministerio de Salud Pública.

\n\n

 

\n\n

No. 0609

\n\n

EL MINISTRO DE SALUD PUBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que el artículo 100 del Código de la Salud,\n sustituido por el artículo 99 de la Ley para la Promoción\n de la Inversión y la Participación Ciudadana, publicada\n en el Suplemento del Registro Oficial No. 144 de 18 de agosto\n del 2000, que sustituye el Titulo IV del Libro II del Código\n de la Salud. dispone que los productos médicos naturales\n y homeopáticos unisistas, deberán contar con Registro\n Sanitario para su producción, almacenamiento, transportación\n comercialización y consumo;

\n\n

Que el artículo 3 del Acuerdo Ministerial No. 1281,\n publicado en el Registro Oficial No. 186 de 7 de mayo de 1999,\n en el que se expiden normas y procedimiento para el Registro\n y Control de Productos Naturales de Uso Medicinal y de establecimientos\n en donde se fabrican almacenan y comercializan, dispone que la\n Comisión Asesora de Productos Naturales de Uso Medicinal,\n únicamente estará integrada por profesionales médicos,\n químicos farmacéuticos o bioquímicos farmacéuticos;

\n\n

Que el artículo 4 del Acuerdo Ministerial No. 1281,\n dispone que la comisión asesora ejercerá una función\n de rectoría, en todo lo que se refiere a políticas\n generales de medicamentos naturales en el Ecuador;

\n\n

Que el Director de Control Sanitario (E), mediante memorando\n No. SCF - 12 - 251 de 23 de noviembre del 2000, emite criterio\n técnico favorable para la elaboración del presente\n acuerdo;

\n\n

Que de conformidad con el artículo 176, Capítulo\n 3, Título VII de la Constitución Política\n de la República, los ministros de Estado representarán\n al Presidente de la República en los asuntos propios del\n Ministerio a su cargo, esto en concordancia con lo dispuesto\n en el último inciso del artículo 1 del Decreto\n Ejecutivo No. 3, publicado en el Registro Oficial No. 3 de 26\n de enero del 2000, que modifica el Estatuto del Régimen\n Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva;\n y,

\n\n

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,

\n\n

Acuerda:

\n\n

Art. 1. - La Comisión Asesora de Productos Naturales\n de Uso Medicinal de conformidad con el artículo 3 del\n Acuerdo Ministerial No. 1281, estará integrada por:

\n\n

- El Director Nacional de Control Sanitario o su delegado\n quien la presidirá;

\n\n

- Un representante del Instituto Nacional de Higiene;

\n\n

- Un representante de las facultades de Ciencias Químicas\n de las universidades del país; y,

\n\n

- Un representante de las empresas privadas que trabajen en\n el tema de medicamentos naturales.

\n\n

Art. 2. - La Comisión Asesora de Productos Naturales\n de Uso Medicinal, además de las funciones determinadas\n en el articulo 4 del Acuerdo Ministerial No. 1281, deberá\n establecer mecanismos para acreditar a los profesionales autorizados\n para emitir el Certificado de Autenticación Botánica\n de Especies Vegetales, Animales y Minerales.

\n\n

Art. 3. - Se dispone que el Presidente y los miembros de la\n Comisión Asesora de Productos Naturales de Uso Medicinal,\n en el plazo de treinta días, elabore el reglamento interno\n de funcionamiento respectivo.

\n\n

Art. 4. - De la ejecución del presente acuerdo ministerial\n que entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación\n en el Registro Oficial, encárguese al Director Nacional\n de Control Sanitario.

\n\n

Dado en Quito, a 14 de diciembre del 2000.

\n\n

f) Dr. Fernando Bustamante Riofrío, Ministro de Salud\n Pública.

\n\n

Es fiel copia del documento que consta en el archivo del Departamento\n de Documentación y Archivo, al que me remito en caso necesario.

\n\n

Lo certifico. - En Quito, a 3 de enero del 2001.

\n\n

f) Lcda. Mendoza O., Jefa de Documentación y Archivo,\n Ministerio de Salud Pública.

\n\n

 

\n\n

No. 002

\n\n

EL MINISTRO DE TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, el artículo 23, numeral 19 de la Constitución\n Política de la República, establece como derecho\n de las personas la libertad de asociación y de reunión\n con fines pacíficos;

\n\n

Que, mediante Decreto Ejecutivo N0 715 del 29 de agosto del\n 2000, publicado en el Registro Oficial N0 157 del miércoles\n 6 de septiembre del 2000, se derogó el Reglamento para\n la Aprobación de las Corporaciones y Fundaciones del Sector\n Microempresarial;

\n\n

Que, el Art. 583 y siguientes, del Titulo XXIX, del Libro\n 1 del Código Civil, reafirma el principio de la libertad\n de asociación y concede a las personas sin distinción\n alguna el derecho de constituir, unidades económicas,\n corporaciones y fundaciones microempresariales, así como\n reconoce la facultad de la autoridad que otorgó la personería\n jurídica a disolverlas a pesar de la voluntad de sus miembros;

