Registro Oficial. 28 de ABRIL del 2000

Viernes, 28 de abril de 2000

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

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   MES DE ABRIL DEL 2000
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 REGISTRO OFICIAL
ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR
Administración del Sr. Dr. Gustavo Noboa Bejarano
Presidente Constitucional de la República
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Viernes 28 de Abril del 2000

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REGISTRO OFICIAL No. 68

\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

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EDMUNDO ARIZALA ANDRADE
DIRECTOR ENCARGADO

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FUNCION\n EJECUTIVA

\n\n

RESOLUCION:

\n\n

SERVICIO\n DE RENTAS INTERNAS:

\n\n

0151\n Dispónese\n que para las compras realizadas a personas naturales de productos\n agrícolas y pecuarios de producción nacional, no\n procede retención en la fuente de impuesto a la renta.

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FUNCION\n JUDICIAL

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CORTE\n SUPREMA DE JUSTICIA SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL:

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Recursos de casación\n en los juicios seguidos por las siguientes personas:

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90 - 2000 Rodrigo\n Germán Osnayo en contra de Esmeralda Martínez.

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91 - 2000\n Petita María\n Méndez González en contra de Víctor Antonio\n Delgado Rivera.

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92 - 2000\n Margarita Maldonado\n Vera en contra de Justo Vera.

\n\n

98 - 2000 Banco Continental en contra de Elle Assaff\n Nader.

\n\n

99 - 2000 Manuel de Jesús Aguilar Albarracín\n en contra de Carmen Lalvay Merchán

\n\n

101 - 2000 Félix\n Tarquino Proaño de la Torre en contra de Gloria María\n Terán Albuja.

\n\n

103 - 2000 Luis\n Max Filoteo Morales Espín en contra de José Vicente\n Guillermo Miño Gallegos y otros.

\n\n

PRIMERA\n SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL:

\n\n

66 - 99 Justo Pedro Toledo Pardo en contra de\n PREDESUR.

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78 - 99 Servio\n Amado Quevedo Febres en contra de PREDESUR.

\n\n

264 - 99 Germán Amores Rodríguez\n en contra del Banco Central del Ecuador.

\n\n

267 - 99 Victor Esteban Lecaro en contra de Autoridad\n Portuaria de Guayaquil.

\n\n

309 - 99\n Raúl\n Gary Vera Leor en contra del Ministerio de Desarrollo Urbano\n y Vivienda.

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343 - 99 Hugo Américo Defaz en contra\n del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

\n\n

349 - 99 José\n Luis Criollo Gualotuña en contra de INCASA.

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361 - 99 Luis\n Alberto Alfonzo Cruz en contra de la I. Municipalidad del Cantón\n Salinas.

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363 - 99\n Gilberto Pacheco\n Macías en contra del Ing. Miguel Pérez Quintero.

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376 - 99 Pío\n Mariano Chichande Mera en contra de Agrícola Industrial\n Bucay Dolores S.A.

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379 - 99 Luis\n Fárez en contra de la Empresa Estatal de Comunicaciones\n EMETEL Regional

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382 - 99\n Oscar Fabricio\n Dier Paredes en contra de Silvio Cajamarca.

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389 - 99\n Eloy Mendieta\n Alvarez en contra de Manufacturas de Cartón S.A (MACARSA).

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392\n - 99\n Carlos Arévalo\n Alvarado en contra del INEFAN y otros.

\n\n

393 - 99 Nelson Aníbal Chalá Espinoza\n en contra de la Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado,\n División Norte

\n\n

406 - 99 Luis Humberto Morales Imbaquingo en\n contra de la Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado, División\n Norte.

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407\n - 99\n José\n Minos Ríos Balcázar en contra del Ministro de Obras\n Públicas.

\n\n

410 - 99 Edgar Edmundo Chávez en contra\n de la Empresa Cementos Selva Alegre S.A.

\n\n

413 - 99\n Victor Hugo\n Piedra en contra de Rubén Velalcázar.

\n\n

417 - 99 Kléber Suri Delgado en contra\n de la M.I. Municipalidad de Guayaquil.

\n\n

420 - 99 Angel Granda Tenesaca en contra del\n Consejo Provincial de El Oro.

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422 - 99 María Carmen Amán en contra\n de Cabañas Bascun.

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424\n - 99\n Edison Manuel\n Pon Chon Long Véliz en contra de Petrocomercial.

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1 - 2000 José Ignaco Sillo Alomoto en contra\n del Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (INDA)

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3 - 2000 Carlos Alberto Mora Navarro en contra\n de la I. Municipalidad de Quito.

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ORDENANZA\n MUNICIPAL:

\n\n

- Cantón Cascales: Que reforma a la Ordenanza Reformatoria\n que reglamenta el Comité de Concurso Privado de Precios.\n

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N° 0151

\n\n

LA DIRECTORA GENERAL DEL SERVICIO DE\n RENTAS INTERNAS

\n\n

Considerando:

\n\n

Que de conformidad con el Art. 8 de la Ley de Creación\n del Servicio de Rentas Internas, publicada en el Registro Oficial\n N° 206 del 2 de diciembre de 1997, el Director General del\n Servicio de Rentas Internas expedirá, mediante resolución,\n circulares o disposiciones de carácter general y obligatorio,\n necesarias para la aplicación de las normas legales y\n reglamentarias;

\n\n

Que el segundo y tercer artículos innumerados, agregados\n a continuación del Art. 42 de la Ley de Régimen\n Tributario Interno por el Art. 9 de la Ley N° 99 - 41, publicada\n en el Registro Oficial 321 de 18 de noviembre de 1999, establecen\n la obligación de efectuar retenciones en la fuente de\n impuesto a la renta de ingresos del trabajo bajo relación\n de dependencia, de rendimientos financieros y sobre otros pagos\n o créditos en cuenta que se realicen y que constituyan\n rentas gravadas para quien los reciba,

\n\n

Que el segundo inciso del Art. 45 de la Ley de Régimen\n Tributario Interno faculta al Servicio de Rentas Internas señalar\n periódicamente los porcentajes de retención en\n la fuente de impuesto a la renta; y,

\n\n

En uso de sus atribuciones otorgadas por la ley,

\n\n

Resuelve:

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Art. 1. - Compras realizadas a personas naturales de productos\n agrícolas y pecuarios de producción nacional. En\n la etapa primaria de comercialización en el país\n no procede retención en la fuente de impuesto a la renta\n sobre las compras realizadas a personas naturales, de productos\n que se mantengan en estado natural, de origen agrícola,\n avícola, pecuario, apícola, cunícola, bioacuático,\n forestales, carnes, pesca, leche y aceites comestibles.

