Registro Oficial. 28 de ABRIL del 2000 Suplemento

Viernes, 28 de abril de 2000

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

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   MES DE ABRIL DEL 2000
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 REGISTRO OFICIAL
ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR
Administración del Sr. Dr. Gustavo Noboa Bejarano
Presidente Constitucional de la República
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Viernes 28 de Abril del 2000

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REGISTRO OFICIAL No. 68

\n

SUPLEMENTO

\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n

EDMUNDO ARIZALA ANDRADE
DIRECTOR ENCARGADO

\n FUNCION\n EJECUTIVA

\n\n

RESOLUCIONES:

\n\n

CONSEJO\n NACIONAL DE SALARIOS:

\n\n

20 Apruébase el incremento\n a las remuneraciones unificadas vigentes de los trabajadores\n del sector privado a partir del 1ro. de abril del año\n 2000.

\n\n

CONSEJO\n NACIONAL DE LA MARINA MERCANTE Y PUERTOS:

\n\n

003100 Expídense las regulaciones\n para el sistema de consultas entre armadores y usuarios, y para\n el registro de tarifas básicas y recargos

\n\n

TRIBUNAL\n CONSTITUCIONAL

\n\n

RESOLUCIONES:

\n\n

029 - 2000 - TP Acéptanse parcialmente\n las demandas, declarase la inconstitucionalidad y suspéndense\n los efectos de varias disposiciones de la Ley de Reforma de las\n Finanzas Públicas, publicada en el Suplemento del Registro\n Oficial N° 181 del 30 de abril de 1999

\n\n

055 - 2000 - TP Deséchanse los pedidos\n de aclaración y ampliación presentados por los\n señores Nicanor Campaña Quinteros, Presidente de\n la Junta Nacional de Defensa del Artesano, Lincoln Eduardo Jara\n Ortega, Presidente de FEDELEC, y de la doctora Martha Escobar\n Koziel, Asesora de la Presidencia de la República y Procuradora\n Judicial del Primer Mandatario, por cuanto el caso 558 - 99 -\n TC fue resuelto por el Tribunal Constitucional

\n\n

ORDENANZA\n MUNICIPAL:

\n\n

- Cantón San Francisco de Puebloviejo: Mediante la\n cual se asignan los nombres al equipamiento municipal urbano\n

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N° 20

\n\n

EL CONSEJO NACIONAL DE SALARIOS

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, consciente de la difícil\n situación económica por la que atraviesa el Ecuador,\n el Gobierno Nacional se encuentra empezado en buscar soluciones\n que, sin desestabilizar el sistema productivo, contribuya a la\n recuperación paulatina pero consistente de la capacidad\n adquisitiva de los trabajadores del país;

\n\n

Que, persuadido de la imperiosa urgencia\n de tal recuperación, se hace necesario un reajuste inmediato\n de las remuneraciones que perciben los trabajadores en relación\n de dependencia laboral, el que adicionalmente permitirá\n la aplicación de la Ley de Transformación Económica\n del Ecuador, y la exitosa ejecución de la dolarización\n en todos los ámbitos del quehacer productivo de la nación;\n y,

\n\n

Que, animado de tal propósito,\n el Consejo Nacional de Salarios, en uso de sus facultades legales\n prescritas en dicha ley,

\n\n

Resuelve:

\n\n

ART. 1. - Del incremento general a las\n remuneraciones. - A partir del 1 de abril del año 2000,\n se incrementan las remuneraciones unificadas vigentes de los\n trabajadores del sector privado del país, cualquiera sea\n el sueldo o salario que se encuentren percibiendo, de conformidad\n con la siguiente escala:

\n\n

Trabajadores en general, de la
\n Pequeña Industria y Agrícolas. S/. 500.000 mensuales

\n\n

Operarios de Artesanías. S/.\n 256.000 mensuales

\n\n

Trabajadores del Servicio
\n Doméstico. S/. 200.000 mensuales

\n\n

ART. 2. - De la aplicación del\n incremento general. - Ningún trabajador que sea contratado\n a partir del 1 de abril del 2000, podrá percibir en el\n futuro una remuneración inferior a la que resulte de sumar\n el valor respectivo asignado en la tabla sectorial de la rama\n ocupacional o escalafón profesional en la cual labore,\n más el presente incremento general.

\n\n

Los trabajadores que venían prestando\n sus servicios con anterioridad al 13 de marzo del 2000, tendrán,\n derecho, además, a que se les sume lo correspondiente\n al décimo quinto sueldo (mensualizado) y el décimo\n sexto sueldo, de conformidad con lo prescrito en el primer inciso\n del primer artículo innumerado del Art. 94 en la Ley de\n Transformación Económica del Ecuador.

\n\n

ART. 3. - De la aplicación del\n incremento para los trabajadores a destajo. - El incremento general\n remunerativo al que se refiere el articulo anterior, beneficia\n también a los trabajadores que perciben sus remuneraciones\n bajo la modalidad del destajo.

\n\n

ART. 4. - De la imputabilidad. - Los\n aumentos a las remuneraciones que por cualquier concepto o modalidad\n se hicieren efectivos durante el año 2000, serán\n imputables al incremento general establecido en el artículo\n 1 de esta resolución. Se exceptúan, y en consecuencia\n no son imputables tanto el incremento a la Bonificación\n Complementaria como el generado por las Comisiones Sectoriales,\n cuya vigencia de aplicación empezó a regir a partir\n del 1 de enero del 2000.

\n\n

Si los aumentos han sido o fueren inferiores\n al valor determinado como incremento general de las remuneraciones,\n el empleador deberá pagar la diferencia hasta completar\n el valor total del incremento, y sí fuere superior, deberá\n mantener lo pactado.

\n\n

ART. 5. - De la vigencia. - La presente\n resolución entrará en vigencia a partir del 1 de\n abril del 2000, sin perjuicio de su publicación en el\n Registro Oficial.

