Registro Oficial. 25 de ABRIL del 2000

Martes, 25 de abril de 2000

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

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   MES DE ABRIL DEL 2000
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 REGISTRO OFICIAL
ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR
Administración del Sr. Dr. Gustavo Noboa Bejarano
Presidente Constitucional de la República
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Martes 25 de Abril del 2000

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REGISTRO OFICIAL No. 64

\n

SUPLEMENTO

\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n

EDMUNDO ARIZALA ANDRADE
DIRECTOR ENCARGADO

\n\n

FUNCION\n EJECUTIVA

\n\n

ACUERDOS:

\n\n

MINISTERIO\n DE COMERCIO EXTERIOR:

\n\n

2000304 Deléganse funciones a la Subsecretaría\n de Comercio Exterior e Integración, Subsecretarías\n Regionales del Litoral y del Austro, y a las Direcciones Regionales\n de Manta, Loja, Ambato y Tulcán

\n\n

042\n Rectificase\n el nombre de la compañía contratista beneficiaria\n de la decisión prevista en el artículo 1 del Acuerdo\n Ministerial No. 41 de 6 de abril del presente ano

\n\n

RESOLUCION:

\n\n

CONSEJO\n NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS\n (CONSEP):

\n\n

200004-CD Expídese el Reglamento para el\n pago de la bonificación por títulos académicos,\n especializaciones y capacitación adicionales

\n\n

FUNCION\n JUDICIAL

\n\n

CORTE\n SUPREMA DE JUSTICIA

\n\n

PRIMERA\n SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL:

\n\n

Recursos de casación\n en los juicios seguidos por las siguientes personas:

\n\n

99 H. Consejo\n Gubernativo de los Bienes Arquidiocesanos de Quito en contra\n de Raúl Rodrigo Villacrés

\n\n

102 Fanny\n Martha Chiriboga Vásquez y otra en contra de Juana Marina\n Barragán Hugo y otros

\n\n

104 Harold\n Rodrigo Zambrano en contra de Eduardo Cevallos Gómez Viñán

\n\n

105 Distrito\n Metropolitano de Quito en contra del Ministerio de Educación

\n\n

110\n Hugo Orencio\n Ludeña Iñiguez y otra en contra del Ing. Galo Eugenio\n Salazar Monteros y otra

\n\n

112\n Lilia Mariana\n Arias Vite de Díaz en contra de Ricardo Nicanor Roca del\n Rosario y otro

\n\n

116 Carmita\n Narcisa Silva López en contra de Miguel Eduardo Ramos\n Chicaiza

\n\n

117 Rosa\n Elvira Lojano Merchán en contra de Juan de la Cruz Lojano\n Casi y otros

\n\n

ORDENANZAS\n MUNICIPALES

\n\n

- Cantón Playas: Que reforma la ordenanza de las denominaciones\n de calles y avenidas.

\n\n

- Cantón Santa Rosa: El Oro: Constitutiva de la\n Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (EMAPA-SR)

\n\n

- Cantón Mejía: Ordenanza Sustitutiva para la determinación,\n administración, control y recaudación del impuesto\n de patentes municipales
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No. 2000304

\n\n

EL MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIALIZACION\n Y PESCA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que es política del Gobierno\n Nacional impulsar la descentralización administrativa;

\n\n

Que este Ministerio otorga y renueva\n las claves de exportadores de café en grano y tostado,\n y/o molido; y,

\n\n

En ejercicio de la facultad establecida\n en el Art. 35 de la Ley de Modernización del Estado,

\n\n

Acuerda:

\n\n

ARTICULO UNICO, - Delegar a la Subsecretaría\n de Comercio Exterior e Integración, subsecretarías\n regionales del Litoral s del Austro, y a las direcciones regionales\n de Manta, Loja, Ambato y Tulcán, para que previo el trámite\n correspondiente otorguen y renueven las claves de exportadores\n de café en grano, tostado y/o molido, las cuales informarán\n periódicamente a la matriz.

\n\n

Comuníquese y publíquese.\n - Dado en Quito, Distrito Metropolitano. 14 de abril del 2000.
\n f) lng. Roberto Peña Durini.
\n Comparada esta copia con el original es igual.
\n Lo certifico.
\n f) Patricio Paredes C., Director Administrativo, MICIP.

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

No. 042
\n EL MINISTRO DE ENERGIA Y MINAS

\n Considerando:
\n Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 041 de 6 de abril del 2000\n se suspendió por el plazo de hasta seis meses las actividades\n que debía desarrollar la empresa contratista del bloque\n 24, por la oposición de las comunidades indígenas\n asentadas en dicho sector, mencionándose a la compañía\n AGIP OIL, ECUADOR B. V. como beneficiaria de esta decisión\n ministerial;

\n\n

Que, con memorando Nos, 039 - DLM -\n CO - PT - ER 001579 de 6 de abril del 2000, suscrito por el Director\n Nacional de Hidrocarburos encargado, se solicita al Ministro\n de energía y Minas conceda la suspensión del plazo\n mencionado en el considerando anterior, a favor de la compañía\n AGIP OIL ECUADOR B.V. (Ex. Arco Oriente Inc.) operadora del bloque\n 24; deslizándose así un error que es preciso subsanar,\n puesto que la operadora del mismo es la empresa ARCO ORIENTE\n INC.;

\n\n

Que, el artículo 98 del Estatuto\n del Régimen Jurídico Administrativo de la Función\n Ejecutiva, 'publicado en el Suplemento del Registro Oficial No.\n 411 de 31 de marzo de 1994, dispone que los errores de hecho\n pueden ser rectificados por la misma autoridad de la que emanó\n el acto en cualquier momento hasta tres años después\n de la vigencia de éste; y,

\n\n

En ejercicio de las atribuciones que\n le confieren los artículos 6 y 9 de la Ley de Hidrocarburos\n y artículo 16 del Estatuto del Régimen Jurídico\n Administrativo de la Función Ejecutiva,

\n\n

Acuerda:

\n\n

Art. 1 Rectificar el nombre de la compañía\n contratista beneficiaria de la decisión prevista en el\n artículo 1 del Acuerdo Ministerial No. 41 de 6 de abril\n del presente año, por lo que en lugar de AGIP OIL ECUADOR\n B. V. dirá ARCO ORIENTE, INC.