\n\n

Por etapa primaria de comercialización se entiende\n aquella en que la venta o transferencia de un bien o producto\n se realiza, directamente por parte del productor nacional persona\n natural, a un intermediario o al consumidor final.

\n\n

Se entiende que los bienes o productos agropecuarios de producción\n nacional que se comercializan en una primera etapa, se mantienen\n en estado natural, cuando no han sido objeto de elaboración,\n procesamiento o tratamiento que implique modificación\n de su naturaleza. La sola refrigeración o enfriamiento\n para conservarlos, el pilado, el cortado, el desmote, la trituración,\n extracción, ordeño, envasado, embotellado, enfundado\n y empaque, no se consideran procesamiento.

\n\n

Esta norma no es aplicable para aquellos casos en que, en\n la primera etapa de comercialización, el comprador, persona\n natural o sociedad transfiere bienes o productos que se destinen\n a la exportación, caso en el cual, el exportador deberá\n practicar la retención en la fuente, de acuerdo a lo previsto\n en la Resolución N° 025 de la Directora General del\n Servicio de Rentas Internas publicada en el Registro Oficial\n N° 20 de 18 de febrero del 2000.

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Art. 2. - La presente resolución entrará en\n vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

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Dado en Quito, a 18 de abril del 2000.

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f) Eco. Elsa de Mena, Directora General Servicio de Rentas\n Internas.

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f ) Dra. Alba Molina, Secretaria General, Servicio de Rentas\n Internas.

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No. 90 -\n 2000
\n ACTOR: Rodrigo Germán Osnayo.
\n DEMANDADA: Mónica Esmeralda Martínez.
\n B.T.R.

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

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Quito, a 16 de marzo del 2000; las 10h45.

\n\n

VISTOS: Ha venido a conocimiento de esta Sala, el recurso\n de casación interpuesto por Rodrigo Osnayo de la sentencia\n dictada por la Segunda Sala de la Corte Superior de Ibarra el\n 26 de enero de 1998, dentro del juicio de impugnación\n de la paternidad que sigue en contra de Esmeralda Martínez;\n encontrándose la causa en estado de dictar sentencia,\n para hacerlo se hacen las siguientes consideraciones: PRIMERO.\n Esta Sala es competente para conocer el presente juicio en razón\n del mandato constitucional constante en el artículo 200,\n en relación con el artículo 1 de la Ley de Casación.\n SEGUNDO. - El recurso de casación es una institución\n creada para revisar la cosa juzgada, cuando el inferior haya\n pronunciado resoluciones apartándose de las disposiciones\n tanto sustantivas como adjetivas que rigen nuestro sistema legal,\n es un recurso eminentemente formalista, es decir, que quien impugna\n acogiéndose al recurso de casación, debe cumplir\n estrictamente lo dispuesto por la Ley de Casación vale\n decir, que deben sujetarse a cumplir en forma estricta lo requerido\n por la indicada ley. TERCERO. - Este Tribunal está facultado\n para examinar los aspectos o circunstancias de admisibilidad\n del recurso de casación que ha sido concedido por el inferior,\n ya que, dado el carácter técnico y formalista del\n recurso, exige que concurran en su interposición una serie\n de requisitos de rigor para su procedibilidad, de tal manera\n que la falta de cualquiera de ellos impone su inadmisión\n por parte del juzgador. Si bien se ha admitido a trámite\n la presente causa, eso no implica que el recurrente por ese solo\n hecho obtendrá un fallo favorable, sino, significa que\n su solicitud será examinada y la Sala resolverá\n sobre su legalidad o no. CUARTO. - El inciso segundo del artículo\n 243 del Código Civil invocado especialmente por el recurrente\n establece: "La residencia del marido en el lugar de nacimiento\n del hijo hará presumir que lo supo inmediatamente, a menos\n de probarse que, por parte de la mujer, ha habido ocultación\n en el parto"; circunstancia esta última que no ha\n sido alegada por el accionante, cuanto según el documento\n identificatorio del accionante y la partida de nacimiento que\n se impugna, demuestran que la residencia de Germán Osnayo\n Ramírez, es la ciudad de Cotacachi; que es el lugar de\n registro del alumbramiento, lo que concuerda con las generales\n en la confesión rendida por éste. Esta sola disposición\n desvirtúa completamente el recurso presentado. QUINTO.\n - Si bien alega el recurrente violación de la falta de\n aplicación de las normas referentes a la valoración\n de la prueba, en ninguna parte del escrito de recurso determina\n las disposiciones adjetivas o sustantivas atinentes a la situación\n probatoria - surgiendo, por el contrario, que el Tribunal inferior\n ha observado las reglas de la sana crítica. Sin necesidad\n de otras consideraciones, la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil\n de la Corte Suprema de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA; EN NOMBRE\n DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, rechaza el recurso\n de casación interpuesto por Rodrigo Osnayo por falta de\n base legal, ordenando devolver el proceso al inferior para que\n se ejecute la sentencia. Notifíquese.

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Fdo.) Dres. Bolívar Vergara Acosta, Olmedo Bermeo Idrovo\n y Bolívar Guerrero Armijos, Ministros Jueces.

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Certifico. - El Secretario.

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CERTIFICO: Que la una copia que antecede, es tomada de su\n original, constante en el juicio originario No. 70 - 98 (Resolución\n No. 90 - 2000), que por impugnación de la paternidad sigue\n - Rodrigo Germán Osnayo contra Mónica Esmeralda\n Martínez.

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Quito, abril 5 del 2000.

