Registro Oficial. 15 de ENERO del 2001

Lunes, 15 de enero de 2001

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

\n

\n \n \n \n
   MES DE ENERO DEL 2001
\n \n \n \n
\n

\n
 

\n\n

REGISTRO\n OFICIAL
\n
ORGANO\n DEL GOBIERNO DEL ECUADOR

\n\n

Administración\n del Sr. Dr. Gustavo Noboa Bejarano
\n Presidente Constitucional de la República

\n\n

Lunes\n 15 de Enero del 2001 - No. 244

\n\n

TRIBUNAL\n CONSTITUCIONAL

\n\n

EDMUNDO\n ARIZALA ANDRADE
\n DIRECTOR ENCARGA

\n\n

 

\n\n

FUNCION\n LEGISLATIVA

\n\n

LEYES:

\n\n

2001-34 Ley de Creación de la Universidad\n Alfredo Perez Guerrero

\n\n

2001-35 Ley Reformatoria a la Ley\n de Creación del Cantón Olmedo

\n\n

2001-36\n Ley Reformatoria\n a la Ley de Creación del Cantón Cuyabeno
\n  
\n
RESOLUCION:

\n\n

SUPERINTENDENCIA\n DE BANCOS:

\n\n

SB-INS-2000-334 Apruébase la escisión\n de OLYMPUS S.A. Compañia de Seguros y Reaseguros y la\n creación de AMEDEX S.A. Compañia de Seguros y Reaseguros,\n con domicilio en el Distrito Metropolitano de Quito.
\n  
\n FUNCION\n JUDICIAL

\n\n

CORTE\n SUPREMA DE JUSTICIA SALA ESPECIALIZADA DE LO FISCAL:
\n
 
\n Recursos de casación en los juicios seguidos por las siguientes\n personas:
\n  
\n 100-93 Compañia Constructora\n Colón Cía. Ltda. en contra del Servicio de Rentas\n Internas

\n\n

21-96 Banco de Los Andes S.A. en\n contra del Director General de Rentas

\n\n

43-97 Víctor Hugo Guerra\n Villena en contra del Director General de Rentas

\n\n

47-97 Jhon William Cardozo Quinteros en contra\n del Director General de Rentas

\n\n

49-97 José Flavio Moreira Echeverria\n en contra del Director General de Rentas

\n\n

51-97 Ivonne Piedad Lupino Avellán en\n contra del Director General de Rentas

\n\n

55-97\n Maria de\n Lourdes Alvarado Aguilera en contra del Director General de Rentas

\n\n

57-97 Manuel Marcos Cabrera Cordero\n en contra del Director General de Rentas

\n\n

63-97 José Félix Sasintuña\n Quingaluisa en contra del Director General de Rentas

\n\n

65-97 César Gerardo Almeida Reyes en\n contra del Director General de Rentas

\n\n

71-97 Mauricio Eduardo Delgado Cruz en contra\n del Direetor General de Rentas
\n  
\n
ORDENANZAS\n MUNICIPALES:
\n  
\n
Cantón\n Azogues: Que reforma a la Ordenanza de aseo público,\n recolección de basura y cobro de la tasa por el servicio\n en la ciudad y los centros urbanos de las parroquias rurales

\n\n

Cantón\n Azogues:\n Sustitutiva\n para el cobro de las contribuciones especiales de mejoras por\n obras ejecutadas

\n\n

AVISOS\n JUDICIALES:
\n  
\n
Muerte\n presuata del señor Julio Alberto Etcheverry Zaldumbide\n (1ra. publicación)

\n\n

Muerte\n presunta del\n señor Segundo Ismael Valenzuela Fuentes (1ra. publicación)

\n\n

Juicio\n de expropiación\n seguido por el llustre Municipio del Cantón Chaguarpamba,\n provincia de Loja (2da. publicación)

\n\n

Muerte\n presunta del\n señor Julio César Llumiquinga Olalla (2da. publicación)

\n\n

Muerte\n presunta del\n señor José Alfonso Buestán Aguilar (3ra.\n publicación)

\n\n

Muerte\n presunta del\n señor Edison Efrén Herrera Andi (3ra. publicación)

\n\n

Muerte\n presunta del\n señor Francisco Rojas Quezada Hermida (3ra. publicación)

\n\n

Muerte\n presunta del\n señor Ramiro Iván Lasso Hidalgo (3ra. publicación)\n

\n \n
\n

 

\n\n

PRESIDENCIA\n DE LA REPUBLICA

\n\n

Oficio N0 SGA. 0000075.

\n\n

Quito, 5 de enero de 2001.

\n\n

Señor
\n Edmundo Arízala
\n Director del Registro Oficial. (E)

\n\n

En su Despacho

\n\n

De mi consideración:

\n\n

De conformidad con lo que dispone\n la Constitución Política de la República,\n le remito para su publicación en el Registro Oficial lo\n siguiente:

\n\n

o N0 200 1 - 34. LEY DE CREACION\n DE LA UNIVERSIDAD ALFREDO PEREZ GUERRERO.

\n\n

o N0 2001 - 35. LEY REFORMATORIA\n A LA LEY DE CREACION DEL CANTON OLMEDO.

\n\n

o N0 2001 - 36. LEY REFORMATORIA\n A LA LEY DE CREACION DEL CANTON CUYABENO.

\n\n

Así mismo, le remito los\n auténticos de las leyes, en mención, sancionadas\n por el Ministerio de la Ley, para que sean devueltos al Congreso\n Nacional, una vez que se publiquen en el Registro Oficial.