\n\n

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

\n\n

PRIMERA: Con el objeto de evitar que\n el incremento salarial de las remuneraciones dispuesto en la\n presente resolución, altere los sistemas salariales de\n los empleadores que pagan a sus trabajadores bajo el sistema\n de destajo o rendimiento, el incremento por la incorporación\n del respectivo valor a las tarifas, piezas, trozos, unidades\n de obra, medidas de volumen, etc., hasta tanto no se llegue a\n un acuerdo directo entre las partes respecto a la incorporación\n proporcional del incremento, éste se pagará exclusivamente\n en su valor absoluto, siempre considerando labores de 8 horas\n diarias. Sin perjuicio de lo cual las partes podrán pactar\n libremente la incorporación del respectivo valor a los\n sistemas de destajo o rendimiento.

\n\n

Para la incorporación, la referencia\n serán los promedios históricos reales de cada actividad

\n\n

En los casos en que los empleadores\n hayan pactado con sus trabajadores el pago de una tarifa única\n por unidad de obra, medidas de volumen, trozos, piezas, etc.,\n el aumento salarial dispuesto por la presente resolución\n se aplicará al promedio del rendimiento en 8 horas normales\n de labores en períodos anteriores, de los trabajadores\n de determinada actividad.

\n\n

Para estos efectos, entiéndase\n por Tarifa Unica, la que incluye en su cuantía todos los\n componentes salariales que constituyen el ingreso total periódico\n de los trabajadores.

\n\n

SEGUNDA: Igual criterio se aplicará\n para los casos en los que por contratación colectiva se\n contemple un pago de horas superior a las 8 horas de trabajo\n efectivo ordinario, de tal manera que el o los trabajadores que\n perciban sus remuneraciones bajo esta modalidad contractual,\n deberán convenir previamente con el empleador la incorporación\n del valor total del incremento resuelto. Hasta tanto no se llegue\n a este acuerdo, tales trabajadores tendrán derecho a percibir\n solamente el valor total íntegro respectivo.

\n\n

Dado en Quito, en la sala de sesiones\n del Consejo Nacional de Salarios, el veintinueve de marzo del\n año 2000.

\n\n

Publíquese en el Registro Oficial.

\n\n

f.) Abg. Eduardo Molina Marchán,\n Subsecretario de Trabajo, Presidente del Consejo Nacional de\n Salarios.

\n\n

Lo certifico, Quito, a 29 de marzo del\n 2000.

\n\n

f) Econ. Martha Almeida Suárez,\n Jefa del Departamento de Salario Mínimo, Secretaria Técnica\n del CONADES.

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

No 003/00

\n\n

EL CONSEJO NACIONAL DE LA MARINA MERCANTE\n Y PUERTOS

\n\n

Considerando:

\n\n

Que el artículo 14 de la Decisión\n No. 314 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, publicada\n en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 102\n del 18 de febrero de 1992 y promulgada en el Registro Oficial\n No. 897 del 19 de marzo de 1992, establece que los Países\n Miembros del Grupo Andino, fortalecerán los sistemas de\n consultas entre las empresas de transporte marítimo y\n los usuarios, con miras a lograr entendimientos mutuos sobre\n las condiciones económicas del transporte,

\n\n

Que la Ley de Facilitación de\n las Exportaciones y del Transporte Acuático, expedida\n el 23 de marzo de 1992, publicada en el Registro Oficial No.\n 901 del 25 de los mismos mes y año, en su Art. 26, establece\n el sistema de consulta entre armadores y usuarios, encargando\n a este Consejo su regulación;

\n\n

Que mediante Resolución No. 014/92\n expedida el 8 de julio de 1992, publicada en el Registro Oficial\n No. 988 del 29 de los mismos mes y año, se expidieron\n las REGULACIONES PARA EL SISTEMA DE CONSULTAS ENTRE ARMADORES\n Y USUARIOS;

\n\n

Que en la actividad naviera en general\n y en el transporte marítimo en particular, se han originado\n cambios operativos y técnicos que ameritan una actualización\n de las disposiciones señaladas en la Resolución\n No. 014/92;

\n\n

Que la Dirección General de la\n Marina Mercante y del Litoral luego de varias reuniones con delegados\n de organizaciones e instituciones privadas y públicas\n relacionadas con el comercio exterior, ha elaborado un documento\n que procura fortalecer y dinamizar el sistema de consultas entre\n armadores y usuarios; y,

\n\n

En uso de la facultad que le conceden\n los artículos 22 y 26 de la Ley de Facilitación\n de las Exportaciones y del Transporte Acuático,

\n\n

Resuelve:

\n\n

EXPEDIR LAS SIGUIENTES REGULACIONES\n PARA EL SISTEMA DE CONSULTAS ENTRE ARMADORES Y USUARIOS, Y PARA\n EL REGISTRO DE TARIFAS BASICAS Y RECARGOS

\n\n

Art. 1. - DEFINICIONES.

\n\n

Sistema de Consultas. - Es el intercambio\n de pareceres u opiniones sobre las tarifas básicas de\n los fletes marítimos, los recargos y otras condiciones\n de transporte, a fin de que exista un entendimiento entre las\n partes.

\n\n

1.1 Las empresas navieras y/o las agencias\n navieras que los representan, proveerán en forma permanente\n los fletes marítimos y en especial cuando exista un cambio\n en la tarifa básica o en los recargos, a las instituciones\n que representan a los usuarios de manera individual o colectiva,\n del transporte marítimo, con la finalidad de implementar\n el sistema de consultas.

\n\n

Ambito de la consulta. - Serán\n objeto de consulta:

\n\n

a) Los cambios del nivel general de\n fletes marítimos;

\n\n

b) Los cambios en los recargos;

\n\n

c) Los cambios en las condiciones generales\n de la tarifa básica,

\n\n

d) La imposición de recargos\n por parte de las conferencias marítimas y/o las empresas\n marítimas en forma particular,

\n\n

e) Los contratos de servicios, su establecimiento\n o los cambios de su forma o de sus condiciones generales, sólo\n podrán hacerse entre las partes por su carácter\n de confidencialidad; y,

\n\n

f) Las condiciones económicas\n del transporte marítimo por efecto de la distribución\n del tráfico, los acuerdos de escala o de salida en un\n tráfico y la disponibilidad de bodega.