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f ) Dr. Carlos Rodríguez García, Secretario\n Relator, Segunda Sala Civil.

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No. 91 -\n 2000

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ACTORA: Lcda. Petita Méndez González.
\n DEMANDADO: Víctor Delgado Rivera.

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

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Quito, a 20 de marzo del 2000; las 10h00.

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VISTOS: Ante el recurso de casación interpuesto por\n Petita María González, objetando la sentencia pronunciada\n por la Cuarta Sala de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil,\n que revoca el fallo dictado por el Juez Décimo de lo Civil\n de Guayaquil, que declaró con lugar la demanda y dispuso\n que el niño Víctor Luis Méndez González\n es hijo de Víctor Delgado Rivera, en el juicio ordinario\n de declaratoria judicial de paternidad que propuso la licenciada\n Petita María Méndez González, en representación\n de su mencionado hijo, contra Víctor Antonio Delgado Rivera,\n ha correspondido el conocimiento de la presente causa a la Segunda\n Sala de lo Civil y Mercantil, en virtud de la razón de\n recepción del proceso sentada por el Secretario Relator\n de fecha 5 de diciembre de 1994. Como el juicio se encuentra\n en estado de resolución, para hacerlo, se considera: PRIMERO.\n - La Sala es competente para conocer el recurso de casación\n en virtud de lo dispuesto en el artículo 200 de la Constitución\n Política de la República, que está en relación\n con el artículo 1 de la Ley de Casación. SEGUNDO.\n - La acción de investigación de paternidad corresponde\n a quien no ha sido reconocido voluntariamente y puede ser declarada\n en las circunstancias determinadas en los numerales 1, , 3, 4\n y 5 del artículo 267 del Código Civil. La recurrente\n al interponer el recurso de casación que fuera calificada\n su procedencia por la Cuarta Sala de la Corte Superior de Justicia\n de Guayaquil, aceptándose la admisibilidad del recurso,\n manifiesta que la Cuarta Sala de la Corte Superior dictó\n una sentencia con la que no está de acuerdo, toda vez\n que lesiona los intereses que representa de su hijo Víctor\n Luis Méndez González. Funda su recurso en lo que\n dispone el artículo 3 regla tercera y quinta de la Ley\n de Casación, indicando que "ha existido aplicación\n indebida a las normas de derecho, por lo cual se ha adoptado\n decisiones contradictorias o incompatibles"; sin precisar\n cuáles son los artículos que se han infringido\n o en los cuales ha habido aplicación indebida. TERCERO.\n - La apreciación o valoración de la prueba es una\n atribución privativa de los jueces y tribunales de instancia.\n El Tribunal de Casación no tiene atribuciones para revisar\n las pruebas introducidas en el proceso, sus funciones están\n restringidas a controlar que en esa valoración no haya\n falta de aplicación o errónea interpretación\n de los preceptos jurídicos atinente a la valoración\n de la prueba, y en caso de existir esa infracción, casar\n la sentencia solo si esos vicios, en forma indirecta, han conducido\n a una equivocada aplicación o a la no aplicación\n de normas de derecho en dicha sentencia. En tal virtud, para\n que pueda aplicarse la regla 3ra. del artículo 3 de la\n Ley de Casación debe existir: 1. - Que el Juez o Tribunal\n de instancia al valorar o apreciar los elementos de prueba producidos\n en el juicio haya aplicado indebidamente o no aplicado las normas\n jurídicas que regulan esa valoración; errores que,\n por supuesto tienen que ser identificados con precisión\n por el recurrente al fundamentar. el recurso, conforme lo dispone\n el numeral 4 del artículo 6 de la misma ley; y, 2. - Que\n ese vicio de derecho en la valoración probatoria haya\n conducido a una equivocada aplicación o a la no aplicación\n de normas de derecho sustanciales o materiales en la sentencia.\n Así lo dispone clara y expresamente el artículo\n 3, numeral 3 de la Ley de Casación. Los supuestos vicios\n de valoración de la prueba que la recurrente ha indicado\n en contra de la sentencia de la Cuarta Sala de la Corte Superior\n de Guayaquil, son: 1) Que no han sido tomados en consideración\n al momento de resolver los testigos presentados por la parte\n actora, sin indicar con precisión en qué consiste\n la violación; 2) Que el Juez debe libremente valorar la\n prueba, Igualmente sin indicar expresamente cuál es la\n violación, o la aplicación o no aplicación\n d qué normas jurídicas, CUARTO. - Según\n nuestra legislación, la paternidad resulta por los vínculos\n de la sangre. Respecto de la prueba de la maternidad no hay dificultad\n porque se manifiesta por el embarazo y el parto; hechos visibles.\n En cambio, la paternidad resulta de la concepción y la\n concepción no puede establecerse materialmente mediante\n el testimonio de terceros o exámenes morfológicos.\n Estos elementos de prueba constituyen simples indicios, conjeturas,\n probabilidades que hacen presumir las relaciones sexuales de\n los presuntos padres en la época de la concepción.\n En la actualidad ya se cuenta con un medio de prueba irrefutable,\n como es la investigación de la paternidad a través\n de la prueba de ADN, la misma que en el presente caso no se ha\n realizado. Por lo expresado, las resoluciones judiciales sobre\n paternidad de menores dictadas sin la prueba de ADN, son en base\n de la presunción de verdad que consagra la institución\n de cosa juzgada; mientras, que los que toman las pruebas científicas\n de los cromosomas además de esa presunción, dan\n otro material, evidente, en un altísimo grado de certeza.\n Por las consideraciones anotadas, en los considerandos primero,\n segundo, tercero y cuarto y por no haberse realizado la prueba\n de ADN para conocer si Víctor Antonio Delgado Rivera es\n el padre biológico del menor Víctor Luis Méndez\n González, la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil, ADMINISTRANDO\n JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,\n rechaza el recurso de casación interpuesto por Petita\n María Méndez González, confirmando en todas\n sus partes la sentencia pronunciada por la Cuarta Sala de la\n Corte Superior de Justicia de Guayaquil, sin costas. Publíquese\n y notifíquese.