\n\n

Comuníquese y publíquese.

\n\n

Dado en Quito, 10 de abril del 2000.

\n\n

f ) Ing. Pablo Terán Ribadeneira,\n Ministro de Energía y Minas.
\n Es fiel copia del original.
\n Lo certifico.
\n Quito, a 13 de abril del 2000.
\n f) Director Administrativo.

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

No. 200004\n - CD

\n\n

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL CONSEJO NACIONAL\n DE CONTROL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS (CONSEP)

\n\n

Considerando:

\n\n

Que el 17 de septiembre de 1990, se\n expidió y promulgó en el Registro Oficial No. 523\n la Ley sobre Sustancias Estupefacientes y Sicotrópicas,\n y, en el Suplemento del Registro Oficial No. 637 de 7 de marzo\n de 1991 se público el Reglamento para la Aplicación\n de la Ley sobre Sustancias Estupefacientes y Sicotrópicas;

\n\n

Que acorde con el Art. 9 de la Ley 108,\n el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes\n y Psicotrópicas es una persona jurídica autónoma\n de derecho público, que ejerce sus atribuciones en todo\n el territorio nacional y está dotado de patrimonio y fondos\n propios, presupuesto especial y jurisdicción coactiva\n para la recaudación de los recursos que la ley determine;

\n\n

Que el literal d) del artículo\n 4, de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos\n reconoce el pago de bonificaciones por títulos académicos,\n especializaciones y capacitación adicionales del personal\n de la administración, como retribuciones complementarias\n al sueldo básico;

\n\n

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 41,\n publicado en el Registro Oficial No. 11 (Suplemento) de 25 de\n agosto de 1999. fue suprimida la Dirección Nacional de\n Personal que pertenecía a la Secretaría Nacional\n de Desarrollo Administrativo;

\n\n

Que es necesario reglamentar el pago\n de estas bonificaciones para estimular la superación de\n los servidores, mejorar la calidad de los servicios públicos\n y elevar la eficiencia técnica del Estado; y,

\n\n

En ejercicio de las atribuciones legales,

\n\n

Resuelve:

\n\n

Expedir el Reglamento para el pago de\n la bonificación por títulos académicos,\n especializaciones y capacitación adicionales.

\n\n

Art. 1. - Establécese la bonificación\n por títulos académicos otorgados por instituciones\n de educación superior de: grado, postgrado y capacitación\n adicional de los servidores de la Secretaría Ejecutiva\n del Consejo Nacional de Control de Estupefacientes y Psicotrópicas,\n CONSEP, con nombramiento

\n\n

Art. 2. - El pago de la bonificación\n se hará de conformidad con la siguiente tabla:

\n\n

l Títulos de Grado:

\n\n

1. Título académico adicional\n que tenga una duración de 3 arios o más y que se\n encuentre relacionado con las funciones del servidor de acuerdo\n al Manual de Clasificación de Puestos del Consejo Nacional\n de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas\n (CONSEP), expedido en el Registro Oficial N° 203, el 2 de\n junio de 1999. 25% 25%

\n\n

II. - Títulos de Especialización:

\n\n

1. Título de Master o Magister,\n con un mínimo de dos años de estudio, con excepción\n de lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo N° 469, publicado\n en el Registro Oficial N° 117 del 27 de enero de 1997, relativo\n al IAEN. 20%

\n\n

2. Título de experto, especialista\n o equivalente, con un mínimo de 1 año de estudio.\n 15%

\n\n

III. Capacitación adicional:

\n\n

1 . Cursos de capacitación acumulables,\n compatibles con la actividad que desarrolla el servidor, de acuerdo\n con el siguiente detalle:

\n\n

Tiempo de duración en Porcentaje\n del sueldo
\n horas clase básico

\n\n

Mínimo 120 o más 10%

\n\n

En todo caso, la bonificación\n no será superior al 50% del sueldo básico del servidor.

\n\n

Art. 3. - Los títulos, diplomas\n y certificados de capacitación, obtenidos en el exterior,\n serán reconocidos siempre que fueren revalidados legalmente\n en el Ecuador, o cuando los servidores hayan participado en los\n cursos con el auspicio de una institución pública\n ecuatoriana.

\n\n

Art. 4. - No se reconocerá bonificación\n por títulos de postgrado, masterado ni por cursos de capacitación\n adicional cuando no correspondan a la actividad que desarrolla\n el servidor.

\n\n

Art. 5. - Constitúyese una Comisión\n Calificadora para la determinación del derecho a la bonificación,\n conformada por los siguientes miembros:

\n\n

a) El Secretario Ejecutivo del CONSEP,\n quien lo presidirá;

\n\n

b) El Director Nacional Administrativo;

\n\n

c) El Director Nacional de Asesoría\n Jurídica; y,

\n\n

d) El Director Nacional Financiero.

\n\n

Actuará como Secretario el Jefe\n de Personal.

\n\n

Las resoluciones de la comisión\n serán tomadas con el voto favorable de la mayoría\n de sus miembros. En caso de empate tendrá voto dirimente\n el Secretario Ejecutivo.

\n\n

En caso necesario, las personas a las\n que se refieren las letras a), b), c) y d) de este artículo,\n podrán delegar a un funcionario del CONSEP para que intervenga\n a su nombre y representación en una sesión; estas\n delegaciones en ningún caso, tendrán carácter\n permanente.

\n\n

Art. 6. - La Comisión Calificadora\n dispondrá de diez días hábiles para expedir\n la resolución que acepte o niegue la solicitud de bonificación\n del servidor, la que será definitiva y obligatoria.

\n\n

La Comisión Calificadora tiene\n facultad para realizar las investigaciones y diligencias que\n estime necesarias para el correcto cumplimiento de su gestión.

\n\n

Art. 7. - La Comisión Calificadora\n reconocerá el derecho al beneficio previsto en este reglamento,\n mediante resolución que será notificada al servidor,\n Director Financiero y Jefe de Personal. El pago se realizará\n a partir del mes en que fue calificada la solicitud.

