Registro Oficial. 27 de ABRIL del 2000

Jueves, 27 de abril de 2000

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

\n \n \n \n
   MES DE ABRIL DEL 2000
\n \n \n \n
\n

\n
 
\n

 REGISTRO OFICIAL
ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR
Administración del Sr. Dr. Gustavo Noboa Bejarano
Presidente Constitucional de la República
\n

Jueves 27 de Abril del 2000

\n

REGISTRO OFICIAL No. 67

\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n

EDMUNDO ARIZALA ANDRADE
DIRECTOR ENCARGADO

\n\n

FUNCION\n LEGISLATIVA

\n\n

EXTRACTOS:

\n\n

21\n - 448 Proyecto\n de Ley Reformatoria a la Ley de Elecciones

\n\n

21\n - 449 Proyecto de Ley Reformatoria\n a los artículos 193 y 197 de la Ley General de Instituciones\n del Sistema Financiero y al artículo 3 de la Ley Reformatoria\n a la Ley para la Transformación Económica del Ecuador

\n\n

FUNCION\n EJECUTIVA

\n\n

RESOLUCIONES:

\n\n

CONSEJO\n NACIONAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION (CONARTEL):

\n\n

1063\n - CONARTEL - 00\n Apruébanse\n las reformas al pliego tarifario, expedido mediante Resolución\n N° 886
\n - CONARTEL - 99 publicado en el Registro Oficial N° 224 de\n 1 de julio de 1999

\n\n

SERVICIO\n ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL:

\n\n

62\n - A Modificase\n el Reglamento General del SECAP

\n\n

FUNCION\n JUDICIAL

\n\n

CORTE\n SUPREMA DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL:

\n\n

Recursos de casación\n en los juicios seguidos por las siguientes personas:

\n\n

71\n - 2000 Marcos Fidel Avila Lucas en\n contra de Cipriano Toala Chóez

\n\n

73 - 2000 Reinaldo Medina en contra de María\n Elvia Cisneros Tapia

\n\n

74 - 2000 Alfonso\n Saénz Alomía en contra del Banco Amazonas S.A.

\n\n

75 - 2000 Patricia\n Granda Herrera en contra de Wilson Granda Cruz

\n\n

77 - 2000\n Segundo Anselmo\n Varela Sola en contra de Gloria Mariana de Jesús Albuja\n Rivera

\n\n

78 - 2000 Gilberto\n de Jesús Roca Cornejo en contra de Lilla Arias Vite

\n\n

79 - 2000 José\n Manosalvas y otros en contra de Manuel Michelena

\n\n

81 - 2000 Dr.\n Fidel Pacheco en contra de Luis Genovez y otra

\n\n

82 - 2000 Carlos\n Jerves en contra de los herederos de Jorge Jerves y otra

\n\n

83 - 2000 Bolívar\n Toledo Valencia en contra de Zoot Fausto Mantilla Huerta

\n\n

84 - 2000 Martha Tixi en contra de José\n Vélez

\n\n

85 - 2000 Carmelina\n Matailo en contra de Petrona Matailo Matailo

\n\n

86 - 2000\n Freddy Serrano\n Sáenz en contra del Ing. Alfonso Flores Salvador

\n\n

87 - 2000 Absalón Conde Solano en contra\n de Segundo Cumbicus Cordero

\n\n

89 - 2000 Segundo Francisco Pila Viracocha en\n contra de los herederos de Leandro Mendoza y otros

\n\n

ORDENANZA\n MUNICIPAL:

\n\n

- Cantón Mocha: Que reglamenta la administración\n de personal de servidores de la Municipalidad
\n
 \n

\n \n
\n

 

\n\n

CONGRESO NACIONAL

\n\n

EXTRACTO DEL PROYECTO DE LEY ART. 150\n DE LA CONSTITUCION POLITICA

\n\n

NOMBRE: "REFORMATORIA A LA LEY DE ELECCIONES".

\n\n

CODIGO: 21 - 448.

\n\n

AUSPICIO: H. LUIS VILLACRECES C.

\n\n

INGRESO: 13 - 04 - 2000.

\n\n

COMISION: DE GESTION PUBLICA Y UNIVERSALIZACION DE LA SEGURIDAD\n SOCIAL.

\n\n

FECHA DE ENVIO
\n A COMISION: 19 - 04 - 2000.

\n\n

 

\n\n

FUNDAMENTOS:

\n\n

La Carta Política del Estado, en el Título de\n la Organización Electoral, consagra los deberes y atribuciones\n de este alto Tribunal de la nación.

\n\n

OBJETIVOS BASICOS:

\n\n

La integración de los tribunales provinciales electorales\n debe concordar con el mismo criterio establecido para la integración\n del Tribunal Supremo Electoral, con el fin de que se cumpla imperativamente\n la norma contenida en el artículo 209 de la Constitución\n Política.

\n\n

CRITERIOS:

\n\n

Es necesario adecuar la Ley de Elecciones al ordenamiento\n constitucional especialmente respecto a la forma de integración\n de los tribunales provinciales electorales.

\n\n

f.) Lcdo. Guillermo H. Astudillo Ibarra, Secretario General\n del Congreso Nacional.

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

CONGRESO NACIONAL

\n\n

EXTRACTO DEL PROYECTO DE LEY ART. 150 DE LA CONSTITUCION POLITICA

\n\n

NOMBRE: "REFORMATORIA A LOS ARTICULOS 193 Y 197 DE LA\n LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO Y AL ARTICULO\n 3 DE LA LEY REFORMATORIA A LA LEY PARA LA TRANSFORMACION ECONOMICA\n DEL ECUADOR".

\n\n

CODIGO: 21 - 449.

\n\n

AUSPICIO: H. WILFRIDO LUCERO BOLAÑOS.

\n\n

INGRESO: 12 - 04 - 2000.

\n\n

COMISION: DE LO TRIBUTARIO, FISCAL Y BANCARIO.

\n\n

FECHA DE ENVIO
\n A COMISION: 19 - 04 - 2000.

\n\n

FUNDAMENTOS:

\n\n

Las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para\n la vivienda, son instituciones financieras cuya actividad principal\n es la captación de recursos del público para destinarlos\n al financiamiento de vivienda, construcción y bienestar\n familiar de sus asociados.

\n\n

OBJETIVOS BASICOS:

\n\n

Siendo deber del Estado contribuir a la disminución\n del déficit habitacional del país, a la generación\n de fuentes de trabajo y de ingresos para los ecuatorianos, una\n ampliación del margen de inversión establecido\n en relación con el patrimonio técnico de una asociación\n mutualista de ahorro y crédito para la vivienda, contribuirá\n al cumplimiento de los objetivos mencionados.