\n\n

1.2 El flete marítimo. - Se define\n como la tarifa básica del transporte de mercaderías\n en un buque, de un puerto a otro, más los recargos que\n son gastos que se aplican a la carga, y que condicionan la responsabilidad\n y el costo del flete.

\n\n

1.3 Partes intervinientes en la consulta.\n - La consulta se efectuará entre la compañía\n naviera y/o la agencia que representa a una compañía\n naviera y los usuarios del transporte marítimo.

\n\n

1.4 Cuando se presente m cambio de tarifas\n que registre una compañía naviera en la Dirección\n de la Marina Mercante y del Litoral, ésta notificará\n a los usuarios interesados el nuevo registro, en un plazo de\n cuarenta y ocho horas.

\n\n

Art. 2. - MECANISMO DE CONSULTA.

\n\n

Cuando exista una variación en\n la tarifa o en los recargos, los usuarios del transporte marítimo\n elevarán una consulta escrita a los armadores y/o a sus\n agencias, y la negociación se hará sobre la tarifa\n básica y/o los recargos, dependiendo de lo que se ha solicitado.

\n\n

Art. 3. - REGISTRO DEL FLETE, MARITIMO.

\n\n

3.1 Conforme lo señala el artículo\n 20 de la Ley de Facilitación de las Exportaciones y del\n Transporte Acuático, es obligación de las empresas\n navieras que operan en el transporte de carga de importación\n y/o exportación registrar previamente en la Dirección\n General de la Marina Mercante y del Litoral sus tarifas de fletes.\n Es obligación de las empresas navieras nacionales informar\n sobre los contratos de fletamento, arrendamiento o convenio bajo\n los cuales operan.

\n\n

3.2 Tal como lo dispone el Art. 36 del\n Reglamento de la Ley de Facilitación de las Exportaciones\n Y del Transporte Acuático, las empresas navieras nacionales\n y extranjeras que modifiquen las tarifas básicas de fletes\n y los recargos registrados, tanto en importación como\n en exportación se sujetarán al siguiente procedimiento:

\n\n

a) Cuando la modificación constituya\n disminución del valor, se registrará la nueva tarifa\n básica y/o recargos por lo menos con veinticuatro horas\n de anticipación a la fecha del embarque de las mercancías.

\n\n

b) Cuando la variación constituya\n aumento del valor, la nueva tarifa, básica y/o recargos\n se registrará por lo menos con treinta días calendario\n de anticipación a la fecha del primer embarque,

\n\n

c) Cuando como producto de la negociación\n de la consulta se establezca una nueva tarifa básica y/o\n recargos, los mismos serán notificados por los armadores,\n y/o la compañía naviera, a la Dirección\n General de la Marina Mercante y del Litoral para su registro\n correspondiente, manteniéndose el tiempo de treinta días\n calendario de la notificación original que trajo como\n consecuencia la consulta,

\n\n

d) Cuando se trata de fijar tarifas\n de fletes de productos no registrados, se procederá a\n su registro por lo menos con veinticuatro horas de anticipación\n a la fecha del primer embarque; y,

\n\n

e) Las empresas navieras nacionales\n y extranjeras que ocasionalmente presten el servicio de transporte\n de carga de importación y/o exportación, deberán\n registrar las tarifas de fletes ante la Dirección General\n de la Marina Mercante y del Litoral, por lo menos con setenta\n y dos horas de anticipación al zarpe o arribo de la nave\n a puertos ecuatorianos.

\n\n

3.3 Las tarifas se registrarán\n por regiones dentro de un tráfico marítimo regular,\n por áreas geográficas, por puertos y productos.

\n\n

Art. 4. - INFRACCIONES.

\n\n

4.1 Se considera infracción cuando\n un armador o una empresa naviera - y/o la agencia naviera que\n lo representa, cobra una tarifa básica o recargos diferentes\n a los valores registrados en la Dirección General de la\n Marina Mercante y del Litoral, de acuerdo con lo que establece\n el artículo 22 de la Ley de Facilitación de las\n Exportaciones y del Transporte Acuático.

\n\n

4.2 No constituye infracción,\n cuando el cobro indebido es producto de un evidente error en\n la emisión del conocimiento de embarque u otro documento\n que contenga la tarifa y/o recargos que se han cobrado. En estos\n casos, procederá la devolución o el pago adicional\n por los montos materia de este error.

\n\n

Art. 5. - PRESENTACION Y PLAZO PARA\n LAS RECLAMACIONES.

\n\n

5.1 Cuando un usuario se sienta afectado\n presentará por escrito el reclamo respectivo, amparado\n por documentos originales o fotocopias legalizadas, a la Autoridad\n Marítima, quien dará el trámite que corresponda\n de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

\n\n

5.2 Los transportistas ejercerán\n su derecho de defensa dentro de los quince días hábiles\n a partir de la notificación de la Autoridad Marítima.

\n\n

5.3 En los casos de las infracciones\n señaladas en el Art. 4, los usuarios, en forma individual\n o colectiva, podrán ejercer su derecho a reclamo en un\n plazo máximo de hasta treinta días hábiles,\n contados a partir de la fecha de embarque o descarga de las mercancías\n en puerto ecuatoriano.

\n\n

Art. 6. - DE LAS SANCIONES.

\n\n

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo\n 22 de la Ley de Facilitación de las Exportaciones y del\n Transporte Acuático, de comprobarse la infracción,\n la Autoridad Marítima aplicará las siguientes sanciones:

\n\n

a) Cuando se apliquen fletes mayores\n a los registrados se sancionará: la primera vez con multa\n del diez por ciento (10%) del valor del flete; en caso, de reincidencia\n se sancionará con el veinte por ciento (20%) adicional\n y así sucesivamente, hasta una multa máxima del\n cincuenta por ciento (50%) del valor del flete aplicado en perjuicio\n del usuario; y,

\n\n

b) Cuando se apliquen fletes menores\n a los registrados se sancionará: la primera vez con una\n multa del cinco por ciento (5%) del valor del flete registrado,\n en caso de reincidencia se sancionará con el quince por\n ciento (15%) adicional; así sucesivamente, hasta una multa\n máxima del cincuenta por ciento (50%) del valor del flete\n aplicado. ,

\n\n

Art. 7. - GLOSARIO DE TERMINOS.