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Fdo.) Dres. Bolívar Vergara Acosta, Olmedo Bermeo Idrovo,\n Bolívar Guerrero Armijos, Ministros Jueces y Carlos Rodríguez\n García, Secretario Relator que certifica.

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RAZON: Las dos copias que anteceden son auténticas,\n ya que fueron tomadas del juicio No. 1049 - 94, que sigue Lcda.\n Petita Méndez González contra Víctor Delgado\n Rivera. Resolución No. 091 - 2000.

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Quito, 5 de abril del 2000.

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f) Dr. Carlos Rodríguez García, Secretario Relator\n de la Segunda Sala Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia.

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No. 92 -\n 2000

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ACTORA: Margarita Maldonado Vera.
\n DEMANDADO: Justo Vera.

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

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Quito, a 21 de marzo del 2000; las 15h00.

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VISTOS: Ha venido a conocimiento de esta Sala el recurso de\n casación que interpone la actora impugnando la sentencia\n dictada por la Cuarta Sala de la Corte Superior de Cuenca el\n 29 de julio de 1993 las 08h00, que revoca el fallo dictado por\n el inferior, encontrándose la causa en estado de dictar\n sentencia para hacerlo se hacen las siguientes consideraciones:\n PRIMERO. - La Sala es competente para conocer esta causa en virtud\n del sorteo realizado y por mandato constitucional constante en\n el Art. 200 en relación con el Art. 1 de la Ley de Casación.\n SEGUNDO. - A la fecha de presentación del recurso estaba\n en vigencia la Ley de Casación constante en el R.O. No.\n 192 de 18 de mayo de 1993, habiendo esta Sala aceptado al trámite\n el recurso y sustanciado conforme lo determinaba la ley, corresponde\n a esta Sala pronunciarse, en aplicación de la parte final\n del numeral 20 del Art. 7 del Código Civil, que de manera\n taxativa determina que "las actuaciones y diligencias que\n ya estuvieron comenzadas se regirán por la Ley que estuvo\n entonces vigente", atento al principio de irretroactividad\n de la ley, concepto que nos obliga a considerar los Puntos constantes\n en el recurso. TERCERO. - Si bien es cierto que con la Ley Reformatoria\n a la Ley de Casación, de 8 de abril de 1997, se limita\n la procedencia del recurso de casación a los juicios de\n conocimiento y que en este sentido esta Sala ha resuelto rechazar\n aquellos recursos interpuestos en los juicios ejecutivos con\n posterioridad a dichas reformas, con la variante de que este\n ministerio ha aceptado a trámite aquellos recursos interpuestos\n en esta clase de juicios con anterioridad a la vigencia de las\n reformas a la Ley de Casación, no menos cierto que la\n intención del Legislador fue la de evitar el abuso de\n este recurso, especialmente en estos juicios de cumplimiento\n o de ejecución, y que se ha convertido en un mecanismo\n de postergación del cumplimiento de las obligaciones por\n parte de los ejecutados, más no la de coartar el legítimo\n derecho de los ejecutantes para recabar de sus deudores las correspondientes\n obligaciones con respaldo en un título ejecutivo. CUARTO.\n - El recurrente presenta su recurso fundamentado en la causal\n tercera del Art. 3 de la Ley de Casación, aduciendo se\n ha interpretado erróneamente los Arts. 1488, 1489 y 504\n del Código Civil, y los Arts. 119, 121 y 198 numeral 4to.\n del Código de Procedimiento Civil. Por cuanto la sentencia\n impugnada sustenta su resolución en presunción\n de la pérdida de las facultades mentales del demandado.\n Dicha causal hace ' relación a los preceptos jurídicos\n aplicables a la valoración de la prueba, siempre que hayan\n conducido a una equivocada aplicación o a la no aplicación\n de normas de derecho en la sentencia o auto. QUINTO. - El motivo\n del recurso es la declaración en sentencia de la incapacidad\n del demandado por demencia; por tanto es necesario establecer\n si el Tribunal inferior contrarió o no las normas legales\n constantes en los artículos que el recurrente manifiesta\n infringidos. SEXTO. - El Código Civil en el Art. 1490,\n declara que son absolutamente incapaces los dementes y que sus\n actos no surten ni aún obligaciones naturales; por tanto\n no se ha violado el Art. 1489 pues los dementes se encuentran\n entre las personas que la ley declara incapaces. El Art. 504\n del Código Civil establece en el inciso segundo, que los\n actos y contratos ejecutados o celebrados sin previa interdicción\n serán validos, a menos de probarse que el que los ejecutó\n o celebró estaba entonces demente; esta es la salvedad\n que da la ley y a la que se ha acogido la Sala inferior, pues\n de conformidad al Art. 119 del Código de Procedimiento\n Civil la Sala actuó de acuerdo a las reglas de la sana\n crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas\n para la existencia y validez de esos actos, pues precisamente\n para la validez de la obligación exigida era condición\n sine qua non la capacidad del demandado; tal condición,\n mediante prueba pericia¡ médica ha sido probada\n como demencia, pues, usando precisamente las reglas de la sana\n crítica el inferior ha acogido el informe médico\n por "la reconocida capacidad profesional del médico\n psiquiatra que ha examinado al demandado; doctor Vintimilla Albornoz,\n y su integridad moral". Esta Sala no encuentra que se hayan\n violentado los Arts. 121 y 198 del Código de Procedimiento\n Civil, por cuanto en informe que refieren extemporáneo\n ha sido entregado dentro del término de cinco días\n concedido por el Juez de lo Civil de Cuenca que cumplió\n con el deprecatorio enviado; en cuanto al Art. 198 la Sala no\n encuentra relación y peor violación por cuanto\n el demandado en ninguna de sus confesiones judiciales reconoce\n tal instrumento privado como suyo, ADMINISTRANDO JUSTICIA; EN\n NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, rechaza el\n recurso de casación interpuesto por la parte demandado.\n Notifíquese. Devuélvase.