\n\n

CRITERIOS:

\n\n

Las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para\n la vivienda, son instituciones financieras privadas con finalidad\n social, pero constituyen sociedades de personas y no de capital,\n por tanto no deben sus socios tener un tratamiento discriminatorio\n en la ley.

\n\n

f ) Lcdo. Guillermo H. Astudillo Ibarra, Secretario General\n del Congreso Nacional.

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

N° 1063\n - CONARTEL - 00

\n\n

El CONSEJO NACIONAL DE RADIODIFUSIÓN\n Y TELEVISION, CONARTEL

\n\n

Considerando:

\n\n

Que de conformidad con el Art. 2° de la Ley Reformatoria\n a la Ley de Radiodifusión y Televisión, promulgada\n mediante Registro Oficial N° 691 de 9 de mayo de 1995, el\n Estado a través del Consejo Nacional de Radiodifusión\n y Televisión CONARTEL, otorgará frecuencias o canales\n para radiodifusión o televisión, así como\n regulará y autorizará estos servicios en todo el\n territorio nacional;

\n\n

Que, el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión\n en sesión efectuada el 25 de junio de 1999 dictó\n la Resolución N° 886 - CONARTEL - 99 por intermedio\n de la cual se actualiza, aprueba y expide los valores de tarifas\n por concesión de frecuencias, canales y otros servicios\n de radiodifusión y televisión, el mismo que fue\n publicado en el Registro Oficial N° 224 de 1 de julio de\n 1999;

\n\n

Que, el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión,\n en sesiones efectuadas el 23 y 30 de marzo del 2000, conoció\n sobre las reformas al Reglamento de Tarifas por concesión\n y utilización de frecuencias, canales y otros servicios\n de radiodifusión y televisión; y,

\n\n

En uso de las atribuciones que le confiere el literal "d"\n del quinto artículo innumerado del Art. 6 de la Ley Reformatoria\n a la Ley de Radiodifusión y Televisión,

\n\n

Resuelve:

\n\n

Aprobar las siguientes reformas al pliego tarifario, expedido\n mediante Resolución N° 886 - CONARTEL - 99 y publicada\n en el Registro Oficial N° 224 de 1 de julio de 1999:

\n\n

Art. 1. - Reemplácese el todo el reglamento, donde\n se diga "EN UNIDADES DE VALOR CONSTANTE", debe decirse\n "EN CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA".

\n\n

Art. 2. - Refórmase el literal b) del título\n III del artículo 1, donde dice: "EL VALOR MENSUAL\n MULTIPLICADO POR EL NUMERO MAXIMO DE CANALES OFERTADOS DE CADA\n SERVICIO DE ACUERDO AL INFORME PRESENTADO POR LA SUPERINTENDENCIA\n DE TELECOMUNICACIONES", deberá decir: "EL VALOR\n MENSUAL MULTIPLICADO POR EL NUMERO MAXIMO DE FRECUENCIAS DISPONIBLES\n O CANALES OFERTADOS, DE ACUERDO AL INFORME PRESENTADO POR LA\n SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES".

\n\n

Art. 3. - Refórmase el literal a) del título\n y del artículo 1, donde dice: "LOS VALORES DE CONCESION\n Y MENSUALIDAD SE FACTURAN POR CADA ENLACE Y POR CADA VIA",\n deberá decir: "LOS VALORES DE CONCESION Y MENSUALIDAD\n SE FACTURAN CONSIDERANDO TODOS LOS SERVICIOS POR CADA ENLACE\n Y POR CADA VIA".

\n\n

Art. 4. - La presente reforma se aplicará en el cobro\n de las planillas correspondientes al segundo trimestre del presente\n año.

\n\n

Art. 5. - Remítase al Registro Oficial, para su publicación.

\n\n

Dado en Quito, a los treinta días del mes de marzo\n del dos mil.

\n\n

f) Aldo R. Ottati Pino, Presidente del CONARTEL.

\n\n

f) Lic. Vicente Freire R., Secretario.
\n Certifico. - Este documento es fiel copia del original.
\n Quito, a 19 de abril del 2000.
\n f ) Secretario del CONARTEL.

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

No 62 - A

\n\n

EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DEL SECAP\n MINISTRO DE TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS

\n\n

Considerando:

\n\n

Que mediante Ley N° 2000 - 4, publicada en el Registro\n Oficial N° 34 de 13 de marzo del 2000, se expide la Ley para\n la Transformación Económica del Ecuador, misma\n que contiene reformas sustanciales a la Ley de Contratación\n Pública,

\n\n

Que de acuerdo con la ley a la que se hace referencia en el\n considerando anterior, se reforma la Ley de Contratación\n Pública en lo que se refiere a los procedimientos contractuales,\n en relación con la cuantía;

\n\n

Que el segundo inciso del Art. 4 de la Ley de Contratación\n Pública sustituido por el Art. 62 de la ley en mención,\n faculta a las instituciones públicas a dictar las normas\n reglamentarias pertinentes para los procesos de contratación\n que sean inferiores al valor que resulte de multiplicar el coeficiente\n 0.00002 previsto en el literal b), por el monto del presupuesto\n inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico,

\n\n

Que el actual Art. 12 del Reglamento General del SECAP, publicado\n en el Registro Oficial N° 35 de 28 de septiembre de 1998,\n no faculta al Director Ejecutivo, realizar actos y contratos\n o inversiones hasta por una cuantía equivalente a las\n dos cien milésimas del inicial Presupuesto General del\n Estado, como lo dispone el Art. 4 de la Ley de Contratación\n Pública reformado; y,

\n\n

Que el Directorio del SECAP, en uso de las facultades que\n le confiere al Art. 7, literal g) de la Ley del SECAP,

\n\n

Resuelve:

\n\n

Art. 1 - Sustitúyase el Art. 12 del Reglamento General\n del SECAP por el siguiente:

\n\n

"El Director Ejecutivo del SECAP podrá ordenar\n y realizar gastos hasta por el monto de US$ 20.000 dólares\n en consideración a las ofertas presentadas para el efecto.