\n\n

Atentamente,
\n DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

\n\n

f) Marcelo Santos Vera, Secretario\n General de la Administración Pública

\n\n

 

\n\n

N° 2001\n - 34

\n\n

EL CONGRESO NACIONAL

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, la Constitución Política\n de la República del Ecuador garantiza el desarrollo de\n la educación particular, a través de la creación\n legal de instituciones de educación superior que formen\n profesionales con excelencia científica y técnica\n y reconoce a los padres el derecho de dar a sus hijos la educación\n que a bien tuvieren;

\n\n

Que, en la ciudad de Quito, viene\n funcionando desde septiembre de 1990, el Instituto Tecnológico\n Americano, con las carreras de Administración de Empresas\n y Programación de Sistemas;

\n\n

Que, el proyecto académico\n general presentado por los promotores de esta universidad demuestra\n que cuenta con una adecuada propuesta académica y de recursos\n humanos capacitados, que la institución cuenta con los\n recursos físicos y económico - financieros necesarios\n para garantizar el eficiente cumplimiento de sus fines y objetivos;

\n\n

Que, el CONUEP, en sesión\n del 17 de agosto de 1999, ha emitido el informe legal favorable\n para la creación de la Universidad "Alfredo Pérez\n Guerrero", en consideración a que cumple con los\n requisitos establecidos en el articulo 7 de la Ley de Universidades\n y Escuelas Politécnicas, según consta en la certificación\n emitida por el Secretario General encargado de la mencionada\n institución;

\n\n

Que, el informe emitido por el\n CONUEP guarda concordancia con lo dispuesto en la Ley de Educación\n Superior, Disposición Transitoria Decimoctava; y,

\n\n

En ejercicio de sus facultades\n constitucionales y legales, expide la siguiente:

\n\n

LEY DE CREACION DE LA UNIVERSIDAD\n ALFREDO PEREZ GUERRERO

\n\n

Art. 1. - Créase la Universidad\n Alfredo Pérez Guerrero, como entidad de derecho privado,\n con personería jurídica, de carácter autónomo\n y sin fines de lucro. Sus actividades se regularan de conformidad\n con las disposiciones de la Constitución Política\n de la República, la Ley de Educación Superior,\n el Estatuto y la reglamentación que se dicte en el marco\n jurídico sobre la materia.

\n\n

Art. 2. - La Universidad Alfredo\n Pérez Guerrero tendrá su domicilio principal en\n la ciudad de Quito, provincia de Pichincha.

\n\n

Art. 3. - La Universidad "Alfredo\n Pérez Guerrero" contará con las siguientes\n especialidades académicas:
\n
\n CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS

\n\n

1. Gerencia de Empresas;
\n 2. Banca y Finanzas; y,
\n 3. Administración Turística y Hotelera.

\n\n

INFORMÁTICA

\n\n

1. Programación de Sistemas.

\n\n

Art. 4. - El patrimonio y las\n fuentes de financiamiento de la Universidad Alfredo Pérez\n Guerrero, estará constituido por:

\n\n

a) Los recursos económicos\n y bienes del Instituto Tecnológico Americano;

\n\n

b) Los bienes inmuebles y activos\n de propiedad del patrocinador, que transfiere a la Universidad;

\n\n

c) Los providentes de matriculas\n y aranceles;

\n\n

d) Los recursos autogenerados\n y de cooperación nacional o internacional;

\n\n

e) Los recursos provenientes\n de proyectos y servicios que preste la Universidad; y,

\n\n

f) Los recursos que provengan\n de legados y donaciones que le hicieren a cualquier titulo personas\n naturales, y las donaciones de personas jurídicas, nacionales\n o internacionales.

\n\n

La Universidad Alfredo Pérez\n Guerrero no recibirá asignación alguna proveniente\n del Presupuesto del Estado.

\n\n

Art. 5. - La Universidad Alfredo\n Pérez Guerrero concederá becas a estudiantes destacados\n y de escasos recursos económicos, en un porcentaje mínimo\n del 10% de los alumnos matriculados, de acuerdo a la normatividad\n que expida al efecto.

\n\n

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

\n\n

PRIMERA. - El doctor Jorge Enríquez\n Páez, patrocinador de la creación de la Universidad\n Alfredo Pérez Guerrero, se encargará del rectorado\n y tiene la misión de organizar la Universidad, de acuerdo\n a lo dispuesto en la Ley de Educación Superior.

\n\n

SEGUNDA. - El máximo organismo\n colegiado superior que se designe de conformidad con la ley,\n dentro de los sesenta días posteriores a su conformación\n elaborará el estatuto de la institución y lo someterá\n a la aprobación del Consejo Nacional de Educación\n Superior CONESUP.

\n\n

TERCERA. - Para su organización\n la Universidad Alfredo Pérez Guerrero, se sujetará\n a las disposiciones establecidas en la Ley de Educación\n Superior y a las disposiciones pertinentes del Estatuto de la\n Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en todo aquello\n que fuere aplicable, hasta que entre en plena vigencia el Estatuto\n de la Universidad.

\n\n

CUARTA. - En el lapso de seis\n años la Universidad Alfredo Pérez Guerrero no podrá\n impartir cursos para graduar a egresados de otras universidades\n en las especialidades contempladas en esta ley, como tampoco\n en otras carreras.

\n\n

QUINTA. - Luego de cuatro años\n de funcionamiento, la Universidad Alfredo Pérez Guerrero\n podrá impartir cursos de posgrado relacionados con las\n especialidades que imparta, dichos programas deberán someterse\n a la normatividad que sobre esta materia establezca el CONESUP.

\n\n

SEXTA. - El doctor Jorge Enríquez\n Páez, patrocinador de la Universidad, mediante escritura\n pública debidamente inscrita, transfiere, en calidad de\n donación a la Universidad Alfredo Pérez Guerrero,\n el inmueble oficina, de su propiedad, número 21 - E, ubicado\n en el duodécimo piso alto del bloque "E", del\n edifico El Girón así como los activos correspondientes.

\n\n

DISPOSICION FINAL

\n\n

La presente Ley entrará\n en vigencia a partir de su publicación en el Registro\n Oficial.

\n\n

Dada en la ciudad de San Francisco\n de Quito, Distrito Metropolitano, en la sala de sesiones del\n Congreso Nacional a los doce días del mes de diciembre\n del año dos mil.

\n\n

f.) Abg. Hugo Quevedo Montero,\n Presidente.