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Fdo.) Dres. Bolívar Vergara Acosta (Voto Salvado),\n Olmedo Bermeo Idrovo y Bolívar Guerrero Armijos, Ministros\n Jueces y Secretario Relator que certifica.

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VOTO SALVADO DEL SEÑOR MINISTRO JUEZ DOCTOR BOLIVAR\n VERGARA ACOSTA, EN EL JUICIO No. 226 - 94.

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

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Quito, a 21 de marzo del 2000; las 15h00.

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VISTOS: Ha venido a conocimiento de esta Sala, una vez radicada\n la competencia por el resorteo de ley, efectuado el 22 de febrero\n de 1996 (fs. 4 de este cuaderno), el recurso de casación\n interpuesto ' por la actora vencida Margarita Maldonado Vera\n (fs. 3 a 4 del segundo grado), dentro del juicio ejecutivo iniciado\n en base de una letra de cambio (fs. 1 a 2 de primera instancia),\n seguido en contra de Justo Vera. Procede resolver, al hacerlo,\n se considera: PRIMERO. - El Art. 2 de la Ley Reformatoria a la\n Ley de Casación, promulgada en el R.O. No. 39: 8.4.97,\n prescribe: "Art. 2.- Procedencia. - El recurso de casación\n procede contra las sentencias y autos que pongan fin a los procesos\n de conocimiento, dictados por las cortes superiores, por los\n tribunales distritales de lo fiscal y de lo contencioso administrativo.\n Igualmente procede respecto de las providencias expedidas por\n dichas cortes o tribunales en la fase de ejecución de\n las sentencias dictadas en procesos de conocimiento, si tales\n providencias resuelven puntos esenciales no controvertidos en\n el juicio, ni decididos en el fallo, o contradicen lo ejecutoriado....".\n La disposición transcrita habla de los "procesos\n de conocimientos, que no han sido definidos por el Legislador,\n ni tampoco lo ha hecho la jurisprudencia nacional, siendo necesario,\n para precisar su significado y alcance acudir a la ciencia jurídica,\n por tratarse de un tecnicismo procesal, En este sentido, Vicente\n y Caravante, en su obra "Tratado Histórico, Crítico\n y Filosófico de los Procedimientos Judiciales, Tomo III,\n Pág. 257, dice: "Por oposición y a diferencia\n de los "procesos de conocimiento", el "proceso\n ejecutivo", no se dirige a declarar derechos dudosos o controvertidos,\n sino a llevar a efecto los que se hayan reconocidos por actos\n o en títulos de tal fuerza que constituyen una Vehemente\n presunción de que el derecho del actor es legítimo\n y está suficientemente probado para que sea, desde luego\n entendido". Igualmente, Francisco Beceña, en su obra\n "Los Procedimientos Ejecutivos en el Derecho Procesal Español\n Págs. 82 y 83, señala las diferencias entre los\n procesos de conocimiento y los procesos de ejecución,\n expresando, en síntesis, que en el ejecutivo: "su\n especialidad consiste, hasta ahora, en que en limine litis se\n decreta lo que en el procedimiento ordinario es contenido en\n la decisión final. En los procedimientos ordinarios las\n decisiones ejecutivas son siempre tomadas después de agotado\n el período de declaración y sin posibilidad de\n volverse a reproducir.". En síntesis el ejecutivo:\n produce efectos irrevocables; éste permite que se pase\n el juicio ordinario para que se estudien las excepciones que\n no han sido materia de la sentencia en aquel (Gaceta Judicial,\n serie X, No. 8, Pág. 2835), cuanto más que se basa\n la acción deducida en letras de cambio, documentos mercantiles,\n que a diferencia de otros títulos ejecutivos sin intervención\n previa de un órgano jurisdiccional, consagran o reconocen\n un derecho, a recibir dinero, en - la obligación de dar.\n SEGUNDO. - La Ley de Casación siendo procedimental es\n de derecho público estricto y, de - interpretación\n y aplicación exacta y restrictiva delimitando la procedencia\n del recurso de casación a las sentencias dictadas en los\n "procedimientos de conocimiento", resultado arbitrario\n que los tribunales extiendan para comprender a las pronunciadas\n en los procesos de ejecución, dándoles un alcance\n que es legalmente prohibido. TERCERO. - El Art. 7 regla 20a.\n del Código Civil, al hablar sobre los efectos de la ley\n en el tiempo, el problema de la retroactividad, dice: "Las\n leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de\n los juicios, prevalecen sobre las anteriores desde el momento\n en que deben comenzar a regir. Pero los términos que hubieren\n comenzado a correr y las actuaciones y diligencias que ya estuvieron\n comenzadas, se regirán por la ley que estuvo entonces\n vigente". En tal virtud, no se puede confundir la concesión\n del recurso de casación por el Tribunal de Alzada, como\n la situación de excepción dispuesta por el Legislador\n en la citada norma sustantivo, basta tener presente: 3.1: Los\n Arts. 307 y 309 del Código de Procedimiento Civil, respectivamente,\n definen a los términos y regulan la forma de contar el\n lapso fijado. 3.2: Aunque nuestra legislación expresamente\n no da una definición de las palabras "actuaciones\n y diligencias judiciales", surgen algunos elementos de sus\n pertinentes conceptos, cuando en algunos cuerpos legales son\n utilizados por nuestro Legislador; así en los Arts.: 183(r),\n 117 y 122 de la Ley Orgánica de la Función Judicial\n y el Art. 26 del Reglamento sobre Procesos y Actuaciones Judiciales.\n En conclusión, las actuaciones o diligencias judiciales\n son las actividades propias del Juez, actuario, litigantes y\n más auxiliares que individual o colectivamente que intervienen\n en un proceso, en aplicación de la ley, como por ejemplo:\n certificaciones, citaciones, notificaciones, actas, escritos,\n informes, copias, constancia de actos procesales, etc. La Enciclopedia\n Jurídica OMEBA, al respecto dice: "Para algunos autores\n las actuaciones son actos de formación, integrados por\n la transcripción de un documento o de un hecho del que\n se quiere dejarle debida constancia (actos de documentación),\n y por la unión a los actos o expedientes de un documento\n previamente escrito (actas de incorporación)" (Tomo\n 1, Pág. 446). Además, conceptúa a las diligencias\n judiciales en: "las actuaciones que realizan, dentro de\n un determinado proceso judicial, el juez, sus auxiliares o comisionados\n legales y las partes interesadas o sus representantes" (Tomo\n VIII, Pág. 847). En conclusión, las diligencias\n y actuaciones judiciales no pueden confundirse con una etapa\n procesal, ni acto procesal, ni mucho menos con el proceso, son\n apenas una serie de actividades de los sujetos que intervienen\n en el juicio, una parte documental y fehaciente de los actos\n procesales practicados principalmente. 3.3: Nuestra Corte Suprema\n ha reconocido con relación a la retroactividad de las\n leyes procesales, al doctor Juan Isaac Lovato, que acerca de\n la vigésima regla comenta: "El procedimiento, por\n regla general, se ha de sujetar a la Ley vigente al tiempo de\n aplicarse, salvo la excepción establecida por nuestro\n Código, y que se justifica por el hecho de que un término,\n una actuación, una diligencia constituyen una unidad,\n una individualidad que no puede ni debe dividirse para que a\n una de sus partes, se aplique la ley anterior, y a otra la ley\n posterior" (Tomo 1, Segunda Edición Pág. 150).\n La Ley Reformatoria a la Ley de Casación (R.O. No. 39:\n 8.4.97), modificó el requisito de procedencia, que es\n eminentemente procedimental o de ritualidad y sustanciación,\n y, que tampoco contempla los casos de excepción sobre\n términos y actos procesales, que dan efecto ulterior a\n la ley derogada, originando inexorablemente, por ser de orden\n público, la aplicación efectiva de la ley vigente.\n Por lo expuesto, en aplicación del inciso final que se\n manda a agregar a continuación del Art. 9 de la Ley de\n Casación, por el Art. 7 de la Ley Reformatoria, se rechaza\n el recurso de casación, ordenando devolver el proceso\n al inferior para que se ejecute la sentencia. Sin costas, ni\n multas, ni daños y perjuicios. Notifíquese,