\n\n

Los montos que superen los US$ 20.000 hasta el valor que resulte\n de multiplicar el coeficiente 0.00002 por el monto del presupuesto\n inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico\n serán puestos a consideración y decisión\n del Comité de Contratación Interna del SECAP;

\n\n

El Director Nacional Administrativo, Director Regional Litoral\n y Director Regional Norte podrán autorizar y efectuar\n gastos hasta por un monto de US$ 2.400. Los Directores Regionales\n Centro y Sur ordenarán gastos hasta US$ 2.000.

\n\n

El Director Ejecutivo del SECAP regulará los procedimientos\n administrativos mediante el respectivo Instructivo.

\n\n

Cuando el acto, contrato, o inversión supere el valor\n que resulte de multiplicar el coeficiente 0.00002 por el monto\n del Presupuesto, Inicial del Estado del correspondiente ejercicio\n económico, el Director Ejecutivo solicitará al\n Directorio la autorización correspondiente.

\n\n

Tanto el Director Ejecutivo, Director Nacional Administrativo\n y Directores Regionales del SECAP, serán legal y personalmente\n responsables por los actos, contratos e inversiones que realicen\n en virtud de este articulo".

\n\n

La presente reforma al Art. 12 del actual Reglamento General\n del SECAP entrará en vigencia a partir de su aprobación,\n por parte del Directorio de la institución, sin perjuicio\n de su publicación en el Registro Oficial.

\n\n

Comuníquese.- Dado y firmado en la sala de sesiones\n del Ministerio del Trabajo, en Quito, a 5 de abril del 2000.

\n\n

f) Abg. Martín Insua Chang, Ministro de Trabajo y Recursos\n Humanos,

\n\n

f ) Ab. Cristóbal Vaca Núñez, Secretario\n General del SECAP y del Directorio.

\n\n

CERTIFICO: Que la presente reforma del Art. 12 del Reglamento\n General del SECAP, fue discutido y aprobado por el Directorio\n del SECAP, en sesiones del 4 y 5 de abril del 2000.

\n\n

Quito, 11 de abril del 2000.

\n\n

f.) Ab. Cristóbal Vaca Núñez, Secretario\n General del SECAP.

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

No. 71-2000

\n\n

ACTOR: Marcos Avila.

\n\n

DEMANDADO: Hrds. de Cipriano Toala.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

\n\n

Quito, 29 de febrero del 2000; las 15h10.