\n\n

f.) Dr. Andrés Aguilar\n Moscoso, Secretario General.

\n\n

Palacio Nacional, en Quito, a\n cinco de enero del año dos mil uno.

\n\n

Certifico que la presente Ley\n fue sancionada por el Ministerio de la Ley.

\n\n

f.) Marcelo Santos Vera, Secretario\n General de la Administración Pública.

\n\n

Es fiel copia del original.

\n\n

Lo certifico: f.) Marcelo Santos\n Vera, Secretario de la Administración Pública.

\n\n

 

\n\n

N0\n 2001 - 35

\n\n

EL CONGRESO NACIONAL

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, en el articulo 2 de la Ley\n de Creación del Cantón Olmedo, no consta la parroquia\n La Tingue entre las jurisdicciones integrantes del mencionado\n cantón;

\n\n

Que, en el artículo 3\n de la Ley de Creación del Cantón Olmedo de la provincia\n de Loja, publicada en el Registro Oficial N0 9 del 24 de febrero\n de 1997, el ámbito jurisdiccional político - administrativo\n de la parroquia La Tingue, esta circunscrito dentro de los límites\n del cantón Olmedo y por lo tanto forma parte del mismo;

\n\n

Que, existen informes de la Comisión\n Especial de Limites Internos de la República, CELIR, constantes\n en oficios N0 06, 017 y 026 del 5 y 9 de enero y 9 de marzo de\n 1998, en su orden, en los que se recomienda que la parroquia\n La Tingue sea constitutiva del cantón Olmedo; y,

\n\n

En ejercicio de sus facultades\n constitucionales y legales, expide la siguiente:

\n\n

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE\n CREACION DEL CANTON OLMEDO

\n\n

Art. 1. - Agréguese al\n artículo 2, el siguiente inciso:

\n\n

"La parroquia La Tingue\n forma parte del cantón Olmedo de la provincia de Loja".

\n\n

Art. 2. - La presente ley reformatoria\n entrará en vigencia a partir de su publicación\n en el Registro Oficial.

\n\n

Dada, en la ciudad de San Francisco\n de Quito, Distrito Metropolitano, a los trece días del\n mes de diciembre del año dos mil.

\n\n

f.) Abg. Hugo Quevedo Montero,\n Presidente. -

\n\n

f) Dr. Andrés Aguilar\n Moscoso, Secretario General.

\n\n

Palacio Nacional, en Quito. a\n cinco de enero del año dos mil uno.

\n\n

Certifico. - Que la presente\n Ley fue sancionada por el Ministerio de la Ley.

\n\n

f) Marcelo Santos Vera, Secretario\n General de la Administración Pública.

\n\n

Es fiel copia del original.

\n\n

Lo certifico: f) Marcelo Santos\n Vera, Secretario General de la Administración Pública.

\n\n

 

\n\n

N0\n 2001 - 36

\n\n

EL CONGRESO NACIONAL

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, mediante Ley N0 27, publicada\n en el Registro Oficial N0 379 del 8 de agosto de 1998, se creó\n el cantón Cuyabeno en la provincia de Sucumbíos;

\n\n

Que, se han determinado errores\n en la transcripción de los limites, de la citada jurisdicción\n político - administrativa;

\n\n

Que, en la Ley de Creación\n del Cantón Cuyabeno, no se cita a la parroquia Aguas Negras,\n como constitutiva del citado cantón, pese a encontrarse\n circunscrita en el ámbito jurisdiccional del nuevo cantón;

\n\n

Que la Comisión Especial\n de Limites Internos de la República, CELIR, considera\n necesario corregir los errores citados, conforme se manifiesta\n en el oficio N0 158 SG - -CELIR del 12 de noviembre de 1999;\n y,

\n\n

En ejercicio de sus facultades\n constitucionales y legales, expide la siguiente:

\n\n

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE\n CREACION DEL CANTON CUYABENO

\n\n

Art. 1. - Sustitúyese\n el artículo 2, por el siguiente:

\n\n

Art. 2. - La jurisdicción\n política administrativa comprenderá las parroquias\n Tarapoa, Cuyabeno, Aguas Negras y las que en el futuro se crearen.

\n\n

Art. 2. - En el artículo\n 3, en los limites que se indican, efectúese los siguientes\n cambios:

\n\n

Dice:

\n\n

En el límite Norte, entre\n los puntos 1 y 2 dice: "el curso del Estero Libertador,\n aguas abajo, hasta su afluencia con el río Cuyabeno Chico".

\n\n

Debe decir:

\n\n

"... el curso del estero\n Libertador, aguas a bajo, hasta su afluencia en el río\n Cuyabeno Chico" -

\n\n

Dice:

\n\n

En el límite Norte, entre\n los puntos 3 y 4 dice: "...en el punto N0 3 de coordenadas\n geográficas 0°01'34" de latitud Sur y 76°22'34"\n de longitud Occidental; de dicha confluencia"

\n\n

Debe decir:

\n\n

..."en el punto N° 3\n de coordenadas geográficas 0°01'l5" de latitud\n Sur y 76°22'34" de longitud Occidental; de dicha confluencia...".

\n\n

Dice:

\n\n

El último inciso de este\n artículo, al final de los límites del Sur, dice:\n "Por no existir cartografía topográfica de\n esos sectores no han sido calculadas las coordenadas geográficas\n de los puntos 7, 8, 9, 10,11,12,13, 14 y 15".

\n\n

Debe decir:

\n\n

"Por no existir cartografía\n topográfica de esos sectores no han sido calculadas las\n coordenadas geográficas de los puntos 7, 9,10,11,12,13,\n 14 y 15".

\n\n

Art. 3. - La presente ley reformatoria\n entrará en vigencia a partir de su publicación\n en el Registro Oficial.

\n\n

Dada, en la ciudad de San Francisco\n de Quito, Distrito Metropolitano, a los trece días del\n mes de diciembre del año dos mil.