\n\n

Art. 8. - La bonificación de\n que se trata en este reglamento no formará parte del sueldo\n básico y, por tanto, no se imputará para efecto\n de las aportaciones al IESS.

\n\n

Art. 9. - Para el reconocimiento de\n este beneficio, los servidores presentarán en la Jefatura\n de Personal la solicitud respectiva con los documentos originales\n o copias certificadas, si no las tuviera acreditadas en esa unidad.

\n\n

La Jefatura dejará copia certificada\n de los títulos o documentos y devolverá los originales.

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Art. 10, - Esta bonificación\n se pagará con cargo a la partida presupuestaria denominada\n "Bonificación por Títulos Académicos,\n Especializaciones y Capacitación Adicionales" el\n presupuesto del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes\n y Psicotrópicas, CONSEP.

\n\n

Art. 11. - Encárguese de la aplicación\n de este reglamento a la Comisión Calificadora, y a las\n direcciones nacionales Administrativa y Financiera.

\n\n

Art. 12. - En caso de duda, la comisión\n está facultada para emitir la interpretación obligatoria\n de las disposiciones de esta resolución, a menos que sea\n necesario ampliarla o complementarla, en cuyo evento se pondrá\n a conocimiento del señor Secretario Ejecutivo y/o del\n Consejo Directivo.

\n\n

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

\n\n

Primera. - La Jefatura de Personal presentará\n a la Comisión Calificadora los títulos académicos\n y demás documentos que posea, que acrediten el derecho\n a la bonificación de los servidores a nombramiento que\n laboren en la institución.

\n\n

Si fuere necesario los servidores actualizarán\n la documentación contenida en las carpetas personales\n en el término de ocho días.

\n\n

DISPOSICION GENERAL

\n\n

Primera. - Derógase todas las\n disposiciones que se opongan al presente reglamento.

\n\n

El presente reglamento entrará\n en vigencia a partir de su aprobación por el Consejo Directivo;\n sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

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Dado en la sala de sesiones del Consejo\n Directivo del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes\n y Psicotrópicas, a los veintitrés días del\n mes de marzo del año dos mil.

\n\n

f.) Dr. José Ramón Jiménez\n Carbo, Procurador General del Estado, Presidente del Consejo\n Directivo.

\n\n

f ) Ing. Alfredo Santoro Donoso, Secretario\n Ejecutivo, Secretario del Consejo Directivo.

\n\n

Certifico que es fiel copia del original\n que reposa en los archivos del CONSEP.
\n Quito, 6 de abril del 2000.
\n f) Secretario Jefe Documentación y Archivo.

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N° 99

\n\n

Dentro del juicio ordinario N° 61\n - 99 (Recurso de Casación) que, por reivindicación\n sigue Monseñor Antonio José González Zumárraga,\n representante del H. Consejo Gubernativo de los Bienes Arquidiocesanos\n de Quito en contra de Raúl Rodrigo Villacrés, se\n ha dictado lo siguiente:

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PRIMERA SALA\n DE LO CIVIL Y MERCANTIL

\n\n

Quito, 28 de febrero del 2000; las 16h30.