\n\n

VISTOS: Ante el recurso de casación interpuesto por\n José Gabriel Toala Naranjo de la sentencia pronunciada\n por la Quinta Sala de la Corte Superior de justicia de Guayaquil,\n dentro del juicio reivindicatorio propuesto por Marcos Fidel\n Avila Lucas contra Cipriano Toala Chóez, en la que se\n confirma en todas sus partes la sentencia pronunciada por el\n Juez Duodécimo de lo Civil de Guayaquil que declara con\n lugar la demanda y ordena que el demandado y por él sus\n herederos restituyan al actor Marcos Fidel Avila Lucas la edificación\n y el terreno que ocupa en la parte delantera del solar número\n seis de la manzana 979, antes A-6 de la parroquia urbana Febres\n Cordero. Con costas, daños y perjuicios que se regulan\n en cinco mil sucres mensuales por todo el tiempo de posesión,\n esto es desde 1986 hasta que se verifique la restitución\n del inmueble. Como el juicio se encuentra en estado de resolución,\n para hacerlo, se considera: PRIMERO.- La Sala es competente para\n conocer el presente juicio, en virtud de lo dispuesto en el Art.\n 200 de la Constitución Política de la República,\n que está en relación con el Art. 1 de la Ley de\n Casación, toda vez que el proceso fue resorteado con fecha\n 22 de febrero de 1996. SEGUNDO. Que el demandante a fs. 8 de\n los autos manifiesta que mediante escritura pública de\n 26 de mayo de 1983, adquirió por compra a la Ilustre Municipalidad\n de Guayaquil un solar municipal signado con el número\n 23 de la manzana A-6 de la parroquia urbana Febres Cordero, ubicado\n en la calle K entre la vigésima sexta y vigésima\n séptima, dentro de los siguientes linderos: por el Norte\n la calle K con 5.90 metros por el Sur solar 33 con 5.90 metros;\n por el Este solar 22 con 32.20 metros; y, por el Oeste solar\n 24 con 32.20 metros con una superficie de 189 metros con 98 decímetros\n cuadrados, escritura que se encuentra inscrita en el Registro\n de la Propiedad con fecha 17 de abril de 1984. Que el solar lo\n ha mantenido pacíficamente en posesión por más\n de veinte años, levantando en la parte posterior una casa\n tipo chalet con estructura de madera, paredes de caria, cubierta\n de zinc con un área de 46.50 metros. Que desde el año\n de 1986 Cipriano Toala Chóez a quien le dio una pequeña\n covacha de su propiedad para que viva, viene realizando actos\n que atentan contra su dominio, con el objeto de apoderarse del\n bien, manteniendo la posesión material actual de una porción\n o fracción de su terreno, que está plenamente singularizado\n y que pese a sus requerimientos no lo ha hecho. Que demanda la\n reivindicación. de todo el inmueble indicado y que ilegalmente\n lo posee Cipriano Toala; el pago de todos los frutos y prestaciones\n de la posesión de mala fe; las costas procesales y honorarios\n de su defensor. Fundamenta su acción con lo dispuesto\n en el artículo 953 y siguientes del Código Civil.\n TERCERO.- El recurrente en su escrito de interposición\n del recurso de casación manifiesta que las normas de derecho\n que estima infringidas es por falta de aplicación de la\n norma del artículo 953 del Código Civil, porque\n no se ha singularizado la cosa del propietario que el poseedor\n debe restituir. Que el, actor expresa los linderos generales\n de su raíz y que el poseedor tiene la posesión\n material actual de una porción o fracción de terreno,\n que no singulariza, no hay expresión de linderos del reivindicante\n y los del demandado Y lo que debió plantearse como un\n juicio demarcatorio, se omitió. Que hay falta de aplicación\n de los artículos 1733 del Código Civil y 48 de\n la norma constitucional. Que el demandado alegó ser propietario\n y pide le sea restituido el terreno, configurándose una\n contrademanda o reconvención que no se ha tramitado conforme\n a ley. Que se debió analizar las dos titulaciones para\n decidir a cuál de los litigantes le asiste mejor derecho.\n Que se han omitido solemnidades de procedimiento, existiendo\n falta de aplicación del artículo 1063 del Código\n de Procedimiento Civil, porque el actor que es analfabeto debió\n imprimir su huella dactilar ante el actuario y éste dejar\n constancia; que hay falta de aplicación del tercer inciso\n del artículo 1063 en que las peticiones las ha firmado\n solo el abogado sin la huella dactilar del analfabeto. Que no\n se tramitó la reconvención, existiendo falta de\n aplicación del artículo 407 del Código de\n Procedimiento Civil. Que existe errónea interpretación\n de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración\n de la prueba que han conducido a una errada aplicación\n de normas de derecho, porque el fallo afirma que el perito dijo\n en su informe que la edificación se encuentra en la superficie\n del terreno de propiedad del demandado. Que el perito no tiene\n conclusiones. Que la sentencia de la Sala es ultrapetita en cuanto\n resuelvo restituir una edificación que no fue materia\n del litigio, adecuándose a la causal cuarta de la Ley\n 27, en cuanto dispone la entrega de la edificación y el\n terreno que ocupa, no habiendo demandado el actor la devolución\n de la edificación. Que motiva el recurso en que hay falta\n de singularización; que existe falta de un análisis\n jurídico en cuanto a los títulos de dominio. Que\n en el literal a) del ordinal tercero se refiere a constancias\n procesales de omisiones de procedimiento que están relacionadas\n con la autenticidad del escrito de demanda, en el literal b)\n del ordinal tercero se refiere a la omisión de estampar\n la huella digital de su pulgar derecho del actor; en el literal\n c) del ordinal tercero se refiere a la omisión de tramitar\n una reconvención implícita configurada en la contestación\n a la demanda; que estas causales debieron provocar la nulidad\n absoluta del proceso. CUARTO.- Consta de la demanda que obra\n a fs. 8 y 9 vta., que el demandante puso la huella digital, sin\n cumplirse lo dispuesto en el artículo 1063 del Código\n de Procedimiento Civil, esto es, que el actuario no dejó\n constancia de haber puesto la huella digital del pulgar derecho,\n el número de cédula de ciudadanía, la fecha\n en que fue extendida y la oficina que la expidió, o, si\n no hubiere obtenido la cédula podrá comparecer\n firmando a ruego su defensor. Consta que en las solicitudes posteriores\n el compareciente al lado de la firma del testigo que suscriba\n o de la del abogado defensor, estampa la huella digital de su\n pulgar derecho. En la contestación a la demanda que obra\n de fs. 12, el demandado al deducir las excepciones manifiesta\n que es propietario del solar municipal número cinco de\n la manzana 388 de la parroquia urbana Febres - Cordero, ubicado\n en la calle K entre la calle vigésima séptima y\n vigésima sexta. Pide la restitución del terreno\n indebidamente ocupada por el actor conforme a lo dispuesto en\n el artículo 2423 del Código Civil. De lo anotado,\n no hay reconvención, pues simplemente existe una excepción\n de carácter perentoria, lo cual motiva para que el Juez\n a - quo no haya dado el trámite correspondiente a la reconvención.\n QUINTO.- De las escrituras de fs. 28 consta que el lote del demandante\n Marcos Fidel Avila Lucas es el 23 A-6, escritura celebrada en\n la ciudad de Guayaquil el veintiséis de mayo de 1983,\n terreno que se ubica en la calle "K" entre la 26 y\n 27, con los siguientes linderos: Norte calle "K" con\n 5.90 metros; Sur con el solar 35 con 5.90 metros; Este con el\n solar 22 con 32.20 metros, y, Oeste con el solar 24 con 32.20\n metros, con una extensión total de 189 metros con 98 decímetros.\n El terreno del demandado Cipriano Félix Toala Chóez\n fue vendido mediante escritura pública de 21 de marzo\n de 1988 y corresponde al lote No. 5 de la manzana 388, está\n ubicado en la calle k entre la 26 y 27, con los siguientes linderos:\n por el Norte la calle "K" con 3.78 metros; por el Sur\n solar sin número 4.20 metros; por el Este el solar No.\n 4 con 28.98 ,metros; y, por el Oeste con el solar No. 6 con 28.98\n metros. Con una extensión de 115 metros. Los dos lotes\n tienen diferentes linderos y cabidas, como se puede apreciar\n de las certificaciones de la Municipalidad de Guayaquil en el\n certificado 17 de 6 de noviembre de 1982; y, el certificado 16890\n de 14 de diciembre de 1987. SEXTO.- El artículo 953 del\n Código Civil dice: "La reivindicación o acción\n de dominio es la que tiene el dueño de una cosa singular,\n de que no está en posesión, para que el poseedor\n de ella sea condenada a restituírsela. Tres son los requisitos\n para que proceda la acción reivindicatoria; el derecho\n de dominio de quien ejerce la acción: la posesión\n del bien contra quien se dirige la acción; y, la singularización\n de la cosa que se pretende reivindicar". En el caso, el\n demandante prueba que tiene el dominio a través de la\n correspondiente escritura pública de 26 de mayo de 1983,\n inscrita en el Registro de la Propiedad de Guayaquil con el No.\n 2351 de fecha 17 de abril de 1984. Sin embargo, el demandado\n alega también que es propietario del bien que mantiene\n en posesión, pero los linderos y cabida son diferentes,\n como también lo es su singularización. SEPTIMO.-\n La acción bajo estas apreciaciones nos llevan a la conclusión\n que el reivindicante no precisó en su demanda la cosa\n objeto de la reivindicación, puesto que, conforme a la\n inspección judicial constante a fs. 63, tanto el demandante\n como el demandado se encuentran en posesión del inmueble,\n el uno en la parte posterior y el demandado en la parte frontal,\n sin que exista en la demanda que es lo que se pretende reivindicar,\n como tampoco existe el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo\n 1063 del Código de Procedimiento Civil. Por las consideraciones\n anotadas. La Segunda Sala de lo Civil y Mercantil, ADMINISTRANDO\n JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,\n casa la sentencia pronunciada por la Quinta Sala de la Corte\n Superior de Justicia de Guayaquil por falta de aplicación\n de lo dispuesto en el artículo 953 del Código Civil,\n declarando sin lugar la demanda. Con costas. - Publíquese\n y notifíquese.

\n\n

Fdo.) Dres. Bolívar Vergara Acosta (Voto Salvado),\n Olmedo Bermeo Idrovo y Bolívar Guerrero Armijos, Ministros\n Jueces.

\n\n

Certifico.- El Secretario.

\n\n

f.) Dr. Carlos Rodríguez García, Secretario\n Relator de la Segunda Sala Civil y Mercantil de la Corte Suprema\n de Justicia.