\n\n

Que, la Cámara Nacional de Microempresas, constituida\n mediante Acuerdo Ministerial 631 del 17 de diciembre de 1992,\n publicado en el R.O. 107 del 14 de enero de 1993, ha venido impulsando\n la generación de nuevas oportunidades de empleo formal\n e informal, mediante la constitución del sistema nacional\n de abastecimiento a la microempresa que genera servicios financieros\n y empresariales, y en tal virtud se hace necesario establecer\n políticas de apoyo al sector microempresarial entre las\n cuales se cuenta la expedición de instrumentos legales\n idóneos para su fomento;

\n\n

Que, es necesario otorgar personería jurídica\n a las microempresas y que las organizaciones no gubernamentales,\n deben integrarse al proceso de desarrollo, debiendo el Estado\n conocer y controlar sus actividades;

\n\n

Que, la Dirección de Asesoría Jurídica\n de esta Cartera de Estado, es la unidad competente para conocer,\n aprobar e informar sobre el establecimiento de la personalidad\n jurídica de las microempresas, corporaciones y fundaciones\n del sector microempresarial, así como el registro de sus\n directivas; y,

\n\n

En uso de la facultad contenida en el artículo 179,\n numeral 6 de la Constitución Política de la República\n y en cumplimiento de la delegación otorgada en el artículo\n 2 del Decreto Ejecutivo N0 715, publicado en el Registro Oficial\n N0 157 del 6 de septiembre del 2000,

\n\n

Acuerda:

\n\n

Expedir el "REGLAMENTO DE APROBACION DE LAS FUNDACIONES,\n CORPORACIONES Y ENTIDADES ECONOMICAS MICROEMPRESARIALES".

\n\n

TITULO I

\n\n

TITULO PRELIMINAR

\n\n

Art. 1. - Microempresa es una unidad económica operada\n por personas naturales, jurídicas o de hecho, formales\n o informales que se dedican a la producción, servicios\n y/o comercio.

\n\n

Art. 2. - La microempresa puede constituirse con ilimitado\n número de socios, siempre que laboren en la misma. Pudiendo\n éstas contratar hasta diez trabajadores.

\n\n

El capital máximo de la microempresa puede ser de hasta\n veinte mil dólares nortearnericanos, sin considerar inmuebles\n ni vehículos.

\n\n

La microempresa podrá optar por otras formas jurídicas\n permitidas por las leyes, o ejercer sus actividades, económicas\n individuales como personas naturales, en razón de su capital\n hasta el monto indicado, y estar registrados en la Cámara\n de Microempresas.

\n\n

TITULO II

\n\n

DE LA ORGANIZACION MICROEMPRESARIAL

\n\n

CAPITULO I

\n\n

CLASES DE ENTIDADES

\n\n

Art. 3. - Se reconoce a las siguientes entidades microempresariales:

\n\n

1. La Cámara Nacional de Microempresas, como organismo\n de tercer grado.

\n\n

2. El Consejo Nacional y Provincial de Cámaras, Federaciones\n Microempresariales existentes, como organismos de segundo grado.

\n\n

3. Las cámaras de microempresas cantonales, parroquiales\n y entidades sectoriales existentes de primer grado.

\n\n

Art. 4. - Se podrán constituir las siguientes entidades\n microepresariales:

\n\n

a) Microempresas, con ilimitado número de socios siempre\n que trabajen en la misma, con un capital de 200 USD;

\n\n

b) Fundaciones con un número de 5 personas naturales\n o 2 jurídicas y un capital de 500 USD; y,

\n\n

c) Corporaciones con un número de 10 personas naturales\n o 2 personas jurídicas y un capital de 1000 USD.

\n\n

CAPITULO II

\n\n

DE LOS REQUISITOS

\n\n

Art. 5. - Como requisitos para la constitución jurídica\n de una entidad microempresarial, los interesados deberán\n presentar los siguientes documentos:

\n\n

a) Acta constitutiva de la entidad en original y dos copias\n certificadas por el Secretario de la directiva provisional la\n misma que contendrá:

\n\n

- Los nombres y apellidos completos de los socios fundadores;

\n\n

- Las firmas autógrafas de los concurrentes con su\n número de cédula de identidad o de pasaporte. Los\n que no supieren firmar dejarán impresa su huella digital;

\n\n

b) Estatuto original y dos copias certificadas, con indicación\n de que el mismo fue discutido y aprobado en al menos dos sesiones\n por parte de la Asamblea General;

\n\n

c) Nómina de los socios fundadores, en orden alfabético,\n con la indicación de los nombres y apellidos completos,\n domicilio, nacionalidad, estado, profesión, oficio, ocupación,\n número de cédula de ciudadanía o de pasaporte,\n y firmas autógrafas, si son personas naturales; y, si\n son personas jurídicas, la razón social, el registro\n único de contribuyentes, el nombre del representante legal\n y su nombramiento debidamente legalizado, y el valor de su aporte\n económico;

\n\n

d) Copias fotostáticas de la cédula de ciudadanía\n y papeleta de votación de cada uno de los socios. En caso\n de ciudadanos extranjeros, copia del pasaporte con señalamiento\n de domicilio en el país;

\n\n

e) La entidad microempresarial indicará con precisión\n la dirección de su sede: calle, número, parroquia,\n cantón, provincia, número telefónico, fax,\n dirección de correo electrónico, silos tuviere,\n y además el lugar donde se recibirán notificaciones;\n y,

\n\n

f) Certificado de registro en la Cámara de Microempresas.