\n\n

VISTOS: El demandado Raúl Rodrigo\n Villacrés deduce recurso de casación en contra\n de la sentencia dictada por la Quinta Sala de la Corte Superior\n de Quito en el juicio ordinario de reivindicación seguido\n por Monseñor Antonio José González Zumárraga,\n representante del H. Consejo Gubernativo de los Bienes Arquidiocesanos\n de Quito en contra del ahora recurrente. Subido el recurso a\n la Corte Suprema de Justicia, se radica la competencia por el\n sorteo de ley en esta Primera Sala de lo Civil y Mercantil, la\n que en providencia de 19 de marzo de 1999 acepta a trámite\n el recurso, Concluida la sustanciación, para resolver\n considera: PRIMERO. - Las causales que sirven de fundamento al\n recurso de casación son las contenidas en los numerales\n primero y tercero del artículo 3 de la ley de. la materia;\n esto es; "aplicación indebida, falta de aplicación\n o errónea interpretación de normas de derecho,\n incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios, en\n la sentencia o auto, que hayan sido determinantes de su parte\n dispositivo" y "aplicación indebida, falta de\n aplicación o errónea interpretación de los\n preceptos jurídicos aplicables a la valoración\n de la prueba, siempre que hayan conducido a una equivocada aplicación\n o a la no aplicación de normas de derecho en la sentencia\n o auto", respectivamente. SEGUNDO. - En primer lugar se\n observa que por la causal tercera del artículo 3 de la\n Ley de Casación, se deben citar normas relativas a la\n valoración de la prueba, sin embargo, el recurrente no\n cita ninguna norma de esta naturaleza, por lo que la causal es,\n a todas luces, huérfana de fundamento. TERCERO. - Respecto\n de la causal primera, las normas invocadas por el recurrente\n como infringidas son las contenidas en los artículos 971,\n 973, 978, 2438 y 2439 del Código Civil; es decir, que\n el recurrente amparado en esta causal invoca varios vicios. El\n primero de. ellos, consiste en la violación de los artículos\n 2438 y 2439 del Código Civil, pues estima el recurrente\n que en su contestación a la demanda, arguyó a su\n favor la prescripción tanto de la acción (ordinaria)\n como del derecho de los demandantes; ya que de acuerdo con los\n artículos citados, se concede un plazo máximo de\n diez años para ejercer las acciones ordinarias, y esto,\n según afirma el recurrente, no se ha tomado en cuenta,\n ni en el fallo de instancia ni en el de alzada, y que en la especie,\n al tiempo en que fue citado, habían transcurrido catorce\n años y ocho meses de su posesión; y quince anos\n desde la suscripción de la promesa de compraventa suscrita\n con la parte demandada, CUARTO. - Para resolver el cargo, se\n hacen las siguientes consideraciones: La no caducidad de la acción,\n como lo señala Hernando Devis Echandía, es un presupuesto\n procesal de la acción, necesario para que pueda ejercitarla\n válidamente permitiéndole al juez "iniciar\n un proceso y decidirlo por sentencia justa" (Compendio de\n Derecho Procesal, Tomo 1, Teoría General del - Proceso,\n Decimocuarta Edición Editorial ABC, Bogotá, 1996,\n P. 285). El Código Civil, en el Parágrafo 3°.\n del Título XL que regula sobre la prescripción\n extintiva de las acciones judiciales, establece que la prescripción\n que extingue las acciones y derechos ajenos exige solamente cierto\n lapso durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones; para\n las acciones ordinarias este tiempo es de diez años (artículos\n 2438 y 2439). Por regla general, las acciones ordinarias se extinguen\n transcurrido este período; sin embargo, el artículo\n 2441 del Código Civil establece que "toda acción\n por la cual se reclama un derecho se extingue por la prescripción\n adquisitiva del mismo derecho", dicho en otras palabras,\n la acción prescribe cuando prescribe el derecho. Así,\n el derecho de dominio que ostenta una persona prescribe cuando\n haya transcurrido el tiempo requerido para que otra persona lo\n adquiera en virtud de la prescripción extraordinaria adquisitiva\n de dominio. El artículo 2435 del Código Civil establece\n que el tiempo es de quince años. Entonces, si el derecho\n del titular del dominio prescribe a los quince años desde\n que perdió la posesión, también a los quince\n años prescribe la acción en estricta aplicación\n del artículo 2441 del Código Civil. Si por medio\n de la usucapión, el prescribiente adquiere el derecho\n real de dominio y correlativa y simultáneamente se extingue\n el derecho del anterior dueño, resultaría un absurdo\n aplicar la regla general sobre el tiempo necesario para extinguir\n las acciones judiciales también a la acción reivindicatoria,\n ya que, si el dueño reclama, mediante acción reivindicatoria,\n el derecho de dominio sobre un inmueble pasados los diez años\n pero antes de cumplir los quince, jurídicamente tiene\n pleno derecho para hacerlo, sin embargo, si aplicamos la regla\n general de los diez años, el dueño del inmueble\n quedaría en estado de indefensión durante cinco\n años, lo cual contraviene lo que la Constitución\n Política, máxima norma de la República,\n en su artículo 24 numeral 10 prescribe "Nadie podrá\n ser privado del derecho de defensa en ningún estado o\n grado del respectivo procedimiento..." y en el numeral 17\n "Toda persona tendrá derecho a acceder a los órganos\n judiciales y a obtener de ellos la tutela efectiva, imparcial\n y expedita de sus derechos e intereses, sin que en caso alguno\n quede en indefensión. Por lo expuesto, el Tribunal ad\n quem no ha violado los artículos 2438 y 2439 del Código\n Civil Ya que no procedía la declaratoria de prescripción\n de la acción reivindicatoria fundada en tales artículos.