\n\n

7.1 El Glosario de Términos constituye\n un adéndum a la presente resolución.

\n\n

7.2 Si como producto de la negociación\n entre el armador, la compañía naviera y/o agencia\n que representa a una compañía naviera y los usuarios\n del transporte marítimo, se establece otro recargo, el\n adéndum sólo podrá ser modificado a través\n de una resolución del Consejo Nacional de Marina Mercante\n y Puertos.

\n\n

Art. 8. - En el plazo de 180 días\n a partir de la vigencia de la presente resolución, las\n empresas navieras y los usuarios del transporte marítimo,\n en consenso podrán solicitar a través de la Dirección\n General de la Marina Mercante y del Litoral los cambios o modificaciones\n que se ameriten al sistema de consultas implementado con esta\n resolución.

\n\n

Art. 9. - Derogase la Resolución\n No. 014/92 del 8 de julio de 1992, publicada en el Registro Oficial\n No. 988 del 29 de los mismos mes y año.

\n\n

Art. 10. - La Dirección General\n de la Marina Mercante y del Litoral será la encargada\n de velar por el cumplimiento de la presente resolución,\n la misma que entrará en vigencia a partir de la fecha\n de su publicación en el Registro Oficial.

\n\n

Dada en Quito, en la sala de sesiones\n de la H. Junta de Defensa Nacional a los cuatro días el\n mes de abril del año dos mil.

\n\n

f) Hugo Unda Aguirre, Almirante, Ministro\n de Defensa Nacional, Presidente del Consejo Nacional de la Marina\n Mercante de Puertos.

\n\n

f) Ab. Publio Farfán Vélez,\n Secretario, Abogado del Concejo Nacional de la Marina Mercante\n y Puertos.

\n\n

ADENDUM

\n\n

GLOSARIO DE TERMINOS

\n\n

TARIFA BASICA. - Es el costo de efectuar\n el transporte marítimo de un puerto a otro. En esta tarifa\n se consideran los términos de embarque que condicionan\n el costo. final de la tarifa básica y que son:

\n\n

A. Para carga convencional sólida

\n\n

1) Términos Generales (Liner\n Terms).

\n\n

Es el flete del transporte de las mercancías\n de puerto a puerto y que además asume los costos de subir\n las mercancías del muelle al buque, estibarla y desestibarla,\n bajarla al muelle de destino.

\n\n

2) Contratación FIO/FIOST (Free\n in and out/Free in and out Stowed Trimmed).

\n\n

En esta modalidad el naviero solo se\n hace cargo del transporte de la carga de un puerto a otro puerto\n y queda liberado de los gastos y la responsabilidad del embarque,\n estiba, desestiba y la descarga/trimado.

\n\n

3) Contratación FILO (Free in\n liner out).

\n\n

Es el traslado de la mercadería\n de un puerto a otro puerto, así como de la desestiba y\n la descarga en el puerto de destino. Los gastos de embarque estiba\n son por cuenta del embarcador.

\n\n

4) Contratación LIFO (Liner in\n free out).

\n\n

Es decir que el transportista en sus\n tarifas solo contempla el embarque, la estiba y el transporte\n de un puerto a otro, siendo la desestiba y la descarga por cuenta\n del consignatario.

\n\n

TERMINOS Y NOMENCLATURA EN EL MANEJO\n DE CONTENEDORES

\n\n

1. - SERVICIO INTERMODAL.

\n\n

Es el servicio de transporte que se\n efectúa entre dos puntos usando dos o más medios\n de transporte diferentes, de acuerdo con los requerimientos efectuados\n por el contratante de la carga.

\n\n

2. - TARIFAS DE SERVICIOS.

\n\n

2.1 Servicio Puerta (DOOR).

\n\n

El transportista es responsable de transportar\n la carga desde la bodega definida por el embarcador hasta el\n puerto de embarque, y/o desde el puerto de descarga hasta la\n bodega definida por el consignatario. Adicionalmente, el transportista\n es responsable de coordinar el movimiento del contenedor vacío\n en el puerto de origen, como así mismo el movimiento del\n contenedor vacío en destino. Todos los costos relacionados\n son por cuenta del transportista.

\n\n

1.1 Inland Container Yard Service (ICY).

\n\n

El Inland Container Yard es un lugar\n donde el transportista recibe y entrega la carga, esto puede\n ser una rampa de ferrocarril, o un depósito de camiones,\n dependiendo del lugar y la modalidad de transporte utilizada.

\n\n

El transportista es responsable de transportar\n la carga desde el Inland Container Yard al puerto de embarque\n y desde/hacia el puerto de descarga al ICY en destino. El usuario\n es responsable, a su costo, de transportar el contenedor vacío\n en origen desde el depósito hasta la bodega, y/o devolver\n el contenedor vacío en destino al depósito designado\n por la línea naviera.

\n\n

2.2 Servicio Puerto (PORT).

\n\n

La línea naviera es responsable'\n de transportar la carga desde el puerto dé embarque hasta\n el puerto de descarga. El usuario es responsable a su costo,\n de transportar la carga desde la bodega del usuario en origen,\n hasta el puerto de embarque, y/o desde el puerto de descarga\n hasta la bodega del usuario en destino. Adicionalmente, el usuario\n es también responsable a su costo del movimiento del contenedor\n vacío desde el depósito a la bodega en origen,\n y/o del movimiento desde la bodega al depósito en destino.

\n\n

3. - CONDICIONES DE LLENADO Y VACIADO\n DE CONTENEDORES.

\n\n

3.1 Condición FCL(FCL), Fuil\n Container Load.

\n\n

Las cargas son embarcadas, estibadas\n y contadas en el contenedor, por cuenta y responsabilidad del\n usuario.

\n\n

3.2 Condición LCL (LCL), Uss\n Container Load.

\n\n

Las cargas son embarcadas, estibadas\n y contadas en el contenedor, por cuenta y responsabilidad de\n la línea naviera. La operación antes descrita,\n se efectúa en el lugar designado por la compañía\n naviera.

