Registro Oficial. 6 de ABRIL del 2000

Jueves, 06 de abril de 2000

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

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   MES DE ABRIL DEL 2000
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 REGISTRO OFICIAL
ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR
Administración del Sr. Dr. Gustavo Noboa Bejarano
Presidente Constitucional de la República
\n

Martes 4 de Abril del 2000

\n

REGISTRO OFICIAL No. 50

\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n

DR. JOSE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR

\n\n

FUNCION\n EJECUTIVA

\n\n

DECRETOS:

\n\n

258\n - A Autorizase al Ministro de Finanzas\n para que suscriba un Convenio de Agencia Fiscal a través\n del cual se garantice el pago del servicio de la deuda del crédito\n que concederá el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico\n y Social de la República Federativa del Brasil, BNDES,\n al Consorcio Hidropastaza, destinado a financiar la construcción\n del proyecto Hidroeléctrico San Francisco

\n\n

263 Autorizase al Ministro de Finanzas para\n que suscriba el Adendum N° 1 para la ampliación del\n período de utilización del crédito concedido\n por el Consorcio de Bancos Comerciales, liderados por el Deutsche\n Bank, para cofinanciar el proyecto Primera Fase de la II Etapa\n del Sistema de Trolebuses

\n\n

264\n Declárase\n de interés nacional la promoción turística\n del país en el extranjero

\n\n

267\n Expídese\n el reglamento para el "Programa de Reprogramación\n de Pasivos de los deudores del sistema financiero con deudas\n superiores a cincuenta mil dólares de los Estados Unidos\n de América

\n\n

RESOLUCIONES:

\n\n

CONSEJO\n NACIONAL DE REMUNERACIONES DEL SECTOR PUBLICO (CONAREM)

\n\n

11 Modificase la Resolución\n N° 006, publicada en el Suplemento del Registro Oficial N°\n 350 de 30 de diciembre de 1999

\n\n

12 Modificase la Resolución N°\n 002, publicada en el Registro Oficial N° 299 de 15 de octubre\n de 1999

\n\n

TRIBUNAL\n CONSTITUCIONAL

\n\n

RESOLUCION:

\n\n

031\n - 2000 - TP Deséchase\n la demanda de inconstitucionalidad del artículo 10 del\n Reglamento de Aplicación a la Ley Reformatoria a la Ley\n de Federación de Abogados del Ecuador

\n\n

ORDENANZAS\n MUNICIPALES:

\n\n

-\n Cantón La Maná:\n Que reglamenta el manejo, custodia, registro y control de los\n fondos de caja chica

\n\n

-\n Cantón La Maná:\n De parcelaciones o lotizaciones

\n\n

-\n Cantón Pastaza:\n Que reglamenta el cobro de tasas de supervisión y fiscalización\n de ejecución de obras, prestación de servicios\n y estudios de consultaría.

\n\n

AVISOS\n JUDICIALES:

\n\n

-\n Muerte presunta\n de la señora Ivani Andrionokis Papaleo (Ira. publicación)

\n\n

-\n Muerte presunta del señor Francisco Rojas Quezada Hermida\n (Ira. publicación)

\n\n

-\n Juicio de expropiación\n seguido por la I. Municipalidad del Cantón La Libertad\n (Ira. publicación).\n

\n \n
\n

 

\n\n

No 258 - A

\n\n

Gustavo Noboa\n Bejarano
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que el Gobierno Nacional con\n el objeto, de proporcionar al país un servicio eléctrico\n de alta calidad y confiabilidad, para Garantizar su desarrollo\n económico y social dentro de un marco de competitividad\n en el mercado de producción de electricidad, ha resuelto\n apoyar la construcción del proyecto hidroeléctrico\n San Francisco el que estará orientado fundamentalmente\n a brindar un óptimo servicio a los consumidores y a precautelar\n sus derechos partiendo de un serio compromiso de preservación\n del medio ambiente;

\n\n

Que el Gobierno de la República\n Federativa del Brasil, ha resuelto otorgar un crédito\n Hidropastaza S.A. a través del programa FINAME del Banco\n Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social, BNDES,\n de ese país, para financiar el 100% del valor de exportación,\n equipos y servicios, así como capitalización de\n intereses durante el período de gracia, destinados al\n proyecto de aprovechamiento hidroeléctrico, denominado\n Proyecto San Francisco,

\n\n

Que el Directorio del Banco Central\n del Ecuador, ha dictaminado favorablemente sobre el citado proyecto\n de convenio de préstamo, así como sobre el sistema\n de financiamiento propuesto y la correspondiente garantía\n que concedería el Gobierno Ecuatoriano a través\n de un Convenio de Agencia Fiscal, según consta del oficio\n N° DBCE - 513 - 2000 de 10 de marzo del año 2000;

\n\n

Que la Procuraduría General\n del Estado ha emitido su dictamen favorable, sobre los aspectos\n legales del proyecto de Convenio de Préstamo, así\n como sobre el sistema de financiamiento propuesto y, la correspondiente\n garantía que concedería el Gobierno Ecuatoriano\n a través de un Convenio de Agencia Fiscal, mediante oficio\n N° 09929 de 11 de enero del año 2000;

\n\n

Que el Ministro de Finanzas y\n Crédito Público ha expedido la Resolución\n N° STyCP - 2000 - 001 de 21 de marzo del año 2000,\n mediante la cual aprueba la suscripción de un Convenio\n de Agencia Fiscal a través del cual se garantizaría\n el pago del servicio de la deuda del crédito que concedería\n el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social\n de la República Federativa del Brasil, BNDES al consorcio\n Hidropastaza; y,