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f) Dres. Bolívar Vergara Acosta (Voto Salvado), Olmedo\n Bermeo Idrovo y Bolívar Guerrero Armijos, Ministros Jueces\n y Secretario Relator que certifica,

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RAZON: Las cinco copias que anteceden son auténticas,\n ya que fueron tomadas del juicio No. 226 - 94, que sigue Margarita\n Maldonado Vera contra Justo Vera. Resolución No. 092 -\n 2000.

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Quito, 5 de abril del 2000.

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Fdo.) Dr. Carlos Rodríguez García, Secretario\n Relator de la Segunda Sala Civil y Mercantil de la Corte Suprema\n de Justicia.

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No. 98 -\n 2000

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ACTOR: Banco Continental.
\n DEMANDADO: Eli Assaff Nader.
\n B.T.R

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

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Quito, marzo 27 del 2000; las 16h10.

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VISTOS: Ha venido a conocimiento de esta Sala el recurso de\n casación interpuesto por el demandado, del auto, fojas\n 33 a 34, y voto, salvado, fojas 35 vuelta, que revocando las\n providencias de fojas 325 y 344, dispone que el recurrente pague\n los intereses en la forma que en él se indica, en el juicio\n ejecutivo que por dinero sigue el Banco Continental en contra\n de Assaff Nader. Encontrándose la causa en estado de resolver\n se considera: PRIMERO. - La Sala es competente para conocer de\n esta causa, en virtud del sorteo realizado, y en su trámite\n no se observa vicios ni omisión de solemnidad sustancial\n que pueda influenciar su decisión por lo que se considera\n su validez. SEGUNDO. - El recurso de casación es una institución\n creada para rever, la cosa juzgada en las resoluciones dictadas\n por los tribunales de apelación en que éstos hayan\n pronunciado su resolución apartándose de las disposiciones\n tanto sustantivas cuanto adjetivas que rigen nuestro sistema\n legal. TERCERO. - A la fecha de presentación del recurso,\n estaba en vigencia la Ley de Casación constante en el\n Registro Oficial No. 192 de 18 de mayo de 1993, habiendo esta\n Sala aceptado al trámite el recurso y sustanciado conforme\n lo determina la ley, corresponde a esta Sala pronunciarse sobre\n lo principal, en aplicación de la parte final del numeral\n 20 del artículo 7 del Código Civil, que de manera\n taxativa determina que las actuaciones y diligencias que ya estuvieron\n comenzadas se regirán por la ley que estuvo entonces vigente,\n atento el principio de irretroactividad de la ley, conceptos\n que nos obligan a considerar los puntos constantes en el recurso.\n CUARTO. - En la especie el recurrente manifiesta que se ha infringido\n la norma de derecho del artículo 299 del Código\n de Procedimiento Civil, y que se acoge a la causal 5ta., del\n artículo 3 de la Ley de Casación, toda vez que\n en el auto recurrido en su parte dispositivo se adoptan decisiones\n contradictorias a lo dispuesto en la sentencia dictada por el\n superior. Al respecto se observa que la Tercera Sala de la Corte\n Suprema de Justicia en la estructura anterior a las reformas\n de 1992 y 1993 en sentencia de 6 de abril de 1990 y que consta\n del ejecutorial agregado de fojas 268 a 269, confirmó\n la sentencia de segunda instancia con la reforma de que el saldo\n deudor debe pagarse en dólares americanos, que a su vez\n es confirmatorio de la dictada por el Juez a quo en la que se\n manifiesta que no procede el pago de la comisión bancaria\n del 4% y que respecto a los intereses de la mora que es el hecho\n controvertido, solo procede - desde el 20 de marzo de 1984 hasta\n que se cite con la demanda de oferta de pago el 18 de junio de\n 1985, por lo que es evidente que tratándose de sentencia\n ejecutoriada dictada en última instancia, la misma debe\n aplicarse y ejecutarse en los términos en ella expuestos,\n por lo que el planteamiento del recurrente es correcto y sujeto\n a los méritos del proceso, y sin más consideraciones,\n esta Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema\n de Justicia, casa el auto de mayoría, disponiendo que\n se esté a lo establecido en el voto salvado respecto de\n la liquidación de los intereses de mora. Notifíquese.\n Devuélvase.