\n\n

Finalmente se adjuntarán estos documentos con una solicitud\n de aprobación del estatuto, patrocinado por un abogado\n y dirigida al Ministro de Trabajo y Recursos Humanos.

\n\n

CAPITULO III

\n\n

DEL ESTATUTO Y SU APROBACION

\n\n

Art. 6. - El estatuto deberá contener, básicamente,\n los siguientes datos:

\n\n

a) Nombre y domicilio de la entidad;

\n\n

b) Objetivo y fines específicos, claramente determinados;

\n\n

c) Estructura y entidad interna;

\n\n

d) Derechos y obligaciones de los socios;

\n\n

e) Régimen disciplinario;

\n\n

f) Régimen económico;

\n\n

g) Causas para disolución y liquidación;

\n\n

h) Destino de los bienes de la entidad en caso de disolución;\n e,

\n\n

i) Las demás que le asignen los socios.

\n\n

Art. 7. - Si la documentación de las fundaciones y\n corporaciones cumple con los requisitos establecidos en este\n reglamento, se procederá a la verificación física\n del caso.

\n\n

El informe contendrá los aspectos físicos, humanos,\n técnicos y económicos de la entidad a crear, y\n sólo se referirá a fundaciones y corporaciones.

\n\n

La verificación legal y física de las entidades\n microempresariales, estarán a cargo del Departamento de\n Estudios Jurídicos de este Ministerio.

\n\n

Para la constitución de las microempresas bastará\n la declaración de los bienes aportados.

\n\n

Art. 8. - Si los informes son favorables, la Dirección\n de Asesoría Jurídica, preparará para la\n firma del Ministro de Trabajo y Recursos Humanos, el respectivo\n acuerdo ministerial y la orden de registro pertinentes, otorgando\n personalidad jurídica a la entidad microempresarial, y\n aprobando su estatuto.

\n\n

CAPITULO IV

\n\n

DEL REGISTRO DE LA DIRECTIVA

\n\n

Art. 9. - Las entidades que hayan obtenido personalidad jurídica,\n inscribirán en la Dirección de Asesoría\n Jurídica del Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos,\n en el plazo de treinta días posteriores a la fecha de\n la elección, la directiva o sus cambios, presentando los\n siguientes documentos:

\n\n

a) Solicitud dirigida al Director de Asesoría Jurídica;

\n\n

b) Acta de Asamblea General en la que se eligió la\n directiva, debidamente certificada;

\n\n

c) Lista de socios asistentes a la sesión de la Asamblea\n General, con el señalamiento de nombres y apellidos completos,\n número de cédula de ciudadanía y firmas\n autógrafas; y,

\n\n

d) Domicilio de la entidad, teléfono, casilla postal,\n dirección de correo electrónico (para las entidades\n que cuenten con estos servicios).

\n\n

CAPITULO V

\n\n

DEL INGRESO Y SEPARACION DE SOCIOS

\n\n

Art. 10. - Las entidades que hayan aceptado nuevos socios\n o se hayan separado, deberán enviar la nómina a\n la Dirección de Asesoría Jurídica, para\n su registro dentro del plazo de 45 días contados desde\n la fecha en que se celebró el Directorio o la Asamblea\n General adjuntando los siguientes documentos:

\n\n

a) Solicitud dirigida al Jefe del Departamento de Estudios\n Jurídicos;

\n\n

b) Copia certificada del Acta de la Sesión de Directorio\n y/o Asamblea General en la que comiste el ingreso y aceptación\n del nuevo socio: y,

\n\n

c) Se remitirá los documentos personales de los socios\n aceptados, tales como cédula de identidad, papeleta de\n votación o pasaporte, y la certificación de los\n valores aportados.

\n\n

CAPITULO VI

\n\n

DE LA REFORMA AL ESTATUTO

\n\n

Art. 11. - Para obtener la aprobación de la reforma\n al estatuto Social, se presentarán los siguientes documentos\n con el patrocinio de un abogado:

\n\n

a) Solicitud al Ministro de Trabajo y Recursos Humanos;

\n\n

b) Actas de las dos sesiones de Asamblea General, en las que\n se resolvió y se aprobó las reformas, debidamente\n legalizada por el Secretario (a);

\n\n

c) Estatuto con las reformas propuestas, adjuntando dos copias\n del mismo debidamente certificado por el Secretado de la entidad;\n y,

\n\n

d) Copias del registro único de contribuyentes de la\n entidad, cédula de identidad y papeleta de votación\n del representante legal.