\n\n

En ejercicio de las facultades\n que le confieren la Constitución Política de la\n República y la ley,

\n\n

Decreta:

\n\n

Art. 1. - Autorizase al Ministro\n de Finanzas y Crédito Público, para que a nombre\n y en representación de la República del Ecuador,\n suscriba con el Banco Central del Ecuador un Convenio de Agencia\n Fiscal a través del cual se garantice el pago del servicio\n de la deuda del crédito que concederá el Banco\n Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social de la\n República Federativa del Brasil, BNDES, al Consorcio HIDROPASTAZA,\n por un monto equivalente a DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES,\n NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIEN DOLARES NORTEAMERICANOS\n (US$ 242'965.100,oo), destinados a financiar la construcción\n del proyecto Hidroeléctrico San Francisco, así\n como la capitalización de intereses durante el período\n de gracia.

\n\n

Art. 2. - Que se establezca un\n Contrato de Fideicomiso Mercantil con la constitución\n de un patrimonio autónomo, cuyos constituyentes y a la\n vez beneficiarios son Hidropastaza y Agoyan. El patrimonio autónomo\n de este fideicomiso se constituiría con el Proyecto Hidroeléctrico\n San Francisco, de la central de Agoyan para el período\n de pago del financiamiento y los flujos de ingresos futuros correspondientes\n a la venta de energía; así como con las rentas\n de Agoyan. El Banco Central del Ecuador y el Ministerio de Finanzas\n y Crédito Público son, primer y segundo acreedores\n beneficiarios del fideicomiso. Adicionalmente, todos los bienes\n entregadas al patrimonio autónomo deberán estar\n asegurados contra todo riesgo y, por consiguiente, salvaguardados\n ante cualquier eventualidad.

\n\n

Art. 3. - El Convenio del que\n trata el artículo 1 de este Decreto permitirá en\n primer lugar garantizar la disponibilidad de recursos para el\n servicio de la deuda por lo cual, faculta al Banco Central del\n Ecuador, para que en el caso de que no existiesen los fondos\n suficientes en el fideicomiso mercantil para el servicio de la\n deuda, el Ministerio de Finanzas autorice tomar los recursos\n de sus cuentas, los mismos que deberán ser restituidos\n inmediatamente por el administrador fiduciario, tan pronto como\n disponga de flujos de liquidez.

\n\n

Art. 4. - Los términos\n y condiciones financieras del Convenio' de Préstamo a\n suscribirse entre Hidropastaza y el BNDES, son los siguientes:

\n\n

Prestamista: Banco Nacional de\n Desarrollo Económico y Social (BNDES). LIBOR a 5 años,\n disponible en el SISBANCEN, transacción PTAX - 800, opción\n 9, correspondiente a la fecha de firma del contrato y fija para\n todo el período del financiamiento más un margen\n de 0,5% anual (cinco décimos por ciento al año).

\n\n

Tasa de 1,0% flat, calculada\n sobre el valor total
\n administración: del crédito, incluyendo el valor\n estimado de los intereses capitalizados a la fecha de la contratación,\n por pagarse en una sola cuota, hasta 30 días luego de\n la fecha de firma del Contrato de Financiamiento.

\n\n

Comisión de 0,5% anual,\n calculada prorata, sobre el
\n compromiso: valor no utilizado del total del crédito,\n incluyendo el valor estimado de los intereses capitalizados a\n la fecha de la contratación, por pagarse al final de cada\n período de seis meses, contado desde la fecha de firma\n del Contrato de Financiamiento.

\n\n

Gastos: Todos los gastos necesarios\n para el análisis y contratación de la presente\n operación se los pagará a la Beneficiaria, en el\n plazo de hasta 60 días luego de la firma del Contrato\n de Financiamiento.

\n\n

Plazos:
\n Del
\n financiamiento: Hasta 14 años y 6 meses.

\n\n

De la utilización: 52\n meses, contados desde la fecha de firma del Contrato de Financiamiento.

\n\n

De gracia: 54 meses, contados\n desde la fecha de firma del Contrato de Financiamiento.

\n\n

De amortización 21 cuotas\n semestrales, iguales y
\n del principal: consecutivas, debiendo la primera incurrir al\n término del plazo de gracia, o sea, en el 54% mes luego\n de la firma del Contrato de Financiamiento.

\n\n

Beneficiaria. - Empresa de propósito\n específico denominada HIDROPASTAZA S.A., ubicada en la\n República del Ecuador, formada por la Constructora Norberto\n Odebrecht S.A:, HIDROAGOYAN (empresa estatal ecuatoriana del\n sector eléctrico) Y ANSALDO - COEMSA.

\n\n

Importador. - HIDROPASTAZA S.A.\n UBICADA EN EL Ecuador.

\n\n

Exportador. - Constructora Norberto\n Odebrecht S.A. y empresa brasileña de ingeniería\n y fiscalización por definirse posteriormente.

\n\n

Objeto. - Concesión de\n colaboración financiera para la interesada, teniendo por\n fin la financiación de hasta el 100% del valor de la exportación\n de materiales, equipos y servicios, así como capitalización\n de intereses durante el período de gracia, destinados\n al proyecto de aprovechamiento hidroeléctrico, bajo el\n régimen de concesión, en la modalidad "turn\n key", en las montañas de los Andes centrales ecuatorianos,\n denominado Proyecto San Francisco.

\n\n

Modalidad. - "Buyer Credit".