\n QUINTO. - El siguiente cargo imputado a la sentencia, bajo la\n causal primera, es el de la falta de aplicación de las\n normas contenidas en el inciso tercero del artículo 971\n del Código Civil vigente pues manifiesta el recurrente\n haber "demostrado al cansancio que soy poseedor de buena\n fe; por lo cual no estoy obligado a restituir frutos de ninguna\n especie como se pretende en la sentencia". SEXTO. - De conformidad\n con lo previsto en el Parágrafo 4°, Prestaciones Mutuas,\n Título NI, Libro Segundo del Código Civil (Arts.\n 968 a 979), el poseedor vencido en el juicio reivindicatorio\n está obligado a restituir el inmueble con todos sus accesorios\n y las mejoras que haya hecho en él, pero también,\n cuando el poseedor ha sido declarado de mala fe, está\n obligado a pagar las indemnizaciones por los deterioros que ha\n sufrido la cosa y a restituir los frutos naturales y civiles\n de la cosa. Además, el reivindicador tiene que pagar al\n poseedor ciertas inversiones que haya hecho en el bien reivindicado,\n porque nadie puede enriquecerse a corta de otro sin causa justificada.\n Obsérvese que en el caso del poseedor vencido, el pago\n de los daños y perjuicios (deterioro de la cosa artículo\n 970 y restitución de frutos, artículo 971 del Código\n Civil) está condicionado a la declaratoria hecha por el\n juzgador de la mala fe del poseedor vencido. Según el\n artículo 741 del Código Civil la buena fe se presume,\n excepto en los casos en que la ley establece la presunción\n en contrario y el artículo 740 establece qué hemos\n de entender por buena fe: "es la conciencia de haberse adquirido\n el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de\n fraude y de cualquier otro vicio". En la sentencia dictada\n por la Quinta Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito,\n la Sala no califica la posesión ni de buena ni de mala\n fe, y sin embargo, a) En el considerando noveno de la sentencia\n se dice: "Consta de autos que el demandado ha ocupado por\n mucho tiempo el inmueble objeto de la litis, el que incluso ha\n mantenido dado en arrendamiento usufructuando de tales cánones\n arrendaticios, lo que ha causado perjuicios a la Curia Metropolitana\n de Quito"; al respecto se observa que, si bien percibió\n los arriendos, pero previamente había pagado a la actora\n el precio total del bien en cumplimiento de una promesa privada\n de venta, que, si bien, es cierto carece de valor legal, pero\n ello desvirtúa el hecho del pago de ese precio (fojas\n 81 del cuaderno de primer nivel) y de que le fue entregado el\n inmueble con la expresa autorización "para que sean\n utilizados en la forma que convenga a sus intereses" (fojas\n 81 del cuaderno primer); y, b) Confirma la sentencia venida en\n grado, y cuando el fallo de segunda instancia confirma el de\n primer nivel significa que concede o niega todo lo que concedió\n o negó el Juez de primer nivel y éste condena al\n resarcimiento de daños y perjuicios, cuyo monto se determinará\n en juicio verbal sumario. De lo expuesto se concluye, que el\n poseedor vencido al haber sido condenado al resarcimiento de\n daños y perjuicios, con lo cual está recibiendo\n tratamiento de poseedor de mala fe y por ello es obligado al\n pago del daño emergente y lucro cesante, los mismos que\n en el juicio de reivindicación equivalen al pago por daños\n causados a la cosa y la restitución de los frutos civiles.\n Sin embargo, este Tribunal observa que en la parte motiva de\n la sentencia, no se desvirtúa la presunción de\n buena fe en la etapa previa a la citación con la demanda,\n por lo que mal pueden aplicarse los incisos primero y segundo\n del artículo 971 y dejar de aplicarse, como manifiesta\n el recurrente, el inciso tercero del artículo citado,\n por todo ese largo período de tiempo, ya que sólo\n a partir de la citación con la demanda ha de ser considerado\n como poseedor de mala fe, en cumplimiento de lo que dispone el\n artículo 101 del Código de Procedimiento Civil.\n Por lo expuesto, al no haber subsumido los hechos en el presupuesto\n fáctico contenido en el inciso tercero del artículo\n 971 del Código Civil, este Tribunal estima que es procedente\n casar parcialmente la sentencia de segunda instancia en la parte\n correspondiente a la condena al demandado a la indemnización\n de daños y perjuicios y resolver en su lugar lo que corresponde\n conforme a derecho, en cumplimiento de lo que dispone el Art.\n 14 de la Ley de Casación, asumiendo esta Sala, desde este\n momento, las facultades de un Tribunal de instancia, conforme\n así lo expresa la doctrina y entre ellos el autor español\n Manuel de la Plaza, quien en su obra "La Casación\n Civil" dice: "una vez dictada la sentencia que se llama\n de fondo, dicta la de instancia y, por un momento, se convierte\n en Tribunal de esa clase, y señala en la expresada resolución,\n los efectos que la casación ha determinado en la resolución\n de los Tribunales a quo" (Editorial Revista de Derecho Privado,\n Madrid, 1944, Pág. 464); coincidente con este criterio\n es lo expresado por Fernando de la Rúa, que dice: "Si\n el Tribunal estimare que la resolución impugnada ha violado\n o aplicado erróneamente la ley, la casará y resolverá\n el caso conforme a la ley y a la doctrina cuya aplicación\n se declara... Se concede al Tribunal de casación la función\n francamente positiva de aplicar concretamente la norma debida\n al caso sometido a su decisión, a la manera de una tercera\n instancia in jure" (El Recurso de Casación en el\n Derecho Positivo Argentino, editor Víctor P. De Zavalía,\n Buenos Aires, 1968, Pág. 250) y por el autor colombiano\n Alvaro Pérez Vives, que manifiesta: "Cuando la Corte\n halla que es del caso invalidar el fallo recurrido, así\n lo declara y procede a continuación a dictar la sentencia\n de instancia. En tal evento, la parte resolutiva estará\n compuesta por una decisión de casación y un fallo\n de instancia" ("El Recurso de Casación en materias\n Civil, Penal y del Trabajo, 2a. Edición, Librería\n Americana 1946, Bogotá, 1946, Págs. 144, 145).