\n\n

TITULO II

\n\n

DE LA DISOLUCION DE LAS ENTIDADES PREVISTAS EN EL ART. 4 literales\n a), b) y c)

\n\n

CAPITULO I

\n\n

CAUSALES DE DISOLUCION

\n\n

Art. 12. - Son causales de disolución de estas entidades\n las siguientes:

\n\n

a) Comprometer la seguridad del Estado, la paz ciudadana y\n el orden público;

\n\n

b) Desviar o no cumplir los fines para los que fue creada;

\n\n

c) Disminuir el número de socios a menos del 50%;

\n\n

d) Por las causas previstas en el estatuto social de la entidad;\n y,

\n\n

e) No haber ejecutado ninguna actividad en tres años,\n ni presentar la información detallada en el Art. 13.

\n\n

CAPITULO II

\n\n

DEL INFORME

\n\n

Art. 13. - Las entidades microempresariales presentarán\n al Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos, un informe anual\n de actividades, en el cual se incluirá el detalle económico\n correspondiente, hasta el 30 de mayo de cada año.

\n\n

Art. 14. - De no presentar el referido informe esta Cartera\n de Estado le concederá un plazo adecuado para que lo presente,\n o justifique el retardo. De no hacerlo; o si, de la información\n presentada se comprueba que la entidad ha incurrido en una de\n las causales de disolución, el Ministerio de Trabajo y\n Recursos Humanos, dictará el Acuerdo Ministerial declarando\n la disolución de la entidad.

\n\n

TITULO III

\n\n

DE LAS FUNDACIONES, CORPORACIONES Y ORGANIZACIONES ECONOMICAS\n MICROEMPRESARIALES

\n\n

CAPITULO I

\n\n

REGLAS GENERALES

\n\n

Art. 15. - El Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos, a\n través de la Dirección de Asesoría Jurídica,\n supervigilará el cumplimiento de los fines y objetivos\n de las microempresas, fundaciones y corporaciones, aprobadas\n por esta Secretada de Estado.

\n\n

Art. 16. - Los proyectos, planes y programas que ejecuten\n las entidades microempresariales, deberán estar acordes\n y en estricta armonía con los fines y objetivos establecidos\n en su estatuto; contendrán metas, tareas específicas,\n forma de financiamiento e impacto social.

\n\n

Art. 17. - Las microempresas, fundaciones, corporaciones,\n no podrán realizar actividades que atenten contra la seguridad,\n las buenas costumbres y el orden público, tampoco desviar\n sus fines o realizar actividades partidistas, religiosas, o de\n discriminación racial o de género.

\n\n

Art. 18. - En caso de cambio de domicilio de la microempresa,\n fundación o corporación, deberá obligatoriamente\n informar a la Dirección de Asesoría Jurídica\n de este ministerio.

\n\n

Art. 19. - Los recursos que reciban las microempresas. fundaciones\n o corporaciones por concepto de subvención estatal, están\n sujetos a vigilancia de la Contraloría General del Estado,\n de conformidad con el Acuerdo Nro. 009CG de 31 de marzo de 1995,\n publicado en el Registro Oficial Nro. 676 de 17 de abril de 1995.

\n\n

Art. 20. - Los bienes que importen o reciban las organizaciones\n gremiales, las microempresas, corporaciones o fundaciones, en\n calidad de donaciones, al amparo de exoneración total\n o parcial de impuestos especiales o generales, se someterán\n a lo estipulado en la Ley General de Aduanas y su reglamento.\n De comprobarse la introducción indebida, los organismos\n de control establecerán las responsabilidades legales\n pertinentes.

\n\n

Art. 21. - Para el caso del destino de los bienes de una microempresa,\n fundación o corporación, disuelta por el Ministerio\n de Trabajo y Recursos Humanos, se observará lo dispuesto\n en el estatuto social de la misma; si no hubiere tal disposición\n se procederá conforme lo establecido en el Art. 598 del\n Código Civil, o se dispondrá lo que el Ministro\n señale.

\n\n

Art. 22. - Establécese como Día Nacional de\n la Microempresa el 8 de septiembre de cada año.

\n\n

Art. 23. - Las microempresas, fundaciones, corporaciones y\n demás entidades microempresariales, deben registrarse\n en las cámaras de microempresa de su respectiva jurisdicción\n o crear las que consideren necesarias, si no las hubiere, de\n acuerdo a los estatutos vigentes de la Cámara Nacional\n de Microempresas.

\n\n

 

\n\n

TITULO IV

\n\n

DISPOSICIONES GENERALES

\n\n

PRIMERA: Toda la documentación para aprobación\n y reforma del estatuto, registro de directiva, ingreso, expulsión\n y renuncia de socios, se presentará en una carpeta debidamente\n foliada, en el Archivo General del Ministerio de Trabajo y Recursos\n Humanos, que asignará el número de trámite\n respectivo y remitirá a la Dirección de Asesoría\n Jurídica (Departamento de Estudios Jurídicos),\n para el estudio correspondiente.