\n\n

Valor de Hasta US$ 242'965.100,00,\n siendo US$
\n crédito. - 127'871.950,00 referente a la exportación\n de materias y equipos con recursos de FINAME US$ 115'093.150\n referente a exportaciones de servicios, más los intereses\n capitalizados durante el período de gracia, ambos con\n recursos de BNDES. Del valor referente a los servicios hasta\n US$ 1'500.000 será de responsabilidad de la empresa brasileña\n de ingeniería y fiscalización por definirse de\n acuerdo con el contrato comercial.

\n\n

Tasa de interés. - (a)\n Aplicable al crédito referente a los bienes y servicios\n durante el periodo de gracia: LIBOR a 5 años, vigente\n a la fecha firma del contrato de financiamiento, disponible en\n el SISBANCEN, transacción PTAX - 800, opción 9,\n fija para todo el período del financiamiento, más\n un margen de 2,5%, anual (dos enteros con cinco décimos\n por ciento al año);

\n\n

(b) Aplicable al crédito\n referente a. los bienes y servicios e intereses capitalizados\n durante el período de amortización.

\n\n

De pago de Los intereses serán\n capitalizados durante
\n intereses. - el período de gracia y exigibles semestralmente\n a la fecha de vencimiento del principal.

\n\n

Garantías. - Títulos\n de crédito (letras de cambio, pagarés o cartas\n de crédito) emitidos por la beneficiaria y cursados en\n el ámbito del Convenio de Créditos Recíprocos\n (CCR) de la Asociación Latinoamericana de Integración\n (ALADI)

\n\n

Art. 5. - De la ejecución\n del presente Decreto, que entrará en vigencia a partir\n de la fecha de su publicación en el Registro Oficial,\n encárguese el Ministro de Finanzas Y Crédito Público.

\n\n

Dado en el Palacio Nacional de\n Gobierno, en Quito a, 29 de marzo del 2000.

\n\n

f) Gustavo Noboa Bejarano, Presidente\n Constitucional de la República.

\n\n

f ) Abg. Jorge Guzmán\n Ortega, Ministro de Finanzas Crédito Público.

\n\n

f) Ing. Pablo Terán R.,\n Ministro de Energía y Minas.

\n\n

Es fiel copia del original.

\n\n

Lo certifico:

\n\n

f) Marcelo Santos Vera, Secretario\n General de la Administración Pública.

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

N° 263

\n\n

Gustavo Noboa\n Bejarano
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que mediante Decretos Ejecutivos\n Nos. 1177 y 1244 de 3 y 25 de marzo de 1998, respectivamente,\n se autorizó la suscripción de sendos convenios\n de crédito con el instituto de Crédito Oficial.\n ICO y con un Consorcio de Bancos Comerciales liderados por el\n Deutsche Bank, para cofinanciar la Primera Fase de la II Etapa\n del proyecto de Trolebuses para la ciudad de Quito, cuyo organismo\n ejecutor es el I. Municipio de Quito,

\n\n

Que la cláusula 3.1 del\n convenio de crédito suscrito con el Consorcio de Bancos,\n estipula que el período de disposición del préstamo\n será de 16 meses, contados a partir de la entrada en vigor\n del mencionado convenio de crédito;

\n\n

Que la fecha de entrada en vigor\n del referido convenio de crédito fue el 30 de junio de\n 1998, por lo que el período de disponibilidad venció\n el 30 de octubre de 1999;

\n\n

Que las obras que comprenden\n la primera fase de la II Etapa del Proyecto aun no han sido concluidas,\n por lo que el I. Municipio de Quito en su calidad de ejecutor\n del proyecto considera necesario se amplíe el período\n de disponibilidad hasta el 30 de junio del 2000;

\n\n

Que a través de oficios\n Nos. 09213 de 30 de noviembre de 1999 y DBCE - 0290 - 2000 0000445\n de 8 de febrero del presente año, la Procuraduría\n y el Directorio del Banco Central resolvieron dictaminar a favor\n del referido adendum;

\n\n

Que el Ministro de Finanzas y\n Crédito Público, ha expedido la Resolución\n N° STyCP - 2000 - 002 de 21 de marzo de año 2000;\n y,

\n\n

En ejercicio de la facultad que\n le concede la Constitución Política de la República\n y la ley,

\n\n

Decreta:

\n\n

Art. 1. - Autorizase al Ministro\n de Finanzas y Crédito Público para que, personalmente\n o mediante delegación, a nombre y en representación\n de la República del Ecuador suscriba el Adendum N°\n 1, para la ampliación del período de utilización\n del crédito concedido por el Consorcio de Bancos Comerciales\n liderados por el Deutsche Bank. para cofinanciar el proyecto\n Primera Fase de la R Etapa del Sistema de Trolebuses para la\n ciudad de Quito, hasta el 30 de junio del año 2000.

\n\n

Art. 2. - Los términos\n y condiciones financieras de este préstamo permanecen\n inalterables, a excepción del costo de la prima de seguro\n pagadero a la Compañía Española de Seguros\n de Crédito a la Exportación. CESCE, la misma que\n se incrementa en US$ 92.863,00, valor que será cubierto\n por el I. Municipio de Quito en su condición de Unidad\n Ejecutora del Proyecto.

\n\n

Art. 3. - De la ejecución\n del presente Decreto, que entrará en vigencias partir\n de su publicación en el Registro Oficial, encárguese\n el Ministro de Finanzas y Crédito Público.

\n\n

Dado, en el Palacio Nacional\n de Gobierno, en Quito a, 30 de marzo del 2000.

\n\n

f) Gustavo Noboa Bejarano, Presidente\n Constitucional de la República.

\n\n

f) Abg. Jorge Guzmán Ortega,\n Ministro de Finanzas y Crédito Público.

\n\n

Es fiel copia del original.