\n\n

f) Abg. Hugo Quevedo Montero,\n Presidente.

\n\n

f) Dr. Andrés Aguilar\n Moscoso, Secretario General,

\n\n

Palacio Nacional, en Quito, a\n cinco de enero del año dos mil uno.

\n\n

Certifico. - Que la presente\n Ley fue sancionada por el Ministerio de la Ley.

\n\n

f) Marcelo Santos Vera, Secretario\n General de la Administración Pública.

\n\n

Es fiel copia del original.

\n\n

Lo certifico: f.) Marcelo Santos\n Vera, Secretario General de la Administración Pública.

\n\n

 

\n\n

N0\n SB - INS - 2000 - 334

\n\n

Alejandro Maldonado\n García
\n SUPERINTENDENTE DE BANCOS, SUBROGANTE

\n\n

Considerando:

\n\n

Que OLYMPUS S.A. Compañía\n de Seguros y Reaseguros, por intermedio del doctor Walter Hinojosa\n R., abogado en libre ejercicio profesional, ha presentado a esta\n Superintendencia de Bancos, los cinco primeros testimonios de\n las escrituras públicas otorgadas el 6 de octubre y el\n 1 de noviembre del 2000, ante el Notario Décimo Quinto\n del cantón Quito, doctor Antonio Vaca Ruilova, que contienen\n la conversión, escisión, disminución de\n capital, reforma de estatutos, división de patrimonio\n transferencia de activos y creación de una nueva compañía\n y adopción de su estatuto social, y la de aclaratoria\n de la referida escritura;

\n\n

Que la junta general extraordinaria\n y universal de accionistas de OLYMPUS S.A. Compañía\n de Seguros y Reaseguros, en sesiones celebradas el 4 de julio\n y el 4 de septiembre del 2000, aprobó la escisión,\n disminución de capital, división y asignación\n de cuentas patrimoniales, reforma de estatutos y la creación\n de la compañía AMEDEX S.A. Compañía\n de Seguros y Reaseguros con la adopción de su estatuto\n social;

\n\n

Que la nueva compañía\n que se crea por efecto de la escisión, tiene por objeto\n desarrollar las actividades y negocios de seguros de vida, en\n las cuales venía operando OLYMPUS SA. Compañía\n de Seguros y Reaseguros;

\n\n

Que asesoría legal y las\n direcciones de análisis y auditoria de la Intendencia\n Nacional de Seguros, han emitido informe favorable para la aprobación\n solicitada; y,

\n\n

En ejercicio de las atribuciones\n legales asumidas mediante Resolución N0 ADM - 2000 - 5\n 147 de 13 de noviembre del 2000,

\n\n

Resuelve:

\n\n

ARTICULO PRIMERO. - Aprobar:\n a) La escisión de OLYMPUS SA. Compañía de\n Seguros y Reaseguros, en los términos de la escritura\n pública, otorgada el 6 de octubre del 2000, ante el Notario\n Décimo Quinto del cantón Quito, doctor Antonio\n Vaca Ruilova; b) La disminución del capital de la indicada\n compañía en la suma de doce mil dólares\n de los Estados Unidos de América, con lo cual el capital\n pagado queda fijado en la suma de sesenta y ocho mil dólares\n de los Estados Unidos de América, dividido en diez y siete\n millones de acciones ordinarias y nominativas de 0.004 centavos\n de dólar de los Estados Unidos de América cada\n una; c) La división y asignación de cuentas patrimoniales\n detalladas en los balances que se agregan a la referida escritura;\n d) La reforma de estatutos que constan en el acta de junta general\n celebrada el 4 de septiembre del 2000; y, e) Por efecto de la\n escisión la creación de AMEDEX S.A. Compañía\n de Seguros y Reaseguros, con domicilio en el Distrito Metropolitano\n de Quito, teniendo como capital suscrito y pagado la suma de\n doce mil dólares de los Estados Unidos de América,\n dividido en doce mil acciones ordinarias y nominativas de un\n dólar de los Estados Unidos de América cada una,\n conforme a la indicada escritura y á la aclaratoria otorgada\n ante el Notario Décimo Quinto del cantón Quito.\n doctor Antonio Vaca Ruilova, el 1 de noviembre del 2000.

\n\n

ARTICULO SEGUNDO. - Disponer\n que el Notario Décimo Quinto del cantón Quito,\n tome nota al margen de las escrituras públicas de conversión,\n escisión, disminución de capital, reforma de estatutos,\n transferencia de activos y creación de una nueva compañía\n y adopción de su estatuto social, y de aclaratoria otorgadas\n el 6 de octubre y el 1 de noviembre del 2000, en el sentido de\n que éstas han sido aprobadas mediante la presente resolución\n y siente las razones correspondientes.

\n\n

ARTICULO TERCERO. - DISPONER\n que el Notario Segundo del cantón Cuenca, tome nota al\n margen de la escritura pública de constitución\n de la compañía SEGUROS HORIZONTE SA., otorgada\n el 11 de julio de 1995, en el sentido de que ésta ha procedido\n la escindirse, disminuir su capital, reformar sus estatutos,\n dividir y asignar cuentas del patrimonio, y por efecto de la\n escisión crear AMEDEX S.A. Compañía de Seguros\n y Reaseguros, adoptando su nuevo estatuto social en los términos\n de las escrituras públicas otorgadas ante el doctor Antonio\n Vaca Ruilova, Notario Décimo Quinto del cantón\n Quito, el 6 de octubre y el 1 de noviembre del 2000.

\n\n

ARTICULO CUARTO. - Disponer que\n para efectos de oposición de terceros a la disminución\n de capital de OLYMPUS SA. Compañía de Seguros y\n Reaseguros, se publique por tres días consecutivos en\n uno de los periódicos de mayor circulación del\n Distrito Metropolitano de Quito, el extracto de las referidas\n escrituras públicas, aprobadas por esta resolución,\n para que quienes se creyeren con derecho, puedan presentar su\n oposición en calidad de terceros, ante uno de los jueces\n de lo Civil del domicilio principal de la referida compañía.