\n\n

SEGUNDA: Las entidades microempresariales existentes y que\n se crearen con sujeción a este reglamento gozarán\n de los beneficios establecidos en la ley.

\n\n

TERCERA: El nombre de una entidad no puede ser igual al de\n otra que se halle reconocida legalmente en esta Secretaría\n de Estado.

\n\n

CUARTA: La Dirección de Asesoría Jurídica\n del Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos, llevará\n un registro actualizado con los siguientes datos:

\n\n

a) Nombre y domicilio de la entidad;

\n\n

b) Fecha de concesión de la personería jurídica\n y aprobación del estatuto;

\n\n

c) Reformas introducidas al estatuto, número de acuerdo\n ministerial y fecha;

\n\n

d) Registro actualizado del representante legal y su directorio;

\n\n

e) Ingreso, expulsión y renuncia de socios:

\n\n

f) Conflictos de la entidad; y,

\n\n

g) Informe de actividades administrativas y económicas\n de cada año.

\n\n

QUINTA: El cumplimiento del presente Reglamento será\n de competencia de la Dirección de Asesoría Jurídica\n y los departamentos legales, con sede en las ciudades de Quito,\n Guayaquil, , Cuenca y Ambato, dentro de sus respectivas jurisdicciones.

\n\n

SEXTA: El Consejo Nacional de Salarios, establecerá\n políticas remunerativas en beneficio de la microempresa.

\n\n

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

\n\n

PRIMERA: Por esta sola ocasión se concede el plazo\n de 90 días, para la reinscripción y cumplimiento\n de estos requisitos, a todas las fundaciones y corporaciones\n aprobadas por esta Cartera de Estado, las cuales deberán\n remitir toda la documentación del caso a la Dirección\n de Asesoría Jurídica de este Portafolio, presentando\n los requisitos establecidos en la convocatoria qué para\n el efecto se publicará en los diarios de mayor circulación\n nacional.

\n\n

SEGUNDA: Las solicitudes de concesión de personalidad\n jurídica, presentadas hasta el 6 de septiembre del 2000,\n se sujetaran para su aprobación al reglamento vigente\n a esa fecha.

\n\n

El presente reglamento entrará en vigencia sin perjuicio\n de su publicación en el Registro Oficial.

\n\n

Dado en Quito, a 10 de enero del 2001

\n\n

f) Ab. Martín Insua Chang, Ministro de Trabajo y Recursos\n Humanos.

\n\n

 

\n\n

Nro. 195\n - 2000 - TP

\n\n

"EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n\n

En el caso signado con el Nro. 001 ­\n 2000 - TC

\n\n

ANTECEDENTES: El Presidente de la República, de acuerdo\n al número 1 del articulo 277 de la Constitución,\n demanda la inconstitucionalidad, por vicios de forma, de la Ley\n 99 - 46 Interpretativa a la Ley Especial de Rehabilitación\n del Banco de Préstamos SA.. en liquidación.

\n\n

Que, dicha ley se publicó en el Registro Oficial Nro.\n 329 de 30 de noviembre de 1999. sin que se haya puesto en conocimiento\n del Presidente de la República, para los fines previstos\n en el artículo 153 de la Constitución.

\n\n

Que, el Congreso Nacional ha actuado de ese ¡nodo amparado\n en al articulo 73 de la Ley Orgánica de la Función\n Legislativa que señala que una vez aprobadas las leyes\n especiales interpretativas por parte de la Legislatura éstas\n se envían al Registro Oficial para su publicación,\n lo que se explicaba en el contexto de la codificación\n constitucional vigente hasta el 10 de agosto de 1998, que establecía\n un trámite distinto para la aprobación de las leyes\n especiales interpretativas, incluso para los casos de interpretación\n de la Constitución.

\n\n

Que, el Congreso Nacional tiene la facultad de interpretar\n la ley con carácter generalmente obligatorio y dicha atribución\n se ejerce mediante ley, de acuerdo con los artículos 130\n número 5 y 141 número 7 de la Constitución.

\n\n

Que, la tramitación de dicha ley interpretativa se\n sujeta al tramite ordinario, pues la Constitución, desde\n que la Carta Fundamental no ha establecido ningún trámite\n especial para la aprobación de esta clase de preceptos,\n más aún cuando la misma Constitución, en\n su articulo 284 remite al trámite ordinario la aprobación\n de normas de interpretación constitucional.

\n\n

Que, respecto de la ley interpretativa, el Congreso Nacional\n debió aplicar el artículo 153 que ordena que, luego\n de su aprobación. el respectivo proyecto debe ser enviado\n al Presidente de la República para su sanción u\n objeción.

\n\n

Que, el artículo 73 de la Ley Orgánica de la\n Función Legislativa no debe ser aplicado por encontrarse\n en contradicción con la Constitución.