\n\n

Lo certifico.

\n\n

f ) Marcelo Santos Vera, Secretario\n General de la Administración Pública.

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

N° 264

\n\n

Gustavo Noboa\n Bejarano
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que mediante Decreto Ejecutivo\n 26, publicado en el Registro Oficial, 11, de 7 de febrero del\n 2000, se fusionaron la Subsecretaria de Turismo con el Ministerio\n del Ambiente, bajo la denominación de Ministerio de Turismo\n y Ambiente;

\n\n

Que el Turismo es una de las\n actividades básicas para el desarrollo nacional;

\n\n

Que para incentivar esta actividad\n es necesario planificarla Y promocionarla de forma adecuada en\n el foro internacional;

\n\n

Que a nivel internacional, a\n lo largo del año existen varios eventos de carácter\n promocionar en los que es indispensable la presencia ecuatoriana\n a través del Ministerio de Turismo y Ambiente, conjuntamente\n con el sector privado dedicado a esta actividad;

\n\n

Que el artículo 1 8 de\n la Ley Especial de Desarrollo Turístico, publicada en\n el Registro Oficial 118, de 28 de enero de 1997, dispone que\n el 90% de los ingresos establecidos en la ley, servirán\n para la promoción turística del país,

\n\n

Que estos recursos provienen\n de varias fuentes y que no representan egresos extras para el\n Estado; y,

\n\n

En ejercicio de las atribuciones\n que le confiere el número 9 del artículo 171 de\n la Constitución Política de la República,

\n\n

Decreta:

\n\n

Art. 1. - Declárase de\n interés nacional la promoción turística\n del país en el extranjero, de acuerdo a lo dispuesto en\n el artículo 15 de las Normas de Restricción del\n Gasto Público, expedidas mediante Decreto Ejecutivo 262,\n publicado en el Registro Oficial 59, de 1 de noviembre de 1996.

\n\n

Art. 2. - A fin de dar agilidad\n a la promoción del país, en estos casos y debido\n a que estas movilizaciones no representan egresos extras para\n el Estado, los funcionarios del Ministerio (de Turismo y Ambiente\n que sean designados por el titular de esa Cartera de Estado mediante\n acuerdo ministerial para desplazarse al extranjero, no se someterán\n a lo dispuesto en el artículo 16 de las Normas de Restricción\n del Gasto Público, es decir, prescindirá de informes\n previos de cualquier clase, siempre que los viajes sean financiados\n con recursos de autogestión, donaciones u otros recursos\n que no afecten al vigente presupuesto del Ministerio. Sin embargo,\n periódicamente se informará al Ministerio de Finanzas\n y Crédito Público sobre las comisiones efectuadas.

\n\n

Art. 3. - De la ejecución\n del presente Decreto, que entrará en vigencia a partir\n de la fecha de su publicación en el Registro Oficial,\n encárguense el Ministerio de Finanzas y Crédito\n Público y la Ministra de Turismo Ambiente.

\n\n

Dado, en el Palacio Nacional\n en Quito, a 30 de marzo del 2000.

\n\n

f) Gustavo Noboa Bejarano, Presidente\n Constitucional de la República.

\n\n

f ) Jorge Guzmán Ortega,\n Ministro de Finanzas y Crédito Público.

\n\n

f) Rocío Vásquez\n Alcázar, Ministra de Turismo y Ambiente.

\n\n

Es fiel copia del original.-\n Lo certifico:

\n\n

f ) Marcelo Santos Vera, Secretario\n General de la Administración Pública.

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

N° 267

\n\n

Gustavo Noboa\n Bejarano
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, el segundo inciso del artículo\n 96 de la Ley para la Transformación Económica establece\n que el Presidente de la República, a través de\n Decreto Ejecutivo, dispondrá las condiciones para la reestructuración\n de las deudas de personas naturales y jurídicas que mantengan,\n a la fecha de vigencia de la referida ley, acreencias superiores\n a cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América;

\n\n

Que, el inciso cuarto del artículo\n 96 la Ley de Transformación Económica dictamina\n que el refinanciamiento se efectuará dentro de los 120\n días contados a partir de la vigencia de esta ley;

\n\n

Que, el último inciso\n del artículo 96 de la Ley para la Transformación\n Económica determina que no podrán acceder a este\n sistema de reprogramación de pasivos los créditos\n vinculados, y los concedidos al margen de la Ley General de Instituciones\n del Sistema Financiero; y . a' la cartera considerada pérdida;

\n\n

Que, en el inciso primero del\n articulo 8 de la Resolución Interinstitucional N°\n 001 - 2000 de 4 de febrero del 2000, reformado en Resolución\n Interinstitucional N° 002 - 2000 de 17 de marzo del 2000,\n se establece que los certificados financieros que emitirán\n las instituciones del sistema financiero en restitución\n de los depósitos a los que se refiere el Decreto 685 de\n 11 de marzo de 1999 podrán ser utilizados para cancelar\n o compensar la totalidad o parte de las deudas vencidas y por\n vencer, incluyendo intereses y otros recargos, contraídas\n originalmente con anterioridad del 7 de enero del 2000, los mismos\n que obligatoriamente deben ser recibidos a valor nominal por\n las instituciones del sistema financiero emisoras y las del grupo\n financiero,

\n\n

Que, la crisis económica\n ha deteriorado la capacidad de pago del sector productivo, especialmente\n de aquellos con obligaciones en moneda extranjera por efectos\n del incremento del tipo de cambio;

\n\n

Que, la irrecuperabilidad de\n la cartera del sector productivo incidió en los niveles\n de liquidez y solvencia de las instituciones financieras;

\n\n

Que, el Gobierno Nacional está\n comprometido en diseñar una estrategia que permita fortalecer\n las instituciones financieras mediante el mejoramiento de la\n calidad de sus activos y la reactivación del sector productivo;\n y,

\n\n

En ejercicio de las atribuciones\n que le confiere la Constitución Política y la ley,

\n\n

Expide:

\n\n

El siguiente Reglamento para\n el "Programa de Reprogramación de Pasivos de los\n deudores del sistema financiero con deudas superiores a cincuenta\n mil dólares de
\n los Estados Unidos de América".