\n\n

ARTICULO QUINTO. - Disponer que\n el Registrador Mercantil del Distrito Metropolitano de Quilo,\n inscriba las mencionadas escrituras de conversión, escisión,\n disminución de capital, reforma de estatutos, división\n de patrimonio, transferencia de activos y creación de\n una nueva compañía y adopción de su estatuto\n social, y la de aclaratoria junto con la presente resolución;\n tome nota de tal inscripción al margen de la constitución\n de la compañía SEGUROS HORIZONTE S.A.; y, cumpla\n con las demás prescripciones contenidas en la Ley de Registro.

\n\n

ARTICULO SEXTO. - Disponer que\n el capital suscrito y pagado de AMEDEX S.A. Compañía\n de Seguros y Reaseguros, esto es la suma de doce mil dólares\n de los Estados Unidos de América, se invierta de inmediato\n en la forma determinada en la Ley General de Seguros.

\n\n

ARTICULO SEPTIMO. - Revocar a\n OLYMPUS S.A. Compañía de Seguros y Reaseguros,\n los certificados de autorización para operar en el ramo\n de seguros de vida, debiendo proceder a la devolución\n de los originales que reposan en la oficina matriz.

\n\n

ARTICULO OCTAVO. - Conceder a\n AMEDEX S.A. Compañía de Seguros y Reaseguros, los\n certificados de autorización para operar en el ramo de\n seguros de vida, como producto de la escisión de OLYMPUS\n S.A. Compañía de Seguros y Reaseguros, debiendo\n presentar la documentación pertinente para su correspondiente\n aprobación.

\n\n

ARTICULO NOVENO. - Disponer una\n vez que se cumpla con lo ordenado en la presente resolución\n se publique, por una sola vez, en uno de los periódicos\n de mayor, circulación del Distrito Metropolitano de Quito,\n el texto integro de la presente resolución conjuntamente\n con el extracto de las escrituras públicas de conversión,\n escisión, disminución de capital, reforma de estatutos,\n división de patrimonio, transferencia de activos y creación\n de una nueva compañía y adopción de su estatuto\n social, y la de aclaratoria, que será elaborado por la\n Superintendencia de Bancos.

\n\n

ARTICULO DECIMO. - Disponer que\n la compañía, una vez que haya cumplido con lo anterior,\n remita a este despacho copias de las escrituras públicas\n con la constancia de todo lo actuado.

\n\n

ARTICULO UNDECIMO. - Disponer\n que OLYMPUS SA. Compañía de Seguros y Reaseguros\n y AMEDEX SA. Compañía de Seguros y Reaseguros,\n distribuyan entre los accionistas y el público los estatutos\n sociales dentro del plazo de noventa días contados a partir\n de la fecha de inscripción de las pertinentes escrituras\n aprobadas por este acto, en el Registro Mercantil.

\n\n

Comuníquese y publíquese\n en el Registro Oficial. - Dada en la Superintendencia de Bancos,\n en Quito, Distrito Metropo-litano a los siete días del\n mes de diciembre del dos mil.

\n\n

f.) Alejandro Maldonado García,\n Superintendente de Bancos, subrogante.

\n\n

Lo certifico: Quito, Distrito\n Metropolitano, a los siete días del mes de diciembre del\n dos mil.

\n\n

f.) Julio Maya Rivadeneira, Secretario\n General.

\n\n

Superintendencia de Bancos. -\n Certifico que es fiel copia del original.

\n\n

f) Teresa Rada Torres, Prosecretaria.\n 26, diciembre del 2000.

\n\n

DOY FE: Que he dado cumplimiento\n a lo dispuesto en el Art. Tercero de esta resolución.\n Cuenca, 28 de diciembre del 2000.

\n\n

f) Dr. Rubén Vintimilla\n B., Notario 2°.

\n\n

N0\n 100 - 93

\n\n

EN EL JUICIO\n DE EXCEPCIONES QUE SIGUE LA CONSTRUCTORA COLON CIA. LTDA. CONTRA\n EL DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.

\n\n

CORTE SUPREMA\n DE JUSTICIA
\n SALA ESPECIALIZADA DE LO FISCAL

\n\n

Quito, 16 de\n noviembre del 2000; las 15h00.