\n\n

Por su parte, el Presidente del Congreso Nacional señala\n que, de acuerdo con el artículo 130, número 5 de\n la Constitución, al Congreso Nacional le corresponde realizar\n la interpretación auténtica, además de otras\n facultades que le conceda la misma Constitución y las\n leyes.

\n\n

Que, la Ley Orgánica de la Función Legislativa\n fue reformada el 31 de julio de 1.998, para que guarde conformidad\n con la codificación constitucional que entraría\n en vigencia el 10 de agosto del mismo año, reiterando\n la facultad legislativa de interpretar las leyes, con carácter\n generalmente obligatorio, en los términos del articulo\n 73 de dicha ley orgánica, el que señala que luego\n de aprobadas las leyes especiales interpretativas se publican\n en el Registro Oficial.

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, el Tribunal Constitucional es competente para conocer\n y resolver el presente caso, de conformidad con lo que dispone\n el artículo 276, número 1 de la Constitución;

\n\n

Que, no se ha omitido solemnidad sustancial alguna que pueda\n incidir en la resolución de la causa, por lo que se declara\n su validez;

\n\n

Que, dentro de la historia constitucional ecuatoriana, en\n el articulo 24 del tercer bloque de reformas a la Constitución\n Política de la República, publicada en Registro\n Oficial Nro. 863 de 16 de enero de 1996, se incorpora al texto\n constitucional la figura de la ley especial interpretativa, con\n el exclusivo propósito de que, en caso de duda sobre el\n alcance de las normas contenidas en la Constitución, el\n Congreso las interprete con carácter generalmente obligatorio,\n y que se mantuvo con esa denominación de leyes especiales\n interpretativas hasta la codificación constitucional vigente\n hasta el 10 de agosto de 1998:

\n\n

Que, dentro del trámite previsto para la formación\n de las leyes especiales interpretativas de la Constitución\n la Carta Política previó "dos debates, en\n días distintos, con el voto favorable de las dos terceras\n partes de la totalidad de sus miembros. Una vez aprobada, se\n ordenará su promulgación en el Registro Oficial",\n texto contenido en el artículo 24 del tercer bloque de\n reformas a la Constitución Política de la República\n y que se mantuvo hasta la vigencia de la actual codificación\n constitucional aprobada por la Asamblea Nacional de 1998;

\n\n

Que, en resumen, el trámite de formación de\n la ley especial interpretativa de la Constitución era\n equivalente al de formación de la ley, con la salvedad\n del quórum de aprobación y el establecimiento de\n una excepción a la facultad presidencial de sancionar\n u objetar los proyectos de ley aprobados por el Congreso Nacional;

\n\n

Que, las diversas codificaciones de la Constitución\n de 1978 - 79, hasta la reforma de 1998, previeron la facultad\n presidencial de sancionar u objetar los proyectos de ley aprobados\n por el Congreso, con la excepción de la derogatoria de\n los decretos - leyes promulgados por el Presidente de la República\n ante la Comisión Legislativa de tramitar los proyectos\n de ley en materia económica iniciados por el Jefe de Estado\n y calificados por éste de urgentes, además de la\n citada aprobación de las leyes especiales interpretativas\n a la Constitución en las que se excluyó la sanción\n presidencial;

\n\n

Que, el artículo 15 de la Ley 129 - PCL, reformatoria\n a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, publicada\n en Suplemento del Registro Oficial Nro. 995 de 24 de julio de\n 1996, que sustituye la Sección I, de la interpretación,\n del Capítulo 1, del Título III de la Ley Orgánica,\n en su inciso segundo señala: "El Congreso Nacional\n podrá interpretar las disposiciones legales y lo hará\n mediante ley especial interpretativa que urna vez aprobada se\n enviará para su publicación en el Registro Oficial";

\n\n

Que, la disposición citada en el considerando precedente,\n por una parte, agregó la facultad legislativa de interpretar\n la ley por medio de leyes especiales interpretativas las que\n se encontraban previstas en la Constitución con el exclusivo\n propósito de interpretar las nominas constitucionales\n y, por otra parte, agrega una norma de exclusión de la\n atribución presidencial de sancionar u objetar los proyectos\n de ley aprobados por el Congreso Nacional;

\n\n

Que, en el texto de la codificación constitucional\n vigente se establecen dos clases de preceptos legales, de acuerdo\n al inciso primero del articulo 142 de la Constitución\n las leyes orgánicas y las leyes ordinarias;

\n\n

Que, en el artículo 142 de la Constitución se\n encuentra establecida la reserva legal máxima de las leyes\n orgánicas, de conformidad con el inciso final del mismo\n artículo 142, las materias no incluidas en dicha reserva\n serán leyes ordinarias, cuyo dominio legal mínimo\n se encuentra señalado en el artículo 141 de la\n Constitución;

\n\n

Que, entre las materias reservadas a las leyes ordinarias,\n en el artículo 141, numero 7, se encuentran las nominas\n que interpretan ala ley con carácter generalmente obligatorio;