\n\n

Art. 1. - Para la ejecución\n del Programa previsto en este Decreto, confórmese, dentro\n de la Superintendencia de Bancos, la "Unidad Coordinadora\n del Programa de Reprogramación de Pasivos"; la misma\n que funcionará en la Superintendencia de Bancos y actuará\n como órgano facilitador para los procesos de negociación\n existentes dentro de la reprogramación de pasivos; así\n como ejecutará, en coordinación con la Unidad Ejecutora\n de la Superintendencia de Bancos, las políticas y actividades\n dirigidas a modernizar y mejorar la capacidad competitiva del\n sector productivo del país, dentro del ámbito de\n la reestructuración del sector productivo.

\n\n

La Unidad Coordinadora del Programa\n de Reprogramación de Pasivos velará por el irrestricto\n cumplimiento de los principios, leyes, reglamentos y demás\n disposiciones, que regulan el Programa de Reprogramación\n de Pasivos; y para el fiel cumplimiento de las obligaciones adquiridas\n por las partes, respecto del cronograma pactado y la ejecución\n del programa.

\n\n

La Unidad Coordinadora funcionará\n mientras dure el proceso de reprogramación.

\n\n

La Junta Bancaria designará\n entre sus miembros al funcionario a cargo de la Unidad Coordinadora\n y quien será el responsable del proceso y reportará\n exclusivamente y bajo la más absoluta confidencialidad,\n los aspectos relacionados al proceso de reestructuración\n al Superintendente de Bancos y la Junta Bancaria, quienes mantendrán\n constantemente informado sobre la situación al Presidente\n de la República, al Gerente de la Agencia de Garantía\n de Depósitos, al Superintendente de Compañías,\n al Presidente del Directorio del Banco Central del Ecuador Y\n al Ministro de Finanzas.

\n\n

El personal de la Unidad Coordinadora\n estará conformado por profesionales con experiencia técnica\n y legal en la administración de riesgos Y reestructuración\n de deuda; y por funcionarios , personal en comisión de\n servicios de las instituciones antes mencionadas. La Unidad Coordinadora\n podrá contar con la asistencia técnica de expertos\n nacionales e internacionales y funcionarios de los Organismos\n Internacionales.

\n\n

La estructura y operatividad\n de la Unidad Coordinadora será regulada por la Junta Bancaria.

\n\n

Art. 2. - Las entidades estatales\n autónomas y dependientes del Gobierno Central deberán\n prestar, a la Unidad Coordinadora. todas las facilidades de suministro\n de información necesaria para llevar a cabo el Programa\n de Reestructuración de Pasivos, así como deberán\n participar de las distintas disposiciones interinstitucionales\n que deban emitirse para el efecto, bajo la exclusiva coordinación\n de la Superintendencia de Bancos.

\n\n

Art. 3. - Las personas naturales\n o jurídicas con deudas superiores a cincuenta mil dólares\n de los Estados Unidos de América, reestructurarán\n sus pasivos con el sistema Financiero, cuando hayan sido reportados\n por cualquier institución del sistema a la Superintendencia\n de Bancos con una calificación de riesgo de B C, Y D con\n corte al 31 de diciembre de 1999 siempre y cuando no sean deudores\n vinculados reportados o identificados como tales por la Superintendencia\n de Bancos en las inspecciones realizadas, o de créditos\n que se hayan concedido al margen de la Ley General de Instituciones\n del Sistema Financiero; así como aquellos considerados\n como pérdidas. Los créditos calificados como E,\n podrán ser reestructurados cuando tengan viabilidad, de\n acuerdo a las normas que establezca la Junta Bancaria.

\n\n

Se excluyen de este mecanismo\n las operaciones de financiamiento de comercio exterior, sobregiros\n y las realizadas por las tarjetas de crédito, vigentes\n o vencidas.

\n\n

El programa de reestructuración\n de pasivos de los sujetos de crédito referidos no constituirá\n un medio de condonación de obligaciones o de subsidio\n alguno.

\n\n

Art. 4. - Las personas naturales\n o jurídicas con deudas superiores a cincuenta mil dólares\n de los Estados Unidos de América, que hayan sido reportados\n en todo el sistema a la Superintendencia de Bancos con una calificación\n de riesgo de A con corte al 31 de diciembre de 1999, podrán\n reestructurar sus pasivos con el sistema financiero bajo común\n acuerdo entre las partes, pero fuera del amparo del Programa\n de Reestructuración de Pasivos previsto por el presente\n Decreto.

\n\n

No obstante, tales deudas, para\n ser reestructuradas al amparo de este Programa, tendrán\n que ser calificadas y reportadas a la Superintendencia de Bancos\n con una calificación de riesgo inmediatamente inferior,\n constituyendo para el efecto las provisiones mínimas requeridas\n para la categoría de riesgo correspondiente. La Junta\n Bancaria emitirá la norma aplicable para estos casos.