\n SEPTIMO. - El actor, en relación a las prestaciones mutuas,\n solicita la condena del demandado al pago de daños y perjuicios\n provenientes de su condición de poseedor sin justo título\n y la liquidación y pago de los frutos; por su parte, el\n demandado, entre sus excepciones, subsidiariamente, reclama el\n abono de todas las expensas necesarias invertidas en la conservación\n del bien reclamado, así como las mejoras útiles.\n Esta Sala, en el fallo dictado con fecha 21 de febrero del 2000,\n dentro del juicio ordinario N° 113 - 99 que, por reivindicación\n sigue Ana Magdalena Vega en contra de Angel, Emilio Aragundi\n Rodríguez, ha dicho: "De conformidad con lo previsto\n en el Parágrafo 4°. Prestaciones Mutuas, Título\n NI, Libro Segundo del Código Civil (Arts. 968 a 979),\n el poseedor vencido en el juicio reivindicatorio está\n obligado a restituir el inmueble con todos sus accesorios y las\n mejoras que haya hecho en él, pero también, cuando\n el poseedor ha sido declarado de mala fe, está obligado\n a pagar las indemnizaciones por los deterioros que ha sufrido\n la cosa y a restituir los frutos naturales y civiles de la misma.\n Además, el reivindicador tiene que pagar al poseedor las\n inversiones que haya hecho en el bien reivindicado, porque nadie\n puede enriquecerse a costa otro sin causa justificada. La ley\n impone por eso, al reivindicador la obligación de pagar\n al poseedor vencido en la litis el valor de las expensas y mejoras.\n Dicho pago debe hacerse según las circunstancias de que\n el poseedor vencido haya obrado de buena o mala fe, para lo cual\n el Código Civil clasifica las inversiones del poseedor\n vencido en la siguiente forma: a) En expensas necesarias, que\n son las invertidas en la conservación de la cosa, según\n las reglas señaladas en el artículo 972. Las expensas\n necesarias por su naturaleza son aquellas que no pueden dejar\n de hacerse, porque se trata de inversiones indispensables púa\n la conservación de la cosa y que el propietario hubiese\n tenido que hacerlas si no las hubiere realizado el poseedor ...\n Las expensas necesarias deben abonarse a todo poseedor sea de\n buena o de mala fe. b) En mejoras útiles, entendidas como\n tales las que han aumentado el valor material del inmueble. El\n inciso segundo del artículo 973 del Código Civil\n dice: "El poseedor de buena fe, vencido, tiene asimismo\n derecho a que se le abonen las mejoras útiles, hechas\n antes de atársele con la demanda. Sólo se entenderá\n por mejoras útiles, las que hayan aumentado., el valor\n venal de la cosa". Al pago de estas mejoras útiles\n tiene derecho solo el poseedor de buena fe. El poseedor de mala\n fe no tiene derecho a. que se le abone las mejoras útiles,\n pero podrá llevarse los materiales, siempre que puedan\n separarse sin detrimento de la cosa reivindicada y que el propietario\n rehuse pagarle el precio que tendrían dichos materiales\n después de separados (artículo 974 del Código\n Civil). c) En mejoras voluptuarias, según el artículo\n 975 del Código Civil, son las que solo consisten en objetos\n de lujo y recreo, como jardines, miradores, fuentes, cascadas\n artificiales, y, generalmente, las que no aumentan el valor venal\n de la cosa en el mercado común, o solo le aumentan en\n una proporción insignificante. El propietario no está\n obligado a pagar al poseedor de buena o mala fe las mejoras voluptuarias".\n En el caso sub judice, y en virtud de lo establecido en el considerado\n sexto de esta resolución, al no haberse desvirtuado la\n presunción de buena fe, el poseedor vencido debe ser considerado\n en esta calidad hasta que se citó con la demanda, por\n lo cual no está obligado a pagar las indemnizaciones por\n los deterioros que ha sufrido la cosa, salvo que, como indica\n el artículo 970 del Código Civil. el poseedor de\n buena fe se hubiera aprovechado de los deterioros; así\n como tampoco a restituir los frutos naturales y civiles de la\n cosa en virtud de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo\n 971 ibídem: "El poseedor de buena fe no está\n obligado a la restitución de los frutos percibidos antes\n de la citación con la demanda. En cuanto a los percibidos\n después, estará sujeto a las reglas de los dos\n incisos - anteriores"; en otras palabras, en virtud de los\n efectos de la citación con la demanda el demandado queda\n constituido en poseedor de mala fe (numeral cuarto, artículo\n 101) y por lo tanto queda obligado a restituir los frutos civiles.\n NOVENO. Respecto a las expensas necesarias y mejoras útiles,\n reclamadas por el demandado, poseedor vencido, y que el reivindicador\n le debería reconocer por ser poseedor de buena, se observa\n que no existe en el proceso, prueba suficiente que acredite tanto\n la inversión del poseedor para conservar el inmueble,\n como de mejoras que hayan aumentado el valor venal del mismo.\n Por lo expuesto, esta Primera Sala de lo Civil y Mercantil de\n la Corte Suprema de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE\n DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, casa parcialmente\n la sentencia dictada por la Quinta Sala de la Corte Superior\n de Justicia de Quito, y la reforma dejando sin efecto la condena\n al demandado al pago de daños y perjuicios a quien le\n condena a restituir los frutos civiles producidos a partir de\n la citación con la demanda; finalmente, se desecha la\n petición del demandado de pago de las expensas necesarias\n y mejoras útiles por falta de prueba. En cumplimiento\n de lo que dispone el artículo 17 de la Ley de Casación,\n modificado por el artículo 14 de la Ley Reformatoria promulgada\n en el Registro Oficial N° 39 de 8 de abril de 1997, proceda\n el Tribunal ad quem a devolver el 50% del valor de la caución\n a la parte recurrente y el 50% a la parte perjudicada con la\n demora. Notifíquese y devuélvase.