\n\n

3.3 Combinaciones.

\n\n

De acuerdo a lo mencionado en 3.1 y\n 3.2, se pueden hacer las siguientes combinaciones dependiendo\n si la condición de llenado o vaciado fue debidamente acordada\n con el embarcador o consignatario.

\n\n

- FCL/FCL
\n - FCL/LCL
\n - LCL/FCL
\n - LCL/LCL

\n\n

4. - OTROS TERMINOS

\n\n

4.1 House (HOUSE)

\n\n

Esta condición establece que\n la línea naviera autoriza al usuario para que disponga\n del contenedor un tiempo determinado, y posteriormente devolverlo\n vacío al depósito definido por la línea\n naviera.

\n\n

4.2 Pier (PIER)

\n\n

El contenedor no debe salir de los recintos\n portuarios y debe ser vaciado en el puerto.

\n\n

4.3 Combinaciones

\n\n

House/Pier
\n House/House
\n Pier/House
\n Pier/Pier

\n\n

5. - NUEVOS TERMINOS DE TRANSPORTE.

\n\n

5.1 Door/Door

\n\n

El servicio Door es efectuado en origen\n y en destino.

\n\n

5.2 Door/Port

\n\n

El servicio Door es efectuado en origen\n y servicio Port en destino.

\n\n

5.3 Door/Iniand CY

\n\n

El servicio Door es efectuado en origen\n e ICY en destino.

\n\n

5.4 Port/Door

\n\n

El servicio Port es efectuado en origen,\n y el servicio Door en destino.

\n\n

5.5 Port/lnland CY

\n\n

El servicio Port es efectuado en origen,\n y el servicio CY es efectuado en destino.

\n\n

5.6 Port/Port

\n\n

El servicio Puerto es efectuado tanto\n en origen como en destino.

\n\n

5.7 Inland CY/Inland CY

\n\n

El servicio ICY es efectuado tanto en\n origen como en destino.

\n\n

5.8 Inland CY/Port

\n\n

El servicio ICY es efectuado en origen,\n y el servicio Port en destino.

\n\n

5.9 Inland CY/Door

\n\n

El servicio ICY es efectuado en origen,\n y el servicio Door en destino.

\n\n

6. - RECARGOS EN LOS CONOCIMIENTOS DE\n EMBARQUE.

\n\n

6.1 En los conocimientos de embarque\n ALL IN que significa todo incluido, los recargos son cero (o),\n excluido THC y Docuinent Research Charge.

\n\n

6.2 En otros conocimientos de embarque,\n con la finalidad de estandarizar el flete en el mercado naviero\n se utilizan los siguientes recargos:

\n\n

1. - Cargo por Manipuleo en Terminal\n
\n TERMINAL HANDLING CHARGE (THC).

\n\n

Corresponde al costo que aplica el terminal\n por el manipuleo del contenedor.

\n\n

2. - Tasa por Documentación
\n DOCUMENTATION FEE (DF).

\n\n

Corresponde al cobro por emisión\n física del juego de conocimientos de embarque.

\n\n

3. Peaje al Canal de Panamá
\n PANAMA CANAL TOLL (PC).

\n\n

Recargo implementado en función\n a la variable de incrementos en costos por paso del Canal de\n Panamá.

\n\n

4. - Recargo por Seguro
\n SECURITY SURCHARGE (SS).

\n\n

Recargo en función a factores\n de seguros.

\n\n

5. - Factor de Ajuste de Combustible
\n BUNKER ADJUSTMENT FACTOR (BAF).

\n\n

Recargo en base al costo del bunker\n en el mercado internacional.

\n\n

6. - Factor de Ajuste Monetario (CAF).

\n\n

Se aplica cuando el dólar sufre\n variaciones en relación a otras monedas internacionales.

\n\n

7. - Recargo por Congestión Portuaria

\n\n

Se aplica cuando el o los puertos de\n recalada regular sufren escasez de atracadero.

\n\n

8. - Recargo por Temporada Alta PEAK\n SEASON SURCHARGE (PSS).

\n\n

Recargo por temporada alta de carga\n con el fin de cubrir sobrespacios requeridos a un destino fijo.

\n\n

9. - LCL SURCHARGE.

\n\n

En caso de que se cambie la modalidad\n y la carga deba ser recibida o entregada suelta por la línea.

\n\n

10. - Recargo por Carga Peligrosa
\n HAZARDUS CARGO SURCHARGE (IMO).

\n\n

Por cargas peligrosas (IMO) va acorde\n a su código.

\n\n

11. - Recargo por Sobreancho
\n OVERWIDTH SURCHARGE (OW).

\n\n

En caso que las dimensiones de la carga\n sobrepasen el ancho de un contenedor causando pérdida\n en la estiba y espacio de las naves.

\n\n

12. - Recargo de Sobrealto
\n OVERHIGHT SURCHARGE (OH).

\n\n

En caso que las dimensiones de la carga\n sobrepasen el alto de un contenedor causando pérdida en\n la estiba y espacio de las naves.

\n\n

13. - Recargo por Porteo
\n PORTEO SURCHARGE.

\n\n

Por concepto del movimiento gancho/terminal\n y viceversa (depende de la condición del flete).