\n\n

VOTO SALVADO DEL SEÑOR DOCTOR BOLIVAR VERGARA ACOSTA.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

\n\n

Quito, 29 de febrero del 2000; las 15h10.

\n\n

VISTOS: Ha venido a conocimiento este juicio ordinario, en\n que se ha intentado la acción reivindicatoria de dominio\n por Marcos Fidel Avila Lucas contra Cipriano Toala Chóez,\n referente al solar No. 23, manzana A6 de la parroquia urbana\n Febres Cordero, ubicada en las calles "K" entre vigésima\n sexta y vigésima séptima, con área de 189.98\n metros cuadrados con catastro de la Municipalidad de Guayaquil\n No. 42,979-06, en que se halla levantada al frente una pequeña\n covacha. Se demanda "La reivindicación de todo el\n indicado inmueble" (fs. 1 y vta. de primer cuaderno). El\n Juzgado Duodécimo de lo Civil de Guayaquil aceptando la\n demanda, ordena la restitución de "la edificación\n y el terreno que ocupa en la parte delantera del solar descrito,\n con costas e indemnizaciones de daños y perjuicios fijados\n en cinco mil sucres por el lapso de la posesión del demandado\n desde 1986" (fs. 87 a 89 del primer cuaderno). El Tribunal\n de Alzada: La Quinta Sala de la Corte Superior de Guayaquil resolviendo\n la apelación del demandado, confirma en todas sus partes\n la sentencia por estimar que "el demandante ha justificado\n los fundamentos de hecho y de derecho, pues ha "dado cumplimiento\n a los presupuestos exigidos por la acción reivindicatoria"\n (fs. 7 y 8 de segundo grado). El casacionista José Gabriel\n Toala Naranjo reclama alegando la infracción de las disposiciones:\n Arts. 953 y 1733 del Código Civil por "no estar singularizada\n la cosa del propietario que el poseedor debe restituir",\n "y no se analiza las dos titulaciones para decidir a cuál\n de los litigantes asiste el mejor derecho, violando además\n el Art. 48 de la Constitución". En cuanto a las solemnidades,\n acusa falta de aplicación del Art. 1063 del Código\n de Procedimiento Civil por cuanto siendo analfabeto el actor\n al comparecer debió estampar ante el actuario la huella\n dactilar del pulgar derecho y en las posteriores peticiones no\n aparece la huella mencionada. También imputa errónea\n interpretación de los preceptos jurídicos aplicables\n a la valoración de la prueba, mencionando ligeramente\n el Art. 121 del Código de Procedimiento Civil, y finalmente\n acusa Ultra Petita, dado que el fallo ordena restituir la edificación\n y el terreno que ocupa, "pero el actor no ha demandado la\n edificación", violando por errónea interpretación\n el Art. 277 del Código de Procedimiento Civil (fs. 12\n y 13 vta. de segundo grado). En resumen, se basa las causales\n Ira., 2da., 3ra. y 4ta. del Art. 3 de la Ley de Casación.\n El proceso vino a la entonces Unica S ala de lo Civil y Comercial\n el 14 diciembre de 1994 (fs. 1 de este cuaderno), habiéndose\n resorteado el 22 de febrero de 1996 (fs. 11 de este grado), encontrándose\n agotada la sustanciación, procede resolver, al hacerlo,\n se considera: PRIMERO.- Se encuentra asegurada la competencia\n al tenor del Art. 200 de la Constitución, relacionada\n con las disposiciones transitorias de la anterior codificación,\n en concordancia con el Art. 1 de la Ley de Casación. SEGUNDO.-\n El escrito de recurso. de casación presentado, observa\n los requisitos de oportunidad, procedencia, legitimación\n y de formalidades, TERCERO.- El Art. 953 del Código Civil,\n que define y señala los elementos para entablar la acción\n reivindicatoria, exige la singularización, esto es: la\n individualización y determinación del inmueble\n de propiedad del accionante, que no se halla en su posesión\n sino del demandado. En la especie, ciertamente, en el libelo\n inicial se consigna: solar No. 23, manzana A-6, parroquia urbana\n Febres Cordero, calles "K", vigésima sexta y\n vigésima séptima, comprendido dentro de los siguientes\n linderos y dimensiones: Por el Norte calle "K", con\n cinco metros, noventa centímetros; por el Sur, solar treinta\n y tres, con cinco metros, noventa centímetros; por el\n Este, solar número veintidós, con treinta y dos\n metros, veinte centímetros, medidas que hacen un área\n o superficie total de ciento ochenta y nueve metros cuadrados,\n noventa y ocho decímetros cuadrados. Además, se\n acompañó la escritura otorgada por la Municipalidad\n de Guayaquil de compraventa de dicho solar el 26 de mayo de 1983\n en la Notaría Cuarta, inscrita en el Registro de la Propiedad\n el 17 de abril de 1984 (fs. 1 a 8 de primer grado), estableciendo\n como antecedente fáctico que el demandado Toala Chóez\n le entregó una pequeña covacha de su propiedad,\n para que viva y que está construida al frente de mi solar,\n que mantiene en posesión actual. Los datos descritos permiten\n concluir a singularización del inmueble objeto de la demanda,\n que categóricamente expresa el informe pericial del Ing.\n Civil Juan Francisco Giler Mieles, que actúa en la inspección\n judicial practicada, que describe: "...en el lugar, objeto\n de la presente diligencia existían dos rústicas\n viviendas de estructura de madera, paredes de caña y cubierta\n de zinc. La una ubicada en la parte frontal del solar, cuyo piso\n era de material pétreo y estaba habitada por el demandado\n Cipriano Félix Toala Chóez, la otra ubicada en\n la parte posterior del solar con piso de madera y estaba habitada\n por el demandante Marco Avila Lucas. Es de indicar que tanto\n el demandado como el demandante poseen escrituras de propiedad\n otorgadas por la Municipalidad de Guayaquil, encontrándose\n que existen diferencias en la numeración de la manzana\n y el solar, debido a que fueron obtenidas en diferentes fechas\n y la Municipalidad de Guayaquil siempre está cambiando\n de codificación a los solares para un mejor control de\n su catastro. Pero lo que sí debería no cambiar,\n a no ser que exista alguna desmembración o división,\n son las medidas físicas del terreno y en el presente caso\n la escritura que coinciden sus mensuras a las del terreno objeto\n del presente litigio, es la de Marcos Avila Lucas, ya que al\n describir sus linderos y mensuras, en lo que respecta a su parte\n frontal que da hacia la calle "K", y que viene a ser\n el lado norte, dice tener una medida de 5.90 metros, que es la\n medida que realmente tiene el solar y no así la escritura\n perteneciente a Cipriano Félix Toala Chóez, que\n al hacer referencia a la misma medida por el lado Norte, que\n da hacia la calle "K", dice tener 3.78 metros, lo cual\n no en correcto, por cuanto como se dijo anteriormente el solar\n tiene 5.90 metros por este lado, y así sucesivamente no\n coinciden ninguna de las otras medidas y de los otros linderos\n (fs. 66 de primer grado). La escritura de venta otorgada en la\n Notaría Primera por la Municipalidad de Guayaquil, a favor\n de Cipriano Félix Toala Chóez se celebra el 21\n de marzo de 1988, siendo inscrita el 20 de mayo de ese año\n (fs. 38 a 43 de primer grado). No aparece, pues, la falta de\n aplicación legal denunciada, resultando improcedente la\n cita del Art. 1733 del Código Civil, dado que no se ha\n intentado la acción de nulidad del contrato de compraventa\n del solar a favor del demandante, ni de la escritura pública\n que lo contiene, tanto más que precisamente en ejercicio\n del derecho de propiedad que consagraba al Art. 48 de la anterior\n Constitución, se ha tramitado este juicio reivindicatorio.\n CUARTO.- La violación de las normas adjetivas para constituir\n causal de casación, debe viciar de nulidad insanable el\n proceso o provocar indefensión, que deben incidir en la\n decisión de la causa. En la especie, aparece la omisión\n de la formalidad que prevee el Art. 1063 inciso 1ro. del Código\n de Procedimiento Civil, que no sanciona el Legislador con nulidad\n y en todo caso no perjudica a los litigantes, cuanto que es principio\n constitucional, que "El sistema procesal será un\n medio para la realización de la justicia... No se sacrificará\n la justicia por la sola omisión de formalidades".\n QUINTO.- La errónea interpretación del Art. 121\n del Código de Procedimiento Civil, carece de respaldo\n fáctico y jurídico, ya que las pruebas actuadas\n han sido practicadas debidamente, más bien el recurrente\n se refiere en la fundamentación a la valoración\n de la experticia en la inspección judicial, que está\n de acuerdo a las disposiciones de los Arts. 252 y 253 del Código\n de Procedimiento Civil. SEXTO.- La Ultra Petita imputada tampoco\n tiene base, en atención a que la reivindicación\n persigue la restitución del inmueble que no se está\n poseyendo, que en la especie, lo constituye el solar y la edificación,\n cuanto que se encuentra según la traba de la litis de\n acuerdo a las pretensiones de la demanda y la contestación\n a la misma (fs. 12 vta. del primer cuaderno). Por lo expuesto,\n ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD\n DE LA LEY, por falta de base legal, se rechaza el recurso de\n casación concedido. Sin constas ni multa. Publíquese.\n Notifíquese.- Cúmplase con el Art. 19 de la Ley\n de Casación.