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Fdo.) Dres. Santiago Andrade Ubidia,\n Tito Cabezas Castillo y Galo Galarza Paz, Ministros Jueces de\n la Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de\n Justicia.

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Certifico.

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Dra. Isabel Garrido, Secretaria Relatora\n de la Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema\n de Justicia.

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RAZON. - Es fiel copia de su original.

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Quito, 28 de febrero del 2000.

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f) La Secretaria Relatora.

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No. 102

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En el juicio ordinario (Recurso de casación)\n No. 46 - 95 que, por demarcación de linderos, siguen Fanny\n Martha y Bella Yolanda Chiriboga Vásquez en contra de\n Juana Marina Barragán Hugo, Gladis Oliva Naranjo de Barragán,\n Pedro Oswaldo, Sonia Mariana Y Gabriel Hernán Naranjo\n Barragán demás herederos presuntos y desconocidos\n de Segundo Antonio Naranjo Hugo, se ha dictado lo siguiente:

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PRIMERA SALA\n DE LO CIVIL Y MERCANTIL

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Quito, 2 de marzo del 2000; las 08h45.

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VISTOS: El Dr. Luis Miranda Astudillo,\n en su calidad de mandatario de Fanny y Bella Chiriboga Vásquez,\n interpone recurso de casación de la sentencia dictada\n por la Segunda Sala de la H. Corte Superior de Justicia de Machala,\n que rechaza la de primer nivel Y declara sin lugar la demanda,\n dentro del juicio ordinario que, por demarcación de linderos,\n siguen Fanny Martha y Bella Yolanda Chiriboga Vásquez\n en contra de Juana Marina Barragán Hugo, Gladis Oliva\n Naranjo de Barragán, Pedro Oswaldo, Sonia Mariana y Gabriel\n Hernan Naranjo Barragán y demás herederos presuntos\n Y desconocidos de Segundo Antonio Naranjo Hugo; habiéndose\n radicado la competencia por el sorteo de ley en esta Primera\n Sala de lo Civil y Mercantil, y terminada la etapa de sustanciación\n de este proceso de casación, para resolver se considera:\n PRIMERO: El recurso de casación fue interpuesto el 28\n de noviembre de 1994, es decir, con anterioridad a las reformas\n a la Ley de Casación de 8 de abril de 1997 publicadas\n en el Registro Oficial No. 39 de la misma fecha, por lo que respecto\n de los plazos para interponerlo y las formalidades exigidas es\n aplicable la ley vigente a la época de presentación\n del recurso. - SEGUNDO: Este Tribunal de Casación, reafirmándose\n en lo resuelto en casos anteriores, considera que el ámbito\n de competencia dentro del cual puede actuar está dado\n por el propio recurrente en la determinación concreta,\n completa y exacta de una o más de las causales sustentadas\n por el artículo 3 de la Ley de Casación. El Tribunal\n no está facultado para entrar a conocer de oficio o rebasar\n el ámbito señalado por las causales citadas por\n el recurrente, aunque advierta que en la sentencia impugnada\n existan otras infracciones a las normas de derecho positivo.\n En esta virtud, en el caso sub júdice, la Sala se limita\n a analizar la acusación de que en la sentencia dictada\n por el Tribunal de última instancia se han infringido\n las normas contenidas en los artículos 998 del Código\n Civil y 117, 119, 169, 252, 253, 266 segundo inciso, 278 y 679\n del Código de Procedimiento Civil, así como la\n acusación al fallo recurrido de estar incurso en las causales\n primera y tercera del artículo 3 de la Ley de Casación.\n - TERCERO: Aunque las recurrentes invocan las causales primera\n y tercera del artículo 3 de la Ley de Casación,\n como base de su recurso, sin embargo en su fundamentación\n no especifican de que manera han sido infringidas las normas\n que señalan en efecto, respecto de la causal primera o\n sea "aplicación indebida, falta de aplicación\n o errónea interpretación de normas de derecho,\n incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios, en\n la sentencia o auto, que hayan sido determinantes de su parte\n dispositiva", las recurrentes alegan que ha habido "Aplicación\n indebida del Art. 898 del Código Civil en concordancia\n con el Art. 679 del Código de Procedimiento Civil, pues\n no se ha considerado a mis mandantes como propietarias del Predio\n denominado Joyagshí, Parroquia de Llagos. Cantón\n Chunchi, Provincia de Chimborazo y cuyos linderos constan en\n la escritura pública que obra de autos, pese a que dentro\n del proceso, ya sea en la demanda escritura pública, inspección\n Judicial e Informe pericial se determina...", y más\n adelante dice que se ha producido "Falta de aplicación\n del Art. 119 del Código de Procedimiento Civil por cuanto\n en la sentencia recurrida no fue apreciada la prueba presentada\n por los compareciente (sic) y mejor dicho por mis mandantes en\n su conjunto, que produjo una equivocada aplicación de\n los Arts. 898 del Código Civil en concordancia con el\n Art. 679 del Código de Procedimiento Civil en la sentencia\n recurrida...... Al respecto, se anota que los cargos realizados\n no pueden prosperar, pues no puede alegarse, respecto de las\n mismas normas, equivocada aplicación y falta de aplicación\n al mismo tiempo, ya que dichos vicios son contradictorios y excluyentes\n entre sí. Vale recordar lo que el profesor Manuel De la\n Plaza (La Casación Civil, Revista de Derecho Privado,\n Madrid, 1944, P. 372) indica sobre el particular: "los motivos\n de casación por infracción de la ley o doctrina\n pueden producirse por violación, por interpretación\n errónea o por aplicación indebida, sendos conceptos\n que marcan el modo de la infracción Y contribuyen desde\n ese punto de vista, a precisar el recurso, y es necesario, en\n fin, que si fuesen dos o más los motivos, se expresen\n en párrafos separadas y numerados; cuidadosa previsión\n que suele olvidarse con desusada frecuencia, puesto que, corrientemente,\n engloban los profesionales, no sin cumplir aparentemente la norma,\n motivos perfectamente separables [..] Cada infracción\n ha de denunciarse precisamente al amparo del . motivo que, privativamente,\n le conviene", por lo tanto, al no poder este Tribunal de\n Casación analizar debidamente estos cargos, se los rechaza\n en lo que respecta a las disposiciones legales contenidas en\n los artículos 898 y 679 del Código de Procedimiento\n Civil. - TERCERO: Las recurrentes también fundamentan\n su recurso en la causal tercera, por "falta de aplicación\n de los preceptos jurídicos constantes en los Arts. 117,\n 169, 253, 266 segundo inciso y 278 del Código de Procedimiento\n Civil que son aplicables a la valoración de la prueba\n lo que condujo a una equivocada aplicación del Art. 898\n del Código Civil y Art., 769 del Código de Procedimiento\n Civil ya que sin embargo de haber probado los aciertos de hecho\n constantes en los fundamentos de nuestra acción no se\n dio a los títulos traslativos de dominio y respectivos\n Certificados del registro de la propiedad la calidad de prueba\n a nuestro favor, violentando lo expuesto en los Arts. 117 y 169\n del Código de Procedimiento Civil, a pesar de que las\n Escrituras Públicas hace fe y constituyen prueba plena...\n No se le da a la Inspección Judicial el valor de prueba\n como lo establece el Art. 252 del Código de Procedimiento\n Civil... Existe además un aplicación indebida de\n los preceptos legales constantes en los Arts. 253 y 266 inciso\n segundo del Código de Procedimiento Civil en cuanto a\n valorar la prueba que hace relación al informe del Perito\n que intervino en la diligencia de Inspección Judicial,\n ya que si se considera que dicho informe es oscuro el juzgador\n está en la facultad de no apreciar dicho informe y pedir\n la ampliación del mismo o disponer otra inspección\n lo que no lo han hecho y más bien acogen en forma desfavorable\n a los intereses que represento el mismo.". Sobre este cargo,\n se anota: 1) El artículo 117 del Código de Procedimiento\n Civil es una norma enunciativa sobre la carga de la prueba y\n no sobre su valoración; por lo que no procede alegar al\n amparo de la causal tercera que se ha violado este articulo,\n 2) Respecto a la acusación de que se han transgredido\n los artículos 169, 252, 253, 266 segundo inciso del Código\n de Procedimiento Civil, que tratan respectivamente sobre cuando\n hacen fe y constituyen prueba los instrumentos públicos;\n sobre los casos en los que la inspección constituye prueba,\n sobre la facultad del Juez de no apreciar el dictamen pericial\n que contradiga lo que él percibió por sus sentidos\n para ordenar nuevo peritaje, y sobre la falta de claridad en\n el informe del perito y la facultad que el juzgador tiene para\n no atenerse al dictamen del perito si lo considera contra su\n convicción, se anota que el Tribunal de última\n instancia ha rechazado la demanda por concluir que la parte actora\n no ha probado que el inmueble de su propiedad sea colindante\n con el de la parte demandada, y para ello se ha basado en el\n cotejo de los títulos de propiedad presentados tanto por\n las actoras como por los demandados, en el contenido de las observaciones\n que obra del acta de la visura realizada por el Juez de primer\n nivel y en las conclusiones del informe del perito, sin que el\n Tribunal ad quem haya llevado a la conclusión de que era\n necesario nuevo peritaje lo cual está dentro de sus facultades\n soberanas No se advierte que se haya violado norma alguna relativa\n a la valoración de la prueba, a todas luces aparece que\n la parte recurrente pretende que el Tribunal de Casación\n vuelva a revisar esas pruebas, Y a base de esa revisión,\n llegue a una conclusión distinta de la del juzgador de\n instancia, olvidado que la facultad del Tribunal de Casación\n se halla limitada únicamente a examinar si sé han\n producido errores de derecho en esa valoración de la prueba,\n Y que estos errores hayan sido determinantes para la equivocada\n aplicación o la no aplicación de normas de derecho\n en el fallo. - CUARTO: Respecto a la acusación de que\n "al basar la sentencia impugnada en el informe del perito\n el cual no es obligatorio para el Juzgador, se ha violentado\n y se ha hecho una indebida aplicación del precepto, jurídico\n constante en el Art. 278 del Código de Procedimiento Civil,\n va que no se ha fundado en los méritos del proceso como\n es la prueba aportada por las actoras " se anota que esta\n norma no es relativa a la valoración de la prueba y su\n violación, caso de producirse, no puede acusarse con fundamento\n en la causal tercera del artículo 3 de la Ley de Casación,\n sino que debe hacerse en base a lo que dispone el mineral quinto\n de esta norma legal, porque el fallo impugnado no contendría\n los requisitos exigidos por la ley, al no haberse fundamentado\n debidamente el recurso en este punto, la Sala no puede entrar\n a conocer del vicio que, por otro lado, se ha anotado en el considerando\n precedente, no existe ya que pertenece a la potestad soberana\n del Juez admitir o no el informe pericial en su resolución,\n no estando en caso alguno obligado a disponer nuevo peritaje\n contra su íntima convicción. Por las consideraciones\n que anteceden, esta Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la\n Corte Suprema de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE\n LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, rechaza por improcedente\n el recurso de casación propuesto por el Dr. Luís\n Miranda Astudillo, en su calidad de arrendatario de Fanny y Bella\n Chiriboga Vásquez. Con costas, Notifiquese, publíquese\n y devuélvase.