\n\n

VISTOS: El Ing. Juan Andrés\n Schepeler Raveau, en nombre y representación de la Compañía,\n "CONSTRUCTORA COLON CIA. LTDA.", interpone recurso\n de casación, para ante el Tribunal de Casación\n del ex - Tribunal Fiscal, de la sentencia, pronunciada por la\n Tercera Sala del mismo ex - Tribunal Fiscal, el 20 de julio de\n 1988, notificada el 23 de los mismos mes y año, en el\n juicio de excepciones 10995 - 2809 - 2228 - llI - S. El recurso\n de casación se lo interpone de conformidad con el Art.\n 329 del Código Tributario, entonces vigente. - Recibido\n el proceso en la Sala, se pone en conocimiento de las partes\n y se dispone señalen domicilio. - Pedidos .los autos para\n resolver se considera: PRIMERO. - Esta Sala es competente para\n resolver el recurso, de conformidad con lo dispuesto por el Art.\n 1 de la Ley de Casación y en virtud de lo ordenado por\n la disposición transitoria décimo sexta de las\n reformas a la Constitución Política del Estado,\n publicada en el Registro Oficial N0 93 de 23 de diciembre de\n 1992. - SEGUNDO. - El recurrente, comienza transcribiendo las\n consideraciones constantes de la sentencia recurrida, que recae\n sobre las excepciones deducidas en la demanda, que se refieren:\n a la nulidad del auto de pago, y a la extinción total\n de la obligación por pago efectivo. - Acerca de la primera,\n hace una amplia cita de la doctrina jurídica contenida\n en obras de varios autores, de normas legales y jurisprudencia\n del Tribunal Fiscal, y se contrae a impugnar los considerandos\n tercero y cuarto de la sentencia expedida por la Tercera Sala\n del Tribunal Fiscal el 20 de junio de 1988. - En cuanto a la\n excepción de extinción de la obligación,\n se refiere al considerando quinto de la sentencia, que se examinará\n más adelante. - Termina expresando que las violaciones\n legales incurridas en la sentencia, están comprendidas\n en los numerales 3 y 5 del Art. 329 del Código Tributario.\n - En el expediente de. casación, consta la fundamentación\n del recurso conforme a la normativa vigente en ese entonces,\n en la que insiste en lo expuesto y solicitado en el recurso.\n - TERCERO. - Respecto de la excepción de nulidad del auto\n de pago, la Sala expresa que no procede resolverla en el recurso\n de casación regido por el Código Tributario en\n su Art. 329 y siguientes, de conformidad con la Resolución\n N0 1, de aplicación obligatoria, expedida por las salas\n Primera y Segunda del Tribunal Fiscal, en el recurso interpuesto\n del auto 022, dictado por la Tercera Sala del Tribunal Fiscal,\n en la causa N0 5239 - 889, respecto de que no se concederá\n el recurso en los casos que enumera, entre los que se encuentra\n el del número 8, "De las sentencias dictadas en los\n juicios de excepciones al procedimiento de ejecución,\n salvo cuando se trate de las excepciones de inexistencia de la\n obligación por falta de ley que establezca el tributo\n o por exención legal", y de "Extinción\n total o parcial de la obligación", previstas en los\n numerales 3 y 5 del Art. 213 del Código Tributario",\n dicho en otras palabras, por excepción, se puede conceder\n el recurso de casación; de las sentencias dictadas en\n los juicios de excepciones al procedimiento coactivo, únicamente\n respecto de las previstas en los numerales 3 y 5 del Art. 213\n de la Ley de Casación. - En consecuencia, la excepción\n de nulidad del auto de pago, propuesta en la demanda de excepciones,\n no procede conocer en el presente juicio. - CUARTO. - Respecto\n de la excepción relativa a extinción total de la\n obligación por pago efectivo, desechada por las razones\n expresadas en el considerando quinto de la sentencia dictada\n por la Tercera Sala del ex - Tribunal Fiscal, precisa anotar\n que conforme a lo dispuesto en el caso 8 de la resolución\n referida en el considerando anterior, no se comprenden en la\n resolución que dispone no conceder el recurso de casación,\n las excepciones previstas en los numerales 3 y 5 del Art. 213\n de la Ley de Casación, por lo que procede resolver la\n excepción. - La sentencia recurrida, en el considerando\n quinto, expresa que: "El excepcionante no ha probado la\n excepción de extinción de la obligación\n tributaria por pago, puesto que no aparece de los autos la declaración\n de impuesto a la renta de la actora por 1986". Al respecto,\n el recurrente observa, que como consta del pliego de sus excepciones,\n de manera expresa indica que el pago total de las obligaciones\n tributarias por el ejercicio de 1986 al que se refieren los títulos\n por dividendos anticipados de impuesto a la renta no han sido\n tomados en cuenta como crédito fiscal, razón por\n la cual de cancelarlos habría pago indebido. Agrega, que\n este aserto guarda relación con la prueba por él\n actuada y que consta del escrito de 21 de mayo de 1987, que en\n su acápite IV de manera expresa solicita: "Que se\n oficie al señor Director General de Rentas pidiéndole\n remita copia auténtica de la declaración que rindió\n la Empresa, correspondiente al ejercicio económico del\n 1986 en la Jefatura de Recaudaciones de Pichincha, con fecha\n 31 de marzo de 1987 y en la cual se puede observar no haberse\n deducido valor alguno en concepto de dividendos anticipados para\n la cuantificación de la obligación tributaria",\n petición que dice fue atendida con providencia de 22 de\n mayo de 1987, dictada por el señor Magistrado de Substanciación,\n parte que expresa: "...(3). - Remitir atento oficio al señor\n Director General de Rentas, a fin de que disponga que el funcionario\n competente, confiera y remita a esta Sala, el documento señalado\n en el apartado IV...". Con tal antecedente, expresa que\n si la administración no ha remitido la prueba rendida\n y dispuesta por la Sala, es aplicable la norma del Art. 285 del\n Código Tributario que: dispone que "En caso de incumplimiento\n de esta orden, el Tribunal estará a lo afirmado por la\n parte interesada..." Después de otros razonamientos,\n dice que en derecho existe prueba de su parte y correlativamente\n el fallo dictado por la Tercera Sala en esta parte, viola la\n norma del Art. 285 del Código Tributario. - Sobre las\n precedentes alegaciones, la Sala advierte lo siguiente: De conformidad\n con lo preceptuado por el Art. 273 del Código Tributario,\n atinente a la carga de la prueba, la empresa actora en el juicio\n de excepciones y ahora recurrente, estuvo obligada a probar los\n hechos que ha propuesto afirmativamente en la demanda y que ha\n negado expresamente la autoridad demandada, en el caso, el hecho\n de haber cancelado el impuesto a la renta por 1986, mediante\n la presentación de la declaración del impuesto\n referido. La Tercera Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal\n N0 1, ha dado su pronunciamiento acerca de la falta de prueba,\n el mismo que debe ser aceptado por esta Sala, por considerar\n una apreciación de aquella. - No obstante, y sin perjuicio\n de lo anterior, se advierte que no es aplicable al caso el tercer\n inciso del Art. 285 del Código Tributario, en relación\n con el segundo inciso, acerca de que en caso de incumplimiento\n de la autoridad tributaria, de la orden de remisión del\n proceso administrativo o de documentos que existieren en sus\n archivos, en original o copia certificada, "...el Tribunal\n estará a lo afirmado por la parte interesada.. .",\n puesto que no se trata de incumplimiento de orden de autoridad,\n una vez que a fojas 27 de autos, aparece el oficio N0 9483 de\n 8 de junio de 1987, dirigido al Presidente de la Tercera Sala\n del Tribunal, por el Jefe del Archivo General de Rentas, en el\n que dice, 1.. tengo a bien informarle que por el momento no es\n posible suministrar dato alguno referente a las declaraciones\n ya que éstas se encuentran en procesamiento en la Dirección\n de Organización y Sistemas". En consecuencia, no\n se trata de incumplimiento de la autoridad a la orden de la Tercera\n Sala del Tribunal Distrital Fiscal N0 1, sino de un caso de imposibilidad\n física. Por lo tanto, el excepcionante debió dar\n cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 273 del Código\n Tributario antes aludido y al no haberlo hecho, no ha justificado\n la violación en la sentencia. recurrida, de los preceptos\n legales que invoca, ni por lo tanto su fundamentación\n en las causales del Art. 329 del Código Tributario que\n regían para el caso. - Por las consideraciones que anteceden,\n la Sala Especializada de lo Fiscal de la Corte Suprema de Justicia,\n ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD\n DE LA LEY, desecha el recurso de casación interpuesto\n por el Ing. Juan Andrés Shepeler Raveau, en representación\n de la "COMPAÑIA CONSTRUCTORA COLON CIA. LTDA.",\n y confirma la sentencia expedida por la Tercera Sala del Tribunal\n Distrital N0 1 en el juicio de excepciones al procedimiento coactivo\n 380/87. Con costas. Notifíquese y publíquese.