\n\n

Fdo.) Dres. Bolívar Vergara Acosta (Voto Salvado),\n Olmedo Bermeo Idrovo Y Bolívar Guerrero Armijos, Ministros\n Jueces.

\n\n

Certifico.- El Secretario.

\n\n

RAZON: La seis copias que anteceden son auténticas,\n ya que fueron tomadas del juicio original No. 1078-94, que sigue\n Marcos Avila Lucas contra Hrds. de Cipriano Toala.- Resolución\n No. 71-2000.- Quito, a 5 de abril del 2000.

\n\n

f) Dr. Carlos Rodríguez García, Secretario Relator\n de la Segunda Sala Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia.

\n\n

 

\n\n

No. 73 -\n 2000

\n\n

ACTOR: Reinaldo Medina.
\n DEMANDADOS: Virgilio Tello y otros.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

\n\n

Quito, 29 de febrero del 2000; las 15h30.

\n\n

VISTOS: Ha venido a conocimiento de esta Sala el recurso de\n hecho interpuesto por la demandada, María Elvia Cisneros\n Tapia, dentro del juicio ordinario que por prescripción\n extraordinaria adquisitiva de dominio sigue en su, contra Reinaldo\n Medina, objetando la sentencia dictada por la Primera Sala de\n la Corte Superior de Justicia de Latacunga, el 13 de julio de\n 1993; las 09h00, que confirma la del Juez a quo, recurso presentado\n en vista de la negativa de conceder el recurso de casación\n interpuesto por la demandada, en la estimación de no haber\n cumplido con los requisitos previstos en el Art. 6 de la Ley\n de Casación. La Sala mediante auto de 9 de julio de 1999\n acepta a trámite el recurso de hecho y estando la causa\n en estado de resolver, se considera: PRIMERA.- La Sala es competente\n para conocer de esta causa en virtud del sorteo realizado. SEGUNDA.-\n En la especie la recurrente funda su acción en las causales\n 1ra., 3ra., 4t. y 5ta. del Art. 3 de la Ley de Casación,\n manifestando que ha existido falta de aplicación de los\n Arts, 11 0, 273, 277 y 278 del Código de Procedimiento\n Civil, al no haberse resuelto sobre la reconvención. Efectivamente\n el inferior no ha resuelto todos los puntos sobre los que se\n trabó la litis provocando que la sentencia sea incongruente,\n es decir mínima petita. TERCERA.- Para que se admita la\n acción reivindicatoria de dominio, son presupuestos esenciales:\n a) Que quien demande sea propietario pleno o nudo absoluto o\n fiduciario de la cosa o raíz que se reivindica; b) Que\n la cosa o raíz sea singularizada, y, e) Que la demanda\n se dirija en contra de un tercer poseedor y cuya posesión\n no la tenga el propietario. Al respecto, se observa que la demandada\n en este caso la actora María Elvia Cisneros Tapia, justifica\n el primer presupuesto o sea la propiedad plena del bien raíz\n con la escritura pública de compraventa, otorgada ante\n el Notario del cantón Latacunga, Dr. Guido Lanas, el 27\n de octubre de 1978, legalmente inscrita el I 6 de junio de 1981,\n por la que el señor José Tello Conrado, reservándose\n el derecho de usufructo, le vende el inmueble materia de la acción\n reivindicatoria, y con la partida de defunción del señor\n José Tello Conrado, hecho acaecido el 3 de junio de 199\n 1, en que por la unificación de la nuda propiedad con\n el usufructo consolida su derecho de propiedad sobre el inmueble.\n CUARTA,- La singularización del inmueble está comprobada\n en forma clara y precisa, de manera que no puede ser confundido\n con otro, tanto por su ubicación como por sus linderos,\n con la diligencia de inspección judicial realizada en\n primera y segunda instancia, y con el informe del perito, Alejandro\n Rea Casa, que consta a fs. 16, 16 vta., de tal manera que hay\n absoluta identidad con el bien raíz cuya reivindicación\n se solicita. QUINTA.- El tercer presupuesto de que el inmueble\n se halla en poder de un tercero poseedor, en este caso, Reinaldo\n Enrique Medina Clavijo, está plenamente justificado con\n el mismo escrito de demanda deducida por éste, reclamando\n la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio\n del inmueble que se reivindica, pues tal reclamación presupone\n posesión, a más de las observaciones del señor\n Juez de primera instancia. Teniendo atribución la Sala\n de corregir el fallo del Tribunal ad - quem, por no haber resuelto\n sobre la reconvención, sin más consideraciones,\n esta Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema\n de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA\n Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, confirma el fallo de primera y segunda\n instancia en lo referente a que se rechaza la demanda de prescripción\n extraordinaria de dominio por improcedente y casándola\n parcialmente acepta la reconvención deducida en la contestación\n a la demanda en los términos del voto de minoría\n del Tribunal ad-quem Por falta de aplicación de los Arts.\n 110, 273 y 277 del Código de Procedimiento Civil. Publíquese.-\n Notifíquese.