\n\n

Art. 5. - Para el caso de los\n créditos vinculados, la cartera considerada pérdida\n o las concedidas al margen de la Ley General de Instituciones\n del Sistema Financiero bajo los criterios definidos en el artículo\n 3, se sujetarán a un programa diseñado para acelerar\n la recuperación de los bienes de estas personas naturales\n y jurídicas y sus accionistas, aplicando para tal objetivo,\n las leyes civiles y penales Y sus respectivos reglamentos, las\n mismas que serán aplicadas de igual forma a los representantes\n legales, directores y administradores de las empresas en caso\n de determinarse responsabilidad alguna sobre las situaciones\n que afectaron la incobrabilidad de los créditos.

\n\n

En caso que no se sometan voluntariamente\n a dicho programa, tales sujetos de créditos serán\n acogidos en un proceso obligatorio. de recuperación que\n determinará la Junta Bancaria.

\n\n

El Superintendente de Bancos\n publicará dentro de noventa días una lista de las\n personas naturales y jurídicas definidas en este artículo,\n junto con un reporte trimestral de evolución de la recuperación\n de los bienes.

\n\n

Art. 6. - Los deudores mencionados\n en el artículo 3 podrán reprogramar sus obligaciones\n por vencer y vencidas, incluyendo intereses y otros recargos,\n en un mediano y largo plazo, lo que creará un perfil de\n pago que permita recuperar su capacidad y. viabilidad, el cual\n será negociado voluntariamente entre las partes. Para\n efectos de este Decreto, por mediano plazo deberá entenderse\n hasta tres arios, y, por largo plazo más de tres años.

\n\n

Dentro de dicho plazo se podrá\n incluir un período de reactivación económica,\n que no podrá exceder de dos años, y que consiste\n en el pago, durante dicho plazo. de cuotas crecientes con reajustes\n trimestrales, y estarán constituidas por el interés\n sobre el capital vigente y vencido pendiente de pago, cuya tasa\n será acordada de común acuerdo entre las partes.\n Las cuotas crecientes incluirán también el interés\n corriente y de mora devengado y no pagado antes de la fecha en\n que el deudor llegue a un acuerdo de reestructuración\n con las instituciones financieras.

\n\n

Durante el período de\n reactivación económica, el deudor deberá\n amortizar parte del capital vigente y vencido reestructurado.\n Durante el plazo restante del período de reestructuración\n continuará amortizando el capital restante a través\n de dividendos pactados en función de las tasas de mercado\n vigentes a esa fecha, de modo que al final del período\n previsto el capital haya sido amortizado por completo.

\n\n

La reestructuración de\n pasivos constituye una extensión del plazo de vigencia\n de las obligaciones con el sistema financiero, por lo tanto,\n no se deberá cobrar el impuesto del uno por ciento sobre\n las transacciones en moneda extranjera ni tasas por concepto\n de comisiones y servicios cobradas por las instituciones del\n sistema financiero; lo que será normado por el Directorio\n de Banco Central del Ecuador.

\n\n

Las personas naturales y jurídicas\n que participen en el Programa de Reestructuración de Pasivos\n deberán garantizar transparencia absoluta, buen gobierno\n corporativo incluyendo protección de accionistas minoritarios\n y que los futuros estados financieros sean preparados y certificados\n según Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados\n (GAAP internacionales).

\n\n

Art. 7. - Los deudores del sistema\n financiero tendrán un plazo de ciento veinte días\n para acogerse al Programa de Reestructuración de Pasivos,\n contados a partir de la publicación en el Registro Oficial\n de la Ley de Transformación Económica.

\n\n

Art. 8. - Durante el período\n de reestructuración las personas naturales y jurídicas\n referidas en este Decreto, no podrán pagar dividendos\n ni otorgar garantías y préstamos a sus accionistas,\n directores y demás administradores, funcionarios y empresas\n relacionadas declaradas juramentadamente dentro del proceso como\n relacionadas. Sin embargo, en caso que el deudor contravenga\n las limitaciones expuestas o efectúen préstamos\n o concedan garantías a empresas relacionadas no declaradas,\n las instituciones declararán, a los créditos reestructurados,\n de plazo vencido y se procederá a aplicar los mecanismos\n previstos por la Junta Bancaria.

\n\n

Art. 9. - Los deudores expresarán\n por escrito su voluntad de acceder al Programa de Reestructuración\n de Pasivos, incluyendo su compromiso de suministrar la información\n que sea solicitada en la forma y tiempo requerida por sus acreedores.

\n\n

Por otra parte, la institución\n financiera está en la obligación de recibir la\n solicitud bajo las condiciones descritas, la misma que podrá\n ser negada si el deudor se encuentra dentro de las excepciones\n contempladas en el articulo 3 del presente Decreto. Si la institución\n financiera se negare a recibir la solicitud, el Superintendente\n de Bancos deberá sancionar a la entidad infractora de\n conformidad al artículo 136 y 151 de la Ley General de\n Instituciones del Sistema Financiero, así como las establecidas\n en el inciso tercero del artículo 96 de la Ley para la\n Transformación Económica.

\n\n

En caso de que no exista un acuerdo\n de reestructuración entre las partes, las mismas podrán\n someterse a un mecanismo de negociación en el cual la\n Unidad Coordinadora actuará como ente facilitador, firmando\n para esto un acuerdo mutuo en forma conjunto y bajo las condiciones\n requeridas para cada caso en particular.

\n\n

Para aquellos deudores que tengan\n obligaciones con varias instituciones financieras deberán\n presentar una sola propuesta que cubra el pago de todas sus obligaciones\n con el sistema financiero, respetando prioridades de participación\n sobre las garantías recibidas como colateral de los créditos\n otorgados por las instituciones financieras del país.