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Cualquier otro costo que no tenga relación\n con la tarifa básica o los recargos descritos anteriormente\n y que cobre la agencia naviera al consignatario o al embarcador,\n se considera como costo administrativo, y por lo tanto siendo\n un asunto comercial de las agencias navieras, la Autoridad Marítima\n no tiene ninguna injerencia.
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No. 029 -\n 2000 - TP

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"EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

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En el caso No. 558 - 99 - TC acumulado\n con las causas 570 - 99 - TC, 575 - 99 - TC, 764 - 99 - TC, 632\n - 99 - TC, 1173 - 99TC, 608 - 99 - TC y 715 - 99 - TC,

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ANTECEDENTES. - Los señores:\n Lincoln Eduardo Jara Ortega, Presidente de FEDELEC y otros; Santiago\n Bolívar Yagual, Presidente de FETSAE y otros; Luis Mazón\n Martínez, Secretario General de SUNTRAMSP y otro; doctor\n José María Correa Flores, Presidente de FENACOPE\n y otros, Aníbal Ecuador Velasco Mera, Presidente de la\n Federación Nacional de Trabajadores Municipales del Ecuador;\n abogado Jaime Nebot Saadi y otros; y Nicanor Campaña Quinteros,\n Presidente de la Junta Nacional de Defensa del Artesano, presentan\n demandas de inconstitucionalidad por el fondo y por la forma\n de algunas disposiciones que constan en la Ley para la Reforma\n de las Finanzas Públicas, que se encuentra publicada en\n el Suplemento del Registro Oficial No. 181 de 30 de abril de\n 1999, en especial del inciso segundo del literal a) del artículo\n 27; todo el Título Cuarto que se refiere a las Medidas\n para Reducir los Egresos; la Segunda Disposición General;\n la Disposición Transitoria Octava, Disposiciones Finales\n Cuarta y Quinta y numeral 19 del artículo 34; y expresamente\n solicitan que, aceptada la acción y declarada la inconstitucionalidad,\n se deje sin efecto las normas impugnadas. La demanda está\n dirigida en contra del Presidente Constitucional de la República,\n doctor Jamil Mahuad Witt, representante de la Función\n Ejecutiva, H. Congreso Nacional y por éste en contra de\n su Presidente, ingeniero Juan José Pons Arízaga,\n por ser los órganos que expidieron y sancionaron la ley\n impugnada, Ministro de Trabajo y Recursos Humanos y Procurador\n General del Estado. Al efecto, los actores, en primer término,\n consignan principios constitucionales de carácter general,\n y mencionan algunas normas y entre ellas el articulo 3 numerales\n 2 y 5, los artículos 17, 18 y 272 de la Carta Política,\n y los artículos, 1 y 3 de la Ley del Control Constitucional.\n Como antecedentes y fundamentos de hecho y de derecho de las\n demandas los trabajadores consignan en primer término\n las normas que ellos impugnan y luego, en cada caso, fundamentan\n la inconstitucionalidad de las mismas.

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Según los actores las normas\n constitucionales violadas son las siguientes: el artículo\n 35 de la Constitución, en particular los numerales 1,\n 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 12, algunos numerales del artículo\n 23, los artículos 4, 5 y 8 del Pacto Internacional de\n Derechos Económicos Sociales y Culturales, adoptado por\n la Asamblea General de la ONU, en Resolución 2200 A (XXI),\n de 16 de diciembre de 1966; la declaración número\n 60 sobre el Progreso y Desarrollo en lo Social, proclamada por\n la Asamblea de la ONU el 11 de diciembre de 1968, mediante Resolución\n 2542 (XXIV); declaración número 66 sobre el Derecho\n al Desarrollo adoptada por la Asamblea General de la ONU en su\n resolución 41/128 de 4 de diciembre de 1986; el - convenio\n número 87 sobre la Libertad Sindical y la Protección\n del Trabajo adoptado el 9 de julio de 1948 por la Conferencia\n General de la OIT y que entró en vigor el 4 de julio de\n 1950; convenio número 98 relativo a la Aplicación\n de los Principios de Derecho de Sindicalización y de Negociación\n Colectiva, adoptado el 1 de julio de 1949 por la Conferencia\n General de la OIT y que entró en vigor el 18 de julio\n de 1951; Convenio sobre las Relaciones de Trabajo en las Instituciones\n Públicas número 151, sobre la protección\n del derecho de sindicalización y los procedimientos para\n determinar las condiciones de empleo en la administración\n pública, adoptado el 27 de junio de 1968 por la OIT, que\n entró en vigor el 25 de febrero de 1991; convenio 122\n relativo a la Política de Empleo, adoptado el 9 de julio\n de 1964, por la Conferencia General de la OIT y que entró\n en vigor el 15 de julio de 1966; entre otras normas.

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Las demandas fueron presentadas con\n el informe favorable del Defensor del Pueblo y también\n con el respaldo de más de mil firmas; siendo suficiente\n lo primero para que siga el trámite que la ley señala.

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Citados legalmente los demandados, éstos\n contestaron las demandas:

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El Presidente de la República\n hace una síntesis de las normas impugnadas, e indica que\n la ley fue expedida luego de haberse cumplido las disposiciones\n del Capítulo 5 del Título VI de la Norma Suprema,\n que la ley fue iniciativa de la Presidencia de la República\n como lo ordena el artículo 147 de la Constitución,\n y aplicando los principios del Capítulo 3 del Título\n XII de la Constitución, en el sentido de que pagar tributos\n es obligación de todo ciudadano, de conformidad con el\n artículo 97, numeral 10 de la Carta Política. Insiste\n que la Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas está\n de acuerdo con la Constitución porque viabiliza la aplicación\n del Título XII de la Constitución, Y entre ellos,\n los principios de: eficiencia, solidaridad, sustentabilidad y\n calidad. Cita el artículo 244 de la Constitución,\n y asegura que dentro del sistema de economía de mercado\n al Estado le corresponde mantener una política fiscal\n disciplinada, fomentar el ahorro y la inversión, etc.\n Menciona que el Régimen Tributario se regula por los principios\n básicos de igualdad, proporcionalidad y generalidad. Expone\n varias normas con las que asegura se cumple el artículo\n 244 de la Carta Magna, muchas de ellas correspondientes al Derecho\n Civil no aplicables al caso; para terminar afirmando que según\n el artículo 260 de la Constitución a la Función\n Ejecutiva le corresponde la formulación y la ejecución\n de la política fiscal. Por último niega que la\n Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas contraríe\n principios de, derecho social y menos aun, que vaya en contra\n de los derechos de los trabajadores.