\n\n

Fdo.) Dres. Bolívar Vergara Acosta, Olmedo Bermeo Idrovo\n y Bolívar Guerrero Armijos, Ministros Jueces.

\n\n

Certifico.

\n\n

El Secretario.

\n\n

RAZON: Las dos copias que anteceden son auténticas,\n ya que fueron tomadas del juicio original No. 1226-93, que sigue\n Reinaldo Medina contra Virgilio Tello y otros.- Resolución\n No. 73-2000.- Quito, a 5 de abril del 2000.

\n\n

f) Dr. Carlos Rodríguez García, Secretario Relator\n de la Segunda Sala Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia.

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

No 74-2000

\n\n

ACTOR: Ing. Alfonso Sáenz, Alomía
\n DEMANDADO: Banco Amazonas

\n B.T.R.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

\n\n

Quito, 1 de marzo del 2000; las 09h00.

\n\n

VISTOS: Viene el juicio ordinario de daño moral propuesto\n por Alfonso Sáenz Alomía, al considerar que se\n ha dañado su buen nombre, reputación y ocasionado\n desprestigio, al haberse incluido su nombre dentro de la lista\n de cuentas cerradas por 1 y 3 años, mediante circular\n N° 40 de 5 de octubre de 1990 emitida por la Superintendencia\n de Bancos de Guayaquil, que tiene como fundamento la información\n suministrada por el Banco Amazonas S.A., en que da razón\n de que la cuenta corriente N° 5002760, que pertenecía\n a la compañía Empacadora Ecuatoriana de Productos\n del Mar Compañía Anónima, EPROMAR C.A.,\n ha sido cerrada el 9 de febrero de 1990, y que a dicha fecha\n el actor Sáenz Alomía ya no era Presidente Ejecutivo\n de la compañía, situación efectivizada el\n 23 de mayo de 1989, mucho antes de que la compañía\n haya incurrido en el hecho que ha generado la sanción\n de inhabilidad. Se dicta sentencia favorable a los intereses\n del demandante tanto en primero como en segundo grado. Inconforme\n con esta última, Francisco Ortega Gómez, en su\n calidad de Vicepresidente Ejecutivo y representante legal del\n Banco Amazonas S.A. demandado, deduce recurso de casación\n (fojas 65 a 68 vuelta de segundo nivel), objetando el fallo emitido\n por la Segunda Sala de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil\n (fojas 54 a 57 vuelta de segunda instancia), el 10 de noviembre\n de 1998, mismo que ha sido concedido y aceptado al trámite\n por la Sala mediante auto de 23 de agosto de 1999. Al deducirse\n el recurso, señala el demandado, que la sentencia infringe\n "el primer artículo innumerado agregado a continuación\n del Art. 2258 del Código Civil, precepto innumerado contenido\n en la Ley 171 que se publicó en el Registro Oficial N°\n 779 de 4 de julio de 1984 y los Arts.: 117 primer inciso, 118,\n 120, 166 y 278 del Código de Procedimiento Civil"\n (sic). Fundamenta su recurso en las causales 3ra. y 5ta. del\n artículo 3 de la Ley de Casación, y adicionalmente,\n señala que existe falta de aplicación del artículo\n 110 del Código de Procedimiento Civil. El actor al contestar\n el recurso, solicita se rechace por cuanto las causales y fundamentos\n señalados, al igual que las normas supuestamente infringidas\n no corresponde a la realidad procesal ni normativa del asunto\n materia de la lítis. Habiéndose agotado el trámite\n en este nivel, corresponde resolver, al hacerlo, se considera:\n PRIMERO.- La competencia de la Sala está asegurada por\n la razón de sorteo, en atención al ordenamiento\n legal vigente.- SEGUNDO.- El Banco Amazonas, al fundamentar su\n recurso, señala que el Tribunal ad quem no ha resuelto\n en la sentencia todos los puntos sobre los cuales se trabó\n la litis, que se concreta con la demanda, contestación\n a la demanda y contestación a la reconvención planteada\n por la institución financiera. Este argumento es planteado\n a fin de que impere en la resolución, el principio de\n concentración, según el cual el Juez debe pronunciarse\n respecto de todos los puntos de la litis, mas esta falta debe\n ser fundamentada en la causal 4ta. del artículo 3 de la\n Ley de Casación, que no ha sido invocada de forma directa\n en el apartado III.c, del escrito de casación que contiene\n los fundamentos del recurso. El argumento expuesto al respecto,\n es válido siempre que el Juzgador no haya resuelto en\n derecho lo que corresponda, dado que al examinase el fallo cuestionado,\n no altera la naturaleza jurídica de las pretensiones de\n las partes, ya que los considerandos de un fallo pueden resolver\n separada o conjuntamente de forma directa o indirecta todos los\n puntos materia del litigio, siempre y cuando exista sustancial\n concordancia entre las peticiones de los litigantes y los pronunciamientos\n del fallo, respetando la estructura lógica del razonamiento\n jurídico, a fin de no inferir falacias o razonamientos\n incongruentes. La sentencia impugnada respeta el sistema lógico\n racional, resolviendo implícita Y explícitamente\n todas las cuestiones formuladas por los litigantes, careciendo\n de base este cargo.- TERCERO. Nuestra legislación, admite\n desde el 4 de julio de 1984, fecha en la que entró en\n vigencia la Ley N° 171, la responsabilidad civil frente a\n daños meramente morales, que deban ser reparados. El primero\n de los artículos innumerados que, por el artículo\n 2 de la antes mencionada ley dice: "Art. ... En cualquier\n caso no previsto en las disposiciones precedentes, podrán\n también demandar indemnización pecuniaria, a título\n de reparación, quien hubiere sufrido daños meramente\n morales, cuando tal indemnización se halle justificada\n por la gravedad particular del perjuicio sufrido y de la falta.\n Dejando a salvo la pena impuesta en los. casos de delito o cuasidelito.