\n\n

Los mecanismos previstos en el\n presente artículo serán definidos y reglamentados\n por la Junta Bancaria.

\n\n

Art. 10. - Los deudores que no\n se sometieran voluntariamente al Programa de Reestructuración\n de Pasivos y se encontraran en mora por más de tres meses\n en cualquier crédito mantenido en el sistema financiero\n nacional, deberán ser reportados al Superintendente de\n Bancos como de plazo vencido, el mismo que dispondría\n a las áreas operativas respectivas su reclasificación\n para todo el sistema financiero como categoría "E\n - pérdida".

\n\n

Art. 11. - Si dentro del plazo\n establecido en el artículo 7 del presente Decreto las\n partes no llegarán a un acuerdo, la institución\n financiera podrá ejercer el mecanismo que la Junta Bancaria\n determine para el efecto.

\n\n

Art. 12. - No correrán\n los intereses por mora, salvo que el deudor incumpla con el pago\n de dos cuotas seguidas, en cuyo caso se declarará de plazo\n vencido la totalidad de la operación y se procederá\n de acuerdo con el mecanismo que la Junta Bancaria establezca.

\n\n

Art. 13. - El Programa de Reestructuración\n establecido en este Decreto deberá contemplar, si es que\n el deudor los incluye en la propuesta de reestructuración,\n la utilización de los certificados financieros que emitirán\n las instituciones del sistema financiero en restitución\n de los depósitos inmovilizados por el Decreto 685 del\n 11 de marzo de 1999, en los términos que establezca la\n Junta Bancaria.

\n\n

Art. 14. - Las instituciones\n financieras podrán modificar o reversar los niveles de\n provisiones sobre los pasivos reestructurados bajo el programa\n previsto por el presente Decreto, de acuerdo a las normas que\n la Junta Bancaria emitirá al respecto.

\n\n

Art. 15. - Como parte de los\n convenios de reprogramación, se incorporará la\n obligación de los deudores que hayan concedido créditos\n por operaciones comerciales en el monto establecido en el inciso\n 1 del artículo 96 de la Ley de Transformación Económica,\n para reestructurarlos de acuerdo a las disposiciones contenidos\n en el artículo 97 de la mencionada ley.

\n\n

Art. 16. - Si entre los deudores\n del sistema financiero existen compañías controladas\n por la Superintendencia de Compañías que se han\n sometido a la Ley de Concurso Preventivo, podrán acogerse\n al Programa de Reestructuración de Pasivos, siempre y\n cuando renuncien voluntariamente al proceso de concurso preventivo.\n En caso que el proceso se encuentre en las últimas instancias,\n la Superintendencia de Compañías y de Bancos emitirán\n conjuntamente una norma para que tales deudores puedan acogerse\n al Programa de Reestructuración de Pasivos.

\n\n

Art. 17. - Para la aplicación\n del Programa de Reprogramación de Pasivos y para cualquier\n acción judicial, los deudores que sean grupo económico\n serán considerados como un solo deudor. Serán consideradas\n grupo económico las personas naturales o jurídicas\n y las sociedades no financieras, si incurrieran en algunos de\n los eventos previstos en los literales a), b) y c) del artículo\n 75 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero.

\n\n

DISPOSICIONES GENERALES

\n\n

PRIMERA. - La Junta Bancaria\n normará la ejecución del Programa previsto en este\n Decreto, y podrá identificar determinados sectores de\n la economía que requieran financiamiento de mediano y\n largo plazo de acuerdo a las normas de este Decreto.

\n\n

De igual forma absolverá\n con carácter obligatorio cualquier duda que surja en la\n aplicación de las normas y disposiciones que regulan este\n programa cuidando siempre el interés de los pequeños\n acreedores, de los trabajadores y del Estado.

\n\n

SEGUNDA. - Las instituciones\n financieras que no cumplan con lo establecido serán sometidas\n a las sanciones de ley.

\n\n

DISPOSICIONES FINALES

\n\n

PRIMERA. - En el caso de contradicción\n entre lo dispuesto en este Decreto y normas reglamentarias prevalecerá\n lo primero

\n\n

SEGUNDA. - Este Decreto entrará\n en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su\n publicación en el Registro Oficial.

\n\n

Dado en el Palacio Nacional,\n en le Distrito Metropolitano de Quito, el 30 de marzo de 2000

\n\n

f) Gustavo Noboa Bejarano, Presidente\n Constitucional de la República.

\n\n

Es fiel copia del original.-\n Lo certifico:

\n\n

f ) Marcelo Santos Vera, Secretario\n General de la Administración Pública.

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

N° 11

\n\n

CONSEJO NACIONAL\n DE REMUNERACIONES DEL SECTOR PUBLICO

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, mediante Resolución\n No. 006, publicada en el suplemento del Registro Oficial No.\n 350 de 30 de diciembre de 1999 se resolvió sobre la política\n de crecimiento salarial para los servidores de los gobiernos\n seccionales.

\n\n

Que, es necesario aclarar el\n contenido del artículo 5 de la mencionada resolución;\n y,

\n\n

En uso de las atribuciones que\n le confiere la ley para la Reforma del as Finanzas Públicas;

\n\n

Resuelve:

\n\n

Art. 1. - En el artículo\n 5 de la Resolución No. 006 del CONAREM, publicada en el\n Suplemento del Registro Oficial No. 350 de 30 de diciembre de\n 1999, después de la palabra "Autónomos"\n agregar la frase: "cuyo financiamiento con recursos propios\n y permanentes lo permita, podrán incrementar". Suprimir\n la palabra "incrementarán" y, sustituir el siguiente\n texto: ", dentro de los límites establecidos en el\n Art. 3 y de la evolución de la masa salarial prevista\n en el Art. 1 de esta Resolución", por el siguiente:
\n "en función de la evolución de la masa salarial\n de hasta el 20%".