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A su vez, el Presidente del Congreso\n Nacional, coincide en muchos puntos con el Presidente de la República,\n y entre otras afirmaciones hace las siguientes: Indica que la\n ley está amparada en disposiciones constitucionales y\n legales. Cita los artículos 256, 257 y 130 dé la\n Constitución. Da mucha importancia a las normas del Código\n Tributario, incluyendo el concepto de renta. Hace un análisis\n para defender la constitucionalidad del inciso segundo del literal\n a) del artículo 26 de la ley impugnada; de cierta manera\n y en forma indirecta asegura que las normas legales como las\n del Código Tributario prevalecen sobre las constitucionales.\n Hace un ligero comentario para defender la tesis legislativa\n de que los artículos 51, 52, 53, 54, 55 y 56 de la Ley\n para la Reforma de las Finanzas Públicas son, según\n su criterio, constitucionales, para ello cita el numeral 5 del\n artículo 130 de la Constitución Política,\n el artículo 23, numeral 3, el artículo 118, y luego\n hace una singular interpretación o comentario del artículo\n 35 de la Constitución; para indicar que el Congreso ha\n actuado dentro de las normas constitucionales especialmente dentro\n de lo establecido en los artículos 272 y 130 de la Carta\n Política.

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A petición de los trabajadores\n demandantes, el Tribunal en pleno escuchó a las partes\n en audiencias públicas.

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Adicionalmente, en los casos signados\n con los Nros. 608 - 99 - TC y 715 - 99 - TC el abogado Jaime\n Nebot Saadi y el señor Nicanor Campaña Quinteros,\n Presidente de la Junta Nacional de Defensa del Artesano, respectivamente,\n presentan sus demandas, previo el informe favorable del Defensor\n del Pueblo, en las que solicitan se declare la inconstitucionalidad\n por el fondo del último inciso de la disposición\n general quinta y del artículo 34, numeral 19 de la Ley\n para la Reforma de las Finanzas Públicas;

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Con estos antecedentes, El Pleno del\n Tribunal,

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Considerando:

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Que, es competente para conocer y resolver\n las demandas de inconstitucionalidad de acuerdo con lo dispuesto\n en el numeral 1 del artículo 276 de la Constitución;\n acciones que han seguido el trámite señalado en\n el artículo 277 de la Carta Política, y en los\n artículos 18, 19 y 20 de la Ley del Control Constitucional,

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Que, en el trámite de las causas\n no se ha omitido solemnidad sustancial, que incida en la resolución\n de la misma; por tanto, se declara válido el proceso;

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Que, previo a resolver sobre lo principal,\n el Tribunal considera necesario hacer las siguientes puntualizaciones:

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a) En nuestro Derecho Constitucional\n y en el de muchos países de América Latina y Europa\n se reconoce la mayor jerarquía de la Constitución,\n como la Ley Suprema del Estado. Las demás leyes y normas\n deben mantener conformidad con los preceptos constitucionales,\n sin que tengan valor alguno aquellas que de cualquier modo estuvieron\n en contradicción con la Constitución o alteraran\n sus prescripciones. El artículo 272 de nuestra Carta Política\n es muy claro y guarda relación directa con la doctrina\n y los principios que informan el Derecho Constitucional moderno,\n normas y principios de los cuales surge nuestra justicia constitucional,\n su jurisdicción y competencia. Estos principios pueden\n resumiese así:

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1. Existe una jerarquía en el\n orden jurídico - estructural, según la cual, la\n Constitución y las normas constitucionales están\n en el vértice de la pirámide del ordenamiento político\n - jurídico, por constituir la ley de leyes, y ejercer\n poder superior sobre todos sus órganos y en general sobre\n todas las personas naturales y jurídicas que lo integran.

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2. El Derecho Constitucional prevalece\n sobre los demás derechos y normas jurídicas, las\n que deben sustentarse en aquel, por sintetizar los fundamentos\n básicos de las manifestaciones del ordenamiento político\n jurídico estatal.

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3. Todas las funciones del Estado y\n sus órganos están sujetos a la Constitución,\n cuyas normas deben ser plenamente acatadas y cumplidas. Las violaciones\n a la Constitución y a los derechos humanos deben ser conocidas\n y resueltos por el Tribunal Constitucional, en última\n instancia. Los jueces y tribunales de la justicia ordinaria y\n las alcaldías son órganos auxiliares de la justicia\n y magistratura constitucionales.

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4. Las normas de la Constitución\n son plenamente aplicables e invocables ante cualquier juez, tribunal\n o autoridad pública, pero solo el Tribunal Constitucional\n como órgano supremo del control constitucional, es el\n encargado jurisdiccionalmente de asegurar la eficacia de las\n mismas, en especial de los derechos y garantías establecidas\n a favor de las personas y de pronunciarse en última y\n definitiva instancia.

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5. La violación de un derecho\n constitucional es inconvalidable, es decir no se puede convalidar\n por el tiempo ni ningún otro factor, y de ser puesta a\n conocimiento del Tribunal Constitucional, esa violación\n debe ser sancionada y de ser posible reparada.

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6. El derecho de demandar por los actos\n violatorios a la Constitución es imprescriptible, por\n tanto, la acción puede deducirse en cualquier tiempo y\n el Tribunal Constitucional debe pronunciarse sobre ella sin que\n pueda invocarse a favor del demandado ninguna clase de prescripción.

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7. En caso de duda de una o más\n normas constitucionales, debe aplicarse la disposición\n más favorable al recurrente y sobre todo aquella que precautele\n y garantice la eficacia de los derechos y garantías establecidas\n a favor de las personas.

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b) Cada uno de los órganos del\n poder público tiene funciones especificas que cumplir,\n pero dentro de los parámetros de la Constitución,\n si no se sujetan a estos, sus actos son inconstitucionales e\n ilegítimos. Si las Funciones Ejecutiva y Legislativa violan\n las normas constitucionales, en especial los derechos y garantías\n a favor de las personas, cuya eficacia y control corresponde\n al Tribunal Constitucional, y son puestas a conocimiento de este\n máximo organismo de control y justicia constitucionales,\n esas violaciones deben resolverse de acuerdo con la Constitución,\n las facultades del Tribunal y la Ley del Control Constitucional.