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Fdo.) Dres. Bolívar Vergara Acosta (Voto Salvado),\n Olmedo Bermeo Idrovo y Bolívar Guerrero Armijos, Ministros\n Jueces.

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Certifico. El Secretario.

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VOTO SALVADO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR BOLIVAR VERGARA\n ACOSTA

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

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Quito, marzo 27 del 2000; las 16h10.

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VISTOS: Ha venido a conocimiento de esta Sala, una vez radicada\n la competencia por el resorteo de ley, efectuado el 22 de febrero\n de 1996 (fojas 13 de este cuaderno), el recurso de casación\n interpuesto por el demandado Elie Assaff Nader, por su propios\n derechos y los que representa de E. Assaff Eliassaf C. Ltda.\n (fojas 41 a 47 de segunda instancia), que objeta el auto de mayoría\n dictado por la Sala de Conjueces de la Cuarta Sala de la Corte\n Superior de Justicia de Guayaquil, que reforma lo dispuesto por\n el inferior, en cuanto al pago de los intereses, calculados por\n la deuda, conforme consta en el auto de 25 de noviembre de 1994\n (fojas 33 a 34 de segundo grado), dentro de la fase de ejecución\n en el juicio ejecutivo iniciado en base de una letra de cambio,\n que se asegura es insoluta y de plazo vencido (fojas 7 de primera\n instancia), seguido por el doctor Héctor Villagrán\n Lara, en cal ¡dad de procurador judicial del Banco Continental\n S.A. de Guayaquil. Previo a resolver, se considera: PRIMERO.\n - El artículo 2 de la Ley Reformatoria a la Ley de Casación,\n promulgada en el Registro Oficial No. 39: 8.4.9,7, prescribe:\n "Artículo 2. Procedencia. - El recurso de casación\n procede contra las sentencias y autos que pongan fin a los procesos\n de conocimiento, dictados por las cortes superiores, por los\n tribunales distritales de lo fiscal y de lo contencioso administrativo.\n Igualmente procede respecto de las providencias expedidas por\n dichas cortes o tribunales en la fase de ejecución de\n las sentencias dictadas en procesos de conocimiento, si tales\n providencias resuelven puntos esenciales no controvertidos en\n el juicio, ni decididos en el fallo, o contradicen lo ejecutoriado....".\n La disposición transcrita habla de los "procesos\n de conocimiento", que no han sido definidos por el Legislador,\n ni tampoco lo ha hecho la jurisprudencia nacional, siendo necesario,\n para precisar su significado y alcance acudir a la ciencia jurídica,\n por tratarse de un tecnicismo procesal. En este sentido, Vicente\n y Caravante, en su obra "Tratado Histórico, Crítico\n y Filosófico de los Procedimiento Judiciales", Tomo\n M página 257, dice: "Por oposición y a diferencia\n de los "procesos de conocimiento", el "proceso\n ejecutivo", no se dirige a declarar derechos dudosos o controvertidos,\n si no a llevar a efecto los que se hayan reconocidos por actos\n o en títulos de tal fuerza que constituyen una vehemente\n presunción de que el derecho del actor es legítimo\n y está suficientemente probado para que sea, desde luego\n atendido.". Igualmente, Francisco Beceña, en su obra\n "Los Procedimientos Ejecutivos en el Derecho Procesal Español",\n páginas 82 y 83, señala las - diferencias entre\n los procesos de conocimiento y los procesos de ejecución,\n expresando, en síntesis, que en el ejecutivo: "su\n especialidad consiste, hasta ahora, en que en limine litis se\n decreta lo que en el procedimiento ordinario es contenido en\n la decisión final. En los procedimientos ordinarios las\n decisiones ejecutivas son siempre tomadas después de agotado\n el período de declaración y sin posibilidad de\n volverse a reproducir.". En síntesis, el ejecutivo\n produce efectos irrevocables; éste permite que se pase\n al juicio ordinario para que se estudien las excepciones que\n no han sido materia de la sentencia en aquél (Gaceta Judicial,\n serie X, No. 8, página 2835), cuanto más que se\n basa la acción deducida en letras de cambio, documentos\n mercantiles, que a diferencia de otros títulos ejecutivos\n sin intervención previa de un órgano jurisdiccional,\n consagran o reconocen un derecho, a recibir dinero, en la obligación\n de dar. SEGUNDO. - La Ley de Casación, siendo procedimental\n es de derecho público estricto y, de interpretación\n y aplicación exacta y restrictiva, delimitando la procedencia\n del recurso de casación a las sentencias dictadas en los\n "procedimientos de conocimiento", resultando arbitrario\n que los tribunales extiendan para comprender a las pronunciadas\n en los procesos de ejecución, dándoles un alcance\n que es legalmente prohibido. TERCERO. - El artículo 7\n regla 20a. del Código Civil, al hablar sobre los efectos\n de la ley en el tiempo, el problema de la retroactividad, dice:\n "Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad\n de los juicios, prevalecen sobre las anteriores desde el momento\n en que deben comenzar a regir. Pero los términos que hubieren\n comenzado a correr y las actuaciones y diligencias que ya estuvieron\n comenzadas, se regirán por la ley que estuvo entonces\n vigente.". En tal virtud, no se puede confundir la concesión\n del recurso de casación por el Tribunal de Alzada, como\n la situación de excepción dispuesta por el Legislador\n en la citada norma sustantivo, basta tener presente: 3. 1. -\n Los artículos 307 y 309 del Código de Procedimiento\n Civil, respectivamente, definen a los términos y regulan\n la forma de contar el lapso fijado. 3.2. - Aunque nuestra legislación\n expresamente no da una definición de las palabras "actuaciones\n y diligencias judiciales", surgen algunos elementos de sus\n pertinentes conceptos, cuando en algunos cuerpos legales son\n utilizados por nuestro Legislador, así en los artículos:\n 117, 122 y 183(r) de la Ley Orgánica de la Función\n Judicial y el artículo 26 del Reglamento sobre Procesos\n y Actuaciones Judiciales. En conclusión, las actuaciones\n o diligencias judiciales son las actividades propias del Juez,\n actuario, litigantes y más auxiliares que individual o\n colectivamente intervienen en un proceso, en aplicación\n de la ley, como por ejemplo: certificaciones, citaciones, notificaciones,\n actas, escritos, informes, copias, constancia de actos procesales,\n etc. La Enciclopedia Jurídica OMEBA, al respecto dice:\n 'Tara algunos autores las actuaciones son actos de formación,\n integrados por la transcripción de un documento o de un\n hecho del que se quiere dejarle debida constancia (actos de documentación),\n y por la unión a los actos o expedientes de un documento\n previamente escrito (actas de incorporación)", Tomo\n página 446. Además, conceptúa a las diligencias\n judiciales en: "las actuaciones que realizan, dentro de\n un determinado proceso judicial, el juez, sus auxiliares o comisionados\n legales y las partes interesadas o sus representantes",\n Tomo VIII, página 847. En conclusión, las diligencias\n y actuaciones judiciales no pueden confundirse con una etapa\n procesal, ni acto procesal, ni mucho menos con el proceso, son\n apenas una serie de actividades de los sujetos que intervienen\n en el juicio, una parte documental y fehaciente de los actos\n procesales practicados principalmente. 3.3. - Nuestra Corte Suprema\n ha reconocido con relación a la retroactividad de las\n leyes procesales, al doctor Juan Isaac Lovato, que acerca de\n la vigésima regla comenta: "El procedimiento, por\n regla general, se ha de sujetar a la ley vigente al tiempo de\n aplicarse, salvo la excepción establecida por nuestro\n Código, y que se justifica por el hecho de que un término,\n una actuación, una diligencia constituyen una unidad,\n una individualidad que no puede ni debe dividirse para que a\n una de sus partes, se aplique la ley anterior, y a otra la ley\n posterior", (Tomo I, segunda edición, página\n 1 50). En la especie el recurso fue concedido por el inferior\n la Sala de Conjueces de la Cuarta Sala de la Corte Superior de\n Guayaquil, al imperio de la Ley de Casación (Registro\n Oficial No. 192: 18.5.93); pero, no es menos cierto, que la reformatorio\n (Registro Oficial No. 39: 8.4.97), modificó el requisito\n de procedencia, que es eminentemente procedimental o de ritualidad\n y sustanciación, y, que tampoco contempla los casos de\n excepción sobre términos y actos procesales, que\n dan efecto ulterior a la ley derogada, originando inexorablemente,\n por ser de orden público, la aplicación efectiva\n de la ley vigente. Por lo expuesto, esta Segunda Sala de lo Civil,\n rechaza el recurso de casación, por falta de procedencia,\n ordenando devolver el proceso al inferior. Sin costas, ni multa,\n ni daños y perjuicios. Notifíquese.