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Fdo.) Dres. Santiago Andrade Ubidia,\n Tito Cabezas Castillo y Galo Galarza Paz, Ministros Jueces.

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Certifico.

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Doctora Isabel Garrido Cisneros, Secretaria\n Relatora.

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RAZON: Las copias que anteceden son\n iguales a sus originales. - Certifico. - Quito, 2 de marzo del\n 2000.

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f) Dra. Isabel Garrido Cisneros, Secretaria\n Relatora de la Primera Sala de lo Civil Y Mercantil de la Corte\n Suprema de Justicia.

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No. 104

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Dentro del juicio ordinario por rescisión\n y nulidad de contrato No 40 - 99, que sigue Harold Rodrigo Zambrano\n en contra de Eduardo Cevallos Gómez Viñan, se ha\n dictado lo siguiente:

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PRIMERA SALA\n DE LO CIVIL Y MERCANTIL

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Quito, 1 de marzo del 2000; las 14h30.

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VISTOS: En contra de la sentencia dictada\n por la Tercera Sala de la Corte Superior de Portoviejo, en el\n juicio ordinario propuesto por Harold Rodrigo Zambrano en contra\n de Eduardo Cevallos Gómez Viñán por sus\n propios derechos y como representante legal de la empresa Inmobiliaria\n Cevallos Gómez "Incego S.A.", y de los señores\n Tacio Gilumberto Loor Briones y Ana Auxiliadora Moreira Pelaez,\n los agraviados Tacio Gilumberto Loor Briones y Aria Auxiliadora\n Moreira Pelaez deducen recurso de casación, porque estiman\n que en la sentencia se han transgredido los artículos\n 971, 1480, 1487 y 1750 del Código Civil, y 168 y 169 del\n Código de Procedimiento Civil, transgresiones que las\n ubican en las causales primera y tercera del Art. 3 de la Ley\n de Casación. - Concedido el recurso y elevado a la Corte\n Suprema de Justicia, se radica la competencia por el sorteo de\n ley en esta Primera Sala de lo Civil y Mercantil, la que para\n resolver considera: PRIMERO.- Los recurrentes acusan a la sentencia\n del vicio previsto en la causal primera del Art. 3 de la Ley\n de Casación; esto es; aplicación indebida, falta\n de aplicación o errónea interpretación de\n normas de derecho incluyendo los precedentes jurisprudenciales\n obligatorios en la sentencia, que hayan sido determinantes de\n su parte dispositivo. Acerca de esta acusación se anota:\n La sentencia de segunda instancia, que confirma en todas sus\n partes la sentencia de primer nivel, declara la nulidad del contrato\n de compraventa, celebrado en Manta el 10 de enero de 1995 entre\n Harold Rodrigo Zambrano Medranda, por una parte, e Inmobiliaria\n Cevallos Gómez "Incego S.A.", por otra, de un\n vehículo marca Chevrolet modelo pickup, color marrón\n siena, matriculado en Manta en el año de 1994, placas\n No. MCF 496, motor KRV 308788. Esta resolución la fundamenta\n en que los compradores no pagaron el precio de compraventa convenido\n en el contrato, y, que siendo el pago del precio un elemento\n esencial de la compraventa, hay falta de objeto y, consecuentemente,\n el contrato esta viciado de nulidad absoluta. - SEGUNDO. - Compraventa,\n dice el Art. 1759 del Código Civil es un contrato en que\n una de las partes se obliga a dar una cosa, y la otra a pagarla\n en dinero. El que contrae la obligación de dar la cosa\n se llama vendedor, y el que contrae la de pagar el dinero, comprador.\n El dinero que el comprador se obliga a dar por la cosa vendida\n se llama precio. El precio es, pues, un requisito esencial de\n la compraventa. Nuestro ordenamiento legal distingue perfectamente\n el caso en que no se haya fijado o determinado precio del contrato\n de compraventa, del caso en que no obstante haberse, fijado el\n precio en el contrato de compraventa, el comprador no cumple\n su obligación de pagarlo. - Cuando no se ha determinado\n o fijado el precio en el contrato de compraventa hay, falta de\n objeto y, consiguientemente, el contrato adolece del vicio de\n nulidad absoluta, en aplicación de lo dispuesto por el\n

 

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