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Fdo.) Dres. Alfredo Contreras\n Villavicencio, José Vicente Troya Jaramillo, Ministros\n Jueces y José Ignacio Albuja Punina, Conjuez Permanente.

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Certifico. - f) Dr. Fausto Murillo\n Fierro, Secretario.

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Es conforme con el original.\n - Quito, 7 de diciembre del 2000.

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f.) Dr. Fausto Murillo Fierro,\n Sala de lo Fiscal, Secretario.

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N021\n - 96

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JUICIO DE IMPUGNACION\n QUE SIGUE EL CONTRALMIRANTE GUILLERMO DUEÑAS ITURRALDE,\n GERENTE DEL BANCO DE LOS ANDES, EN CONTRA DE LA DIRECTORA GENERAL\n DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.

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CORTE SUPREMA\n DE JUSTICIA
\n SALA ESPECIALIZADA DE LO FISCAL

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Quito, 15 de noviembre del 2000;\n las 09h00.

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VISTOS: El Dr. Jorge Guijarro\n Villacrés, Procurador de la Autoridad Fiscal propone recurso\n de casación respecto a la sentencia dictada por la Tercera\n Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal N0 1 de Quito, dentro\n del juicio de impugnación N0 8071 - 325 seguido por Enrique\n Cardona, Subgerente General, encargado de la Gerencia General\n del Banco de Los Andes S.A. respecto a la Resolución N0\n 1839 expedida por el Director General de Rentas el 3 de febrero\n de 1983 y por la cual se establecen cargos en contra de dicha\n entidad bancaria en concepto de impuesto a la renta por los ejercicios\n fiscalizados. - Fundamenta el recurso en la 1ª y 3ª\n causales previstas en el Art. 3 de la Ley de Casación,\n esto es dice: Falta de aplicación o errónea interpretación\n de las normas de derecho en la sentencia, que han sido determinantes\n de su parte dispositiva y aplicación indebida, falta de\n aplicación o errónea interpretación de los\n preceptos jurídicos aplicables a la valoración\n de la prueba. - Señala como disposiciones legales que\n a su juicio han sido violadas en la sentencia recurrida, las\n siguientes: el Art. 57 del Código de Procedimiento Civil,\n según el cual, dice: "Los representantes legales\n están obligados a acreditar la representación que\n invocan desde que lo dispone el Juez de oficio, o a solicitud\n de la parte contraria"; el Art. 242 del Código Tributario\n según que faculte a la máxima autoridad de la Administración\n Tributaria respectiva o al funcionario, a quien se delegue por\n acuerdo, designar mediante oficio al abogado que como procurador\n debe intervenir en cada causa en defensa de los intereses fiscales;\n el Art. 261 del Código Tributario que dispone que la falta\n de contestación a la demanda se la tendrá como\n negativa pura y simple de la acción propuesta o ratificación\n de los fundamentos que motivaron la resolución o acto\n de que se trate; los artículos 272 y 273 del Código\n Tributario según los cuales habiéndose calificado\n la contestación a. la demanda dada por el Procurador Fiscal\n como clara y completa y con los requisitos legales, y concedido\n luego término probatorio a las partes, no pedía\n la Sala de la instancia atenerse simplemente a las afirmaciones\n constantes en la demanda; el Art. 285 del Código Tributario,\n que regula los aspectos relativos a la valoración de las\n pruebas presentadas, toda vez que la Sala se limite a analizar\n las glosas sobre impuesto a la renta, únicamente en base\n a las afirmaciones del actor, omitiendo, la contestación\n a la demanda y las pruebas presentadas por el Procurador Fiscal\n y los informes periciales; y, el Art. 93 de la Constitución\n Política de la República que estatuye que el sistema\n procesal será un medio para la realización de la\n justicia y que no se sacrificará ésta por la sola\n omisión de formalidades. - Argumentando sobre su recurso,\n el Procurador Fiscal, destaca que en la sentencia recurrida y\n concretamente en los considerandos segundo, tercero, cuarto y\n quinto de la misma, luego de expresar que no se ha presentado\n prueba respecto a la calidad del Director General de Rentas que\n designó al Dr. Gabriel Monge Torres como Procurador Fiscal\n para la defensa de sus intereses dentro de esta causa concluye\n expresando que existe, por ello, falta de comparecencia de la\n Administración y falta de contestación a la demanda,\n lo que interpreta como negativa pura y simple de los fundamentos\n de hecho y de derecho de la demanda, por lo cual concluye la\n sentencia aceptando como ciertos los hechos afirmativamente propuestos\n por el banco y rechazando la prueba producida por la Autoridad\n Tributaria, perjudicando en esta forma a la Caja Fiscal, implantando\n nuevos criterios utilizados por la propia Sala en los que se\n declara legitimada la personería del Procurador Tributario\n a base del nombramiento otorgado para cada juicio y a administrar\n justicia en mérito a los documentos probatorios que consten\n de autos. - Finalmente hace alusión a que el señor\n Magistrado de Sustanciación, Dr. Manuel Ignacio Toledo\n mediante providencia de 13 de junio de 1983, notificada el 15\n del mismo mes y año al propio Procurador Fiscal, Dr. Gabriel\n Monge Torres, manifiesta que: "La contestación precedente,\n dada por el Dr. Gabriel Monge Torres, procurador de la Autoridad\n Fiscal, reúne los requisitos legales, en tal virtud, notifíquese\n a la parte contraria para los fines consiguientes; habiendo hechos\n que justificar en esta controversia ábrese la causa a\n prueba por quince días. - Agréguese la documentación".