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Fdo.) Dres. Bolívar Vergara Acosta (Voto Salvado),\n Olmedo Bermeo Idrovo y Bolívar Guerrero Armijos, Ministros\n Jueces.

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Certifico. El Secretario.

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Certifico. - Que las cuatro copias que anteceden son tomadas\n de sus originales, constantes en el juicio ejecutivo No. 210\n - 95 (Resolución No. 98 - 2000), que por dinero sigue\n Banco Continental contra Eli Assaff Nader.

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Quito, abril 5 del 2000.

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f) Dr. Carlos Rodríguez García, Secretario Relator\n de la Segunda Sala Civil.
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No. 99 -\n 2000

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ACTOR: Manuel Aguilar.
\n DEMANDADA: Carmen Lalvay.

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

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Quito, 29 de marzo del 2000; las 09h00.

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VISTOS: Ha venido a conocimiento de esta Sala el recurso de\n casación que interpone Manuel de Jesús Aguilar\n impugnando la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Corte\n Superior de Justicia de Cuenca el 14 de septiembre de 1994, las\n 09h30, que confirma el fallo dictado por el inferior, encontrándose\n la causa en estado de dictar sentencia para hacerlo se hacen\n las siguientes consideraciones: PRIMERO. La Sala es competente\n para conocer esta causa en virtud del sorteo realizado y por\n mandato constitucional constante en el Art. 200 en relación\n con el Art. 1 de la Ley de Casación. SEGUNDO. - A la fecha\n de presentación del recurso estaba en vigencia la Ley\n de Casación constante en el R.O. No. 192 de 18 de mayo\n de 1993, habiendo ~ Sala aceptado al trámite el recurso\n y sustanciado conforme lo determinaba la ley, corresponde a esta\n Sala pronunciarse, en aplicación de la parte final del\n numeral 20 del Art. 7 del Código Civil, que de manera\n taxativa determina que "las actuaciones y diligencias que\n ya estuvieron comenzadas se regirán por la Ley que estuvo\n entonces vigente", atento al principio de irretroactividad\n de la ley, concepto que nos obliga a considerar los puntos constantes\n en el recurso. TERCERO. Si bien es cierto que con la Ley Reformatoria\n a la Ley de Casación, de 8 de abril de 1997, se limita\n la procedencia del .recurso de casación a los juicios\n de conocimiento y que en ese sentido esta Sala ha resuelto rechazar\n aquellos recursos interpuestos en los juicios ejecutivos con\n posterioridad a dichas reformas, con la variante de que este\n ministerio ha aceptado a trámite aquellos recursos interpuestos\n en esta clase de juicios con anterioridad a la vigencia de las\n reformas a la Ley de Casación, no es menos cierto que\n la intención del Legislador fue la de evitar el abuso\n de éste recurso, especialmente en estos juicios de cumplimiento\n o de ejecución, y que se ha convertido en un mecanismo\n de postergación del cumplimiento de las obligaciones por\n parte de los ejecutados, mas no la de coartar el legítimo\n derecho de los ejecutantes para recabar de sus deudores las

 

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