\n\n

Que, el artículo 284 del texto constitucional vigente,\n al igual que en las codificaciones de la Constitución\n de '1978 - 79 a partir de 1996, señala que en caso de\n duda sobre el alcance de normas constitucionales el Congreso\n Nacional dictará la correspondiente norma interpretativa,\n agregando que "su trámite será el establecido\n para la expedición de las leyes", con el establecimiento\n de un quórum calificado de aprobación de las dos\n terceras partes del total de integrantes del Congreso Nacional;

\n\n

Que, tanto las nominas interpretativas a la Constitución\n como las leyes interpretativas de la ley se aprueban por el Congreso\n Nacional a través del trámite ordinario;

\n\n

Que, de acuerdo con el articulo 171, número 4 de la\n Constitución es facultad del Presidente de la República\n el participar en el proceso de formación y promulgación\n de las leyes, en la forma prevista por la Constitución;

\n\n

Que, dentro del proceso de formación de la ley orgánica\n y ordinaria, el artículo 153 de la Constitución\n señala que:
\n "Aprobado el proyecto, el Congreso lo enviará inmediatamente\n al Presidente de la República para que lo sancione u objete";

\n\n

Que, el texto constitucional vigente, a diferencia de las\n anteriores codificaciones de la Constitución de 1978 -\n 79, no establece ninguna excepción a la atribución\n presidencial de sancionar u objetar los proyectos de ley aprobados\n por el Congreso;

\n\n

Que, la Ley Orgánica de la Función Legislativa,\n cuerpo normativo subordinado a la Constitución, no puede\n establecer excepciones a la atribución constitucional\n mencionada en el considerando precedente, ni modificar el trámite\n constitucional de formación de la ley;

\n\n

Que, en el texto de la ley interpretativa materia del presente\n caso, publicado en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 329\n de 30 de noviembre de 1999, no aparece que el Presidente de la\n República la haya sancionado;

\n\n

Que, este Tribunal debe hacer presente que tanto los proyectos\n de ley que interpreten normas de carácter legal, que son\n preceptos de carácter ordinario, como las normas interpretativas\n a la Constitución deben pasar por la sanción presidencial,\n previa a su promulgación en el Registro Oficial, de acuerdo\n a las nominas constitucionales vigentes; y,

\n\n

Por lo expuesto y en ejercicio de sus atribuciones,
\n Resuelve:

\n\n

1. Declarar la inconstitucionalidad, por vicios de forma,\n de la Ley Nro. 99 - 46 interpretativa a la Ley Especial de Rehabilitación\n del Banco de Préstamos S.A., en liquidación.

\n\n

2. Exhortar al H. Congreso Nacional, para dentro del ámbito\n de su competencia, de cumplimiento con el procedimiento formal\n en la expedición de la Ley No. 99 - 46 interpretativa\n a la Ley Especial de Rehabilita-ción del Banco de Préstamos\n S.A., en liquidación.

\n\n

3. Publicar la presente resolución en el Registro Oficial.\n - Notifíquese".

\n\n

f) Dr. René de la Torre Alcívar, Presidente.

\n\n

Razón: Siento por tal, que la resolución que\n antecede fue aprobada con ocho votos a favor correspondientes\n a los doctores Guillermo Castro, Oswaldo Cevallos, Luis Chacón,\n Carlos Helou, Luis Mantilla, Marco Morales, Hernán Salgado\n y René de la Torre y un voto en contra del doctor Hernán\n Rivadeneira, en sesión de catorce de diciembre del dos\n mil. - Lo certifico.

\n\n

f.) Dr. Fausto Garcés Pástor, Secretario General.

\n\n

Tribunal Constitucional. - Es fiel copia del original. - Quito,\n a 15 de enero del 2001.

\n\n

f) El Secretario General.

\n\n

VOTO SALVADO DEL DOCTOR HERNÁN RIVADENEIRA JÁTIVA

\n\n

CASO N0 001 - 2000 - TC

\n\n

Me aparto del criterio de la mayoría del Tribunal,\n en base a los siguientes fundamentos:

\n\n

1. El numeral 5 del artículo 130 de la Constitución\n determina la atribución privativa del Congreso Nacional\n para interpretar las leyes de manera generalmente obligatoria.\n Esto implica que no puede existir otro organismo o autoridad\n pública que comparta esta atribución parlamentaria.

\n\n

2. Una vez aprobada la Constitución vigente, el Congreso\n Nacional dictó su Ley Orgánica de la Función\n Legislativa, publicada en el Registro Oficial N0 373 de 31 de\n julio de 1998, precisamente para compaginar su texto a la nueva\n Carta Política. Entonces en el artículo 73 de esta\n ley, se precisa la facultad de interpretación por medio\n de una ley especial, la misma que, una vez aprobada, se publique\n directamente en el Registro Oficial.

\n\n

Esta norma por tanto, desarrolla y precisa lo prescrito en\n el numeral 7 del artículo 141 de la Constitución.