\n están especialmente obligados a esta reparación\n quienes en otros casos de los señalados en el artículo\n anterior, manchen la reputación ajena, mediante cualquier\n forma de difamación; o quienes causen lesiones, cometan\n violación, estupro o atentados contra el pudor, provoquen,\n detenciones o arrestos ¡legales o arbitrarios, o procesamientos\n injustificados, y, en general, sufrimientos físicos o\n síquicos como angustia, ansiedad, humillaciones u ofensas\n semejantes. La reparación por daños morales puede\n ser demandada si tales daños son el resultados próximo\n de la acción u omisión ¡lícita del\n demandado, quedando a la prudencia del Juez la determinación\n del valor de la indemnización atentas las circunstancias\n previstas en el inciso primero de este artículo.".\n El Legislador incorpora la protección de la integridad\n moral del ser humano, esto es, extendiendo a los derechos extrapatrimoniales\n la tutela indispensable para los bienes económicos o patrimoniales\n existentes; obligando al que los vulnere o agravie resarcir el\n daño moral causado.- CUARTO.- La doctrina, jurisprudencia\n y la ley, coinciden en distinguir entre el daño material\n y el daño moral, que aunque no trasciende a la esfera\n patrimonial o económica, sin embargo debe, como el patrimonial,\n ser indemnizado por el agente que lo causó. Distinguiéndose\n entre patrimonio material y patrimonio espiritual de las personas,\n señalado por varios autores, así Savatier, entiende\n por daño moral "todo sufrimiento humano no resultante\n de una pérdida pecuniaria", y Alessandri Rodríguez,\n como que ,les material el que consiste en una lesión pecuniaria,\n en una disminución del patrimonio; y moral, el que consiste\n en una molestia o dolor no patrimonial, en el sufrimiento moral\n o físico.". Nuestra legislación adopta la\n independencia de acciones como el sistema legal para el tratamiento\n de la acción de daño moral.- QUINTO.- El agraviado,\n señala como cargo a la sentencia impugnada, que está\n irrespetando, los artículos 117, 118, 120 del Código\n de Procedimiento Civil, normas todas que tienen relación\n con la obligación que tiene cada parte de probar los hechos\n que alegan y más aún el actor, unido a que las\n pruebas presentadas deben ser pertinentes y relacionadas a la\n litis entablada, ya que no se ha probado el hecho que ha producido\n el daño moral, peor aún este último, a este\n respecto es necesario señalar: 5.1.- El daño moral\n o extrapatrimonial tiene sustantividad propia e independencia\n absoluta del daño material o patrimonial, aunque sus indemnizaciones\n sean acumulables. Los daños morales reconocen fuentes,\n fundamentos, prueba, valoraciones etc., totalmente diferentes\n o distintas de los dedos patrimoniales, por lo que no puede exigirse\n tina prueba de carácter directo respecto de los mismos\n por ser de naturaleza distinta, facultando al juzgador a determinar\n prudencialmente el monto de los daños, pero sin que se\n excluya a los otros medios probatorios que consagra la legislación,\n criterio recogido en el inciso primero del primer artículo\n innumerado del articulo 2 de la Ley de Reparaciones de daños\n Morales, publicada en el Registro Oficial N° 779 de 4 de\n julio de 1984. 5.2.- En la especie, de autos aparecen pruebas\n que demuestran la imposibilidad de Alfonso Sáenz Alomía,\n en calidad de representante de personas jurídicas de abrir\n una cuenta a favor de éstas o suya propia, debido a que\n consta como inhabilitado pira dicho efecto por sanción\n de la Superintendencia de Compañías; también\n se ha agregado la certificación del Banco Amazonas, que\n señala que Alfonso Sáenz Alomía, el 24 de\n mayo de 1989 cesó en sus funciones de Presidente Ejecutivo\n de EPROMAR C.A. 5.3.- El artículo 49 del Reglamento de\n la Ley de Cheques, establece que el banco procederá de\n inmediato a declarar la inhabilidad del girador ¡ocurrente\n en un protesto posterior al máximo justificado, y que\n la sanción que deviene es el cierre de su o sus cuentas\n por un año; y, añade, que dicha inhabilidad se\n aplicará al titular de la cuenta en caso de ser persona\n autorizada. Esta disposición es clara y contundente, mas\n al no haber sido señalada por el recurrente, no puede\n el Tribunal de Casación operar de oficio, supliendo la\n falta comentada, ya que por ser este un recurso en extremo riguroso\n y formal, corresponde a quien lo interpone determinar claramente\n la norma ya sustantiva u adjetiva violada; de otro lado, debe\n tenerse en cuenta además, que tanto a la fecha de imponer\n la sanción, como a la de cierre de la cuenta, el actor\n no era ya representante autorizado de la empresa sancionada,\n y por tal la sanción no debía extenderse a la persona\n de Alfonso Sáenz por no ser titular de la cuenta.- SEXTO.-\n Cierto es que la circular N° 40 fue emitida por la Superintendencia\n de Bancos y no por el Banco Amazonas S.A., pero también\n no es menos cierto que la inclusión, en esa circular,\n con los nombres y apellidos del demandante, ingeniero Alfonso\n Sáenz Alomía, tiene como causa el informe que con\n señalamiento de las cuentas corrientes cerradas, remitió\n el mismo Banco Amazonas S.A., en cumplimiento del Reglamento\n a la Ley de Cheques, a la Superintendencia de Bancos. La atribución,\n para su sanción, a persona plenamente identificada con\n nombres y apellidos, de hechos que evidentemente la hacen desmerecer\n del público aprecio social y comercial, configura un daño\n moral, que puede cuantificarse económicamente por mandato\n

 

Change password



Loading..