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c) Cuando ese orden jerárquico\n se rompe, nos dice Vladimiro Naranjo Mesa, es decir, cuando una\n norma de inferior jerarquía desconoce a la de superior\n jerarquía; y, en particular, a la superior que es la Constitución,\n dicha norma está viciada de inconstitucionalidad. Ello\n acarrea la consecuencia de que debe ser retirada del ordenamiento\n jurídico, atribución ésta que se asigna\n a tribunales especiales, o, en ciertos casos, por vía\n de excepción, a autoridades de rango inferior. La supremacía\n material de la Constitución significa que el orden jurídico\n del Estado depende por entero de la Constitución. Siendo\n ella el origen de toda la actividad jurídica que se desarrolla\n dentro del Estado necesariamente será superior a todas\n las formas de esa actividad, puesto que es de ella, que esas\n formas derivan validez.

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En este sentido decimos que la Constitución\n es la Norma o la Ley Fundamental.

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De una manera m as precisa, como explica\n BURDEAU, la supremacía material de la Constitución\n resulta del hecho de que ella organiza las competencias, (además\n de los deberes y atribuciones y como parte de esas competencias).\n En efecto, al crear las competencias, ella es necesariamente\n superior a los individuos - los gobernantes - que están\n investidos de esas competencias.

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Por consiguiente, los gobernantes no\n pueden ir en sus actos en contra de la Constitución, sin\n despojarse, al mismo tiempo, de su investidura jurídica.

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Tratándose de saber si el Príncipe\n o una asamblea podrían modificar las leyes fundamentales\n del Estado, VATTEL respondía: "Es de la Constitución\n que los legisladores tienen sus poderes. ¿Cómo\n podrían ellos cambiarla sin destruir el fundamento de\n su autoridad?".

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Del hecho de la supremacía material\n de la Constitución se derivan importantes consecuencias:\n en primer lugar ella asegura para los participantes - para toda\n la comunidad - un refuerzo de la legalidad, ya que si todo acto\n contrario a la ley debe ser considerado desprovisto de valor\n - jurídico, necesariamente lo será también\n todo acto contrario a la Constitución, inclusive en el\n caso de que el acto emane de los gobernantes, la supremacía\n material de la Constitución se opone también a\n que el órgano investido de una competencia determinada\n delegue su ejercicio en otro.

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Que, es evidente que algunas normas\n de la Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas, en\n particular aquellas que expresamente impugnan los trabajadores,\n violan lo dispuesto en el artículo 35 de la Constitución\n y varias resoluciones de instrumentos internacionales, en particular\n el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales\n y Culturales, adoptado por la Asamblea General de la ONU en Resolución\n 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966, que entró en\n vigor el 3 de marzo de 1976, pacto del que Ecuador es signatario\n y consecuentemente obligado a sus estipulaciones, y los convenios\n de la Organización Internacional del Trabajo, entre ellos,\n el número 98, referente al Derecho de Sindicalización\n y de negociación colectiva voluntaria, que fue aprobado\n por el Congreso Nacional del Ecuador el 5 de noviembre de 1956,\n y publicado en el Registro Oficial No. 923, de 10 de septiembre\n de 1959, y que se encuentra en plena vigencia;

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Que, según la doctrina jurídico\n - tributaria y los principios que conforman el Derecho Social,\n las indemnizaciones laborales no están ni deben estar\n sujetas a gravaménes ni sometidas al Impuesto a la Renta,\n dada su naturaleza y cuyo objetivo, en esencia, es resarcir el\n lucro cesante y compensar el daño emergente, siquiera\n en una mínima parte, como sucede cuando el jefe de familia\n fallece en accidente de trabajo y los hijos reclaman y reciben\n la correspondiente indemnización, No seria lógico,\n y menos aun justo, que del valor recibido por la muerte de su\n padre, el Estado pretenda cobrar el "Impuesto a la Renta".\n El que un jefe de familia quede sin trabajo, es decir en la desocupación,\n social y económicamente es tan grave como la muerte de\n su progenitor, y afecta a la familia toda. Por otra parte, son\n conceptos distintos los términos "renta" e "indemnización".\n Por todo ello, y en vista de que según el numeral primero\n del artículo 35 de la Carta Política "La legislación\n del trabajo y su aplicación deben sujetarse a los principios\n de derecho social"; y, en caso de duda sobre el alcance\n de las disposiciones legales se aplicarán en el sentido\n más favorable a los trabajadores; tomando en consideración\n lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 3 y en otras\n normas constitucionales; es inconstitucional el literal a) inciso\n segundo, del artículo 27 de la Ley para la Reforma de\n las. Finanzas Públicas;

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Que, los literales b) y c) del artículo\n 51, que se refieren a funciones del Consejo Nacional de Remuneraciones\n del Sector Público no son inconstitucionales como afirman\n los demandantes;

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Que, de igual forma, no se encuentran\n inconstitucionalidades en el artículo 52 de esta Ley,\n respecto al mecanismo para el incremento de la masa salarial;

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Que, el inciso primero del artículo\n 53 es también inconstitucional pues indica que el Consejo\n Nacional de Remuneraciones determinará la fijación\n de las políticas y los criterios de remuneraciones de\n los funcionarios y empleados de las Instituciones del Estado,\n con base a la disponibilidad de fondos, las escalas salariales\n aplicables a dichos funcionarios, las mismas que serán\n de aplicación general; es decir, no se tendrán\n en cuenta los méritos personales, la demanda laboral en\n cada sector, el tiempo de servicio, la especialización\n y otros factores, disposición que pretende desaparecer\n la libre contratación colectiva y la justa aspiración\n de los trabajadores de lograr mejores remuneraciones que les\n permita una existencia más digna, pues viola especialmente\n el numeral quinto del artículo 3 de la Constitución\n Política de la República que propende a la erradicación\n de la pobreza, a promover el progreso económico, social\n Y cultural de sus habitantes y contraria la autonomía\n de ciertos organismos del sector público que gozan de\n esa calidad por mandato constitucional y legal;

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Que, en el artículo 54 incisos\n cuarto, quinto y sexto se viola el más elemental principio\n de justicia social y equidad, cuando faculta que las indemnizaciones\n podrán pagarse mediante la entrega de bonos, acciones\n o bienes de las instituciones del Es

 

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