\n\n

f) Dr. Hernán Rivadeneira Játiva.

\n\n

Tribunal Constitucional. - Es fiel copia del original. - Quito,\n a 15 de enero del 2001.

\n\n

f) El Secretario General.

\n\n

 

\n\n

N0 183\n - 2000

\n\n

JUICIO LABORAL QUE SIGUE BENITO PEÑARRETA\n CONTRA MUNICIPIO DE SHUSHUFINDI.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n PRIMERA SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL

\n\n

Quito, a 11 de octubre del 2000; las 09h20.

\n\n

VISTOS: El presente proceso ha subido a conocimiento de esta\n Sala por el recurso de casación que interpusieron el actor,\n Benito Amador Peñarreta, y la parte demandada, Municipalidad\n de Shushufindi a través de sus presentantes legales, respecto\n de la sentencia dictada por la Corte Superior de Justicia de\n Nueva Loja en la que se reforma lo resuelto en su oportunidad\n por el Juez Segundo de lo Civil de Sucumbios que declaró\n con lugar parcialmente, la demanda. Siendo el estado de proceso\n el de resolver sobre el recurso planteado, para hacerlo, se considera:\n PRIMERO. - La competencia de la Sala está radicada por\n la razón actuarial constante a fs. 1 de este nivel y de\n conformidad con el Art. 1 de la Ley de Casación. SEGUNDO.\n - Al plantear su recurso el actor puntualiza las normas de derecho\n que ha su juicio han sido infringidas en la sentencia que impugna\n fundando el recurso en las causales 1era, y 3era., del Art. 3\n de la Ley de Casación, fundamentándolo, en síntesis,\n en los siguientes términos: que en la sentencia impugnada\n se acepte su derecho a cobrar las indemnizaciones que por violación\n de la estabilidad le reconoce el contrato colectivo, esto es,\n sesenta meses de remuneración total, fijada por la propia\n Sala en un millón cuarenta y siete mil, no obstante lo\n cual se calcula el monto tomando en cuenta un sueldo muy inferior\n con el natural perjuicio en contra de sus intereses. A su vez,\n la parte demandada sostiene al plantear su recurso, fundándolo\n en la causal 1era. del Art. 3 de la Ley de Casación, que\n en la sentencia se ha infringido el Art. 181 del Código\n del Trabajo y 119 del Código de Procedimiento Civil, fundamentándolo\n en términos generales de la siguiente forma; que se ha\n inaplicado el Art. 181 del Código del Trabajo que sirvió\n de base para terminar las relaciones laborales con el actor y\n en razón de lo cual se le pagó el 50% de indemnizaciones,\n siendo por lo mismo impropio aplicar otras nominas laborales\n previstas para el despido intempestivo, pues no se trata de eso\n sino de una terminación anticipada de un contrato legalmente\n suscrito. TERCERO. - Queda claro entonces que la parte demandada\n única su recurso desde la perspectiva que la relación\n laboral existente entre los litigantes no es de orden permanente\n o indefinido, sino más bien, eventual, temporal, al tiempo\n fijo, etc., mientras que el actor sostiene que el vínculo\n es permanente y que por lo mismo al despedírselo intempestivamente\n debía pagársele la indemnización contractual\n a base de su última remuneración que la propia\n Sala de instancia fijó en un millón cuarenta y\n siete mil sucres y no con otro menor; además según\n el actor, en la resolución impugnada no se ordenó,\n el pago de algunos rubros, legales y contractuales. Procede entonces\n analizar las actuaciones procesales que tienen que ver con la\n sentencia impugnada. a efecto de establecer con precisión\n la naturaleza real de la relación laboral habida entre\n las partes, pues de ellos depende los derechos que invoca el\n actor, hecho lo cual se hacen las siguientes puntualizaciones:\n según la información procesal. certificado del\n IESS fs. 72 y otras, el actor prestó SUS servicios a la\n empresa demandada en forma ininterrumpida desde el mes de marzo\n de 1997, hasta diciembre de 1998; esto es, veintiún meses,\n tiempo que según otros, datos procesales (contratos, finiquitos,\n etc.). laboró en proyectos de pantanos artificiales y\n otros como "entubador". Tal relación se estableció\n mediante sucesivos contratos celebrados entre los litigantes\n con duración de entre seis y doce meses a los que indistintamente\n se los llamaba eventuales y a plazo fijo, o simplemente eventuales,\n etc.: pues bien, es verdad que el Código del Trabajo consagra\n en la clasificación de los contratos individuales el de\n "por tiempo fijo, por tiempo indefinido, de temporada, eventual\n y ocasional", más en ninguna de estas clasificaciones\n (Art. 17) encaja el que sucesivamente celebraron los litigantes,\n excepción hecha en el de tiempo indefinido. De tal manera\n que no tiene sustento la impugnación hecha por los demandados\n respecto a la naturaleza del contrato, individual celebrado con\n el actor, siendo evidente que se trata de un contrato a tiempo\n indefinido por más que se lo haya tra

 

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