\n Providencia ésta que implica el cumplimiento de los requisitos\n legales desestimados luego por la Sala y el reconocimiento a\n la comparecencia legal del Director de Rentas. - Agrega que si\n en verdad hubiera habido negativa pura y simple de la demanda\n por parte de la Autoridad Tributaria, ésta, de acuerdo\n al Art. 261 del Código Tributario, se la tendrá\n como negativa pura y simple de la acción propuesta o ratificación\n de los fundamentos que motivaron la resolución o acto\n de que se trate y que por tanto la Administración continúa\n legalmente en el trámite de la causa, lo cual obligaba\n a la Sala al análisis del proceso para pronunciarse en\n base a la contestación de la demanda y a las pruebas presentadas\n por el Procurador Fiscal y las disposiciones legales pertinentes\n a fin de establecer la real obligación tributaria adeudada\n por el contribuyente. - Notificado que ha sido el Contralmirante\n Guillermo Dueñas Iturralde, Gerente General del banco\n de Los Andes, con el escrito del recurso y la pertinente providencia\n expedida por esta Sala Especializada de lo Fiscal el 19 de abril\n de 1996, concediéndole el plazo de quince días\n hábiles para que lo conteste, sin que tal contestación\n se haya producido, se ha solicitado autos en relación\n para resolver y, para hacerlo se considera: PRIMERO. - La Sala\n Especializada de lo Fiscal es competente para conocer el recurso\n en conformidad al Art. 1 de la Ley de Casación. - SEGUNDO.\n - Como en múltiples oportunidades se ha establecido por\n parte de esta Sala, siendo la casación un recurso extraordinario\n tendiente a regular la legalidad de las sentencias, esto es un\n control respecto a su sujeción a la ley, no compete a\n esta Sala entrar a conocer ni menos aún decidir los aspectos\n de fondo que han sido objeto del juicio de impugnación\n a la Resolución 1839 del señor Director General\n de Rentas y mediante la cual se han confirmado las glosas establecidas\n en contra del banco en la fiscalización efectuada, sino\n solo y exclusivamente las presuntas violaciones al derecho que\n por parte del recurrente la Autoridad Tributaria, se denuncian\n haberse incurrido. Al efecto la Sala observa que en el considerando\n tercero de la sentencia recurrida se sostiene por parte del Tribunal\n Juzgador, que el señor ingeniero Pedro Salas M., que suscribe\n la comunicación 4114 como Director General de Rentas mediante\n la cual se designaba como Procurador Fiscal al Sr. Dr. Gabriel\n Monge Torres, no ha justificado su condición jurídica\n de tal mediante la presentación del correspondiente nombramiento\n y que se encontraba legalmente ejerciendo el cargo a esa fecha,\n y añade que este hecho torna ilegal la intervención\n de quien ha querido ejercer la procuraduría de dicha autoridad\n durante todas las fases del juicio. - De autos, (fs. 31 del primer\n cuaderno) consta el oficio 4114, fechado en Quito el 16 de mayo\n de 1983 suscrito por el señor ingeniero Pedro Salas M.,\n Director General de Rentas, dirigido al Dr. Gabriel Monge Torres,\n mediante el cual y en uso de la facultad que le otorga el Art.\n 242 del Código Tributario en concordancia con el Acuerdo\n Ministerial 076 de 26 de febrero de 1980, publicado en el Registro\n Oficial N0 138 de 3 de marzo de ese año, le designa para\n que intervenga como Procurador de la Autoridad Fiscal en el juicio\n de impugnación N0 8071 que sigue el señor Enrique\n Cardona a nombre y en representación del Banco de Los\n Andes S.A. En base a tal designación la misma que se adjunta,\n el doctor Gabriel Monge contesta la demanda, y continúa\n actuando en todo el trámite del proceso, sin que en momento\n alguno, ni el actor haya impugnado su calidad de tal, ni redargüido\n de falso o indebido el oficio de designación hecho por\n el Ing. Pedro Salas M., así como tampoco la Sala del Tribunal\n Fiscal haya dispuesto en providencia alguna la legitimación\n de la calidad de Director General de Rentas por parte del ingeniero\n Pedro Salas M., y por el contrario, esta calidad la reconoce\n en el curso de todo el proceso y en providencia de 5 de mayo\n de 1983 que obra a fs. 30 del proceso la Sala Juzgadora del Tribunal\n Fiscal, luego de calificar la demanda, dispone que se cite con\n ella al Director General de Rentas, concediéndole el término\n de quince días para que la conteste; en cumplimiento de\n esta providencia el Secretario de la Sala, en razón de\n 11 de mayo de 1983, manifiesta que citó con la demanda\n y providencia respectivas, "al Ing. Com. Pedro Salas, Director\n General de Rentas por primera ....... ", luego vienen dos\n nuevas citaciones por boleta a día seguido en la misma\n forma y a la misma persona, todo lo cual establece y demuestra\n que la calidad de Director General de Rentas en la persona del\n ingeniero comercial Pedro Salas M., fue esti

 

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