\n\n

Art. 2. - La presente Resolución\n entrará en vigencia sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial.

\n\n

Dado en la ciudad de San Francisco\n de Quito, Distrito Metropolitano a los 29 días del mes\n de marzo del 2000.

\n\n

Publíquese. -

\n\n

f.) Econ. Jaime Carrera Cárdenas,\n delegado del Ministro de Finanzas y Crédito Público,\n Presidente del CONAREM.

\n\n

f.) Ab. Martín Insúa\n Chang, Ministro de Trabajo, miembro del CONAREM.

\n\n

f.) Sr. Fausto Camacho Zambrano,\n Miembro Representante de los Trabajadores, Empleados y Maestros.

\n\n

Certifico.

\n\n

f.) Juan Francisco Alvear Bautista,\n Director de Servicio y Desarrollo Institucional (E), Secretario\n del CONAREM,

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

N° 12

\n\n

CONSEJO NACIONAL\n DE REMUNERACIONES DEL SECTOR PUBLICO

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, mediante Resolución\n No. 002 publicada en el Registro Oficial No. 299 de 15 de octubre\n de 1999, se estableció los montos máximos de incremento\n en los contratos colectivos en las empresas eléctricas,\n la misma que es necesario aclarar y ampliar; y,

\n\n

En ejercicio de las atribuciones\n previstas en las letras a) y c) del Art. 51 de la Ley para la\n Reforma de las Finanzas Públicas.

\n\n

Resuelve:

\n\n

ARTICULO UNICO. - Sustitúyase\n el inciso primero del Art. 1 de la Resolución No. 002\n del CONAREM, publicada en el Registro Oficial No. 299 de 15 de\n octubre de 1999, por el siguiente: "En las Empresas Eléctricas\n en las que el Fondo de Solidaridad sea accionista, determínese\n como monto máximo de incremento en los Contratos Colectivos\n de hasta el 20% de la masa salarial para el primer año;\n y, hasta el 10% de la masa salarial para el segundo año".

\n\n

Dado en la ciudad de San Francisco\n de Quito, Distrito Metropolitano, a los veintinueve días\n del mes marzo del dos mil.

\n\n

Publíquese. -

\n\n

f ) Ec. Jaime Carrera Cárdenas,\n delegado del Ministro de Finanzas y Crédito Público,\n Presidente del CONAREM.

\n\n

f.) Ab. Martín Insúa\n Chang, Ministro de Traba o, miembro del CONAREM.

\n\n

f.) Sr. Fausto Camacho Zambrano,\n Miembro Representante de los Trabajadores, Empleados y Maestros.

\n\n

Certifico. -

\n\n

f) Juan Francisco Alvear Bautista,\n Director de Servicio Civil Y Desarrollo Institucional (E), Secretario\n del CONAREM.

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

Nro. 031 - 2000 - TP

\n\n

EL TRIBUNAL\n CONSTITUCIONAL

\n\n

En el caso\n Nro. 129 - 99 - TC

\n\n

ANTECEDENTES. - Vicente Izurieta\n Gaviria, Presidente del Colegio de Abogados, por sus propios\n derechos y con el informe favorable del Defensor del Pueblo,\n solicita se declare la inconstitucionalidad del artículo\n 10 del Reglamento de Aplicación a la Ley Reformatoria\n de la Ley de Federación de Abogados del Ecuador, expedido\n mediante Decreto Ejecutivo No. 1705 en el Suplemento del Registro\n Oficial No. 378 de 7 de agosto de 1998.

\n\n

Manifiesta el demandante que\n el 20 de junio de 1997, en el Registro Oficial No. 91 se publica\n la Ley Reformatoria de la Ley de Federación de Abogados\n del Ecuador, en la que se establece un sistema escalafonario\n que regirá a favor de los profesionales del Derecho que\n trabajen en relación de dependencia, tanto en los sectores\n público como privado, en su disposición transitoria\n tercera establece que los efectos de la misma, respecto del escalafón,\n empezaría a regir a partir de enero de 1998.

\n\n

Que sin embargo, por un error\n involuntario de la Presidencia se publica mediante Decreto Ejecutivo\n No. 175, en el Registro Oficial No. 378 de 7 de agosto de 1998,\n el Reglamento de Aplicación a la Ley Reformatoria a la\n Ley de Federación de Abogados del Ecuador, en cuyo artículo\n 10 se establece que el escalafón señalado en la\n Ley Reformatoria, se aplicará a partir del primero de\n enero de 1999.

\n\n

Que resulta evidente la contradicción\n entre el artículo 10 del Reglamento de Aplicación\n a la Ley Reformatoria a la Ley de Federación de Abogados\n del Ecuador y la Disposición Transitoria Tercera de la\n Ley Reformatoria a la Ley de Federación de Abogados del\n Ecuador, no pudiendo contravenir una norma inferior, lo dispuesto\n por otra de superior jerarquía y menos aún un reglamento\n podría contradecir lo señalado en la ley que pretende\n aplicar.

\n\n

La Constitución Política\n establece que "si hubiere conflicto entre normas de distinta\n jerarquía, las cortes, tribunales, jueces y autoridades\n administrativas lo resolverán, mediante la aplicación\n de la norma jerárquicamente superior."

\n\n

Que el artículo 10 del\n Reglamento mencionado, contraviene lo dispuesto por la Disposición\n Transitoria de la Ley. De esta forma, contraviene también\n

 

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